<em>Luis Bonilla-Molina en entrevista exclusiva para la CLADE sobre la III Conferencia Regional de Educación Superior, realizada en Córdoba, Argentina</em><!--more--> Organizada por el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC UNESCO) y la Universidad Nacional de Córdoba, se realizó en Córdoba, Argentina, la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES2018). La cita más importante del sector universitario de la década se realizó entre el 11 y el 14 de junio de 2018 en los espacios académicos que hace 100 años fueron escenarios del Grito rebelde de Córdoba y su Manifiesto Liminar. Organizaciones de la sociedad civil miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvieron allí presentes, entre ellas la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, que es también integrante del Consejo de Gobierno del IESALC UNESCO. Luis Bonilla-Molina, coordinador internacional de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, nos concedió una breve entrevista sobre esta importante reunión de los y las universitarios/as en la región. Lea a continuación. <strong>¿En cuáles paneles y actividades de la CRES2018 has participado y que balance haces de estas discusiones?</strong> La CRES2018 es una construcción temática y organizativa en la cual he estado involucrado en los dos últimos años. Primero en su definición conceptual y esquema organizativo en mi condición de presidente del Consejo de Gobierno del IESALC UNESCO (2015-2017) y luego como miembro pleno de esta instancia, desde el 2018. Me correspondió participar activamente en el diseño y sistematización del Foro virtual de la CRES2018 que se desarrolló entre junio y noviembre de 2017, en el cual participaron casi 900 foristas quienes desarrollaron aproximadamente 20.000 interacciones en los siete ejes temáticos de la Conferencia (Vea síntesis de este foro virtual <a href=aquí). En el encuentro central de la CRES2018 se estructuraron los siguientes ejes temáticos a) la Educación Superior como parte del sistema educativo en América Latina y el Caribe; b) la Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina; c) la Educación Superior, internacionalización e integración regional de América Latina y el Caribe; d) el Rol de la Educación Superior de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe; e) la investigación científica y tecnológica y, la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe; f) el papel estratégico de la educación superior en el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe; g) a cien años de la reforma de Córdoba. En mi caso, me correspondió participar en los paneles sobre el rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales en ALC y, coordinar la mesa referida al “impacto de las nuevas tecnologías en la educación superior”. Además, tuve la oportunidad de participar en múltiples encuentros con estudiantes y organizaciones tanto estudiantiles como académicas. ¿Cuál es la importancia de esta Conferencia y que implicaciones tiene este debate para el movimiento académico y estudiantil universitario a nivel regional? La CRES2018 es un movimiento singular de la corriente histórica social universitaria continental. Es la continuación de las reuniones de La Habana, Cuba (1996), y Cartagena, Colombia (2008), que impulsaron la realización de las dos ediciones de la Conferencia Mundial de Educación Superior organizadas por UNESCO y realizadas en París (1998-2008). Quizá abusando de la síntesis, podríamos señalar que mientras la primera Conferencia expresó la especificidad de la mirada Latinoamericana y Caribeña respecto al desembarco del neoliberalismo y la tercera revolución industrial, la segunda expresó la vocación unitaria de las y los universitarias/os de la región en defender la educación universitaria como un bien público y un derecho humano. La CRES2018 se convoca asociada al centenario del más importante hito de la historia universitaria regional como lo fue el movimiento de la Reforma de Córdoba de 1918, en un momento en el cual el neoliberalismo acentúa y reconfigura sus orientaciones para el sector, queriendo impulsar una neo privatización del mundo universitario en el marco de la reestructuración del modo de producción capitalista como resultado de la cuarta revolución industrial. La CRES2018 se realiza en medio de inusitadas iniciativas de los organismos económicos globales para privatizar el conocimiento, virtualizar la enseñanza superior y convertir los contenidos de aprendizaje en simples repositorios en la nube tecnológica, con una lógica de mercancía y mercado. Si bien es cierto que las instituciones universitarias en la región superan el número de las 13000 y en muchos lugares la cobertura alcanza el 50%, también es cierto que esta dinámica se concentra fundamentalmente en cuatro países con una marcada expansión del sector privado de la enseñanza en ALC. La ideología del mercado y la educación superior como mercancía, desembarcaron bajo el discurso de las competencias y ahora tiene un capítulo especial en los rankings universitarios que orientan para la lógica del capital la actividad del sector. Esto afecta las dinámicas académicas y la propia libertad de pensamiento de las y los estudiantes. Por ello, transversalmente en cada uno de los debates de la CRES2018, se expresaron estas tensiones con un protagonismo de profesoras/es y estudiantes en las resistencias contra la imposición de la lógica del mercado en lo universitario. Córdoba 2018 expresa un balance de lo actuado en materia de defensa de la educación universitaria como bien público y derecho humano fundamental, pero nos muestra también retos y desafíos en su sostenimiento que demandan la unidad de todos los actores sociales interesados. La CLADE está llamada a desarrollar una articulación especial en esa dirección en los próximos años. Córdoba también expresó las tensiones que generan las nuevas narrativas del capital interesado en novedosas formas de privatización y mercantilización que en muchos casos apenas si son percibidas y analizadas por quienes construimos alternativas. ¿Cuáles son los principales desafíos para la enseñanza universitaria a nivel regional, según los diálogos de la Conferencia? En la CRES2018 se manifestó una conciencia generalizada respecto a pasar definitivamente de las declaraciones a un plan de acción regional que permita unificar los esfuerzos por una educación pública, gratuita y de calidad comprometida con la transformación regional y la justicia social. Buena parte de la construcción de ciencia, conocimiento y referencia ética regional sigue pasando por el mundo universitario, quedando en evidencia en los debates la necesidad de actualizar sus dinámicas y performance a las nuevas realidades del siglo XXI si queremos seguir teniendo este rol estelar. Desde mi perspectiva el gran desafío está en la actualización de las narrativas de resistencia a la ideología del mercado, para dar cuenta del impacto del mundo tecnológico no solo en la educación como derecho humano, sino en la sociabilidad, el encuentro y la posibilidad de construir juntos el futuro. Son enormes las oportunidades para la educación superior que se abren con el desarrollo tecnológico, pero es urgente prevenir respecto a las pretensiones de sectores del capital global, que no trabajan para usar sus bondades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino para virtualizar el mundo universitario en su totalidad. A muchos sectores progresistas esto les parece una posibilidad remota y no real y tangible en el corto plazo, eso puede afectar estratégicamente la defensa de la educación como derecho humano para aprender a convivir y construir juntos un mundo mejor. Cada momento histórico tiene sus tareas nuevas para estudiantes y profesoras/es comprometidas/os con el cambio social y este no es la excepción. ¿Cuál es el rol de la academia y la educación superior en la transformación de nuestras sociedades para que estas sean más justas, sostenibles e igualitarias? Hace 200 años la segunda revolución industrial anunció mayores niveles de bienestar para la humanidad. Hoy 1300 millones de personas, es decir una séptima parte de la humanidad no tiene acceso a la electricidad. La tercera revolución industrial nos anunció que la internet posibilitaría mayores niveles de democratización de la comunicación y la información, pero hoy solo el 38% de la población tiene acceso a la conectividad y en la región este porcentaje cae brutalmente. Es hora de que la ciencia, la tecnología y el conocimiento sean realmente democratizados y sirvan para alcanzar justicia social en equilibrio con la naturaleza. La universidad no puede ser una fábrica de tituladas/os sin compromiso social ni puede estar ajena a las crecientes desigualdades que está generando el neoliberalismo en el siglo XXI. De allí que el plano ético del mundo universitario y su compromiso con fomentar un pensamiento crítico actualizado estén a la orden del día en la agenda de transformaciones. La universidad tiene que repensarse a sí misma. Por ejemplo, atreverse a pensarse en sus orígenes y procesos ya no como una universidad limitada en la práctica a lo formativo, sino dar el auténtico salto a lo investigativo enraizado con las aspiraciones del movimiento popular como epicentro de su actividad. Debemos romper con los prejuicios anti científicos que esconden la aceptación sumisa a la diferencia y atrevernos a construir otras formas de usar los avances científicos para romper desigualdades y alcanzar una sociedad donde el bienestar se democratice realmente. Debemos atrevernos a interrogarnos respecto a la universidad que requiere el presente en el continente, en clave de superación de la concentración de la riqueza. Tenemos que atrevernos a desafiar el peso de la costumbre, atreviéndonos por ejemplo a pensar si la universidad del presente no debe ser más bien una universidad del territorio que rompa con las franquicias derivadas de universidades nacionales. Los desafíos conceptuales y operativos son múltiples y considero que la CLADE puede jugar un papel estelar en el futuro cercano en la reconfiguración de estos debates. ¿Cómo garantizar la educación superior como derecho humano fundamental y desde la perspectiva de derechos, en un escenario regional con fuertes tendencias a la privatización e instrumentalización de esta etapa de enseñanza? Lo urgente para resistir es actualizar nuestros análisis. Hay una mutación radical del modo de producción capitalista que impactará en el corto plazo al mundo universitario. No es osado pensar que la universidad como espacio de encuentro, sociabilidad y construcción compartida de un destino común está amenazada por “nuevas” formas de aprendizaje centradas en lo cognitivo y no en lo social. La privatización de la segunda década del siglo XXI desarrolla nuevas expresiones y formas que era imposible prever en la década de los noventa del siglo XX. Si usamos argumentos del pasado para enfrentar las ofensivas del presente los esfuerzos en defensa de la educación superior como derecho humano, pueden verse limitadas o resultar insuficientes para enfrentar la mercantilización del presente. Tenemos que romper la “pulsión de fuga” que se expresa en la apelación a viejos análisis y consignas que hoy pueden resultar significantes vacíos si no los actualizamos. Mi gran preocupación reside en la constatación que mientras los intereses centrados en el mercado usan la innovación para impulsar sus iniciativas, buena parte de las resistencias al modelo educativo del mercado se están quedando petrificadas en la tradición. Es urgente asociar tradición con innovación en los análisis y la articulación de iniciativas en defensa de la educación superior como derecho humano.">

“El derecho humano a la Educación Superior está en una nueva encrucijada en América Latina y el Caribe”

19 de junio de 2018

Luis Bonilla-Molina en entrevista exclusiva para la CLADE sobre la III Conferencia Regional de Educación Superior, realizada en Córdoba, Argentina (más…)

<em>La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 2018 discutió sobre la situación del sistema educativo en la región y delineó un plan de acción para la próxima década. Para profundizar en los debates que tuvieron lugar en el evento, entrevistamos al participante Mauricio Chiluisa, que es presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador</em> <!--more--> Se realizó del 11 al 14 de junio en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018. Este evento, conocido como el más importante del Sistema de Educación Superior de la región, reunió a rectores y rectoras, directores y directoras, académicas/os, docentes, estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a analizar y debatir sobre la situación del sistema educativo en la región y delinear un plan de acción para la próxima década, orientado hacia la necesidad de reafirmar el sentido de la educación como bien social, derecho humano y responsabilidad del Estado. Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, participó en la Conferencia y concedió una entrevista a la CLADE, en la que presenta algunos de los principales debates del encuentro y su importancia para las luchas del movimiento estudiantil universitario en la región. <strong>¿En cuáles paneles o actividades de la Conferencia has participado y qué balance haces de estas discusiones?</strong> Participé en los paneles sobre el Centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba y los desafíos de la educación universitaria en la actualidad. A la vez, también acompañé el foro organizado por Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) con las distintas federaciones de estudiantes universitarias/os del continente. Consideramos la CRES como un espacio de debate y criticidad frente al sistema educativo, pero creo que hizo falta en la Conferencia tomar en cuenta más a las y los universitarias/os vulnerables y hacer más diálogos con los movimientos estudiantiles. <strong>¿Cuál es la importancia de esta Conferencia y qué implicaciones tiene este debate para el movimiento académico y estudiantil-universitario a nivel regional?</strong> Para el movimiento estudiantil universitario, esta Conferencia es muy importante porque se definen ejes de acción para los próximos diez años en el continente. Consideramos que es un espacio muy importante donde se discuten los principales problemas de la educación universitaria y cómo darles salida. <strong>¿Cuáles son los principales desafíos y avances de la enseñanza universitaria a nivel regional, según los diálogos de la Conferencia?</strong> Los principales aspectos de la Conferencia fueron: la inclusión de la no discriminación, la defensa de la autonomía universitaria y del co-gobierno en las universidades, y el reconocimiento de la lucha del movimiento estudiantil y del derecho a la participación. Como movimiento estudiantil, hemos planteado que se pueda respetar el co-gobierno y se pueda generar un espacio de debate en la Conferencia, para que en estos diálogos exista la defensa del co-gobierno, la equidad de género, la accesibilidad y el libre ingreso a las universidades. <strong>¿Cuál es el rol de la academia y la educación superior en la transformación de nuestras sociedades para que sean más justas, sostenibles e igualitarias?</strong> La universidad no debe estar fuera o excluida de los eventos sociales, políticos o culturales que suceden en los países de la región. La academia y la universidad deben transformar la realidad de Latinoamérica.

CRES 2018: “La academia y la universidad deben transformar la realidad de Latinoamérica”

18 de junio de 2018

La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 2018 discutió sobre la situación del sistema educativo en la región y delineó un plan de acción para la próxima década. Para profundizar en los debates que tuvieron lugar en el evento, entrevistamos al participante Mauricio Chiluisa, que es presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador

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Encuentro aborda políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha para superar la violencia de género en y desde la educación

6 de junio de 2018

Como parte del programa del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realizó del 28 al 30 de mayo en San Salvador, El Salvador, impulsado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como alfitriona local, se realizó el día 28 de mayo el panel “Igualdad y violencia de género en y desde la educación: políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha”. (más…)

<p style=Como parte del programa del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realizó del 28 al 30 de mayo en San Salvador, El Salvador, impulsado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como alfitriona local, se realizó el día 28 de mayo el panel “Igualdad y violencia de género en y desde la educación: políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha”.

Participaron Ingrid Sánchez Tapia, de United Nations Girls' Education Initiative (UNGEI/ONU), Luisa Martínez, de UNICEF Perú, y Gloria Oqueli, diputada del PARLACEN por Honduras y Presidenta del Foro de la Mujer de Eurolat.

En su intervención, Ingrid Sánchez Tapia presentó el panorama mundial sobre la violencia de género en las escuelas, señalando que son múltiples las formas de violencia presentes en estos espacios, como castigos corporales, acoso verbal, violación y tocamientos no consentidos. De acuerdo con la representante de UNGEI, se estima a nivel mundial que cerca de 246 millones de niños y niñas sean víctimas de acoso o abuso sexual en las escuelas o su entorno a cada año, aunque muchos de los casos no se registren o denuncien como deberían. Presentó, además, otros datos alarmantes: 1 en cada 4 niñas en el mundo tiene temor a usar el baño en las escuelas por miedo de sufrir violencia; 1 en cada 3 estudiantes entre 13 y 15 años de edad padece por intimidación o matoneo de forma regular en su centro educativo; las niñas y niños que son objeto de violencia en la escuela pierden un año escolar en promedio; y la violencia homofóbica también ha hecho que muchas niñas y niños abandonen los estudios. Estos y otros datos pueden ser consultados en la página de UNGEI/ONU: http://www.ungei.org/srgbv/index.html

La violencia de género en la educación también implica otros riesgos, añadió Tapia, como: explotación sexual, embarazos no deseados, enfermedades transmitidas sexualmente, adicciones, etc.

“Es necesario adoptar medidas integrales, integradas y multisectoriales para prevenir y responder a la violencia basada en género en la educación, además de mejorar la gobernanza escolar al respecto, desde la elaboración de guías, la inclusión del abordaje de esta temática en los currículos y acciones de prevención de la violencia y de promoción de los derechos de las niñas y niños, de la igualdad de género y de la educación sexual y sobre enfermedades sexualmente transmisibles en las escuelas. También los gobiernos deben adoptar materiales educativos y prácticas pedagógicas y presentar informes sobre los avances y desafíos pendientes en esta temática. Los programas educativos deben abordar los estereotipos de género, las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, y también las dinámicas que interactúan con la pobreza”, señaló.

Enfatizó también que las niñas y los niños deben tomarse como participantes clave en el debate sobre la violencia por razón de género en la educación. Afirmó que es igualmente necesario que los gobiernos inviertan recursos en el desarrollo de investigaciones formativas y datos diagnósticos fiables sobre esta problemática, elaborando planes sectoriales de educación a partir de estas informaciones. Asimismo, destacó la importancia de involucrar a donantes, autoridades, asociaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, entre otros actores, en el diseño e implementación de medidas de enfrentamiento a la discriminación y violencia de género en la educación.

A su vez, Luisa Martínez, de Unicef Perú, subrayó en su aporte la diversidad que caracteriza a las niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe, que son 107 millones de personas con entre 0 y 19 años de edad, y considerándose que ⅓ de los hogares de la región se encuentra en situación de pobreza multidimensional.

“Hubo avances en el enfrentamiento de la mortalidad infantil y en la creación de marcos normativos para la igualdad de género, pero hay desafíos importantes, como el embarazo adolescente, que aumentó en los últimos 20 años en todos los países de la región. Esto ha llevado a la expulsión de las niñas de las escuelas. América Latina y el Caribe tiene la segunda mayor tasa de embarazo adolescente en el mundo, siendo que 1 de cada 4 niñas con menos de 18 años en la región que no ha completado ningún nivel escolar se encuentra en matrimonio o en unión estable temprana – el doble de la tasa identificada entre las adolescentes y niñas que completan la secundaria”, afirmó.

Según Martínez, la violencia de género contra mujeres y niñas tiene como factores comunes que se repiten: la normalización de la violencia, castigos corporales, conflictos de parejas, conflictos armados, la falta de empoderamiento de niñas y mujeres, abusos en la infancia, madres víctimas de violencia, etc. Estas prácticas, de acuerdo con ella, generan impactos graves en el bienestar y la salud física y mental de las niñas y mujeres, además de en algunos casos traer como consecuencia el embarazo no deseado o temprano. Añadió que la violencia sexual en la región prevalece entre niñas de 15 a 19 años de edad, y que la violencia emocional contra niñas y mujeres es más frecuente en América Latina y el Caribe que en otras regiones del mundo.

En las escuelas, subrayó que son comunes situaciones de violencia sexual, física y psicológica dentro y alrededor de la escuela debido a las normas, roles o estereotipos atribuidos a los sexos y las identidades de género, y que es un desafío medir exactamente en qué cantidad y con qué frecuencia estos casos ocurren.

“Hay países con disposiciones legales para la prevención de la violencia, sin embargo, no hay armonización entre las leyes generales sobre la violencia de género y las leyes generales de educación”, afirmó.

Finalmente, mencionó la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, de la Organización de Naciones Unidas, cuyos tres pilares para América Latina y el Caribe son: “Alto a la impunidad”, que tiene por objetivo implementar marcos normativos y actualizar y armonizar leyes, así como promover la sensibilización contra la violencia de género en las escuelas y mejorar la información al respecto; “Ni una más”, campaña de atención a las víctimas y prevención de la violencia, con visitas domiciliarias y programas de formación para padres y madres, así como fortalecimiento de los servicios públicos de salud y educación para que sean sensibles a la perspectiva de género, incluyéndose formación docente, abordaje de los currículos, ubicación de baños en las escuelas, etc; y “Responsabilidad de Todos”, que fomenta la movilización social y la participación proactiva de socios no tradicionales, especialmente hombres jóvenes.

En su intervención, la diputada Gloria Oqueli subrayó que hay buenas leyes para la superación de la violencia de género en la educación en Centro América, pero no se ha avanzado en las asignaciones presupuestarias del Sistema de Integración Centroamericana para implementarlas. “Necesitamos democratizar la educación y el conocimiento, pues se trata de un derecho, no un privilegio”, afirmó.

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Encuentro aborda políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha para superar la violencia de género en y desde la educación

Como parte del programa del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realizó del 28 al 30 de mayo en San Salvador, El Salvador, impulsado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como alfitriona local, se realizó el día 28 de mayo el panel “Igualdad y violencia de género en y desde la educación: políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha”. (más…)

Encuentro Centroamericano discute Igualdad de Género, Violencia y Educación

2 de junio de 2018

La CLADE realizó en San Salvador, El Salvador, el Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación. Con el apoyo de UNICEF y la RESALDE como anfitriona local, el evento se desarrolló entre los días 28 y 30 de mayo, con miras a trazar un panorama para la región de Centroamérica sobre la discriminación y violencia por razón de género contra niñas, mujeres y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) en los espacios educativos, formulando recomendaciones al respecto.

“Apostamos en el fortalecimiento de sistemas educativos públicos y laicos, donde se garantice una educación emancipadora y garante de derechos, que permita cuestionar los actuales patrones sociales, de distribución desigual de poder entre hombres y mujeres, para impulsar una transformación”, enfatizó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, en la apertura del encuentro.

Estuvieron presentes más de 40 personas de 17 países, entre ellas representantes de Ministerios de Educación de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, UNICEF, UNGEI/ONU, CECC/SICA, OEI, Campaña Mundial por la Educación, tres parlamentarias del Parlacen, foros nacionales de educación miembros de CLADE en Centroamérica y el Caribe, ONGs locales, representantes estudiantiles y redes regionales como ALER y CLADEM.

En su participación, María Guadalupe Ramos Ponce, del CLADEM, subrayó la importancia de asegurar planes de estudio y materiales educativos inclusivos y formar y apoyar a las/os docentes para que combatan las discriminaciones. “Una educación sexual integral con perspectiva de género y de derechos humanos fortalece no solo la promoción de relaciones de género igualitarias, sino que también contribuye para la democracia”, afirmó.

Estuvieron en debate las leyes, políticas e iniciativas concretas para la prevención y superación de discriminaciones y violencia de género en y desde la educación. En el campo normativo, fue posible conocer los avances más recientes a nivel internacional, como las recomendaciones generales 35 y 36 de CEDAW, además del panorama regional y centroamericano, así como los avances que se dan desde el SICA.

Adelaida Entenza, asesora de Políticas de la CLADE, presentó las tendencias de los marcos normativos nacionales en la región y los principales instrumentos de derechos humanos del Sistema Interamericano que abordan la violencia y la discriminación de género, entre ellos la Convención de Belém do Pará y el posicionamiento reciente del Comité de Expertas de Seguimiento a esta Convención, que expresa preocupación por los discursos anti-derechos que catalogan el género como una ideología, instando los Estados a garantizar y proteger el derecho a la igualdad de género. “Los Estados de la región tienen el reto de dar respuesta, desde al ámbito de la educación, a los retrocesos que se observan en el campo de los derechos humanos, los derechos de las niñas y las mujeres, la igualdad de género, así como para la protección de los derechos de las personas LGBTI”, afirmó Entenza.

A su vez, representantes de los Ministerios de Educación de El Salvador, Guatemala y Costa Rica, además de CECC/SICA, fueron invitadas/os a compartir las iniciativas en marcha en sus países, lo que se avanzó y lo que queda por hacerse. “Las políticas para la superación de la violencia de género y la promoción de la igualdad de género deben construirse de manera intersectorial y desde las bases, para responder a las necesidades de la población”, afirmó en este diálogo Adriana de Sequeira, del Ministerio de Educación de Costa Rica.

Finalmente, se compartieron prácticas y experiencias inspiradoras de enfrentamiento a la problemática, por parte de ONGs y redes regionales, y se realizaron visitas de campo a escuelas de El Salvador, en las que UNICEF y OXFAM desarrollan proyectos por la prevención de la violencia de género.

Declaración final – La variada y representativa asistencia al seminario permitió la construcción de un panorama amplio de la temática en Centroamérica, con la identificación de rasgos comunes también a los demás países de la región latinoamericana y caribeña, como muestra la declaración final del encuentro.

El documento presenta los retos para el enfrentamiento de la violencia y discriminación de género a nivel regional, subraya instrumentos de derechos humanos relevantes y señala recomendaciones a las autoridades, en lo que toca a los frentes: cambio de patrones socioculturales; realización de una educación emancipadora y garante de derechos; marcos legales, políticos e institucionales. Respecto a este último, se señaló el rol de los Estados como garantes de derechos, que deben poner en marcha políticas públicas intersectoriales de enfrentamiento a las desigualdades y la violencia en la educación, asignando y ejecutando para ello un presupuesto suficiente y transparente.

<em>María Guadalupe Ramos Ponce, del CLADEM, expone la realidad regional de violencia contra niñas y mujeres, así como por identidad de género y orientación sexual en la educación</em><!--more--> En el contexto del “<a href=Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realiza del 28 al 30 de mayo en El Salvador, María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Jalisco, México, participó ayer en el panel “Estrategias de transformación hacia una educación promotora de igualdad de género y no violencia”. En su ponencia, destacó que “los conceptos de violencia, derechos humanos y derechos de las mujeres se encuentran estrechamente vinculados; no obstante la universalidad de los derechos humanos en general, las mujeres en lo particular no han gozado esta misma protección”. Según Ponce, en los primeros intentos de visibilizar la violencia de género, se consideró a las mujeres como víctimas en su papel de esposas y madres de familia maltratadas. Se dejaba fuera las múltiples violencias que viven las niñas y mujeres no solo a lo largo de su vida, sino en los diversos entornos en los que se desarrollan, incluyendo la escuela. Sin embargo, en los años 1990, se impulsaron reformas legales en la región y la aprobación de leyes que hoy se conocen como “de primera generación”. En este proceso, de acuerdo con la representante de CLADEM, quedó clara la evolución de los conceptos acerca de la violencia contra las mujeres: de un tema restricto al ámbito doméstico se pasó al reconocimiento pleno de los derechos de las niñas y mujeres a nivel internacional. “Desde entonces se considera la violencia contra las niñas y mujeres como un asunto de derechos humanos, siendo una obligación de los Estados prevenirla, sancionarla y erradicarla”, añadió. Ponce también abordó la cuestión de la violencia contra niñas y mujeres en las escuelas en su intersección con otras formas de discriminación, como por pobreza, orientación sexual, etnia e identidad de género, entre otras. Expuso, asimismo, algunos resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Violencia basada en Orientación Sexual e Identidad de Género en México, un estudio para el que fueron consultadas/os 1.770 estudiantes de secundaria y preparatoria que se reconocieron como LGBTI en todo el país. En la encuesta, el 49.75% de las y los entrevistadas/os afirmó ser víctima de acoso o bullying de manera regular. Según el estudio, la violencia es más común para la comunidad trans que estudia secundaria y preparatoria, ya que el 61% y el 55%, respectivamente, han sido objeto de burlas transfóbicas y agresiones físicas; la cifra para lesbianas es de 43%, y de 40% para homosexuales. Ponce citó también un estudio de UNESCO, en el cual se señala que la violencia LGBTfóbica en la escuela afecta la educación, las perspectivas de empleo y el bienestar de las y los estudiantes. Esta investigación revela que en México el 59% de las y los estudiantes utilizó expresiones homofóbicas en la escuela, cifra mayor que la registrada en otros países de la región, como Guatemala (57%), Perú (56%) y Chile (50%). Por otro lado, el 60% de las y los estudiantes entrevistadas/os dijo que no ha reportado estos incidentes al personal escolar por miedo a sufrir discriminación o verse obligadas/os a “sacarse del clóset” ante sus madres y padres. De las personas que sí reportaron estos incidentes al personal escolar, sólo la mitad tuvo una respuesta positiva de sus maestras/os, lo que muestra que la homofobia también existe entre las y los profesionales de educación. La integrante de CLADEM mencionó igualmente los datos de un estudio del Ministerio de Educación salvadoreño sobre la violencia de género en los espacios educativos del país. Un total de 24 casos de violencia sexual identificados en las 12 escuelas consultadas fue capturado a través de teléfonos celulares. Asimismo, el 10,3% de las y los estudiantes entrevistadas/os dijo conocer la existencia de un caso de abuso sexual o violencia en su escuela. Más de la mitad de los/as estudiantes que afirmaron haber sufrido violencia no continuaron sus estudios. Para concluir su ponencia, Ponce listó algunas propuestas y recomendaciones hacia cambios importantes, considerando que todas estas violencias constituyen un obstáculo para la realización del derecho humano fundamental a la educación de calidad de todas las niñas, niños y jóvenes. Entre sus planteamientos, subrayó la importancia de: hacer el monitoreo permanente de la violencia en establecimientos educativos, incluyendo la violencia basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género; asegurar planes de estudio y materiales educativos inclusivos; promover la presentación de quejas de casos de violencia sexual; y capacitar y apoyar a docentes y al personal que trabaje en la escuela para que combatan las discriminaciones. “Promovamos pues una educación sexual integral con perspectiva de género y de derechos humanos. Una educación así fortalece no solo la promoción de relaciones de género igualitarias, sino que también contribuye para la construcción de Estados democráticos y respetuosos de los derechos humanos”, concluyó.">

¿Cómo la violencia por orientación sexual e identidad de género afecta las y los estudiantes en América Latina y el Caribe?

30 de mayo de 2018

María Guadalupe Ramos Ponce, del CLADEM, expone la realidad regional de violencia contra niñas y mujeres, así como por identidad de género y orientación sexual en la educación (más…)

<em>Se realiza en El Salvador el “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como anfitriona local.</em><!--more--> Entre las actividades del encuentro de ayer (29/5), la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) y la Asociación de Radios Participativas de El Salvador (ARPAS) transmitieron en vivo el
  • regionalizar las políticas y garantizar su interseccionalidad e intersectorialidad;
  • los Estados deben desarrollar estadísticas y datos desagregados sobre la violencia y la desigualdad de género, por ejemplo con la incorporación de datos sobre las personas LGBTIQ y la población migrante entre las informaciones sobre la violencia e igualdad de género en los centros educativos;
  • unificar y articular políticas para la equidad y la igualdad de género que se encuentran dispersas en distintos sectores gubernamentales y documentos;
  • garantizar formación inicial y capacitación para docentes, así como desarrollar currículos desde la perspectiva de la igualdad de género;
  • garantizar presupuesto adecuado y suficiente para las acciones desde el momento en que se planifican las políticas y los proyectos;
  • crear indicadores y líneas de base para evaluar el impacto de cada política y rendir cuentas al respecto a la ciudadanía, utilizando además estas estadísticas en el diseño y planificación de las acciones;
  • desarrollar políticas de Estado sobre la temática, de mediano y largo plazo y con recursos financieros suficientes y sostenibles, garantizados como responsabilidad de los Estados y no condicionados o dependientes de la cooperación internacional;
  • la garantía de una educación laica como elemento fundamental para permitir que se incluya la cuestión de género en las escuelas;
  • la participación de las comunidades educativas en el diseño e implementación de las políticas educativas, y el diálogo con docentes, niñas y niños, adolescentes, y especialmente madres y padres de familia, con miras a superar los mitos acerca de la cuestión de género y la sexualidad.
    • Escuche la grabación del diálogo completo aquí.">

    Encuentro Centroamericano reúne a autoridades para discutir desafíos y estrategias de transformación hacia la igualdad de género

    Se realiza en El Salvador el “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como anfitriona local. (más…)

    Arranca en El Salvador el “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”

    29 de mayo de 2018

    Tuvo inicio ayer (28/5) en San Salvador, El Salvador, el “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realiza entre los días 28 a 30 de mayo, como una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como anfitriona local. (más…)

    La justicia tributaria como elemento fundamental para asegurar recursos adecuados, suficientes y sostenibles para el derecho humano a la educación fue uno de los temas más destacados durante la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad”, realizada por la Campana Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) el 17 de mayo, en el marco de la <strong>Semana de Acción Mundial por la Educación 2018</strong> y de la iniciativa regional <strong>“¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”</strong>.<!--more--> Como parte del tercer panel del encuentro, con el tema “¿Qué podemos aprender de las experiencias internacionales?”, Adrián Falco, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe hizo una presentación enfocada en señalar los efectos nocivos para el financiamiento de la educación y de otros derechos humanos, que provocan los beneficios y fugas fiscales que favorecen las empresas multinacionales, especialmente en países en desarrollo. “Estas empresas a cambio no dan nada. Prometen crear puestos de trabajo y otros avances en los países, pero eso no sucede finalmente. Lo que sí hacen, es que los países tengan que dejar sus presupuestos públicos en muy baja proporción respecto a lo que conceden en beneficios fiscales”, afirmó. Subrayó, asimismo, que la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe está desarrollando, en alianza con la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), un paquete comunicativo con miras a elaborar y difundir mensajes claros y directos para la ciudadanía, especialmente a través de las redes sociales, que expongan en números el impacto de la cuestión tributaria en el financiamiento de la educación pública en nuestra región. Asimismo, presentó la iniciativa “Paguen lo Justo” que la Alianza Global por Justicia Tributaria, en la cual la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe forma parte, impulsa con miras a demandar justicia tributaria como forma de garantizar recursos para la realización de los derechos humanos en todo el mundo, en alianza con medios de comunicación, redes de justicia fiscal, parlamentarias/os, etc. En el marco de esta campaña pública, se han hecho giras por distintos continentes con el objetivo de dialogar con movimientos y organizaciones sociales de distintos sectores en los países y generar, a partir de estos intercambios, una base crítica y argumentos sólidos para luchar por un mejor financiamiento para la educación y los derechos humanos. La gira de la campaña por América Latina y el Caribe, en los próximos días, incluye visitas a República Dominicana (29 y 30 de mayo), Haití (1º y 2 de junio), Cuba (4 y 5 de junio) y Perú (12 de junio). Falco subrayó, además, la importancia de que la sociedad civil presione por la creación de un organismo intergubernamental - convocado por Naciones Unidas - con el rol de establecer y hacer cumplir normas tributarias mundiales, que detengan los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión de impuestos, así como los incentivos fiscales nocivos, promoviendo a la vez la transparencia y el intercambio entre países en el tema justicia tributaria. En seguida, Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), informó que la brecha estimada en el financiamiento global para garantizar el derecho a la educación de todas y todos es de 39 mil millones de dólares al año. Presentó, además, la arquitectura del financiamiento educativo a nivel mundial y las disputas presentes en este escenario. Señaló que la Comisión de Educación, creada y presidida por Gordon Brown, Enviado Especial de la ONU para la Educación Global y ex primero Ministro del Reino Unido, se ha posicionado en la defensa de tres mecanismos principales para la arquitectura global del financiamiento educativo: la Alianza Mundial por la Educación (GPE, por su acrónimo en inglés); el fondo para educación en contextos de emergencia llamado “Education can not wait” (“La educación no puede esperar”); y el International Finance Facility for Education (IFFed), mecanismo que es propuesto por dicha Comisión y prevé la promoción de préstamos para la implementación de políticas educativas en países de bajos y medianos ingresos, contribuyendo a profundizar y a mantener el endeudamiento y la dependencia de los países a fondos apoyados por donantes, fundaciones empresariales e instituciones financieras, en detrimento del financiamiento público doméstico. En América Latina, el IFFed pretende estar en Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. “El IFFed todavía se está desarrollando, pero es planteado por la Comisión de Educación y otros actores como algo establecido y que debe impulsarse al lado de otros mecanismos de financiación global ya consolidados, como la GPE y el Education can not wait. Desde la CME, queremos romper la idea de que hay un consenso mundial alrededor de estos tres mecanismos como únicas formas de financiamiento educativo a nivel mundial. Tenemos que darle una perspectiva más compleja y amplia al debate sobre el financiamiento educativo en el plan internacional, que va más allá de la cooperación internacional y tome en cuenta el necesario fortalecimiento del financiamiento educativo desde los Estados. En ese sentido, la lucha por justicia tributaria es clave”, afirmó Croso. Alertó, asimismo, para las disputas sobre los sentidos de la educación que están en juego por detrás del debate sobre el financiamiento educativo, ya que, más que apoyar financieramente la educación, dichas instituciones, mecanismos financieros y fondos internacionales articulados al sector privado con fines de lucro imponen agendas educativas economicistas y promueven la deuda pública, en vez de fortalecer y favorecer la sostenibilidad, soberanía e independencia de los países en desarrollo. “Debemos resistir para que se mantengan los compromisos de los Estados con el cumplimiento de una educación gratuita, inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos, según determina la Agenda de Educación 2030, y es clave la articulación entre movimientos y organizaciones sociales que defienden la educación y la justicia tributaria para presionar por el establecimiento de un mecanismo global que promueva la justicia tributaria desde Naciones Unidas”, subrayó. Por otro lado, recordó los logros alcanzados en la Conferencia de financiación para el reabastecimiento de la GPE, realizada en Senegal los días 1º y 2 de febrero de 2018, en la cual países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares para la educación, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares, en el período de 2018 al 2020. A su vez, Javier González, de la Fundación Summa de Chile, destacó que, cuando se habla del financiamiento educativo, más que mirar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se gasta en educación, es importante considerar el monto total de recursos que se asignan a este campo. Compartió, asimismo, que la privatización y las lógicas de mercado presentes en el sistema educativo de Chile y otros países de la región proponen un modelo de búsqueda constante por calidad, en base al estímulo a la competencia entre centros educativos y un “ranking” de escuelas, creado según sus resultados en pruebas estandarizadas aplicadas en larga escala. Enfatizó que, según estudios y consultas al respecto, estas prácticas no han generado impactos positivos sobre la calidad educativa de Chile. “Por lo contrario, estas lógicas han aumentado la desigualdad y segregación entre estudiantes, familias y escuelas en el país”, afirmó. González también destacó que la migración de las clases media y alta de la población chilena para la educación privada, en los últimos años, ha contribuido mucho para la reducción de la base de impuestos en Chile, puesto que estas clases pasaron a defender la reducción de los encargos tributarios y el no pago por ellos. Añadió que es necesario avanzar en la reglamentación y responsabilidad del sector educativo privado, de manera que el Estado le exija el respeto a padrones mínimos de calidad y equidad en la oferta educativa. Defendió, además, que es necesario aumentar y mejorar el gasto público en la educación pública, para que tengamos diversidad de clases sociales y personas al interior de los centros educativos, y no diversidad y competencia entre los centros educativos, según plantea el mercado. A continuación, Daniel Cara, coordinador general de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, compartió algunos retos para la realización del derecho humano a la educación a nivel nacional: garantizar el acceso a la educación pre-primaria al 50% de las niñas y niños de 0 a 3 años del país; incluir 500 mil estudiantes que están fuera de la escuela en la educación primaria, y 1 millón de adolescentes en la secundaria; y cubrir un déficit de cobertura de 13 millones de matrículas en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas y programas de alfabetización. “Son desafíos muy graves, y para superarlos necesitamos financiamiento que posibilite la creación de nuevas matrículas con calidad”, afirmó. En este contexto, la Campaña Nacional desarrolló los mecanismos CAQi (Costo Alumno-Calidad Inicial) y CAQ (Costo Alumno-Calidad), en alianza y diálogo con investigadoras/es, economistas, parlamentarias/os, estudiantes y docentes, entre otros actores, con miras a establecer conceptos e indicadores de financiación educativa de acuerdo a patrones mínimos de calidad, que deberían adoptarse en todas las escuelas públicas del país. En el 2014, la Campaña Nacional logró que se incluyeran los conceptos del CAQi y del CAQ en el Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024. Según el Plan, estos indicadores deberían implementarse hasta julio de 2016, pero esto no se cumplió. “Vivimos un golpe institucional y nuestra democracia está en riesgo desde el impeachment de Dilma Rousseff en el 2016. Habíamos logrado incluir el CAQ y el CAQi en el PNE y aprobar en el parlamento nacional una ley que determina que el 75% de los royalties por la extracción de los campos petrolíferos en la capa pre-salina, recibidos por el gobierno brasileño, debe invertirse en la educación pública, pero el golpe y las medidas regresivas del actual gobierno impidieron la realización de estas conquistas”, explicó. En noviembre de 2016, el presidente Michel Temer anunció la apertura al capital extranjero de la explotación de dichos recursos petrolíferos, hasta entonces restricta a la empresa estatal Petrobras. Se prevé que esta medida disminuirá aún más los recursos que llegan al Ministerio de Educación, ya reducidos debido a la Enmienda Constitucional 95, aprobada por el parlamento nacional en diciembre de 2016, la cual congela los gastos públicos en salud, educación y asistencia social por 20 años. En seguida, José Marcelino de Rezende Pinto, profesor de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto - Universidad de São Paulo (USP) e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, destacó que, para evaluar el esfuerzo de los gobiernos en el financiamiento educativo, y posibilitar un parámetro de comparación entre los Estados, es más importante verificar cuánto se gasta en dólares para cada estudiante al año, pues evaluar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se invierte en educación resulta en un análisis limitado, siendo grandes las diferencias de tamaño entre los PIB de los distintos países. “En el CAQ y el CAQi establecemos un mínimo de inversiones por estudiante necesario, para alcanzar un nivel de calidad educativa adecuado en las escuelas, el cual abarca: salario digno para las y los maestras/os y respeto al piso salarial docente establecido en ley nacional; un número máximo de estudiantes por sala de aula; biblioteca; laboratorio de informática; sala para gremios estudiantiles, etc. Se recuerda también que cada nivel educativo tiene peculiaridades, y por lo tanto los gastos necesarios para cada etapa se diferencian”, explicó. Añadió que, en América Latina y el Caribe, se tributa muy poco a las personas más ricas. “Nuestra Constitución Federal establece una vinculación de recursos para la educación de 18% del presupuesto nacional, y del 25% del presupuesto de las provincias y municipios. Esta asignación es importante, pero no es suficiente ya que la base de impuestos cambia de acuerdo con la economía, mientras que nuestro sistema tributario es injusto”, afirmó. Enfatizó también que son necesarios mayores aportes financieros del gobierno federal a la educación, con miras a reducir las desigualdades entre regiones y entre escuelas municipales y provinciales, y que el Plan Nacional de Educación establece la meta de alcanzar el 10% del PIB en inversiones para la educación, lo que está lejos de lograrse ante los actuales recortes del gasto público implementados por la gestión Temer.

    Jornada destaca el rol clave de la justicia tributaria para la garantía de un financiamiento educativo justo

    20 de mayo de 2018

    La justicia tributaria como elemento fundamental para asegurar recursos adecuados, suficientes y sostenibles para el derecho humano a la educación fue uno de los temas más destacados durante la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad”, realizada por la Campana Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) el 17 de mayo, en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2018 y de la iniciativa regional “¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”. (más…)

    La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvo presente en el “II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realizó del 16 al 20 de abril, en Santiago, Chile, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Participaron en el encuentro cerca de 300 representantes de sociedad civil de la región, entre ellos Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de CLADE, Marcela Ballara, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, y representantes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).<!--more--> La CLADE, con otras 32 organizaciones, entre ellas REPEM y la Mesa de Articulación ETIS, integró la Comisión Transitoria de sociedad civil que durante el año pasado trabajó en el diseño de un borrador de los objetivos, principios y estructura del mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible mencionado. En el encuentro, se consensuó el mecanismo, que deberá facilitar y coordinar la vinculación y participación significativa y permanente de la sociedad civil con CEPAL y con los Estados Miembros en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Esta vinculación y participación se dará también en todo el proceso del diseño, implementación, monitoreo, reporte y evaluación de la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región y las plataformas relacionadas a la misma. Asimismo, el mecanismo tendrá la misión de generar un espacio de rendición de cuentas entre gobiernos y sociedad civil sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. El mecanismo estará integrado por organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que se postulen para participar y trabajen por la justicia social, económica y ambiental, y en cualquiera de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. A la vez, su estructura de gobernanza será formada por 4 sub-regiónes (Centro América, México y Caribe Hispano-hablante; Caribe Anglófono y Francófono; Zona Andina; y Conosur); 13 grupos de personas/colectivos (Niñas, niños, Adolescentes y Jóvenes; Mujeres; Personas adultas mayores; Personas afro-descendientes; Personas agropecuarias de pequeña escala, rurales y costeras; Personas con discapacidad; Personas con VIH y personas afectadas por el VIH; Personas defensoras de derechos humanos y territorios; Personas LGBTI; Personas migrantes y desplazadas por desastres o conflictos; Pueblos indígenas; Redes, colectivos, organizaciones y plataformas de ONG; Sindicatos y personas trabajadoras, trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales); y 3 grupos temáticos (Economías sociales y solidarias; Educación, academia, ciencia y tecnología; Justicia ecológica y ambiental). Las organizaciones, redes y colectivos pueden inscribirse para participar en uno o más grupos y, como próximo paso, se convocará a la sociedad civil a integrar una nueva Comisión de Trabajo transitoria, que durante 6 meses se hará cargo de definir los términos de referencia de cada grupo y el proceso para elegir a sus representantes en la mesa de vinculación del mecanismo, la cual será encargada de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del foro, para asegurar el involucramiento y la participación efectiva del mecanismo en los procesos y negociaciones intergubernamentales relacionadas con la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región. También deberá mantener un canal de información permanente y constante para la toma de decisiones y el aviso sobre los acuerdos adquiridos. La CLADE ya manifestó su interés en participar en esta comisión y contribuirá con la consolidación del grupo temático de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología [para saber más, <a href=acceda aquí al término de referencia sobre el mecanismo]. “Ha sido un proceso muy interesante y exitoso, que se vino construyendo desde el Foro del año pasado en México. Ahora tenemos consensuada nuestra primera experiencia para dialogar sobre la Agenda 2030 con los países a nivel regional. Se trata de un proceso aún en construcción, pero definitivamente, haber logrado un espacio para educación en el mecanismo regional de seguimiento a los ODS es una conquista”, afirmó la coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE. Previamente al Foro de CEPAL, se realizó una reunión de la sociedad civil para discutir la construcción del mecanismo formal de participación mencionado y también redactar una declaración de sociedad civil que fue leída en la plenaria del Foro de los Países. El documento “Nos quieren dejar atrás. Y no lo vamos a aceptar” denuncia el hecho de que la sociedad civil no haya sido invitada a participar en la Declaración Intergubernamental presentada al final del Foro de Países y critica su contenido, así como las restricciones democráticas en la región y las múltiples formas de violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Exige además que los gobiernos cumplan los acuerdos internacionales e integren a la sociedad civil en la toma de decisiones. Respecto a la educación, la declaración denuncia la reducción en el último año de los presupuestos para este derecho, así como para salud y cultura en varios países de la región, y los crecientes procesos de privatización de estas áreas estratégicas para el desarrollo. “Denunciamos el deterioro de los sistemas de educación públicos y reclamamos la educación pública, universal, gratuita, laica, inclusiva, de calidad, a lo largo de toda la vida. Exigimos la laicidad del Estado y denunciamos la influencia de los fundamentalismos religiosos en los currículos escolares, que impiden la educación integral en sexualidad y la garantía de la igualdad de género”, afirma el documento.">

    Se creó el mecanismo de participación de la sociedad civil en el seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

    2 de mayo de 2018

    La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvo presente en el “II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realizó del 16 al 20 de abril, en Santiago, Chile, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Participaron en el encuentro cerca de 300 representantes de sociedad civil de la región, entre ellos Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de CLADE, Marcela Ballara, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, y representantes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). (más…)

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