G20 y educación: la lucha de la sociedad civil por recursos adecuados para ese derecho
7 de febrero de 2019Activistas de la CLADE y la Campaña Mundial por la Educación impulsaron acciones de incidencia, movilización y comunicación en el contexto del G20, y lograron que las mayores economías del mundo reconocieran la educación como un derecho humano esencial para promover el desarrollo con inclusión, prosperidad y paz (más…)
En su opinión, ¿cómo está la educación pública en México? ¿Se puede decir que el Estado Mexicano ha logrado garantizar la educación pública de calidad para todas y todos?
Juan Melchior Román - En México, la educación pública y otros derechos sociales, por ejemplo empleo, vivienda, salud y sectores estratégicos del país, como lo energético, han estado un desastre hace un poco más de 30 años, que es el período del neoliberalismo. Ante este contexto, el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar la educación pública como establece el artículo 3º de la Constitución en su espíritu original, que plantea que la educación pública debe ser gratuita, obligatoria, laica e integral para toda la población, siendo que el Estado debe garantizar su financiamiento. El Estado mexicano, sobretodo en los últimos tres sexenios, no ha garantizado la educación pública y tampoco ha garantizado otros derechos sociales en el país. En todo caso, lo que los gobiernos han hecho es encaminar este derecho universal y social a esquemas de privatización.En pronunciamiento reciente, López Obrador afirma que no está de acuerdo con la reforma educativa de Peña Nieto. ¿Qué ha representado esta reforma y cuáles fueron sus impactos hasta el momento?
Juan Melchior Román - Estamos hace dos semanas con un gobierno nuevo, que canalizó toda la inestabilidad que generaron los últimos gobiernos neoliberales en México, y aprovecha la inconformidad de la sociedad en diferentes temas, especialmente en el caso de la educación. López Obrador entiende que, si se sigue en la política educativa que intentó instrumentar Enrique Peña Nieto, el conflicto magisterial también seguirá.“Consideramos que en esa iniciativa que se presentó el 12 de diciembre hay avances significativos, sin embargo no hay la extinción total de la reforma anterior. Tendremos que esperar para ver lo que sucede”.El nuevo presidente de la República hace al Poder Legislativo la propuesta de cambiar la reforma educativa de Peña Nieto, pero no hay una intención de abrogación total. La iniciativa que se entregó hace unos días a la Cámara de Diputados sigue sosteniendo en sus apartados que se refieren a la calidad educativa la presencia de “Consejos Consultivos” integrados por personas de fuera del sector educativo, incluyendo empresários. También habla de un esquema de carrera magisterial que se refiere a procesos meritorios que rebasan los derechos laborales de las y los docentes, ganados por antigüedad, preparación y experiencia. Consideramos que en esa iniciativa que se presentó el 12 de diciembre hay avances significativos, sin embargo no hay la extinción total de la reforma anterior. Tendremos que esperar para ver lo que sucede. Hay muchas expectativas con un gobierno que prometió mucho en campaña, y que plantea una reconversión en las políticas relativas a algunos derechos, pero que no plantea una reorientación del modelo económico.
López Obrador también afirmó que la reforma educativa ha culpado a las maestras y los maestros como responsables de los problemas de la educación pública. ¿Usted está de acuerdo?
Juan Melchior Román - Uno de los argumentos del presidente de la República cuando establece esta iniciativa de ley para cancelar la reforma educativa es que efectivamente el gobierno anterior responsabilizó a los trabajadores de educación por el desastre educativo. Nosotros como movimiento social, movimiento magisterial, como un movimiento que es del pueblo y que está luchando por los derechos sociales, nunca estuvimos de acuerdo con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.“En el país, durante lo que el propio presidente denominó “vendaval neoliberal”, es decir los últimos 30 años, los presupuestos educativos no han rebasado ni siquiera el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando, para países como el nuestro, UNESCO recomienda un mínimo del 8% del PIB, y de ser posible el 12%. Un presupuesto bajo necesariamente afecta en la cobertura, la infraestructura y la contratación de trabajadores.”Establecimos vastos argumentos políticos, educativos y jurídicos durante 6 años para desnudar de manera clara y sin ningún contra argumento cuáles eran los principales problemas de la educación pública en México, y uno de ellos seriamente tiene que ver con el presupuesto. En el país, durante lo que el propio presidente denominó “vendaval neoliberal”, es decir los últimos 30 años, los presupuestos educativos no han rebasado ni siquiera el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando, para países como el nuestro, UNESCO recomienda un mínimo del 8% del PIB, y de ser posible el 12%. Un presupuesto bajo necesariamente afecta en la cobertura, la infraestructura y la contratación de trabajadores. Otro de los principales problemas de la reforma educativa y de la educación pública en México es que se pretende una elitización de la misma, es decir, se plantea un esquema de individualización y de competencias, en respuesta a las necesidades del capital, y no de la población. Así se plantean programas, currículos y planes de estudio para la colonización del país, y los trabajadores de la educación no somos llamados a participar en este proceso. Estos son algunos de los principales problemas que se observan en la educación pública en México, y que no se van a resolver en este nuevo gobierno, aunque vemos que hay una intención en ese sentido.
¿Cómo construir una reforma educativa que garantice la educación como un derecho humano?
Juan Melchior Román - La CNTE, que el 17 de diciembre cumplió 39 años de existencia, lucha y dignidad magisterial y social, cree que este pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador quiere tratar de resolver un conflicto entre docentes y gobierno que dura seis años, y que puede seguir si no hay una respuesta definitiva hacia la reforma educativa. En todo caso, planteamos que se debe ir a fundo en la derogación de la reforma. Planteamos que la educación pública debe ser lo que establece en su originalidad el artículo 3º de la Constitución Federal, sobretodo en el caso de la gratuidad y la cobertura. Asimismo, defendemos un plan y programa de estudios que denominamos proyecto de educación alternativa, que sea elaborado en diálogo y con la participación de los diferentes actores del sector educativo. ">México: “La iniciativa de López Obrador representa avances significativos, pero no elimina la reforma educativa anterior”
17 de enero de 2019En diciembre, el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso Nacional una iniciativa de ley para modificar en la Constitución Federal las condiciones de la educación en el país. El intuito del presidente es poner fin a uno de los puntos más polémicos de la reforma educativa impulsada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, que establece evaluaciones estandarizadas a las y los docentes para definir su situación laboral. (más…)
Fuente: La Jornada
En la clausura del curso interinstitucional Un siglo de movimientos estudiantiles, organizado por el Seminario de Educación Superior de la Universidad, académicos universitarios respondieron a la pregunta de si un eventual incremento de cuotas en la UNAM podría significar una mejora a las condiciones laborales de sus docentes.
Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, puntualizó que la gratuidad de la educación no admite grados. Pagar un peso por ella, la hace barata, no gratuita, dijo. Los países en los que es gratuita se encargan de financiar hasta los lápices, los sacapuntas, el comedor.
Así, universidades que cobran cuotas, por bajas o congeladas que sean, no son gratuitas, pues no asumen todos los costos de la educación de los estudiantes. La UNAM o la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana) no son gratuitas, son baratas, puntualizó.
Leticia Pogliaghi, académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, sostuvo que en su perspectiva el financiamiento de la universidad no debe venir de los bolsillos de las y los estudiantes. Se dijo en favor de mejorar las condiciones laborales de los docentes, pero en contra de cualquier modificación a las cuotas en la institución.
Lo único positivo que le encontraría a un intento de modificar las cuotas congeladas en la UNAM, que lo veo muy difícil, es que despertaría en serio la movilización estudiantil. No se cambiarían esas cuotas, pero los estudiantes conseguirían otras conquistas, dijo.
Marcela Meneses Reyes, académica del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, planteó que aumentar las cuotas no garantizaría que el presupuesto universitario contemplara un aumento a los salarios de los docentes. No hay garantía, lo que evidencia la poca transparencia con la que se administran las universidades, consideró.
Opinó que una de las demandas de las recientes movilizaciones estudiantiles en la UNAM apuntan a esa falta de transparencia cuando demandan la democratización de la institución, pues exigen conocer cómo funcionan las instancias universitarias de toma de decisiones, finanzas y seguridad.
Roberto Rodríguez, también del IIS, dijo que si bien la UNAM tiene cuotas congeladas para sus estudiantes de licenciatura, por ejemplo, no es igual su política para los alumnos de diplomados y posgrados.
Además, dijo, los estudiantes de las escuelas incorporadas a la universidad pagan en promedio a la UNAM, mediante las colegiaturas de sus instituciones, mil pesos mensuales por esta condición.
También señaló que en México son las universidades más ricas las que cobran cuotas más bajas a sus estudiantes, como la UNAM o la UAM. En tanto, escuelas como los institutos tecnológicos, las universidades interculturales y las escuelas normales, que tienen presupuestos mucho menores que aquellas universidades, cobran cuotas proporcionalmente mayores.
Y planteó, en las universidades públicas mexicanas en las que las cuotas pagadas por estudiantes representan entre 15 y 25 por ciento del presupuesto, como la Autónoma de Nuevo León o la de Aguascalientes, los salarios de los profesores no son mejores que en el resto.
El curso hizo en 15 sesiones un análisis de diversos movimientos estudiantiles ocurridos en América y Europa desde 1918, cuando protestas estudiantiles en Argentina consiguieron la primera autonomía universitaria del continente en lo que se conoce como la Reforma de Córdoba.
Como parte de las reflexiones finales, Marcela Meneses, participante de la huelga estudiantil de 1999-2000 en la UNAM, planteó que la mirada romántica que hay sobre ciertos movimientos estudiantiles perjudica la comprensión de su relevancia social. Consideró que eso ha tendido a pasar este año con la conmemoración del 50 aniversario del movimiento de 1968. Ahora se le ve como la bandera de la democracia en México, una visión que comenzó con Vicente Fox. Detrás de estas miradas hay intereses políticos e interpretaciones hegemónicas que no corresponden a los acontecimientos.
">No existe en en México educación universitaria gratuita
1 de diciembre de 2018En México, la educación pública, en particular la universitaria, no es gratuita, se planteó ayer en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (más…)
Argentina: FMI y el recorte presupuestario para la educación
País sede del G20 este año, Argentina vive un proceso de cambio en su sistema educativo. “Son dos racionalidades totalmente diferentes entre la que tuvo Cristina Fernández de Kirchner y la del gobierno actual de Mauricio Macri. Es un cambio traumático porque las cosas que se habían hecho bien están siendo desarmadas continuamente, y las cosas que estaban mal no están mejorando, sino que se profundizan las deficiencias”, explica el coordinador de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, Alberto Croce. Para él, una de las principales amenazas al derecho a la educación en el país actualmente es el recorte presupuestario para políticas sociales. “El último acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) determina un recorte importante de presupuesto, lo que implica un ajuste fuerte que va a recaer en los sectores con menos capacidad de defensa y en los programas sociales, como los que tienen que ver con la educación rural, entre otros”, dice.Brasil: amenaza ultraconservadora y el desafío de incluir 2,8 millones de niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela
El más grande país de América Latina y el Caribe también es lo que más posee niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela. “Son 2,8 millones que no logran tener acceso a la educación en Brasil, cantidad que excede al total de la población de 59 países del mundo”, dice Andressa Pellanda, coordinadora de Políticas Educativas de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de Brasil. A esta problemática se suma la exclusión y discriminación que niños, niñas y adolescentes sufren en la escuela, por cuestiones de raza, etnia, color, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc. “Parte del desafío de la inclusión está relacionada a la falta de políticas anti-discriminatorias y también a la falta de calidad en la educación. La baja calidad se refleja especialmente en la precaria infraestructura de las escuelas y también en la casi inexistente valorización de las y los profesionales de la educación, que necesitan una buena formación inicial y contínua, buenas condiciones de trabajo y un salario que sea equivalente al de las otras profesiones con la misma formación”, afirma Andressa Pellanda. Para ella, la exclusión social de niños, niñas y adolescentes está directamente relacionada al bajo nivel de financiamiento en la educación y al hecho de que las políticas educativas no han tenido importancia central a mediano y largo plazo, como es el caso del Plan Nacional de Educación (PNE) que cumple 5 años sin que se hayan realizado sus metas. Otro desafío es la amenaza de grupos ultraconservadores que defienden una educación acrítica, con censura, de pensamiento único y que no incluye las diversidades. “Este movimiento tiene como principal bandera el proyecto ‘Escuela sin Partido’. Frente a tales presiones, la dimensión de la inclusión y también la libertad de enseñar y aprender están amenazadas”, dice Pellanda. Uno de los principales defensores de esta línea ultraconservadora en el país es el recién electo presidente, Jair Bolsonaro. Ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, la CLADE publicó una carta denunciando las amenazas que las propuestas de Bolsonaro representan para la educación brasileña. “El programa que defiende Bolsonaro para la educación representa un grave retroceso. Las propuestas de limitar el proceso educativo a la enseñanza de ‘portugués y matemáticas’, restringir el financiamiento público, promover la educación a distancia para primaria y secundaria, así como la censura al trabajo pedagógico docente, representan graves amenazas a la realización del derecho humano a la educación, la renuncia de la pedagogía y la profundización de desigualdades y discriminaciones históricas”, dice el documento.México:reforma educativa neoliberal y la negación al derecho a la estabilidad laboral de las y los docentes
Con más de 30 millones de estudiantes cursando la educación obligatoria, México posee uno de los más grandes sistemas educativos del mundo. En los años 2012 y 2013, el país dio inicio a una reforma educativa, impulsada por el gobierno de Peña Nieto. “La reforma educativa es una especie de zafiro, de piedra preciosa y única, que representa las atrocidades que se pueden hacer en nombre de la calidad educativa. Ella reúne organismos nacionales e internacionales, fundaciones empresariales, expertos, medios de comunicación, líderes sindicales corruptos y autoritarios, legisladores sin distinción de partido político, centros de investigación económica –no educativa- e, incluso, represión policiaca. Todo ello para mejorar la calidad educativa, calidad que según ellos se encontraba por los suelos por un único y terrible culpable: el docente”, dice Sebastián Plá, investigador titular en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista publicada por Hemisferio Izquierdo. En articulación con el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), la CLADE llama la atención para el deliberado desmantelamiento de la educación pública y la privatización de los servicios educativos en el país, que limitan gravemente el acceso de los sectores populares a una educación de calidad y con pertinencia socio-cultural. Rosa Zúñiga, secretaria general del CEAAL, y las organizaciones que son parte de la CADEM en México reconocen que la educación en el país ha vivido un proceso de despojo, empezando por el desconocimiento de los derechos de las y los docentes. “La inversión en educación disminuyó drásticamente, en los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Peña Nieto”, afirma Zúñiga. Según Sebastián Plá, la reforma educativa negó a las y los docentes el derecho a la estabilidad laboral y rechazó a toda organización colectiva magisterial, negando su saber práctico e intelectual. “El nuevo profesor es ahora un profesor experto en responder exámenes que definen lo que es ser maestro idóneo o no. Definición, por cierto, diseñada por lo indicadores del saber experto, no por el saber docente. El nuevo y digno profesor de calidad es un funcionario de Estado que sigue las indicaciones de sus superiores, no un intelectual capaz de producir conocimiento”, explica el investigador. CEAAL en México, CADEM y CLADE también demandan al nuevo presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, que asumirá el gobierno luego del cierre de la Cúpula del G20 - el 1º de diciembre-, un compromiso por la garantía plena del ejercicio de los derechos de las mujeres, en particular del acceso a una vida libre de violencia y discriminación, puesto que el 61.1% de las mujeres mexicanas de 15 años y más, manifiesta haber sufrido al menos un incidente de violencia. Del 2007 al 2016, 22 mil 482 mujeres fueron asesinadas en el país.“Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030” - Lea el documento de la CLADE que demanda a los Estados latinoamericanos participantes del G20 la reafirmación de su compromiso con la garantía de un financiamiento público adecuado, justo y sostenible para el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos, así como el cumplimiento de las legislaciones educativas nacionales vigentes que profundizan y fortalecen estos compromisos globales.">
La educación latinoamericana en el G20
30 de noviembre de 2018Líderes de 19 países del mundo y de la Unión Europea están reunidos en Buenos Aires, Argentina, en la cumbre del G20. Además de realizarse por primera vez en un país latinoamericano, el encuentro, en decisión inédita, discutirá la educación.
Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema de debate en un evento internacional realizado en un país latinoamericano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 – Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad. (más…)
México: “El derecho a la educación debe ser maximizado, no restringido”, afirma Suprema Corte
24 de octubre de 2018Una resolución de la Primera Sala de esta corte dispone que este centro educativo y sus autoridades se deben abstener de vulnerar la gratuidad de la educación superior
México: La exclusión de estudiantes con discapacidad del sistema educativo general es discriminatoria y, por tanto, inconstitucional
3 de octubre de 2018La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México determinó, en su sesión de hoy, que, de acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo “general u ordinario”–sin reglas ni excepciones–, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional.
Al resolver el amparo en revisión 714/2017, los Ministros se pronunciaron respecto a la constitucionalidad de los artículos 33, fracción IV bis y 41, de la Ley General de Educación, así como el artículo 10, fracciones IX y X de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que se refieren a la denominada “educación especial”, y sostuvieron que en el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad.
Más bien debe entenderse que existe un sistema educativo regular que es complementado con “herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular” –y no propiamente un sistema de educación especial–, que han sido creadas por el legislador, precisamente, para identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad.
Por ello, resolvieron, que las políticas y los recursos encaminados a formular prácticas genuinamente inclusivas deben primar sobre aquellas prácticas que tiendan a la separación, sea temporal o definitiva, de los educandos, atendiendo, entre otras consideraciones, a la discapacidad; para lo cual, progresivamente y hasta el máximo de los recursos posibles, se deberán tomar ajustes razonables, como lo son, entre otros, capacitar a profesores, adaptar las aulas a diferentes necesidades de los educandos y elaborar un plan de estudio que tome en cuenta las diferencias de los alumnos.
Consideraron que la escuela ordinaria con orientación inclusiva es la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos, ya que los niños que se educan con sus pares tienen más probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar incluidos en su comunidad.
En consecuencia, se declaró inconstitucional la disposición legal que propicia la coexistencia de dos sistemas educativos, uno regular –para todos los alumnos- y otro especial –para las personas con discapacidad-.
Finalmente, la Sala destacó que si bien es optativo para el alumno emplear las herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular –como lo son los Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)–, lo cierto es que esa opcionalidad en forma alguna podrá ser pretextada para excluir a los alumnos con discapacidad del sistema educativo regular.
Fuente: Suprema Corte de Justicia de México
México: La exclusión de estudiantes con discapacidad del sistema educativo general es discriminatoria y, por tanto, inconstitucional
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México determinó, en su sesión de hoy, que, de acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo “general u ordinario”–sin reglas ni excepciones–, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional.
Al resolver el amparo en revisión 714/2017, los Ministros se pronunciaron respecto a la constitucionalidad de los artículos 33, fracción IV bis y 41, de la Ley General de Educación, así como el artículo 10, fracciones IX y X de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que se refieren a la denominada “educación especial”, y sostuvieron que en el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad.
Más bien debe entenderse que existe un sistema educativo regular que es complementado con “herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular” –y no propiamente un sistema de educación especial–, que han sido creadas por el legislador, precisamente, para identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad.
Por ello, resolvieron, que las políticas y los recursos encaminados a formular prácticas genuinamente inclusivas deben primar sobre aquellas prácticas que tiendan a la separación, sea temporal o definitiva, de los educandos, atendiendo, entre otras consideraciones, a la discapacidad; para lo cual, progresivamente y hasta el máximo de los recursos posibles, se deberán tomar ajustes razonables, como lo son, entre otros, capacitar a profesores, adaptar las aulas a diferentes necesidades de los educandos y elaborar un plan de estudio que tome en cuenta las diferencias de los alumnos.
Consideraron que la escuela ordinaria con orientación inclusiva es la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos, ya que los niños que se educan con sus pares tienen más probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar incluidos en su comunidad.
En consecuencia, se declaró inconstitucional la disposición legal que propicia la coexistencia de dos sistemas educativos, uno regular –para todos los alumnos- y otro especial –para las personas con discapacidad-.
Finalmente, la Sala destacó que si bien es optativo para el alumno emplear las herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular –como lo son los Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)–, lo cierto es que esa opcionalidad en forma alguna podrá ser pretextada para excluir a los alumnos con discapacidad del sistema educativo regular.
Fuente: Suprema Corte de Justicia de México
Altos índices de violencia intimidan y expulsan estudiantes LGBT de las escuelas en América Latina y el Caribe
23 de febrero de 2017Una proporción importante de estudiantes es afectada por la violencia homofóbica o transfóbica en las escuelas y las posibilidades de sufrir ese tipo de violencia en el ambiente educativo son más altas que en casa o en la comunidad. (más…)
México aprueba ley que promueve el uso de lengua materna en el sistema educativo
21 de enero de 2016Se aprobaran en México reformas en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que promueven el uso de la lengua materna en el sistema educativo y aseguran el fomento a la educación intercultural y el multilingüismo en los niveles medio y superior. Asimismo, se reconocieron las lenguas indígenas como idiomas nacionales, con la misma validez que el idioma español.
Las modificaciones en los artículos 1, 3, y 11 y la fracción I del artículo 13 de esta ley tiene el propósito de priorizar el uso de la lengua materna de los pueblos y comunidades y promover su uso cotidiano, garantizando el acceso a la educación en idioma español y lengua local.
“Las autoridades educativas federales y las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos”, asegura el artículo 11.
Los cambios en los artículos de la ley establecen que en el sistema educativo prevalecerá el respeto a la dignidad e identidad de las personas, la práctica y uso de su lengua indígena; y que los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena deberán incluir políticas y acciones tendientes a la protección, promoción y desarrollo de las lenguas indígenas.
Otra reforma en esta misma ley – aprobada por el Congreso y sancionada por la Presidencia – modificó los artículos 4 y 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para que las lenguas indígenas y el español sean considerados idiomas nacionales y tengan la misma validez.
Una de las consecuencias de esta reforma es garantizar que los y las indígenas puedan acceder a la justicia de manera plena, sin que las lenguas originarias sean un obstáculo y una limitante, pues se trata de un ordenamiento de carácter general y su objeto es regular el reconocimiento de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de las comunidades indígenas.
Descarga aquí el decreto publicado en diciembre del 2015 que establece la promoción del uso de las lenguas indígenas.
Descarga aquí el decreto publicado en diciembre del 2015 que reconoce las lenguas indígenas como idiomas nacionales.
Con informaciones de Comunicación de Senado, Canal del Congreso y Oaxaca Media.
Lea también la entrevista: “Si la educación intercultural no es para todos, difícilmente se pueda llamar de intercultural”, con la presidenta del Instituto de Investigaciones para la Evaluación de la Educación (INEE) Sylvia Schmelkes, reconocida socióloga e investigadora sobre el tema.
Encuentro Regional de Parlamentarias/os y Sociedad Civil defiende la participación y la actuación conjunta contra la criminalización de la protesta social
1 de diciembre de 2015Este debate, con énfasis en la lucha de la juventud por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe, subrayó la necesidad de articular esfuerzos entre los niveles nacional, regional y mundial, así como entre varios sectores de lucha y poderes, para fortalecer la participación ciudadana y contener la criminalizacion de la protesta en la región (más…)
