G20 y educación: la lucha de la sociedad civil por recursos adecuados para ese derecho
7 de febrero de 2019Activistas de la CLADE y la Campaña Mundial por la Educación impulsaron acciones de incidencia, movilización y comunicación en el contexto del G20, y lograron que las mayores economías del mundo reconocieran la educación como un derecho humano esencial para promover el desarrollo con inclusión, prosperidad y paz (más…)
"El acceso a la educación es un derecho humano y un área estratégica de las políticas públicas para el desarrollo de sociedades más inclusivas, prósperas y pacíficas", dice la declaración final de los líderes. Esta mención a la educación como un derecho representa un avance y una conquista de la sociedad civil en el contexto del G20, pero puede convertirse en letra muerta, a medida en que el texto no aclara compromisos firmes con la garantía de una financiación pública justa y adecuada para las políticas educativas.Los desafíos para la educación en la región son muchos, y exigen el aumento progresivo de recursos para el área. En Brasil, 2,8 millones de niños y adolescentes están fuera de la escuela - lo equivalente al 5% de los individuos en ese grupo de edad. En México, 1/3 de los adolescentes entre 15 y 17 años no asisten a la escuela y, en Argentina, sólo en la provincia de Buenos Aires, más de 450 escuelas no funcionan debido al mal estado de los edificios. Mientras permanecen estos obstáculos, se observa un gran recorte de recursos para la educación y otros derechos sociales, resultado de políticas de ajuste fiscal, implementadas en Argentina y Brasil. Particularmente Brasil, está siendo un grave ejemplo de las medidas de austeridad con la aprobación de la Enmienda Constitucional 95/2016. En Argentina, el ajuste de gastos que el gobierno nacional proyecta para el año que viene, afectará a todos los programas de educación inicial y de las enseñanzas fundamental y media, llevando a una caída real de inversiones en infraestructura y equipo escolar, del 77%. México, por su parte, vive un momento de esperanza con la toma de mando del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la sociedad civil del país estará atenta para exigir que cumpla la promesa hecha durante la campaña, de aumentar significativamente la inversión pública en educación. En ese sentido, no fue por falta de información, ni de necesidad, que esos países dejaron de firmar un acuerdo por una mayor financiación a la enseñanza pública. Diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), participaron en reuniones previas a la Cumbre de Líderes del G20, enviando sus recomendaciones a los Estados. Por un instante, existió la esperanza de que el espacio dado por el G20 para discutir la educación resultaría en un acuerdo en favor de la financiación y el fortalecimiento de la enseñanza gratuita, pública, inclusiva, con respecto a las diversidades y comprometido con la calidad. Sin embargo, eso no ocurrió. Por otro lado, además de la mención de la relevancia de la educación en la declaración final, debe celebrarse como avance conquistado por la sociedad civil la referencia a la justicia tributaria en el documento. Faltó, sin embargo, un compromiso más sólido de los países con el fin de los incentivos fiscales perjudiciales y de la implantación de reformas tributarias progresivas. Generar recursos a partir de esas medidas sería una opción más racional frente al recorte de gastos para la educación, la salud, la asistencia social y otros derechos, bajo la justificación de controlar las cuentas públicas y superar la crisis económica. El G20, por lo tanto, deja una importante lección: o los gobiernos asumen compromisos claros y creíbles con la financiación educativa, o no llegaremos ni cerca de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4, que trata de la educación.">
G20, lejos de los compromisos esperados con la financiación de la educación
17 de diciembre de 2018El documento final de la Cumbre del G20 refleja lo tanto que los líderes de las naciones más ricas del mundo que forman parte de América Latina (Argentina, Brasil y México) han evitado asumir compromisos claros con la financiación adecuada del derecho a la educación. Durante el encuentro, se habló mucho sobre vulnerabilidad financiera, consensos geopolíticos, política monetaria, combate al terrorismo, entre otras temáticas recurrentes de la agenda globalizada. Por otro lado, aparecieron temas relevantes, como igualdad de género, inclusión financiera y educación. (más…)
Argentina: FMI y el recorte presupuestario para la educación
País sede del G20 este año, Argentina vive un proceso de cambio en su sistema educativo. “Son dos racionalidades totalmente diferentes entre la que tuvo Cristina Fernández de Kirchner y la del gobierno actual de Mauricio Macri. Es un cambio traumático porque las cosas que se habían hecho bien están siendo desarmadas continuamente, y las cosas que estaban mal no están mejorando, sino que se profundizan las deficiencias”, explica el coordinador de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, Alberto Croce. Para él, una de las principales amenazas al derecho a la educación en el país actualmente es el recorte presupuestario para políticas sociales. “El último acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) determina un recorte importante de presupuesto, lo que implica un ajuste fuerte que va a recaer en los sectores con menos capacidad de defensa y en los programas sociales, como los que tienen que ver con la educación rural, entre otros”, dice.Brasil: amenaza ultraconservadora y el desafío de incluir 2,8 millones de niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela
El más grande país de América Latina y el Caribe también es lo que más posee niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela. “Son 2,8 millones que no logran tener acceso a la educación en Brasil, cantidad que excede al total de la población de 59 países del mundo”, dice Andressa Pellanda, coordinadora de Políticas Educativas de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de Brasil. A esta problemática se suma la exclusión y discriminación que niños, niñas y adolescentes sufren en la escuela, por cuestiones de raza, etnia, color, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc. “Parte del desafío de la inclusión está relacionada a la falta de políticas anti-discriminatorias y también a la falta de calidad en la educación. La baja calidad se refleja especialmente en la precaria infraestructura de las escuelas y también en la casi inexistente valorización de las y los profesionales de la educación, que necesitan una buena formación inicial y contínua, buenas condiciones de trabajo y un salario que sea equivalente al de las otras profesiones con la misma formación”, afirma Andressa Pellanda. Para ella, la exclusión social de niños, niñas y adolescentes está directamente relacionada al bajo nivel de financiamiento en la educación y al hecho de que las políticas educativas no han tenido importancia central a mediano y largo plazo, como es el caso del Plan Nacional de Educación (PNE) que cumple 5 años sin que se hayan realizado sus metas. Otro desafío es la amenaza de grupos ultraconservadores que defienden una educación acrítica, con censura, de pensamiento único y que no incluye las diversidades. “Este movimiento tiene como principal bandera el proyecto ‘Escuela sin Partido’. Frente a tales presiones, la dimensión de la inclusión y también la libertad de enseñar y aprender están amenazadas”, dice Pellanda. Uno de los principales defensores de esta línea ultraconservadora en el país es el recién electo presidente, Jair Bolsonaro. Ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, la CLADE publicó una carta denunciando las amenazas que las propuestas de Bolsonaro representan para la educación brasileña. “El programa que defiende Bolsonaro para la educación representa un grave retroceso. Las propuestas de limitar el proceso educativo a la enseñanza de ‘portugués y matemáticas’, restringir el financiamiento público, promover la educación a distancia para primaria y secundaria, así como la censura al trabajo pedagógico docente, representan graves amenazas a la realización del derecho humano a la educación, la renuncia de la pedagogía y la profundización de desigualdades y discriminaciones históricas”, dice el documento.México:reforma educativa neoliberal y la negación al derecho a la estabilidad laboral de las y los docentes
Con más de 30 millones de estudiantes cursando la educación obligatoria, México posee uno de los más grandes sistemas educativos del mundo. En los años 2012 y 2013, el país dio inicio a una reforma educativa, impulsada por el gobierno de Peña Nieto. “La reforma educativa es una especie de zafiro, de piedra preciosa y única, que representa las atrocidades que se pueden hacer en nombre de la calidad educativa. Ella reúne organismos nacionales e internacionales, fundaciones empresariales, expertos, medios de comunicación, líderes sindicales corruptos y autoritarios, legisladores sin distinción de partido político, centros de investigación económica –no educativa- e, incluso, represión policiaca. Todo ello para mejorar la calidad educativa, calidad que según ellos se encontraba por los suelos por un único y terrible culpable: el docente”, dice Sebastián Plá, investigador titular en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista publicada por Hemisferio Izquierdo. En articulación con el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), la CLADE llama la atención para el deliberado desmantelamiento de la educación pública y la privatización de los servicios educativos en el país, que limitan gravemente el acceso de los sectores populares a una educación de calidad y con pertinencia socio-cultural. Rosa Zúñiga, secretaria general del CEAAL, y las organizaciones que son parte de la CADEM en México reconocen que la educación en el país ha vivido un proceso de despojo, empezando por el desconocimiento de los derechos de las y los docentes. “La inversión en educación disminuyó drásticamente, en los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Peña Nieto”, afirma Zúñiga. Según Sebastián Plá, la reforma educativa negó a las y los docentes el derecho a la estabilidad laboral y rechazó a toda organización colectiva magisterial, negando su saber práctico e intelectual. “El nuevo profesor es ahora un profesor experto en responder exámenes que definen lo que es ser maestro idóneo o no. Definición, por cierto, diseñada por lo indicadores del saber experto, no por el saber docente. El nuevo y digno profesor de calidad es un funcionario de Estado que sigue las indicaciones de sus superiores, no un intelectual capaz de producir conocimiento”, explica el investigador. CEAAL en México, CADEM y CLADE también demandan al nuevo presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, que asumirá el gobierno luego del cierre de la Cúpula del G20 - el 1º de diciembre-, un compromiso por la garantía plena del ejercicio de los derechos de las mujeres, en particular del acceso a una vida libre de violencia y discriminación, puesto que el 61.1% de las mujeres mexicanas de 15 años y más, manifiesta haber sufrido al menos un incidente de violencia. Del 2007 al 2016, 22 mil 482 mujeres fueron asesinadas en el país.“Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030” - Lea el documento de la CLADE que demanda a los Estados latinoamericanos participantes del G20 la reafirmación de su compromiso con la garantía de un financiamiento público adecuado, justo y sostenible para el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos, así como el cumplimiento de las legislaciones educativas nacionales vigentes que profundizan y fortalecen estos compromisos globales.">
La educación latinoamericana en el G20
30 de noviembre de 2018Líderes de 19 países del mundo y de la Unión Europea están reunidos en Buenos Aires, Argentina, en la cumbre del G20. Además de realizarse por primera vez en un país latinoamericano, el encuentro, en decisión inédita, discutirá la educación.
Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema de debate en un evento internacional realizado en un país latinoamericano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 – Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad. (más…)
Parlamento Europeo adopta resolución que alienta a no financiar escuelas privadas con fines de lucro
21 de noviembre de 2018La resolución, adoptada el pasado 13 de noviembre y que trata sobre la ayuda al desarrollo de la Unión Europea en el campo de la educación, toma entre sus fundamentos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que estipula que “toda persona tiene derecho a la educación”, y señala que la educación será gratuita, al menos en las etapas elementales y fundamentales. (más…)
Asamblea de la Campaña Mundial por la Educación trazó caminos para alcanzar sistemas educativos públicos con igualdad, inclusión y justicia
20 de noviembre de 2018El evento brindó una oportunidad para que activistas y defensoras/es del derecho a la educación de todo el mundo pudieran discutir y elaborar planes y estrategias comunes hacia la garantía de una educación transformadora y comprometida con los derechos humanos (más…)
Experto de Naciones Unidas alerta sobre impactos de la privatización generalizada
9 de noviembre de 2018El Relator Especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, afirma que la privatización generalizada de los bienes públicos está eliminando sistemáticamente la protección de los derechos humanos y marginando aún más a las personas que viven en la pobreza (más…)
Declaración de Ministros de Educación del G20 reafirma compromiso con la realización de la Agenda de Educación 2030
19 de octubre de 2018Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva (más…)
Organizaciones defienden el derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en audiencia ante el Comité de los Derechos del Niño
21 de septiembre de 2018En base a estudio realizado en América Latina y el Caribe, representantes de CLADE, OMEP y EDUCO presentaron retos y recomendaciones
Representantes de CLADE, OMEP – Vicepresidencia Regional para América Latina y Fundación Educación y Cooperación EDUCO participaron este 18 de septiembre en audiencia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en Ginebra, Suiza. En esta ocasión, defendieron la plena realización de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), así como la promoción de un enfoque coordinado, integral y multisectorial para la atención y la educación en la primera infancia.
Los planteamientos son resultado del estudio “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”, iniciativa conjunta de las organizaciones. La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.
Se señala la necesidad de profundizar en la relevancia y prioridad de la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI, concebida para niñas/os de 0 a 8 años de edad) en los marcos jurídicos, políticos, presupuestarios e institucionales, de manera que los mismos tengan un mayor arraigo en el interés superior del niño y otorguen una mayor protección a sus derechos. “Defendemos un enfoque integral de la atención y educación en la primera infancia desde el nacimiento hasta los 8 años, haciendo hincapié en su valor inherente por encima de la preparación para las próximas etapas educativas”, afirmó Mercedes Mayol Lassalle, de OMEP.
Dicho estudio demuestra el insuficiente desarrollo de las políticas estatales para la etapa que va del nacimiento a los 3 años de vida – lo que resulta en que para muchas familias, niños y niñas la educación y el cuidado en la primera infancia es todavía, en la práctica, un privilegio y no un derecho, ampliando aún más las brechas sociales en una región ya desigual como América Latina y el Caribe.
Asimismo, se identifica y denuncia la cobertura insuficiente en la AEPI, lo que afecta especialmente a los sectores sociales económicamente más rezagados, así como una infraestructura inadecuada para esta etapa educativa en términos de seguridad y accesibilidad para todas las personas. También se señala que la gratuidad de la AEPI todavía no se garantiza para todas y todos en la región, y que falta avanzar en la formación y valorización de las y los maestras/os de esta etapa educativa.
Una preocupación expuesta ante el Comité ha sido la tendencia creciente de centrar atención en los éxitos de carácter académico, conllevando además al sometimiento de niñas y niños cada vez más pequeñas/os a pruebas estandarizadas, en detrimento de sus derechos al juego, la creatividad, la cooperación, la autoconfianza y la autonomía. “Esa tendencia contradice los principios de la CDN y de sus Observaciones Generales, en particular el principio de la evolución de las facultades del niño”, señaló Mikel Egibar, de EDUCO.
Frente a este contexto, las organizaciones recomiendan: que los principios de la CDN integren de manera más exhaustiva y coherente los marcos legales, políticos y presupuestarios relacionados a la educación y al cuidado en la primera infancia; que el derecho humano a la educación de niñas y niños del nacimiento a 3 años sea plenamente garantizado; que se desarrollen formas de evaluación y modelos educativos para la AEPI que respeten las características específicas de esta etapa de vida, así como los conceptos y propósitos de la educación previstos en la CDN; y el fortalecimiento de sistemas de educación y cuidado en la primera infancia públicos y universales, como forma de superar las desigualdades y discriminaciones.
CLADE, OMEP y EDUCO hicieron un llamado al Comité para que apoye a los Estados miembros en la realización del derecho a la educación en la primera infancia, en diálogo con otros actores relevantes, desarrollando para ello orientaciones hacia la articulación de sus Comentarios Generales a las políticas de AEPI; y solicitando informaciones fiables y sólidas a los Estados de América Latina y el Caribe, sobre en qué medida están garantizando este derecho.
“Reafirmamos ante el Comité nuestro compromiso con la realización y el avance del derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en nuestra región, y nuestra disposición de seguir colaborando y dialogando en ese sentido”, afirmó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, en el cierre de la audiencia.
Estudio completo – La investigación completa, intitulada “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”, será lanzada el 18 de octubre de 2018, a las 12h00 de Brasil (GMT -3), con un seminario virtual que tendrá la presencia de Jorge Cardona Llorens, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, al lado de otras/os invitadas/os. En breve, compartiremos una invitación virtual con otras informaciones sobre cómo participar en este evento. Descargue el sumario ejecutivo de la investigación:
CLADE insta Estados del G20 a reafirmar su compromiso con la realización de la Agenda de Educación 2030
1 de agosto de 2018La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en articulación con la Campaña Mundial por la Educación (CME) y sus miembros en países de la región que forman parte en el G20- Argentina, Brasil y México – incide para lograr un compromiso del G20 con la realización plena de las metas de la Agenda de Educación 2030
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Resolución de Consejo de la ONU exhorta al cumplimiento efectivo del derecho a la educación de todas y todos
20 de julio de 2018La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados.
Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos).
Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”.
Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho.
El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”.
Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados.
En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional.
Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”.
Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13
Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces:
http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/
