
1. Las políticas públicas de la Educación para niños y niñas de 0 a 8 años deben ser basadas en la idea de la garantía de derechos de manera integral, que contemple todas las áreas - salud, cuidado, vivienda, deporte, cultura etc. - de la infancia
Es primordial que el Estado y las políticas públicas destinadas a la primera infancia tengan la perspectiva integral de los derechos de niños y niñas, comprendiendo su mundo, demandas y desarrollo en su totalidad y de manera global (holística), superando la visión fragmentada de los derechos de la infancia y los enfoques asistencialistas. Para ello, es necesario crear y fortalecer una mayor articulación y coordinación entre los diferentes sectores, ministerios, organismos, instancias y actores gubernamentales, así como la articulación de los diversos niveles territoriales del Estado, lo que también implica al Estado apoyar a los padres y madres en el desarrollo de su rol, siempre respondiendo al interés superior de los niños y las niñas.
2. La Educación para la primera infancia debe estar plenamente disponible y accesible a todos y todas desde el nacimiento, sin discriminaciones
Aunque la cobertura de la oferta de Educación a partir de los 5 años, o de la edad obligatoria, ha aumentado de manera importante en los últimos años, todavía persiste la falta de acceso de niños y niñas de 0 a 3 años, así como la ausencia de oferta y matrícula de niños y niñas que viven en territorios rurales. Además, es fundamental superar la precariedad de las instalaciones físicas y las condiciones materiales y de recursos humanos que hoy caracterizan a la Educación para la primera infancia en América Latina y el Caribe.
3. El eje central de la Educación de niños y niñas debe ser la garantía de la calidad y es a partir de este que las políticas y programas deben ser planteados
Los programas, políticas públicas y acciones para la educación en la primera infancia deben estar centrados en la calidad, de manera que todas y todos pueden acceder a una educación adecuada, sin que haya discriminación por su condición económica, ubicación geográfica, raza, género u otras características. Para ello, la educación debe promover procesos integrales y continuos que articulen desarrollos y aprendizajes, que respeten la igualdad de género, que reconozcan y valoren la diversidad étnico-racial y que promuevan la interculturalidad.
4. Las evaluaciones en los programas de la Educación para la Primera Infancia deben respetar las características de los primeros años de vida de niños y niñas y los propósitos de la educación emanados de la Convención sobre los Derechos del Niño
Al contrario de las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales, que destacan metas académicas y el aprendizaje formal, la educación para la primera infancia, con sus políticas y programas, debe ser analizada a partir de su potencial para generar el desarrollo de las niñas y los niños en distintas áreas: emocional, social, motriz y cognitivo, etc., lo que debe llevar en cuenta su derecho al descanso, el esparcimiento, el juego, a las actividades recreativas, la vida cultural y las artes.
5. Los educadores y las educadoras de la educación para la primera infancia deben ser reconocidos y valorados, con formación inicial y continua, remuneración justa y la superación de los estereotipos de género
Es fundamental fortalecer las políticas públicas de valorización de educadores y educadoras del campo de la primera infancia y su formación inicial y continua, situada en las especificidades del área. Asimismo, la remuneración de los y las docentes de esta etapa no puede ser inferior a la de docentes de otras etapas educativas. Además, es importante que se contemplen acciones enfocadas a superar la feminización existente en la docencia de este nivel educativo, así como los estereotipos que asignan enfoques basados en la lógica de la maternidad y los roles de cuidado, asignados históricamente a las mujeres.
6. Los presupuestos públicos para la Educación en la Primera Infancia deben ser suficientes y coherentes con las necesidades de esta etapa educativa
Los presupuestos públicos para la realización de los derechos de niños y niñas deben ser efectivos, eficientes, igualitarios, transparentes y sostenibles en todas sus etapas: planificación, aprobación, ejecución y seguimiento. La falta de inversión suficiente en la primera infancia impacta el desarrollo de niños y niñas y refuerza las privaciones, desigualdades y la pobreza intergeneracional. Es necesario crear leyes de financiamiento educativo que contemplen a la educación en la primera infancia en su integralidad, incluyendo el rango desde el nacimiento hasta los 3 años, lo que requiere una asignación presupuestaria mayor y más protegida. En tal sentido, se hace necesario que los marcos legales internacionales, regionales y nacionales fortalezcan sus orientaciones respecto a la gratuidad de la oferta pública para la Atención y la Educación en la Primera Infancia (AEPI), tomando como base su gradual expansión para todos los niveles educativos.
7. Los sistemas de información y recolección de datos deben fortalecer la implementación y el seguimiento de las políticas orientadas a la Educación para la Primera Infancia
Para que se construyan diagnósticos y análisis más sólidos sobre la Educación en la Primera Infancia, que contribuyan al diseño de políticas públicas más informadas y ajustadas a la realidad de niños y niñas, es imprescindible implementar y/o fortalecer los sistemas existentes para la recopilación de datos e información desagregada sobre la situación de los derechos en la primera infancia, incluso en el derecho a la educación.
8. Es crucial fortalecer el acceso a la justicia, que proteja y repare derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad
A medida que la Educación para la Primera Infancia ha sido reconocida como parte integral del derecho humano a la educación, se han desarrollado procesos y mecanismos que aseguren una protección inmediata y oportuna ante cualquier vulneración ocurrida (justiciabilidad). Aun así, se hace necesario un mayor fortalecimiento de dichos mecanismos, desde una ampliación de información hacia la ciudadanía respecto a sus derechos, entre ellos el derecho a la educación de niños y niñas de 0 a 8 años, así como acerca de los procedimientos y las rutas claras y efectivas de restitución de los derechos vulnerados.
Lee más: El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe
La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partida, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.
>> Descargar">
8 recomendaciones para garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano
12 de diciembre de 2019Crear espacios de comunicación, sensibilización y diálogo sobre la garantía del derecho humano a la educación y al cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe. Este es el principal objetivo de la Campaña “Derechos desde el principio: educación y cuidado en la primera infancia”, impulsada por CLADE, OMEP y EDUCO, y lanzada durante el diálogo virtual “30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: La primera infancia en diálogo”.
En este marco, destacamos 8 recomendaciones que se presentan en la publicación “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”. El estudio, elaborado por CLADE, OMEP y EDUCO, da a conocer el panorama del derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en la región, a partir del análisis de leyes y políticas. En base a los hallazgos de esta investigación, el documento subraya algunas reflexiones y directrices para que se pueda garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano de todas las personas, sin discriminaciones.
Conoce las recomendaciones a continuación:

1. Las políticas públicas de la Educación para niños y niñas de 0 a 8 años deben ser basadas en la idea de la garantía de derechos de manera integral, que contemple todas las áreas – salud, cuidado, vivienda, deporte, cultura etc. – de la infancia
Es primordial que el Estado y las políticas públicas destinadas a la primera infancia tengan la perspectiva integral de los derechos de niños y niñas, comprendiendo su mundo, demandas y desarrollo en su totalidad y de manera global (holística), superando la visión fragmentada de los derechos de la infancia y los enfoques asistencialistas.
Para ello, es necesario crear y fortalecer una mayor articulación y coordinación entre los diferentes sectores, ministerios, organismos, instancias y actores gubernamentales, así como la articulación de los diversos niveles territoriales del Estado, lo que también implica al Estado apoyar a los padres y madres en el desarrollo de su rol, siempre respondiendo al interés superior de los niños y las niñas.

2. La Educación para la primera infancia debe estar plenamente disponible y accesible a todos y todas desde el nacimiento, sin discriminaciones
Aunque la cobertura de la oferta de Educación a partir de los 5 años, o de la edad obligatoria, ha aumentado de manera importante en los últimos años, todavía persiste la falta de acceso de niños y niñas de 0 a 3 años, así como la ausencia de oferta y matrícula de niños y niñas que viven en territorios rurales.
Además, es fundamental superar la precariedad de las instalaciones físicas y las condiciones materiales y de recursos humanos que hoy caracterizan a la Educación para la primera infancia en América Latina y el Caribe.

3. El eje central de la Educación de niños y niñas debe ser la garantía de la calidad y es a partir de este que las políticas y programas deben ser planteados
Los programas, políticas públicas y acciones para la educación en la primera infancia deben estar centrados en la calidad, de manera que todas y todos pueden acceder a una educación adecuada, sin que haya discriminación por su condición económica, ubicación geográfica, raza, género u otras características.
Para ello, la educación debe promover procesos integrales y continuos que articulen desarrollos y aprendizajes, que respeten la igualdad de género, que reconozcan y valoren la diversidad étnico-racial y que promuevan la interculturalidad.

4. Las evaluaciones en los programas de la Educación para la Primera Infancia deben respetar las características de los primeros años de vida de niños y niñas y los propósitos de la educación emanados de la Convención sobre los Derechos del Niño
Al contrario de las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales, que destacan metas académicas y el aprendizaje formal, la educación para la primera infancia, con sus políticas y programas, debe ser analizada a partir de su potencial para generar el desarrollo de las niñas y los niños en distintas áreas: emocional, social, motriz y cognitivo, etc., lo que debe llevar en cuenta su derecho al descanso, el esparcimiento, el juego, a las actividades recreativas, la vida cultural y las artes.

5. Los educadores y las educadoras de la educación para la primera infancia deben ser reconocidos y valorados, con formación inicial y continua, remuneración justa y la superación de los estereotipos de género
Es fundamental fortalecer las políticas públicas de valorización de educadores y educadoras del campo de la primera infancia y su formación inicial y continua, situada en las especificidades del área. Asimismo, la remuneración de los y las docentes de esta etapa no puede ser inferior a la de docentes de otras etapas educativas.
Además, es importante que se contemplen acciones enfocadas a superar la feminización existente en la docencia de este nivel educativo, así como los estereotipos que asignan enfoques basados en la lógica de la maternidad y los roles de cuidado, asignados históricamente a las mujeres.

6. Los presupuestos públicos para la Educación en la Primera Infancia deben ser suficientes y coherentes con las necesidades de esta etapa educativa
Los presupuestos públicos para la realización de los derechos de niños y niñas deben ser efectivos, eficientes, igualitarios, transparentes y sostenibles en todas sus etapas: planificación, aprobación, ejecución y seguimiento. La falta de inversión suficiente en la primera infancia impacta el desarrollo de niños y niñas y refuerza las privaciones, desigualdades y la pobreza intergeneracional.
Es necesario crear leyes de financiamiento educativo que contemplen a la educación en la primera infancia en su integralidad, incluyendo el rango desde el nacimiento hasta los 3 años, lo que requiere una asignación presupuestaria mayor y más protegida. En tal sentido, se hace necesario que los marcos legales internacionales, regionales y nacionales fortalezcan sus orientaciones respecto a la gratuidad de la oferta pública para la Atención y la Educación en la Primera Infancia (AEPI), tomando como base su gradual expansión para todos los niveles educativos.

7. Los sistemas de información y recolección de datos deben fortalecer la implementación y el seguimiento de las políticas orientadas a la Educación para la Primera Infancia
Para que se construyan diagnósticos y análisis más sólidos sobre la Educación en la Primera Infancia, que contribuyan al diseño de políticas públicas más informadas y ajustadas a la realidad de niños y niñas, es imprescindible implementar y/o fortalecer los sistemas existentes para la recopilación de datos e información desagregada sobre la situación de los derechos en la primera infancia, incluso en el derecho a la educación.

8. Es crucial fortalecer el acceso a la justicia, que proteja y repare derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad
A medida que la Educación para la Primera Infancia ha sido reconocida como parte integral del derecho humano a la educación, se han desarrollado procesos y mecanismos que aseguren una protección inmediata y oportuna ante cualquier vulneración ocurrida (justiciabilidad). Aun así, se hace necesario un mayor fortalecimiento de dichos mecanismos, desde una ampliación de información hacia la ciudadanía respecto a sus derechos, entre ellos el derecho a la educación de niños y niñas de 0 a 8 años, así como acerca de los procedimientos y las rutas claras y efectivas de restitución de los derechos vulnerados.
Lee más: El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe
La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partida, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.

Jazmín Elena: “Necesitamos profundizar espacios de participación estudiantil”
11 de diciembre de 2019El 20 de noviembre se conmemoraron 3 décadas de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el marco internacional de derechos humanos más ratificado en el mundo, y que garantiza los derechos de la niñez y la juventud. Todos los países de América Latina y el Caribe que son miembros de la ONU han firmado la Convención. Sin embargo, todavía no se ha logrado que todos los niños y las niñas disfruten de una infancia con la plena garantía de derechos en la región. (más…)

Liliana Muñoz: “Se necesita una formación intersectorial e interdisciplinaria para derechos”
9 de diciembre de 2019El 20 de noviembre se conmemoraron 3 décadas de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el marco internacional de derechos humanos más ratificado en el mundo, y que garantiza los derechos de la niñez y la juventud. Todos los países de América Latina y el Caribe que son miembros de la ONU han firmado la Convención. Sin embargo, todavía no se ha logrado que todos los niños y las niñas disfruten de una infancia con la plena garantía de derechos en la región. (más…)
Demandas de la sociedad civil
Para el director del IIN, la inversión en infancia sigue siendo marginal desde los presupuestos de los Estados, porque no se asume una conexión entre la realización de derechos, los avances democráticos y las posibilidades de desarrollo de un país. “Muchas veces se considera un gasto superfluo, en lugar de asumirlo como una estrategia de desarrollo de los países, lo que se demuestra en los propios organismos internacionales: la OEA destina el 1,5% de su presupuesto para la niñez, pero el 40% de la población del continente es menor de 18 años”, añadió. Destacó también que, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), hay un compromiso de los Estados para erradicar todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, facilitando la articulación entre el Sistema Interamericano y las Naciones Unidas, así como entre los Estados y la sociedad civil.>> Lee+ Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidad
En cuanto a la violencia contra la niñez, recordó que hubo avances que pasan por adelantos legislativos, entre ellos el registro de que 10 Estados de la región prohibieron el castigo físico contra niñas, niños y adolescentes desde sus legislaciones. “Por otro lado, está la necesidad de cambios culturales, porque la normativa no es suficiente para erradicar la idea de que la violencia es un recurso válido para disciplinar, a lo cual los propios niños, niñas y adolescentes expresan su sufrimiento y preocupación en las familias, las escuelas y espacios institucionalizados”, explicó.3 tendencias de vulneración de derechos en la coyuntura regional
"Este escenario muestra discursos de seguridad que justifican el recorte de derechos, la discriminación y la represión sobre sectores sociales tradicionalmente estigmatizados"Giorgi destacó 3 retos en la coyuntura regional. El primero es la preocupación por la represión de niños, niñas y adolescentes, cuando hay estallidos sociales que irrumpen en la escena, precedidos de un largo periodo de exclusiones y situaciones de desigualdad. “Este escenario muestra discursos de seguridad que justifican el recorte de derechos, la discriminación y la represión sobre sectores sociales tradicionalmente estigmatizados, dejándoles como blanco de la represión”, afirmó.
>> Lee+ Primera infancia: todas las niñas y niños tienen derecho a la educación y al cuidado desde su nacimiento
Un segundo punto destacado, fue el discurso de la antisolidaridad aliado al neoliberalismo, que prioriza la individualidad y presenta la pobreza como responsabilidad de las personas que están en esta condición, haciendo creer inclusive que la infancia es un problema de cada familia, no del Estado. Finalmente, se presenta como tendencia un discurso fundamentalista religioso, que reivindica la restauración de un orden adultocéntrico, y justifica el castigo físico y la privación de información, en aras de la supuesta protección de la infancia y como disciplinamiento.Derecho Humano a la Educación
Durante el diálogo, Víctor Giorgi se posicionó a favor de la implementación de una educación sexual integral en los niveles básico y medio de enseñanza. “El derecho a la educación implica un aprendizaje para la vida, y la sexualidad aparece excluida según las imposiciones mencionadas”, añadió.“A veces se simplifica masificando ideas que culpabilizan a la propia infancia, como la deserción y el fracaso escolar"Según el entrevistado, la educación tiene mucho para mejorar, pero lo primero es generar condiciones que trasciendan el acceso a la educación, porque hay contextos que constituyen barreras, como situaciones de pobreza o inseguridad. “A veces se simplifica masificando ideas que culpabilizan a la propia infancia, como la deserción y el fracaso escolar. Asimismo, también la cobertura de la educación bilingüe aún constituye una deficiencia y muestra de discriminación étnica”, enfatizó.
>> Lee+ Seguimiento a la Agenda 2030: ¿Cómo está la educación en la primera infancia en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?
Explicó también que el discurso neoliberal y antisolidario presente en la región asume la educación como bien de mercado y genera ofertas privadas, debilitando la red de educación pública y gratuita, lo cual es muy grave para la garantía de derechos. “Los Estados deben garantizar el derecho a la educación con calidad, para el ejercicio pleno de derechos, pero con frecuencia se aplica una política de ahorro de dinero público, habilitando así las iniciativas privadas”.Participación
El derecho a la participación es central en la CDN, ya que habilita a los niños, niñas y adolescentes como actores sociales plenos, cuyas opiniones deben tomarse en cuenta, en los debates y políticas respecto a los asuntos que les afectan. Sobre este punto, Giorgi compartió que hay algunas experiencias de creación de Consejos Consultivos Cantonales en Uruguay a nivel de educación, pero que resultan insuficientes para lograr la participación libre de niñas, niños y adolescentes al interior de estos espacios sin control de parte de las personas adultas.>> Lee+ Se destaca la educación en la primera infancia en Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad
Recientemente, comenta Giorgi, se realizó en Cartagena el III Foro Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, paralelo al XXII Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, evidenciando un avance muy importante en el ejercicio del derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes como actores y protagonistas en ámbito regional. “Pero, aún falta lograrlo en todos los espacios cotidianos”, ponderó. Finalmente, recordó el compromiso con el plan de acción del IIN por los próximos 4 años, donde se establece la erradicación de la violencia contra la niñez en todas sus formas, el desarrollo de sistemas integrales de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, y el impulso a la participación de niñas, niños y adolescentes.">
Víctor Giorgi: “La participación de niños, niñas y adolescentes debe impregnar todos los espacios”
6 de diciembre de 2019El 20 de noviembre se conmemoraron 3 décadas de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el marco internacional de derechos humanos más ratificado en el mundo, y que garantiza los derechos de la niñez y la juventud. Todos los países de América Latina y el Caribe que son miembros de la ONU han firmado la Convención. Sin embargo, todavía no se ha logrado que todos los niños y las niñas disfruten de una infancia con la plena garantía de derechos en la región. (más…)
Datos de la ONU estiman que de las 87,000 mujeres que fueron asesinadas en el 2017 en todo el mundo, más de la mitad (50,000, o el 58%) fueron muertas por sus parejas o miembros familiares. Eso quiere decir que 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por un miembro de su familia. Más de un tercio (30,000) de las mujeres asesinadas en el 2017 fueron exterminadas por su actual o ex pareja. En América Latina y el Caribe, 2.795 mujeres fueron asesinadas en el 2017 por razones de género en 23 países, según datos oficiales recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG). Las denuncias de violencia contra las niñas y mujeres han sido cada vez más presentes. Según datos de Naciones Unidas (ONU), se estima que el 35% de las mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual, ejercida por su compañero sentimental, o ha sido víctima de violencia sexual practicada por persona distinta a su compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual). Sin embargo, la ONU afirma que estudios nacionales demuestran que hasta el 70% de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida. [caption id="attachment_10762" align="alignleft" width="274"]Origen del día
La fecha fue convocada por el movimiento feminista latinoamericano en el 1981, para recordar el día en que fueron asesinadas, en el 1960, las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) en República Dominicana. Conocidas como “Las Mariposas”, las hermanas fueron asesinadas por haber creado un movimiento de oposición directa a la dictadura de Rafael Trujillo en el país. En el 1999, la fecha fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, invitando a gobiernos y organizaciones a convocar actividades dirigidas a sensibilizar la opinión pública sobre el problema.

Educación feminista para combatir la violencia de género
Desde el punto de vista de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), para combatir y enfrentar la violencia y discriminación contra las niñas y mujeres, es necesario garantizar una educación emancipadora y con igualdad de género. “La realización de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, así como de la comunidad LGBTIQ+, está relacionada con la promoción de una vida digna y la posibilidad de elegir con libertad el propio proyecto de vida, sin restricción a su ser y actuar en el mundo. Para que la educación sea un derecho universal y central hacia una vida digna y la superación de la violencia y discriminación, es primordial deconstruir patrones patriarcales y afirmar normas, roles y relaciones de género en condiciones de igualdad y equidad. Una educación que permita reflexionar sobre los roles y estereotipos que se asignan a los géneros; replantear los conceptos sobre masculinidades y feminidades, para que sean más sensibles y responsables, y para que accionen en la construcción de sociedades verdaderamente incluyentes, igualitarias, pacíficas y democráticas”, afirma la CLADE en su publicación “Educar para la Libertad: Por una Educación Emancipadora y Garante de Derechos”.Campaña “Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario”
[caption id="attachment_13587" align="alignright" width="300"]
- Texto de la CLADE publicado en el Le Monde Brasil, sobre el derecho a la educación con igualdad de género en América Latina y el Caribe
- Cartilla elaborada por la CLADE: Violencia de género en las escuelas, caminos para su prevención y superación
Educación emancipadora para combatir la violencia contra las niñas y mujeres
25 de noviembre de 2019Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha existe desde el 1981, para denunciar la violencia que se ejerce contra las personas que son discriminadas por su género (mayoritariamente se trata de la violencia ejercida por hombres hacia las mujeres) en todo el mundo, y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. (más…)

Congreso panamericano analiza avances y desafíos para el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes
22 de noviembre de 2019La superación de la discriminación y la violencia, el derecho al juego, al arte y al esparcimiento, la igualdad de género y el derecho a la educación sexual integral y a participar en el debate sobre las políticas públicas que les afectan. Estas fueron algunas de las demandas compartidas por niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante el XXII Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y el III Foro Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes, realizados del 29 al 31 de octubre en Cartagena (Colombia). (más…)

El reconocimiento de derechos de la primera infancia vive una disputa ideológica, metodológica e institucional
El último miércoles, 20 de noviembre, se celebraron 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN). Adoptado en el 1989, este tratado internacional reúne al mayor número de ratificaciones en el mundo – 196 Estados miembros de la ONU – y fue el primero a reconocer los niños y niñas como sujetos de derecho, convirtiendo a las personas adultas en sujetos de responsabilidades. (más…)

65 integrantes de parlamentos de la región firmaron declaración en defensa de la educación pública y gratuita para todas y todos
19 de noviembre de 2019El 3º Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, realizado por la CLADE y la RESALDE, tuvo la participación de autoridades y activistas de 16 países, entre ellas/os representantes de CECC-SICA, Parlacen, Parlatino y ex-relatores de la ONU sobre el derecho a la educación. (más…)

Parlatino apoya protocolo para análisis de los presupuestos educativos, desarrollado por CLADE y CECC-SICA
14 de noviembre de 2019Culminó el último viernes (8 de noviembre) la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) fue invitada a participar en el evento, que tuvo lugar en Lima, Perú, representada en la oportunidad por Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE). (más…)

30 años de la Convención de los Derechos del Niño: La primera infancia en diálogo
13 de noviembre de 2019De cara al aniversario de este importante tratado, que se celebrará el 20 de noviembre, la CLADE, la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) y la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO) realizaron el diálogo virtual 30 años de la Convención de los Derechos del Niño: La primera infancia en diálogo. Con la presencia de autoridades y activistas de América Latina y el Caribe, se discutieron los desafíos y propuestas para la garantía del derecho humano a la educación y al cuidado en la primera infancia en la región. (más…)