La justicia social solo será posible con un sistema fiscal adecuado
13 de marzo de 2023El avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, demandan una ampliación de recursos destinados a los sistemas públicos educativos cuya consecución puede encaminarse con acciones y medidas creciente de la base impositiva en la región.
Con miras a profundizar los mecanismos de aporte que puede trazar la justicia fiscal al ejercicio de los derechos humanos en la región se comparte el Informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina realizado en el marco del proyecto “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: diagnóstico, participación e incidencia desde América Latina y Caribe” liderado por LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Con el objetivo de visibilizar la agenda conjunta de convergencia entre justicia fiscal y el derecho a la educación se realizó el foro público virtual “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”.
Importancia de la educación como inversión social
La mirada estratégica de la educación como inversión social y no como gasto implica asumir un compromiso con el enfoque de derechos que ponen a los Estados en cuestionamiento por evidenciar las prioridades presupuestarias, y proponer la revisión del proceso de recaudación tributaria, incentivos, deducciones y exenciones. La correlación de fuerzas políticas y su gestión expone diversas preguntas desde la sociedad civil ¿Cuánto se destina a la educación? ¿Qué proporciones se mantienen entre gastos de seguridad y militar frente a la educación y/o la salud? ¿Cómo se definen las prioridades presupuestarias? ¿Qué porcentajes aumentan del endeudamiento público?, entre otras.
La justicia fiscal y la ampliación de la base impositiva son mecanismos para que los Estados establezcan mayor protección y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, pudiendo ser el camino para garantizar mayores recursos para los sistemas públicos educativos, afirmó en las palabras de apertura, Luis Moreno coordinador del área de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindadd y presidente de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (en inglés Global Alliance for Tax Justice).
Durante el foro se mantuvo la idea fuerza que la justicia fiscal viabiliza la posibilidad de recuperación de los recursos perdidos por prácticas tributarias abusivas, y que la medida de incrementar la recaudación de impuestos progresivos así como priorizar los gastos de los presupuestos permitiría a la región multiplicar los recursos disponibles para educación a corto plazo.
Relación virtuosa: derecho humano a la educación y justicia fiscal
El investigador y consultor, Alejandro Mencías señaló durante la presentación del informe, la importancia de “la relación bidireccional virtuosa entre justicia fiscal y derecho humano a la educación” ya que se despliegan a nivel regional posibilidades de fuentes de ingresos para la educación, por lo cual si se activa la voluntad política pudiera facilitar el financiamiento educativo adecuado para América Latina y el Caribe.
El informe subraya que “las diferencias en el ámbito fiscal entre las regiones con mejores desempeños en lo educativo frente a aquellas en peores condiciones contemplan tres aspectos: un Estado como garante del derecho y proveedor principal del servicio público educativo, sistemas fiscales más justos, y más capacidades y responsabilidad a los diferentes niveles de gobierno. Estas características son compartidas por gran parte del mundo desarrollado, pero son ajenas a la realidad de América Latina y de regiones como África y gran parte del Asia”.
“América Latina gasta 3.8 veces menos por estudiante, ocupando el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial” según el informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina, por lo que las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado para que se destine en promedio al menos el 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB) o el 15.6 % del gasto total en educación (UNESCO, 2022).
Los impuestos a bienes y servicios llegan a un 11,2% del Producto Interno Bruto en la región, mientras que los impuestos a la renta y a la propiedad un 6.2% elementos que hacen considerar estos sistemas fiscales como regresivos, es decir, los impuestos recaen sobre la mayoría de la población con gastos corrientes y en condiciones de franca desventaja para quienes concentran ganancias económicas y financieras.
En términos de justicia fiscal debe existir una transformación para que la generación de ingresos provenga de la movilización interna de recursos mediante el recaudo de impuestos de manera progresiva, “lo que significa que quienes más tienen contribuyan más, y que a la vez más personas lo hagan bajo ese principio”.
Más recursos para educación con sistemas fiscales progresivos
La CEPAL en el año 2020 presentó un alerta cuando refirió que en la región un 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB) se perdía por evasión o elusión fiscal, y se estima que el 1% se pierde anualmente por el uso de guaridas fiscales. “Entre ambos valores se pierde lo correspondiente al 160% de lo gastado anualmente en educación, valor que podría ser aún mayor, ya que lo contemplado por el abuso de guaridas fiscales corresponde únicamente a lo referido por los intercambios de información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
La comprensión del sistema tributario en la región es el primer paso para exigir su transformación con enfoque de justicia social. Actualmente, como se ha señalado, los sistemas fiscales son regresivos e cinsuficientes, ya que la mayor proporción de los ingresos proviene de impuestos indirectos. Como lo explica el informe esto se debe a varias razones, entre ellas: “la alta concentración del ingreso y la riqueza que no tributa; los altos niveles de informalidad del mercado laboral; el uso desmedido de guaridas fiscales; las pérdidas por flujos financieros ilícitos; la falsa facturación; y la evasión y elusión tributaria”. Si bien las estimaciones publicadas sobre evasión fiscal y flujos financieros ilícitos a nivel regional son escasas.
Para la región latinoamericana y caribeña invertir adecuadamente en educación es urgente. Por ello se exhorta a aumentar el control de quienes usan el comercio internacional y las guaridas fiscales para alterar y esconder ingresos y riquezas, a fin de obtener los beneficios sociales requeridos para la población como disponer de inversión de recursos para garantizar el derecho a la educación, fomentar la igualdad de género y el desarrollo social.
En el año 2021, la Red de Justicia Fiscal (en inglés Tax Justice Network) denuncia que a nivel mundial se pierden 483 mil millones de dólares por parte de corporaciones y personas que se valen de paraísos fiscales. El 1.4% de pérdida promedio representa alrededor del 31% del promedio que invierten en educación los países a nivel mundial.
La privatización amenaza la garantía a la educación
Maria Ron Balsera, integrante de la Campaña Mundial por la Educación, realizó comentarios al informe recalcando la importancia de exigir como sociedad civil mayores niveles de compromisos políticos de los Estados con el derecho humano a la educación. La especialista afirmó sobre los impuestos indirectos que son “la otra cara de la moneda de la deuda pública es la justicia fiscal” ya que afectan a la población en situación de pobreza. También señaló que es relevante reconsiderar las referencias establecidas por la OCDE, ya que obedecen a la lógica de los países más ricos, privilegiando a sectores de élite y en consecuencia profundizando las exclusiones y desigualdades. Del mismo modo, problematizar la relación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) con muchas de las políticas de recorte social llevando a cabo en los países de la región, incluso generando condiciones de incentivo a medidas privatizadoras.
La Campaña Mundial por la Educación hace un llamado a la fiscalidad progresiva, esto es aumentar la asignación equitativa y con sensibilidad de género de los presupuestos, aumentar el financiamiento público a educación, aumentar el impuesto de las ganancias de empresas y ampliar la participación ciudadana de iniciativas públicas, desde su concepción, monitoreo y ejecución.
No sólo es importante cuánto se invierte, sino cómo se invierte
Daniela Trucco, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL compartió comentarios y refirió el informe Educación en tiempos de pandemia: una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, en el cual se hace referencia a que no sólo es importante cuánto se invierte, sino la manera en que se realiza dicha inversión, además de la distribución del gasto público en los distintos niveles educativos.
La mayoría de los recursos educativos se concentran en gastos corrientes, y en su mayoría destinados a infraestructura, lo cual se hizo más evidente al regreso de la pandemia, y la demanda que significó la readecuación de las estructuras básicas educativas como baños, ventilación, agua potable, entre otras, señaló la especialista. Hablar de la recuperación educativa implica generar debates sobre la inclusión social.
Más y mejor inversión educativa, apuntó la investigadora, señalando que “América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo y debe trabajar en hacerse cargo de las causas estructurales de su desigualdad, entre las que se encuentra el acceso inequitativo a las oportunidades educativas de calidad. En este sentido, es necesario que la financiación educativa siga criterios de equidad horizontal y vertical, es decir, que asegure un mismo trato a estudiantes en condiciones similares y dirija mayores recursos hacia aquellos estudiantes pertenecientes a contextos más vulnerables que cuentan con mayores necesidades y requieren más apoyo”.
Aumentar la inversión en la cartera educativa no debe traducirse en desmedro de otras garantías sociales, al contrario deben fortalecerse en la garantía de los derechos bajo el amparo de los Estados. Dado que las asimetrías y las desigualdades existentes se profundizaron aún más con la crisis económica y sanitaria, se hace urgente la promoción de políticas eficientes, de calidad y más equitativas de distribución de recursos destinados a la educación, atendiendo particularmente al estudiantado en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La integración regional potenciará caminos conjuntos
En el foro participaron María Rosa Martínez, diputada nacional por Buenos Aires de Argentina, José Luis Vargas, especialista en políticas públicas de Perú y Victoria Avendaño, especialista en investigación educativa desde Colombia. Estas intervenciones ratificaron el reconocimiento de espacios de debate que amplíen la información de la población sobre la viabilidad de justicia social desde las políticas tributarias oportunas.
Finalmente, Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE invitó a ampliar la mirada integral y de proceso en la incidencia política que mantenga los compromisos con la garantía de los derechos, entre los que se encuentra el derecho humano a la educación, lo que a su vez amerita interlocuciones sectoriales y superar las fragmentaciones. Al mismo tiempo hizo un llamado a impulsar instancias de integración regionales que faciliten caminos conjuntos para sustentar la movilización y demandas ciudadanas.
También se presentaron informe de países
Paraguay
Colombia
Perú
Guatemala
República Dominicana
Argentina
Belén Arcucci, RREI: Urge la transformación de la educación hacia la inclusión de las diversidades
7 de marzo de 2023La Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI) se ha integrado a la CLADE en su reciente XII Asamblea Regional CLADE: Por el derecho a la educación pública: cuidado, transformación y justicia social. La RREI es una coalición con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Honduras, integrada por diversas organizaciones y familias que trabajan por el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación inclusiva en una escuela para todas y todos.
La creación de la red en 2015 se acordó “con el fin de incidir políticamente a nivel nacional, regional e internacional para que los Estados garanticen el derecho de todas las personas a una educación inclusiva. Además, nos propusimos realizar acciones coordinadas para que toda la sociedad y el colectivo de personas con discapacidad, familias y aliados contribuyan al logro de este objetivo”, señalan en su presentación institucional.
Belén Arcucci, coordinadora del Programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y coordinadora de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI) dialogó con la CLADE y llamó la atención sobre la situación de las personas con discapacidad que “constituyen uno de los grupos más excluidos de las instituciones educativas, y solo será posible remediar esta situación mediante el establecimiento de una educación para todas y todos, brindada en escuelas y aulas regulares inclusivas, capaces de enseñar a todos y cada uno los niños y niñas, en condiciones de dignidad, calidad y equidad”.
Lee y escuche, a continuación, la entrevista completa:
1.- ¿Cuáles son los objetivos y cuáles logros ha cosechado la RREI durante su trayectoria?
Belén Arcucci.- La Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica es una coalición de organizaciones de personas con discapacidad, familias y [organizaciones] de derechos humanos de distintos países de la región, que tiene como objetivo central hacer realidad el derecho a la educación inclusiva para todas las personas en los países de nuestra región, especialmente para las personas con discapacidad, porque consideramos que son de los colectivos que se ven más vulnerables en su derecho a una educación en las escuelas comunes, esto en los términos del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este objetivo de la red aspira incidir para que en los países de nuestra región este derecho [a la educación] sea para todas las personas y especialmente para las personas con discapacidad, lo cual nos hemos propuesto a través de distintas estrategias, como la incidencia en las políticas públicas y en las prácticas docentes a través de las capacitaciones y la formación docente, entre otras.
Como RREI sumamos desde el 2015, esfuerzos, trayectorias y experiencias de las organizaciones que la integran, mostrando la vigencia de la agenda de la educación inclusiva, así como la creciente incidencia en espacios de decisión, en eventos internacionales y regionales procurando instalar el tema, con una rica producción de documentos, informes y materiales para la formación sobre el derecho de educación inclusiva.
En cuanto a la formación, la RREI realizó un Curso Regional sobre Educación Inclusiva con más de cuatro mil inscripciones, también Congreso Regional por la Educación Inclusiva, con más de seis mil inscripciones, lo cual demuestra el creciente interés en profundizar la mirada, la agenda y las propuestas de inclusión en todos los ámbitos educativos.
2.- ¿Qué desafíos tiene el derecho a la educación para una inclusión integral?
Belén Arcucci.- Los desafíos para alcanzar realmente una educación inclusiva para todas las personas y ver garantizado este derecho en nuestra región son muchos.
El primer gran desafío pasa por las barreras culturales y actitudinales que siguen muy presentes en toda la sociedad y especialmente en todos los actores del sistema educativo que provienen de paradigmas anteriores al modelo social de la discapacidad. Este paradigma cree que el colectivo de personas con discapacidad debe contar con una educación segregada en otros espacios.
Continúa el desafío ligado a las políticas públicas de los sistemas educativos que debe procurar su transformación, lo que en muchos casos se limita por la falta de voluntad política y de recursos. Necesitamos contar con sistemas educativos de escuelas comunes, y no de segregación en escuelas especiales.
Cuando hablamos de un sistema capacitista en la educación nos referimos a un sistema que considera la adecuación hacia un determinado tipo de estudiante que son considerados en la normalidad. Es importante revisar este criterio que asume la educación dirigida a determinadas personas que entran en un parámetro de normalidad y que no considera la diversidad, especialmente a las personas con discapacidad como sujetos de aprendizaje.
Es necesario proveer apoyos de calidad en el sistema educativo común para todas las personas que lo necesiten, comprometerse con los ajustes que eliminen todas las barreras y discriminaciones que enfrentan las personas con discapacidad, lo que a su vez implica modificar las prácticas en el aula. El personal docente debe cambiar la mirada hacia una apertura del aprendizaje con esta perspectiva.
3.- ¿Qué elementos de inclusión se subrayan en las demandas educativas a los Estados de la región?
Belén Arcucci.- Lo que demandamos [como RREI] a los Estados de la región es que cumplan con sus compromisos internacionales, considerando que firmaron la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, donde queda claro que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva, porque es la única forma de garantizarla.
La no discriminación en la educación es el primer paso en la transformación de los sistemas educativos que hoy todavía tienen una modalidad segregada. Lo que hoy son las escuelas especiales deben dar paso a las escuelas comunes e integradas. Los centros pueden transformarse en centros de recursos y apoyo para la inclusión.
En la transformación inclusiva de la educación debe considerarse el apoyo del equipo humano, y los ajustes que se contemplan en la convención, entre ellos la accesibilidad de todos los establecimientos con diseño universal. La accesibilidad también asume la superación de barreras comunicacionales, con la adecuada y oportuna formación docente.
En definitiva urge una transformación integral de los sistemas educativos y de la mirada que supere la educación capacitista bajo paradigmas de normalización de todas las y los estudiantes a sistemas que realmente reconozcan y valoren la diversidad desde el aula.
CLADE celebra sus 20 años
1 de marzo de 2023En 2023 la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) celebra dos décadas de existencia. 20 años fortaleciendo actores y procesos de la región para garantizar el derecho humano a una educación pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de toda la vida. Una educación pública que cumpla con los mandatos de asequibilidad (disponiblidad), accesibilidad, adaptabilidad https://redclade.org/quienes-somos/y aceptabilidad, en un horizonte de justicia social, no discriminación e igualdad.
De la mano de 18 coaliciones nacionales, 10 redes regionales y siete organizaciones internacionales, hemos trabajado para incidir en las políticas públicas, movilizar la sociedad, dialogar y articular con otros actores, hemos tejido esta red para promover acciones formativas y de comunicación, además de producir investigaciones sobre el contexto educativo en nuestra región a fines de destacar las voces y demandas de las y los sujetos de derecho para garantizar una educación como un derecho promotor de los demás derechos, teniendo como horizonte la justicia social en América Latina y el Caribe.
Para iniciar la fiesta de los 20 años, estrenamos un pequeño cambio en nuestro logo, a manera de recordatorio e identidad para el 2023. Pronto les llegarán más noticias y oportunidades de celebración.
Contamos con la participación de todos, todas y todes.
Sociedad civil demanda justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora
23 de febrero de 2023Para contribuir con el avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, es necesario que los países de la región latinoamericana y caribeña establezcan acciones y medidas que amplíen su base impositiva y, al mismo tiempo, dote de mayores recursos a los sistemas educativos públicos.
LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) organizan un foro público virtual titulado “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”, para visibilizar la agenda conjunta de trabajo que busca la convergencia entre la justicia fiscal y el derecho a la educación. En el foro también se socializarán los principales hallazgos del estudio “Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación: Una mirada regional desde América Latina”.
Necesidad de sistemas fiscales comprometidos con la inversión social
Previo a la pandemia, los países de la región enfrentaban desafíos como la inclusión y la calidad educativa, mismas que profundizaron las brechas de desigualdad con la crisis sanitaria y global. Los países que tuvieron mayor disponibilidad de recursos y capacidades lograron dar mejores respuestas a la crisis, pero no fue una realidad palpable en la mayoría del continente.
Según la UNESCO, los países de América Latina y el Caribe ocupan el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial en cuanto a la inversión del 4.4% de su Producto Interno Bruto (PIB) en promedio o el 15.6% de su gasto total en educación. Esta región invierte 3.8 veces menos por cada estudiante, en comparación con Europa y Norteamérica, donde los sistemas educativos son de mayor desempeño.
Los sistemas fiscales de los países latinoamericanos y caribeños se caracterizan por la predominancia regresiva, es decir, que el grueso de la carga tributaria recae en los impuestos a bienes y servicios frente a los impuestos a la renta y propiedad. Los primeros representaron el 11.2% del PIB mientras que los segundos el 6.2% del PIB.
La justicia fiscal es un camino para garantizar el derecho a la educación
Para generar un financiamiento público oportuno en educación es indispensable mecanismos de justicia fiscal. La promoción del acceso equitativo a una educación de calidad y la reconstrucción de los sistemas educativos de la región requieren presupuestos sostenibles y pertinentes. Uno de los mecanismos de garantizar los compromisos presupuestarios radica en mejorar los mecanismos de justicia fiscal, así la relación bidireccional entre la educación y la justicia fiscal es impostergable.
La justicia fiscal implica retornos sociales de la inversión en educación, porque permiten sostener la garantía del derecho humano a largo plazo. Un financiamiento que cuente con mayores ingresos fortalece a su vez la calidad educativa, las condiciones laborales de docentes y mejoramiento de infraestructura, lo que genera mayor compromiso contributivo de la ciudadanía en general.
Convocatoria a foro público sobre justicia fiscal y educación
El foro público abre su invitación para la participación de funcionarios y funcionarias públicas, congresistas, personas de la academia, integrantes de la sociedad civil y gremios de docentes para este viernes, 3 de marzo de 2023. El evento se realizará en español con traducción simultánea al inglés y portugués. Disposición del registro para inscripción aquí .
Horarios del foro
8 a.m. Guatemala
9 a.m. Colombia, Ecuador y Perú
10 a.m. República Dominicana
11 a.m. Argentina, Uruguay y Paraguay
REPEM LAC: exigimos políticas públicas de inclusión con enfoque feminista ante la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67)
15 de febrero de 2023En América Latina y el Caribe cuatro de cada 10 mujeres no están conectadas y/o no pueden costear su conectividad, lo que constituye un elemento clave para la desigualdad estructural que conlleva a exclusiones del ámbito educativo, de una vida libre de violencia, del acceso laboral, sanitario y otros derechos que se ven seriamente amenazados para la mayoría de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.
En este contexto, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67) ha realizado su convocatoria anual, con énfasis en un tema central para la sesión de este 2023 cuya prioridad es la innovación y cambio tecnológico, y educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, acompañado de un tema de revisión, señalado en esta oportunidad como los desafíos y oportunidades para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales.
La 67ª convocatoria de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67) tendrá lugar del 6 al 17 de marzo de 2023 y reunirá los representantes de los Estados miembros, las entidades de la ONU y las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas por el ECOSOC, entre ellas la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM LAC) integrante de las redes regionales de la CLADE, quienes participarán como parte la sociedad civil.
El enfoque feminista en el llamado de la sociedad civil
La Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe -REPEM LAC ha sido acreditada para asistir como parte de la sociedad civil en calidad de organización no gubernamental, realizando un posicionamiento que será presentado en diversos espacios de incidencia de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Señala que “la perspectiva de innovación, cambio tecnológico y educación en la era digital para ser acorde con la igualdad de género, ha de basarse en un cambio de modelo científico y tecnológico que se centre en el desarrollo humano (…) y no solo en el crecimiento económico y militar (…) pasa por el reconocimiento de las mujeres como creadoras, productoras e innovadoras en el ciencias, tecnología e innovación”.
La REPEM reitera un llamado a profundizar un proceso de digitalización vinculado estrechamente al derecho humano a la educación. Una educación que permita la proyección de las mujeres hacia “nuevas y mejores formas de vida que trasciendan y transformen lo que les ha impedido ser y estar, hasta que la democracia, la justicia y el bien colectivo se hagan costumbre”, de esta manera se suma a las voces de demandas de la sociedad civil por una inclusión digital con enfoque de derechos y perspectiva feminista.
El documento también afirma que “desde la experiencia y práctica histórica de la Educación Popular de la REPEM llamamos a los Estados partes reunidos en la CSW67 a implementar y reforzar políticas públicas inclusivas para el avance de las niñas y las mujeres, para que desde su diversidad cuenten con herramientas que les permita acceder a los avances tecnológicos que mejoren su incorporación social y económica, con nuevos modelos de aprendizaje como derecho humano”.
Avances globales en los derechos de las mujeres
La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es una comisión funcional del Consejo Económico y Social (ECOSOC), y es el principal organismo intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Desde 1996, el ECOSOC amplió su orientación para ofrecer seguimiento a la agenda intergubernamental del escenario internacional con perspectiva de género, a fin de promover acuerdos globales sobre la igualdad de género, los derechos de las mujeres en los ámbitos político, económico y social y su empoderamiento.
La Comisión tiene una convocatoria anual, convocando a representantes de los Estados miembros de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y entidades de la ONU para “la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), el documento de política global clave sobre igualdad de género, y la 23ª sesión especial de la Asamblea General (2000 -Beijing+5), así como temas emergentes. Se pretende que las recomendaciones de esta comisión contribuyan al seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) se reunió por primera vez en Nueva York (1947), desde su inicio contó con la unidad de las Naciones Unidas, hasta que como CSW obtuvo estatus consultivo con el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).
La Comisión redactó las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953), siendo el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de la mujer.
En su trayectoria siguieron diversos marcos normativos progresivos para los derechos de las mujeres desde esta instancia de la Comisión, como la regulación para los matrimonios, la edad mínima para su consentimiento, así como la igualdad en la remuneración y salario del sector trabajador de mujeres, eliminación de todas las formas de discriminación y pronunciamientos vinculados a la afectación diferenciada por la pobreza, el desarrollo comunitario y rural, el trabajo agrícola, la planificación familiar y los avances científicos y tecnológicos. También se profundizaron iniciativas en torno a la prevención de la violencia contra la mujer.
La desigualdad de género se acentúa con la brecha digital
“La pandemia aceleró la tendencia hacia la transformación digital y visibilizó demandas pendientes en cuanto a los sistemas de educación y a las brechas de conectividad y uso de dispositivos”, situación advertida en el marco de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), espacio en el cual se dio a conocer el documento de referencia titulado La igualdad de género y la autonomía de las mujeres y las niñas en la era digital: Aportes de la educación y la transformación digital en América Latina y el Caribe, y con preocupación afirma sobre la región que se “enfrenta una serie de crisis en cascada que exacerba las brechas históricas y los nudos estructurales de la desigualdad de género”. En tal sentido, se subraya que disminuir las brechas digitales de género favorece la autonomía, la participación y la inclusión de las mujeres.
Desafíos de la EPJA desde el género, la digitalización y el financiamiento a la luz del Informe Mundial (GRALE)
2 de febrero de 2023La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) cuenta con una herramienta que ayuda a comprender los alcances y desafíos en esta modalidad. Se trata del Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE, por sus siglas en inglés) del Instituto de Aprendizaje a lo Largo de toda la vida UIL- UNESCO, que realiza un seguimiento de la evolución del aprendizaje y la educación en la política de los Estados.
A propósito de este Informe y desde el compromiso que ha convocado a la Plataforma de Redes Regionales por la EPJA hacia la CONFINTEA VII, se convocó un conversatorio abierto Género, digitalización y financiamiento: desde el GRALE hacia los desafíos en el seguimiento a la CONFINTEA VII en el que participaron diversas autoridades educativas y representantes de instituciones, organizaciones, docentes, estudiantes y participantes de EPJA.
Este conversatorio manifestó la intención de tejer una reflexión acerca de la importancia del monitoreo en las políticas de EPJA a partir de los compromisos asumidos en la CONFINTEA VII y en otros acuerdos internacionales, con participación y aportes de la sociedad civil y de las comunidades educativas que permiten el intercambio de información relevante, sus múltiples voces y experiencias.
Mira el conversatorio aquí.
Raúl Valdés, UIL – UNESCO: Se notan avances, pero resultan insuficientes
La iniciativa que contó con la intervención de Raúl Valdés, coordinador de programa en el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (UIL) en Hamburgo Alemania y director del programa de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje permitió analizar el Informe de Enseñanza para Personas Adultas V, GRALE V – The Global Report on Adult Learning and Education, profundizando particularmente los datos de la región sobre género, financiamiento y digitalización.
El especialista señaló que este informe fue basado en la información ofrecida por 159 países a nivel mundial, de la región latinoamericana y caribeña fueron 25. Esta quinta edición tuvo un especial énfasis temático en la ciudadanía y en las repercusiones de la pandemia para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Los avances resultan aún insuficientes, así lo afirmó Raúl Valdés durante el conversatorio “las políticas de los últimos 12 años han mejorado, pero millones de adultos en todo el mundo siguen careciendo de conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética, siendo dos tercios mujeres”.
Género, financiamiento y digitalización
Las voces de Imelda Arana de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM), Timothy Ireland del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE), Adelaida Entenza, consultora en el área por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y Miriam Camilo del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) manifestaron su preocupación por desarrollar mecanismos de seguimiento adecuados y oportunos a la EPJA, donde se debe considerar la participación de las mujeres y enfoque de género, un financiamiento pertinente y la revisión de los derechos digitales para que no constituyan una brecha más de exclusión.
Durante el conversatorio se reconoció que la pandemia aceleró la transición de los modos de aprendizaje a distancia y asistidos por la tecnología, no obstante persisten las desigualdades estructurales en las poblaciones que participan de la EPJA.
El Informe Mundial (GRALE) es un instrumento para fortalecer las políticas
La quinta publicación de este Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE, por sus siglas en inglés) se muestra como referencia para quienes tienen la responsabilidad de formular políticas desde los Estados. Es el instrumento que facilita el seguimiento del Marco de Acción de Marrakech asumido en la Séptima Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VII) realizada en junio del 2022.
El informe GRALE combina datos de encuestas, análisis de políticas y estudios de casos ofreciendo un panorama actualizado de la situación del aprendizaje y la educación de personas jóvenes y adultas, así como una mirada sobre la educación de la ciudadanía, incluida la educación de la ciudadanía mundial.
Los desafíos interseccionales de la EPJA
Si bien hay avances, según lo señalado por UNESCO en su informe, la educación de personas jóvenes y adultas no llega a quienes más la necesitan, sobre todo en la participación de las mujeres, grupos poblacionales con riesgos de vulnerabilidad como indígenas, las poblaciones rurales, personas migrantes, personas adultas mayores, con discapacidad o en situación de privación de libertad, a quienes se les dificulta el acceso al derecho a la educación.
Las recomendaciones del Informe señalan la importancia de promover un cambio sobre el aprendizaje y la EPJA, acompañado de una inversión adecuada para su garantía.
El Informe señala que “alrededor del 60% de los países informaron de que no había mejorado la participación de las personas con discapacidad, migrantes o privadas de libertad. El 24% de los países informaron que la participación de las poblaciones rurales disminuyó. Y de las personas adultas mayores también disminuyó en el 24% de los 159 países encuestados”.
¿Qué es la Plataforma?
La Plataforma de Redes Regionales por la EPJA hacia la CONFINTEA VII está integrada por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Federación Internacional Fe y Alegría (FIFyA), el Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE) y la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM).
Adelaida Entenza, especialista en derechos humanos: La brecha digital es una más de las múltiples exclusiones
26 de enero de 2023Los derechos digitales retomaron el protagonismo del debate público vinculado a la educación, especialmente durante la pandemia. En este contexto, la educación virtual se volvió indispensable para facilitar aprendizajes y, al mismo tiempo, evidenció la precariedad de los sistemas educativos que no logró con que una parte considerable de estudiantes, docentes y comunidad educativa accediera a dispositivos de internet, plan de datos y manejo de aplicativos requeridos.
Adelaida Entenza, abogada, experta en Derechos Humanos, consultora en temas de EPJA, analiza la digitalización en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, resalta la importancia de la igualdad en el acceso a los entornos digitales y recursos digitales, de lo contrario podría representar nuevas barreras educativas o la ampliación de brechas ya existentes. “Las cifras más recientes indican que casi un 23% de la población de nuestra región no cuenta con acceso a internet, lo cual afecta mayormente a las poblaciones rurales, comunidades indígenas, afrodescendientes, personas migrantes y en mayor medida a las mujeres” afirmó la investigadora.
Políticas estatales insuficientes para la cobertura digital
A pesar de que algunos Estados han orientado algunas iniciativas para enfrentar las brechas, esto ha sido insuficiente. A su juicio, “este panorama ha estado marcado por la escasa prioridad y la ausencia casi total de respuestas en términos de políticas, inversiones, programas o iniciativas de inclusión digital”.
“La brecha digital es una expresión más de las múltiples exclusiones y en este contexto de pandemia la implementación de la educación remota ha implicado un aumento de las desigualdades” aseguró Adelaida Entenza.
Derechos digitales toman protagonismo en la agenda educativa
La relevancia de la alfabetización digital crítica por lo que se impulsan diversas iniciativas que promueven el internet como derecho humano y bien común de los pueblos, colocando su valor social en el ámbito educativo, lo que implica profundizar el acceso a la conectividad, abrir los debates sobre la propiedad, el manejo y la inteligencia de datos, y potenciar el uso de tecnologías libres.
La investigadora señala que las “tecnologías digitales implican la realización del derecho a la educación y abonan en general a todos los derechos humanos”.
La XII Asamblea Regional de la CLADE compartió la declaración final manifestando como demanda “que se declare el acceso a internet como un derecho humano y se transite hacia la transformación digital”.
Escucha las palabras de Adelaida Entenza, consultora que compartió las reflexiones sobre la brecha digital, difundidas en el Podcast Educación ¿qué onda?
Adrián Falco, Latindadd: Educación podría recibir 5% más del PIB si las corporaciones pagasen impuestos de manera justa
23 de enero de 2023¿Dónde está el dinero público?, ¿quién controla la inversión?, ¿en qué y cómo se invierte? Para Adrián Falco, co-presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), son algunas de las preguntas claves del debate público que orientan estrategias superadoras de la pobreza y ofrezcan garantías de la justicia social.
Según el especialista, la educación pública es uno de los derechos que sufren grandes impactos del sistema injusto de tributación. La región latinoamericana y caribeña pierde cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en exoneraciones a grandes corporaciones, esto equivale al compromiso que deben asumir los Estados para el financiamiento educativo, marcado internacionalmente en al menos 6%.
Para Adrián Falco, es fundamental “regular para capturar la renta y volcar a la inversión pública a través del sistema tributario, que es la mejor manera de romper con la desigualdad endémica qué afecta a nuestra región”, y exigir “el rol del Estado como garante de la inversión, de los servicios públicos de calidad y de los derechos es central.”
Transformar los modelos tributarios exige comprenderlos
Comprender la génesis de la desigualdad, para transformarla, y así acortar o cerrar las brechas que impiden el desarrollo humano, implica a su vez conocer las causas y características del sistema tributario, así como las pérdidas que llevan aparejados dichos modelos. Según él, para concretar esta transformación se debe “mejorar la progresividad tributaria, quitar las exoneraciones, hay que trabajar en que los ganan más aporten más y lo que tienen menos en proporción” afirma el especialista, adicionalmente como sociedad civil sugiere “fortalecer nuestras narrativas para dialogar sobre el derecho humano a la educación a la hora de considerar la justicia fiscal”.
La región latinoamericana y caribeña tiene un sistema tributario absolutamente regresivo, colocando la carga impositiva en los sectores más vulnerables, grava el consumo y no el patrimonio. Esta situación exige fortalecer las narrativas desde la sociedad civil para encaminar los temas presupuestarios y fiscales que pueden articularse para favorecer el derecho humano a la educación.
Caminos para implementar la justicia fiscal
Es posible reorientar el dinero público para mejorar la inversión en educación proveniente de las pérdidas del sistema regional tributario. Esto se traduce en salarios dignos del personal docente, infraestructura escolar y otras condiciones de garantías de derechos en el ámbito educativo.
Adrián Falco subraya que se pierden cerca de 26.000 millones de dólares por cada año por impuesto a las grandes fortunas y especifica que el monto invertido en educación se va por tributos a las grandes empresas que equivale a “los 500 mil millones de dólares por año que perdemos por elusión fiscal, los 320 mil millones de dólares por año perdemos por evasión, el 5% de nuestro PIB (Producto Interno Bruto).
Iniciativas de justicia fiscal para el derecho a la educación
Dado el contexto, es indispensable profundizar un proceso de exigencia para sincerar la justicia fiscal, con modificaciones urgentes que reconduzca los recursos públicos para la consecución del derecho a la educación en los países de la región.
CLADE, junto a la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe impulsan el proceso de exigencia por sincerar la justicia fiscal, con modificaciones urgentes de al menos tres impuestos, a saber, reformulando el impuesto predial, impuesto a grandes fortunas y la fiscalización – regularización de recursos corporativos.
Escucha a Adrian Falco, Co-Presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) en su intervención del evento: la Educación con justicia fiscal ¿dónde están los recursos para la educación?
Proyección de una agenda educativa desde las personas jóvenes y adultas
20 de enero de 2023La educación de personas jóvenes y adultas ha sido un tema relevante en la agenda pública, ya que recientemente se realizó la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VII) dando como fruto el Marco de Acción de Marrakech (MAM) que orientará los próximos 12 años de las políticas de los Estados.
La CLADE, desde la Plataforma de Redes Regionales por la EPJA optó por un camino colectivo que fortaleció diálogos participativos y abiertos, entre ellos la Pre Consulta Subregional, liderada por la OREALC-UNESCO.
El contexto posCONFINTEA implica actualmente un desafío mayor para sostener efectivamente los diálogos bilaterales con los gobiernos que se comprometieron a priorizar oportunamente la EPJA. En tal sentido, el balance que comparte la coordinadora de la CLADE, Nelsy Lizarazo resulta positivo, “hemos hecho un trabajo de revisión del marco de acción, hemos tomado acuerdo sobre algunos puntos claves en los que vamos a enfocar nuestro trabajo de incidencia con los respectivos gobiernos.”
Seguimiento de los acuerdos sobre la EPJA
Como sociedad civil toca ahora dar vida y generar mayor apropiación del Marco de Acción así como de instrumentos que acompañen la implementación de la educación de personas jóvenes y adultas, entre ellos el Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE), que encaminará las correspondencias más ajustadas a los contextos educativos que amerita la región latinoamericana y caribeña.
El Quinto Informe GRALE 5 señala una preocupación por el financiamiento cuando afirma que “existe una gran divergencia en términos de financiación pública dedicada al aprendizaje y la educación de adultos, se afirma que 22 de 146 países consideran apenas el 4% o más de fondos públicos en educación para el aprendizaje y la educación de personas adultas, y 28 contemplan menos del 0,4%”.
La estrategia de incidencia marca las acciones futuras, para acompañar la implementación de la protección y atención de personas jóvenes y adultas, “nuestra estrategia de incidencia es apoyarnos en los documentos que tenemos para la relación bilateral intentando que nuestros gobiernos defiendan esos puntos” afirmó Nelsy Lizarazo.
Te invitamos a escuchar las palabras de Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en entrevista realizada durante la CONFINTEA VII.
Convergencias de las agendas diversas con interés común por la educación
CLADE promovió la participación de jóvenes que representaron la región en el primer Caucus Global de Jóvenes y Estudiantes realizado la Campaña Mundial por la Educación (CME), profundizado su inclusión en la construcción de estrategias de movilización y apropiación de la agenda pública en favor de los derechos humanos, y en especial de la educación.
El Caucus Global contó con un debate sobre el Grupo de Acción Juvenil y Estudiantil, haciendo hincapié en temas como la interseccionalidad, el colonialismo y la criminalización, así como inclusión de nuevas generaciones de manera transversal.
Fortalecimiento de las capacidades juveniles para la participación
Impulsar iniciativas dirigidas por jóvenes y estudiantes a fin de tener una representación auténtica en el continente, y de este modo dar continuidad a la participación juvenil en todos los procesos, lo que incluye la toma de decisiones.
Se consideró importante el fortalecimiento de las capacidades que permitan apoyar a jóvenes y estudiantes para que intercambien diferentes conocimientos y experiencias en la ejecución de proyectos y hacer sentir sus voces. Por ello Andrés Ramos señala la proyección de “los pasos a seguir como continuidad a las estrategias elaboradas durante el Caucus”.
A juicio del joven Andrés Ramos, este proceso “en donde los jóvenes y estudiantes se unen para tener una demanda en común a nivel mundial, lo cual es estratégico para que la CME”, encuentre nodos, temas y agendas específicas que reúnen demandas juveniles.
Escucha las declaraciones de Andrés Ramos, joven integrante de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y participante del Caucus, ofrecidas para el Podcast Educación ¿qué onda?
Ana Felicia Torres, REPEM: “la desigualdad y la precarización aumenta la carga de las mujeres y posterga sus proyectos de vida”
La pandemia profundizó las desigualdades estructurales de la región y del planeta. Los cuidados y los sistemas que sustentan la vida se vieron sobre la mesa en las agendas públicas, haciéndose urgente una mirada estratégica que retomara su centralidad en las políticas de los Estados.
Para Ana Felicia Torres, coordinadora de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM LAC), “el crecimiento de la desigualdad y la precarización de la vida de las grandes mayorías populares de América Latina y el Caribe aumenta la demanda de trabajo doméstico y del cuidado, aumenta la carga global de trabajo de las mujeres y posterga los proyectos de vida de las mujeres y los deseos que pudieran tener las mujeres a lo largo de la vida de retomar las distintas ofertas educativas existentes”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desde el Observatorio de Igualdad de Género afirmó en su publicación La sociedad del cuidado. Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género, que “el papel del Estado es decisivo en el proceso de construcción de la sociedad del cuidado mediante acciones que tengan como horizonte la universalización de servicios de calidad, la coordinación e intersectorialidad de las políticas, la sostenibilidad financiera y el principio de la corresponsabilidad. Asimismo, es esencial invertir en salud universal, educación de calidad y sistemas de cuidados como pilares de un nuevo Estado de bienestar en la región”.
Los horizontes del cuidado y la EPJA
Los nudos estructurales de la desigualdad de género, discriminación y violencia persisten contra las niñas, adolescentes y mujeres de la región latinoamericana y caribeña, se debe, en buena parte, a una cultura de privilegio y patrones basados en relaciones de poder y privilegios patriarcales.
La pandemia recargó en las mujeres y adolescentes de las tareas de acompañamiento educativo, virtual y a distancia, desarrolladas durante el aislamiento y las medidas de confinamiento sanitario. Ana Felicia Torres, lo describe de la siguiente manera, “aumentó la carga global de trabajo porque lanzó a las mujeres a realizar tareas educativas para las que no estaban preparadas al desplazar la oferta educativa formal hacia los hogares. Y además por el aumento del embarazo adolescente, que no es un factor menor, el proyecto de vida de las mujeres niñas, adolescentes y de las mujeres jóvenes en el continente. Este impacto de la pandemia ha sido muy grande y una de las áreas más afectadas es el acceso a la educación por todo lo que implicó la profundización del rezago educativo en la mayoría de nuestros países”.
El avance de una protección social integral implica profundizar mecanismos de inclusión al que acceden niñas, adolescentes y mujeres, que a su vez reorganiza los cuidados en su rol vital dentro de las políticas de atención de los Estados. Estos cambios ameritan transformaciones en los modelos de desarrollo, así como en la garantía de los derechos humanos para la población.
Jornadas recargadas y desigualdad de los cuidados
Para construir sociedades más igualitarias e inclusivas se retoma el carácter central de los cuidados y con ello también los proyectos de vida de las mujeres que son afectados por las dobles o triples jornadas impuestas por la dinámica laboral, doméstica y comunitaria. “Ya antes de la pandemia, las mujeres de la región dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado, situación que se vio agravada por la creciente demanda de cuidados y la reducción de la oferta de servicios derivadas de las medidas de confinamiento y distanciamiento físico para frenar la crisis” como señala el estudio Hacia la construcción de sistemas integrales de cuidados en américa latina y el caribe: elementos para su implementación, elaborado conjuntamente por ONU Mujeres y CEPAL.
“Otro elemento que limita en gran medida el ejercicio del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe para las mujeres, tiene que ver con lo que significó el impacto de la pandemia sobre todo en la vida de las familias de las grandes mayorías populares, porque aumentaron los niveles de violencia en las familias, en contra de las mujeres y de las personas menores de edad y con capacidades diferentes” afirmó la coordinadora de REPEM LAC.
Aportes de CLADE a la igualdad género y prevención de las violencias
Para aportar al fortalecimiento de estrategias de promoción de igualdad de género y prevención de las violencias en escuelas rurales, se desarrolla el proyecto “Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales” gracias al apoyo del Intercambio de Conocimiento e Innovación (KIX) de la Alianza Global para la Educación (GPE) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá.
La CLADE convocó y consolidó el Grupo de Trabajo de Género con esfuerzos formativos y de investigación así como la construcción de la política institucional de género.
Escucha las declaraciones de Ana Felicia Torres, coordinadora de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM LAC) ofrecidas para el Podcast Educación ¿qué onda?
