Fondos y trasfondos: del compromiso a la acción en el financiamiento de la EPJA
22 de agosto de 2024El derecho humano de todas las personas a la educación está expresado en la garantía del derecho internacional. Los Estados tienen la obligación de dedicar recursos al financiamiento de la educación pública y de divulgar información al respecto. El parámetro establecido para que los Estados de la región asignen un financiamiento es de, al menos, el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y del 20% del presupuesto nacional al sector educativo.
El Marco de Acción de Marrakech (MAM) explicita la urgencia de aumentar el porcentaje para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en el presupuesto educativo de los países. El MAM plantea el rediseño de los sistemas de aprendizaje y educación de personas jóvenes y adultas: reitera la necesidad de fortalecer el papel de los gobiernos en el establecimiento de mecanismos y regulaciones en la asignación de recursos.
El adecuado financiamiento de la EPJA es relevante como derecho habilitante de otros derechos, así como por sus efectos a nivel individual (tiene el potencial de mejorar los ingresos y el empleo), como social (tiene efectos en términos de crecimiento económico, de socialización de valores cívicos y justicia redistributiva en términos de género e interseccionalidad).
En la medida en que el Estado desatiende su función de inversión social, la realización del derecho humano a la educación queda en manos de las personas, con lo cual se refuerzan las desigualdades económicas pre-existentes y abre las puertas a la potencial violación del derecho humano a la educación. Los grupos en situación de mayor vulnerabilidad son justamente los que mayor inversión pública requieren para acceder y permanecer en la trayectoria educativa.
Frente a este contexto, la CLADE convocó el encuentro regional virtual titulado Fondos y trasfondos: del compromiso a la acción en el financiamiento de la EPJA el pasado 26 de julio, a través de la Plataforma de Redes Regionales por la EPJA integrada también por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Federación Internacional Fe y Alegría (FIFyA), el Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE) y la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM).
El financiamiento de la Educación de Personas jóvenes y Adultas (EPJA)
El financiamiento de la EPJA es relevante no sólo por cuestiones económicas, sociales o políticas, sino por cuestiones intrínsecas al ser humano. El derecho de todas las personas a la educación a lo largo de toda la vida es un derecho humano garantizado por numerosas convenciones e instrumentos internacionales. Por ello, se socializó el documento que expone El financiamiento de la Educación de Personas jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y El Caribe, presentado en el encuentro por uno de sus autores Francisco Cantamutto.
El investigador destacó la importancia de sostener el planteamiento de la educación a lo largo de la vida, porque potencian las trayectorias personales y la cohesión social en términos políticos y económicos. Llamó la atención sobre la necesidad de superar las brechas de género con interseccionalidad, ya que en general “las mujeres empobrecidas y de pueblos originarios son las primeras que tienen que abandonar la escolarización obligatoria” afirmó.
Considerando las orientaciones directrices que expone la Agenda 2030, y en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 y 6 (ODS 4 y ODS 6), en el que se exhorta a los Estados a garantizar el derecho humano a la educación de personas jóvenes y adultas. En torno al monitoreo del financiamiento a la educación Francisco Cantamutto señala que “hemos visto que algunos países tienen problemas para cumplir los compromisos en relación a personas jóvenes y adultas, tenemos algunos problemas en la obligación de destinar recursos a la educación”. Adicionalmente subraya el punto 29 del Marco de Acción de Marrakech (MAM) en el que se explicita la relevancia del financiamiento.
Existen múltiples iniciativas que promueven la EPJA, sin embargo el acceso a la información sobre su implementación y financiamiento es muy limitada. A pesar de ello, se sistematizaron diversos modelos de financiamiento para la EPJA, en los cuales se mencionan el financiamiento público, privado, modelo mixto, el basado en la ayuda para el desarrollo, el personal y el voluntario o comunitario. Se resaltó que en el caso del financiamiento privado con frecuencia está orientado a la capacitación laboral.
Si bien existen muchas iniciativas de origen estatal, éstas varían en los alcances del ámbito nacional, regional, provincial y municipal, lo que no asegura que existan acciones coordinadas entre ellas, de la misma manera no se encuentran los compromisos de financiamiento de forma desagregada con una metodología o registro común para establecer comparaciones o análisis. Expresado de la siguiente manera, “no se puede discutir la importancia de que en la EPJA hay múltiples fuentes de financiamiento, pero son los aportes del Estado los que permiten compensar, contener o reducir las discriminaciones y asimetrías de base. En este punto hace falta una política que coordine dependencias y niveles para generar información centralizada que además requiere de la consulta de la sociedad civil para poder contener la dispersión de información y su relevancia” señaló Francisco Cantamutto.
No se puede discutir la importancia de que en la EPJA hay múltiples fuentes de financiamiento, pero son los aportes del Estado los que permiten compensar, contener o reducir las discriminaciones y asimetrías de base.
Francisco Cantamutto
Es importante profundizar las implicaciones que tiene el financiamiento y los riesgos de reforzar asimetrías, discriminaciones y exclusiones en el ámbito educativo. Se señala una experiencia interesante de Brasil en la que se valora una canasta educativa, que se aplica para la educación general , aunque no de las personas jóvenes y adultas, lo que puede ser inspirador para otras iniciativas que aspiran contabilizar el alcance del presupuesto mínimo. Esto implica debatir sobre los límites y metas posibles y deseables.
Existe una conciencia sobre la finitud de los recursos fiscales. Como lo señala el Banco Mundial los pagos de la deuda desplazan a la inversión en protección social, salud y educación en la periferia global, entonces hay un privilegio de asignaciones que se puede cuestionar. El debate de la educación no puede estar al margen del debate sobre una fiscalidad progresiva que ayuda a disminuir las discriminaciones.
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Avances en la agenda del financiamiento desde la experiencia chilena
Santiago de Chile fue sede de la primera reunión de seguimiento del Marco de Acción de Marrakech para la región latinoamericana. El equipo anfitrión de la sede estuvo liderado por la coordinadora nacional del área de trayectorias educativas y aprendizaje a lo largo de la vida del Ministerio de Educación de Chile, María Eugenia Letelier, quien también tuvo una intervención durante el evento regional para narrar la experiencia desde la gestión gubernamental.
La especialista señaló que resulta útil hacerse preguntas que pueden resultar incómodas y generan reflexión para abrir debates. La primera pregunta que realizó fue ¿es solo un problema de financiamiento o es la expresión de otros problemas? A su juicio, la EPJA sigue siendo invisible en sí misma, en la contribución que hace para la política pública y el sistema educativo en general. Por lo cual, el insuficiente financiamiento, la identificación de las asignaciones y gastos relacionados, refleja la falta de valor e importancia que la modalidad tiene en las políticas educativas y refleja la dificultad que tenemos para convencer sobre sus alcances. Esto pasa por la forma en que estamos comunicando sobre la EPJA, porque hay distintas partidas presupuestarias que impiden avanzar en evaluaciones y análisis más precisos. Así las cosas, el financiamiento no es solo presupuesto disponible.
Transparentar el financiamiento resulta una combinación entre la capacidad de gobernar para lograr recursos y los cambios presupuestarios – normativos que se requieren. Esto tiene implicaciones que trascienden el cambio de gobierno y que modifican la estructura de financiamiento.
Por otro lado, para la especialista no es menos importante la manera en la cual incide la herencia del pasado, con las estructuras y amarres históricos. En el caso de Chile, persisten estructuras de la época de la dictadura. La articulación de labores entre el ejecutivo y el legislativo pueden visibilizar prioridades en los presupuestos determinados por su correlación con el Producto Interno Bruto (PIB).
La articulación de labores entre el ejecutivo y el legislativo pueden visibilizar prioridades en los presupuestos determinados por su correlación con el Producto Interno Bruto (PIB).
María Eugenia Letelier, Chile
María Eugenia Letelier sugiere otra pregunta, ¿cómo pasar de los compromisos y recomendaciones a la construcción de una política de financiamiento? Sobre lo cual coinciden los llamados de las declaraciones internacionales. Son muy relevantes las recomendaciones, pero eso solo no basta, ya que es necesario hacer estudios sobre el proceso presupuestario que hagan convergencia con la agenda de los Ministerios de Hacienda, que es el lugar donde se priorizan las políticas públicas y se expresa la coherencia entre la verificación de los presupuestos. Por lo tanto, si no tenemos incidencia en el proceso de construcción presupuestaria se limitan los logros.
En la misma línea de reflexión desde las preguntas, en su intervención planteó ¿qué papel pueden o deben jugar las agencias de cooperación? La claridad, a juicio de la especialista, radica en que puede participar en la incidencia, aunque no modifiquen directamente las estructuras presupuestarias. La gobernanza, compromiso y financiamiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son fundamentales para lograr un nuevo posicionamiento que visibiliza la contribución de la educación y en específico de la EPJA a la sociedad.
Desde su responsabilidad en el Ministerio, María Eugenia Letelier, manifiesta insistir en múltiples fundamentaciones y minutas del financiamiento para la EPJA, sin embargo, resulta muy difícil. En Chile, la subvención de todo el sistema educativo se paga por asistencia de estudiante, es decir, el costo de la subvención se calcula por la subvención y la asistencia media. No se cuenta con una subvención basal fija. Los establecimientos funcionan de acuerdo al financiamiento que perciben. Además, el modo de cálculo de asistencia media, referida en la ley de subvenciones proviene de la dictadura, es decir una visión neoliberal de la educación que trae consecuencias hasta la actualidad, que refuerza lo remedial constantemente, pero no ofrece soluciones.
La subvención de la educación de personas adultas es la más baja de todo el sistema escolar. Se calcula por asistencia media sin considerar las características y condiciones de las y los estudiantes que en modalidad de jóvenes y personas adultas no asisten todos los días, tienen dificultades de acceso, además de las derivadas durante y después de la pandemia. El acceso a otras subvenciones escolares preferenciales para estudiantes en situación de alta vulnerabilidad no es amplio.
En las palabras finales de su intervención, María Eugenia Letelier señaló que hay que mirar la EPJA desde una perspectiva histórica, por eso es importante cambiar la narrativa contextualizada, en tanto la infancia es siempre acompañada con personas adultas y la educación es intergeneracional como es intercultural. Se puede promover la alianza con las universidades para incluir la especialidad de EPJA. Al mismo tiempo impulsar la dignidad de la labor docente.
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Situación y perspectivas desde Guatemala: la EPJA y su financiamiento
Francisco Cabrera, viceministro de Educación de Guatemala, quien intervino con las primeras palabras recordando que su origen es desde la participación en los espacios de la sociedad civil y ahora asume la función pública, evidenciando escenarios muy distintos. Resaltó que hay un problema de visibilidad de la EPJA, y esto pasa por reeducar a distintos públicos en razón del entendimiento de la época, de su importancia, su trascendencia y su potencial, a pesar que existen documentos muy claros, pero muchos de ellos son invisibles en el día a día de la política pública, simplemente no están, no se miran. Estos marcos deben estar en los procesos de definición, porque ahí se puede conseguir que los compromisos efectivamente se conviertan en parte de las agendas.
El viceministro señala que para recolocar el tema de la EPJA, se debe reeducar al funcionariado que suele pensar la educación como sinónimo de escuela, de escolaridad o escolarización, muchas de las personas con estas responsabilidades vienen de trayectoria, de herencias y suelen resistirse a los cambios, a los nuevos enfoques de gestión. Especialmente este llamado aplica a quienes se involucran con la planificación institucional y presupuestaria, reconociendo que los presupuestos son limitados. En el proceso de reeducación también se incluye a la clase política porque no tienen presente la educación de personas adultas, la de juventudes es más evidente por el efecto rebote en la economía y ámbito laboral. Siguiendo, también hay que reeducar a la sociedad, para que sea defendido como derecho, porque desde la experiencia del especialista, señala que las personas que participan de estos programas se sienten agradecidas, pero hay que relevar la educación a lo largo de la vida.
El segundo aspecto señalado en la intervención se refiere a las programaciones presupuestarias, particularmente desde la política pública, porque se navega con presupuestos muy estrechos y con un factor de rigidez presupuestaria que dificulta saltos importantes. Seguido de la ejecución presupuestaria en el campo público, que no es algo que suceda de manera espontánea, tiene que hilvanar una serie de pasos que se anteceden por lo menos un año antes de la implementación y luego la articulación con el marco legal de las finanzas públicas. En Guatemala resulta complejo a partir de malas experiencias de ejecuciones públicas arbitrarias y la corrupción generalizada.
Hay que alinear todas las piezas para que se pueda justificar debidamente un incremento a los financiamientos, lo que lleva necesariamente a disputar con otras muchas necesidades y a esperar los plazos que suelen ser de medianos a largos. El ejercicio de romper la rigidez presupuestaria es todo un reto en los sistemas educativos, que funcionan con un bajo o insuficiente nivel de recursos disponibles, realidad compartida por todos los países de América Latina y el Caribe, a juicio del viceministro.
El ejercicio de romper la rigidez presupuestaria es todo un reto en los sistemas educativos, que funcionan con un bajo o insuficiente nivel de recursos disponibles, realidad compartida por todos los países de América Latina y el Caribe.
Francisco Cabrera, Guatemala
Además, urge la comprensión de que el aumento del financiamiento debe ampliarse, en el sentido que, no solo es deseable, sino que además necesario. Una vez pasada esta etapa hay que asegurar que los recursos nuevos sean ejecutados, invertidos efectivamente y eso significa que se exige una capacidad a la hora de la rendición de cuentas, demostrar una ejecución efectiva; así se evitan las críticas por no lograr la meta, lo que deriva en recortes o regresiones en la inversión pública.
Una tercera idea versa sobre impulsar lo atractivo de la EPJA, que trascienda la mirada aburrida de la formación educativa y su sentido en el imaginario social sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida, vincularlo con cuestiones prácticas para mejorar las oportunidades y las condiciones, a diferencia de la visión tradicional de la escuela que se ve como un efecto de largo plazo. Las personas jóvenes y adultas necesitan respuestas a problemas que enfrentan día a día, no a los problemas del futuro con el acceso a un diploma, como el agobio económico, la falta de trabajo, posiblemente la migración; en la frontera hay escuelas que se han quedado casi sin estudiantes debido a los movimientos migratorios.
La cuarta y última idea del ponente se centra en la educación de personas jóvenes y adultas como una acción política que supere la marginalidad y la discriminación. Volver la EPJA como un tema político, no solo social, que retoma el valor de política pública, para lo cual hace falta el impulso desde dentro de las instituciones y al mismo tiempo la demanda por presión social fuerte para movilizar la estructura política del país para construir un escenario futuro transformado de manera sustantiva.
También subrayó el especialista que los institutos de estadísticas observan prioridades desde las principales urgencias de los países. La visibilización de la EPJA pasa, por ejemplo, con la demostración de mejores ingresos para las familias y consecuentemente para el país, entonces hay que documentarlo más, especialmente ahondar en los mecanismos de análisis y de investigación más tradicionales. También en ese proceso de integración y reeducación de representantes de gobiernos hay que procurar diálogos con las instancias de Hacienda y Finanzas y no restringirlo al ámbito educativo.
El financiamiento público educativo de personas jóvenes y adultas en la región
Por su parte, Alejandro Vera, jefe de la Unidad de Monitoreo y Planificación de la Educación de la UNESCO compartió reflexiones a partir del Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Personas Adultas (GRALE, por su siglas en inglés). La naturaleza descentralizada que tiene este sector, la cantidad de actores hace difícil construir información no solamente financiera, sino también información en general, por lo cual efectivamente tenemos un problema de acceso a datos estadísticos, así como para consolidar el análisis sobre las políticas. La mayoría de las veces el presupuesto está de forma general para el financiamiento público de la educación, principalmente desde el Ministerio de Educación, pero no se logran observar todos los programas, modalidades o niveles de la EPJA, porque es difícil conceptualizar sus alcances, cómo se conforma para que los datos puedan ser precisos.
Si bien existen compromisos internacionales y distintos instrumentos tanto generales como específicos se señala que el financiamiento público debe estar entre el 4 y 6% del Producto Interno Bruto (PIB), y entre el 15 y 20% del gasto público total; sin embargo, en los últimos 20 años el promedio de países en la región ha cumplido los mínimos, es decir no por arriba del 15% del gasto público total, aunque sí del 4% del PIB. Durante el periodo reciente desde el 2015 en adelante hay un cierto estancamiento y una cierta desaceleración de los esfuerzos, habiendo logrado un pico en el 2014, cuando empezó un declive y un estancamiento del financiamiento de la educación. La EPJA ratifica esta tendencia desde el 2018 y 2020, la mayor parte de los países tenían un decrecimiento o un estancamiento; apenas el 30% de los países decían haber aumentado el presupuesto desde el 2018, entonces se evidencia un estancamiento de los presupuestos.
Históricamente la educación ocupa aproximadamente un tercio de la inversión social, pero durante la pandemia del 35% al 30% en el 2020, lo que se repite en 2021, entonces la educación no se prioriza, esta tendencia que se mantiene en la educación de personas jóvenes y adultas resulta preocupante para el especialista. Aunque se cumplieran los estándares mínimos del presupuesto en educación sigue siendo insuficiente.
En el GRALE vemos que el 60% de los países de la región manifiestan cubrir la línea presupuestaria para la educación de personas adultas, lo que afirma que pueden identificar el rubro presupuestario dedicado a la EPJA, por lo cual mejorar la información de seguimiento es un buen camino para ello. También cabe resaltar que los países de la región identifican poca participación de actores no estatales en el financiamiento de la EPJA, se refiere al sector privado, si se compara a nivel mundial la mitad de los países identifica la cooperación internacional en un 32% del sector privado.
Si bien algunas poblaciones están atendidas, no es suficiente la inclusión de algunos sectores como personas sin empleo, mujeres, personas de la tercera edad, personas privadas de libertad, migrantes e indígenas.
Alejandro Vera
Por otra parte, si bien algunas poblaciones están atendidas, no es suficiente la inclusión de algunos sectores como personas sin empleo, mujeres, personas de la tercera edad, personas privadas de libertad, migrantes e indígenas. Alejandro Vera recuerda que el actor principal responsable del financiamiento en la EPJA es el gobierno en su Ministerio de Educación por lo cual es necesario trabajar para una distribución más justa de los recursos cuando son escasos. La situación fiscal no está en un ciclo expansivo requiriendo mayor atención al uso de los recursos con dimensiones de eficiencia y equidad.
La EPJA al no estar posicionada políticamente dentro de los presupuestos es susceptible a sufrir recortes, cuando hay ajustes y se prioriza a la educación se destina a los niveles obligatorios básicos, otras modalidades y niveles quedan desprotegidos. Resulta primordial construir una retórica que logre proteger a la educación de personas adultas para incluirlo en la agenda de debate fiscal y la viabilidad de la sostenibilidad financiera de la educación.
Ver su presentación.
Financiamiento para la EPJA en el GRALE
La intervención del jefe del clúster de monitoreo del Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo largo de la vida (UIL), Nicolas Jonas expuso lo complejo que resulta el tema de financiamiento para la EPJA, ya que no se cuenta con mecanismos de coordinación y monitoreo eficientes, data actualizada, ni las herramientas apropiadas para reportar de forma desagregada. En cuanto a los compromisos internacionales, viendo los últimos 15 años, no se cuenta con números específicos para valorar su transformación. El Estado no controla todo el financiamiento para la EPA, pero desempeña un rol importante para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad. Dentro de los actores que se involucran en el financiamiento educativo también se encuentran las propias familias del estudiantado, y en otra medida el sector privado y la cooperación internacional.
El Estado no controla todo el financiamiento para la EPA, pero desempeña un rol importante para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad.
Nicolas Jonas
La encuesta sobre la EPJA fue respondida por 158 países, de un total de 196, la mayoría alcanzaron la meta de financiamiento, se tienen 100 respuestas de países en cuanto el rango de porcentaje del gasto público. Sin embargo, si se desea precisar el porcentaje, solo 60 pudieron ofrecer información, de las cuales 53 estaban actualizadas para el periodo del reporte. En síntesis, de los 208 países tenemos data confiable y actualizada solo para un cuarto de ellos.
La UIL promueve una metodología común para tener informaciones confiables e importantes que nos permitan incrementar y mejorar la inversión pública.
Ver su presentación con traducción al español.
Desafío por el derecho humano a la educación
Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, cerró el encuentro virtual invitando a profundizar el estudio de los informes puestos a disposición, para promover un giro en las narrativas imperantes sobre la EPJA, tanto en las políticas como en los presupuestos públicos. Existe un desafío de contar con información oportuna para movilizar las estructuras rígidas del presupuesto y así conectar los gastos con los presupuestos en función a las demandas de la EPJA, sabiendo que trasciende la labor de los ministerios de educación, pues la interinstitucionalidad también amerita su consideración.
Visita la grabación del evento en español.
También puede ver la grabación es portugués e inglés.
Seminario: El componente pedagógico en la implementación del Sistema de Alerta Temprana (SAAT) y su importancia en la política educativa actual. Curso: Diseño, Implementación y Evaluación de Modelo de Prevención del Abandono Escolar en EPJA
15 de agosto de 2024Desarrollo del seminario: El componente pedagógico en la implementación Sistema de Alerta Temprana (SAAT) y su importancia en la politíca educativa actual, impartido el día 4 de octubre de 2023 en el marco del curso: Diseño, Implementación y Evaluación de Modelo de Prevención del Abandono Escolar en EPJA, seminario desarrollado desde el El Centro de Estudios Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en conjunto con el Ministerio de Educación de Chile.
Este seminario busca atender la importancia de los Sistemas de Alerta y Acompañamiento Temprano (SAAT) en la prevención de la deserción y abandono escolar en EPJA.
Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=vfHNd__wr0U
Episodio 13: Justicia social en el Podcast Educación ¿Qué onda?
5 de diciembre de 2023Con una producción de 25 minutos el nuevo episodio del podcast de la CLADE educación ¿qué onda? comparte las reflexiones y prácticas sobre la defensa del derecho humano a la educación como uno de los puentes que fortalece otros derechos humanos. Con esta producción queremos invitarte a visitar este itinerario que desea ahondar la justicia con perspectiva integral para todos, todas y todes como parte de los caminos que nos llevan a la transformación social que aspiramos logren superar las desigualdades y discriminaciones.
En la sección informativa Notas en la pizarra abordamos detalles sobre primera infancia, migración y Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). Iniciamos con la reunión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes en la cual Ileana Lo Priore de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) e integrante del equipo directivo de la CLADE hizo un llamado a priorizar los derechos humanos. Patricia Gainza del Consejo Internacional de la Red Sin Fronteras ofrece sus palabras a propósito del aniversario número 15 y los desafíos para que la movilidad humana se asuma como un derecho. También en esta sección contamos con la voz de Timothy Ireland, vicepresidente del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE, por sus siglas en inglés) e integrante del Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe (CEAAL) quien intervino en la Conferencia Regional de Seguimiento a la CONFINTEA VII en América Latina y el Caribe, evento que orienta la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).
En la sección de opinión, Ecos y Voces seguimos en la celebración de los 20 años de la CLADE, en este episodio vas a escuchar a Valtencir Mendes, jefe de Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe de la UNESCO; Liz Marco de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación; Milton Luna del Contrato Social por la Educación; Rosana Heringer, docente e investigadora brasileña e integrante del Comité Directivo de la CLADE y desde República Dominicana, Pedro Acevedo del Foro Socioeducativo.
En la sección Tejido en Red se relata la experiencia del Foro por el Derecho a la Educación Pública quienes para celebrar sus veinte años abrazan la consigna “contra 50 años de mercado en la Educación, 20 años de lucha y movilización”. Compartimos el diálogo con parte de los y las integrantes del Comité Ejecutivo Ampliado, escucha a René Varas, Consuelo Chaparro y Danton Vera.
Con locución de María Paula Arango de la Federación Internacional de Fe y Alegría y Víctor Ibarra del Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe (CEAAL).
Escucha el episodio completo:
Notas en la pizarra: primera infancia, migración y Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA)
Ileana Lo Priore de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) e integrante del equipo directivo de la CLADE asistió a la reunión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes realizada en Jamaica, en la cual hizo un llamado a priorizar el espíritu de los derechos humanos y el derecho a la educación en la primera infancia.
La Red Sin Fronteras celebró su aniversario número 15 con la realización de su asamblea en Brasilia y como acción de incidencia entregando al gobierno brasileño una declaración que pone luz a los principales desafíos para que la movilidad humana sea un derecho. Escuchamos a Patricia Gainza del Consejo Internacional de la Red Sin Fronteras, que explica la situación de movilidad humana en América Latina y el Caribe con un enfoque indispensable de derecho.
En ocasión de la Conferencia Regional de Seguimiento a la CONFINTEA VII en América Latina y el Caribe que orienta la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) se convocaron representantes de 17 gobiernos de la región, organizaciones de la sociedad civil, universidades, personal directivo y docente de centros educativos para proponer líneas de compromiso que aterricen el Marco de Acción de Marrakech (MAM) en cuanto a la organización del sistema EPJA, la participación e inclusión; así como la calidad de la EPJA para los aprendizajes a lo largo de la vida. Declaraciones de Timothy Ireland, vicepresidente del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE, por sus siglas en inglés) e integrante del Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe (CEAAL).
Ecos y Voces: justicia fiscal hacia la justicia social y los veinte años de CLADE
En la sección de opinión Ecos y Voces seguimos en la celebración de los 20 años de la CLADE como expresión del fuerte compromiso latinoamericano y caribeño por la defensa y promoción del derecho humano a la educación.
Una muestra de diversas voces animan y se suman al festejo deseando aumentar los compromisos desde las diferentes experiencias e iniciativas. Valtencir Mendes, jefe de Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe de la UNESCO reconoció el aporte de la CLADE a la justicia social desde muchas iniciativas, en especial de la justicia fiscal.
Manteniendo la mirada crítica y apuntando hacia la transformación social, CLADE realizó un viaje por las memorias en el marco de su aniversario. La membresía compartió esta alegría y la fuerza de la articulación regional que anima colectivamente, subrayando la participación en las movilizaciones que expresan las demandas sociales, procurando visibilizar el llamado a una oportuna atención y priorización estatal para la educación, como lo señala Liz Marco de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación. También se sumaron las voces de Milton Luna del Contrato Social por la Educación, Rosana Heringer, docente e investigadora brasileña e integrante del Comité Directivo de la CLADE y desde República Dominicana, Pedro Acevedo del Foro Socioeducativo.
Tejido en Red: Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile
Celebrando 20 años del Foro por el Derecho a la Educación Pública se pronuncian en torno a la consigna “contra 50 años de mercado en la Educación, 20 años de lucha y movilización”. El Foro por el Derecho a la Educación Pública es una coalición de organizaciones, actores sociales, educativas y de la sociedad civil, que entiende y defiende la educación como un derecho social, público, inclusivo, democrático y cohesionado, en un contexto donde el Estado chileno no garantiza constitucionalmente este derecho fundamental.
Compartimos el diálogo con parte de los y las integrantes del Comité Ejecutivo Ampliado del Foro, escuchamos a René Varas, Consuelo Chaparro y Danton Vera. Contamos con las valoraciones colectivas acerca de la situación de los derechos humanos y la educación en Chile. También se subraya otra de las vulneraciones vinculadas a la educación, como la alimentación escolar, que en Chile ha sido mercantilizada, del mismo modo que las expulsiones estudiantiles o cancelaciones de matrículas asociadas a las movilizaciones que compromete la prioridad del foro en la agenda de lucha desde la educación, misma que quiere seguir siendo una voz que se escuche fuerte y claro en favor de los derechos.
Al cierre del Podcast: Educación ¿Qué onda? les invitamos a visitar el Informe sobre Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y Caribe que junto a otras publicaciones de interés.
Lee más:
Podcast: Educación ¿qué onda?, episodio 1 Género y Educación
Episodio 2 Juventudes en Podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 3 en Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022
Episodio 5: Educación no sexista en Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 8: Primera Infancia en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 9: Educación pública ante la privatización en el Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 10: Interculturalidad y juventudes en el Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 11: Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en el Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 12: Lucha docente en el Podcast Educación ¿qué onda?
Créditos:
Producción y Entrevistas: María Cianci Bastidas
Locución: María Paula Arango de la Federación Internacional de Fe y Alegría y Víctor Ibarra del Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe (CEAAL).
Intervención artística musical del evento aniversario (Sao Paulo, Brasil): Odisseia das Flores
Canción: AnónimA Arte y Comunicación.
Cortina 20 Aniversario CLADE:
Colaboración de voces, Juan Carlos González, Sandra Luz Cruz.
Música: 1.- Autor: Lawrence Beamen Título: Round and Round. Licencia: CC BY-SA // 2.- Autor: Spectacular Sound Productions Título: Breathing. Licencia: Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) // 3.- Autor: Broke For Free Título: Night Owl. Licencia: CC BY
Voces collage: 1.- Infantiles Producción audiovisual original de Carolina Osorio con aportes de OMEP. Adaptación: María Cianci Bastidas. 2.- Collage: Gabriela Arrunátegui, Carolina Osorio, Marcos Alcântara, Fellipe Abreu, Lorena Osorio, Mariana Ovalle, Jesús Juárez, Ederson Kornst, Luis Chera, Israel Coelho, William Thelusmond, Mary Alves. Los niños Daniel Enrique y Marcello Sánchez Cianci.
Ilustración: Renata Dorea
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”
8 de septiembre de 2023
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación, incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.
Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.
“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.
América Latina y el Caribe
Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.
La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento. Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.
Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.
Sobre el evento
El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
Foro Chileno apoya movilización estudiantil
6 de octubre de 2022Desde el Foro por el Derecho a la Educación Pública estamos apoyando a las estudiantes expulsadas del liceo Carmela Carvajal de Providencia.
Rechazamos las medidas desproporcionadas aplicadas a las estudiantes y apoyamos las acciones que realicen en su defensa.
¡Por el derecho a la manifestación, que nadie te deje sin educación!
Si sufres alguna vulneración a tus derechos educativos, escríbenos al correo foro.educacion.chile@gmail.com o déjanos un mensaje en privado.
#derechoalaeducación
#educacionpublica
#estudiantesenlucha
#aulasegura
Chile escribe la historia: Derecho Humano a la Educación está en la Constitución
19 de mayo de 2022
Proceso Constituyente
El 25 de octubre de 2020, Chile aprobó por plebiscito habilitar la Convención para que tenga como misión redactar y aprobar la propuesta de una nueva constitución de la República.
Los textos serán sometidos a un plebiscito con voto obligatorio, para que se apruebe o rechace, previsto para el próximo 4 de septiembre. Este proceso tiene su origen en la ley 21.200 de reforma constitucional que convocó a las elecciones de convencionales del 15 y 16 de mayo de 2021 y que incluyó, por primera vez, paridad entre hombres y mujeres y escaños reservados para los pueblos originarios.
En este marco dialogamos con Eduardo González Navarro, que es docente de secundaria, dirigente sindical, integra el Colegio de Profesores y Profesoras, así como el movimiento por la unidad docente que integra el Foro por el Derecho a la Educación, representante de Chile en la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Momento histórico en Chile para el derecho a la educación
Hay varios elementos que veníamos instalando como movimiento social desde hace muchos años. Debemos recordar que Chile es el país con mayor privatización del mundo, en la Constitución se negaba el derecho a la educación, tal como lo conocemos en los tratados internacionales, es decir, entendido como un derecho humano fundamental.
Una cuestión que parece muy obvia, es que en Chile no existía esta definición y que ese derecho debía ser por tanto dado, tutelado, protegido por el Estado y que todas las personas son importantes, y que nuestros niños y niñas son sujetos de derecho.
Esa cuestión que a veces puede sonar muy obvia en el plano internacional, en Chile no existía. Porque acá el derecho fue definido bajo una ideología muy conservadora, bajo una perspectiva neoliberal que redefinió el derecho a la educación como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, es decir el derecho de los padres a educar.
[Esa perspectiva] generó todo un dispositivo de privatización vinculándolo a una definición de la libertad de enseñanza como una libertad de enseñanza empresarial. Entonces los elementos que hoy en día se consagran, yo diría de manera inédita, y con dificultad, es que la Constitución que necesitamos que se apruebe, el próximo 4 de septiembre consagre en el plebiscito, consagre el derecho a la educación como un derecho humano fundamental.
Que ese derecho a la educación es un derecho de todas las personas y es deber del Estado su protección, y la Constitución es una función del Estado de manera primordial e ineludible. Es muy importante junto a esa definición de principio el cómo entender el derecho a la educación, por lo que se establecen cuatro o cinco que son relevantes que nosotros, como movimientos sociales.
Principios y fines de la educación
Primero había que definir cuáles eran los fines y principios de la educación, que daban cuenta del proyecto de país y cómo la educación contribuye en esa perspectiva.
Hay elementos que, si bien pueden existir matices con respecto a los énfasis, creemos que también tienen una perspectiva democratizante, pues la educación se funda en el principio de la cooperación, el principio de la solidaridad y el principio de la interculturalidad, debe tener un enfoque de género, una educación no sexista alineada las realidades regionales y de cada territorio.
Propuestas frente a la estandarización
Nosotros lo entendemos [la educación] como el inicio de un proceso de desmontaje, la estandarización curricular, la homogeneización cultural educativa y hablan del tipo de país que esperamos que se pueda ir consolidando a partir de los procesos que hoy día se están discutiendo en la convención [constitucional].
Conformación de un Sistema Nacional de Educación
Un tercer elemento que se establece, tiene que ver con cómo se concreta en la práctica y se constituye un Sistema Nacional de Educación, en donde se entiende que están las instituciones privadas y las instituciones públicas. Pero, hay algo muy relevante que se establece en un par de incisos que asumen la labor primordial del Estado precisamente para fortalecer y ampliar un Sistema de Educación Pública.
Nuestros auditores deben saber que Chile es uno de los países de mayor privatización, ya lo decía al inicio. La educación pública concentra el 33% de la matrícula. Por cada dólar, por decirlo así, o por cada peso chileno, el Estado entrega más del 50% de los recursos a instituciones que son privadas, y no a las escuelas que son del Estado.
Entonces, que la Constitución establezca que va a ser primordial fortalecer y ampliar un sistema de educación pública es una cuestión relevante, porque ese elemento está ligado a dos planteamientos centrales:
Primero que la educación debe tener un financiamiento específico, contar con un mecanismo que permita garantizar y generar las condiciones, y ese financiamiento, es lo que nosotros denominamos como un financiamiento de tipo basal, es decir, que se va a sostener según la necesidad contextual, y que no va a estar sujeto a las contingencias del voucher o la contingencia de asistencia de los estudiantes como acá ocurre [en Chile].
Lo segundo es una cuestión que en el ámbito internacional puede ser muy obvia, pero acá no lo era: la educación pública es la educación del Estado.
La educación pública se vive y experimenta en las instituciones que son de propiedad y de provisión del Estado. Acá hay instituciones que tienen un dueño privado y que reciben aporte público, existían ciertos sectores que planteaban que el hecho de recibir financiamiento público los hace una institución pública o del Estado. Esa tesis fue derrotada porque ahora se asume que las escuelas públicas son propiedad del Estado, que es obvio en todo el mundo, pero acá se logró consagrar la educación pública.
Participación como educación democrática
Se establece un principio democratizador que logró consagrarse también como elemento sustantivo, el derecho de las comunidades a participar en las definiciones de la política educativa.
El concepto que ahí se acuña, es que ese derecho está consagrando una participación de carácter vinculante.
El mismo Foro [Chileno por el Derecho a la Educación] lo ha dicho: que no hay educación, si no hay participación. Se ha dicho en un principio, en un artículo específico que precisamente habla de la participación de la comunidad escolar.
Ahora se establece en la Constitución de manera explícita, la participación de las comunidades escolares en el ejercicio del derecho a la educación.
La Constitución establece que las comunidades tienen derecho a una participación vinculante, [ese es el concepto, participación vinculante ] en la configuración del proyecto educativo, en la elaboración, en el monitoreo y la evaluación de las políticas educativas, que se desarrollan a escala nacional y local.
Por lo tanto, creemos que es importante que el mismo foro acá en Chile lo ha señalado con mucha fuerza, y se relaciona con el hecho de que el derecho a la educación implica el derecho a la participación. No hay derecho a la educación efectiva, si no hay participación de las comunidades, es un elemento que quedó expreso [en la Convención].
Disputas de sentido sobre la enseñanza
Un cuarto elemento es la relación de cómo se entiende la libertad de enseñanza en Chile, ya que es muy fuerte en los sectores conservadores que la entendían bajo una lógica empresarial. Hoy en día, la enseñanza para Chile está en función del derecho a la educación.
En la Constitución que se está acabando, la Constitución del año 1980, se establecía que la libertad de enseñanza estaba por sobre el derecho a la educación. Hoy en día, la libertad de enseñanza queda supeditada al ejercicio del derecho a la educación.
La libertad de enseñanza era entendida en la Constitución [vigente] como libertad y no como derecho. En Chile, por ejemplo, los privados tenían el derecho a fundar, mantener el establecimiento y el Estado debía financiarlo.
Actualmente se entiende única y exclusivamente como libertad que, en este caso, las familias van a poder optar por el tipo de educación que según sus convicciones morales, religiosas puedan tener.
Entonces el concepto de libertad de enseñanza se pone en una perspectiva que establecen los tratados internacionales y no erosionando el concepto de derecho a la educación, y sí garantizando este elemento que a nosotros nos parece importante, que las familias puedan optar según sus convicciones, pero en el marco del derecho a la educación. Porque incluso tiene límites, hoy en día, esa elección de las familias, es decir, que siempre sea respetando el interés superior de los niños y las niñas. Queremos que se instale una perspectiva de los niños y las niñas como sujetos de derecho.
Y en segundo lugar, están instituciones que se puedan fundar por fuera del Estado, son instituciones que deben respetar los fines y principios de la educación, es decir, si un privado puede y quiere fundar un establecimiento distinto a aquel del Estado, lo puede hacer, pero debe en primer término asumir los fines y principios que el país ha definido como principios educativos.
Vale decir, si el principio educativo es el que una sociedad va a configurar en base a la interculturalidad, en la educación no sexista y entorno a principios de cooperación. Los proyectos educativos de establecimientos [privados] deben respetar esos fines y principios.
Agenda antiderechos
El jueves 12 de mayo, una vez que se aprobó esto en la convención, la derecha y los sectores conservadores salieron con una crítica feroz, indicando que esto implica básicamente un totalitarismo, un pensamiento comunista, etcétera. Da cuenta de la profundidad del debate, porque cuando uno va a los tratados internacionales está explícito en el Pacto internacional sobre Derechos Económicos Sociales, artículo 13.4, se establece la libertad de estos privados, y el derecho del mismo Estado a que pueda establecer los principios centrales del proyecto educativo del país; que los privados pueden y deben respetar esos principios, entonces no estamos haciendo nada con relación a eso.
En realidad se establece una cuestión decente mínima para un sistema educativo del país.
Condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de la educación
Los últimos dos elementos que son centrales que yo quisiera destacar o el último en realidad, es en relación con el hecho que se establecen en la Constitución lo que nosotros denominamos, el reconocimiento a la función de los trabajadores y las trabajadoras de la educación.
La Constitución reconoce la importancia y le da un estatus a la función que cumplen los profesores y las profesoras, los asistentes de la educación, que nosotros denominamos en Chile, que son aquellos trabajadores que cumplen otras funciones fuera del aula, en el ejercicio del derecho a la educación y que por tanto, establece condiciones que el Estado debe cumplir para que puedan ejercer su trabajo, entendiendo que si esas condiciones no están, se vulneran las condiciones del trabajo y por tanto se vulnera el derecho a la educación.
Y que, en el marco actual de Chile existe mucha división, mucha fragmentación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, puede existir una maestra que trabaja en una escuela de un lugar, y de otro lado, está un maestro, que está a tres cuadras más allá, un par de metros más, trabajando en otra escuela, este último tiene otros derechos [diferentes a la maestra], a pesar que cumple la misma función.
Ahora se establece en la Constitución que deben tener todos los mismos derechos como trabajadores de la educación. Entonces, ese es un elemento que es central como principio constitucional y comprenderán que ahora se abre todo un proceso posterior para poder concretarlo y que esto no solamente en el plano de las buenas intenciones o como principios constitucionales, sino que se puedan implementar, y que es un segundo momento de lucha.
Educación universitaria y la formación militar
Ya está también referida [en la nueva Constitución] la educación superior. [En la carta magna] se establece por primera vez que debe tener un carácter gratuito y por lo tanto el Estado debe avanzar en esa dirección de la gratuidad.
Lo importante es que se incorpora dentro de la concepción del sistema de educación superior a la escuela de formación de militares. Hasta ahora la escuela militar tenía una autonomía completa con respecto a la formación de sus planes de estudio y ahora se establece que las escuelas de formación de los militares se insertan dentro de la lógica de la Educación Superior.
Y esas escuelas deben regirse también por fines y principios de la educación, vale decir, este proyecto [responde] define principios que orientan al sistema, desde el respeto a los derechos humanos, los señalados anteriormente como interculturalidad, enfoque de género, contextualizada, solidaridad.
Deben expresarse, también, en las formaciones de los futuros militares en Chile y eso es muy relevante, porque actualmente tienen una plena autonomía, fijada por una ley que se creó en la dictadura.
Se consagra, también, el elemento del derecho de los pueblos originarios a desarrollar sus propios procesos de educación, recogiendo sus tradiciones, sus saberes específicos como pueblos originarios, que también se reconocen en la Constitución.
Son varios aspectos que se enuncian con la perspectiva en que íbamos, dan cuenta a mi juicio y de muchas organizaciones, que se está avanzando en desmontar el proceso de privatización que se había establecido en la constitución que se creó en plena dictadura militar y que no había tenido ninguna legitimidad ni participación de la soberanía popular tácticamente.
Balance de las propuestas
A mi juicio el balance es positivo. No solo creemos que lo que se logró, en el contexto en el cual funciona la convención, ese contexto es importante que ustedes lo sepan, es de una convención en la cual los sectores conservadores intentaron amarrar para limitar la expresión de la soberanía popular, de hecho, para que las normas alcancen un quórum de aprobación, para que se expresen en el borrador de la nueva constitución se requerían dos tercios de todos los convencionales, y eso es muy alto dos tercios, eso implicaba un acuerdo muy transversal con sectores que están situados, digamos, en un espectro político de centro, muy liberales y no vinculados a los movimientos sociales.
El contexto de haber logrado definiciones de esta naturaleza, vemos que da cuenta de lo que ha sido la trayectoria del movimiento social educativo en Chile, desde hace 30 o 40 años, que ya tenía una propuesta clara, y que por lo tanto podíamos poner en el debate, no solamente exigir, sino ir con propuestas muy sustantivas.
En ese marco evidentemente creo yo, que a pesar de esa camisa de fuerza, se lograron integrar funciones muy relevantes, el hecho que la Constitución defina a la educación como un derecho humano de todas las personas y se fije claramente el rol del Estado es importante.
En el balance general nosotros creemos que efectivamente se rompió algo que denominamos como la igualdad de trato. O sea, el eje de la privatización estaba en esa igualdad de trato, que el Estado establece entre la educación privada y la educación pública. Y esa igualdad de trato, tanto en el financiamiento, porque acá en Chile se entrega, por cada peso que se le entrega a la escuela pública, se le entrega ese mismo peso a la escuela privada.
Eso llevó a una crisis rotunda de la educación pública y por tanto el Estado renunciaba a ejercer una labor específica propia con respecto a sus instituciones, eso hoy día se acabó.
En este sentido, la escuela pública, ya lo decía anteriormente, va a tener un rol distinto, una protección, un financiamiento distinto por parte del Estado, la saca de la lógica de mercado, de la competencia, es un elemento que creemos que es importante.
Y además, que se entiende el derecho a la educación en una perspectiva ampliada, vale decir, no solamente limitándolo a las condiciones materiales del financiamiento, sino que también vinculándolo a la idea de un proyecto de país, a un proyecto de sociedad, al tipo de seres humanos que queremos formar, para lo que nosotros estamos denominando el “nuevo Chile”, porque esta constitución que tratamos de construir con muchas dificultades se sitúa en un proceso histórico y busca desmontar la sociedad de mercado, desmontar la privatización, desmontar el neoliberalismo.
Ese proceso ciertamente tiene exigencias de carácter económico, materiales, pero también tiene una dimensión cultural e ideológica.
Es cierto que la educación bajo esa perspectiva tiene mucha responsabilidad, que se hayan logrado instalar principios y fines educativos que dan cuentan de la nueva sociedad que se quiere construir y que debe acompañar la superación, seguramente compleja que va a ser, y no fácil, pues esto no se dará en dos, tres, cuatro o cinco años, sino que es un proceso.
Creemos que esos fines y principios dan cuenta de ese proceso, también, más estratégico, más de largo plazo y sin duda alguna creemos que es importante, porque son fines y principios que no solamente son exigibles para la educación pública (que hoy día sería el 33%), sino que da cuenta de una idea de proyecto de país, entorno a eso la educación se pone al servicio, es un elemento que hay que rescatar.
La ruta al plebiscito
La convención debe procesar todo lo que se votó, ordenarlo y el hito [siguiente] más importante, es el 4 septiembre, cuando se somete [la carta] al plebiscito, y por lo tanto la ciudadanía debe ratificar la propuesta que emana de la convención o rechazarla.
Si se rechaza, se mantiene la Constitución de la dictadura, de Augusto Pinochet, la constitución de 1980. Si se prueba [la carta] podemos avanzar, recién, en el trabajo de implementación de los principios constitucionales. Por ello, el clima en Chile, del contexto del país está muy marcado por lo que ya va a ser el plebiscito del 4 de septiembre.
Esta semana sábado y domingo [hasta el 15 de mayo] se cerró todo el proceso de elaboración de esta norma. Ya la convención cerró una propuesta y vamos al plebiscito del 4 septiembre.
Estamos en un contexto en el cual la derecha viene trabajando hace tres o cuatro meses, con mucha intensidad en torno al rechazo y se va a agudizar un clima de posiciones con respecto al apruebo o rechazo.
En septiembre es el hito fundamental que ojalá nos puedan acompañar, ya que este proceso no está exento de dificultades, muy consciente de los límites que tiene, creemos que sin duda alguna expresa cómo son las luchas, llenas de contradicciones, de complejidades, pero se avanza en algunos aspectos, quizás en otro se estanca, pero hoy día la educación en Chile está dando un paso adelante, solo tenemos que defenderla el 4 de septiembre.
Palabras al cierre
Estamos con mucha esperanza, esperamos que se envíen saludos, esperamos que puedan acompañar, sabiendo lo que esta Convención significa. Pueden enviar saludos, es muy importante el vínculo con las organizaciones latinoamericanas porque entendemos que esta lucha no es solamente una lucha al pueblo chileno, sino que esta lucha es de todos los pueblos de Nuestra América, en la medida que se avanza en determinado país, todos los pueblos avanzan también.
Agradecerles la solidaridad que permanentemente han dado desde muchos sindicatos de maestros y maestras de América Latina. El Foro por el Derecho a la Educación cumplió un rol importante, en el fortalecimiento del debate, de la argumentación en las organizaciones de base, en el cual se tiene que sostener esta transformación, nos seguimos encontrando en la lucha y muchas gracias en realidad por el apoyo.
Diálogo con Eduardo González Navarro
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Leer más:
El Presupuesto Público de Educación Chileno en el Siglo XXI y la Política de Expansión Inclusiva del Sistema Educativo
7 de diciembre de 2021En el periodo pos-retorno de la democracia chilena, la educación pasó progresivamente a un lugar más destacado en el proyecto político-social del país, expresado también en su relevancia presupuestaria. Las iniciativas educativas impulsadas en democracia demandaron una gran inversión fiscal ante el deterioro histórico de los indicadores educativos y sociales más relevantes del sistema. Desde entonces el gasto público del sector se ha triplicado en términos efectivos en las primeras dos décadas de democracia y más aún a partir del año 2014, producto de la implementación de leyes con gran impacto financiero que aumentaron las exigencias presupuestarias.
En este marco, el trabajo de Sebastián Donoso-Díaz, Daniel Reyes y Óscar Arias analiza la evolución del presupuesto público de educación en el país entre los años 1999 al 2018, identificando las principales tendencias en este campo. Además, se consideran las orientaciones privatizadoras y des-privatizadoras en la educación pública chilena, siendo que en el país se presenta un marcado y agresivo proceso de privatización educativa instalado desde los 80’. En Chile, los intentos por sacar al mercado de la educación fueron iniciados con gran sistematicidad en el año 2007 y fueron reiterados en el 2014.
Antecedentes
Las políticas educativas chilenas de 1990 al 2009 estuvieron sustentadas en una alianza política de centroizquierda socialdemócrata (Concertación), y posteriormente, del 2014 al 2017 por la misma coalición más la incorporación del Partido Comunista (Nueva Mayoría), en cuyo contexto se inclinó el hacer del Gobierno hacia la visión de la educación como un derecho social garantizado por el Estado.
A partir del año 1990 y hasta fines de 2020, el Estado en forma regular enfrenta en el campo educacional un conjunto de exigencias “de arrastre”, producto de la reducción significativa del gasto público en educación en la década de los 80’, la precarización salarial y laboral de las y los docentes, así como el deterioro de su formación profesional, impactando severamente la calidad de la educación. Todo esto, producto del evidente estímulo estatal a la privatización de la oferta educativa en todo nivel impulsada desde el 1981, que pauperizó la educación pública.
Cambios Presupuestarios
En materia de políticas educativas, el ciclo democrático inicial (1990-2006) realizó adecuaciones al sistema imperante, que significaron dictar el Estatuto Docente (1991), subir el valor de los subsidios escolares, impulsar la Reforma Curricular de 1995 en adelante. El ciclo político siguiente (2006-2011), marcó el avance del desgaste de las propuestas educativas de los gobiernos, alineadas con las manifestaciones sociales de las tensiones más significativas de la educación pública: la búsqueda de soluciones, y la persistencia de los efectos educativos negativos, a saber: su baja incidencia en reversar las grandes desigualdades educacionales de la sociedad, la alta segmentación socio-territorial y los problemas históricos de recursos financieros y calidad de la enseñanza. En el ciclo siguiente (2012-2018), se destaca la agudización de los conflictos públicos del sistema escolar; esencialmente transitando hacia el marco de derechos sociales de la educación, expresados en las políticas de inclusión en todas sus acepciones, de des-municipalización escolar y la gratuidad de la educación superior. Este fenómeno ha revitalizado el debate entre incremento presupuestario, rol del Estado, derecho a la educación y privatización de la enseñanza, marco en el que se desarrolla el texto.
En las décadas en estudio (1999 -2018), el presupuesto del Ministerio de Educación (MINEDUC) en términos efectivos se cuadruplicó, teniendo un crecimiento promedio anual de 7,8% para estas décadas, acorde con las políticas de universalización de la educación escolar y también por el acceso a la educación superior de grupos sociales medios. El gasto en educación se amplió en forma importante, y si bien el aumento en subvención escolar ha sido en menor proporción, corresponde a un ítem muy alto, que sigue creciendo a una tasa inferior. Por otro lado, en este periodo, el contexto chileno ha visto la implementación de otras políticas, como la gratuidad de la educación superior, que requiere muchos recursos. Mientras que en 1999 el gasto en subvención escolar era dos tercios del gasto total ministerial, el 2018 se registró un bajón al 49%, tomando en cuenta dos puntos de inflexión importantes el 2007 – periodo post-manifestaciones estudiantiles de 2006 – y el 2015 – inicio de mayor gasto en educación superior.
A partir de 1999 el presupuesto para la educación superior (ES) crece 7 veces en términos reales, destinándose principalmente al financiamiento de créditos y becas estudiantiles, vinculados a la expansión de la matrícula. Por otro lado, el gasto total en Gestión y Administración ha aumentado 5,7 veces desde 1999, mientras que el gasto en personal lo ha hecho 3,5 veces. Los programas de alimentación escolar en estos años corresponden al 6% del total del gasto del Ministerio En el 2018, el 84% del gasto principal en este ítem eran los programas netamente enfocados en la alimentación, representando un 5,6% del total de gasto del MINEDUC.
El presupuesto nacional de educación creció en el periodo 1999-2018 del 3,4% al 5,9% del PIB, ratificando la importancia política y social de la educación. Los datos sostienen que esto es un elemento decisivo para el sistema educativo nacional, incluso frente al aporte municipal que es menor (2% aproximadamente). Este incremento presupuestario no implica que se haya dado pleno cumplimiento a las demandas sociales. Los sucesos de la década que finaliza exponen que, en varias de estas exigencias, sigue una insatisfacción profunda con las reformas impulsadas por los diversos gobiernos en el periodo.
En el periodo estudiado por los autores, se notan esfuerzos para “sacar a la educación del mercado” mediante un diseño muy progresivo de transformaciones que requieren el fortalecimiento del sector público. Sin embargo, aún existen procesos de privatización encubierta, por medio de la externalización de la alimentación escolar, la gestión de becas y créditos en educación superior, el diseño y aplicación de pruebas escolares nacionales e internacionales, y otras, reduciendo la visibilidad de las inversiones y el rol del sector público. El caso de Chile ocurre en un entorno lleno de tensiones políticas internas en las tres décadas de democracia, donde las políticas de educación han transitado desde un marco pro-privatización desregulado – herencia de la dictadura– hacia una regulación gradual del mercado.
Para saber más y conocer la expansión presupuestaria en Chile, puedes acceder al artículo aquí: El Presupuesto Público de Educación Chileno en el Siglo XXI y la Política de Expansión Inclusiva del Sistema Educativo.
Los dueños de colegios y su libertad de negocio
11 de noviembre de 2021Janis Meneses, del Diario y Radio de Universidad de Chile, aborda la propuesta presentada por la derecha de incluir la “libertad de enseñanza” y el “derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” optando por abordar el tema desde la educación en general, que fue rechazada y generó acusaciones de totalitarismo por parte de la Comisión.
Desde ahí, aporta, que cada uno que defienda la educación como un derecho humano fundamental debe integrarse a la discusión, especialmente frente fuerzas conservadoras y intereses económicos en defensa de sus negocios.
El análisis aporta a la definición de “libertad de enseñanza” que opera, a juzgar por el estado actual del sistema, como una “libertad de empresa”.
“Es esta la libertad que defienden los dueños de colegios en Chile, alejándose mucho de lo que comúnmente se puede considerar libertad de enseñanza: libertad de cátedra, adecuaciones curriculares, libertad de formas de aprendizaje, libertad de las comunidades para desarrollar proyectos educativos colectivos contextualizados y con arraigo territorial, entre otras cosas”, dijo Meneses.
Que garantice el Estado
Ella aporta a la existencia real del derecho a la educación para todos/as si garantizado por el Estado, que debe viabilizar el derecho humano fundamental que és la educación.
“Chile despertó.
Las familias chilenas despertaron para ejercer por fin sus legítimos derechos por años conculcados y ello implicará enfrentar decididamente a los fanáticos del negocio de la educación, con el fin de establecer en la nueva constitución el derecho a la educación como un derecho humano supremo y posibilitador no solo de otros derechos sino como una verdadera esperanza de anhelos personales, colectivos y de construcción de una sociedad más justa y solidaria”, analisa.
>>> Para leer el artículo integral, accede AQUÍ
Chile: Estudiantes de la Universidad de Concepción protestan contra criminalización y represión de jóvenes manifestantes
22 de octubre de 2021El último martes [19 de octubre], cuando se conmemoraron dos años del inicio de las revueltas sociales en Chile, estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción impulsaron manifestaciones durante los días 18 y 19 de octubre, a las cuales se sumaron en torno de 40 carreras, con el objetivo de recordar el comienzo del estallido social en el país, y presentar un pliego de demandas a la rectoría, entre ellas la retirada de una querella judicial contra 12 jóvenes, por su participación en protestas sociales.
“Entre fines de 2019 e inicios de 2020, se llevó a cabo una jornada extensa de protestas en Chile. En el caso particular de Concepción, entre enero y marzo de 2020, tuvieron lugar situaciones en el espacio de la universidad, en donde a mediados del año se interpuso una demanda por la fiscalía, en la cual la universidad actuó como querellante contra 12 jóvenes, que pasan por un proceso de prisión política. Es una situación compleja para las familias, ya que había una cantidad de jóvenes que era menor de edad en aquel momento en que fueron detenidos y cuando empezó el proceso. Hemos estado organizados en contra de esa querella”, afirma Jocelyn Campos, estudiante de Administración Pública y Ciencias Políticas, vocera de la toma de la rectoría de la Universidad de Concepción.
“Dentro de lo que significó esta fecha y, en línea de esta conmemoración, decidimos hacer esta acción más directa que fue tomarnos la rectoría de la Universidad de Concepción porque, con anterioridad, ya se había señalado a la rectoría nuestra demanda para que retiren la querella que presentaron en el 2020, y culminó en la detención de 12 jóvenes que se manifestaron en Concepción en el marco del estallido social”, explicó Felipe Herrera, representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (UdeC) y también vocero del movimiento.
Además de exigir la retirada de dicha querella, se buscó con la toma de la rectoría presionar por la realización de una reunión entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes presos y de sus familias.
“Tomamos la rectoría a las 8h de la mañana del 19 de octubre, y ya antes de las 9h habíamos tenido contacto con la rectoría, señalando que podríamos conformar una reunión como voceros del movimiento, con el rector y otros representantes de la rectoría. Hubo esa reunión, en la cual el rector aceptó tener un encuentro con representantes y familiares de los 12 jóvenes. Luego, con el atendimiento de esta primera demanda, se decidió retirar la toma”, agregó Felipe Herrera.
El encuentro entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes y sus familias se había agendado inicialmente para esta tarde (a las 15h, hora de Chile, en la casa de la rectoría), y estaba prevista en este contexto una concentración a las afueras de la rectoría para apoyar a que se retire la querella contra los 12 jóvenes. Sin embargo, la última información recibida es la de que esta reunión fue suspendida y todavía no tiene nueva fecha.
Represión y violencia
Además del caso de criminalización mencionado, hay denuncias de que carabineros actuaron de forma ilegal, amenazadora y represiva contra estudiantes movilizadas/os en la toma de la rectoría, haciéndoles inclusive control ilegal de identidad.
Según el medio Resumen, “dos jóvenes fueron detenidos ilegalmente al interior de la Universidad de Concepción y permanecieron secuestrados durante horas, por lo que fue interpuesto un recurso de amparo inmediatamente ante la gravedad de los hechos, que recuerdan la forma de actuar en dictadura y que viola flagrantemente la autonomía universitaria”.
“Como estudiantes organizadxs observamos la reanudación de las conversaciones entre las autoridades de la UdeC y los familiares de los 12 de forma positiva, e instamos a la comunidad a estar expectantes en la concreción de este acuerdo. Pero, a pesar de ello, no nos podemos quedar al margen de la situación de amedrentamiento que vivimos por parte de Carabineros y rechazamos cualquier acción que busque reprimir la protesta y lucha de quienes buscan una sociedad más justa e igualitaria”, afirman las y los estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción, en posicionamiento.
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