Regional: Por el derecho a la educación de la cuna a la tumba
29 de marzo de 2023
Promover la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) como derecho implica dejar de tratarla como remedial, es decir en desprotección de los Estados, por el contrario, la defensa del acceso a una educación de calidad y gratuita es un camino, una alternativa para la inclusión de quienes por diversas razones no pudieron seguir en el sistema formal.
La educación popular se centra en ser sujetos y sujetas políticas de transformación, esto es favorecer procesos de intercambio de saberes que permitan soñar una sociedad que supere las violencias y discriminaciones en sus múltiples expresiones.
Diálogo con Miriam Camilo Recio, educadora popular de formación y por opción, lasallista y con larga trayectoria en el acompañamiento de Personas Jóvenes y Adultas, tiene una amplia experiencia en gestión de políticas públicas en todo el sistema educativo y en sociedad civil, integrante y fundadora del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). Ha publicado recientemente el libro Construyendo sueños. Una década de política y gestión para la inclusión educativa de personas jóvenes y adultas (2010-2020) tomando en cuenta las prácticas en República Dominicana.
Episodio 5: Educación no sexista en Podcast Educación ¿qué onda?
20 de marzo de 2023
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte la quinta edición de su Podcast, Educación ¿qué onda?, dedicado a la educación no sexista a propósito de la conmemoración del 8 de marzo, día internacional de la mujer.
Con una duración de 23 minutos, el episodio destaca diferentes experiencias y reflexiones que vinculan la educación con el enfoque de género así como la situación de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres que muchas veces enfrentan obstáculos para continuar sus trayectorias educativas.
La Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM) participó de la Comisión que realiza una convocatoria anual, cuyo tema central de este año 2023 se centró en la innovación, el cambio tecnológico, y la educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
Para compartirnos las tensiones sobre la inclusión y la brecha digital, así como las disputas que amenazan el ejercicio del derecho humano a la educación invitamos a Imelda Arana, educadora e investigadora en temas de educación y pedagogía, políticas de mujer, género y derechos humanos, coordinadora nacional de REPEM en Colombia y a Cecilia Mena, integrante de ACDemocracia en Ecuador, ambas participaron virtual y presencialmente de la CSW67.
En esta sección también compartimos los análisis que la CLADE impulsa desde el Grupo de Trabajo (GT) sobre Género con el proceso formativo sobre la transversalización de la perspectiva de género. Al respecto nos amplía la facilitadora Laura Plascencia, colaboradora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), especialista en Derechos humanos de las mujeres, investigadora con perspectiva de género de temas como presupuesto y políticas públicas.
Ecos y Voces: prevención de violencia de género en ámbitos educativos rurales
Los procesos educativos pueden aportar a la deconstrucción de la cultura de violencia de género. Según Ariadna Reyes, asesora de investigación participativa con enfoque de género del proyecto Estrategias para prevenir la violencia sexual, de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales coordinado por la CLADE quien profundiza sobre los desafíos que tiene el ámbito escolar rural para prevenir situaciones de violencia basada en género.
Tejiendo en Red: la inclusión educativa y trabajo infantil
El trabajo infantil y la pobreza son claves que nutren los riesgos de exclusión educativa, por lo cual los Estados deben priorizar financiamiento justo y adecuado para el derecho a la educación y para los mecanismos de protección de las infancias y juventudes.
Finalmente invitamos a visitar los módulos del curso de educación y género que ha permitido profundizar la reflexión de la perspectiva de género dentro del movimiento por el derecho humano a la educación.
Episodio 4: sobre Proyecciones 2023 ¿Qué esperamos para el derecho humano a la educación? en el Podcast Educación ¿Qué onda?
23 de febrero de 2023
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el cuarto episodio de su Podcast, Educación ¿qué onda? En esta primera emisión del año 2023 se comparten las proyecciones que soñamos y luchamos para que el derecho humano a la educación sea ejercido en plenitud por toda la población de nuestra región latinoamericana y caribeña.
Este cuarto episodio con una duración de 24 minutos destaca las Proyecciones para este 2023, en el marco de la Campaña #EducaciónEnEmergencias que impulsa desde diversas latitudes esfuerzos por la incidencia y protección del derecho humano a la educación.
Notas en la Pizarra: incertidumbre política en Perú y el monitoreo de datos de la EPJA
Contamos con el análisis del contexto político de Perú que se mantiene en incertidumbre, siguen las movilizaciones en diversos puntos del país, estas acciones han sido fuertemente reprimidas por las autoridades policiales y militares, al mismo tiempo se evidencian decisiones ministeriales que vulneran el derecho humano a la educación.
Ecos y Voces: digitalización y derecho a la educación
El derecho a la educación ha sufrido un impacto por la virtualización, lo que a su vez ha exigido a la sociedad civil profundizar en el debate sobre el uso de las tecnologías.
La posibilidad de la digitalización de ningún modo debe entenderse como una sustitución de la escuela, al contrario debe facilitar la valoración de la educación pública con un financiamiento justo y pertinente.
En este episodio, Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación nos comparte su análisis sobre la creciente digitalización y comparte su visión sobre la actuación de la CLADE en el escenario internacional.
Tejiendo en Red: la inclusión educativa en 2023
Para finalizar, invitamos a escuchar la labor que adelanta la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI), que trabaja por el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación inclusiva en una escuela para todas y todos, presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Honduras.
Sociedad civil demanda justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora
Para contribuir con el avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, es necesario que los países de la región latinoamericana y caribeña establezcan acciones y medidas que amplíen su base impositiva y, al mismo tiempo, dote de mayores recursos a los sistemas educativos públicos.
LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) organizan un foro público virtual titulado “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”, para visibilizar la agenda conjunta de trabajo que busca la convergencia entre la justicia fiscal y el derecho a la educación. En el foro también se socializarán los principales hallazgos del estudio “Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación: Una mirada regional desde América Latina”.
Necesidad de sistemas fiscales comprometidos con la inversión social
Previo a la pandemia, los países de la región enfrentaban desafíos como la inclusión y la calidad educativa, mismas que profundizaron las brechas de desigualdad con la crisis sanitaria y global. Los países que tuvieron mayor disponibilidad de recursos y capacidades lograron dar mejores respuestas a la crisis, pero no fue una realidad palpable en la mayoría del continente.
Según la UNESCO, los países de América Latina y el Caribe ocupan el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial en cuanto a la inversión del 4.4% de su Producto Interno Bruto (PIB) en promedio o el 15.6% de su gasto total en educación. Esta región invierte 3.8 veces menos por cada estudiante, en comparación con Europa y Norteamérica, donde los sistemas educativos son de mayor desempeño.
Los sistemas fiscales de los países latinoamericanos y caribeños se caracterizan por la predominancia regresiva, es decir, que el grueso de la carga tributaria recae en los impuestos a bienes y servicios frente a los impuestos a la renta y propiedad. Los primeros representaron el 11.2% del PIB mientras que los segundos el 6.2% del PIB.
La justicia fiscal es un camino para garantizar el derecho a la educación
Para generar un financiamiento público oportuno en educación es indispensable mecanismos de justicia fiscal. La promoción del acceso equitativo a una educación de calidad y la reconstrucción de los sistemas educativos de la región requieren presupuestos sostenibles y pertinentes. Uno de los mecanismos de garantizar los compromisos presupuestarios radica en mejorar los mecanismos de justicia fiscal, así la relación bidireccional entre la educación y la justicia fiscal es impostergable.
La justicia fiscal implica retornos sociales de la inversión en educación, porque permiten sostener la garantía del derecho humano a largo plazo. Un financiamiento que cuente con mayores ingresos fortalece a su vez la calidad educativa, las condiciones laborales de docentes y mejoramiento de infraestructura, lo que genera mayor compromiso contributivo de la ciudadanía en general.
Convocatoria a foro público sobre justicia fiscal y educación
El foro público abre su invitación para la participación de funcionarios y funcionarias públicas, congresistas, personas de la academia, integrantes de la sociedad civil y gremios de docentes para este viernes, 3 de marzo de 2023. El evento se realizará en español con traducción simultánea al inglés y portugués. Disposición del registro para inscripción aquí .
REPEM LAC: exigimos políticas públicas de inclusión con enfoque feminista ante la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67)
15 de febrero de 2023
En América Latina y el Caribe cuatro de cada 10 mujeres no están conectadas y/o no pueden costear su conectividad, lo que constituye un elemento clave para la desigualdad estructural que conlleva a exclusiones del ámbito educativo, de una vida libre de violencia, del acceso laboral, sanitario y otros derechos que se ven seriamente amenazados para la mayoría de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.
En este contexto, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67) ha realizado su convocatoria anual, con énfasis en un tema central para la sesión de este 2023 cuya prioridad es la innovación y cambio tecnológico, y educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, acompañado de un tema de revisión, señalado en esta oportunidad como los desafíos y oportunidades para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales.
El enfoque feminista en el llamado de la sociedad civil
La Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe -REPEM LAC ha sido acreditada para asistir como parte de la sociedad civil en calidad de organización no gubernamental, realizando un posicionamiento que será presentado en diversos espacios de incidencia de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Señala que “la perspectiva de innovación, cambio tecnológico y educación en la era digital para ser acorde con la igualdad de género, ha de basarse en un cambio de modelo científico y tecnológico que se centre en el desarrollo humano (…) y no solo en el crecimiento económico y militar (…) pasa por el reconocimiento de las mujeres como creadoras, productoras e innovadoras en el ciencias, tecnología e innovación”.
La REPEM reitera un llamado a profundizar un proceso de digitalización vinculado estrechamente al derecho humano a la educación. Una educación que permita la proyección de las mujeres hacia “nuevas y mejores formas de vida que trasciendan y transformen lo que les ha impedido ser y estar, hasta que la democracia, la justicia y el bien colectivo se hagan costumbre”, de esta manera se suma a las voces de demandas de la sociedad civil por una inclusión digital con enfoque de derechos y perspectiva feminista.
El documento también afirma que “desde la experiencia y práctica histórica de la Educación Popular de la REPEM llamamos a los Estados partes reunidos en la CSW67 a implementar y reforzar políticas públicas inclusivas para el avance de las niñas y las mujeres, para que desde su diversidad cuenten con herramientas que les permita acceder a los avances tecnológicos que mejoren su incorporación social y económica, con nuevos modelos de aprendizaje como derecho humano”.
Avances globales en los derechos de las mujeres
La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es una comisión funcional del Consejo Económico y Social (ECOSOC), y es el principal organismo intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Desde 1996, el ECOSOC amplió su orientación para ofrecer seguimiento a la agenda intergubernamental del escenario internacional con perspectiva de género, a fin de promover acuerdos globales sobre la igualdad de género, los derechos de las mujeres en los ámbitos político, económico y social y su empoderamiento.
La Comisión tiene una convocatoria anual, convocando a representantes de los Estados miembros de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y entidades de la ONU para “la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing(1995), el documento de política global clave sobre igualdad de género, y la23ª sesión especial de la Asamblea General(2000 -Beijing+5), así como temas emergentes. Se pretende que las recomendaciones de esta comisión contribuyan al seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer(CSW) se reunió por primera vez en Nueva York (1947), desde su inicio contó con la unidad de las Naciones Unidas, hasta que como CSW obtuvo estatus consultivo con el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).
La Comisión redactó las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer, como laConvención sobre los Derechos Políticos de la Mujer(1953), siendo el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de la mujer.
En su trayectoria siguieron diversos marcos normativos progresivos para los derechos de las mujeres desde esta instancia de la Comisión, como la regulación para los matrimonios, la edad mínima para su consentimiento, así como la igualdad en la remuneración y salario del sector trabajador de mujeres, eliminación de todas las formas de discriminación y pronunciamientos vinculados a la afectación diferenciada por la pobreza, el desarrollo comunitario y rural, el trabajo agrícola, la planificación familiar y los avances científicos y tecnológicos. También se profundizaron iniciativas en torno a la prevención de la violencia contra la mujer.
La desigualdad de género se acentúa con la brecha digital
“La pandemia aceleró la tendencia hacia la transformación digital y visibilizó demandas pendientes en cuanto a los sistemas de educación y a las brechas de conectividad y uso de dispositivos”, situación advertida en el marco de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), espacio en el cual se dio a conocer el documento de referencia titulado La igualdad de género y la autonomía de las mujeres y las niñas en la era digital: Aportes de la educación y la transformación digital en América Latina y el Caribe, y con preocupación afirma sobre la región que se “enfrenta una serie de crisis en cascada que exacerba las brechas históricas y los nudos estructurales de la desigualdad de género”. En tal sentido, se subraya que disminuir las brechas digitales de género favorece la autonomía, la participación y la inclusión de las mujeres.
Este conversatorio manifestó la intención de tejer una reflexión acerca de la importancia del monitoreo en las políticas de EPJA a partir de los compromisos asumidos en la CONFINTEA VII y en otros acuerdos internacionales, con participación y aportes de la sociedad civil y de las comunidades educativas que permiten el intercambio de información relevante, sus múltiples voces y experiencias.
El especialista señaló que este informe fue basado en la información ofrecida por 159 países a nivel mundial, de la región latinoamericana y caribeña fueron 25. Esta quinta edición tuvo un especial énfasis temático en la ciudadanía y en las repercusiones de la pandemia para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Los avances resultan aún insuficientes, así lo afirmó Raúl Valdés durante el conversatorio “las políticas de los últimos 12 años han mejorado, pero millones de adultos en todo el mundo siguen careciendo de conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética, siendo dos tercios mujeres”.
Durante el conversatorio se reconoció que la pandemia aceleró la transición de los modos de aprendizaje a distancia y asistidos por la tecnología, no obstante persisten las desigualdades estructurales en las poblaciones que participan de la EPJA.
El Informe Mundial (GRALE) es un instrumento para fortalecer las políticas
El informe GRALE combina datos de encuestas, análisis de políticas y estudios de casos ofreciendo un panorama actualizado de la situación del aprendizaje y la educación de personas jóvenes y adultas, así como una mirada sobre la educación de la ciudadanía, incluida la educación de la ciudadanía mundial.
Los desafíos interseccionales de la EPJA
Si bien hay avances, según lo señalado por UNESCO en su informe, la educación de personas jóvenes y adultas no llega a quienes más la necesitan, sobre todo en la participación de las mujeres, grupos poblacionales con riesgos de vulnerabilidad como indígenas, las poblaciones rurales, personas migrantes, personas adultas mayores, con discapacidad o en situación de privación de libertad, a quienes se les dificulta el acceso al derecho a la educación.
Las recomendaciones del Informe señalan la importancia de promover un cambio sobre el aprendizaje y la EPJA, acompañado de una inversión adecuada para su garantía.
El Informe señala que “alrededor del 60% de los países informaron de que no había mejorado la participación de las personas con discapacidad, migrantes o privadas de libertad. El 24% de los países informaron que la participación de las poblaciones rurales disminuyó. Y de las personas adultas mayores también disminuyó en el 24% de los 159 países encuestados”.
Mercedes Mayol Lasalle, OMEP: “Es un logro que los Estados se comprometan al 10% del presupuesto para la primera infancia”
20 de enero de 2023
Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP)afirma que no existe política pública si no hay un financiamiento que le corresponda, eso exige superar las miradas y prácticas fragmentarias de los ámbitos educativos.
Hasta ahora, el marco internacional de derechos humanos garantiza explícitamente el derecho a la educación primaria gratuita, sin embargo las organizaciones de la sociedad civil por el derecho a la educación subrayan la necesidad de fortalecer los compromisos de los Estados en la educación a lo largo de la vida.
En tal sentido, el período de vida que va desde el nacimiento hasta los ocho años de edad es considerado como primera infancia, etapa sobre la cual se hizo un llamado internacional durante la II Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia, celebrada en Tashkent – Uzbekistán.
La Declaración Finalde Tashkent ratificó la garantía de una Atención y Educación de las Primeras Infancias (AEPI) equitativa, inclusiva y de calidad, reafirmando el componente ambiental y de cambio climático en el proceso educativo.
Inclusión desde la primera infancia
En la actualidad, 1 de cada 4 niñas o niños menores a 5 años no ha recibido nunca ningún tipo de educación preescolar, lo que representa 33 de los 134 millones a nivel mundial, según lo presentado en el Informe presentado por la UNESCO durante la Conferencia La educación empieza pronto: avances, retos y oportunidades; informe de fondo de la conferencia, se señala que la participación en la educación preescolar ha crecido significativamente en los últimos diez años, ya que en 2010 se estimaba un 46% y para el 2020 alcanzó el 61%. Lo cual no representa que haya sido así en todos los países, pues eso depende de sus condiciones de renta (baja, media o alta).
Para Mercedes Mayol Lasalle es “un gran logro de la conferencia ha sido que del presupuesto público dirigido a educación se comprometió el 10% para el nivel preescolar”, a lo cual suma la necesidad de acompañar la implementación de estos acuerdos por parte de la sociedad civil para preservar la educación como un bien público, y resguardarlo del peligro de la comercialización o tratamiento como un bien privado.
La confianza en los datos es clave para el diseño de políticas públicas
Es necesario a juicio de la especialista mantener un seguimiento en la definición de la política pública y “trabajar construyendo evidencia científica construyendo información sobre la primera infancia. Necesitamos saber qué le pasa a las primeras infancias, para integrar y fortalecer las políticas y estrategias interministeriales y multisectoriales”, afirmó la especialista.
Se espera que a partir del 2023, todas las instancias de atención y protección a la primera infancia puedan acoger los compromisos acordados como parte de los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
¡Felices fiestas! Por un 2023 con una educación transformadora
22 de diciembre de 2022
A lo largo de todo este año, caminamos juntas y juntos fortaleciendo la lucha por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.
Muchos fueron los temas y acciones desarrollados por toda nuestra red.
Desde la CLADE deseamos que en el 2023, compartamos con más fuerza y unión, el camino rumbo a la justicia social desde una educación pública, que tenga como pilares el cuidado y la transformación.
Mirando el futuro de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Y después de la CONFINTEA VII ¿qué?
23 de noviembre de 2022
Mirar al futuro analizando el presente es una necesidad, un compromiso y un desafío. Mirar el presente implica reconocer la profunda crisis civilizatoria en la que nos encontramos, agudizada por la pandemia, que vulnera los derechos fundamentales de la población, incluidos los de la madre tierra, y en ese contexto el impacto en la salud, trabajo digno, seguridad alimentaria, violencias, la educación en general y en especial la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA).
Ese contexto nos ha comprometido permanentemente a realizar el seguimiento de la EPJA en nuestros países, muchas veces imprecisos por la falta de data, así como, recoger diversos balances para realizar el Seguimiento tanto de los de los acuerdos de la CONFINTEA VI (2009) realizada en Belem Do Pará, tierra de Paulo Freire, así como, la CONFINTEA VII 2017 realizada en Marruecos.
El CEAAL desde su compromiso como movimiento de educad@res populares, en alianza con otros actores desde opciones políticas críticas y emancipadoras, asume un compromiso con las poblaciones que han sido vulneradas en sus derechos fundamentales, como por ejemplo, la educación de personas jóvenes y adultas y promover procesos de liberación, así como, la lucha por políticas públicas que aseguren los derechos en general y en este caso el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas.
Por lo que, el Grupo de Incidencia en Política Educativa del CEAAL junto a redes latinoamericanas y caribeñas, hemos desarrollado entre otras estrategias formativas, de desarrollo del conocimiento, de comunicación, de alianzas, de incidencia, procesos de seguimiento: a ) balances y propuestas hacia la CONFINTEA VI; b) elaboración del informe de seguimiento de la CONFINTEA VI para la reunión de medio término realizada Suwon (2017). En este informe señalamos junto a algunos avances y prácticas innovadoras nudos críticos que urgen resolver. Presentamos a continuación una breve síntesis de los mismos.
Nudos críticos al 2017
Alfabetización: Las brechas en alfabetización se mantenían, especialmente en las poblaciones rurales, afrodescendientes, y un leve avance en las mujeres. En algunos países la alfabetización se articulaba al desarrollo de la ciudadanía, de los derechos humanos y de la relación con el entorno social y ambiental; en relación al trabajo, seguía primando la visión instrumentalizada del mismo, y no una visión de trabajo digno; junto a ello, la visión de corto plazo para la atención al analfabetismo, junto a enfoques educativos tradicionales y no una alfabetización ligada al cambio y la transformación personal y social.
Política: Se observó que no existía una gestión interministerial, siendo que la EPJA es atendida por otros sectores; bajos presupuestos, y que eran pocos los países que invertían hasta el 4 % del PBI y que, la mayoría se encontraba en el rango del 1% del presupuesto nacional. c) Deficientes sistemas de información; d) Deficientes mejoras en la calidad de los servicios y ofertas educativas; e) el foco en la enseñanza estaba puesto en el lenguaje y la matemática; f) los esfuerzos de las políticas educativas no lograban detener el abandono escolar; g) los servicios públicos de la EPJA se devaluaban en sus condiciones materiales, de recursos profesionales y no se comprobó una reacción de parte de los gobiernos para potenciarla y renovarla de acuerdo a los desafíos que enfrenta; h) las formas escolarizadas de EPJA eran meramente sin responder a la grave vulneración de sus derechos que condena a esta población a vivir en condiciones de exclusión si los países no implementan políticas que otorguen a los sistemas públicos la capacidad de responder a esta “violencia educativa” que permitan el acceso y disfrute de todas las personas de los bienes del conocimiento, el desarrollo del capital cultural de las comunidades y la participación consciente en la vida política y económica.
CLADE presente en la Asamblea de la Campaña Mundial por la Educación
22 de noviembre de 2022
Reimaginar el futuro de la educación, con la etiqueta #EducationReImagined (en inglés) es el llamado que realiza la Campaña Mundial por la Educación para su Asamblea Mundial VIl. Este evento reunirá a más de 180 personas delegadas provenientes de más de 130 países.
En la convocatoria de la CME se señala que es la mayor movilización del planeta con la agenda educativa como prioridad, por tal motivo argumentan que a nivel global “desempeña un importante papel geopolítico en la configuración y redefinición del trabajo de incidencia sobre el derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad”.
La convocatoria a la Asamblea también afirma que “en los últimos años, la agenda de la reforma educativa, incluido el financiamiento, ha durado tanto que en realidad no se está reformando nada. La pandemia actual ha exacerbado muchas desigualdades en la sociedad y en la educación: esa reforma ya no es necesaria. Lo que se necesita es una transformación completa y radical de la escolarización y del sistema educativo en general para que la educación pueda volver a ser transformadora”.
Un debate abierto sobre cuestiones urgentes y emergentes
Este movimiento mundial observará el avance del derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad para todas las personas, para así profundizar la ruta que podría enfrentar los obstáculos, retos y oportunidades a fin de superar la exclusión, la discriminación, las crisis de violencia y desigualdad que afectan a la educación.
La CME también ha expresado en la promoción de la Asamblea Mundial que la pandemia complejizó la situación del derecho humano a la educación, “dejando a millones de personas sin escolarizar y amenazando la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (ODS4) y la Agenda de Desarrollo Sostenible en general”, igualmente apunta una preocupación por la disminución de los recursos destinados a la educación, así como por el desplazamiento de personas víctimas de las guerras, conflictos o situaciones que son consecuencias del cambio climático y de cuestiones ecológicas.
Grant Kasowanjete, el coordinador global de la CME señaló que “como movimiento de la CME, vamos a abordar los principales problemas y desafíos a los que se enfrenta la educación además de idear formas loables de contribuir a resolver estos problemas”.
De esta manera, se notifica en la convocatoria que “será una oportunidad de discutir y debatir cuestiones urgentes y emergentes, así como acordar y aclarar las posturas colectivas, aprender e intercambiar con los demás, y establecer las prioridades y la dirección del movimiento educativo mundial”.
Además, se espera que puedan generarse los consensos sobre el plan estratégico que definirá las acciones de los próximos 4 años (2023 – 2027) junto a la nueva directiva que surja de las elecciones en dicha Asamblea.
La región latinoamericana y caribeña presente
América Latina y El Caribe, como región contará con una delegación de 16 representantes de la sociedad civil en la Asamblea de la Campaña Mundial por la Educación.
Para Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, “es un momento importante del proceso institucional, ya que saliendo de la XII Asamblea regional de la CLADE, -dichas representaciones- participan en la asamblea mundial”, señala que es el primer encuentro presencial luego de la pandemia.
“Es una Asamblea desafiante en varios sentidos, el primero de ellos, que significa obviamente reunirse en un escenario aún más complejo que aquel escenario que se tenía antes de la pandemia con relación al derecho humano a la educación” subrayó la coordinadora general de la CLADE.
A juicio de Nelsy Lizarazo, las expectativas son muchas y diversas, ya que se procura incluir en el plan estratégico temas como el género, la educación pública, la inclusión, la primera infancia, la digitalización, la educación en emergencia y el financiamiento que han sido profundamente debatidos en la región latinoamericana y caribeña para manifestar las preocupaciones compartidas y las movilizaciones necesarias.
La juventud de la región participa en la apertura de la Asamblea
Diana Ayala de Honduras, miembro del GAG de la CME representó a la coalición nacional Foro Dakar Honduras, a la juventud de la coalición latinoamericana de la CLADE y así como al Grupo de Líderes Juveniles de la CME.
En la intervención de la mesa inaugural, Diana Ayala afirmó que “el contexto de los jóvenes y estudiantes ha sido limitado por muchos años en los espacios de decisión y creación de políticas, y sumado a eso la pandemia ha dejado aún más barreras de equidad, mostrando que los sistemas educativos, específicamente en los países de más bajos ingresos, no estaban listos para atender las necesidades de los estudiantes más marginados, que los maestros no estaban completamente preparados para cambiar a un aprendizaje digital; que las áreas rurales siguen siendo excluidas; que no tenemos planes y respuestas para los niños y niñas que tienen alguna discapacidad; y las oportunidades de trabajo para las y los jóvenes son muy limitadas, que la privatización de la educación superior es una barrera para muchos”.
Agenda general de la Asamblea
La agenda pública tendrá foros de debate para profundizar los temas centrales de la movilización y buscar consenso sobre las acciones para un nuevo pacto que garantice el financiamiento educativo, el género y la inclusión.
Las mesas serán la base para que se hacer frente a los efectos de la privatización, el endeudamiento, la rendición de cuentas de los Estados y la fiscalidad regresiva. Además serán debatidas las condiciones docentes y la participación de jóvenes y estudiantes.
Tomando la agenda pública de la Asamblea Mundial se señalan tres componentes programáticos principales:
Foro de políticas para un debate de alto nivel sobre el futuro de la educación;
Construir un movimiento sostenible y resiliente que sea apto para su propósito
Una reflexión sobre el impacto de la educación para la ciudadanía global (ECM, por sus siglas en inglés) y sobre el camino a seguir para alcanzar las metas del objetivo desarrollo sostenible referido a la educación (ODS 4).
Los debates de alto nivel del foro de políticas así como los paneles de discusión paralelos facilitarán la mirada sistémica en las cuatro áreas:
Transformación completa y radical de los sistemas de educación pública.
Descolonizar la financiación de la educación.
Interseccionalidad, género e inclusión.
Digitalización de la educación.
Sobre la CME
La Campaña Mundial por la Educación (CME) reúne a organizaciones, redes y coaliciones de la sociedad civil de 130 países, además de representar a una diversidad de actores, tales como jóvenes y estudiantes, docentes, líderes/as sindicales, activistas, investigadores/as y académicos/as de todo el mundo.
La Campaña Mundial por la Educación representa la voz de la sociedad civil en los espacios y procesos de política educativa en todo el mundo. Trabaja desde 1999, fecha en la que el Foro Mundial de la Educación se convocó en Dakar, acordando una plataforma unificada que sumara diversas iniciativas sobre la educación.
La misión de la CME “es promover y defender la educación pública y gratuita de calidad como un derecho humano básico además de movilizar la presión pública” expresada en su página. La CME se identifica como un movimiento internacional que integra las dinámicas de las coaliciones nacionales de educación, así como organizaciones internacionales y regionales.
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