<em>La Justicia imputó a madres y padres por no haber impedido que sus hijas e hijos protestasen contra reformas curriculares</em><!--more--> El año pasado, estudiantes de varias escuelas de la ciudad de Buenos Aires tomaron sus colegios para protestar contra las reformas curriculares que planteaba el gobierno municipal. Estos cambios, que influenciarían en las distintas especializaciones que tiene la secundaria en cuanto a materias y cargas horarias, también llevarían al <a href=cierre de clases del período nocturno. La Fiscalía Nº 31 de la Ciudad Autónoma imputó a 43 madres y padres de estudiantes que tomaron ocho escuelas y las/os responsabilizó por no haber impedido que sus hijas e hijos participasen en las protestas. Con una acusación por impedimento al ingreso o salida de lugares públicos, el gobierno porteño intenta conseguir un precedente para evitar futuras tomas en las instituciones educativas. De resultar culpables, las madres y padres podrán afrontar multas de hasta 10 mil pesos argentinos o tendrán que realizar trabajos comunitarios. En una nota pública, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) señala que la decisión de la Justicia porteña es “una medida claramente intimidatoria y que atenta abiertamente contra derechos reconocidos tanto por la legislación nacional como por convenios internacionales que el país ha suscrito”. También afirma que las y los estudiantes poseen el derecho a organizarse para defender y asegurar el cumplimiento y pleno ejercicio de sus derechos, así como el beneficio conjunto de la comunidad, mientras que no debe exigirse a sus padres y madres que limiten el ejercicio de este derecho. “Entendemos que es dentro del ámbito escolar y junto a los actores de la comunidad educativa, el espacio donde se deben generar las instancias necesarias para reflexionar, proponer y resolver estas situaciones propiciando la participación de las y los estudiantes”, subraya la CADE en su nota. Las madres y padres fueron citadas/os para hacerles saber que están imputadas/os y deberán presentarse los días 18, 19 y 20 de marzo. Luego, deberán designar abogada o abogado de defensa, o podrán recibir la asistencia de la Defensa Pública.">
La Justicia imputó a madres y padres por no haber impedido que sus hijas e hijos protestasen contra reformas curriculares

Argentina: Imputaron a madres y padres de estudiantes que tomaron escuelas en Buenos Aires

17 de marzo de 2019

La Justicia imputó a madres y padres por no haber impedido que sus hijas e hijos protestasen contra reformas curriculares (más…)

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

G20 y educación: la lucha de la sociedad civil por recursos adecuados para ese derecho

7 de febrero de 2019

Activistas de la CLADE y la Campaña Mundial por la Educación impulsaron acciones de incidencia, movilización y comunicación en el contexto del G20, y lograron que las mayores economías del mundo reconocieran la educación como un derecho humano esencial para promover el desarrollo con inclusión, prosperidad y paz (más…)

<i><span style=Estudiantes, trabajadoras/es de la educación y CADE celebran el resultado de su lucha contra una resolución del Ministerio de Educación de la ciudad, que establecía el cierre de escuelas públicas La Multisectorial Contra el Cierre de las Escuelas Nocturnas, de la que la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) participa activamente en alianza con las comunidades educativas del país, logró que la Ministra de Educación de Buenos Aires anulara una resolución que determinaba el cierre de escuelas públicas secundarias nocturnas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por la resolución 2018-4055, el Ministerio de Educación de la ciudad había anunciado que 14 liceos y escuelas secundarias comerciales que funcionan en horario nocturno serían cerradas a partir del 2019 y se suprimirían cursos en otros 9 centros similares. Estas modalidades educativas atienden de manera prioritaria a jóvenes de comunidades más pobres, quienes concurren en horario nocturno porque trabajan o buscan trabajo durante el resto del día. La CADE se pronunció en diciembre del año pasado para rechazar la resolución anunciada, la cual consideró intempestiva porque fue adoptada sin un diálogo previo con las comunidades educativas, sobre las mejores formas de solucionar los desafíos de los establecimientos educativos. “Al cerrarlas, numerosos y numerosas estudiantes ven seriamente comprometidas sus posibilidades de continuar estudiando, más allá de los traslados que se proponen, y, sobre todo, muchxs docentes titulares, interinxs, suplentes y auxiliares docentes, perderán sus puestos de trabajo” afirmaba la declaración ante el cierre de las escuelas comerciales nocturnas. La CADE, en alianza con organizaciones sociales, estudiantiles y juveniles de Argentina, difundió esta declaración y participó en movilizaciones en las calles y a través de las redes sociales, para denunciar que este tipo de medidas, en tiempos de ajustes presupuestarios, afectan el derecho a la educación pública y los derechos de los sectores con menos recursos que habitan la ciudad. “Hacemos un llamado a las autoridades para que reconsideren estas medidas y procuren consensuada y participativamente, los mejores caminos para fortalecer las instituciones educativas y garantizar el derecho a la educación de lxs estudiantes que cursan en estas escuelas -y lxs que podrían hacerlo- y el derecho al trabajo de lxs docentes y auxiliares”, afirmó la declaración. Como resultado, el último 30 de enero, Soledad Acuña, Ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, anuló la resolución que cerraba las escuelas nocturnas. “Ha sido un gran logro de la lucha de toda la comunidad educativa, con participación activa de la CADE. ¡Estamos muy contentXs! La lucha y la movilización siguen siendo herramientas importantes para defender la educación pública y el derecho a la educación”, afirma Alberto Croce, secretario nacional de la CADE. ">
Estudiantes, trabajadoras/es de la educación y CADE conmemoran el resultado de su lucha contra una resolución del Ministerio de Educación de la ciudad, que establecía el cierre de escuelas públicas

Argentina: Comunidades educativas de Buenos Aires logran anulación del cierre de escuelas públicas nocturnas

6 de febrero de 2019

Estudiantes, trabajadoras/es de la educación y CADE celebran el resultado de su lucha contra una resolución del Ministerio de Educación de la ciudad, que establecía el cierre de escuelas públicas (más…)

<span style=Líderes de 19 países del mundo y de la Unión Europea están reunidos en Buenos Aires, Argentina, en la cumbre del G20. Además de realizarse por primera vez en un país latinoamericano, el encuentro, en decisión inédita, discutirá la educación. Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema de debate en un evento internacional realizado en un país latinoamericano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 - Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad.

Argentina: FMI y el recorte presupuestario para la educación

País sede del G20 este año, Argentina vive un proceso de cambio en su sistema educativo. “Son dos racionalidades totalmente diferentes entre la que tuvo Cristina Fernández de Kirchner y la del gobierno actual de Mauricio Macri. Es un cambio traumático porque las cosas que se habían hecho bien están siendo desarmadas continuamente, y las cosas que estaban mal no están mejorando, sino que se profundizan las deficiencias”, explica el coordinador de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, Alberto Croce. Para él, una de las principales amenazas al derecho a la educación en el país actualmente es el recorte presupuestario para políticas sociales. “El último acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) determina un recorte importante de presupuesto, lo que implica un ajuste fuerte que va a recaer en los sectores con menos capacidad de defensa y en los programas sociales, como los que tienen que ver con la educación rural, entre otros”, dice.

Brasil: amenaza ultraconservadora y el desafío de incluir 2,8 millones de niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela

El más grande país de América Latina y el Caribe también es lo que más posee niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela. “Son 2,8 millones que no logran tener acceso a la educación en Brasil, cantidad que excede al total de la población de 59 países del mundo”, dice Andressa Pellanda, coordinadora de Políticas Educativas de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de Brasil. A esta problemática se suma la exclusión y discriminación que niños, niñas y adolescentes sufren en la escuela, por cuestiones de raza, etnia, color, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc. “Parte del desafío de la inclusión está relacionada a la falta de políticas anti-discriminatorias y también a la falta de calidad en la educación. La baja calidad se refleja especialmente en la precaria infraestructura de las escuelas y también en la casi inexistente valorización de las y los profesionales de la educación, que necesitan una buena formación inicial y contínua, buenas condiciones de trabajo y un salario que sea equivalente al de las otras profesiones con la misma formación”, afirma Andressa Pellanda. Para ella, la exclusión social de niños, niñas y adolescentes está directamente relacionada al bajo nivel de financiamiento en la educación y al hecho de que las políticas educativas no han tenido importancia central a mediano y largo plazo, como es el caso del Plan Nacional de Educación (PNE) que cumple 5 años sin que se hayan realizado sus metas. Otro desafío es la amenaza de grupos ultraconservadores que defienden una educación acrítica, con censura, de pensamiento único y que no incluye las diversidades. “Este movimiento tiene como principal bandera el proyecto ‘Escuela sin Partido’. Frente a tales presiones, la dimensión de la inclusión y también la libertad de enseñar y aprender están amenazadas”, dice Pellanda. Uno de los principales defensores de esta línea ultraconservadora en el país es el recién electo presidente, Jair Bolsonaro. Ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, la CLADE publicó una carta denunciando las amenazas que las propuestas de Bolsonaro representan para la educación brasileña. “El programa que defiende Bolsonaro para la educación representa un grave retroceso. Las propuestas de limitar el proceso educativo a la enseñanza de ‘portugués y matemáticas’, restringir el financiamiento público, promover la educación a distancia para primaria y secundaria, así como la censura al trabajo pedagógico docente, representan graves amenazas a la realización del derecho humano a la educación, la renuncia de la pedagogía y la profundización de desigualdades y discriminaciones históricas”, dice el documento.

México:reforma educativa neoliberal y la negación al derecho a la estabilidad laboral de las y los docentes

Con más de 30 millones de estudiantes cursando la educación obligatoria, México posee uno de los más grandes sistemas educativos del mundo. En los años 2012 y 2013, el país dio inicio a una reforma educativa, impulsada por el gobierno de Peña Nieto. “La reforma educativa es una especie de zafiro, de piedra preciosa y única, que representa las atrocidades que se pueden hacer en nombre de la calidad educativa. Ella reúne organismos nacionales e internacionales, fundaciones empresariales, expertos, medios de comunicación, líderes sindicales corruptos y autoritarios, legisladores sin distinción de partido político, centros de investigación económica –no educativa- e, incluso, represión policiaca. Todo ello para mejorar la calidad educativa, calidad que según ellos se encontraba por los suelos por un único y terrible culpable: el docente”, dice Sebastián Plá, investigador titular en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista publicada por Hemisferio Izquierdo. En articulación con el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), la CLADE llama la atención para el deliberado desmantelamiento de la educación pública y la privatización de los servicios educativos en el país, que limitan gravemente el acceso de los sectores populares a una educación de calidad y con pertinencia socio-cultural. Rosa Zúñiga, secretaria general del CEAAL, y las organizaciones que son parte de la CADEM en México reconocen que la educación en el país ha vivido un proceso de despojo, empezando por el desconocimiento de los derechos de las y los docentes. “La inversión en educación disminuyó drásticamente, en los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Peña Nieto”, afirma Zúñiga. Según Sebastián Plá, la reforma educativa negó a las y los docentes el derecho a la estabilidad laboral y rechazó a toda organización colectiva magisterial, negando su saber práctico e intelectual. “El nuevo profesor es ahora un profesor experto en responder exámenes que definen lo que es ser maestro idóneo o no. Definición, por cierto, diseñada por lo indicadores del saber experto, no por el saber docente. El nuevo y digno profesor de calidad es un funcionario de Estado que sigue las indicaciones de sus superiores, no un intelectual capaz de producir conocimiento”, explica el investigador. CEAAL en México, CADEM y CLADE también demandan al nuevo presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, que asumirá el gobierno luego del cierre de la Cúpula del G20 - el 1º de diciembre-, un compromiso por la garantía plena del ejercicio de los derechos de las mujeres, en particular del acceso a una vida libre de violencia y discriminación, puesto que el 61.1% de las mujeres mexicanas de 15 años y más, manifiesta haber sufrido al menos un incidente de violencia. Del 2007 al 2016, 22 mil 482 mujeres fueron asesinadas en el país.      
“Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030” - Lea el documento de la CLADE que demanda a los Estados latinoamericanos participantes del G20 la reafirmación de su compromiso con la garantía de un financiamiento público adecuado, justo y sostenible para el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos, así como el cumplimiento de las legislaciones educativas nacionales vigentes que profundizan y fortalecen estos compromisos globales.">
Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema del G20, la CLADE presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 - Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad.

La educación latinoamericana en el G20

30 de noviembre de 2018

Líderes de 19 países del mundo y de la Unión Europea están reunidos en Buenos Aires, Argentina, en la cumbre del G20. Además de realizarse por primera vez en un país latinoamericano, el encuentro, en decisión inédita, discutirá la educación.

Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema de debate en un evento internacional realizado en un país latinoamericano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 – Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad. (más…)

Foto: CADE

Argentina: Repudio al secuestro y tortura de maestra

13 de septiembre de 2018

En el contexto de  las manifestaciones de la comunidad educativa para demandar una infraestructura escolar adecuada y en condiciones de seguridad que se impulsan en Moreno, Argentina, una maestra de esta ciudad fue torturada (más…)

Niñas y niños en el patio de una escuela
Fernando Santos

Argentina: Sociedad civil exige infraestructura escolar segura

10 de agosto de 2018

Ante la tragedia que tuvo lugar en la escuela nº 49 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, donde una explosión de gas provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) pone en marcha una petición para exigir la garantía de la seguridad de la infraestructura escolar. (más…)

Argentina: Lanzan síntesis de los debates del seminario “Viejas y nuevas formas de mercantilización de la educación”

27 de julio de 2018

La publicación reúne los resultados del seminario internacional “Viejas y nuevas formas de mercantilización de la educación”, que se realizó en la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) en Buenos Aires, Argentina, entre los días 31 de octubre y 2 de noviembre de 2017, con el objetivo de avanzar en el debate y la comprensión del fenómeno de la mercantilización y privatización de la educación, así como el análisis de alternativas de resistencia. (más…)

<em>Se realizó del 11 al 14 de junio en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018.</em><!--more--> Este evento, conocido como el más importante del Sistema de Educación Superior de la región, reunió a rectores y rectoras, directores y directoras, académicas/os, docentes, estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a analizar y debatir sobre la situación del sistema educativo superior en la región y delinear un plan de acción para la próxima década, orientado hacia la necesidad de reafirmar el sentido de la educación como bien social, derecho humano y responsabilidad del Estado. La CLADE participó en la Conferencia, representada por Eva Da Porta, docente e investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), y Luis Bonilla-Molina, coordinador internacional de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa. En los debates de la Conferencia, se recordó el legado y el centenario de la reforma universitaria y del <a href=manifiesto de Córdoba y se destacó el rol de las universidades y la academia en la construcción de sociedades más justas, sostenibles e igualitarias. Además, se subrayaron retos como: la preocupación por el avance de la mercantilización de la educación superior y la necesidad de plantear una universidad comprometida con la mejora de la sociedad y que no esté al servicio del mercado y de la generación de ganancias; el reclamo de la centralidad del Estado como garante de derechos y el reconocimiento de la educación superior como parte del derecho a la educación. Asimismo, se establecieron siete simposios participativos, donde se elaboraron objetivos y principios de acción respecto a distintos temas, para su inclusión en la declaración final del evento. Esta declaración, entre otras recomendaciones para las universidades de la región, enfatiza la autonomía universitaria como elemento clave y defiende el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública, gratuita y de amplio acceso. Insta también a los Estados para que promuevan políticas de ampliación de la oferta de educación universitaria, la revisión en profundidad de los procedimientos de acceso al sistema y la generación de políticas de acción afirmativas - en base al género, etnia, clase y capacidades diferentes - para lograr el acceso universal, la permanencia y la titulación, así como el diálogo de saberes y culturas en la educación superior, atendiendo a una formación de calidad con inclusión, diversidad y pertinencia local y regional. “El acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña”, afirma la declaración. Como aporte a este debate, en el contexto de la CRES 2018, la CLADE presentó un posicionamiento en el que se reafirma la educación como un bien público y un derecho humano fundamental ante las pretensiones de sectores empresariales que quieren convertirla en mercancía, y además se defiende el derecho de las y los jóvenes y estudiantes a estar en la vanguardia de las luchas por la renovación universitaria y la transformación de nuestras sociedades. En ese sentido, la CLADE y el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) apoyaron la participación de la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Victoria Valverde, en la Conferencia. Lea también: Luis Bonilla-Molina: "El derecho humano a la Educación Superior está en una nueva encrucijada en América Latina y el Caribe” Eva Da Porta: “La CRES 2018 señaló que la educación superior es parte del derecho humano a la educación y debe ser garantizada por el Estado” Mauricio Chiluisa: “La academia y la universidad deben transformar la realidad de Latinoamérica” Declaración de los sindicatos de educación superior e investigación de la Internacional de la Educación para América Latina en el marco de la CRES 2018  ">

Conferencia Regional de Educación Superior subraya el rol de la universidad pública, gratuita y de amplio acceso en la construcción de sociedades justas, sostenibles e igualitarias​

21 de junio de 2018

Se realizó del 11 al 14 de junio en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018. (más…)

La justicia tributaria como elemento fundamental para asegurar recursos adecuados, suficientes y sostenibles para el derecho humano a la educación fue uno de los temas más destacados durante la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad”, realizada por la Campana Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) el 17 de mayo, en el marco de la <strong>Semana de Acción Mundial por la Educación 2018</strong> y de la iniciativa regional <strong>“¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”</strong>.<!--more--> Como parte del tercer panel del encuentro, con el tema “¿Qué podemos aprender de las experiencias internacionales?”, Adrián Falco, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe hizo una presentación enfocada en señalar los efectos nocivos para el financiamiento de la educación y de otros derechos humanos, que provocan los beneficios y fugas fiscales que favorecen las empresas multinacionales, especialmente en países en desarrollo. “Estas empresas a cambio no dan nada. Prometen crear puestos de trabajo y otros avances en los países, pero eso no sucede finalmente. Lo que sí hacen, es que los países tengan que dejar sus presupuestos públicos en muy baja proporción respecto a lo que conceden en beneficios fiscales”, afirmó. Subrayó, asimismo, que la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe está desarrollando, en alianza con la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), un paquete comunicativo con miras a elaborar y difundir mensajes claros y directos para la ciudadanía, especialmente a través de las redes sociales, que expongan en números el impacto de la cuestión tributaria en el financiamiento de la educación pública en nuestra región. Asimismo, presentó la iniciativa “Paguen lo Justo” que la Alianza Global por Justicia Tributaria, en la cual la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe forma parte, impulsa con miras a demandar justicia tributaria como forma de garantizar recursos para la realización de los derechos humanos en todo el mundo, en alianza con medios de comunicación, redes de justicia fiscal, parlamentarias/os, etc. En el marco de esta campaña pública, se han hecho giras por distintos continentes con el objetivo de dialogar con movimientos y organizaciones sociales de distintos sectores en los países y generar, a partir de estos intercambios, una base crítica y argumentos sólidos para luchar por un mejor financiamiento para la educación y los derechos humanos. La gira de la campaña por América Latina y el Caribe, en los próximos días, incluye visitas a República Dominicana (29 y 30 de mayo), Haití (1º y 2 de junio), Cuba (4 y 5 de junio) y Perú (12 de junio). Falco subrayó, además, la importancia de que la sociedad civil presione por la creación de un organismo intergubernamental - convocado por Naciones Unidas - con el rol de establecer y hacer cumplir normas tributarias mundiales, que detengan los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión de impuestos, así como los incentivos fiscales nocivos, promoviendo a la vez la transparencia y el intercambio entre países en el tema justicia tributaria. En seguida, Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), informó que la brecha estimada en el financiamiento global para garantizar el derecho a la educación de todas y todos es de 39 mil millones de dólares al año. Presentó, además, la arquitectura del financiamiento educativo a nivel mundial y las disputas presentes en este escenario. Señaló que la Comisión de Educación, creada y presidida por Gordon Brown, Enviado Especial de la ONU para la Educación Global y ex primero Ministro del Reino Unido, se ha posicionado en la defensa de tres mecanismos principales para la arquitectura global del financiamiento educativo: la Alianza Mundial por la Educación (GPE, por su acrónimo en inglés); el fondo para educación en contextos de emergencia llamado “Education can not wait” (“La educación no puede esperar”); y el International Finance Facility for Education (IFFed), mecanismo que es propuesto por dicha Comisión y prevé la promoción de préstamos para la implementación de políticas educativas en países de bajos y medianos ingresos, contribuyendo a profundizar y a mantener el endeudamiento y la dependencia de los países a fondos apoyados por donantes, fundaciones empresariales e instituciones financieras, en detrimento del financiamiento público doméstico. En América Latina, el IFFed pretende estar en Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. “El IFFed todavía se está desarrollando, pero es planteado por la Comisión de Educación y otros actores como algo establecido y que debe impulsarse al lado de otros mecanismos de financiación global ya consolidados, como la GPE y el Education can not wait. Desde la CME, queremos romper la idea de que hay un consenso mundial alrededor de estos tres mecanismos como únicas formas de financiamiento educativo a nivel mundial. Tenemos que darle una perspectiva más compleja y amplia al debate sobre el financiamiento educativo en el plan internacional, que va más allá de la cooperación internacional y tome en cuenta el necesario fortalecimiento del financiamiento educativo desde los Estados. En ese sentido, la lucha por justicia tributaria es clave”, afirmó Croso. Alertó, asimismo, para las disputas sobre los sentidos de la educación que están en juego por detrás del debate sobre el financiamiento educativo, ya que, más que apoyar financieramente la educación, dichas instituciones, mecanismos financieros y fondos internacionales articulados al sector privado con fines de lucro imponen agendas educativas economicistas y promueven la deuda pública, en vez de fortalecer y favorecer la sostenibilidad, soberanía e independencia de los países en desarrollo. “Debemos resistir para que se mantengan los compromisos de los Estados con el cumplimiento de una educación gratuita, inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos, según determina la Agenda de Educación 2030, y es clave la articulación entre movimientos y organizaciones sociales que defienden la educación y la justicia tributaria para presionar por el establecimiento de un mecanismo global que promueva la justicia tributaria desde Naciones Unidas”, subrayó. Por otro lado, recordó los logros alcanzados en la Conferencia de financiación para el reabastecimiento de la GPE, realizada en Senegal los días 1º y 2 de febrero de 2018, en la cual países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares para la educación, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares, en el período de 2018 al 2020. A su vez, Javier González, de la Fundación Summa de Chile, destacó que, cuando se habla del financiamiento educativo, más que mirar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se gasta en educación, es importante considerar el monto total de recursos que se asignan a este campo. Compartió, asimismo, que la privatización y las lógicas de mercado presentes en el sistema educativo de Chile y otros países de la región proponen un modelo de búsqueda constante por calidad, en base al estímulo a la competencia entre centros educativos y un “ranking” de escuelas, creado según sus resultados en pruebas estandarizadas aplicadas en larga escala. Enfatizó que, según estudios y consultas al respecto, estas prácticas no han generado impactos positivos sobre la calidad educativa de Chile. “Por lo contrario, estas lógicas han aumentado la desigualdad y segregación entre estudiantes, familias y escuelas en el país”, afirmó. González también destacó que la migración de las clases media y alta de la población chilena para la educación privada, en los últimos años, ha contribuido mucho para la reducción de la base de impuestos en Chile, puesto que estas clases pasaron a defender la reducción de los encargos tributarios y el no pago por ellos. Añadió que es necesario avanzar en la reglamentación y responsabilidad del sector educativo privado, de manera que el Estado le exija el respeto a padrones mínimos de calidad y equidad en la oferta educativa. Defendió, además, que es necesario aumentar y mejorar el gasto público en la educación pública, para que tengamos diversidad de clases sociales y personas al interior de los centros educativos, y no diversidad y competencia entre los centros educativos, según plantea el mercado. A continuación, Daniel Cara, coordinador general de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, compartió algunos retos para la realización del derecho humano a la educación a nivel nacional: garantizar el acceso a la educación pre-primaria al 50% de las niñas y niños de 0 a 3 años del país; incluir 500 mil estudiantes que están fuera de la escuela en la educación primaria, y 1 millón de adolescentes en la secundaria; y cubrir un déficit de cobertura de 13 millones de matrículas en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas y programas de alfabetización. “Son desafíos muy graves, y para superarlos necesitamos financiamiento que posibilite la creación de nuevas matrículas con calidad”, afirmó. En este contexto, la Campaña Nacional desarrolló los mecanismos CAQi (Costo Alumno-Calidad Inicial) y CAQ (Costo Alumno-Calidad), en alianza y diálogo con investigadoras/es, economistas, parlamentarias/os, estudiantes y docentes, entre otros actores, con miras a establecer conceptos e indicadores de financiación educativa de acuerdo a patrones mínimos de calidad, que deberían adoptarse en todas las escuelas públicas del país. En el 2014, la Campaña Nacional logró que se incluyeran los conceptos del CAQi y del CAQ en el Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024. Según el Plan, estos indicadores deberían implementarse hasta julio de 2016, pero esto no se cumplió. “Vivimos un golpe institucional y nuestra democracia está en riesgo desde el impeachment de Dilma Rousseff en el 2016. Habíamos logrado incluir el CAQ y el CAQi en el PNE y aprobar en el parlamento nacional una ley que determina que el 75% de los royalties por la extracción de los campos petrolíferos en la capa pre-salina, recibidos por el gobierno brasileño, debe invertirse en la educación pública, pero el golpe y las medidas regresivas del actual gobierno impidieron la realización de estas conquistas”, explicó. En noviembre de 2016, el presidente Michel Temer anunció la apertura al capital extranjero de la explotación de dichos recursos petrolíferos, hasta entonces restricta a la empresa estatal Petrobras. Se prevé que esta medida disminuirá aún más los recursos que llegan al Ministerio de Educación, ya reducidos debido a la Enmienda Constitucional 95, aprobada por el parlamento nacional en diciembre de 2016, la cual congela los gastos públicos en salud, educación y asistencia social por 20 años. En seguida, José Marcelino de Rezende Pinto, profesor de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto - Universidad de São Paulo (USP) e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, destacó que, para evaluar el esfuerzo de los gobiernos en el financiamiento educativo, y posibilitar un parámetro de comparación entre los Estados, es más importante verificar cuánto se gasta en dólares para cada estudiante al año, pues evaluar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se invierte en educación resulta en un análisis limitado, siendo grandes las diferencias de tamaño entre los PIB de los distintos países. “En el CAQ y el CAQi establecemos un mínimo de inversiones por estudiante necesario, para alcanzar un nivel de calidad educativa adecuado en las escuelas, el cual abarca: salario digno para las y los maestras/os y respeto al piso salarial docente establecido en ley nacional; un número máximo de estudiantes por sala de aula; biblioteca; laboratorio de informática; sala para gremios estudiantiles, etc. Se recuerda también que cada nivel educativo tiene peculiaridades, y por lo tanto los gastos necesarios para cada etapa se diferencian”, explicó. Añadió que, en América Latina y el Caribe, se tributa muy poco a las personas más ricas. “Nuestra Constitución Federal establece una vinculación de recursos para la educación de 18% del presupuesto nacional, y del 25% del presupuesto de las provincias y municipios. Esta asignación es importante, pero no es suficiente ya que la base de impuestos cambia de acuerdo con la economía, mientras que nuestro sistema tributario es injusto”, afirmó. Enfatizó también que son necesarios mayores aportes financieros del gobierno federal a la educación, con miras a reducir las desigualdades entre regiones y entre escuelas municipales y provinciales, y que el Plan Nacional de Educación establece la meta de alcanzar el 10% del PIB en inversiones para la educación, lo que está lejos de lograrse ante los actuales recortes del gasto público implementados por la gestión Temer.

Jornada destaca el rol clave de la justicia tributaria para la garantía de un financiamiento educativo justo

20 de mayo de 2018

La justicia tributaria como elemento fundamental para asegurar recursos adecuados, suficientes y sostenibles para el derecho humano a la educación fue uno de los temas más destacados durante la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad”, realizada por la Campana Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) el 17 de mayo, en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2018 y de la iniciativa regional “¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”. (más…)

Divulgación

Jornada en Argentina discute el financiamiento de la educación en el país y la región

El 17 de mayo tuvo lugar la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad” en Buenos Aires, Argentina

El encuentro, organizado por el Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo (GCFE), en el cual forma parte la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), reunió a diversos actores y expertas/os de la educación en Argentina y otros países de América Latina y el Caribe, para debatir sobre el financiamiento necesario para una educación de calidad y los mecanismos para garantizarlo.

La jornada ocurrió en el contexto de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que este año se celebra con la consigna “¡Cumplan sus compromisos con la educación!”, demandando a los gobiernos que realicen la Agenda de Educación 2030 y rindan cuentas a la ciudadanía al respecto, garantizando la participación de la sociedad civil en el seguimiento a la realización de estas metas educativas.

Se realizaron tres paneles de discusión a lo largo del día, siendo que los dos primeros enfocaron el financiamiento educativo en Argentina, y en el último se compartieron experiencias a nivel regional e internacional.

El primer panel, intitulado Política y financiamiento educativo, discutió el financiamiento educativo al nivel de gobierno (ejecutivo y legislativo), dando a conocer su estado actual. En esta ocasión, José Luís Riccardo y Daniel Filmus, diputados nacionales, presentaron diferentes miradas acerca de la situación del financiamiento educativo en el país, señalando que es necesario presionar por una inversión pública en la educación nacional de como mínimo el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) e instar el gobierno nacional para que cumpla la Ley de Educación Nacional.

A su vez, Diego Guilisasti, de la Asociación Conciencia e integrante del Grupo de Compromiso con el Financiamiento Educativo, apuntó hacia la dificultad en mantener este porcentaje de inversiones, con el fin de la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo y desde una perspectiva integral que profundice la reparación de las desigualdades distributivas entre las provincias. Existen provincias cuya inversión por estudiante es muy inferior a la media nacional, aunque dediquen un gran porcentaje de su presupuesto para la educación.

El siguiente panel, con el tema Aspectos técnicos del financiamiento educativo, presentó los resultados de investigaciones y estudios que analizan el financiamiento educativo nacional. Axel Rivas y Daniela Dborkin, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), presentaron su informe de seguimiento a la ejecución del presupuesto educativo.

El documento confirma lo que se había discutido en el panel anterior: que las políticas educativas actuales no han sido capaces de disminuir la desigualdad entre las regiones argentinas en lo que toca al financiamiento educativo. También se destacó en este debate la cuestión salarial de las y los docentes, siendo que el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que deroga las paritarias docentes, comisiones especiales integradas por representantes sindicales y del gobierno para discutir, entre otras cosas, el salario mínimo de esta categoría profesional.

En ese panel, también se discutió la utilización de los resultados de pruebas estandarizadas de evaluación educativa como base para el desarrollo de políticas y la definición sobre dónde se deben invertir los recursos. Oscar Cetrángolo, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), señaló que es necesario cuidado al abordar y aplicar los resultados de estas pruebas. Subrayó, además, los riesgos para la realización del derecho humano a la educación, en condiciones de igualdad y gratuidad, que implica la decisión de diseñar e implementar políticas educativas en base a estas pruebas, pues sus resultados suelen utilizarse para justificar el discurso de que la escuela pública tiene peor calidad que la privada.

En el cierre del evento, Alberto Croce, Secretario Nacional de la CADE, reiteró lo que había señalado al comenzar la jornada: “Una Educación de Calidad solo es posible con un Presupuesto Educativo de Calidad”.

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