Diálogo virtual aborda la educación y el cuidado en la primera infancia ante tiempos de pandemia
28 de mayo de 2020Con el propósito de impulsar diálogos y reflexiones sobre las actuales oportunidades y los desafíos para la realización de la educación y del cuidado en la primera infancia como un derecho humano, la CLADE, en alianza con la OMEP América Latina y EDUCO, realizó el diálogo virtual “La educación y el cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe ante tiempos de pandemia”. El evento tuvo lugar este jueves, 28 de mayo, de 15:00 a 16:30 (GMT-3), y se transmitió a través de los canales de la CLADE en Facebook y Youtube.
En el encuentro, se abordó hallazgos del estudio “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”, elaborado por CLADE y OMEP, con el apoyo de EDUCO, y también los retos que nos impone la actual crisis sanitaria por la pandemia COVID-19. Participaron: Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín, Directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación de República Dominicana; Cristina Lustemberg, Diputada de Uruguay; Constanza Alarcón, Viceministra de Educación de Colombia; Luis Pedernera, presidente del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta mundial de OMEP. Mikel Egibar, de EDUCO, se hizo cargo de la moderación.
El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe
La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.
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">CLADE apoya decisión judicial que suspende recortes al presupuesto educativo en Ecuador
22 de mayo de 2020“La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red plural de organizaciones y redes de la sociedad civil que defiende el derecho humano a la educación pública, laica, inclusiva, gratuita, transformadora y a lo largo de la vida, como responsabilidad de los Estados, quiere con este comunicado expresar su respaldo a la reciente decisión de la Corte Constitucional del Ecuador que determina la suspensión del recorte presupuestario a la educación en el país”, afirma la CLADE en nota publicada hoy, 22 de mayo.
El comunicado respalda las demandas y la movilización de organizaciones, redes y movimientos sociales ecuatorianos, entre ellos el Contrato Social por la Educación (CSE), ante las medidas económicas del gobierno nacional que han generado la precarización de la educación, como la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades. Tras reciente medida cautelar en respuesta a demandas presentadas por la sociedad civil, la Corte Constitucional de Ecuador suspendió este recorte al presupuesto de la educación universitaria en el país.
En apoyo a posicionamiento que el CSE divulgó esta semana, la CLADE también solicita a la Corte que falle de manera definitiva a favor de la suspensión del recorte de financiamiento educativo. “Nos sumamos a las voces de otros sectores de la sociedad ecuatoriana y de movimientos y organizaciones de la sociedad civil de toda la región de América Latina y el Caribe, para instar a la Corte Constitucional para que adopte una sentencia definitiva por la suspensión del recorte presupuestario para la educación en Ecuador”, afirma la CLADE.
>> Comunicado de la CLADE completo
Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil
Con el compromiso de contribuir a la garantía del derecho a la participación de forma significativa, democrática, sistemática, amplia, diversa y sostenida, la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil es el espacio encargado de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda de Desarrollo 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que trabajen por la justicia social, económica y ambiental pueden integrar el mecanismo. La CLADE desde el año 2019 hace parte de la Mesa de Vinculación del Mecanismo, como suplente del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT). El GEACT es uno de los 20 grupos que integran el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil. Discute específicamente acciones de seguimiento a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido al derecho humano a la educación, en la región. ">Organizaciones y redes de América Latina y el Caribe instan por la realización de la Agenda 2030 ante la CEPAL
“Si previamente las políticas neoliberales adoptadas por la mayoría de los países de nuestra región impedían el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ahora, ante la pandemia del COVID-19, se evidencia aún más la urgencia de un cambio radical en la acción de los gobiernos y la puesta en marcha de un pacto mundial por la implementación de nuevos modelos de desarrollo, que garanticen la realización de los derechos humanos y la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030”, afirman en declaración cientos de redes y organizaciones de la región, entre ellas la CLADE, que participan en el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y ante el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que impulsa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La declaración – divulgada este 18 de mayo en el marco del conversatorio en línea “El Valor de la Agenda 2030 en tiempos del COVID-19”, que la CEPAL ha convocado para dialogar con la sociedad civil sobre la temática -, se presenta también en el contexto de una campaña de sensibilización y movilización que impulsa el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de la región. La iniciativa se dedica a resaltar el valor y la vigencia de la Agenda de Desarrollo 2030, y además exigir el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil, para enfrentar de manera conjunta la pandemia.
Ante la suspensión de la realización presencial de la edición 2020 del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, debido a la crisis sanitaria, el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil viene impulsando una serie de diálogos y acciones de incidencia de manera virtual. Uno de los resultados de dichas movilizaciones ha sido la invitación para que integrantes de la Mesa de Vinculación del Mecanismo participaran en conversatorio de la CEPAL.
En la oportunidad, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dialogó con Marita González y Ricardo Baruch, miembros de la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil, y con Javier Surasky, coordinador del Área de Gobernanza para el Desarrollo del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI).
El encuentro reunió a 210 organizaciones, redes, movimientos y colectivos de sociedad civil, entre ellos varios de los miembros de la CLADE. Sus objetivos fueron: presentar y analizar los escenarios económicos y sociales de la crisis COVID-19 en la región; abordar y analizar la validez de la Agenda 2030 y sus ODS para la región en este nuevo contexto; recabar las demandas y propuestas de la sociedad civil y promover el debate e intercambio de ideas sobre el futuro de la región, luego de la pandemia.
Durante la reunión, Alicia Bárcena, subrayó el compromiso impostergable de la región con la implementación de la Agenda 2030 y destacó que “armonizar la planificación para el logro de los ODS con los planes de emergencia ante el COVID-19 es una meta que solamente podremos lograr juntos, todos los actores del desarrollo sostenible”.
Haciendo referencia a la Declaración Dos Monólogos no Hacen un Diálogo, presentada por la sociedad civil en la edición del 2019 del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, Alicia Bárcena afirmó: “No queremos dos monólogos, sino un diálogo. Debemos promover este diálogo con los países de la región, con los gobiernos, las empresas y todos los sectores de la sociedad civil”. En tal sentido, ella se comprometió a facilitar la interlocución entre la sociedad civil y los gobiernos desde el espacio multilateral de la CEPAL. La secretaria aún presentó el Portal de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDG Gateway) y el nuevo Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, que trae informaciones sobre el impacto socioeconómico de la pandemia en la región.
Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil
Con el compromiso de contribuir a la garantía del derecho a la participación de forma significativa, democrática, sistemática, amplia, diversa y sostenida, la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil es el espacio encargado de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda de Desarrollo 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que trabajen por la justicia social, económica y ambiental pueden integrar el mecanismo. La CLADE desde el año 2019 hace parte de la Mesa de Vinculación del Mecanismo, como suplente del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT). El GEACT es uno de los 20 grupos que integran el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil. Discute específicamente acciones de seguimiento a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido al derecho humano a la educación, en la región.
Derechos de la infancia y participación de la sociedad civil
19 de mayo de 2020Diálogo con Agnes Gracia Corberó, Punto focal para América Latina y África de la organización internacional Child Rights Connect
La organización internacional Child Rights Connect acompaña el proceso de conocimiento y exigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) a través del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y especialmente ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Es una red independiente sin fines de lucro compuesta por más de 80 organizaciones nacionales, regionales e internacionales que actúan para garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar plenamente sus derechos, tal como se define en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN).
En entrevista, Agnes Gracia Corberó señala que el contexto de pandemia COVID-19 afecta de muchas maneras a los derechos de niños, niñas y adolescentes de todo el mundo, entre ellos la educación, ante la suspensión de clases presenciales y la adopción de la enseñanza a distancia, contexto que ha profundizado las condiciones de pobreza y exclusión de muchas personas y familias. Según la activista, las informaciones de prevención al COVID-19 son muy importantes, aunque no suficientes para enfrentar y dar respuestas a la complejidad y las consecuencias de la pandemia en los ámbitos económico, cultural y social. En este diálogo, también se abordó el aniversario de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y cómo este marco visibilizó en la opinión pública muchos temas pendientes para los Estados en virtud de la participación y protección de niños, niñas y adolescentes defensoras/es de derechos humanos.
Escucha la entrevista completa:
Luis Pedernera: “La crisis del COVID-19 no puede afectar los derechos humanos”
Actualmente, el contexto del COVID-19 se analiza a nivel mundial por los 10 Comités de Naciones Unidas (ONU), los mismos que piden a los Estados que en medio de la crisis no se suspendan los derechos humanos, pero que tampoco retrocedan. Sin embargo, la región latinoamericana y caribeña es la parte del mundo con mayor desigualdad y violencia sin atravesar un conflicto armado explícito.
El Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU establece recomendaciones y sugerencias para mejorar y medir los procesos de avance de los Estados en cuanto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA).
En esta entrevista, Pedernera comparte su visión y experiencia en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia en ámbito mundial. Señala que las propias voces de niños, niñas y adolescentes deben ser escuchadas, y que es necesario buscar mecanismos creativos para su participación en las escuelas y los centros educativos. Además, comenta las preocupaciones y riesgos respecto al cumplimiento de los derechos a la educación y participación de NNA en el contexto de distanciamiento social y cierre de escuelas debido a la pandemia COVID-19. Igualmente, comparte reflexiones sobre los retos de la migración en la infancia, así como aquellos relacionados a la baja de edad para imputabilidad de delitos en algunos países.
Escucha la entrevista completa a continuación.
Otra política para el Cuidado y la Educación en la Primera Infancia es posible
Según Peter Moss, la hegemonía global del neoliberalismo y el hecho de que la atención/cuidado y la educación en la primera Infancia (AEPI) se han convertido en una prioridad política a nivel mundial, llevaron a que se considere esta etapa de vida como un medio eficiente de maximizar el “capital humano”. “Eso se puede ver en particular en una narrativa dominante que ha impulsado la formulación de políticas de AEPI en ámbito nacional y mundial, desde una narrativa que es instrumental y economicista en la racionalidad y adopta la actividad técnica como actividad prioritaria: es una narrativa que se denominó ‘la historia de la calidad y de los altos rendimientos’”, subrayó. “Así, según cuenta la historia, la AEPI garantizará el éxito individual y nacional en un mercado global cada vez más competitivo, y todas las personas viven felices para siempre”, añadió.“Necesitamos ser capaces de entender y relacionarnos con las ideas transformadoras que surgen desde otros campos, incluyendo la economía, la democracia y el medio ambiente”Según el investigador, esta perspectiva instrumental y economicista está presente no solo en la educación y el cuidado en la primera infancia, sino que atraviesa todo el campo educativo. “También debemos tener en cuenta la existencia de un modelo de desarrollo global que busca reducir diversos fenómenos sociales y culturales, tales como la educación, a cuestiones de eficiencia mercantil y crecimiento económico”, afirmó. Agregó que la construcción de otra perspectiva de educación y cuidado en la primera infancia, que no se oriente hacia la búsqueda por altos rendimientos, debe basarse en decisiones políticas democráticas para la educación, en conjunto con otras políticas. “El campo debería enlazarse a un proceso más amplio, que involucre a la educación como un todo y a la construcción de un futuro sobre la democracia, la justicia social, la solidaridad y la sustentabilidad”, señaló. Afirmó también que las y los profesionales y pensadoras/es del campo de la primera infancia deben ser capaces de entender y relacionarse con las ideas transformadoras que surgen desde otros campos, más allá de la educación, incluyendo la economía, la democracia y el medio ambiente. “Mientras tanto, quienes trabajan en esos temas amplios tienen que estar conscientes de las potenciales contribuciones que el cuidado y la educación en la primera infancia, y toda la educación, pueden ofrecerles”.
Privilegio versus derecho humano
“A pesar de la poderosa definición de las niñas y niños como sujetos de derechos consagrada por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y de todas las valiosas directrices sobre el derecho a la educación, hay todavía una falta de indicaciones específicas sobre cómo lograr el derecho humano a la educación en la primera infancia en nuestra región”, afirmó Mercedes Mayol Lassalle, durante su presentación.“A pesar de la expansión de la matrícula, la desigualdad en materia de acceso persiste, porque hogares con alto nivel socioeconómico están 30 puntos porcentuales por encima de los valores de acceso de las niñas y niños de cinco años de edad de los hogares más pobres”Para la presidenta de OMEP, hay desafíos importantes en lo que toca la implementación efectiva de abordajes integrales e intersectoriales de los derechos de las niñas y niños en América Latina y el Caribe. La desigualdad en materia de acceso a la educación es otro reto en la región, que se confirma, por ejemplo, con la enorme brecha entre el acceso de niñas y niños con más de tres años y el acceso de niñas y niños desde el nacimiento hasta los tres años, siendo que para esta última franja de edad la cobertura por parte del Estado es muy restricta, haciendo que las familias tengan que pagar por estos servicios. “A pesar de la expansión de la matrícula, la desigualdad en materia de acceso persiste, porque hogares con alto nivel socioeconómico están 30 puntos porcentuales por encima de los valores de acceso de las niñas y niños de cinco años de edad de los hogares más pobres”, afirmó.
Durante su presentación, Mercedes analizó las conclusiones de la investigación de la CLADE: “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”.Otro aspecto importante que subrayó es que la oferta de una educación obligatoria y gratuita en la primera infancia es todavía limitada en la región. “Los acuerdos internacionales, particularmente la Agenda de Educación 2030, establecen la obligatoriedad desde, por lo menos, el año anterior al ingreso en la primaria y, en muchos países, fue ampliada a dos o tres años antes de la primaria”, explicó Mercedes Lassalle. Y concluyó que, en la región, lamentablemente, “la AEPI es un privilegio para algunas niñas y niños, más que un derecho humano para todas y todos, particularmente desde el nacimiento hasta los tres años”.
Desafíos del cuidado y de la educación en la primera infancia en Perú
En su exposición, Madeleine Zúñiga hizo un recorrido histórico sobre las políticas públicas para el cuidado y la educación en la primera infancia en Perú, desde la experiencia de los centros “Wawa Wasi” (Casa de la Niña y del Niño, en quechua), durante los últimos años de la década de 1960 en la región Sur de los Andes peruanos, pasando por la promulgación de la Ley General de Educación Nº 19326, en 1972, hasta llegar a los desafíos actuales.“La diversidad no debería ser el problema, pero es la fuente de grandes inequidades sociales, que resultan de la vergonzosa discriminación aún arraigada en nuestra sociedad”Para la coordinadora de la Campaña Peruana, el primero y quizás más desafiador de los retos actuales es la necesidad de superar la fragmentación de la primera infancia por rango de edad, ya que la responsabilidad de políticas enderezadas a la primera infancia está dividida en tres Ministerios: Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de la Educación (MINEDU) y Ministerio de las Mujeres y la Población Vulnerable (MIMPV), de acuerdo con las diferentes edades y demandas sociales de niñas y niños en el país. La diversidad compleja de la población en materia de niveles socioeconómicos, ubicación geográfica, diversidad cultural y etnolingüística, así como la inclusión y la equidad, representa otro reto permanente. “La diversidad no debería ser el problema, pero es la fuente de grandes inequidades sociales, que resultan de la vergonzosa discriminación aún arraigada en nuestra sociedad. Inequidades que son fáciles de identificar en el acceso a servicios y también en la calidad de los servicios y nos conducen a afirmar que la educación sigue siendo un privilegio más que un derecho humano universal”, afirmó. La educadora y activista también enfatizó la necesidad de mejorar la calidad de todos los programas públicos de AEPI y de Educación Inicial, así como de asegurar datos y evaluación sobre la calidad y pertinencia de estas políticas, sumados a una formación docente adecuada y contextualizada para esta etapa de vida. “Para que logren un desempeño óptimo es imperativa la formación inicial de docentes bajo un abordaje de derechos. La primera infancia merece recibir atención de profesionales cuyo desempeño esté fundamentado en los ricos y significativos articulos de la Convención sobre los Derechos del Niño. (...) La formación dará a las y los docentes las competencias para hacer de la experiencia escolar una experiencia de democracia, solidaridad, y de aprendizaje para vivir con los y las diferentes”, destacó.
Sistemas educativos que no corresponden a las realidades
Al final del evento, Vernor Muñoz dialogó con las observaciones y los análisis de las y los panelistas. Según el director de Políticas e Incidencia de la CME, la visión utilitarista de la educación en la primera infancia y de la educación de manera general ha sido ampliamente criticada por diversos organismos y mecanismos de derechos humanos. “Fue Katarina Tomasevski quién llamó la atención, hace casi 20 años, sobre cómo algunos economistas definen la educación como siendo una producción del capital humano y clasifican todas las dimensiones de los derechos humanos como externalidades. Hoy, 20 años después, todavía vemos como el Banco Mundial y muchas agencias de desarrollo aún consideran a las personas como capital humano en vez de sujetos de derechos”, señaló Muñoz.“El interés superior del niño [y de la niña] está bien definido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero en materia de aplicación práctica, ello siempre se pone abajo de la interpretación de quienes tienen el poder de decidir”Para el activista y ex-relator especial sobre el derecho a la educación de la ONU, el abordaje utilitarista y autoritario de la educación también revela que los sistemas educativos actuales no corresponden a las realidades de las personas, ni siquiera en el caso de las pocas y pocos niñas y niños pequeñas/os que logran ingresar en el sistema educativo. “El interés superior del niño [y de la niña] está bien definido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero en materia de aplicación práctica, ello siempre se pone abajo de la interpretación de quienes tienen el poder de decidir. Entonces, de nuevo, bajo una visión restrictiva y utilitaria, el interés superior del niño [y de la niña] suele ser visto como la capacidad potencial de que las niñas y niños se vuelvan buenas/os consumidoras/es”, concluyó.
Preguntas de la audiencia
Después de la realización del diálogo virtual, Peter Moss contestó a dos preguntas de la audiencia que no pudieron ser discutidas durante el encuentro. A continuación lee sus respuestas.La educación en la primera infancia de 0 a 3 años es un desafío. Se encuentran buenas experiencias en muchos países. ¿Cuál es su opinión sobre la educación familiar?
Peter Moss - Como no conozco los antecedentes de la pregunta, ni tampoco las condiciones de los países de América Latina y el Caribe, solo puedo decir sobre el Reino Unido y, más ampliamente, el contexto europeo. Gran parte de mi trabajo se refiere al desarrollo de las licencias parentales, por lo que los padres y las madres pueden tomarse su tiempo libre del empleo cuando tienen un hijo pequeño o hija pequeña. Es muy importante que esto sea compartido por madres y padres por igual. Así, creo que el objetivo debería ser proporcionar al menos 12 meses de licencia bien remuneradas, con al menos 4 meses solo para padres y 4 meses solo para madres.“En lugar de educar a las familias, debemos pensar en su participación en comunidades de aprendizaje, que también brindan oportunidades para construir solidaridades intergeneracionales, practicar la democracia participativa y respetar la diversidad”Después de esto, los niños y las niñas deberían tener acceso, por derecho, a una buena educación en la primera infancia. También creo que esta educación debería ser en centros comunitarios con muchos objetivos, lo que llamamos de 'Centros para niños y niñas' en Inglaterra, que brindan una amplia gama de servicios para niños, sus cuidadoras y cuidadores y la comunidad local, Estos centros son basados en valores de igualdad, democracia y solidaridad, con uso de su espacio público y lugar de encuentro para las ciudadanas y los ciudadanos. En lugar de educar a las familias, debemos pensar en su participación en comunidades de aprendizaje, que también brindan oportunidades para construir solidaridades intergeneracionales, practicar la democracia participativa y respetar la diversidad.
¿Podría mencionar algunos temas que son relevantes para los grupos de investigadores, investigadoras y universidades en el Cuidado y Educación de la Primera Infancia? ¿Hay "nuevas" brechas o temas que no se han tenido en cuenta?
Peter Moss - Nuevamente, como no conozco los antecedentes de la pregunta, ni tampoco las condiciones de los países de América Latina y el Caribe, solo puedo decir sobre el Reino Unido y, más ampliamente, el contexto europeo. Primero, creo que es necesario desarrollar sistemas de evaluación participativa y que puedan reconocer y valorar la complejidad y la diversidad, con respecto tanto a los niños y niñas, como a los centros de primera infancia. En segundo lugar, creo que hay la necesidad de más trabajos sobre género en la educación de la primera infancia, especialmente para comprender mejor la continuidad de una naturaleza con alto sesgo de género en las fuerzas laborales de la primera infancia [feminización de la carrera] y para proponer cómo se podría cambiar este escenario. En tercer lugar, creo que es necesario investigar cómo se puede practicar y profundizar la democracia en la educación de la primera infancia, para incluir la participación de niños y niñas, padres y madres, trabajadoras y trabajadores. Por último, creo que necesitamos desarrollar más investigación comparativa (entre países), mirando tanto a las estructuras como a las culturas de la educación en la primera infancia, y enfocándonos en elaborar y comprender las diferencias.A continuación, el panel que fue transmitido en inglés, pero está disponible con subtítulos en portugués y español.
[advanced_iframe src="https://www.youtube.com/embed/HfJ0Bx3LrPk" width="100%" height="600"]Accede aquí al diálogo con subtítulos en creole haitiano
">“Faltan indicaciones específicas sobre cómo lograr el derecho humano a la educación en la primera infancia”
15 de mayo de 2020“El derecho a la Educación y el Cuidado en la Primera Infancia en América Latina y el Caribe ante los retos sociales y ambientales en el mundo” fue el título de un panel virtual realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) y la Fundación Educación y Cooperación EDUCO, en el marco de la 64ª Conferencia Anual de la Sociedad para la Educación Comparativa e Internacional (CIES).
Con el objetivo de analizar la situación del derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe, el evento fue realizado el 25 de marzo, y contó con la participación de: Peter Moss, profesor del Instituto de Educación de la Universidad de Londres y experto con reconocida trayectoria en el campo de la educación inicial; Mercedes Mayol Lassalle, presidenta mundial de la OMEP; Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE); Vernor Muñoz, director de Políticas e Incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME); y Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, quien moderó el diálogo.
Lee a continuación las reflexiones y planteamientos que se destacaron en el panel:
Otra política para el Cuidado y la Educación en la Primera Infancia es posible
Según Peter Moss, la hegemonía global del neoliberalismo y el hecho de que la atención/cuidado y la educación en la primera Infancia (AEPI) se han convertido en una prioridad política a nivel mundial, llevaron a que se considere esta etapa de vida como un medio eficiente de maximizar el “capital humano”.
“Eso se puede ver en particular en una narrativa dominante que ha impulsado la formulación de políticas de AEPI en ámbito nacional y mundial, desde una narrativa que es instrumental y economicista en la racionalidad y adopta la actividad técnica como actividad prioritaria: es una narrativa que se denominó ‘la historia de la calidad y de los altos rendimientos’”, subrayó. “Así, según cuenta la historia, la AEPI garantizará el éxito individual y nacional en un mercado global cada vez más competitivo, y todas las personas viven felices para siempre”, añadió.
“Necesitamos ser capaces de entender y relacionarnos con las ideas transformadoras que surgen desde otros campos, incluyendo la economía, la democracia y el medio ambiente”
Según el investigador, esta perspectiva instrumental y economicista está presente no solo en la educación y el cuidado en la primera infancia, sino que atraviesa todo el campo educativo. “También debemos tener en cuenta la existencia de un modelo de desarrollo global que busca reducir diversos fenómenos sociales y culturales, tales como la educación, a cuestiones de eficiencia mercantil y crecimiento económico”, afirmó.
Agregó que la construcción de otra perspectiva de educación y cuidado en la primera infancia, que no se oriente hacia la búsqueda por altos rendimientos, debe basarse en decisiones políticas democráticas para la educación, en conjunto con otras políticas. “El campo debería enlazarse a un proceso más amplio, que involucre a la educación como un todo y a la construcción de un futuro sobre la democracia, la justicia social, la solidaridad y la sustentabilidad”, señaló.
Afirmó también que las y los profesionales y pensadoras/es del campo de la primera infancia deben ser capaces de entender y relacionarse con las ideas transformadoras que surgen desde otros campos, más allá de la educación, incluyendo la economía, la democracia y el medio ambiente. “Mientras tanto, quienes trabajan en esos temas amplios tienen que estar conscientes de las potenciales contribuciones que el cuidado y la educación en la primera infancia, y toda la educación, pueden ofrecerles”.
Privilegio versus derecho humano
“A pesar de la poderosa definición de las niñas y niños como sujetos de derechos consagrada por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y de todas las valiosas directrices sobre el derecho a la educación, hay todavía una falta de indicaciones específicas sobre cómo lograr el derecho humano a la educación en la primera infancia en nuestra región”, afirmó Mercedes Mayol Lassalle, durante su presentación.
“A pesar de la expansión de la matrícula, la desigualdad en materia de acceso persiste, porque hogares con alto nivel socioeconómico están 30 puntos porcentuales por encima de los valores de acceso de las niñas y niños de cinco años de edad de los hogares más pobres”
Para la presidenta de OMEP, hay desafíos importantes en lo que toca la implementación efectiva de abordajes integrales e intersectoriales de los derechos de las niñas y niños en América Latina y el Caribe. La desigualdad en materia de acceso a la educación es otro reto en la región, que se confirma, por ejemplo, con la enorme brecha entre el acceso de niñas y niños con más de tres años y el acceso de niñas y niños desde el nacimiento hasta los tres años, siendo que para esta última franja de edad la cobertura por parte del Estado es muy restricta, haciendo que las familias tengan que pagar por estos servicios.
“A pesar de la expansión de la matrícula, la desigualdad en materia de acceso persiste, porque hogares con alto nivel socioeconómico están 30 puntos porcentuales por encima de los valores de acceso de las niñas y niños de cinco años de edad de los hogares más pobres”, afirmó.
Durante su presentación, Mercedes analizó las conclusiones de la investigación de la CLADE: “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”.
Otro aspecto importante que subrayó es que la oferta de una educación obligatoria y gratuita en la primera infancia es todavía limitada en la región. “Los acuerdos internacionales, particularmente la Agenda de Educación 2030, establecen la obligatoriedad desde, por lo menos, el año anterior al ingreso en la primaria y, en muchos países, fue ampliada a dos o tres años antes de la primaria”, explicó Mercedes Lassalle.
Y concluyó que, en la región, lamentablemente, “la AEPI es un privilegio para algunas niñas y niños, más que un derecho humano para todas y todos, particularmente desde el nacimiento hasta los tres años”.
Desafíos del cuidado y de la educación en la primera infancia en Perú
En su exposición, Madeleine Zúñiga hizo un recorrido histórico sobre las políticas públicas para el cuidado y la educación en la primera infancia en Perú, desde la experiencia de los centros “Wawa Wasi” (Casa de la Niña y del Niño, en quechua), durante los últimos años de la década de 1960 en la región Sur de los Andes peruanos, pasando por la promulgación de la Ley General de Educación Nº 19326, en 1972, hasta llegar a los desafíos actuales.
“La diversidad no debería ser el problema, pero es la fuente de grandes inequidades sociales, que resultan de la vergonzosa discriminación aún arraigada en nuestra sociedad”
Para la coordinadora de la Campaña Peruana, el primero y quizás más desafiador de los retos actuales es la necesidad de superar la fragmentación de la primera infancia por rango de edad, ya que la responsabilidad de políticas enderezadas a la primera infancia está dividida en tres Ministerios: Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de la Educación (MINEDU) y Ministerio de las Mujeres y la Población Vulnerable (MIMPV), de acuerdo con las diferentes edades y demandas sociales de niñas y niños en el país.
La diversidad compleja de la población en materia de niveles socioeconómicos, ubicación geográfica, diversidad cultural y etnolingüística, así como la inclusión y la equidad, representa otro reto permanente. “La diversidad no debería ser el problema, pero es la fuente de grandes inequidades sociales, que resultan de la vergonzosa discriminación aún arraigada en nuestra sociedad. Inequidades que son fáciles de identificar en el acceso a servicios y también en la calidad de los servicios y nos conducen a afirmar que la educación sigue siendo un privilegio más que un derecho humano universal”, afirmó.
La educadora y activista también enfatizó la necesidad de mejorar la calidad de todos los programas públicos de AEPI y de Educación Inicial, así como de asegurar datos y evaluación sobre la calidad y pertinencia de estas políticas, sumados a una formación docente adecuada y contextualizada para esta etapa de vida.
“Para que logren un desempeño óptimo es imperativa la formación inicial de docentes bajo un abordaje de derechos. La primera infancia merece recibir atención de profesionales cuyo desempeño esté fundamentado en los ricos y significativos articulos de la Convención sobre los Derechos del Niño. (…) La formación dará a las y los docentes las competencias para hacer de la experiencia escolar una experiencia de democracia, solidaridad, y de aprendizaje para vivir con los y las diferentes”, destacó.
Sistemas educativos que no corresponden a las realidades
Al final del evento, Vernor Muñoz dialogó con las observaciones y los análisis de las y los panelistas. Según el director de Políticas e Incidencia de la CME, la visión utilitarista de la educación en la primera infancia y de la educación de manera general ha sido ampliamente criticada por diversos organismos y mecanismos de derechos humanos.
“Fue Katarina Tomasevski quién llamó la atención, hace casi 20 años, sobre cómo algunos economistas definen la educación como siendo una producción del capital humano y clasifican todas las dimensiones de los derechos humanos como externalidades. Hoy, 20 años después, todavía vemos como el Banco Mundial y muchas agencias de desarrollo aún consideran a las personas como capital humano en vez de sujetos de derechos”, señaló Muñoz.
“El interés superior del niño [y de la niña] está bien definido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero en materia de aplicación práctica, ello siempre se pone abajo de la interpretación de quienes tienen el poder de decidir”
Para el activista y ex-relator especial sobre el derecho a la educación de la ONU, el abordaje utilitarista y autoritario de la educación también revela que los sistemas educativos actuales no corresponden a las realidades de las personas, ni siquiera en el caso de las pocas y pocos niñas y niños pequeñas/os que logran ingresar en el sistema educativo. “El interés superior del niño [y de la niña] está bien definido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero en materia de aplicación práctica, ello siempre se pone abajo de la interpretación de quienes tienen el poder de decidir. Entonces, de nuevo, bajo una visión restrictiva y utilitaria, el interés superior del niño [y de la niña] suele ser visto como la capacidad potencial de que las niñas y niños se vuelvan buenas/os consumidoras/es”, concluyó.
Preguntas de la audiencia
Después de la realización del diálogo virtual, Peter Moss contestó a dos preguntas de la audiencia que no pudieron ser discutidas durante el encuentro. A continuación lee sus respuestas.
La educación en la primera infancia de 0 a 3 años es un desafío. Se encuentran buenas experiencias en muchos países. ¿Cuál es su opinión sobre la educación familiar?
Peter Moss – Como no conozco los antecedentes de la pregunta, ni tampoco las condiciones de los países de América Latina y el Caribe, solo puedo decir sobre el Reino Unido y, más ampliamente, el contexto europeo.
Gran parte de mi trabajo se refiere al desarrollo de las licencias parentales, por lo que los padres y las madres pueden tomarse su tiempo libre del empleo cuando tienen un hijo pequeño o hija pequeña. Es muy importante que esto sea compartido por madres y padres por igual. Así, creo que el objetivo debería ser proporcionar al menos 12 meses de licencia bien remuneradas, con al menos 4 meses solo para padres y 4 meses solo para madres.
“En lugar de educar a las familias, debemos pensar en su participación en comunidades de aprendizaje, que también brindan oportunidades para construir solidaridades intergeneracionales, practicar la democracia participativa y respetar la diversidad”
Después de esto, los niños y las niñas deberían tener acceso, por derecho, a una buena educación en la primera infancia. También creo que esta educación debería ser en centros comunitarios con muchos objetivos, lo que llamamos de ‘Centros para niños y niñas’ en Inglaterra, que brindan una amplia gama de servicios para niños, sus cuidadoras y cuidadores y la comunidad local, Estos centros son basados en valores de igualdad, democracia y solidaridad, con uso de su espacio público y lugar de encuentro para las ciudadanas y los ciudadanos.
En lugar de educar a las familias, debemos pensar en su participación en comunidades de aprendizaje, que también brindan oportunidades para construir solidaridades intergeneracionales, practicar la democracia participativa y respetar la diversidad.
¿Podría mencionar algunos temas que son relevantes para los grupos de investigadores, investigadoras y universidades en el Cuidado y Educación de la Primera Infancia? ¿Hay “nuevas” brechas o temas que no se han tenido en cuenta?
Peter Moss – Nuevamente, como no conozco los antecedentes de la pregunta, ni tampoco las condiciones de los países de América Latina y el Caribe, solo puedo decir sobre el Reino Unido y, más ampliamente, el contexto europeo.
Primero, creo que es necesario desarrollar sistemas de evaluación participativa y que puedan reconocer y valorar la complejidad y la diversidad, con respecto tanto a los niños y niñas, como a los centros de primera infancia.
En segundo lugar, creo que hay la necesidad de más trabajos sobre género en la educación de la primera infancia, especialmente para comprender mejor la continuidad de una naturaleza con alto sesgo de género en las fuerzas laborales de la primera infancia [feminización de la carrera] y para proponer cómo se podría cambiar este escenario.
En tercer lugar, creo que es necesario investigar cómo se puede practicar y profundizar la democracia en la educación de la primera infancia, para incluir la participación de niños y niñas, padres y madres, trabajadoras y trabajadores.
Por último, creo que necesitamos desarrollar más investigación comparativa (entre países), mirando tanto a las estructuras como a las culturas de la educación en la primera infancia, y enfocándonos en elaborar y comprender las diferencias.
A continuación, el panel que fue transmitido en inglés, pero está disponible con subtítulos en portugués y español.
Accede aquí al diálogo con subtítulos en creole haitiano
Falta de financiamiento y generación de la pobreza
Para David Archer, de ActionAid, la ascensión de la comercialización y del lucro en la educación se debe fundamentalmente a la falta de financiamiento público para este derecho, problema en cual, desde su perspectiva educadoras/es, activistas y gestoras/es deberían enfocarse. “La cobertura educativa pública insuficiente, combinada con un déficit estructural y creciente en el financiamiento de la educación pública, ha abierto camino para el surgimiento y la consolidación de un mercado de educación privada con fines de lucro, que se presenta cada vez más como norma en la región”, afirmó. Añadió que la falta de financiamiento adecuado para el derecho a la educación se debe, en gran parte de los casos, a la deuda externa de los países y a la ausencia de justicia tributaria. “Hay una nueva crisis de la deuda externa. En este momento, hay 60 países que destinan más de 12% de su Producto Interno Bruto (PIB) al pago de la deuda externa. Eso significa que el pago de la deuda es más grande que el financiamiento de la educación y la salud, lo que representa un absurdo en este contexto de la crisis del COVID-19 que enfrentamos”, señaló. Según Cecilia Gómez, la falta de financiación de derechos por los Estados y, consecuentemente, la privatización de los servicios públicos, generan pobreza. “Considero que este modelo neoliberal que en nuestros países se traduce en privatización - del agua, de la energía, de la educación, etc. - lo que genera es un incremento impresionante de la pobreza, un empobrecimiento de la gente que ya era pobre y se ha convertido en casi miserable”. ">CIES 2020: Ninguno de los países latinoamericanos y caribeños prohíbe categóricamente el incentivo público al lucro en la educación
12 de mayo de 2020Chile, Haití y Paraguay son los tres países de América Latina y el Caribe que poseen legislaciones claramente inductoras a la generación del lucro y a la privatización en y desde la educación. A su vez, Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, México y Perú poseen legislaciones permisivas al lucro en la educación. Estos son algunos de los hallazgos preliminares del estudio “Lucro y educación en los marcos legales de América Latina y el Caribe”, que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) está realizando.
Algunas de las conclusiones de la investigación fueron presentadas por Teise Garcia, del Grupo de Estudios e Investigaciones en Política Educativa (GREPPE) de Brasil, durante el panel virtual “La comercialización y el lucro en y desde la educación: Perspectivas globales y regionales de América Latina y el Caribe”. El debate se realizó en el marco del CIES 2020, el 15 de abril.
“En ninguno de los países [entre los Estados de la región que son analizados en el estudio] encontramos una prohibición completa, que impida el incentivo público al lucro en la educación de manera categórica. Solamente Argentina merece un destaque, pues prohíbe acuerdos bilaterales y multilaterales relacionados a la obtención de lucro”, afirmó Teise García.
Al lado de la investigadora, participaron en el panel: David Archer, de ActionAid International; y Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE). Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, y Toni Verger, de la Universidad Autónoma de Barcelona, se hicieron cargo, respectivamente, del debate y de la moderación.
Organizado por la CLADE, el panel tuvo el objetivo de impulsar reflexiones y diálogos sobre los procesos de privatización y lucro en la educación de la región, así como sus impactos negativos en la realización de la educación como un derecho humano de todas las personas.
Mira la grabación del diálogo:
Falta de financiamiento y generación de la pobreza
Para David Archer, de ActionAid, la ascensión de la comercialización y del lucro en la educación se debe fundamentalmente a la falta de financiamiento público para este derecho, problema en cual, desde su perspectiva educadoras/es, activistas y gestoras/es deberían enfocarse.
“La cobertura educativa pública insuficiente, combinada con un déficit estructural y creciente en el financiamiento de la educación pública, ha abierto camino para el surgimiento y la consolidación de un mercado de educación privada con fines de lucro, que se presenta cada vez más como norma en la región”, afirmó.
Añadió que la falta de financiamiento adecuado para el derecho a la educación se debe, en gran parte de los casos, a la deuda externa de los países y a la ausencia de justicia tributaria. “Hay una nueva crisis de la deuda externa. En este momento, hay 60 países que destinan más de 12% de su Producto Interno Bruto (PIB) al pago de la deuda externa. Eso significa que el pago de la deuda es más grande que el financiamiento de la educación y la salud, lo que representa un absurdo en este contexto de la crisis del COVID-19 que enfrentamos”, señaló.
Según Cecilia Gómez, la falta de financiación de derechos por los Estados y, consecuentemente, la privatización de los servicios públicos, generan pobreza. “Considero que este modelo neoliberal que en nuestros países se traduce en privatización – del agua, de la energía, de la educación, etc. – lo que genera es un incremento impresionante de la pobreza, un empobrecimiento de la gente que ya era pobre y se ha convertido en casi miserable”.
Diálogo virtual abordó el derecho a la educación inclusiva en América Latina y el Caribe
29 de abril de 2020¿Se garantiza el derecho a la educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son las principales barreras que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas con discapacidad enfrentan para acceder a la educación? Se analizaron estas y otras cuestiones en un diálogo virtual realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ayer, 28 de abril. El encuentro fue transmitido en vivo a través del canal de Youtube de la CLADE. Mira la grabación a continuación.
COVID-19 en Chile: Foro realizó diálogo virtual sobre educación a distancia y reingeniería social
22 de abril de 2020¿Qué desafíos estamos enfrentando en esta pandemia? ¿Qué hacemos como actores educativos ante la crisis humanitaria que se genera? ¿Qué rol deberían cumplir las pedagogías críticas y la educación emancipadora?
Para debatir estas y otras cuestiones, el Foro por el Derecho a la Educación Pública (FODEP), miembro de la CLADE en Chile, realizó el 23 de abril el diálogo virtual “Educación a distancia y Reingeniería Social”. El evento buscó generar un espacio de formación para organizaciones de estudiantes, profesionales de la educación, educadoras y educadores populares, así como movimientos sociales, con el objetivo de profundizar reflexiones y estrategias de acción para enfrentar esta coyuntura. (más…)
Guadalupe Ramos Ponce: “En diversos contextos, los espacios educativos son el único lugar seguro para las niñas y niños”
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Guadalupe Ramos Ponce, en el centro de la foto, durante marcha feminista. Foto: Eva Da Porta[/caption]
“La preocupación por la pandemia del COVID-19 y los desafíos en el tema de salud vienen acompañados de otros tipos de desafíos que impactan de manera directa la vida de las mujeres”, afirma Guadalupe Ramos Ponce, abogada, feminista y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en Jalisco (México). Según la entrevistada, la violencia y el desempleo son algunas de las consecuencias de la crisis para las mujeres.
En este diálogo, también se trató sobre la importancia de garantizar el derecho a la educación, sin el cual los impactos negativos para las niñas, jóvenes y mujeres podrán ser más fuertes. “La salida temporal del sistema educativo para las niñas y jóvenes puede implicar al abandono definitivo [de los estudios], y eventualmente derivar en el aumento del matrimonio infantil forzado y el incremento del embarazo en niñas y jóvenes, afectando profundamente la continuidad de su proyecto de vida”.
>> Lee la entrevista completa
Mónica Novillo: “En varios países las situaciones de violencia contra las mujeres se han incrementado”
Según la coordinadora de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), esta crisis sanitaria revela una serie de desigualdades en nuestras sociedades. “Particularmente en el tema del derecho a la educación, varios países han tomado medidas suspendiendo las clases, cerrando los colegios, lo cual tiene una implicación en el derecho y acceso a la educación de las niñas y de los niños”. Otro tema importante señalado es el incremento de la violencia. “Debemos reconocer que la problemática de la violencia es estructural y hace referencia a un montón de factores, pero que fundamentalmente en un momento en que hay ansiedad, se están produciendo despidos masivos, gente que está con preocupaciones también económicas y la posibilidad de contar con los ingresos necesarios para la subsistencia de la familia, etc. Están generando condiciones para exacerbar la violencia que existe en nuestros contextos”, afirmó. >> Lee la entrevista completa">COVID-19 y sus efectos en la vida de niñas y mujeres
17 de abril de 2020¿Cuál es el impacto del aislamiento social en el actual momento de pandemia del COVID-19 sobre las niñas, jóvenes y mujeres?
Lee a continuación nuestros diálogos con dos activistas feministas sobre esta cuestión:
