<em>Con la aprobación de un nuevo marco normativo se reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y se avanza hacia la igualdad</em><span id= La normativa, aprobada el pasado mes de setiembre, incorpora varias modificaciones al Código Civil y establece que toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos, incluyendo a texto expreso “a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad”. Entre otras disposiciones, se destaca la incorporación de la figura y definición de apoyos y salvaguardias, previéndose que toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables y apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlos o designarlos de acuerdo con su libre elección. A su vez, este marco normativo se ve fortalecido por la aprobación más recientemente del Decreto Legislativo Nº 1417 que tiene por objeto establecer disposiciones para promover y fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, a través de medidas específicas que garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales. La normativa estable que la persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el proceso de selección de recursos humanos y en el lugar de trabajo (comprendiendo la adecuación de las metodologías, procedimientos, instrumentos de evaluación y métodos de entrevista, la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, incluyendo la provisión de ayudas técnicas y servicios de apoyo; así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del trabajador con discapacidad); prevé la gratuidad del proceso de evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad; así como el derecho a licencia de las personas con familiares en situación de discapacidad. Con estos avances, que determinan una ampliación de los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad, el país se aproxima más a los estándares y obligaciones internacionales de derechos humanos, en particular al cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En relación a los mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado “reconocer que las personas con discapacidad poseen capacidad jurídica plena es reconocer que son sujetos de derechos en igualdad de condiciones a las personas sin discapacidad y que poseen la facultad de elegir sobre su proyecto de vida. Con esta modificación las personas con discapacidad podrán decidir sobre aspectos fundamentales de su vida tales como si someterse o no tratamientos médicos, casarse o tener hijos; facultad que antes de las modificaciones al Código Civil se veía restringida con la figura de la interdicción y la designación de un curador” Acceda aquí al texto completo del DECRETO LEGISLATIVO QUE RECONOCE Y REGULA LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES (Decreto Legislativo Nº 1384). Información relacionada: Gobierno avanza en la inclusión de las personas con discapacidad">
Con la aprobación de un nuevo marco normativo se reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y se avanza hacia la igualdad

Perú: Avances en el campo de los derechos de las personas con discapacidad

6 de noviembre de 2018

Con la aprobación de un nuevo marco normativo se reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y se avanza hacia la igualdad (más…)

<em>Con la aprobación de un nuevo marco normativo se reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y se avanza hacia la igualdad</em> <hr id= La normativa, aprobada el pasado mes de setiembre, incorpora varias modificaciones al Código Civil y establece que toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos, incluyendo a texto expreso “a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad”. Entre otras disposiciones, se destaca la incorporación de la figura y definición de apoyos y salvaguardias, previéndose que toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables y apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlos o designarlos de acuerdo con su libre elección. A su vez, este marco normativo se ve fortalecido por la aprobación más recientemente del Decreto Legislativo Nº 1417 que tiene por objeto establecer disposiciones para promover y fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, a través de medidas específicas que garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales. La normativa estable que la persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el proceso de selección de recursos humanos y en el lugar de trabajo (comprendiendo la adecuación de las metodologías, procedimientos, instrumentos de evaluación y métodos de entrevista, la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, incluyendo la provisión de ayudas técnicas y servicios de apoyo; así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del trabajador con discapacidad); prevé la gratuidad del proceso de evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad; así como el derecho a licencia de las personas con familiares en situación de discapacidad. Con estos avances, que determinan una ampliación de los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad, el país se aproxima más a los estándares y obligaciones internacionales de derechos humanos, en particular al cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En relación a los mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado “reconocer que las personas con discapacidad poseen capacidad jurídica plena es reconocer que son sujetos de derechos en igualdad de condiciones a las personas sin discapacidad y que poseen la facultad de elegir sobre su proyecto de vida. Con esta modificación las personas con discapacidad podrán decidir sobre aspectos fundamentales de su vida tales como si someterse o no tratamientos médicos, casarse o tener hijos; facultad que antes de las modificaciones al Código Civil se veía restringida con la figura de la interdicción y la designación de un curador” Acceda aquí al texto completo del DECRETO LEGISLATIVO QUE RECONOCE Y REGULA LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES (Decreto Legislativo Nº 1384).">

Perú: Avances en el campo de los derechos de las personas con discapacidad

Con la aprobación de un nuevo marco normativo se reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y se avanza hacia la igualdad

La normativa, aprobada el pasado mes de setiembre, incorpora varias modificaciones al Código Civil y establece que toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos, incluyendo a texto expreso “a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad”. Entre otras disposiciones, se destaca la incorporación de la figura y definición de apoyos y salvaguardias, previéndose que toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables y apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlos o designarlos de acuerdo con su libre elección.

A su vez, este marco normativo se ve fortalecido por la aprobación más recientemente del Decreto Legislativo Nº 1417 que tiene por objeto establecer disposiciones para promover y fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, a través de medidas específicas que garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales. La normativa estable que la persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el proceso de selección de recursos humanos y en el lugar de trabajo (comprendiendo la adecuación de las metodologías, procedimientos, instrumentos de evaluación y métodos de entrevista, la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, incluyendo la provisión de ayudas técnicas y servicios de apoyo; así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del trabajador con discapacidad); prevé la gratuidad del proceso de evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad; así como el derecho a licencia de las personas con familiares en situación de discapacidad.

Con estos avances, que determinan una ampliación de los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad, el país se aproxima más a los estándares y obligaciones internacionales de derechos humanos, en particular al cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En relación a los mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado “reconocer que las personas con discapacidad poseen capacidad jurídica plena es reconocer que son sujetos de derechos en igualdad de condiciones a las personas sin discapacidad y que poseen la facultad de elegir sobre su proyecto de vida. Con esta modificación las personas con discapacidad podrán decidir sobre aspectos fundamentales de su vida tales como si someterse o no tratamientos médicos, casarse o tener hijos; facultad que antes de las modificaciones al Código Civil se veía restringida con la figura de la interdicción y la designación de un curador”

Acceda aquí al texto completo del DECRETO LEGISLATIVO QUE RECONOCE Y REGULA LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES (Decreto Legislativo Nº 1384).

<em>En respuesta a solicitud de intervención por parte de la CPDE, autoridades envían carta al presidente peruano, en la que defienden el Currículo Nacional de la Educación Básica, que tiene la igualdad de género como uno de sus principios y es objeto de protestas por parte de grupos conservadores del país</em><!--more--> La Corte Suprema de Perú analiza en este momento un proceso de acción popular constitucional que fue iniciado por un grupo conservador del país, con miras a detener la implementación del Currículo Nacional para la Educación Básica (CNEB), que tiene la igualdad de género como uno de sus principios y metas. En este contexto, Koumbou Boly Barry, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, e Ivana Radačić, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de la ONU, enviaron una <a href=carta al presidente del país en la que defienden el currículo nacional e instan a que se tomen todas las medidas provisionales necesarias para garantizar la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas peruanas en todas las áreas, inclusa la educación. “El nuevo currículo es un instrumento fundamental para generar un cambio estructural, dar a las niñas y niños herramientas para el respeto de los derechos humanos y para la lucha contra la violencia de género”, afirman las autoridades de la ONU. El posicionamiento de Boly Barry y Radačić resulta de una solicitud de intervención que fue presentada al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, por la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), miembro de la CLADE en el Perú. “La respuesta de la ONU a nuestra solicitud ha sido una importante expresión del respaldo que podemos lograr de las máximas autoridades en defensa de los derechos humanos. Ha sido un logro de incidencia para la CPDE, muy apreciado por sus miembros y reconocido y difundido por redes de diversas organizaciones de la sociedad civil en el Perú. Estamos convencidos de que es un precedente valioso para acciones similares de parte de otros movimientos y organizaciones sociales en distintos contextos regresivos para la igualdad de género en la región”, declaró la Coordinadora Nacional de la CPDE, Madeleine Zúñiga. Desde la aprobación del Currículo Nacional para la Educación Básica (CNEB), en junio de 2016, el Ministerio de Educación peruano ha sido cuestionado por grupos conservadores que demandan la abolición del plan de estudios y el cese de su implementación. Estos movimientos argumentan que el currículo aboga por una "ideología de género" y va en contra de los valores “de la familia”. El 16 de febrero de 2017, uno de estos grupos presentó al Poder Judicial una demanda de acción popular constitucional, que tiene por objeto detener la implementación del CNEB y eliminar la palabra "género" del currículo. En paralelo, se ha iniciado una campaña de comunicación y movilización nacional bajo el lema "Con mis hijos no te metas”, que en base al falso concepto “ideología de género” difunde mensajes contra la perspectiva de la igualdad de género en las escuelas. “Nos preocupa que la Corte Suprema pueda llegar a emitir una decisión en contra de la inclusión del concepto de igualdad de género en el Currículo Nacional que iría en contra del principio de igualdad consagrado por la Constitución y en contra de las obligaciones internacionales del país. Instamos a las autoridades a que rechacen las campañas discriminatorias para evitar retrocesos en la lucha por los derechos a la igualdad y contra la discriminación”, afirman Boly Barry y Radačić. Las autoridades de la ONU también subrayan que el CNEB tiene un enfoque de derechos humanos, interculturalidad, igualdad de género e inclusión como formas de convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo, y su implementación contribuiría a asegurar los cambios estructurales necesarios para que el Estado peruano pueda seguir adelante, con un efecto duradero y sostenible, en sus acciones a favor de la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, así como de la igualdad de género.  Asimismo, las autoridades solicitan que su carta se comparta con el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Educación, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Presidente de la Corte Suprema y la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Lea la carta de Koumbou Boly Barry e Ivana Radačić aquí.">
En respuesta a solicitud de intervención por parte de la CPDE, autoridades envían carta al presidente peruano, en la que defienden el Currículo Nacional de la Educación Básica, que tiene la igualdad de género como uno de sus principios y es objeto de protestas por parte de grupos conservadores del país

Perú: ONU respalda el enfoque de género en el Currículo Nacional

23 de agosto de 2018

En respuesta a solicitud de intervención por parte de la CPDE, autoridades envían carta al presidente peruano, en la que defienden el Currículo Nacional de la Educación Básica, que tiene la igualdad de género como uno de sus principios y es objeto de protestas por parte de grupos conservadores del país (más…)

Dos niñas y un niño leyendo un libro, frente a una bandera de Perú
Diario Uno

Perú: Presidente anuncia creación de política de Igualdad de Género

3 de agosto de 2018

En pronunciamiento a la nación, Martín Vizcarra se comprometió con el desarrollo de reformas jurídicas y políticas hacia la igualdad de género y contra la discriminación y la violencia (más…)

Jaime Herrera Espinoza

Ministro de Educación de Perú anuncia que mantendrá el enfoque de género en el currículo de la educación básica

29 de junio de 2018

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) anunció, en comunicado, divulgado el 27 de junio, que mantendrá el enfoque de la igualdad de género en el currículo nacional de la educación básica.

La decisión fue una respuesta a acciones de incidencia y movilización impulsadas por organizaciones de la sociedad civil del país contra la presión de movimientos conservadores y confesionales fanáticos que demandaban la retirada de la palabra “género” del currículo. “Esta visión nos permitirá desterrar patrones socioculturales como el machismo, que han legitimado, a lo largo de la historia, la violencia contra las mujeres y su postergación en distintos ámbitos del desarrollo. Eliminar la desigualdad entre varones y mujeres es nuestra prioridad” afirmó el MINEDU en su posicionamiento.

“En este proceso de incidencia, la perspectiva pedagógica, la calidad profesional del análisis de los textos -aporte del Colectivo Educación e Igualdad- enriqueció nuestra demanda y fundamentación para mantener el enfoque de género en el currículo”, señaló Madeleine Zúñiga, Coordinadora Nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE).

El 18 de junio, la Plataforma por la Educación, coalición de organizaciones de la sociedad civil de Perú, de la que la CPDE forma parte, había enviado una carta a Daniel Alfaro, Ministro de Educación del país, donde instaba por el mantenimiento del enfoque de género en el currículo de la educación básica nacional y su desarrollo en los textos escolares.

La carta fue también una respuesta de la Plataforma a consultas que el MINEDU viene impulsando, sobre contenidos de los textos escolares que están en uso en el país y otros que están por imprimirse, y la forma como tratan la cuestión de género y la diversidad sexual. En ese sentido, las organizaciones que integran la Plataforma compartieron las siguientes recomendaciones:

1. La urgencia de contar con una política de calidad de textos o materiales educativos en el MINEDU;

2. La necesidad de crear una unidad u oficina dedicada al desarrollo curricular y de materiales educativos, que logre convocar y retener a profesionales y especialistas capaces de producir o supervisar eficazmente la producción de materiales educativos;

3. La elaboración de una guía o manual para docentes acerca de la transversalización de los 7 enfoques del currículo nacional, entre ellos el enfoque de género;

4. La revisión de normas de contratación implicadas en el proceso de elaboración de los materiales educativos del MINEDU;

5. La necesidad de fomentar desde la educación básica el respeto, el trato igualitario y la empatía ante la diversidad sexual, así como la debida atención al bullying homofóbico en las escuelas;

6. La promoción de una alianza entre familia, escuela y docentes, no sólo para constatar la persistencia de las desigualdades y la violencia de género en la sociedad, sino para también entender sus consecuencias en la vida y el desarrollo personal de las y los estudiantes.

“La ausencia del enfoque de igualdad de género o su abordaje inadecuado tiene consecuencias en la vida de las y los estudiantes, cuyo derecho a una vida plena, con dignidad y en relaciones de igualdad, se ve afectado por prejuicios y estereotipos sexistas que limitan sus proyectos de vida, legitiman la discriminación y naturalizan la violencia”, señala la Plataforma por la Educación en la carta.

Perú: Discuten la justicia tributaria y su relación con el financiamiento educativo

18 de junio de 2018

Encuentro en Lima discutió la relación entre la justicia tributaria, la evasión fiscal y la financiación de una educación de calidad en los países de América Latina y el Caribe (más…)

Perú: Discuten la justicia tributaria y su relación con el financiamiento educativo

14 de junio de 2018

Encuentro en Lima discutió la relación entre la justicia tributaria, la evasión fiscal y la financiación de una educación de calidad en los países de América Latina y el Caribe (más…)

Evento reúne a activistas e investigadoras/es para discutir cómo aumentar la inversión en la educación pública desde la justicia tributaria

11 de junio de 2018

El encuentro tendrá lugar el 12 de junio en Lima, Perú, y contará con la presencia de expertas/os que presentarán hallazgos de estudios más recientes e informaciones relevantes sobre el tema presupuesto público y su relación con la cuestión tributaria y el derecho humano a la educación (más…)

Se realizó entre el 10 y el 19 de julio en Nueva York el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas (High Level Political Forum – HLPF, por su acrónimo en inglés), la plataforma internacional para el seguimiento y revisión del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales fueron adoptados por los Estados miembros en septiembre de 2015.<!--more--> Cada año, se elige un conjunto de ODS para que esta instancia los analice en profundidad. En el HLPF de este año se discutió la implementación de los siguientes Objetivos: ODS 1 (Poner fin a la pobreza); ODS 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible); ODS 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas/os en todas las edades); ODS 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas); ODS 9 (Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación); ODS 14 (Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible); y Objetivo 17 (Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible). Durante este evento, en que se promovieron múltiples debates, se evaluó también el estado de implementación de los ODS en 44 países, los cuales presentaron sus revisiones nacionales voluntarias (VNR) del 17 al 19 de julio. De América Latina y el Caribe, dieron a conocer sus informes los siguientes Estados: Argentina, Brasil, Belice, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá; Perú y Uruguay. En el contexto del HLPF, el Grupo de Educación y Academia (Education and Academia Stakeholder Group – EASG por su acrónimo en inglés), que compone la estructura de participación de la sociedad civil en los debates sobre los ODS en Naciones Unidas, <a href=impulsó una consulta a la comunidad educativa y activistas que defienden el derecho humano a la educación en distintos países del mundo sobre el cumplimiento de los ODS en sus contextos nacionales. La Campaña Mundial por la Educación (CME) es una de las cuatro organizaciones impulsoras del EASG, al lado del Consejo Internacional para la Educación de Personas Adultas (ICAE), de la Unión Europea de Estudiantes (European Students’ Union) y de la Internacional de la Educación (IE).
Análisis de las revisiones nacionales voluntarias
Específicamente para la membresía de las organizaciones del EASG que viven en los Estados que presentaron sus revisiones nacionales voluntarias este año, se hizo una invitación para que formularan comentarios y preguntas respecto al contenido de los informes divulgados por los gobiernos de estos países. Como resultado, lo que se observa es que la mayoría de las revisiones nacionales voluntarias no hace cualquier referencia específica al ODS 4 (Objetivo de Desarrollo Sostenible referido al derecho a la educación). Gran parte de estos informes, a la vez, se ha limitado a comentar apenas los ODS que se deberán profundizar en el Foro Político de Alto Nivel 2017. Sin embargo, es importante que los Estados presenten los avances en el cumplimiento de la Agenda 2030 como un todo y es clave que el conjunto de los Objetivos sea abordado en cada edición del HLPF, pues de otra manera cada ODS sería analizado apenas una vez cada cuatro años. Esta recomendación es especialmente importante en lo que toca a la implementación del ODS 4, que se refiere al derecho humano a la educación, pues es promotor de la realización de todos los demás derechos humanos, así como de la concreción de toda la Agenda 2030. También se constató que en la mayoría de los países todavía no existen espacios institucionalizados para el seguimiento y revisión de la Agenda de Desarrollo 2030 en los que se permita y garantice la participación de la sociedad civil. Integrantes del EASG tuvieron la oportunidad de hacer algunas preguntas a los Estados que presentaron sus revisiones nacionales voluntarias al Foro Político de Alto Nivel.
Revisiones voluntarias de América Latina y el Caribe
En lo que se refiere a los Estados de esta región que presentaron sus revisiones voluntarias en el HLPF 2017, la membresía de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) planteó algunas reflexiones y preguntas sobre el contenido de los informes de estos países. Se señalaron dos principales preocupaciones en la mayor parte de estas revisiones: la reducción de inversiones públicas en los sistemas educativos públicos, afectando la gratuidad educativa, y retrocesos y retos relacionados a la igualdad de género y la educación. Asimismo se subrayó como punto positivo que los informes de Uruguay y Perú mencionan compromisos claros con el cumplimiento del ODS 4 y la garantía de la participación de la sociedad civil en el seguimiento y revisión de la Agenda 2030. Para conocer algunas reflexiones y preguntas específicas sobre las revisiones voluntarias por país de la región, acceda a nuestro comunicado completo aquí.">

11 Estados de América Latina y el Caribe presentan a la ONU sus revisiones nacionales voluntarias sobre el cumplimiento de la Agenda 2030

20 de julio de 2017

Se realizó entre el 10 y el 19 de julio en Nueva York el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas (High Level Political Forum – HLPF, por su acrónimo en inglés), la plataforma internacional para el seguimiento y revisión del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales fueron adoptados por los Estados miembros en septiembre de 2015. (más…)

Niña sonriendo con cartel en el que se lee
OEI

La equidad de género en el currículo de educación básica en Perú suscita controversia y rechazo de grupos conservadores

22 de junio de 2017

Desde la aprobación de un nuevo currículo nacional que tiene la equidad de género como uno de sus principios y metas, el Ministerio de Educación peruano ha sido cuestionado por grupos conservadores que han llegado hasta demandar al Ministerio reclamando la abolición del plan de estudios y detener su implementación. (más…)

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