CLADE y OMEP lanzan proyecto para transformar la educación infantil en comunidades rurales con enfoque inclusivo y de género
13 de noviembre de 2024La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), junto con la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) América Latina, la Coalición de Educación para Todos y Todas de Guatemala y el Foro Dakar Honduras implementan el proyecto “Hacia el escalamiento de una pedagogía inclusiva con enfoque de género para la educación infantil comunitaria en Guatemala y Honduras”.
Esta iniciativa que se desarrollará entre 2024 y 2026, financiada por la Alianza Global para la Educación (GPE) desde el Intercambio de Conocimiento e Innovación (KIX), busca generar evidencia clave para expandir un modelo pedagógico de Educación Comunitaria Inclusiva, con enfoque de equidad.
El proyecto tiene como objetivo fortalecer la educación inicial, movilizar conocimientos y desarrollar capacidades en comunidades educativas y actores políticos, garantizando su integración en políticas inclusivas de atención y educación en la primera infancia.
Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE destacó la importancia de este nuevo proceso al señalar: “Traemos los aprendizajes del proceso anterior y los perfeccionamos gracias a las iniciativas de formación y capacitación desarrolladas por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (International Development Research Centre, por sus siglas en inglés, IDRC). Un punto clave es asegurar, de la mejor manera y por todas las vías posibles, el compromiso y la participación activa de las autoridades locales, en vínculo con las comunidades donde trabajaremos. Esto ya nos asegura un escalamiento horizontal, sensibilizando y sembrando la semilla del modelo de educación inclusiva comunitaria en comunidades aledañas interesadas.”
¿Qué es el Modelo de Educación Comunitaria Inclusiva?
El modelo promueve la colaboración activa de la comunidad para crear entornos de aprendizaje transformadores. En los grupos interactivos, los y las estudiantes desarrollan habilidades colaborativas en aulas que celebran la diversidad (discapacidad, contextos rurales e indígenas). Los círculos dialógicos fomentan el pensamiento crítico y el diálogo en contextos concretos, mientras que las comisiones mixtas reúnen a familias, docentes y autoridades locales para adaptar el modelo a las necesidades específicas del territorio, posicionando a la escuela como un motor de cambio social. Este enfoque es transversalmente interseccional y de género, asegurando que todas las voces sean escuchadas.
Los círculos dialógicos fomentan el pensamiento crítico y el diálogo en contextos concretos, mientras que las comisiones mixtas reúnen a familias, docentes y autoridades locales para adaptar el modelo a las necesidades específicas del territorio, posicionando a la escuela como un motor de cambio social.
El proyecto se orienta con una metodología de Investigación Acción Participativa Transformadora, que busca co-construir con las comunidades educativas el desarrollo y la sostenibilidad del modelo. Como parte de este proceso, se llevará a cabo un diagnóstico participativo para identificar tanto los avances como las limitaciones que pueden presentarse en la implementación del modelo. Este diagnóstico permitirá ajustar estrategias y potenciar las capacidades locales.
Asimismo, se desarrollarán capacitaciones dirigidas a equipos directivos, docentes, familias, autoridades gubernamentales locales y otras partes interesadas, a fin de fortalecer sus habilidades y compromiso con el modelo. Este proceso culminará en un curso de formación que ampliará la participación de otras escuelas, no solo de Honduras y Guatemala, cuanto el impacto regional del proyecto.
También se desarrollarán propuestas de mejora y herramientas pedagógicas para los currículos nacionales de primera infancia, con el fin de garantizar la pertinencia e inclusión de los materiales educativos. Las iniciativas contribuirán a consolidar un entorno educativo más equitativo y adaptado a las necesidades específicas de las comunidades.
Tomando el pulso: primer contacto con los territorios
En octubre, las comunidades educativas de Guatemala y Honduras recibieron las primeras visitas presenciales del equipo del proyecto, la Coalición de Educación para Todos y Todas seleccionó tres escuelas en el municipio de Santa Cruz Verapaz, beneficiando a 7 docentes y 144 estudiantes. Por su parte, el Foro Dakar Honduras identificó tres escuelas en los municipios de Danlí y Yuscarán, con 28 docentes y 335 estudiantes.
Las reuniones con personal directivo, docentes, familias y autoridades locales fueron espacios clave para presentar el modelo pedagógico y generar un compromiso colectivo. Según Karla Rodríguez, representante del Foro Dakar Honduras, “el diálogo con las comunidades ha sido esencial para confirmar la viabilidad del proyecto. Esto nos ha permitido ajustar estrategias según las particularidades locales y fortalecer la confianza con las autoridades municipales y educativas.”
De igual manera, los y las docentes han expresado su entusiasmo por participar en el proyecto, destacando la relevancia de recibir formación para atender las diversidades en las aulas en las cuales laboran. Las familias también han valorado la iniciativa, mostrando interés en apoyar a sus hijos e hijas, así como participar en las actividades que se acuerden. El respaldo comunitario refuerza el potencial transformador del proyecto en cada uno de los territorios.
A lo largo de las visitas, se identificaron desafíos significativos, como la falta de infraestructura adecuada, mobiliario inclusivo y materiales pedagógicos en lenguas e idiomas indígenas. Una maestra guatemalteca compartió: “En mi aula, algunos niños hablan Poqomchí y Q’eqchí, y yo no hablo estos idiomas. A veces nos comunicamos por señas, pero necesitamos más recursos para enseñar en su lengua.” También se evidenció la necesidad de fortalecer la participación familiar y la capacitación docente para abordar las necesidades especiales de los y las estudiantes.
Oportunidades de apertura con la Investigación Acción Participativa (IAP)
El compromiso de las comunidades, la apertura de las y los docentes a nuevas metodologías, así como el apoyo de las autoridades locales, sentaron las bases para un trabajo colaborativo que promete generar cambios significativos en la educación infantil, y que se enmarca en la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) que inspira al proyecto.
El primer acercamiento ha sido fundamental para construir una hoja de ruta que responda a los desafíos y las oportunidades, reafirmando el compromiso de transformar la educación infantil en Guatemala y Honduras.
Víctor Cristales, coordinador de la Coalición de Educación para Todos y Todas señaló:
“Volver a retomar el trabajo en Santa Cruz, Alta Verapaz, ha sido una experiencia profundamente enriquecedora. Reencontrarnos con parte de la comunidad educativa —padres y madres de familia, maestros, maestras y estudiantes— nos ha permitido reconstruir vínculos esenciales para avanzar en el derecho a la educación. El primer impacto de este proceso ha sido comprender, desde la práctica, las raíces culturales y educativas de un pueblo originario como el pueblo Poqomchí.”
El objetivo común procura garantizar una educación infantil inclusiva y de calidad, firmemente enraizada en un enfoque de derechos que priorice a las comunidades más vulnerables.
Procesos complementarios en marcha
CLADE avanza en la elaboración de informes nacionales sobre políticas de primera infancia y mapeo de actores, los cuales se darán a conocer en la publicación regional prevista para inicios de 2025. Estos documentos no solo serán herramientas clave para las Comisiones Mixtas de cada escuela en la planificación y monitoreo del proyecto, también servirán como insumos estratégicos para incidir en las políticas públicas de ambos países. El objetivo común procura garantizar una educación infantil inclusiva y de calidad, firmemente enraizada en un enfoque de derechos que priorice a las comunidades más vulnerables.
Paralelamente, se desarrolla un estudio innovador sobre el rol de las masculinidades rurales en el cuidado y la educación infantil. El análisis busca cuestionar y transformar las dinámicas tradicionales de género, promoviendo una corresponsabilidad en el cuidado que rompa con los estereotipos y contribuya a la equidad dentro y fuera de las aulas. Dicho esfuerzo es esencial para construir una base sólida de justicia social y educativa desde las primeras etapas de vida.
Además, se ha puesto en marcha un proceso integral de formación para los equipos nacionales de Guatemala y Honduras, que culminará en un encuentro presencial en Guatemala en el mes de diciembre del año 2024. El proceso aborda temas como el aprendizaje dialógico, la inclusión, las masculinidades y el monitoreo, sentando las bases para el escalamiento del modelo en toda la región.
Con estas acciones, CLADE y OMEP reafirman su compromiso político con la construcción de sistemas educativos inclusivos y transformadores, que formen a niñas y niños, al mismo tiempo que contribuyan al desarrollo de sociedades más justas, equitativas y cohesionadas.
Guatemala: inician mesas técnicas por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) con énfasis en financiamiento y enfoque de género
23 de septiembre de 2024La educación destinada a personas jóvenes y adultas en Guatemala presenta dificultades vinculadas a la estructura del sistema educativo estatal. El Ministerio de Educación es responsable de coordinar y ejecutar políticas educativas. La ley describe el Sistema Educativo de Guatemala con dos subsistemas, el de Educación Escolar y el de Educación Extraescolar o paralela.
Por otra parte, Guatemala se posiciona como el país centroamericano con el gasto público destinado a educación más bajo con relación al Producto Interno Bruto (PIB). Según datos señalados en el estudio Ofertas educativas públicas para mujeres indígenas jóvenes y adultas entre 15 y 30 años en Guatemala, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el año 2020, este gasto representa el 3.3% del PIB y para 2021, disminuyó al 3.1%.
En este contexto, se impulsan las mesas técnicas por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) con la intención de establecer acuerdos en una hoja de ruta que concrete recomendaciones en dos ámbitos de interés, el financiamiento educativo y el enfoque de género.
El Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, parte de la membresía de CLADE, socializó la nota de prensa en la que se inicia el proceso de Mesas Técnicas y tiene previsto extenderse hasta el mes de octubre, finalizando con la hoja de ruta para la EPJA.
Lee a continuación la nota de prensa:
Mesa técnica sobre el aumento al financiamiento público para la Educación y la integración de la perspectiva de género de la Educación para personas jóvenes y adultas.
El Colectivo de Educación para todas y todos de Guatemala, a la Comunidad educativa integrada por Estudiantes, Docentes, padres y madres de Familia.
Hace saber:
- Que el día de hoy, 13 de septiembre del año 2024, se ha constituido una mesa técnica, con presencia de funcionarios del organismo ejecutivo y delegados y delegadas de sociedad civil, para promover un mayor financiamiento a la educación y que la perspectiva de género, esté incluida en todos los procesos formativos de las y los estudiantes.
- El objetivo es consensuar un diseño colectivo de acuerdos de funcionamiento y roles para promover el intercambio de información para que en el presupuesto del año 2025 se invierta en la educación para los y las jóvenes, para las mujeres indígenas y para quienes no han tenido la oportunidad de contar con acceso pleno a la educación y diseñar una hoja de ruta común con foco en financiamiento para la educación y género.
- Los desafíos que tenemos son que el presupuesto de ingresos y gastos de la nación presentado por el organismo ejecutivo iniciativa 6444, sea aprobado para que se beneficien en el renglón educativo quienes no han tenido la posibilidad de estudiar. La iniciativa tendrá que ser revisada por la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, así como por la Comisión de Finanzas y Moneda. En lo que corresponde a Educación.
- Invitamos a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa a que promuevan encuentros con sus diputados distritales, a efecto de solicitarles el apoyo para la aprobación de este presupuesto de ingresos y gastos de la nación.
“El derecho humano a la educación, un compromiso de vida”
“La inversión educativa es impostergable, con una integración de la perspectiva de género para personas jóvenes y adultas”.
Guatemala, 13 de septiembre del 2024 / 11 K´at
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Fondos y trasfondos: del compromiso a la acción en el financiamiento de la EPJA
22 de agosto de 2024El derecho humano de todas las personas a la educación está expresado en la garantía del derecho internacional. Los Estados tienen la obligación de dedicar recursos al financiamiento de la educación pública y de divulgar información al respecto. El parámetro establecido para que los Estados de la región asignen un financiamiento es de, al menos, el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y del 20% del presupuesto nacional al sector educativo.
El Marco de Acción de Marrakech (MAM) explicita la urgencia de aumentar el porcentaje para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en el presupuesto educativo de los países. El MAM plantea el rediseño de los sistemas de aprendizaje y educación de personas jóvenes y adultas: reitera la necesidad de fortalecer el papel de los gobiernos en el establecimiento de mecanismos y regulaciones en la asignación de recursos.
El adecuado financiamiento de la EPJA es relevante como derecho habilitante de otros derechos, así como por sus efectos a nivel individual (tiene el potencial de mejorar los ingresos y el empleo), como social (tiene efectos en términos de crecimiento económico, de socialización de valores cívicos y justicia redistributiva en términos de género e interseccionalidad).
En la medida en que el Estado desatiende su función de inversión social, la realización del derecho humano a la educación queda en manos de las personas, con lo cual se refuerzan las desigualdades económicas pre-existentes y abre las puertas a la potencial violación del derecho humano a la educación. Los grupos en situación de mayor vulnerabilidad son justamente los que mayor inversión pública requieren para acceder y permanecer en la trayectoria educativa.
Frente a este contexto, la CLADE convocó el encuentro regional virtual titulado Fondos y trasfondos: del compromiso a la acción en el financiamiento de la EPJA el pasado 26 de julio, a través de la Plataforma de Redes Regionales por la EPJA integrada también por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Federación Internacional Fe y Alegría (FIFyA), el Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE) y la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM).
El financiamiento de la Educación de Personas jóvenes y Adultas (EPJA)
El financiamiento de la EPJA es relevante no sólo por cuestiones económicas, sociales o políticas, sino por cuestiones intrínsecas al ser humano. El derecho de todas las personas a la educación a lo largo de toda la vida es un derecho humano garantizado por numerosas convenciones e instrumentos internacionales. Por ello, se socializó el documento que expone El financiamiento de la Educación de Personas jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y El Caribe, presentado en el encuentro por uno de sus autores Francisco Cantamutto.
El investigador destacó la importancia de sostener el planteamiento de la educación a lo largo de la vida, porque potencian las trayectorias personales y la cohesión social en términos políticos y económicos. Llamó la atención sobre la necesidad de superar las brechas de género con interseccionalidad, ya que en general “las mujeres empobrecidas y de pueblos originarios son las primeras que tienen que abandonar la escolarización obligatoria” afirmó.
Considerando las orientaciones directrices que expone la Agenda 2030, y en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 y 6 (ODS 4 y ODS 6), en el que se exhorta a los Estados a garantizar el derecho humano a la educación de personas jóvenes y adultas. En torno al monitoreo del financiamiento a la educación Francisco Cantamutto señala que “hemos visto que algunos países tienen problemas para cumplir los compromisos en relación a personas jóvenes y adultas, tenemos algunos problemas en la obligación de destinar recursos a la educación”. Adicionalmente subraya el punto 29 del Marco de Acción de Marrakech (MAM) en el que se explicita la relevancia del financiamiento.
Existen múltiples iniciativas que promueven la EPJA, sin embargo el acceso a la información sobre su implementación y financiamiento es muy limitada. A pesar de ello, se sistematizaron diversos modelos de financiamiento para la EPJA, en los cuales se mencionan el financiamiento público, privado, modelo mixto, el basado en la ayuda para el desarrollo, el personal y el voluntario o comunitario. Se resaltó que en el caso del financiamiento privado con frecuencia está orientado a la capacitación laboral.
Si bien existen muchas iniciativas de origen estatal, éstas varían en los alcances del ámbito nacional, regional, provincial y municipal, lo que no asegura que existan acciones coordinadas entre ellas, de la misma manera no se encuentran los compromisos de financiamiento de forma desagregada con una metodología o registro común para establecer comparaciones o análisis. Expresado de la siguiente manera, “no se puede discutir la importancia de que en la EPJA hay múltiples fuentes de financiamiento, pero son los aportes del Estado los que permiten compensar, contener o reducir las discriminaciones y asimetrías de base. En este punto hace falta una política que coordine dependencias y niveles para generar información centralizada que además requiere de la consulta de la sociedad civil para poder contener la dispersión de información y su relevancia” señaló Francisco Cantamutto.
No se puede discutir la importancia de que en la EPJA hay múltiples fuentes de financiamiento, pero son los aportes del Estado los que permiten compensar, contener o reducir las discriminaciones y asimetrías de base.
Francisco Cantamutto
Es importante profundizar las implicaciones que tiene el financiamiento y los riesgos de reforzar asimetrías, discriminaciones y exclusiones en el ámbito educativo. Se señala una experiencia interesante de Brasil en la que se valora una canasta educativa, que se aplica para la educación general , aunque no de las personas jóvenes y adultas, lo que puede ser inspirador para otras iniciativas que aspiran contabilizar el alcance del presupuesto mínimo. Esto implica debatir sobre los límites y metas posibles y deseables.
Existe una conciencia sobre la finitud de los recursos fiscales. Como lo señala el Banco Mundial los pagos de la deuda desplazan a la inversión en protección social, salud y educación en la periferia global, entonces hay un privilegio de asignaciones que se puede cuestionar. El debate de la educación no puede estar al margen del debate sobre una fiscalidad progresiva que ayuda a disminuir las discriminaciones.
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Avances en la agenda del financiamiento desde la experiencia chilena
Santiago de Chile fue sede de la primera reunión de seguimiento del Marco de Acción de Marrakech para la región latinoamericana. El equipo anfitrión de la sede estuvo liderado por la coordinadora nacional del área de trayectorias educativas y aprendizaje a lo largo de la vida del Ministerio de Educación de Chile, María Eugenia Letelier, quien también tuvo una intervención durante el evento regional para narrar la experiencia desde la gestión gubernamental.
La especialista señaló que resulta útil hacerse preguntas que pueden resultar incómodas y generan reflexión para abrir debates. La primera pregunta que realizó fue ¿es solo un problema de financiamiento o es la expresión de otros problemas? A su juicio, la EPJA sigue siendo invisible en sí misma, en la contribución que hace para la política pública y el sistema educativo en general. Por lo cual, el insuficiente financiamiento, la identificación de las asignaciones y gastos relacionados, refleja la falta de valor e importancia que la modalidad tiene en las políticas educativas y refleja la dificultad que tenemos para convencer sobre sus alcances. Esto pasa por la forma en que estamos comunicando sobre la EPJA, porque hay distintas partidas presupuestarias que impiden avanzar en evaluaciones y análisis más precisos. Así las cosas, el financiamiento no es solo presupuesto disponible.
Transparentar el financiamiento resulta una combinación entre la capacidad de gobernar para lograr recursos y los cambios presupuestarios – normativos que se requieren. Esto tiene implicaciones que trascienden el cambio de gobierno y que modifican la estructura de financiamiento.
Por otro lado, para la especialista no es menos importante la manera en la cual incide la herencia del pasado, con las estructuras y amarres históricos. En el caso de Chile, persisten estructuras de la época de la dictadura. La articulación de labores entre el ejecutivo y el legislativo pueden visibilizar prioridades en los presupuestos determinados por su correlación con el Producto Interno Bruto (PIB).
La articulación de labores entre el ejecutivo y el legislativo pueden visibilizar prioridades en los presupuestos determinados por su correlación con el Producto Interno Bruto (PIB).
María Eugenia Letelier, Chile
María Eugenia Letelier sugiere otra pregunta, ¿cómo pasar de los compromisos y recomendaciones a la construcción de una política de financiamiento? Sobre lo cual coinciden los llamados de las declaraciones internacionales. Son muy relevantes las recomendaciones, pero eso solo no basta, ya que es necesario hacer estudios sobre el proceso presupuestario que hagan convergencia con la agenda de los Ministerios de Hacienda, que es el lugar donde se priorizan las políticas públicas y se expresa la coherencia entre la verificación de los presupuestos. Por lo tanto, si no tenemos incidencia en el proceso de construcción presupuestaria se limitan los logros.
En la misma línea de reflexión desde las preguntas, en su intervención planteó ¿qué papel pueden o deben jugar las agencias de cooperación? La claridad, a juicio de la especialista, radica en que puede participar en la incidencia, aunque no modifiquen directamente las estructuras presupuestarias. La gobernanza, compromiso y financiamiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son fundamentales para lograr un nuevo posicionamiento que visibiliza la contribución de la educación y en específico de la EPJA a la sociedad.
Desde su responsabilidad en el Ministerio, María Eugenia Letelier, manifiesta insistir en múltiples fundamentaciones y minutas del financiamiento para la EPJA, sin embargo, resulta muy difícil. En Chile, la subvención de todo el sistema educativo se paga por asistencia de estudiante, es decir, el costo de la subvención se calcula por la subvención y la asistencia media. No se cuenta con una subvención basal fija. Los establecimientos funcionan de acuerdo al financiamiento que perciben. Además, el modo de cálculo de asistencia media, referida en la ley de subvenciones proviene de la dictadura, es decir una visión neoliberal de la educación que trae consecuencias hasta la actualidad, que refuerza lo remedial constantemente, pero no ofrece soluciones.
La subvención de la educación de personas adultas es la más baja de todo el sistema escolar. Se calcula por asistencia media sin considerar las características y condiciones de las y los estudiantes que en modalidad de jóvenes y personas adultas no asisten todos los días, tienen dificultades de acceso, además de las derivadas durante y después de la pandemia. El acceso a otras subvenciones escolares preferenciales para estudiantes en situación de alta vulnerabilidad no es amplio.
En las palabras finales de su intervención, María Eugenia Letelier señaló que hay que mirar la EPJA desde una perspectiva histórica, por eso es importante cambiar la narrativa contextualizada, en tanto la infancia es siempre acompañada con personas adultas y la educación es intergeneracional como es intercultural. Se puede promover la alianza con las universidades para incluir la especialidad de EPJA. Al mismo tiempo impulsar la dignidad de la labor docente.
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Situación y perspectivas desde Guatemala: la EPJA y su financiamiento
Francisco Cabrera, viceministro de Educación de Guatemala, quien intervino con las primeras palabras recordando que su origen es desde la participación en los espacios de la sociedad civil y ahora asume la función pública, evidenciando escenarios muy distintos. Resaltó que hay un problema de visibilidad de la EPJA, y esto pasa por reeducar a distintos públicos en razón del entendimiento de la época, de su importancia, su trascendencia y su potencial, a pesar que existen documentos muy claros, pero muchos de ellos son invisibles en el día a día de la política pública, simplemente no están, no se miran. Estos marcos deben estar en los procesos de definición, porque ahí se puede conseguir que los compromisos efectivamente se conviertan en parte de las agendas.
El viceministro señala que para recolocar el tema de la EPJA, se debe reeducar al funcionariado que suele pensar la educación como sinónimo de escuela, de escolaridad o escolarización, muchas de las personas con estas responsabilidades vienen de trayectoria, de herencias y suelen resistirse a los cambios, a los nuevos enfoques de gestión. Especialmente este llamado aplica a quienes se involucran con la planificación institucional y presupuestaria, reconociendo que los presupuestos son limitados. En el proceso de reeducación también se incluye a la clase política porque no tienen presente la educación de personas adultas, la de juventudes es más evidente por el efecto rebote en la economía y ámbito laboral. Siguiendo, también hay que reeducar a la sociedad, para que sea defendido como derecho, porque desde la experiencia del especialista, señala que las personas que participan de estos programas se sienten agradecidas, pero hay que relevar la educación a lo largo de la vida.
El segundo aspecto señalado en la intervención se refiere a las programaciones presupuestarias, particularmente desde la política pública, porque se navega con presupuestos muy estrechos y con un factor de rigidez presupuestaria que dificulta saltos importantes. Seguido de la ejecución presupuestaria en el campo público, que no es algo que suceda de manera espontánea, tiene que hilvanar una serie de pasos que se anteceden por lo menos un año antes de la implementación y luego la articulación con el marco legal de las finanzas públicas. En Guatemala resulta complejo a partir de malas experiencias de ejecuciones públicas arbitrarias y la corrupción generalizada.
Hay que alinear todas las piezas para que se pueda justificar debidamente un incremento a los financiamientos, lo que lleva necesariamente a disputar con otras muchas necesidades y a esperar los plazos que suelen ser de medianos a largos. El ejercicio de romper la rigidez presupuestaria es todo un reto en los sistemas educativos, que funcionan con un bajo o insuficiente nivel de recursos disponibles, realidad compartida por todos los países de América Latina y el Caribe, a juicio del viceministro.
El ejercicio de romper la rigidez presupuestaria es todo un reto en los sistemas educativos, que funcionan con un bajo o insuficiente nivel de recursos disponibles, realidad compartida por todos los países de América Latina y el Caribe.
Francisco Cabrera, Guatemala
Además, urge la comprensión de que el aumento del financiamiento debe ampliarse, en el sentido que, no solo es deseable, sino que además necesario. Una vez pasada esta etapa hay que asegurar que los recursos nuevos sean ejecutados, invertidos efectivamente y eso significa que se exige una capacidad a la hora de la rendición de cuentas, demostrar una ejecución efectiva; así se evitan las críticas por no lograr la meta, lo que deriva en recortes o regresiones en la inversión pública.
Una tercera idea versa sobre impulsar lo atractivo de la EPJA, que trascienda la mirada aburrida de la formación educativa y su sentido en el imaginario social sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida, vincularlo con cuestiones prácticas para mejorar las oportunidades y las condiciones, a diferencia de la visión tradicional de la escuela que se ve como un efecto de largo plazo. Las personas jóvenes y adultas necesitan respuestas a problemas que enfrentan día a día, no a los problemas del futuro con el acceso a un diploma, como el agobio económico, la falta de trabajo, posiblemente la migración; en la frontera hay escuelas que se han quedado casi sin estudiantes debido a los movimientos migratorios.
La cuarta y última idea del ponente se centra en la educación de personas jóvenes y adultas como una acción política que supere la marginalidad y la discriminación. Volver la EPJA como un tema político, no solo social, que retoma el valor de política pública, para lo cual hace falta el impulso desde dentro de las instituciones y al mismo tiempo la demanda por presión social fuerte para movilizar la estructura política del país para construir un escenario futuro transformado de manera sustantiva.
También subrayó el especialista que los institutos de estadísticas observan prioridades desde las principales urgencias de los países. La visibilización de la EPJA pasa, por ejemplo, con la demostración de mejores ingresos para las familias y consecuentemente para el país, entonces hay que documentarlo más, especialmente ahondar en los mecanismos de análisis y de investigación más tradicionales. También en ese proceso de integración y reeducación de representantes de gobiernos hay que procurar diálogos con las instancias de Hacienda y Finanzas y no restringirlo al ámbito educativo.
El financiamiento público educativo de personas jóvenes y adultas en la región
Por su parte, Alejandro Vera, jefe de la Unidad de Monitoreo y Planificación de la Educación de la UNESCO compartió reflexiones a partir del Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Personas Adultas (GRALE, por su siglas en inglés). La naturaleza descentralizada que tiene este sector, la cantidad de actores hace difícil construir información no solamente financiera, sino también información en general, por lo cual efectivamente tenemos un problema de acceso a datos estadísticos, así como para consolidar el análisis sobre las políticas. La mayoría de las veces el presupuesto está de forma general para el financiamiento público de la educación, principalmente desde el Ministerio de Educación, pero no se logran observar todos los programas, modalidades o niveles de la EPJA, porque es difícil conceptualizar sus alcances, cómo se conforma para que los datos puedan ser precisos.
Si bien existen compromisos internacionales y distintos instrumentos tanto generales como específicos se señala que el financiamiento público debe estar entre el 4 y 6% del Producto Interno Bruto (PIB), y entre el 15 y 20% del gasto público total; sin embargo, en los últimos 20 años el promedio de países en la región ha cumplido los mínimos, es decir no por arriba del 15% del gasto público total, aunque sí del 4% del PIB. Durante el periodo reciente desde el 2015 en adelante hay un cierto estancamiento y una cierta desaceleración de los esfuerzos, habiendo logrado un pico en el 2014, cuando empezó un declive y un estancamiento del financiamiento de la educación. La EPJA ratifica esta tendencia desde el 2018 y 2020, la mayor parte de los países tenían un decrecimiento o un estancamiento; apenas el 30% de los países decían haber aumentado el presupuesto desde el 2018, entonces se evidencia un estancamiento de los presupuestos.
Históricamente la educación ocupa aproximadamente un tercio de la inversión social, pero durante la pandemia del 35% al 30% en el 2020, lo que se repite en 2021, entonces la educación no se prioriza, esta tendencia que se mantiene en la educación de personas jóvenes y adultas resulta preocupante para el especialista. Aunque se cumplieran los estándares mínimos del presupuesto en educación sigue siendo insuficiente.
En el GRALE vemos que el 60% de los países de la región manifiestan cubrir la línea presupuestaria para la educación de personas adultas, lo que afirma que pueden identificar el rubro presupuestario dedicado a la EPJA, por lo cual mejorar la información de seguimiento es un buen camino para ello. También cabe resaltar que los países de la región identifican poca participación de actores no estatales en el financiamiento de la EPJA, se refiere al sector privado, si se compara a nivel mundial la mitad de los países identifica la cooperación internacional en un 32% del sector privado.
Si bien algunas poblaciones están atendidas, no es suficiente la inclusión de algunos sectores como personas sin empleo, mujeres, personas de la tercera edad, personas privadas de libertad, migrantes e indígenas.
Alejandro Vera
Por otra parte, si bien algunas poblaciones están atendidas, no es suficiente la inclusión de algunos sectores como personas sin empleo, mujeres, personas de la tercera edad, personas privadas de libertad, migrantes e indígenas. Alejandro Vera recuerda que el actor principal responsable del financiamiento en la EPJA es el gobierno en su Ministerio de Educación por lo cual es necesario trabajar para una distribución más justa de los recursos cuando son escasos. La situación fiscal no está en un ciclo expansivo requiriendo mayor atención al uso de los recursos con dimensiones de eficiencia y equidad.
La EPJA al no estar posicionada políticamente dentro de los presupuestos es susceptible a sufrir recortes, cuando hay ajustes y se prioriza a la educación se destina a los niveles obligatorios básicos, otras modalidades y niveles quedan desprotegidos. Resulta primordial construir una retórica que logre proteger a la educación de personas adultas para incluirlo en la agenda de debate fiscal y la viabilidad de la sostenibilidad financiera de la educación.
Ver su presentación.
Financiamiento para la EPJA en el GRALE
La intervención del jefe del clúster de monitoreo del Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo largo de la vida (UIL), Nicolas Jonas expuso lo complejo que resulta el tema de financiamiento para la EPJA, ya que no se cuenta con mecanismos de coordinación y monitoreo eficientes, data actualizada, ni las herramientas apropiadas para reportar de forma desagregada. En cuanto a los compromisos internacionales, viendo los últimos 15 años, no se cuenta con números específicos para valorar su transformación. El Estado no controla todo el financiamiento para la EPA, pero desempeña un rol importante para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad. Dentro de los actores que se involucran en el financiamiento educativo también se encuentran las propias familias del estudiantado, y en otra medida el sector privado y la cooperación internacional.
El Estado no controla todo el financiamiento para la EPA, pero desempeña un rol importante para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad.
Nicolas Jonas
La encuesta sobre la EPJA fue respondida por 158 países, de un total de 196, la mayoría alcanzaron la meta de financiamiento, se tienen 100 respuestas de países en cuanto el rango de porcentaje del gasto público. Sin embargo, si se desea precisar el porcentaje, solo 60 pudieron ofrecer información, de las cuales 53 estaban actualizadas para el periodo del reporte. En síntesis, de los 208 países tenemos data confiable y actualizada solo para un cuarto de ellos.
La UIL promueve una metodología común para tener informaciones confiables e importantes que nos permitan incrementar y mejorar la inversión pública.
Ver su presentación con traducción al español.
Desafío por el derecho humano a la educación
Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, cerró el encuentro virtual invitando a profundizar el estudio de los informes puestos a disposición, para promover un giro en las narrativas imperantes sobre la EPJA, tanto en las políticas como en los presupuestos públicos. Existe un desafío de contar con información oportuna para movilizar las estructuras rígidas del presupuesto y así conectar los gastos con los presupuestos en función a las demandas de la EPJA, sabiendo que trasciende la labor de los ministerios de educación, pues la interinstitucionalidad también amerita su consideración.
Visita la grabación del evento en español.
También puede ver la grabación es portugués e inglés.
Ofertas educativas públicas para mujeres indígenas jóvenes y adultas entre 15 y 30 años en Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay.
18 de junio de 2024El estudio Ofertas educativas públicas para mujeres indígenas jóvenes y adultas de entre 15 y 30 años en cuatro países de la región -Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay- busca identificar y analizar la oferta educativa pública existente para mujeres indígenas jóvenes y adultas en estos cuatro países; con el objetivo de brindar recomendaciones de políticas públicas que partan del reconocimiento de las particularidades encontradas para la plena realización de la educación intercultural bilingüe y transformadora de género de mujeres indígenas jóvenes y adultas. Además, el estudio busca contribuir al seguimiento de las recomendaciones del Marco de Acción de Marrakech y al trabajo de la Plataforma de Redes Regionales por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas.
Entre los hallazgos encontramos que las políticas afirmativas y enfocadas a mujeres indígenas han estado limitadas a la alfabetización y concesión de becas, sin integrar un enfoque de género, no victimizante y decolonial, necesario para promover una educación transformadora y emancipadora más allá de la formación técnica profesional tradicional.
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CLADE promueve reflexión acerca de alcances y limitaciones del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en escuelas públicas
14 de junio de 2024“Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe” fue el tema que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación- CLADE presentó en el Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, realizado entre los días 12 y 15 de junio en Bogotá (Colombia).
La participación de la CLADE fue representada por Gabriela Arrunátegui, asesora de Programas del equipo regional, que presentó la investigación “Alcances y Limitaciones del uso de las TIC para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe: una reflexión desde escuelas públicas primarias de Argentina, Bolivia y Guatemala”.
Sobre la investigación
Realizada por la CLADE en alianza con la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), y el Colectivo por el Derecho a la Educación para Todas y Todos de Guatemala y contando con el respaldo y financiamiento de EDUCO España. La investigación se enfocó en analizar, desde la perspectiva de los territorios escolares, cómo se gestionó el uso de las TIC durante la pandemia con el fin de garantizar la continuidad educativa, así como las limitaciones y posibilidades que encontraron y que siguen encontrando actualmente.
Los hallazgos revelaron diferencias significativas en el acceso y uso de las TIC entre escuelas urbanas y periurbanas, destacando la importancia de la capacitación y el apoyo técnico para maximizar su potencial en la enseñanza. Sin embargo, persisten desafíos en cuanto a la protección de datos y privacidad, así como en la integración efectiva de las TIC en la pedagogía. Se subrayó la necesidad de un enfoque integral que considere aspectos socioeconómicos y culturales para aprovechar plenamente el potencial de las TIC en la educación en América Laina y el Caribe.
Entérate más: Alcances y Limitaciones del uso de las TIC para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe: Una reflexión desde escuelas públicas primarias de Argentina, Bolivia y Guatemala
Hallazgos del estudio:
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Invertir en el futuro: Curso para una fiscalidad justa para una educación de calidad
26 de abril de 2024¿De dónde vienen los recursos para financiar la educación de niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes y adultas de los países de América Latina y el Caribe? ¿Cómo ampliar los recursos públicos a la educación? Fue a partir de esas y otras cuestiones que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en alianza con la Red para la Justicia Fiscal para América latina y el Caribe y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD) realizó entre febrero y abril el curso virtual “Invertir en el futuro: fiscalidad justa para una educación de calidad”.
Prevista para una dedicación de 40 horas, la formación en línea fue ofertada de manera gratuita y contó con más de 100 personas inscriptas. El objetivo de la iniciativa fue acercar a los principales conceptos del derecho humano a la educación y la justicia fiscal de forma interrelacional.
Autodirigido, el curso tuvo cuatro módulos que abordaron temas clave: (a) lo público y la educación, (b) justicia fiscal y su impacto en la educación, (c) financiamiento del Estado y reformas tributarias progresivas y (d) incidencia social e historias de cambio. A través de él, se actualizaron los marcos conceptuales, y el análisis estratégico del propio contexto identificando áreas de oportunidad que los Estados puedan asumir para garantizar el acceso pleno a educación pública de calidad.
Las organizaciones preveen la realización de más ediciones a partir del segundo semestre.
Justicia Fiscal para garantizar el derecho humano a la educación
El curso es resultado del Proyecto Justicia Fiscal y Educación, realizado entre 2022 y 2023 por la CLADE, Latinddad y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe e investigó la inversión en educación entre 2015 y 2022 en la región y en los países Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Según las organizaciones, el ejercicio investigativo sirvió para entender el origen de la “falta de recursos” para el sector educativo en los países participantes. “La mayoría de los sistemas fiscales de la región son altamente regresivos y cargan impuestos a toda la población sin diferenciar su nivel de ingreso, su riqueza y su capital. La búsqueda de sistemas fiscales progresivos es una lucha histórica que viene tomando fuerza; tanto así, que autoridades económicas se reunieron en julio de 2023 en Cartagena para discutir sobre la Convención Fiscal de Naciones Unidas, un espacio alterno a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países ricos y responde a sus intereses”, afirman.
Lee más:
Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina
El sistema tributario en Argentina y el financiamiento en educación de 2015-2021
El sistema tributario y su impacto en la financiación de la educación en Colombia entre 2015 y 2021
El sistema tributario en Guatemala y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en Paraguay y el financiamiento en educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en Perú y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en República Dominicana y el financiamiento de educación entre 2015 y 2021
Evolución de la inversión en Educación en Argentina entre 2015 y 2021
Evolución del Gasto en Educación en Colombia entre el 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en Guatemala entre el 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en Paraguay entre el 2015-2021
Evolución del gasto en Educación en el Perú 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en República Dominicana entre el 2015 y 2021
#SAME2024: organizaciones de la sociedad civil de América Latina y El Caribe se pronuncian por la defensa del derecho humano a la educación
24 de abril de 2024Entre el 22 y 26 de abril se desarrolla la Semana de Acción Mundial #SAME2024, la movilización demanda a los Estados la debida atención y priorización sobre una educación que genere transformaciones que profundicen la justicia social y el desarrollo sostenible, sin discriminaciones ni violencias de ningún tipo.
Con un nuevo llamado simbolizado con toques de tambores por el derecho humano a la educación, la SAME abraza el lema “la educación transformadora construye justicia social, paz y desarrollo sostenible”.
Diversas iniciativas lideradas por organizaciones sociales en defensa de la educación se han sentido en América Latina y El Caribe, tales como marchas, seminarios, charlas, exposiciones y pronunciamientos, entre otros.
Llamado urgente por más y mejor inversión educativa en Colombia
La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) se suma a la movilización mundial de la #SAME2024, subrayando la exigencia del cumplimiento de los compromisos en materia educativa, así como la demanda urgente de mayores recursos y políticas efectivas que garanticen una educación inclusiva y equitativa para todas y todos a lo largo de la vida.
La CCDE expresa en su pronunciamiento que “unimos nuestras voces para hacer un llamado urgente a la inversión en educación pública y transformadora, la defensa de la justicia social y la igualdad de género, la implementación de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre la Profesión Docente y la descolonización de la financiación educativa”.
Lee el pronunciamiento completo
Demanda por la inclusión transformadora en Guatemala
Como parte de la membresía de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación – (CLADE), el Colectivo de Educación para todas y todos de Guatemala, creado en 2003, funciona basado en los principios del trabajo colectivo, donde su principal componente es el compromiso con el derecho humano a la educación pública gratuita, laica y que garantice la dignidad para todas y todos.
En el marco de la #SAME2024, el Colectivo expresó en un comunicado público “que abogamos por la inclusión de la educación transformadora como una agenda clave en la Cumbre del Futuro”, del mismo modo subrayó el rol de los Estados en este sentido, “responsabilizamos y llamamos al gobierno y a otros responsables de la toma de decisiones de la educación transformadora y de los compromisos con la Cumbre para la Transformación de la Educación (TES)”.
Marcha Federal Universitaria y #SAME2024 en Argentina
En un contexto de movilización sin precedentes, cientos de miles de personas se unieron ayer en toda Argentina para participar en la Marcha Federal Universitaria, en defensa de las universidades públicas y gratuitas del país. La histórica manifestación contó con el apoyo de gremios sindicales, docentes universitarios, estudiantes y familias, que salieron a las calles para exigir el financiamiento adecuado y la preservación del acceso irrestricto a la educación superior.
Desde la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), en el marco de la SAME 2024, se llevan a cabo diversas actividades en Buenos Aires. En el stand 1818 de la Feria del Libro, en el predio ferial de la Rural, junto con Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos (CePaDeHu), se disponen juegos y carteles en defensa del derecho a la educación.
La conjunción de estas dos importantes movilizaciones demuestra el compromiso de la sociedad argentina con la educación como motor de desarrollo y justicia social. La CADE invita a todos los ciudadanos a sumarse a estas actividades y a seguir luchando por un futuro con más y mejor educación para todos.
Evolución del gasto en educación y funcionamiento de los sistemas tributarios en el Guatemala: 2015 – 2022
2 de febrero de 2024El Ministerio de Educación necesita un presupuesto mucho más alto que el asignado hasta ahora, pero no solo necesita un incremento presupuestario, sino también una revisión profunda y una reorientación de la calidad del gasto. Ninguna duda cabe acerca de la necesidad de financiar el funcionamiento institucional, pero habrá que verificar si los resultados del gasto de funcionamiento contribuyen realmente al logro del gran objetivo de la educación como motor del desarrollo.
La estructura tributaria de Guatemala es injusta y regresiva, con un alto grado de ineficiencia y baja capacidad recaudatoria. El sistema no se basa en la capacidad La estructura tributaria de Guatemala es injusta y regresiva, con un alto grado de ineficiencia y baja capacidad recaudatoria. El sistema no se basa en la capacidad de pago de las personas; más bien se recarga a los contribuyentes en situación de dependencia. Esta situación queda en evidencia al examinar los datos de
los últimos cinco años.de pago de las personas; más bien se recarga a los contribuyentes en situación de dependencia. Esta situación queda en evidencia al examinar los datos de los últimos cinco años. En el mediano y largo plazo, la política fiscal puede jugar un papel redistributivo para mejorar las condiciones de vida de la población, reducir la pobreza y eliminar la desigualdad social. En el caso de Guatemala, la estrategia se basa en el crecimiento económico neoliberal, que implica proporcionar todas las facilidades a la iniciativa privada para que, al mejorar sus ingresos, este beneficio se derrame y genere un efecto cascada que impacte directamente en los sectores con menores recursos.
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Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo
15 de septiembre de 2023Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.
Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.
En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública.
Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal.
Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco, plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.
Sobre el evento
El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia” es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
