Chile: Las políticas públicas de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) deben ser inclusivas
1 de junio de 2023La plataforma de redes regionales por la EPJA comprometida en profundizar los desafíos que plantea el Marco de Acción de Marrakech, convocó el conversatorio regional titulado: políticas públicas de EPJA en América Latina y el Caribe. El caso de Chile, con la participación central de María Eugenia Letelier, encargada de EPJA del Ministerio de Educación de Chile, socióloga, magíster en sociología y doctora en educación, autora de diversos libros y artículos sobre educación de personas adultas, también fue coordinadora de la Oficina de Transversalidad en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) en Chile.
El Marco de Acción de Marrakech contiene estrategias para el desarrollo sobre cuestiones prioritarias de la agenda EPJA, y cuenta con el compromiso de más de 140 países que asumieron el desafío de aumentar la participación de la población joven y adulta en procesos de aprendizaje de calidad, al mismo tiempo que reconocieron la necesidad de incrementar la inversión financiera.
El conversatorio se plantea como un acercamiento entre los procesos regionales de incidencia sobre la EPJA, en el cual se considera la apropiación del Marco de Acción de Marrakech, y la implementación de políticas públicas que se gestionan desde los espacios gubernamentales. En este contexto, señala la plataforma en la nota conceptual del conversatorio que la EPJA es “un campo que debe ser reconstruido bajo nuevos modos de entender sus finalidades, sujetos, instituciones y financiación, que requiere un giro sustantivo”.
La sociedad civil acumula más de tres décadas de demandas por la EPJA
En las palabras de contextualización inicial Timothy Ireland, vicepresidente del ICAE e integrante de la Plataforma señaló que “vale la pena recordar una experiencia similar en 1996. En este caso, el proceso de movilización nacional para la 5ª CONFINTEA en Brasil en 1996-1997, dio origen a otro importante movimiento – los foros estaduais de la EJA [Estaduais se refiere a la división por estados federados. EJA es la sigla equivalente en portugués de EPJA]. Veintisiete años después, los foros continúan su lucha en favor de la EJA”.
El trabajo de la plataforma por mantener la agenda viva de la EPJA ha sido indispensable
El trabajo de la plataforma por mantener la agenda viva de la EPJA ha sido indispensable, a juicio del docente, “la Plataforma organizó una serie de debates, reuniones, grupos de trabajo en los que participaron educadores, estudiantes y representantes de organizaciones sociales de la región. Los resultados de estos debates se sintetizaron en un documento camino a la CONFINTEA VII que contiene las principales recomendaciones de la plataforma para la elaboración del Marco de Acción de Marrakech (MAM)”.
La inclusión educativa a lo largo de toda la vida debe ser garantizada por los Estados
María Eugenia Letelier, señaló los desafíos que se plantean en Chile, con experiencias que se impulsan desde el espacio gubernamental para garantizar el derecho humano a la educación, la lucha contra la desigualdad, la injusticia educativa y el acceso a los bienes públicos. También comentó la búsqueda de integración del conocimiento de las comunidades que son parte del marco de nuevas iniciativas de aprendizaje.
La especialista reflexionó sobre la importancia del monitoreo de las políticas públicas, que avanzan muy tímidamente ante la creciente demanda que dejó la pandemia en cuanto a la atención de personas jóvenes y adultas, que además experimentaron la brecha digital durante el periodo de pandemia y la obligatoria educación a distancia – virtual derivada del confinamiento domiciliario.
La encargada de la EPJA en Chile señaló que la “interrupción de la trayectoria educativa con enfoque integral que contempla el sistema educativo en su conjunto es uno de los mayores desafíos de las personas jóvenes y adultas.”
La gestión gubernamental debe atender y proteger la trayectoria educativa que se vio interrumpida por múltiples razones, reconociendo la biografía que le sucede en cada caso, para que se pueda garantizar el enfoque a lo largo de toda la vida con la flexibilidad y acompañamiento necesario en la continuidad de su formación integral.
La educación de personas jóvenes y adultas debe ser diferenciada y flexible
Según María Eugenia Letelier las ofertas educativas deben ser diferenciadas, con particular atención a los procesos de reinserción educativa y apoyo psicoemocional, y comprendiendo otros elementos que influyen en factores de riesgo como seguridad, empleo, transporte, alimentación, entre otros. “Existen tres componentes vigentes: el plan de reactivación educativa integral; el reforzamiento y fortalecimiento de aprendizajes; y la revinculación educativa”, subrayó desde la experiencia actual de gestión chilena, a pesar que reconoce que las bases de datos sobre la EPJA resultan insuficientes.
Tres componentes vigentes: el plan de reactivación educativa integral; el reforzamiento y fortalecimiento de aprendizajes; y la revinculación educativa
Durante el conversatorio, la docente compartió que “en el marco de sus políticas educacionales, la Coordinación Nacional de Educación de Adultos, dependiente de la División de Educación General, desarrolló una línea de trabajo específica destinada a apoyar los esfuerzos que realizan los establecimientos educacionales en contextos de encierro por mejorar la calidad y pertinencia de los aprendizajes”, expresadas en el séptimo certamen literario Mirando hacia la libertad, en el que participan personas que estudian en establecimientos ubicados al interior de los recintos penitenciarios y en centros privativos de libertad.
Así se combinan estrategias y espacios de formación educativa y política con el arte se dan a conocer en la publicación de enero del año 2023, experiencias y aprendizajes en contexto de coronavirus de los estudiantes privados de libertad y profesionales que los acompañan en su proceso educativo.
Ver el conversatorio aquí
¿Qué es la Plataforma?
La Plataforma de Redes Regionales por la EPJA hacia la CONFINTEA VII está integrada por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Federación Internacional Fe y Alegría (FIFyA), el Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE) y la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM).
Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?
29 de mayo de 2023En el séptimo episodio del Podcast, Educación ¿Qué onda?, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) se suma al llamado de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). El episodio está dedicado a la SAME con diversas voces de nuestra región latinoamericana y caribeña, invitando a conocer en 25 minutos experiencias, reflexiones y prácticas desde nuestro quehacer en red.
La SAME tiene como objetivo llamar la atención de la sociedad civil e instar a los gobiernos sobre la necesidad de concretar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Cada año de la movilización se destaca un tema clave, este año 2023 es centrado en la decolonización del financiamiento
Esta creación colaborativa cuenta con las voces de Vernor Muñoz, jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME); William Thélusmond, coordinador general de la Coalición Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití; Ramón Corvalán, Red por el Derecho a la Educación de Paraguay que también integra el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y Andressa Pelanda, coordinadora general de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil.
En la locución contamos con el apoyo de Patricio Cabezas, de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil y Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE.
Escucha el podcast completo:
Notas en la pizarra: Campaña Mundial por la Educación (CME) y el llamado a la decolonización integral en Haití
Vernor Muñoz, jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación comparte la relevancia del llamado mundial sobre el financiamiento educativo con un enfoque de decolonización. El lema invirtiendo en un mundo más justo: por la descolonización del financiamiento de la educación ¡ya! ha sido consensuado en la Campaña Mundial por la Educación (CME).
En el marco de la conmemoración del primer aniversario del Foro Mundial de Educación de Dakar, realizado en 2000, se impulsan diversas iniciativas de SAME, simultáneamente en más de 100 países para defender el derecho humano a la educación.
William Thélusmond, coordinador general de la Coalición Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití expresa su preocupación por la inestabilidad política, la lucha contra la discriminación y la violencia en Haití como parte de los desafíos que se traducen en los esfuerzos de decolonizar nuestros pensamientos, prácticas, experiencias y vida cotidiana.
Además Haití se enfrenta a condiciones de desigualdades que impactan considerablemente la vida de las infancias, juventudes y personas adultas. Estas complejidades profundizan las brechas y exclusiones educativas y sociales de la mayoría de la población.
Ecos y Voces: demandas por un Plan Nacional de Educación decolonizado para enfrentar las desigualdades en Brasil
Andressa Pelanda, coordinadora general de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil afirma la necesidad urgente de no retroceder con el Plan Nacional de Educación, y frente a las desigualdades, ¡decolonizar la financiación!, ya que Plan Nacional de Educación (PNE) se encuentra en su noveno y último año de implementación de la Ley, por lo cual demandan la construcción de un nuevo Plan oportuno y pertinente.
Adicionalmente Andressa Pelanda menciona cómo la educación decolonial se fortalece con la profundización de un Estado democrático que garantice los derechos, lo público y lo popular, lo que se impulsa con mayor participación social.
Tejido en Red: resistencia y propuesta desde la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay
Ramón Corvalán nos invita a conocer un poco más sobre el trabajo de la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay, él también integra el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).
La red tiene incidencia sobre la justicia fiscal para encaminar de mejor manera la garantía del derecho a la educación reconociendo que se percibe una creciente amenaza a los derechos humanos en Paraguay.
Por otra parte, la resistencia cultural y anticolonial de la apropiación del idioma guaraní para la expresión de los sentidos de un pueblo con conciencia histórica.
El abordaje de un financiamiento no colonial sobre la educación y la profundización de los compromisos por parte de los Estados implica reconocer que los pagos de deuda asfixian los presupuestos nacionales por lo que urgen mecanismos de reparación; la transformación de la cooperación internacional en relaciones transparentes, horizontales y decolonizadoras, así como aumentar las políticas fiscales progresivas como un paso de justicia social.
Les invitamos a visitar los informes sobre los sistemas tributarios y la evaluación de los gastos en educación que muestran los datos nacionales sobre la justicia fiscal para el derecho humano a la educación, que implica la disponibilidad de recursos y su administración en Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Créditos
Producción y entrevistas: María Cianci Bastidas
Locución: Patricio Cabezas, de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil y Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE
Canción: AnónimA Arte y Comunicación
Apoyo musical: Justicia Fiscal. Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza del Observatorio de Justicia Fiscal desde las Mujeres en Bolivia. 2008
Ilustración: Renata Dorea
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
#SAME 2023 llama la atención sobre la decolonización del financiamiento educativo en América Latina y el Caribe
16 de mayo de 2023“Invirtiendo en un mundo más justo: Por la descolonización del financiamiento de la educación ¡ya!” es el mensaje de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) de este año. Con él, esta movilización -que reunirá miles de estudiantes, docentes, activistas, autoridades de más de cien países de todas las regiones del mundo del 29 de mayo al 2 de junio- busca llamar la atención de la sociedad civil e instar los gobiernos, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el compromiso por el derecho a la educación, especialmente debatiendo sobre las relaciones de financiamiento y cooperación, destacando la importancia de garantizar un sistema de financiamiento que tenga como eje fundamental la decolonialidad. La más grande y amplia movilización educativa del mundo reitera que solo se logrará garantizar el derecho a la educación pública con el financiamiento decolonial.
América Latina y el Caribe: cancelación a la deuda, rol de la cooperación internacional y justicia fiscal
Durante estos días de realización de la SAME 2023, las organizaciones, colectivos, redes y activistas que forman parte de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) realizarán una serie de eventos, estrategias de formación, acciones de comunicación y sensibilización, diálogos, lanzamientos de estudios y otras actividades alrededor del tema central, con énfasis en tres temas: cancelación a la deuda, rol de la cooperación internacional y justicia fiscal.
Para la CLADE, otorgar la prioridad a los pagos de la deuda asfixia los presupuestos nacionales impidiendo el financiamiento adecuado a la educación pública, por ello desde la región latinoamericana y caribeña se apoya la cancelación de la deuda y los movimientos de reparación.
“La deuda es una trampa colonizadora que contribuye a la desigualdad y violencia sistemática. Nuestra región pagó alrededor de 95 mil millones de dólares en concepto de servicios de deuda en 2020. Argentina, Brasil y Costa Rica mostraron los mayores índices de deuda pública respecto del PIB (104,5%, 89,3% y 67,9%, respectivamente)”, afirma la CLADE.
La cooperación internacional también tiene un rol fundamental para transformar el financiamiento educativo. Para la CLADE, la cooperación internacional y todo apoyo financiero internacional a la garantía del derecho humano a la educación deben plantearse también en términos de derechos.
“Apoyamos relaciones transparentes, horizontales y descolonizadoras. Agendas, contenidos, metodologías, gestión y organización deben ser construidas desde una mirada solidaria, entre pares, reconociendo el conocimiento situado y las propias lecturas de contextos desde los diversos lugares y grupos”, afirma.
Otro eje importante para la decolonización del financiamiento educativo es la importancia de un sistema de tributo justo, que haga con que los 300 mil millones de dólares que la región pierde cada año en evasión de impuestos sea invertido en la garantía de los derechos humanos, como la educación.
“Demandamos políticas fiscales progresivas y marcos globales de acción para que este dinero se quede en los países, que los Estados lo inviertan en la garantía de derechos de todos sus ciudadanos y en sistemas de educación pública fuertes, igualitarios, pertinentes a los contextos”, defiende la CLADE.
Diálogo regional virtual: Decolonizar el financiamiento del derecho humano a la educación: una mirada desde América Latina y Caribe
Para debatir sobre estos temas que abarcan la conquista de un financiamiento educativo decolonial y por ende el derecho humano a la educación, la CLADE convoca abiertamente al Diálogo Regional en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2023.
La reflexión sobre el financiamiento en el contexto de la región y propuestas para su transformación enfatiza sobre la deuda, la recaudación fiscal justa y la cooperación internacional, desde las experiencias de quienes viven las consecuencias e impactos del financiamiento actual.
El encuentro tendrá como debate central la pregunta ¿Qué financiamiento queremos? para profundizar
la mirada sobre la relación del financiamiento educativo, la deuda, el enfoque de género, la justicia fiscal y la mirada decolonial de la cooperación internacional.
Participarán representantes de nueve países de América Latina y el Caribe, además de compartir diversas producciones audiovisuales y piezas educomunicativas.
Fecha: 30 de mayo (martes)
Hora: 11:00 hora Argentina/Brasil
Transmisión: vía zoom
Duración: 2 horas
Público: profesores/as, educadores/as, estudiantes, investigadores/as, activistas e interesados/as en el tema.
Traducción: español, portugués, inglés y creole.
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22 años de Acción Mundial por la Educación: SAME
Desde 2001, la Campaña Mundial por la Educación (CME) coordina la SAME, como iniciativa internacional impulsada simultáneamente en más de 100 países, recordando el aniversario del Foro Mundial de Educación de Dakar (2000).
El objetivo de la acción mundial es llamar la atención de la sociedad civil e instar los gobiernos, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas, destacando siempre a cada edición de esta movilización, un aspecto o tema clave respecto a este derecho humano.
Lee más sobre las SAMEs de los años anteriores:
2002: Semana de Acción Mundial por la Educación
SAME 2019: Nuestra Educación, Nuestros Derechos
Enfoque de género en los presupuestos educativos: una necesidad impostergable
10 de mayo de 2023Con miras a fortalecer las capacidades de la membresía sobre cómo analizar un presupuesto educativo desde un enfoque de género y hacer propuestas presupuestarias para garantizar una educación igualitaria a todas las personas, independiente de su identidad de género y orientación sexual, la CLADE brindó una formación de 20 horas de duración entre enero y marzo del 2023. El proceso de formación fue implementado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el curso reunió a 56 integrantes de 14 países, con el apoyo de Educación en Voz Alta.
En la formación se enfatizó la idea de que los presupuestos no son documentos neutrales, ya que reflejan la prioridad que cada Estado / Gobierno brinda a la igualdad de género. Por ello, existen tensiones, principalmente cuando un Estado asume un compromiso internacional de adopción de esfuerzos para erradicar la desigualdad histórica y la discriminación de las mujeres, pero no lo traduce en la asignación de recursos específicos a estas acciones, el compromiso no se concreta si se queda apenas en el campo discursivo.
El ejercicio fiscal puede contribuir a enfrentar las desigualdades
Para acelerar el camino hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, es fundamental que el Estado tenga un plan de ingresos y egresos que desarrolle acciones públicas en un ejercicio fiscal en coherencia, tomando en cuenta las necesidades y demandas diferenciadas no solo de mujeres y hombres, también de toda la diversidad sexo-genérica. Igualmente, es importante definir indicadores desagregados por sexo y género para medir el impacto de las acciones, y facilitar el monitoreo de ese proceso por parte de la sociedad civil.
Durante el curso de formación se presentaron las distintas etapas del ciclo presupuestario, a saber, planificación; preparación y aprobación; ejecución y monitoreo; auditoría y evaluación. La reflexión central desarrolló estrategias para realizar miradas críticas sobre cada una de estas etapas con las gafas de género. También se compartieron herramientas metodológicas de presupuestos sensibles al género desarrollados en países como Australia y Sudáfrica, así como mecanismos de etiquetas o categorización de gastos con un estudio de caso en México. De manera muy práctica, las y los participantes analizaron el marco normativo de su país, contemplando el presupuesto con la sensibilidad de enfoque de género, detallando la manera que se incorporaba dicho enfoque en el instrumento nacional, habilitando la posibilidad de armar planes de incidencia para que los Estados cuenten con presupuestos educativos con perspectiva de género.
Grupo de Trabajo sobre género subraya oportunidades para la equidad
Para Violeta del Carmen Costas, integrante de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación y participante del curso, “la experiencia ha sido de mucho aporte para entender las dinámicas de los espacios gubernamentales y proponer la integración de la perspectiva de género paso a paso, partiendo de la análisis de la situación, del análisis de cómo les ven las realidades y luego integrarlos desde el enfoque de género.”
La capacitación es parte de las acciones del Grupo de Trabajo sobre Género de CLADE, que tiene como objetivo profundizar los debates sobre las relaciones entre género y educación en la red. Los talleres han producido colectivamente una guía metodológica para el análisis del presupuesto educativo con perspectiva de género que se dará a conocer en los próximos meses, junto al protocolo sobre presupuestos educativos sensibles a género, que orientará las acciones de incidencia de la CLADE en esta materia.
Ariadna Reyes, asesora de investigación de la CLADE: Lo rural como territorio de vida siempre ha estado al borde
19 de abril de 2023La deconstrucción de la violencia de género se vincula a la garantía de derechos que se deben impulsar en todos los espacios socializadores y comunitarios. Es lo que defiende Ariadna Reyes, asesora de investigación participativa con enfoque de género del proyecto Estrategias para prevenir la violencia sexual, de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales coordinado por la CLADE.
Durante la entrevista, Ariadna Reyes afirma la potencialidad que tiene la escuela como espacio de transformación de las relaciones de poder y de dominación en favor de las garantías del derecho a la educación y a una vida libre de violencia.
Para la especialista asesora la educación tiene un rol fundamental en deshacer construcciones dominantes que naturalizan la violencia y para esto es fundamental concientizar las narrativas de la vida cotidiana, y las prácticas que evidencian desigualdades que se ubican en el corazón del sistema hegemónico.
Prevención de la violencia de género en ámbitos educativos rurales
La carga cultural y las relaciones de dominación pueden abrir posibilidades de diálogo para la participación plural de las disidencias, señala la investigadora, trascendiendo el binarismo imperante, especialmente referido a las identidades y expresiones de género.
Por un lado, nombrar de una manera distinta es parte de las acciones y estrategias que pueden impulsarse desde los procesos pedagógicos, para enfrentar desde la cotidianidad las culturas institucionalizadas sobre los cuerpos de palabras, los relatos, el modo que se narran las realidades, los conceptos que se expresan, la organización de las destrezas en el ámbito educativo, los enfoques no adultocéntricos, buscando reflexionar y debatir el significado e implicancia de los sentidos y sus disputas. Por el otro, se resalta la centralidad de las personas de derechos que son historias y proyectos de vida indispensables en los proyectos pedagógicos.
La escuela potencialmente espacio de transformación
La escuela se propone como un espacio de transformaciones críticas para influir en políticas públicas y la propia vida cotidiana procurando la integridad entre el derecho humano a la educación y el derecho a vivir una vida libre de violencia, comparte la investigadora. En las ruralidades conviven los territorios de vida que en la cotidianidad se integran desde las diversidades, las cuales no deben dejar de lado las disidencias campesinas, rurales, indígenas además de las identidades sexuales y de género.
En el proceso que acompaña Ariadna Reyes advierte que “lo rural como territorio de vida, siempre ha estado al borde”, como un no-lugar, un no-espacio, atravesado con múltiples brechas de exclusión como de acceso, permanencia de trayectoria educativa, así como del acceso a justicia y silencios que marcan impunidades entorno a las violencias de género.
Fortalecimiento de comunidades de aprendizaje
Según Ariadna Reyes en el proyecto se han permitido la construcción de las comunidades de aprendizajes desde los equipos nacionales con una mirada de investigación acción participativa (IAP) y la inclusión del enfoque de género en seis escuelas, tomando dos experiencias en cada país, Honduras, Haití y Nicaragua.
Este proceso ha exigido la sensibilidad de tratamiento de historias de vida que se ponen en debate desde la palabra, las comprensiones de las realidades y el rol de las transformaciones que impulsa la escuela, bien en su apropiación o deconstrucción de las relaciones de violencia de género y los órdenes de las dominaciones.
Aportes para una educación libre de violencias de género
Como parte de la sistematización de experiencias sobre las reflexiones, discusiones se comparte el Informe regional sobre el derecho humano a una educación libre de violencias de género que muestra el proceso de construcción para la lectura crítica de los factores que generan discriminaciones, desigualdades y violencias de género en el ámbito educativo rural, identificando estrategias comunitarias y de política pública para su prevención y erradicación.
Por otra parte, se pone a disposición el cuaderno de metodologías y herramientas de investigación, acción participativa y enfoque de género muestra el itinerario que los grupos de trabajo nacionales viven en el compromiso de asumir las orientaciones de la Investigación Acción Participativa (IAP), la transversalización del enfoque de género y la educación popular como ejes prioritarios.
Sobre el proyecto
Para fortalecer la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, niñas y niños, prevenir y superar la violencia de género en la educación, reunimos algunos materiales – estudios, noticias, análisis y entrevistas – sobre el tema y, más específicamente, presentamos informaciones sobre el proyecto Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales.
Entre el 2021 y 2023 se implementa en Nicaragua, Honduras y Haití, la iniciativa coordinada por la CLADE en alianza con Alternatives (Canadá), y en los países es realizada por el Foro Dakar Honduras, la Reagrupación para Todas y Todos de Haití (REPT) y la Coalición Nicaragüense por la Educación.
Este trabajo se lleva a cabo gracias al apoyo y la subvención concedida por el Intercambio de Conocimiento e Innovación (KIX) de la Alianza Global para la Educación (GPE) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá.
Encuentro promueve el derecho a la educación y la prevención de las violencias de género en Honduras
12 de abril de 2023Con miras a fortalecer la agenda por una educación libre de violencias de género, la CLADE, en colaboración con la Oficina multipaís de la UNESCO en San José para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá promovió el Encuentro Subregional “Promover el derecho humano a la educación a través de la prevención de las violencias de género”, el 21 de marzo de 2023 en Tegucigalpa, Honduras.
La reunión contó con actores claves de la subregión, incluyendo la Secretaria de Educación y la Secretaria de la Mujer de Honduras, el CECC SICA, el Parlamento Centroamericano (Parlacen), entre otros. Buscó profundizar un debate e intercambio a partir de la experiencia del proyecto Estrategias para prevenir la violencia sexual, de género y fomentar la equidad en escuelas rurales, coordinado por la CLADE en comunidades educativas de Honduras, Nicaragua y Haití.
“La persistencia de múltiples expresiones de las violencias de género y, particularmente, de la violencia sexual en los sistemas educativos de todo el mundo desafía la puesta en marcha de iniciativas contundentes orientadas a la promoción del derecho a la educación libre de violencias”, destacó Giovanna Modé, coordinadora técnica del proyecto, al presentar sus principales apuestas y hallazgos de investigación.
Escuelas seguras y acogedoras
Mary Guinn Delaney, de la UNESCO, presentó esfuerzos y recursos desarrollados por organismos internacionales para promover escuelas seguras, sanas y acogedoras, destacando la importancia de que los mismos estén territorializados. “La cuestión es cómo hacer para que las recomendaciones y guías de orientación, manuales, estrategias genere conocimiento, discusión, y, entonces ganen significado, a quienes toman decisiones y a las comunidades educativas”.
Guadalupe Ramos, de Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), a su vez destacó la importancia de deconstruir relatos y las prácticas que producen y reproducen las desigualdades y que alejan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la escuela y el derecho a educarse, como el lenguaje misógino, la historia robada a las mujeres, la heterosexualidad obligada, la educación sexista y discriminatoria incluyendo la promoción de un currículo oculto que genera desigualdad y exclusión. “Esta toma de conciencia es fundamental, toda esa lógica desalienta la presencia de las niñas y las mujeres en la escuela, decirles que “ese no es tu espacio” afirmó la investigadora y docente.
Asimismo en la discusión, se hizo hincapié en que la educación sexual integral (ESI) es una necesidad en, para y desde las comunidades educativas y no puede quedar al margen de las propuestas y las decisiones.
Se propuso que el grupo siga co-creando e intercambiando en torno a la promoción de una vida digna y libre de violencias de género en el espacio escolar rural, tejiendo una comunidad de alianzas y sumando miradas posibles de transformación.
Isaac Ruiz, Marcha Global contra el Trabajo Infantil: Educación y prevención del trabajo infantil, una relación de ida y vuelta
5 de abril de 2023“Garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de todos sus derechos, que tengan una educación pública gratuita y de calidad, y que estén en la protección de realizar cualquier trabajo que pueda perjudicarlos o entorpecer su desarrollo” este es el trabajo de la Marcha Global contra el trabajo infantil, red de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, gremios de docentes, niños, niñas y adolescentes con competencia a nivel mundial que desde 1998 suma esfuerzos contra el trabajo forzoso y la trata. Es fundadora de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y también integra la CLADE como red regional.
La CLADE conversó con Isaac Ruiz, director de programa del Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP) e integrante de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, sobre la iniciativa y el contexto actual de América Latina y el Caribe con relación a la lucha contra el trabajo infantil – avances y desafíos.
La educación es clave para acabar con el trabajo infantil
A través de la educación, la sociedad se vuelve más conscientes de sus beneficios y del daño que puede causar el trabajo infantil. Según la Marcha Infantil el acceso a la educación ayuda a reducir la pobreza, siendo una de las causas fundamentales del trabajo infantil. Un financiamiento de $39 mil millones de dólares podría proporcionar educación preescolar, primaria y secundaria de calidad a todos los niños, las niñas y adolescentes para 2030.
Para el activista Isaac Ruiz, la vinculación entre educación y la prevención del trabajo infantil es de ida y vuelta. El trabajo infantil es una de las principales causas de la exclusión escolar, y a la vez las deficiencias del sistema educativo se convierten en una causa del trabajo infantil. Considera fundamental sumar esfuerzos para lograr una educación pública, universal, obligatoria y gratuita para los niños, las niñas y adolescentes sin ningún tipo de exclusión.
Cerca de 3.1 millones de niños y niñas, según el especialista, se quedaron fuera del sistema escolar. Pasada la crisis sanitaria, una parte importante regresó, aunque no se cuentan con datos precisos de quienes se quedaron a trabajar como una estrategia de sobrevivencia económica familiar, impidiendo su retorno a las clases regulares, una vez que se hiciera presencial en cada uno de los países de la región.
Las labores de cuidado como riesgo de exclusión escolar
La pandemia fue una grave crisis de derechos humanos. Con preocupación se señala que durante la pandemia los contextos domésticos de hogares se complejizaron, ya que en muchos casos aumentó el abandono escolar, de cargas y responsabilidades de cuidado por parte de niñas y jóvenes, así como el reforzamiento de tareas para la economía familiar desde el trabajo infantil, afirma Isaac Ruiz.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que aproximadamente 152 millones de niños y niñas, entre 5 y 17 años participa del trabajo infantil. Trabajan en labores domésticas en hogares, talleres y plantaciones. Las niñas tienen más probabilidades de estar involucradas en el trabajo doméstico, como se evidenció especialmente durante el tiempo de la pandemia.
El trabajo infantil “se define como el trabajo que priva a los niños y las niñas de su infancia, su potencial y su dignidad, que es perjudicial para el desarrollo físico y mental e interfiere con su escolaridad, y por lo tanto debe ser eliminado. Se refiere al trabajo que es mental, física, social o moralmente peligroso y dañino e interfiere con su escolarización (bien por abandono, o rivalizando con carga horaria)”.
Se llama la atención sobre el trabajo que afecta la salud, desarrollo personal y/o que interfiere con la escolaridad de los niños y las niñas, con frecuencia se considera algo positivo, como ayudar a la subsistencia económica del hogar o ingreso fuera del horario escolar y durante las vacaciones escolares.
La reducción sistemática del trabajo infantil que se había logrado antes del año 2020, vivió un rebrote con la pandemia. Isaac Ruiz menciona que pudiera tratarse de una generación perdida, ya que prácticamente durante 2 años la mayoría de las infancias estuvieron fuera de la escuela, apelando a los medios virtuales, enfrentando las consecuencias de la brecha digital.
El derecho humano a la educación como un pilar
Actuar en coherencia con un enfoque de derechos humanos implica garantizar la subsistencia de las familias, y que esto no constituya un riesgo para la exclusión escolar, así la garantía del derecho humano a la educación potencia las capacidades de niños, niñas y adolescentes, cuidando los escenarios de vulneración, especialmente de trabajo infantil.
Existen dos pilares claves para abrazar estas garantías de derechos, uno el derecho humano a la educación y el combate a la pobreza, afirma Isaac Ruiz. Al mismo tiempo exhorta a generar espacios de escucha atenta a los niños y las niñas como sujetos de derecho con perspectivas y enfoque propios.
Las demandas de la sociedad civil deben contemplar la lucha por un financiamiento justo para la educación, y políticas de protección de las infancias y juventudes con enfoques integrales, de acompañamiento y seguimiento de prevención del abandono escolar y de contextos de trabajo infantil.
Las condiciones de pobreza empeoran los entornos familiares
Los mecanismos de protección y de enfoque de derecho desde los Estados deberían fortalecer un camino de ida y vuelta entre el derecho a la educación y la lucha contra la pobreza.
En este contexto se impulsan acciones para enfrentar el trabajo infantil en todas sus formas, lo que incluye la adopción de los marcos jurídicos y tratados internacionales, así como los nacionales desde la garantía de derechos humanos. Por ello la Marcha Global acompaña los procesos de incidencia en las políticas nacionales de los países como mesas intersectoriales, comisiones de trabajo y planes de políticas públicas.
En la caracterización del trabajo infantil que ofrece el marco internacional se cuida la intención de proteger el interés superior de los niños y las niñas, especialmente en la prevención del trabajo considerado riesgoso o peligroso y que no constituya la interrupción de la trayectoria escolar.
A juicio de Isaac Ruiz, aunque exista un acuerdo promedio de 15 años, el hecho de que formas particulares de trabajo puedan o no llamarse trabajo infantil depende de la edad, el tipo de tarea, esfuerzo y las horas de dedicación.
Según el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “las peores formas de trabajo infantil incluyen todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la servidumbre, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; el uso, reclutamiento u oferta de un niño para la prostitución, para la producción de pornografía o para espectáculos pornográficos; el uso, reclutamiento u ofrecimiento de un niño para actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de drogas como se define en los tratados internacionales pertinentes; trabajo que, por su naturaleza o las circunstancias en que se realiza, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.”
Dentro de las peores formas de trabajo infantil que se constituye como delitos, se encuentra la trata de personas, bien con fines de explotación sexual, laboral u otras como mendicidad, servidumbre o matrimonio forzoso.
El trabajo doméstico es peligroso, en el análisis del especialista, en tanto que la mayoría de las veces en las legislaciones de los países de la región no está permitido para personas menores de 18 años, pero en la realidad se encubren con la figura de “ahijaditas o criaditas” que son acogidas supuestamente para apoyar en su desarrollo personal, siendo una condición de explotación frecuente en algunas comunidades.
Es importante diferenciar el trabajo rural que puede ser considerado como una actividad formativa familiar, siempre y cuando prevenga la no manipulación de productos tóxicos, cargas pesadas u horarios extendidos.
También se considera el riesgo del trabajo forzoso regularmente se hace con fines de explotación económica, la OIT reseña que al menos 26% de estas víctimas son niños, niñas y adolescentes estrechamente vinculados al trabajo infantil. Igualmente se menciona el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados.
La marcha global señala que “en todo el mundo, millones de niños, niñas y adolescentes realizan trabajos extremadamente peligrosos en condiciones nocivas que les impiden recibir una educación y perjudican su desarrollo físico, mental o social. Cada día, aproximadamente 152 millones de personas trabajan en granjas, campos, fábricas, casas, calles y campos de batalla. De estos, 64 millones son niñas y 88 millones son niños. De este total, la asombrosa cifra de 73 millones se dedican a trabajos peligrosos.”
Despedida de la entrevista: todos los derechos para que nadie se quede atrás
Para la despedida Isaac Ruiz, señala la importancia de “todos los derechos, para todos los niños y niñas, para que nadie se quede atrás” así como la consigna “más educación, menos trabajo infantil”.
Informe sobre el impacto de la pandemia en el trabajo infantil y educación
Con la pandemia, las medidas de distanciamiento evidenciaron las asimetrías existentes y las profundizaron, suponiendo un retroceso educativo que ha profundizado las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población. No sólo en términos de situación económica, empleo, sino también en otros aspectos como el incremento del trabajo infantil y la violencia sexual y de género.
El informe sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el trabajo infantil y educación en países de Sudamérica, publicado en 2021 por la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil, tiene por objetivo la evaluación de los impactos en la educación y en el trabajo infantil. Para ello, recopiló información en Sudamérica, con siete países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, junto a la revisión de fuentes secundarias de organismos multilaterales, organizaciones Internacionales, no gubernamentales, sindicatos y redes de sociedad civil.
Sobre la Marcha Global
La marcha global ha sensibilizado sobre el trabajo infantil para abogar por la ratificación y aplicación universales de los convenios clave sobre trabajo infantil, es decir, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En sus lineamientos institucionales afirman que procuran “cambiar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de las personas hacia los niños en el trabajo infantil, empoderar a una nueva generación de personas para decir no a esta forma de violencia contra los niños y promover el trabajo decente para jóvenes en edad laboral legal”. La Marcha está liderada por Kailash Satyarthi, quien es un activista de origen indio, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2014 junto a Malala Yousafzai.
La iniciativa reconoce la importancia crítica de garantizar la Agenda 2030, se ha comprometido particularmente con el logro del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) en la meta 8.7 que consiste en “tomar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y uso de niños soldados y para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.
Encuentro Virtual: Una mirada a la educación inclusiva en la post pandemia
4 de abril de 2023Hasta 2030, los países de todo el mundo tienen como meta “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”.
La inclusión educativa en América Latina y el Caribe ha sido uno de los principales obstáculos para la realización plena del derecho humano a la educación. La discriminación histórica que sufren personas y grupos dentro y fuera de los sistemas educativos ha marginalizado sistemática e históricamente a las poblaciones más vulnerables.
En este sentido, la CLADE en colaboración con la oficina de la OREALC/UNESCO Santiago, realizó el pasado 30 de marzo, el debate virtual titulado: “Una mirada a la educación inclusiva en la post pandemia”.
El encuentro virtual, moderado por Thais Iervolino de la CLADE, tuvo la participación de Jerónima Sandino de la UNESCO; Rafael Pabón especialista colombiano en educación inclusiva; Liliana Peña de la Red Regional de Educación Inclusiva – RREI; y Nelsy Lizarazo de la CLADE. Con el objetivo de poner sobre la mesa de debate la educación inclusiva en la región, los principales desafíos y barreras en este campo, así como las perspectivas de lucha y fortalecimiento del derecho a la educación inclusiva. Este encuentro virtual fue la oportunidad perfecta para lanzar formalmente la versión actualizada del Observatorio Regional de Educación Inclusiva – OREI.
>> Mira el evento completo aquí:
Sobre el observatorio
El OREI, creado en el año 2015, es un espacio en formato de plataforma virtual que tiene como objetivo plantear la importancia de la educación inclusiva y el acompañamiento de esta dimensión en nuestra región. Con alianzas de un conjunto de organizaciones que tienen actuación a nivel regional de América Latina y el Caribe, pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, al Iberoamericano o que representan organizaciones de la sociedad civil, la plataforma fue actualizada este año y presenta como pauta los desafíos y violaciones, pero también posibilidades y experiencias inspiradoras para fortalecer la inclusión educativa.
CLADE junto a otras organizaciones de la sociedad civil celebran disminución de presupuesto en escuelas con fines de lucro
24 de marzo de 2023Desde 2014, la Academia Internacional Bridge (BIA) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) cuenta con menos presupuesto proveniente del Banco Mundial. La cadena, conocida como Nuevas Escuela Globales, son iniciativas con fines de lucro que operan en cuatro países de África y la India y, según varias organizaciones, activistas, académicos/as y relatores/as especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas en situación de pobreza, por lo que consideran que esta desinversión abre camino para defender desde el presupuesto público el derecho humano a la educación.
En el pronunciamiento que suscriben más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil se afirma que “Esta desinversión también sigue al histórico anuncio de la CFI en 2020 de que congelaría todas las inversiones directas e indirectas en escuelas privadas K-12 de pago “en respuesta a las preocupaciones de las partes interesadas externas sobre el impacto de las escuelas privadas en la calidad y el acceso a la educación”. Varias organizaciones, académicos y relatores especiales de la ONU han demostrado cómo estas escuelas profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas más pobres”.
US$13,5 millones para excluir niños y niñas
Desde 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha invertido un total de US$13,5 millones en BIA con la intención de expandirse a otros países. Por ello, en 2019 más de 170 organizaciones de la sociedad civil de 64 países pidieron al Grupo del Banco Mundial que pusiera fin al apoyo a la educación privada con fines de lucro.
Recientemente, la BIA estuvo involucrada en denuncias sobre su mecanismo de rendición de cuentas, que incluyen violaciones de los derechos laborales, abuso sexual infantil que involucra al personal y estudiantes, medidas inadecuadas de salud y seguridad que llevaron a la trágica muerte de un niño y la lesión de otro.
La directora de la oficina de Oxfam Internacional en Washington DC, Nadia Daar, señaló que “Esta es una clara señal de que la CFI se está distanciando aún más de las inversiones que representan riesgos para los niños, las familias y los maestros, y socavan los sistemas de educación pública. La CFI también debería congelar permanentemente las inversiones en educación privada con fines de lucro. Esta desinversión debería ser una llamada de atención para otros financistas de escuelas con fines de lucro dirigidas a comunidades de bajos ingresos. El mensaje es claro: el modelo está roto y es dañino”.
>> Lee el Pronunciamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil
Encuentro Regional promueve la prevención de la violencia en el ámbito escolar rural
16 de marzo de 2023Para garantizar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado al derecho humano a la educación de la Agenda 2030, los Estados miembros de las Naciones Unidas asumieron el compromiso de asegurar una educación de calidad, inclusiva y con equidad a lo largo de la vida, cuyo logro se condiciona por la capacidad de proveer entornos de aprendizaje seguros y acogedores, para eliminar la violencia contra las niñas y los niños en todos los contextos. .
En este sentido, la CLADE en colaboración con la Oficina multipaís de la UNESCO en San José para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá convocan al Encuentro Subregional Promover el derecho humano a la educación a través de la prevención de las violencia de género, a realizarse el martes 21 de marzo en Tegucigalpa, Honduras.
El encuentro busca profundizar un debate e intercambio a partir de la experiencia del proyecto Estrategias para prevenir la violencia sexual, de género y fomentar la equidad en escuelas rurales, coordinado por la CLADE en comunidades educativas de Honduras, Nicaragua y Haití. La iniciativa contará con la participación de actores estratégicos de la subregión para analizar las expresiones de la violencia, considerando también el impacto que se visibilizó durante la pandemia, también compartirá experiencias sobre estrategias de prevención y reducción.
Este encuentro facilitará que las y los participantes puedan co-crear recomendaciones en torno a la promoción de una vida digna y libre de violencias en el espacio escolar rural, además de permitir generar y compartir información, conocimientos y prácticas, que identifiquen y analicen las múltiples expresiones de la violencia de género en el ámbito escolar y experiencias para su abordaje, como paso vital para la puesta en marcha de políticas y estrategias de prevención.
Las escuelas como espacios seguros
Las violencias de género relacionadas con la escuela afectan a millones de niños, niñas, y adolescentes, familias y comunidades. Según la ONU Mujeres, la realización del derecho humano a la educación “no se podrá concretar hasta que la violencia de género en el ámbito escolar sea eliminada en y alrededor de las escuelas de todo el mundo.”
Las condiciones en las comunidades rurales evidencian frecuentemente contextos de mayor riesgo y exclusión. La CEPAL estima que 123 millones de personas en América Latina y el Caribe viven en zonas rurales.
Además, las violencias de género en el ámbito escolar distorsionan la percepción sobre la escuela que pasa a ser considerada, por las, los y les estudiantes, como un lugar inseguro y amenazante, al mismo tiempo obstaculizan las trayectorias educativas y conllevan a la desvinculación y exclusión; profundizan las desigualdades e inequidades, debilitan o rompen las relaciones sociales, lesionan la cohesión social y las metas comunes de la convivencia democrática, el desarrollo en igualdad de oportunidades y la justicia social.
Tipos de violencia escolar y sus expresiones
La UNESCO señala que las violencias pueden tratarse de actos o amenazas de violencia sexual, física o psicológica que ocurren en los centros educativos y sus alrededores, este contexto se agrava por las condiciones socioeconómicas, contextos de vulnerabilidad, y discriminaciones basadas en género, edad, autodeterminación étnica, discapacidad u origen nacional.
Los diversos contextos culturales, geográficos y económicos son espacios donde existen múltiples expresiones de violencia entre otras formas, el acoso verbal y sexual, abuso sexual, bullying, castigo corporal e intimidación. Su impacto en la vida del estudiantado puede ocasionar desde la pérdida de autoestima y depresiones hasta embarazos precoces y no deseados, así como infecciones de transmisión sexual como el VIH y el Sida. Estos contextos desafían también la implementación de las estrategias de recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes, y la misma vinculación de los centros educativos con las comunidades.
La convocatoria del encuentro señala que “las expresiones de violencias que atraviesan trayectorias de vida, cuerpos y territorios. Su presencia en los contextos y espacios educativos afecta al derecho a la educación, el derecho a vivir libre de violencias y el derecho a realizar proyectos de vida íntegros en condiciones de igualdad y paz”.
