Webinario ¿Por qué vincular la educación y la justicia fiscal?
7 de septiembre de 2022La Campaña Mundial por la Educación (CME) convocó este 31 de agosto el webinario ¿Por qué vincular la educación y la justicia fiscal? con la intención de facilitar el debate sobre la necesidad de una financiación adecuada para la educación y los progresos realizados hasta la fecha. En el evento también participaron Vernor Muñoz y Grant Kasowanjete del equipo de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Rene Raya de Asociación de Asia y el Pacífico Sur para la Educación Básica (ASPBAE), Boaz Waruku de la Campaña de la Red Africana de Educación para Todos (ANCEFA), junto a David Archer, Maria Ron Balsera, Caroline Othim y Maria Ron Balsera.
Laura Giannecchini del equipo de CLADE afirmó durante el panel que “si los sistemas de educación pública estaban infrafinanciados y sometidos a presión antes del 2020, seguramente, la pandemia de COVID-19 agudizó este escenario. Se estima que en 2020 el PIB de ALC cayó un 7.7%. Según la CEPAL, fue la mayor caída en 120 años, lo que produjo una caída en el nivel de recaudación de los Estados”.
En tal sentido la pandemia generó un escenario de mayor endeudamiento para los países de la región latinoamericana y caribeña, “la crisis produjo una reorientación de los fondos acorde a las emergencias detectadas, como el fortalecimiento de los sistemas de salud, acceso a servicios básicos y programas de protección social – lo que está bien. Pero la educación no fue priorizada” subrayó en su intervención.
Propuestas para reformular el sistema de impuestos
Durante el webinario se resaltó que la región latinoamericana y caribeña pierde cerca del 5 % del Producto Interno Bruto (PBI) en exoneraciones a grandes corporaciones, esto equivale al compromiso que deben asumir los Estados para el financiamiento educativo, marcado internacionalmente en al menos 6%. Por ello es necesario sincerar el incremento potencial estimado de la recaudación en la modificación urgente de 3 impuestos a nivel regional, reformulando el impuesto predial, impuesto a grandes fortunas y la fiscalización – regularización de recursos corporativos.
Adrián Falco de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe compartió información sobre la alianza estratégica con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) a través de una iniciativa que aporta en la generación de respuestas conjuntas de alcance nacional y regional, que sirvan de manera eficaz al posicionamiento de una agenda de trabajo con espacios gubernamentales claves, y que fortalezca las demandas por más y mejor financiamiento educativo sostenible vía la implementación de políticas tributarias progresivas.
La reducción de los recursos públicos en las economías de América Latina y el Caribe ha afectado la consecución del derecho a la educación. Parte de esta problemática responde a una baja recaudación tributaria, ocasionada por prácticas de evasión y elusión fiscal de megacorporaciones y por la reaparición de las políticas de austeridad.
Justicia fiscal, retos ante la evasión y la elusión de impuestos
Todos los impuestos que no se pagan a los gobiernos amenazan la democracia, ya que son montos que podrían representar mayor financiamiento para protección de derechos como la salud, la educación o la infraestructura pública en general. La evasión de impuestos erosiona entonces la capacidad de financiamiento de cuestiones públicas por parte de los gobiernos.
La justicia fiscal es un elemento clave para la justicia financiera global, implica un sistema tributario que traduzca criterios de justicia para todos los países del mundo.
Uno de los temas para concretar la justicia fiscal considera los impuestos, ya que se estima que las corporaciones transnacionales evaden impuestos a través de las llamadas ayudas para el desarrollo, sin embargo estos recursos no se destinan con la prioridad y atención que los países y, la mayoría de la población, necesitan.
Una oportunidad crítica de la justifica fiscal amerita revisar cómo los países del Sur y Norte global pueden proteger las finanzas públicas a través de mecanismos de transparencia y equilibrio financiero.
A veces las empresas para evadir impuestos encuentran estructuras internas complejas para encontrar lagunas de leyes fiscales que les permita lo que se conoce como elusión fiscal. Además las empresas multinacionales con frecuencia se valen del secreto financiero, los paraísos fiscales, la manipulación y actos de corrupción con personas que ejercen funciones gubernamentales para que las acciones del sistema tributario están favorablemente sesgados.
Las empresas multinacionales son responsables de alrededor de un tercio de la producción económica mundial, de la mitad de las exportaciones mundiales y de una cuarta parte del empleo mundial.
Se estima que 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional, con 1,90 dólares diarios según la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin duda una de las estrategias para revertir las desigualdades estructurales en el ámbito global implicaría la justicia fiscal y tributaria así como políticas globales, regionales y nacionales redistributivas.
Informe sobre Justicia Fiscal
El Informe sobre el estado de la Justicia Fiscal (disponible en inglés) publicado en 2021 por la Alianza Global por la Justicia Fiscal, la Internacional de Servicios Públicos afirma que las pérdidas de ingresos debido a los abusos fiscales transfronterizos de las empresas multinacionales y de los particulares que ocultan activos y flujos de ingresos en el extranjero llegan a 483.000 millones de dólares anuales. De este monto 312.000 millones se pierden por abuso del impuesto de sociedades transfronterizas por parte de las empresas multinacionales y cerca de 171.000 millones de dólares se pierden por la evasión por parte de personas ricas.
El informe señala que “esta evasión pública de las responsabilidades sociales por parte de los actores más destacados también socava la moral y el cumplimiento fiscal en toda la sociedad. Las pequeñas empresas ven la desigualdad de condiciones a la que se enfrentan, cuando sus competidores más grandes y multinacionales se benefician de los gastos fiscales y del abuso fiscal transfronterizo, y se preguntan por qué deben ser las únicas que cumplen con sus responsabilidades en su totalidad. Los hogares con menores ingresos se hacen la misma pregunta, mirando a los hogares de renta alta con participaciones en paraísos fiscales”.
Asiste el webinario completo aquí:
Vernor Muñoz: la imagen que deja este Foro Político de Alto Nivel de este año es bastante superficial
31 de agosto de 2022La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde el Consejo Económico y Social (ECOSOC) convoca el Foro Político de Alto Nivel (por sus siglas en inglés HLPF) sobre el desarrollo sostenible como la plataforma central de seguimiento y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Foro de este año 2022 fue realizado desde el 5 hasta el 15 de julio y tuvo como lema “Reconstruir mejor a partir de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) mientras se avanza en la implementación total de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Imagen bastante superficial
El análisis que comparte Vernor Muñoz, jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación, que estuvo presente en el Foro como integrante de la sociedad civil. Según él, la imagen que deja este Foro es bastante superficial, ya que resultan insuficiente los informes que los propios países exponen sobre el desarrollo de sus obligaciones desde un enfoque de logro y atractivos que se contrasta con las demandas que muchas veces la sociedad civil exige en sus ámbitos nacionales.
El intento por relacionar los debates sobre la Cumbre de Transformación de la Educación que convocará la Asamblea General en septiembre, para Muñoz “…esto de alguna manera fue también un distractor para analizar temas de profunda relevancia, importancia que tienen que ver con el financiamiento de la educación, que tienen que ver con la construcción de condiciones de igualdad y especialmente con la necesidad de superar los vacíos y los enormes retos que ha dejado la pandemia del Covid.”
El Foro Político de Alto Nivel deja un sabor agridulce, cuando el especialista señala que por un lado estas dinámicas siempre son oportunidad para trabajar por incidencia política pero por otro, los espacios para la participación de la sociedad civil son muy limitados, y cuando escasamente se logra acceder al derecho de palabra se restringe a dos minutos, siendo insuficiente para reaccionar y generar un debate profundo sobre la Agenda 2030.
Relevancia del Foro por su revisión de la Meta sobre Educación
Vernor Muñoz, jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación ofrece su análisis a propósito del Foro Político de Alto Nivel (por sus siglas en inglés HLPF) que se reunió en Nueva York desde el 5 hasta 15 de julio, evento en el que participó como integrante de la sociedad civil.
Muñoz afirma la relevancia del Foro que “Este año ha sido particularmente importante porque ha correspondido la revisión del objetivo 4, que es el objetivo relacionado con la educación de calidad. Así que este año ha sido particularmente interesante e intenso para quienes trabajamos el tema del derecho a la educación.”
Informes Voluntarios de los países
En el seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se alienta a los Estados a realizar revisiones periódicas e inclusivas del progreso a nivel nacional y subnacional, que sean dirigidas e impulsadas por los países.
Las Revisiones Nacionales Voluntarias (por sus siglas en inglés VNR) sirven como base para las revisiones periódicas del foro político de alto nivel (HLPF) y tienen como objetivo facilitar el intercambio de experiencias, incluidos los éxitos, los desafíos y las lecciones aprendidas, con miras a acelerar la implementación de la Agenda 2030. Los VNR buscan fortalecer las políticas e instituciones de los gobiernos, movilizar el apoyo y las alianzas de múltiples partes interesadas para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A juicio de Muñoz, la presentación ha sido relativamente mesurada, porque únicamente dos países de América Latina se han sometido a este mecanismo, a saber El Salvador y Argentina, que si bien integran dos regiones importantes como son Centroamérica y Sudamérica, no facilita una valoración cualitativa significativa del continente. “En ambos casos los informes voluntarios fueron acompañados de participación de las coaliciones nacionales, de los foros nacionales de El Salvador y Argentina y hay que destacar que además pese a que este año no presentaba su informe voluntario oficial la campaña brasileña por el derecho a la educación también presentó un informe alternativo aun cuando al gobierno de Brasil no correspondía presentar un informe. De manera tal que tuvimos dos informes oficiales y tres informes alternativos” afirmó Muñoz al tiempo que subrayó la importancia de informes presentados por el Grupo Mayor de Mujeres y la iniciativa de Personas LGBTIQ.
La diversidad de la sociedad civil tiene pendiente coincidir en derechos humanos
La diversidad de voces y actores que participan de los Grupos Mayores plantea un desafío de generar un lenguaje común, que debe considerar como punto de partida el marco internacional de los derechos humanos.
Al mismo tiempo, para Muñoz, se desarrolla la disputa frente a sectores corporativos y privatizadores, que han trascendido su participación no sólo en el espacio escolar sino que ahora también pretenden intervenir en los espacios de gobernanza global. Queda pendiente poder debatir más profundamente sobre los contenidos de la educación y su oportuno financiamiento en el marco de las obligaciones de los Estados para garantizar este derecho.
CLADE lanza Grupo de Trabajo de Género para seguir fortaleciendo la perspectiva de género en la red y en su quehacer político
A finales de junio de 2022, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó un Grupo de Trabajo (GT) sobre Género. Los temas de género siempre han ocupado el centro de los debates de la CLADE y han realizado diversos eventos, estudios, publicaciones y cursos sobre las relaciones entre género y educación. También se ofreció una formación a los miembros de la CLADE sobre la transversalización de la perspectiva de género.
Como continuación de este proceso y para profundizar la discusión de la perspectiva de género en la red de manera sistemática, se decidió armar un Grupo de Trabajo de Género interno y permanente (GT). A través de este esfuerzo colectivo, la CLADE trabaja políticas enfocadas en la igualdad de género para orientar el quehacer institucional y la acción política del Secretariado Regional, miembros de la red, aliados y proveedores.
Actualmente el GT de Género cuenta con 38 integrantes de 12 países, que se reúnen semanalmente en diferentes constelaciones. Durante estos primeros meses, el GT se ha dividido en dos subgrupos: un grupo para trabajar en la política institucional y otro para promover el intercambio de aprendizajes colaborativos.
“Para mi es muy valiosa la experiencia de trabajar con y junto a otras personas: de dialogar, compartir saberes, dudas, momentos de asombro y de participación, de alegría y felicidad. Creo en una construcción colectiva y social, donde todas las personas salen enriquecidas y sus aportes contribuyen a generar nuevas alternativas de desarrollo integral, de promoción y construcción de diferentes espacios de vida”, cuenta María del Rosario Amarilla Mayol, integrante del GT desde la Fundación Atreuco, miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación.
Procedimientos institucionales y administrativos
El primer subgrupo desarrolla articuladamente una política institucional de género para la CLADE. Este documento servirá para guiar el trabajo diario de la CLADE, abarcando los procedimientos institucionales y administrativos, políticos, los proyectos y las propuestas de políticas de la red. Con miras a que el documento recabe las expectativas, conocimientos y perspectivas de todos los miembros de la CLADE, en el mes de octubre, el borrador de la política institucional se compartirá con todos los y las integrantes de la CLADE para que envíen sus aportes y retroalimentación.
La versión final se presentará en la XII Asamblea Regional de la CLADE, que tendrá lugar a principios de noviembre, en Tegucigalpa en Honduras. Se prevé que entonces los diferentes integrantes de la red tomen la política institucional de género de la CLADE como inspiración, que la adopten a sus contextos nacionales e institucionales y que la pongan en práctica.
“Estamos impulsando un proceso participativo, en alianza con las bases de nuestros miembros para que todas y todos se apropien de las reflexiones, puedan multiplicarlas y aplicarlas en su acción cotidiana. Esperamos que la elaboración de este proceso deje una huella positiva, no solo fortaleciéndonos como red regional, sino que motivando a nuestros miembros a seguir profundizando las reflexiones según sus realidades locales”, afirma Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE.
Intercambio de experiencias y aprendizajes
El segundo subgrupo del GT de Género está organizando un intercambio de experiencias y aprendizajes entre los miembros de la CLADE. En este momento se recopilan y sistematizan experiencias relacionadas con temas de género. En los próximos meses, se realizarán encuentros virtuales para facilitar el diálogo, basándose en las experiencias recopiladas. Se planifica la producción de materiales educomunicativos con base en los intercambios, para luego compartir los hallazgos del proceso con la extensión de la red y otros actores.
Aún este año, la CLADE brindará una formación a su membresía sobre cómo analizar y hacer propuestas de presupuestos educativos sensibles al género, garantizando una educación igualitaria para todas las personas. Por medio del aprendizaje de este taller, los miembros del GT de Género, elaborarán en 2023 un protocolo o una guía para la financiación de la educación con perspectiva de género.
ACNUR insta a que los Estados asignen el 10 % del Producto Interno Bruto a la Educación
29 de agosto de 2022El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es el organismo de las Naciones Unidas (ACNUR) presentó un informe titulado Manteniendo el rumbo. Los desafíos que enfrenta la educación de las personas refugiadas, centrándose en las razones de interrupción de la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de refugio y/o desplazamiento a nivel mundial.
El informe compila datos de 40 países a nivel mundial sobre la educación a nivel secundario, haciendo especial énfasis en dos países de la región, México y la población venezolana en movilidad humana.
Según el informe se estiman cerca de 12,65 millones de personas refugiadas para el período académico de 2019 y 2020. Se afirma que desde que inició la pandemia en 2019, más de 1.500 millones de estudiantes han experimentado el cierre de su escuela o universidad.
Llamado para “Vuelta a clases” y no discriminación
Ante la tendencia de los y las adolescentes en situación de refugio de interrumpir la trayectoria escolar por situaciones y contextos familiares que enfrentan crisis económicas agravadas con la pandemia, se ha derivado el aumento del trabajo infantil e incluso el riesgo de explotación de las infancias y juventudes. ACNUR hace un llamado para que se tome la iniciativa de una campaña mundial de “Vuelta a clase” en beneficio de todas las niñas, niños y jóvenes, con prioridad a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
Los planes de educación deben considerar las diversas necesidades, habilidades y capacidades para que constituyan formas de discriminación se comenta en el documento oficial. También indica que “en el caso de las personas refugiadas en particular, los Estados deben garantizar que sean parte de la planificación y los sistemas educativos nacionales, incluidos los programas de recuperación.” Y exhorta a los Estados a “replantear sus compromisos y cumplirlos para destinar el 0,7% del ingreso neto nacional a ayudar y asignar al menos el 10% a la educación”.
Desigualdad y brecha tecnológica
Los recursos destinados a la inclusión digital han sido insuficientes, ya que miles de estudiantes en condición de refugio viven en condiciones precarias de hacinamiento, escaso acceso de servicios públicos como luz, agua potable, sin conectividad o no tienen acceso a dispositivos digitales (y cuando es el caso con frecuencia es compartido con otras personas). El informe muestra preocupación por el ambiente de enseñanza – aprendizaje, cuando subraya que “La desigualdad también está presente en el mundo virtual. El aprendizaje digital es más viable cuando una persona tiene conexión a internet, un dispositivo adecuado, recursos económicos para afrontar los costos involucrados, y un espacio tranquilo para escuchar y aprender.”
México y Venezuela: necesidad de seguimiento educativo
En México la inscripción de estudiantes entre marzo de 2019 y marzo de 2020 se mantuvo en 105% para el nivel de escuela primaria y secundaria en cuanto a la población en general, sin embargo bajó un 80% en el caso de primaria y a 35 % cuando se refiere a personas en condición de refugio.
Por otro lado, para ACNUR, a fines de 2020 se contabilizaron 5,4 millones de personas venezolanas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, de las cuales el 80% vivía en la región de América Latina y el Caribe (principalmente en Colombia, Chile, Ecuador, Brasil y Perú). Se estima que más de una tercera parte ha llegado a Colombia, lo que lo le convierte en el país de mayor acogida. Según datos de 2019 expuestos en el informe, aproximadamente 206.000 estudiantes de Venezuela se inscribieron en escuelas de Colombia, con tasas de inscripción del 42% para primaria y el 34% para secundaria.
El Informe concluye que “La pandemia de COVID-19 y los consiguientes cierres de escuelas serán testigos de muchos/as jóvenes marginados/as que sufrirán cada vez más desigualdad. Además, se espera que todo esto provoque una pérdida de aprendizaje significativo. Esto es especialmente cierto en el caso de las adolescentes, que corren mayor riesgo de abandonar sus estudios.”
Nelsy Lizarazo: con justicia fiscal, la inversión educativa puede cuadruplicar en América Latina y el Caribe
11 de agosto de 2022Si hubiera una política fiscal justa que cobrara las grandes riquezas no declaradas, los impuestos de la propiedad y acabara con el abuso de las empresas y corporaciones multinacionales países como Guatemala y Argentina lograrían aumentar la inversión educativa en tres y cuatro veces, respectivamente. Guatemala podría contratar más 35 mil maestras y maestros, Ecuador, 3 mil maestros y El Salvador podría matricular más de 1 millón de estudiantes. La información fue presentada por Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE en su intervención en el panel Recuperación post-Covid: impactos de las políticas fiscales, realizado el martes (8/8) durante la Conferencia Regional de LATINDADD y la Red de Justicia Fiscal: Tras la pandemia, La guerra. América Latina y El Caribe.
“Con estos ejemplos, se puede ver claramente que hay una conexión concreta entre la recaudación justa de impuestos y el ejercicio de derecho a la educación: el derecho no se puede ejercer si no hay escuelas, si no hay infraestructuras, si no hay maestros, si no hay acceso universal y eso tiene que ver con lo que, por ejemplo, las grandes corporaciones han dejado de pagar a nuestros países desde siempre y que han ganado muchísimo en la pandemia”, explica Nelsy Lizarazo.
Mira su presentación:
Además de Nelsy Lizarazo, en la mesa también se presentaron Nathalie Beghin, Inesc (Brasil), Verónica Serafini, Latindadd (Paraguay), Gabriel Casnati, ISP (Brasil), con los comentarios Noel Pérez, Cepal (México) y David Archer, TaxEd (Reino Unido) y la moderación Adrián Falco, RJF-ALC (Argentina)
Camino contrario
Según la coordinadora de la CLADE, la región está yendo hacia otro camino. Un estudio de UNICEF publicado en junio de este año muestra que ningún gobierno latinoamericano y caribeño ha mencionado esfuerzos para generar y fortalecer políticas fiscales progresivas para financiar la educación. “Los esfuerzos fueron para la deuda, por la redistribución del presupuesto público o por el apoyo de la cooperación internacional”, dice.
Como resultado, en términos de financiación educativa, la región está muy lejos de lo que fue establecido globalmente. “Dado la contracción económica, la inversión que se está haciendo en nuestra región no solo no va a aumentar, sino que va a disminuir. El cálculo es que en un 9%. En ecuador, para mencionar un caso, ha disminuido 12% en 2022”, explica.
Educación en América Latina y el Caribe: todavía muy lejos de los compromisos internacionales
A pesar de los compromisos asumidos pos los países de América Latina y el Caribe en la Declaración de Incheon para garantizar un mínio de 6% del PIB y 20% del presupuesto nacional a la educación, medida fundamental para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación de la Agenda 2030, son pocos los países de América Latina y el Caribe que se acercan a esta meta.
Según la coordinadora de la CLADE, apenas Barbados, Costa Rica y Cuba logran cumplir con el compromiso. La educación en la región, además, también enfrenta el desafío de abarcar una enorme diversidad en términos de PIB y presupuesto. “Es decir, no representan lo mismo esos porcentajes en Guatemala que en Brasil. Y sumamos a ello la diferencia de condiciones básicas de la educación en uno y otro país”, explicó.
Sobre la Conferencia
Convocada por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF-ALC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), la conferencia fue realizada entre el 8 y el 9 de agosto de 2022 y reunió representantes de organizaciones sociales, de la sociedad civil, gremios, autoridades, dirigentes, activistas, integrantes de la academia, etc. de la región y del mundo a la a fin de analizar y proponer rutas de acción en medio de la crisis multidimensional que afrontamos como humanidad.
Vernor Muñoz: la imagen que deja este Foro Político de Alto Nivel de este año es bastante superficial
1 de agosto de 2022La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde el Consejo Económico y Social (ECOSOC) convoca el Foro Político de Alto Nivel (por sus siglas en inglés HLPF) sobre el desarrollo sostenible como la plataforma central de seguimiento y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Foro de este año 2022 fue realizado desde el 5 hasta el 15 de julio y tuvo como lema “Reconstruir mejor a partir de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) mientras se avanza en la implementación total de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Imagen bastante superficial
El análisis que comparte Vernor Muñoz, jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación, que estuvo presente en el Foro como integrante de la sociedad civil. Según él, la imagen que deja este Foro es bastante superficial, ya que resultan insuficiente los informes que los propios países exponen sobre el desarrollo de sus obligaciones desde un enfoque de logro y atractivos que se contrasta con las demandas que muchas veces la sociedad civil exige en sus ámbitos nacionales.
El intento por relacionar los debates sobre la Cumbre de Transformación de la Educación que convocará la Asamblea General en septiembre, para Muñoz “…esto de alguna manera fue también un distractor para analizar temas de profunda relevancia, importancia que tienen que ver con el financiamiento de la educación, que tienen que ver con la construcción de condiciones de igualdad y especialmente con la necesidad de superar los vacíos y los enormes retos que ha dejado la pandemia del Covid.”
El Foro Político de Alto Nivel deja un sabor agridulce, cuando el especialista señala que por un lado estas dinámicas siempre son oportunidad para trabajar por incidencia política pero por otro, los espacios para la participación de la sociedad civil son muy limitados, y cuando escasamente se logra acceder al derecho de palabra se restringe a dos minutos, siendo insuficiente para reaccionar y generar un debate profundo sobre la Agenda 2030.
Relevancia del Foro por su revisión de la Meta sobre Educación
Vernor Muñoz, jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación ofrece su análisis a propósito del Foro Político de Alto Nivel (por sus siglas en inglés HLPF) que se reunió en Nueva York desde el 5 hasta 15 de julio, evento en el que participó como integrante de la sociedad civil.
Muñoz afirma la relevancia del Foro que “Este año ha sido particularmente importante porque ha correspondido la revisión del objetivo 4, que es el objetivo relacionado con la educación de calidad. Así que este año ha sido particularmente interesante e intenso para quienes trabajamos el tema del derecho a la educación.”
Informes Voluntarios de los países
En el seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se alienta a los Estados a realizar revisiones periódicas e inclusivas del progreso a nivel nacional y subnacional, que sean dirigidas e impulsadas por los países.
Las Revisiones Nacionales Voluntarias (por sus siglas en inglés VNR) sirven como base para las revisiones periódicas del foro político de alto nivel (HLPF) y tienen como objetivo facilitar el intercambio de experiencias, incluidos los éxitos, los desafíos y las lecciones aprendidas, con miras a acelerar la implementación de la Agenda 2030. Los VNR buscan fortalecer las políticas e instituciones de los gobiernos, movilizar el apoyo y las alianzas de múltiples partes interesadas para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A juicio de Muñoz, la presentación ha sido relativamente mesurada, porque únicamente dos países de América Latina se han sometido a este mecanismo, a saber El Salvador y Argentina, que si bien integran dos regiones importantes como son Centroamérica y Sudamérica, no facilita una valoración cualitativa significativa del continente. “En ambos casos los informes voluntarios fueron acompañados de participación de las coaliciones nacionales, de los foros nacionales de El Salvador y Argentina y hay que destacar que además pese a que este año no presentaba su informe voluntario oficial la campaña brasileña por el derecho a la educación también presentó un informe alternativo aun cuando al gobierno de Brasil no correspondía presentar un informe. De manera tal que tuvimos dos informes oficiales y tres informes alternativos” afirmó Muñoz al tiempo que subrayó la importancia de informes presentados por el Grupo Mayor de Mujeres y la iniciativa de Personas LGBTIQ.
La diversidad de la sociedad civil tiene pendiente coincidir en derechos humanos
La diversidad de voces y actores que participan de los Grupos Mayores plantea un desafío de generar un lenguaje común, que debe considerar como punto de partida el marco internacional de los derechos humanos.
Al mismo tiempo, para Muñoz, se desarrolla la disputa frente a sectores corporativos y privatizadores, que han trascendido su participación no sólo en el espacio escolar sino que ahora también pretenden intervenir en los espacios de gobernanza global. Queda pendiente poder debatir más profundamente sobre los contenidos de la educación y su oportuno financiamiento en el marco de las obligaciones de los Estados para garantizar este derecho.
Foro de Alto Nivel: Agenda nutrida entre la interseccionalidad, la inclusión y el rol docente
La Agenda 2030 es una hoja de ruta en el que se han comprometido los Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de un conjunto de objetivos globales como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) son 17 y se concretan con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental para asumir este compromiso común y universal prioritario para los próximos 15 años.
El Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU convoca el Foro Político de Alto Nivel (por sus siglas en inglés HLPF), sobre el desarrollo sostenible como la plataforma central de seguimiento y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Con el lema “Reconstruir mejor a partir de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) mientras se avanza en la implementación total de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” se convocó el Foro Político de Alto Nivel en 2022.
Compartimos declaraciones de Madeleine Zúñiga, vicepresidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME) e integrante de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), miembro de CLADE, quien ofrece su análisis a propósito de su participación como leader discussant (comentarista) en el Foro Político de Alto Nivel que se reunió en Nueva York desde el 5 hasta 15 de julio.
El escenario de la sociedad civil para su participación en el Foro
La participación en el Foro Político de Alto Nivel es restringida, ya que se reúnen 24 organizaciones entre los Grupos Mayores de sociedad civil y los Stakeholders (partes interesadas), a pesar de los esfuerzos realizados por el ECOSOC a juicio de Zúñiga.
A pesar del poco tiempo en agenda, Zúñiga quien fue invitada como comentarista valora positivamente la amplitud de los eventos paralelos para dar la palabra a la diversidad de la sociedad civil. También subraya la importancia que han tenido los Foros Nacionales y Coaliciones por el Derecho a la Educación durante la presentación de los Informes Nacionales Voluntarios, mejor conocidos como Revisiones Nacionales Voluntarias (por sus siglas en inglés VNR), especialmente hace mención a Argentina, Brasil y El Salvador.
Relevancia del rol docente, el financiamiento y la brecha digital
Para Zúñiga “(…) desde un comienzo se habló de los efectos de la pandemia y cómo reconstruirnos de una mejor manera, para la educación y aprendizaje a lo largo de la vida(…) algo por lo que se ha peleado muchísimo(…) que ahora aparecía mencionado explícitamente” lo cual se considera un gran logro de incidencia en los espacios internacionales.
El rol de docentes, así como su formación ocuparon un espacio importante en la agenda de debate del Foro Político de Alto Nivel, ya que “docentes han pasado a ser sujetos de derechos”, afirmó Zúñiga. Los y las docentes atravesaron muchas dificultades para dar continuidad educativa en tiempos de la pandemia, tuvieran afectaciones derivadas de la brecha digital, insuficiente conectividad y/o acceso a dispositivos, evidenciando la desigualdad que profundizó la crisis sanitaria.
Inclusión, interseccionalidad y financiamiento en la educación
Diversos temas se pusieron en la mesa de debate durante el Foro Político de Alto Nivel en este año 2022, para Zúñiga uno de ellos fue la diversidad de enfoques sobre el término de inclusión, ya que “la tendencia sigue siendo a asociar la educación inclusiva a personas con discapacidad, la verdad sea dicha, el lema que nadie queda atrás (…) partir por pensar quiénes están quedando atrás tradicionalmente”, con las debidas especificidades niñas, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas migrantes y refugiadas, personas privadas de libertad, por mencionar algunas.
Si bien se considera la educación uno de los motores para el cumplimiento de los ODS, según Zúñiga es fundamental una “intervención intersectorial” que articule y vincule los diversos objetivos. Por lo cual se reitera el llamado a la acción para que las alianzas estratégicas concreten un Nuevo Pacto Social que exprese la voluntad política del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Adicionalmente se mantiene la atención sobre el financiamiento a la educación, el aumento de la participación de docentes en la construcción de políticas educativas y el fortalecimiento de la formación crítica con enfoques de equidad, calidad, pertinencia y diversidad.
Organizaciones denuncian proceso de mercantilización y privatización de la educación superior durante Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales 2022
12 de julio de 2022La necesidad de que los Estados garanticen el derecho a la educación superior de manera integral y la relación del proceso de mercantilización y privatización de esta etapa educativa con otros problemas socioambientales fueron algunos de los elementos destacados por Jesús Juárez Reyes, coordinador nacional de la Campaña por el Derecho a la Educación México (CADEM) y miembro directivo de la CLADE durante su presentación en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, realizada del 7 al 10 de junio.
“La democratización de la enseñanza superior no significa un crecimiento acelerado en la tasa de matriculación, o en el número de instituciones de enseñanza, o una ampliación en la diversificación de títulos y carreras, como observamos en nuestra región. Democratización con inclusión significa crear mecanismos para revertir las tendencias de reproducción de relaciones asimétricas de poder, exacerbación de las desigualdades y de las discriminaciones en los sistemas educativos, generando sociedades más igualitarias.” Documento Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior: Reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe.
La participación del integrante del comité directivo de la CLADE se llevó a cabo en la mesa “Privatización y mercantilización de la universidad. Estudios y estrategias, del panel sobre Derecho a la educación, políticas públicas y alternativas pedagógicas”, en la cuál se enfatizaron reflexiones colectivas que se integraron en el documento los “Nuevos abordajes para el derecho a la educación superior: Reflexiones y propuestas para América Latina y el Caribe”.
Durante su presentación, Jesús Juarez también compartió ejemplos de estrategias mercantilizadoras que atentan contra el derecho a la educación, recordó los procesos de admisión excluyentes que se viven en algunas universidades como las de México, país donde el ingreso económico por tales procesos es alto y genera dinámicas mercantilizantes con empresas que lucran preparando esos exámenes y que a su vez, representa el rechazo de hasta el 90% de las y los aspirantes. Juárez comentó la necesaria atención que requiere el desgranamiento, las dinámicas expulsoras y la deserción escolar que se vive en el primer ciclo lectivo en las universidades, por lo se debe ampliar las voces a las y los estudiantes y a las juventudes en general.
La inclusión es clave para el derecho a la educación
En la misma mesa, Yamile Socolovsky, directora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, se refirió a la Campaña “La educación superior no es una mercancía” y al proyecto político emancipatorio de nuestros pueblos, rememorando la trayectoria del debate sobre el desarrollo del programa de la educación superior. Enfatizó la idea de lo que representa la educación superior de la región, ratificando lo señalado en la III Conferencia Mundial de Educación Superior, que la educación superior es un derecho humano fundamental, que la formación y el conocimiento y las vinculaciones de las instituciones públicas son un factor clave para el desarrollo con inclusión, igualdad y justicia social. La situación actual invita a movilizar a las comunidades enteras, es por eso que se socializaron publicaciones que advierten lo que sucede en la educación superior para generar estrategias que contrarresten los riesgos y peligros y finalmente, para plantear reivindicaciones y propuestas.
La constantes amenaza de la privatización para la educación
Fernanda Saforcada, de la Universidad de Buenos Aires, presentó la investigación sobre Privatización de la Universidad en América Latina en Chile, Argentina, Perú y República Dominicana. Resaltó la tendencia a una hiperprivatización en América Latina como lo indica la creciente matrícula en el sector privado alcanzando hasta el 54% cuando a nivel global la media es del 33%. La gran expansión de la demanda de la matrícula de la educación superior, las políticas regresivas en términos del financiamiento público universitario y el contexto de primacía del mercado ofrece orientaciones sobre las políticas públicas que incentivan esta hiperprivatización, explicó. La hiperprivatización de la región se nota en la cantidad de la distribución de la matrícula, en la cantidad de instituciones y el número de graduados de la educación privada siendo mayor que de la universidad pública. Las políticas públicas de privatización colocan a las universidades públicas a operar en condiciones de mercado y, con ello, contribuye a la naturalización de una racionalidad privatista para comprender lo público. Fernanda también explicó que el borramiento de las distinciones entre lo público y lo privado tiene 3 dimensiones: simbólica, política y económica. Hizo la crítica que las instituciones aunque no tengan fines de lucro no pueden ser tomadas como públicas, en tanto, responden a intereses particulares.
La importancia de lo público en las universidades
El secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), Roberto Escalante, señaló la importancia de incluir al Caribe en todos los debates de educación superior. Las grandes corporaciones internacionales están metidas en las universidades, afirmó que por ejemplo en la investigación, ofrecen migajas a las universidades de sus grandes ganancias. Escalante interpeló sobre lo que es lo verdaderamente público, en tanto, hay un gran recorte de presupuestos y las universidades, mismas que han arancelado por omisión o por comisión la educación superior. Contextualizó el suceso histórico de Córdoba como parteaguas de la autonomía universitaria y la idea de la vinculación con la comunidad. Remarcó la necesidad de una nueva reforma a la universidad, porque priva una idea de desarrollo individual, para salir de la pobreza, pero, es vigente la pregunta ¿cuál es el mensaje que las universidades dan a las y los estudiantes? Comentó que aunque es legítimo que se busque el bienestar personal, lo verdaderamente público es responder cómo a través de la formación en la universidad sirven a la sociedad. Insistió en que lo verdaderamente público es servir a la sociedad, hacer colaboración, vincularse en todo momento con la comunidad.
Aumento de la naturalización de las lógicas de mercado
Como parte de la experiencia de Brasil, específicamente de la Faculdade de Educação de la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), la participación de Dalila Andrade Oliveira expuso la investigación sobre la situación de las universidades que han padecido un enorme recorte presupuestal en Brasil, aumentando la creciente naturalización de la lógica de mercado, que hace preocupante la progresiva desfinanciación y la privatización. Narra cómo el activismo de personas de la educación impidieron que se legisle el pago en las universidades, aunque no presenta destaques recientes en el desarrollo científico. Según ella, la desaceleración de la economía ha afectado la financiación educativa, concentrando los recursos en solo algunas universidades. Oliveira mencionó que con la gestión del actual presidente, Jair Bolsonaro, la educación en Brasil ha sufrido muchas afectaciones y una mala administración actual, haciendo referencia al decrecimiento de la producción científica, de investigación y la desigualdad del desarrollo del conocimiento. Para garantizar el derecho humano a la educación es necesario en la actualidad retomar el debate sobre la democracia.
Temas pendientes para la continuidad de la agenda
La precarización de las y los docentes en las universidades fue el tema central presentado por Sofía Irene Thisted, de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Denunció que los y las docentes Ad honorem, en realidad significan grandes esfuerzo militantes que sostienen las aulas con pagas irrisorias, compartiendo recursos cada vez más escasos. Thisted apuntó que hay una gran cantidad de docentes que apenas cuentan con el pago por horas, lo que implica que deben priorizar la atención de las aulas impidiendo dedicarse a la investigación, y en muchos casos se ven en la necesidad de hacer trabajos sin recibir pagos por otras tareas.
Thisted preguntó durante la mesa ¿Quiénes son excluidos y quienes incluidos en la universidad en Argentina?, ampliando el cuestionamiento desde una perspectiva de economía por desigualdades que dejan fuera a una gran cantidad de jóvenes, ya que se mantiene una gran preocupación por quiénes terminan la secundaria, al persistir condiciones excluyentes como la de poblaciones migrantes que no terminaron la secundaria, y presentan dificultades para continuar la trayectoria educativa a distancia. Afirmó la importancia de pensar a las universidades abiertas y no cerradas en sí mismas, si bien sostienen la gratuidad, es un riesgo la posibilidad del arancelamiento y la mercantilización llegando incluso a la venta de servicios. Otros temas de igual relevancia revelan un debate actual sobre dimensiones como la autonomía, el sexismo, el capacitismo, el racismo y la valorización docente que muchas veces se ve cuestionada por los medios de comunicación que estigmatizan la profesión y denigran el oficio docente.
Sobre la Conferencia de Ciencia Sociales
La Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es, desde su primera edición en 2003, el mayor evento académico y político de las Ciencias Sociales y las Humanidades a nivel mundial. En cada encuentro acompañan la realización de las Asambleas Generales del Consejo, donde han sido abordadas temáticas diversas en función de las coyunturas políticas y sociales de la región.
Lee más:
Entrevista CLADE con Fernanda Saforcada:
Parte 1 – https://redclade.org/noticias/fernanda-saforcada-la-privatizacion-educativa-se-realiza-tambien-con-fines-ideologicos-y-politicos/
Parte 2 – Fernanda Saforcada: El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado
Agenda 2030 y desarrollo sostenible son temas centrales del Foro Político de Alto Nivel (HLPF)
5 de julio de 2022El Foro Político de Alto Nivel (HLPF) está convocado anualmente por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y tendrá lugar en Nueva York, Estados Unidos en dos momentos, del martes 5 al jueves 7 de julio y del lunes 11 al viernes 15 de julio. Esto incluye una reunión ministerial de 3 días entre el miércoles 13 y el viernes 15 de julio.
El Foro de este año 2022 tiene como lema “Reconstruir mejor a partir de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) mientras se avanza en la implementación total de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. En su texto oficial de convocatoria se señala que “Mientras el mundo lucha por recuperarse de COVID-19 en medio de crisis continuas, el HLPF reflexionará sobre cómo las políticas de recuperación pueden revertir los impactos negativos de la pandemia en los ODS y llevar a los países por el camino para hacer realidad la visión de la Agenda 2030 (…)Tendrá en cuenta los diferentes impactos de la pandemia de COVID-19 en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la naturaleza integrada, indivisible e interrelacionada de los Objetivos.”
La iniciativa intergubernamental facilita que los países revisen e informen sobre el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad se realizará la revisión de los siguientes objetivos: el objetivo 4 sobre educación de calidad, el 5 sobre igualdad de género, el 14 sobre la vida bajo el agua, el 15 sobre la vida en la tierra y el objetivo 17 sobre alianzas para los Objetivos.
Se estima que 44 países realicen Revisiones Nacionales Voluntarias (VNR) de su implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los informes nacionales tal como indica el mecanismo del Foro “tienen como objetivo facilitar el intercambio de experiencias, incluidos los éxitos, los desafíos y las lecciones aprendidas, con miras a acelerar la implementación de la Agenda 2030. Los VNR también buscan fortalecer las políticas e instituciones de los gobiernos y movilizar el apoyo y las alianzas de múltiples partes interesadas para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Como resultado de las sesiones del Foro Político de Alto Nivel (HLPF) se acordará la Declaración Ministerial y el presidente del ECOSOC preparará un resumen con mensajes clave de las discusiones.
Programa del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de 2022. Para seguir transmisiones en línea.
Evento paralelo a la pre-cumbre de UNESCO presenta retos para transformar la educación
30 de junio de 2022Socializar el estado actual de la educación y hacer recomendaciones concretas para avanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, que dice respecto al derecho a la educación en la Agenda 2030, es el objetivo de la Pre-Cumbre de Educación Transformadora, puesta en marcha entre los días 29 y 30, que se presenta como espacio preparatorio para la cumbre que será realizada en septiembre de este año.
Paralelamente a la Pre-cumbre, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME), Action Aid, Human Rights Watch y la UNESCO organizaron una reunión paralela, el miércoles 29 de junio, para debatir la necesidad de ampliar el marco jurídico internacional que aborde los retos y oportunidades existentes y emergentes en materia de educación, con el fin de sentar las bases para la transformación de la educación.
Los debates giraron en torno a las cinco vías de acción temáticas de la Cumbre para la Transformación de la Educación: 1) Escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables, 2) Aprendizaje y habilidades para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible, 3) Docentes, enseñanza y profesión docente, 4) Aprendizaje y transformación digital y 5) Financiación de la educación.
“El contenido de la educación permanente debe ser aceptable y adaptable al contexto de los y las estudiantes. Una educación aceptable significa estar libre de discriminación y violencia y de la lógica de un pensamiento único, estandarizado y hegemónico que mantiene el statu quo. Significa ser inclusiva, diversa, antipatriarcal, descolonizadora y antirracista, valorando las identidades, la cosmovisión y los conocimientos de las diferentes comunidades. Además, la educación permanente adaptable significa que debe ser flexible para responder al contexto de cada estudiante, incluso en situaciones de emergencia”, dijo Ana Raquel Fuentes, asistente de programas de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) que participó del encuentro.
La presentación y las preguntas estuvieron a cargo de Borhene Chakroun, Director de la División de Políticas y Sistemas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, Sector de Educación, UNESCO, y la mesa redonda se desarrolló con las siguientes intervenciones:
- Delphine Dorsi, directora de la Iniciativa sobre el Derecho a la Educación
- Koumbou Boly Barry, relatora especial de la ONU sobre el derecho a la educación
- Mercedes Mayol Lassalle, presidenta Mundial de la OMEP
- Bede Sheppard, director adjunto de la División de Derechos del Niño, de Human Rights Watch
- Ana Raquel Fuentes, asistente de programas de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
- Vernor Muñoz, jefe de Política, Incidencia y Campañas, de la CME
- María Ron Balsera, coordinadora de la Alianza TaxEd, de ActionAid
Consolidar el derecho a la educación permanente
Compartimos la intervención de Ana Raquel Fuentes del equipo de Investigación de Políticas Educativas, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) realizada en la reunión paralela:
La educación es un derecho humano a lo largo de toda la vida y, como tal, la educación de personas jóvenes y adultas y la educación superior son obligaciones de los Estados, al igual que la educación infantil y la educación primaria y secundaria.
Quiero señalar que la educación de jóvenes y personas adultas se dirige a aquellos que han visto vulnerado su derecho a la educación en momentos anteriores de sus trayectorias. De ahí que el imperativo ético de no dejar a nadie atrás deba ser altamente prioritario para este grupo. Los Estados deben garantizar que la educación esté disponible y sea accesible para ellos en el momento más conveniente de sus vidas.
Asimismo, en la era de la información, la globalización y la digitalización, la educación superior es un motor fundamental para crear nuevos modelos de desarrollo que garanticen el buen vivir y la justicia social. Por lo tanto, todas las personas interesadas en proseguir sus estudios, contribuir a la ciencia, a las humanidades, a la innovación y a la dignidad humana deben poder hacerlo en cualquier momento de su vida.
La educación de jóvenes y adultos y la educación superior mejoran las condiciones de vida de los sujetos directos de derechos y de sus familias, generando un círculo virtuoso para lograr sociedades más igualitarias. Por ello, los Estados deben garantizar que las modalidades y fases de la educación estén disponibles en todos los territorios y que se derriben todas las barreras, incluidas las económicas. Por ello, quiero reiterar nuestra preocupación por la incursión de actores privados y comerciales en la educación, amplificando las desigualdades y la segregación en los sistemas. Aquí, los Estados tienen un papel fundamental para regular la oferta privada y evitar el endeudamiento de los estudiantes.
La gratuidad de la educación es más urgente que nunca para superar las desigualdades. La educación superior y la educación de jóvenes y adultos deben ser gratuitas y no pueden adoptar procesos de admisión excluyentes, que tienden a excluir a grupos históricamente marginados.
El contenido de la educación permanente debe ser aceptable y adaptable al contexto de los y las estudiantes. Una educación aceptable significa estar libre de discriminación y violencia y de la lógica de un pensamiento único, estandarizado y hegemónico que mantiene el statu quo. Significa ser inclusiva, diversa, antipatriarcal, descolonizadora y antirracista, valorando las identidades, la cosmovisión y los conocimientos de las diferentes comunidades. Además, la educación permanente adaptable significa que debe ser flexible para responder al contexto de cada estudiante, incluso en situaciones de emergencia.
Para lograr estas dimensiones, los Estados deben garantizar una financiación adecuada de la educación pública y la participación de los sujetos de las comunidades educativas en el debate y la toma de decisiones políticas. Cuando los Estados no proporcionan alguna de estas dimensiones, obstaculizan la realización del derecho humano a la educación.
Desde una perspectiva de aprendizaje permanente, la educación superior y la educación de jóvenes y adultos deben ser bienes universales, públicos y sociales, una apuesta colectiva que la sociedad hace para generar justicia social y ambiental. La educación es un derecho habilitante para lograr otros derechos. Por ello, quiero cerrar esta intervención destacando que toda persona tiene el derecho humano de acceder a una educación pública, gratuita, emancipadora y a lo largo de toda la vida.
Llamado urgente a la acción del Comité Directivo de Alto Nivel ODS 4
Durante la pre cumbre, integrantes del Comité de Dirección de Alto Nivel para el ODS 4 – Educación 2030, en representación de la comunidad educativa mundial, hicieron un llamado a los jefes y jefas de Estado y de Gobierno para que adopten medidas contundentes a fin de invertir en la educación y transformarla, considerando que es el camino más adecuado para alcanzar nuestros objetivos comunes de paz, prosperidad y sostenibilidad.
Según el llamado, “la educación es un derecho humano y un bien y una responsabilidad públicos. La educación es vital para todos los aspectos del progreso de un país: impulsar la prosperidad económica, sacar de la pobreza a mujeres y hombres, reducir las desigualdades, fomentar la participación de una ciudadanía activa y responsable, hacer frente a los conflictos y a la violencia, proteger y promover la diversidad cultural y preservar el medio ambiente para las generaciones futuras.
Sin embargo, el mundo está peligrosamente lejos de cumplir sus objetivos y metas en materia de educación. La pandemia de COVID-19 ha agravado la crisis de los sistemas educativos, al incrementar la desigualdad y marginar aún más a millones de alumnos vulnerables y desfavorecidos. Se trata de una crisis silenciosa, pero cuyos efectos serán graves y duraderos.”
La comisión integrada por 28 miembros de los cuales 18 representan las seis regiones del mundo, con dos países y una organización regional intergubernamental por región, se reúnen una vez al año para liderar la agenda educativa global, está presidida por Julius Maada Bio, presidente de Sierra Leona y Audrey Azoulay, directora General de la UNESCO y tiene como objetivo acelerar el progreso a nivel nacional hacia el ODS 4.
Comunicado ministerial sobre la transformación de la educación a escala
En el marco de la pre Cumbre se dio a conocer el Comunicado de Ministros y Ministras de Educación que representan a más de ochenta países socios de la Alianza Mundial para la Educación (AME), en el que se insta a la comunidad internacional a “…movilizar más recursos para la educación de manera que respalden un mayor espacio fiscal para que los países inviertan en educación, incluso a través de iniciativas de reducción de la deuda.”
Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el corazón de la Agenda 2030 y muestran aquellas metas y compromisos internacionales que apuestan a la visión del futuro que queremos. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas y 231 indicadores, y con ellos los Estados miembros de Naciones Unidas consideran la agenda en su gestión gubernamental y de políticas públicas.
La ODS 4 afirma su compromiso en “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos en América Latina y el Caribe.” Este objetivo dio un nuevo impulso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, reconocido por el Informe sobre el futuro de la educación.
Defensa del derecho a la educación en Reunión Paralela
Intervención de Ana Raquel Fuentes del equipo de Investigación de Políticas Educativas, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en la Reunión Paralela, subraya: “el imperativo ético de no dejar a nadie atrás deba ser altamente prioritario”.
Testimonios desde la Reunión Paralela
La hoja de ruta que acordaremos para la educación nos permitirá concretar la Agenda 2030 enfatizado por Ana Raquel Fuentes de la CLADE.
Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) señala la importancia política de colocar en agenda la educación como derecho.
Camila Crosso, Open Society Foundation afirma la relevancia de la educación como un derecho que transforma oportuno en este debate internacional.
