Foro Chileno denuncia persecución política
19 de noviembre de 2021“La Fiscalía insiste en imputar un delito que no existe. Denunciamos persecución política contra Magally Avila, quien participa hace años en el FODEP, defendiendo los DDHH [Derechos Humanos] de estudiantes. Exigimos que las manos sangrientas del Estado chileno se aparten de nuestra compañera”, afirma el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), que es uno de los foros miembros de la red CLADE, al publicar nota de repúdio a la violencia estatal que han enfrentado en Chile el 16 de noviembre.
Según el FODEP, Magally Avila, integrante del Comité Ejecutivo del Foro, ha sufrido injustamente del “bloqueo total de circulación con violencia-intimidación-obstáculo” por parte del Estado chileno. “Magaly señala su completa inocencia de los delitos que se le imputan y denuncia valientemente persecución política en su contra por ser activista y defensora de los derechos humanos. (…) A pesar de no existir pruebas para su formalización, la Fiscalía ha insistido en su intención de imputar un delito que no existe, confirmando la denuncia de persecución política y montaje”, afirma la nota.
Persecución política
El contexto de persecución política que viven los y las estudiantes y organizaciones en Chile no es reciente. El año pasado, la CLADE lanzó una publicación sobre la criminalización de jóvenes que relata y analiza casos de persecución en Chile y más tres países: Colombia, Honduras y Nicaragua.
Para debatir el tema, principalmente en el contexto de recrudecimiento de la violencia y criminalización en contra de los y las estudiantes en Chile, como la negación de diálogo por parte de las autoridades, la prisión y el secuestro de jóvenes, el foro organizó, el 15 de noviembre, el evento Alerta Educativa 331 – Libertad a lxs 12: El caso de la Universidad de Concepción (2021).
Mira la grabación del evento:
Vernor Muñoz: “La educación necesita, en primer lugar, financiación estatal y no caridad o filantropía”
12 de noviembre de 2021“La Declaración de Incheon establece que todos los países deben asignar eficazmente al menos el 4 – 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y al menos el 15 – 20% del gasto público total a la educación. A pesar de ello, existe un déficit de financiación externa de 39.000 millones de dólares, pero este cálculo ignora el déficit de financiación interna, mucho mayor”. Fue lo que afirmó Vernor Muñoz, director de políticas e incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), durante su participación en el Segmento de Alto Nivel de la Reunión Mundial sobre la Educación 2021 (GEM, por su acrónimo en inglés), encuentro organizado por la UNESCO que reunió a líderes de educación de 40 Estados del mundo este miércoles (10/11) para adoptar la Declaración de París.
Con su intervención, Muñoz hizo un llamamiento mundial para aumentar la inversión en educación, especialmente tras la crisis de la COVID-19.
Según el director de políticas e incidencia de la CME, para que el financiamiento educativo sea garantizado, la comunidad internacional debería considerar la cancelación de la deuda y el alivio de la misma para desbloquear fondos en los presupuestos de los países en desarrollo. “Los bancos no deberían estar facultados para hacer negocios a costa de cualquier emergencia económica o humanitaria”, subrayó.
“La Campaña Mundial por la Educación recomienda la creación de sistemas fiscales nacionales progresivos y ampliados. La elaboración de presupuestos nacionales para la Educación requiere aumentar: el tamaño de los presupuestos en general, la proporción de los presupuestos para la educación, la sensibilidad de los presupuestos para responder a los más marginados y el escrutinio de los presupuestos, para que los gobiernos rindan cuentas a la gente”, destacó también.
>> Lee la intervención de Vernor Muñoz completa.
1.600 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela
Según la UNESCO, en el fragor de la pandemia, 1.600 millones de niños, niñas y adolescentes quedaron fuera de la escuela. De ellos y ellas, 500 millones de estudiantes, principalmente en países del Sur, no tienen acceso a la enseñanza a distancia. Actualmente, de acuerdo con la institución, las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en 65 países, lo que afecta a 750 millones de estudiantes.
“Estos riesgos para la escolarización de los niños se inscriben en un contexto mundial de falta de inversión en educación. Desde 2015, los Estados Miembros de la UNESCO acordaron financiar la educación a un nivel de entre el 4 y el 6% del PIB o entre el 15 y el 20% del gasto público, pero la mayoría de los países aún no han alcanzado este umbral. Además, parece que sólo el 1% del importe de los paquetes de estímulo posteriores a la COVID-19 se destina a la educación en los países de bajos ingresos y sólo el 2,9% en los países desarrollados”, afirma UNESCO en su página web.
Declaración de París: frente a las desigualdades educativas
“Hacemos hincapié en la urgencia de hacer frente a las crisis y a las desigualdades educativas exacerbadas por la pandemia del COVID-19, que amenazan el avance arduamente logrado hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y hacen que los grupos y los estudiantes marginados y vulnerables queden aún más rezagados, especialmente los que viven en la pobreza, en áreas remotas y rurales, las mujeres y las niñas, los afectados por las crisis y los conflictos y las personas en situación de discapacidad”, afirman líderes mundiales en la Declaración de París, adoptada durante la Reunión Mundial sobre la Educación 2021.
En la declaración final del encuentro también se afirma que la educación es una inversión que requiere una financiación sostenible. “Reconocemos que los recursos nacionales, en particular a través de los ingresos tributarios, son esenciales y siguen siendo la principal fuente de financiación de la educación. Nos basamos en los llamados a la acción precedentes para priorizar, proteger y aumentar la financiación nacional de la educación, incluida la Declaración del presidente Kenyatta y de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países en desarrollo asociados a la Alianza Mundial por la Educación”.
Además, la carta insta a todos los gobiernos a cumplir sin demora con los compromisos que asumieron en el Foro Mundial de la Educación, celebrado en Incheon en 2015 y en las Reuniones Mundiales sobre la Educación de 2018 y 2020, como el de asignar a la educación al menos el 4-6% del PIB y/o al menos el 15-20% del gasto público total.
>> Lee la Declaración de París completa.
La caja de bobos más grande que pueda existir: El METAverso de Facebook
8 de noviembre de 2021mark Zuckerberg acaba de anunciar que desde el 1 de diciembre la empresa Facebook pasará a llamarse META. Esto tiene dos implicaciones, una de carácter empresarial para legitimar y construir viabilidad jurídica a una de las operaciones más importantes que vienen haciendo: la venta de información. Facebook usa la minería de datos para apropiarse la información desagregada de sus usuarios, la cual vende a terceros sin reportar porcentaje de ganancias para quienes de manera inconsciente proporcionan la información. La segunda para crear el metaverso, un universo virtual que modelará actividades como consumo, participación política, sociabilidad, educación e incluso filtrará el acceso a la innovación científica tecnológica.
Esto ocurre, en medio de la incredulidad de muchos docentes y gremios docentes respecto al sostenimiento de la ofensiva de las trasnacionales de la tecnología sobre el mundo educativo, tanto en la fase educativa presencial de la pandemia como durante la postpandemia. Hasta ahora, las actividades que pretende asumir el metaverso de Facebook eran parte de las tareas de reproducción cultural asignadas por el capital a los sistemas escolares (consumo, sociabilidad, ciudadanía, democratización del conocimiento).
Esto ocurre mientras entre el 40% y 50% de la población estudiantil – e incluso docentes- no tiene siquiera conexión a internet o aun dispositivo de conexión remota. Y el otro 50% -estudiantes y docentes- usó plataformas comunicacionales como zoom, googlemeet, streamyeards, Facebook o WhatsApp para maratones de doce horas de clase y más, evidenciando que no tienen ni la más mínima idea de la tormenta tecnológica que se avecina sobre la educación. En el primero de los casos estaríamos observando el surgimiento de la peor y más abrupta de las exclusiones de los últimos siglos, aún ocultada con discursos de pronta normalización; quienes están quedando rezagados hoy corren el riesgo de quedarlo permanentemente y pasar a la periferia de la peor de las pobrezas y marginaciones. En el segundo de los casos la educación durante la pandemia les convirtió en consumidores de tecnología, analfabetos en programación y algoritmos, destinados a seguir la pauta que impongan los acuerdos de gobiernos y sus ministerios de educación con las corporaciones tecnológicas. Por eso hemos insistido en la urgencia de alfabetización en los algoritmos para poder producir respuestas de emancipación y liberación en el actual contexto y sobre todo sobre la necesidad de un debate pedagógico mundial sobre las implicaciones de la cuarta revolución industrial en educación.
¿Que será el metaverso de Facebook?
Hasta ahora Zuckerberg ha anunciado fragmentos de lo que será su metaverso y por ello afirmamos que será la más grande caja de bobos que pueda existir. Será un mercado virtual absurdo, donde van a cobrar dinero real por experiencias virtuales o tal vez sea gratuito para garantizar la alienación que sostenga el modo de producción y acumulación capitalista en la cuarta revolución industrial.
En el metaverso de Facebook, podrás tener avatares (réplicas tuyas) en la oficina y de tus amigos en casa. Mediante mecanismos de realidad virtual aumentada podrás compartir con amigos o personajes que tú crees, comprando alimentos, ropa, viajes, casas que solo estarán en este universo paralelo. Podrás viajar con amigos a lugares remotos con una sensación de realidad en tiempo real, propia de tecnología que hoy asociamos en su nivel primario al GPS.
En la caja de bobos más grande del mundo, quienes se sumen serán educados en comportamiento social, participación política, consumo y tendrán acceso a información filtrada y trabajada.
Claro que esto no será el 1 de diciembre de “golpe y porrazo”. La transición será lenta y sostenida pero seguramente, en el 2030, cuando los teóricos del Foro de Davos prevén el crash del sistema educativo global, el metaverso emergerá como alternativa más allá del entretenimiento.
Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar: Necesitamos superar la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales
5 de noviembre de 2021Los Estados miembros de la UNESCO designaron el primer jueves de noviembre de cada año como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, el cual se celebró ayer, 4 de noviembre de 2021. Se busca reconocer así que la violencia en el entorno escolar, bajo todas sus formas, atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su salud y bienestar.
El bullying o acoso escolar es la forma de comportarse o dirigirse a otra persona, ya sea de forma verbal o física, que causa un daño temporal o permanente en la víctima. Consiste en un tipo de hostigamiento reiterativo de una o más personas hacia sus semejantes, en el cual la persona sufre de amenazas, intimidación, manipulación e inclusive agresiones físicas. Es un enemigo silencioso que se nutre de la soledad, la tristeza y el miedo.
De acuerdo con estudios realizados por UNICEF referenciados por el Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, de Argentina, un alto porcentaje de los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo sufre de acoso escolar en alguna oportunidad, por lo que se estima que uno de cada tres es víctima de este tipo de comportamiento. Quienes cometen estos actos de violencia y acoso en el entorno escolar son principalmente los propios compañeros y compañeras, pero en algunos casos también docentes y personal escolar.
La violencia de género, una de las formas de violencia presentes en los espacios educativos, se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas y patriarcales. El término se utiliza para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres, las niñas y todas las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas a los patrones heteronormativos, en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia y discriminación.
Según María Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CADEM), la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la víctima, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. “La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado”, explica.
Para responder a esta problemática, planteando formas de superarla, se impulsa el proyecto “Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales”, iniciativa que se implementa entre 2021 y 2023 en Nicaragua, Honduras y Haití, bajo la coordinación de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con Alternatives (Canadá) y en los países con Foro Dakar Honduras, Reagrupación para Todas y Todos de Haití y el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua.
Con el enfoque de investigación acción participativa, el proyecto se propone desarrollar el conocimiento y la capacidad local para identificar y prevenir las múltiples expresiones de violencia y de violencia de género y para diseñar y adaptar las herramientas e instrumentos existentes, contribuyendo así para incorporar este tema en las prácticas locales y de las comunidades educativas, y también en los instrumentos de política nacional y regional. Todo el proceso contará con una estrategia comunicativa y educomunicativa que dará cuenta del mismo en cada una de sus etapas, como una forma de compartir aprendizajes con toda CLADE y con los aliados nacionales, regionales y globales.
>> Lee más sobre la iniciativa aquí.
Fase inicial: Entérate de algunos hallazgos preliminares del proceso de diagnóstico que se está desarrollando en los tres países, sobre la violencia escolar
1. En Nicaragua, la violencia escolar de género se vive desde agresiones, intimidaciones, exclusión y coacción, hostigamiento verbal y hasta robos. Además, el bullying ejercido por autoridades educativas va desde el menosprecio, la exclusión, las notas injustas, burlas e insinuaciones sexuales, mayormente por personal del género masculino.
2. En Honduras, se verifica que las violencias que sufren niñas y niños siguen creciendo en el país, particularmente por la presión de maras y pandillas, así como por el incremento en el número de niños/as (particularmente en varones) que consumen drogas tanto lícitas (alcohol, tabaco), como ilícitas (principalmente mariguana).
Otro fenómeno que se ha extendido en algunas regiones del país es el llamado prepago, modalidad de explotación sexual comercial de niños y niñas. Una exploración preliminar ha permitido identificar el surgimiento de violencias desde nuevos residentes, principalmente en el municipio de Ojojona, donde se han asentado pobladores provenientes de la capital, Tegucigalpa.
Por un lado, se observa una gran disponibilidad por parte de docentes, madres y padres de familia y diversos sectores, por la puesta en marcha de la temática del enfrentamiento a la violencia; por otro lado alguna incomodidad o temor de identificación de posibles casos de los cuales todos en la comunidad están enterados, pero que solo se quedan entre ellos.
Además, como resultado de la exploración preliminar, se considera que se encontrarán diversas expresiones de violencia, sin abordajes o con abordajes muy superficiales, que no contribuyen a su resolución, e incluso constituyen una especie de cortina para mantenerlas fuera de la mirada pública.
3. En Haití, el contexto actual es de muchas violencias de grupos armados en los entornos educativos. Recientemente invadieron un centro educativo en Puerto Príncipe, la capital, para matar y herir a un padre de familia y estudiantes. En este escenario, es imperativo proteger a la sociedad de la violencia y, con ella, los espacios y establecimientos escolares, asegurando que no haya violencia en las escuelas.
Los espacios escolares no son zonas de delincuencia y de guerra, y las autoridades y la sociedad son responsables de protegerlos de cualquier tipo de violencia.
3 publicaciones para entender los desafíos de la EPJA en América Latina y el Caribe
La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe se encuentra con procesos de privatización y retos en lo que toca a garantizar un financiamiento justo para esta modalidad educativa. En los últimos años la migración de personas jóvenes y adultas entre los países de la región ha crecido, siendo otro aspecto que pide la atención de los gobiernos y de la sociedad civil.
Por otro lado, la EPJA en América Latina y el Caribe actúa como resistencia, transformación y educación popular. Esta modalidad educativa viene proporcionando esperanza y un espacio seguro para el aprendizaje a lo largo de la vida y la continuidad de los estudios, por parte de las personas jóvenes y adultas no solo en nuestra región, sino que en todo el mundo.
La CLADE seleccionó tres documentos para profundizar en los retos que enfrenta la EPJA en América Latina y el Caribe:
Educación de Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el Caribe: el derecho a la educación de las personas migrantes es una publicación que identifica experiencias que dan cuenta de procesos educativos orientados a personas jóvenes y adultas migrantes. Se busca formular algunas recomendaciones para el desarrollo de políticas y prácticas acordes a los derechos de estas poblaciones. Con base en eso se considera y destaca:
- La relevancia del involucramiento de las comunidades y territorios, los procesos específicos de consulta a la población migrante que posibiliten el reconocimiento y la atención no solo en lo que respecta al ámbito educativo, sino también sobre sus necesidades específicas o intereses;
- La cooperación entre organismos públicos de distintos Estados, de origen y destino, para que la oferta educativa pueda responder mejor a las trayectorias, intereses y necesidades de las poblaciones migrantes;
- La relevancia de la formación, capacitación y sensibilización del personal educativo;
- El desarrollo de planes, modalidades, estrategias y materiales educativos y de aprendizaje que integren todas las dimensiones necesarias;
- La valoración de las iniciativas que incorporan las plataformas digitales, ampliando así las posibilidades de cobertura y la formación a distancia, desde una perspectiva de derechos;
- La importancia de adoptar la interculturalidad en la práctica, garantizando el diálogo entre las diferentes culturas implicadas en las aulas.
Educación de Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el Caribe: desafíos para un financiamiento justo destaca algunos de los principales rasgos del financiamiento de la EPJA en América Latina y el Caribe, así como recomendaciones para fortalecer la financiación de esa modalidad educativa de cara a la Conferencia Internacional de Educación de Personas Adultas (Confintea VII), que tendrá lugar en 2022. En este documento, se plantea que:
- Los Estados deben avanzar hacia mayores niveles de aplicabilidad a nivel nacional de los instrumentos normativos y políticos de la educación y de la EPJA en particular;
- Es crucial superar la reducida visión sobre el rol de la EPJA para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en general, y en particular para el logro del ODS 4, referido a la educación;
- Es esencial la adopción de medidas concretas para poner fin a las situaciones de discriminación y para el logro de una educación accesible para todas las personas;
- Se requiere en la región caminar hacia un financiamiento justo y adecuado para la EPJA como inversión clave al desarrollo sostenible, lo que exige ampliar los presupuestos tímidos que hoy se dedican a esta modalidad educativa en la región.
La EPJA en la crisis del Covid-19 se aborda en este blog de CEAAL. El espacio web se dedica a la circulación de ideas y miradas críticas sobre el derecho a la educación en la EPJA con sentido de inclusión y reconocimiento de todas las diversidades que conforman la región de América Latina y el Caribe. Aquí podrás acceder a:
- Textos de análisis, experiencias, fotografías, videos y otros materiales para comprender el tema y fortalecer su acción desde la práctica educativa, o bien desde la incidencia en las políticas y acciones que determinan los procesos;
- Diversidad de autoras y autores que se refieren a esos temas, adentrando un lugar de encuentro e intercambio;
- Propuestas y recomendaciones para fortalecer las políticas públicas y prácticas de la EPJA en su potencialidad para superar las crisis que vivimos, construidas desde articulaciones entre diferentes redes de la sociedad civil, movimientos sociales, colectivos y organismos, entre otros actores clave en este debate.
Conoce otras publicaciones y documentos de la red CLADE y profundiza en la temática aquí >>> Insumos para profundizar
5 documentos para entender la importancia de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas
4 de noviembre de 2021La CLADE produce, reúne y divulga diversos materiales de miembros de su red y organizaciones aliadas, en los que se demuestra la importancia de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) para alcanzar una vida digna y un mundo más justo, igualitario y sostenible. Sigue el paso a paso para enterarte sobre el tema.
No más retórica, acciones y rendición de cuentas: este posicionamiento colectivo se basa en el compromiso histórico y ético de redes regionales que lo impulsan. Se constata, en términos generales, que todos los países de América Latina y Caribe firmaron los acuerdos internacionales. Ellos refrendaron con normas nacionales políticas destinadas a asegurar el derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Sin embargo, se verifica que el cumplimiento de estos acuerdos y normas es reducido. Por esas razones, las redes integrantes de la Plataforma de Redes Regionales por la EPJA en América Latina y el Caribe, afirman que en la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (Confintea VII), que se celebrará en el 2022 en Marruecos, no será suficiente la suscripción de una marco de acción más por parte de los gobiernos, si se olvida la puesta en práctica. “Reunimos propuestas para generar una cultura de participación social, desarrollar en organizaciones capacidades para la exigibilidad del derecho a la EPJA, incorporar el Marco de Acción de la Confintea VII (que va a pasar el 2022), generar espacios de diálogo socio-estatal, así como una articulación de los actores involucrados en el evento”, afirman las redes.
Presentado a las autoridades reunidas en la II Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, este documento se lanzó para plantear la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, así como para el logro de la la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así subraya, entre otras recomendaciones para alcanzar esta agenda, la importancia y el efecto de la EPJA, garantizada desde una perspectiva de derechos, para el fortalecimiento de la equidad e igualdad de género y para generar a sus sujetos y sujetas más libertad y autonomía, contribuyendo a su capacidad de transformación y participación social.
El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) es un movimiento de organizaciones, instituciones, educadoras y educadores populares que, junto a otros actores sociales de la región y del mundo, desde opciones políticas críticas y emancipadoras, contribuye a la constitución de sociedades sin inequidades y exclusiones, especialmente de mujeres, poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes. Ante la convocatoria a la séptima Conferencia Internacional de Educación de Adultos (Confintea VII), a celebrarse en Marruecos, en 2022, y frente a las crisis actuales, que hacen evidentes la exclusión y la desigualdad en el mundo, sumadas a los efectos de la pandemia, este pronunciamiento defiende y plantea perspectivas críticas, propositivas y participativas para fortalecer la EPJA pública y gratuita como un catalizador de la construcción de otro mundo posible y de la superación de las crisis que vivimos.
La Revista Latinoamericana y Caribeña de Educación y Política, la Revista Piragua, presenta el tema de la educación popular en tiempos de transformación. Desde un editorial que trata del “Momento histórico inédito que desafía a la reinvención de los procesos de educación popular”, se puede leer sobre la EPJA y su relación con enfoques como visiones críticas y pandemia, pedagogías desde el Sur, voces jóvenes y más.
Esta sistematización de encuentros sobre EPJA realizados por la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) trae la perspectiva de quienes participan de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el país. Estas personas señalan especialmente las posibilidades, los desafíos, la colectividad y los efectos y alternativas para la modalidad durante la pandemia. Esos aspectos invitan a reflexionar acerca de la EPJA junto a las juventudes y a las cuestiones de género. Así mismo, traen narrativas fundacionales de la educación comunitaria y de la educación para personas jóvenes y adultas, narrativas que plantean la educación como práctica de libertad. El documento busca abordar ”cómo pedagogizar la situación de la pandemia para hacer devenires emancipadores en la práctica educativa (un darnos cuenta desde la experiencia en común) y para hacer política de la resistencia como esperanza, política para traer aquí lo “aún no”, para hacer utopías concretas”
¡Accede a los materiales y entérate ahora!
CLADE realizó serie de diálogos para compartir experiencias sobre incidencia legislativa
28 de octubre de 2021El grupo de trabajo de miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sobre incidencia legislativa realizó, durante las últimas semanas, una serie de tres diálogos virtuales, donde se compartieron experiencias de organizaciones de la sociedad civil en la defensa del derecho humano a la educación ante parlamentos y autoridades del poder legislativo en diferentes países de la América Latina y el Caribe.
Los aprendizajes intercambiados en estos encuentros se sistematizarán y servirán como insumos para la elaboración de una guía de incidencia legislativa en ámbito regional.
Mira a continuación la grabación de estos encuentros.
Experiencias de la subregión Camexca: El Salvador y Honduras (20/10)
Experiencias de la Región Andina: Bolivia, Colombia y Perú (13/10)
Experiencias desde Argentina, Brasil y Chile (6/10)
Chile: Estudiantes de la Universidad de Concepción protestan contra criminalización y represión de jóvenes manifestantes
22 de octubre de 2021El último martes [19 de octubre], cuando se conmemoraron dos años del inicio de las revueltas sociales en Chile, estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción impulsaron manifestaciones durante los días 18 y 19 de octubre, a las cuales se sumaron en torno de 40 carreras, con el objetivo de recordar el comienzo del estallido social en el país, y presentar un pliego de demandas a la rectoría, entre ellas la retirada de una querella judicial contra 12 jóvenes, por su participación en protestas sociales.
“Entre fines de 2019 e inicios de 2020, se llevó a cabo una jornada extensa de protestas en Chile. En el caso particular de Concepción, entre enero y marzo de 2020, tuvieron lugar situaciones en el espacio de la universidad, en donde a mediados del año se interpuso una demanda por la fiscalía, en la cual la universidad actuó como querellante contra 12 jóvenes, que pasan por un proceso de prisión política. Es una situación compleja para las familias, ya que había una cantidad de jóvenes que era menor de edad en aquel momento en que fueron detenidos y cuando empezó el proceso. Hemos estado organizados en contra de esa querella”, afirma Jocelyn Campos, estudiante de Administración Pública y Ciencias Políticas, vocera de la toma de la rectoría de la Universidad de Concepción.
“Dentro de lo que significó esta fecha y, en línea de esta conmemoración, decidimos hacer esta acción más directa que fue tomarnos la rectoría de la Universidad de Concepción porque, con anterioridad, ya se había señalado a la rectoría nuestra demanda para que retiren la querella que presentaron en el 2020, y culminó en la detención de 12 jóvenes que se manifestaron en Concepción en el marco del estallido social”, explicó Felipe Herrera, representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (UdeC) y también vocero del movimiento.
Además de exigir la retirada de dicha querella, se buscó con la toma de la rectoría presionar por la realización de una reunión entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes presos y de sus familias.
“Tomamos la rectoría a las 8h de la mañana del 19 de octubre, y ya antes de las 9h habíamos tenido contacto con la rectoría, señalando que podríamos conformar una reunión como voceros del movimiento, con el rector y otros representantes de la rectoría. Hubo esa reunión, en la cual el rector aceptó tener un encuentro con representantes y familiares de los 12 jóvenes. Luego, con el atendimiento de esta primera demanda, se decidió retirar la toma”, agregó Felipe Herrera.
El encuentro entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes y sus familias se había agendado inicialmente para esta tarde (a las 15h, hora de Chile, en la casa de la rectoría), y estaba prevista en este contexto una concentración a las afueras de la rectoría para apoyar a que se retire la querella contra los 12 jóvenes. Sin embargo, la última información recibida es la de que esta reunión fue suspendida y todavía no tiene nueva fecha.
Represión y violencia
Además del caso de criminalización mencionado, hay denuncias de que carabineros actuaron de forma ilegal, amenazadora y represiva contra estudiantes movilizadas/os en la toma de la rectoría, haciéndoles inclusive control ilegal de identidad.
Según el medio Resumen, “dos jóvenes fueron detenidos ilegalmente al interior de la Universidad de Concepción y permanecieron secuestrados durante horas, por lo que fue interpuesto un recurso de amparo inmediatamente ante la gravedad de los hechos, que recuerdan la forma de actuar en dictadura y que viola flagrantemente la autonomía universitaria”.
“Como estudiantes organizadxs observamos la reanudación de las conversaciones entre las autoridades de la UdeC y los familiares de los 12 de forma positiva, e instamos a la comunidad a estar expectantes en la concreción de este acuerdo. Pero, a pesar de ello, no nos podemos quedar al margen de la situación de amedrentamiento que vivimos por parte de Carabineros y rechazamos cualquier acción que busque reprimir la protesta y lucha de quienes buscan una sociedad más justa e igualitaria”, afirman las y los estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción, en posicionamiento.
>> Lee aquí el comunicado completo.
>> Escucha noticiero producido sobre este caso, por ALER.
Estudio revela que no es crisis, es un proyecto: las reformas estructurales que reducen el Estado y limitan el derecho a la educación en Brasil
19 de octubre de 2021Estudio elaborado por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación (CNDE) demuestra que las reformas recientes realizadas en Brasil, en base al discurso de la austeridad económica y la crisis financiera, han reforzado desigualdades estructurales, a contracorriente de la necesidad de aumentar financiamiento para derechos sociales en el país, entre ellos el derecho a la educación.
Estas reformas, al tiempo en que reducen el rol del Estado brasileño como garante de derechos, impactan de manera negativa los avances en los campos sociales que se habían conquistado en las últimas décadas en el país, precarizando los servicios públicos. Con características de complementariedad y continuidad, las medidas que están en línea con las demandas de las élites económicas atacan a las bases del funcionalismo público, incluyendo la educación pública, y refuerzan desigualdades estructurales del contexto brasileño, situación que se agrava en el contexto de pandemia.
Estos son hallazgos del estudio intitulado “No es una crisis, es un proyecto: los efectos de las Reformas del Estado entre 2016 y 2021 en la educación” (en portugués), elaborado por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación (CNDE), con el apoyo de ActionAid, y en colaboración técnica de Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Plataforma DHESCA y coalición “Direitos Valem Mais”.
El estudio es la colaboración brasileña a una investigación global coordinada por ActionAid sobre cómo las políticas de austeridad económica están precarizando el trabajo de servidores y servidoras públicas/os, en especial de la educación, en diversos países donde la organización actúa. En este esfuerzo, los países mapearon los impactos de las reformas de austeridad fiscal promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus contextos.
La investigación en Brasil observa las reformas implementadas en el país a partir de 2016, cuando tuvieron lugar el impeachment de Dilma Rousseff y la aprobación de la Enmienda Constitucional (EC) 95/2016, la cual estableció un techo para los gastos públicos, congelando inversiones en educación, salud y asistencia social por 20 años. Luego, mira la serie de reformas que fueron impulsadas en el país bajo el argumento de la crisis financiera: las reformas laboral, tributaria y administrativa que fueron aprobadas, o están en debate en el Congreso Nacional brasileño. El estudio sistematiza informaciones esenciales y analiza las justificativas que se presentaron para las medidas, presentando argumentos contrarios que demuestran el impacto y los riesgos de las reformas para los campos sociales, especialmente la educación. Se verifica que las medidas analizadas tienen múltiples camadas, como la reducción del papel del Estado, la precarización de vínculos laborales y el desmonte de servicios públicos.
“Hace años que estamos denunciando y actuando sistemáticamente contra una serie de reformas propuestas en los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Brasil, que han dañado los derechos sociales, especialmente el derecho a la educación. Este estudio va de la mano con ese trabajo, mostrando en detalle que se trata de una agenda amplia que está en curso, combinada y complementaria, de reformas que contrarían principios constitucionales y de derechos, buscando deformar el rol del Estado”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora general de la CNDE y una de las coordinadoras del estudio en Brasil.
>> Descarga el estudio completo aquí.
Mira la grabación del evento de lanzamiento de la publicación:
Parte 2: Un análisis de la austeridad a partir de la raza y del género
Las reformas que reducen la capacidad del Estado brasileño de atender a su población impactan de manera más grave a las mujeres y niñas negras, de acuerdo con la segunda parte del estudio elaborado por la Campaña Brasileña [disponible aquí – en portugués].
El análisis “No es crisis, es un proyecto: los efectos de las reformas del Estado entre 2016 y 2021 en la educación – Subsidios para un análisis desde la raza y el género” hace un mapeo de parte de las medidas de austeridad implementadas y en debate en el país, poniendo luz en la lógica del obstáculo que crean a las políticas públicas.
En esta parte 2, la investigación se enfoca en mostrar que la desfinanciación de políticas públicas y protección social generadas por estas medidas profundizan desigualdades educativas. Grupos de la población históricamente marginalizados, en especial mujeres y niñas negras, son las personas más afectadas.
Mira a continuación la grabación del lanzamiento de la segunda parte del estudio de la Campaña Brasileña.
Pedido de impeachment contra el ministro de Economía Paulo Guedes
Poco antes del lanzamiento del estudio de la CNDE, la coalición “Direitos Valem Mais” [Derechos valen más], una articulación que reúne a más de 200 entidades de Brasil, entre ellas la Campaña Brasileña, presentó una demanda ante la máxima corte judicial del país, el Supremo Tribunal Federal (STF), en la que se hace un pedido de impeachment contra el ministro de Economía del gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes.
En la denuncia, se acusa al ministro de crimen de responsabilidad durante la gestión de la pandemia COVID-19. En septiembre, la Coalición “Direitos Valem Mais” y la Plaforma Dhesca Brasil presentaron los principales argumentos de la denuncia en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual abordó violaciones de derechos cometidas por el Estado brasileño en el contexto de pandemia.
El principal punto de la acusación es que el ministro Paulo Guedes dejó de asignar en la propuesta de presupuesto para el año 2021, enviada para aprobación por el Congreso Nacional, recursos para el enfrentamiento de la COVID-19 este año, enfermedad que tuvo hasta el mes de agosto de 2021 aproximadamente el 65% de muertes y el 62% de contagios desde el inicio de la pandemia. El ministerio de Economía brasileño confesó ante comisión parlamentaria del Congreso Brasileño, que no dedicó recursos específicos para combatir la pandemia en la ley presupuestal de 2021, la cual fue elaborada por el gobierno en el 2020.
“Bloquear el presupuesto público brasileño e impedirlo de servir a la concretización de derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal es crimen de responsabilidad, en la medida que representa violación a los principios de la Ley Presupuestal”, afirma la abogada Eloísa Machado, representante de la coalición “Direitos Valem Mais”.
El pedido de impeachment también llama la atención para los impactos negativos a las políticas sociales y ambientales causados por la gestión de Paulo Guedes, quien ocupa el puesto desde enero de 2019. Según “Direitos Valem Mais”, el ministro viene actuando en el sentido de profundizar la pobreza en el país. De acuerdo con datos del Cadastro Único para programas sociales (CadÚnico), la pandemia profundizó la desigualdad social, aumentando el número de personas en situación de extrema pobreza en Brasil. En marzo de 2020, inicio de la pandemia, había cerca de 13,5 millones de personas en esta situación. El número aumentó para 784 mil personas em marzo de este año, representando un crecimiento de 5,8%.
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Paulo Guedes y otras autoridades de la región son acusadas de evasión fiscal
Cinco años después de los escándalos de Panamá Papers, acción que expuso la existencia de cuentas de millonarios de todo el mundo en paraísos fiscales, una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), llamada Pandora Papers, revela que jefes de Estado y autoridades están escondiendo montos grandes de dinero bajo el nombre de empresas fraudulentas y enviando sus recursos a países donde son más bajas las tasas de tributos, y son menos transparentes las reglas e informaciones fiscales.
Entre las autoridades de todo el mundo denunciadas porque estarían enviando grandes montos de recursos propios o sin origen claro, a destinos considerados paraísos fiscales, como Dubai, Singapura y Hong Kong, están 14 líderes de América Latina y el Caribe, entre ellos Paulo Guedes y el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, así como Sebastián Piñera, de Chile; Guillermo Lasso, de Ecuador; y Luis Abinader de República Dominicana, entre otros.
Estas noticias e investigaciones refuerzan la necesidad de articular la lucha contra la austeridad económica y por justicia fiscal, a la demanda por más recursos públicos para la educación pública y gratuita, entre otros derechos humanos fundamentales.
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Diálogos para la transformación social: entrevistas destacan el legado de Paulo Freire para las democracias
16 de octubre de 2021En el marco de la campaña “Paulo Freire Vive: Una educación para la democracia” que impulsó durante el último septiembre la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), articulada a la Campaña Latinoamericana y Caribeña en Defensa del Legado de Paulo Freire, organizada por el Consejo de la Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), se impulsó una serie de entrevistas en las que se abordó la importancia del legado del educador brasileño para la realización de una educación emancipadora y transformadora, que fortalezca las democracias, no solo en Brasil, sino también en América Latina y el Caribe y otros continentes del mundo.
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Entrevistada: Antônia Vanderlucia de Oliveira Simplício, de MST Brasil.
Integrante del sector de formación del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, Antônia forma parte de la coordinación de Cursos sobre la Realidad Brasileña del movimiento, y dialogó con la CLADE sobre la importancia de Paulo Freire en la educación popular practicada por el MST.
Nacido oficialmente en 1984, cuando en Brasil se vivía un régimen militar dictatorial, el MST es el movimiento social más antiguo del país, siendo hoy constituido por alrededor de 350 mil familias que luchan por el derecho a la tierra en el país.
Más allá de su lucha por la cuestión agraria, el MST es referencia también en la actuación por el logro de otros derechos, entre ellos la educación en el campo y la agroecología. En este diálogo, la entrevistada aborda puntos clave, como el contexto político-pedagógico brasileño, la influencia de Paulo Freire en la educación y práctica pedagógica del MST y la importancia de la educación para el fortalecimiento de la igualdad de género, la ciudadanía y la superación de las injusticias, así como el enfrentamiento de las crisis ambiental y sanitaria que vivimos.
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Entrevistado: Iván Terceros, cofundador de OpenLab Ecuador
Un diálogo inspirado por este encuentro que tuvo lugar en la década de 1980, entre el educador Paulo Freire y Seymour Papert, matemático e investigador, que defendía el uso de la tecnología y las computadoras para el aprendizaje.
Analizando y contrastando las perspectivas de estos dos referentes de la educación, Iván Terceros y María Cianci, de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), reflexionan en base a preguntas, como ¿qué tecnología se necesita para una educación liberadora y emancipadora? ¿cómo generar una lectura crítica de la tecnología cuando la pandemia ha evidenciado la brecha digital? ¿existen contrapropuestas a una visión predominante de que la tecnología favorece la acumulación de conocimiento y la idea de mercancía – usuario/a? En el debate sobre el uso de la tecnología en los espacios educativos ¿cómo se puede impulsar la curiosidad?
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Entrevistada: Crispina Rodriguez, doctora en Sociología de Cabo Verde
Doctora en Sociología de Cabo Verde, Crispina Rodríguez ocupó varios puestos políticos en el país, nombrada diputada por 10 años y vicepresidenta del Parlamento y del Partido de la Independencia del país, el PAICV. Fue aun presidenta y cofundadora de la organización de las mujeres de Cabo Verde. Actualmente retirada, su última ocupación fue como Embajadora de Cabo Verde en la República de Cuba. Tiene estatuto de combatiente de la libertad de la Patria y es miembro de la Fundación Amílcar Cabral, héroe nacional y líder de la independencia de Cabo Verde.
Crispina conoció al educador brasileño Paulo Freire durante su jornada en Cabo Verde y Guiné-Bissau, luego del proceso de independencia de estos dos países. Según Crispina, el pensamiento y el legado de Paulo Freire fueron fundamentales para implementar una política de alfabetización de personas jóvenes y adultas en el país, a partir de una perspectiva de educación descolonizadora, para la democracia y liberadora de las opresiones e imposiciones de que era objeto el pueblo africano en aquel momento histórico.
En este diálogo con la CLADE, Crispina relató sus vivencias en el contacto con Paulo Freire y como testigo del proceso de implementación de políticas educativas y de alfabetización inspiradas en la perspectiva freireana de educación liberadora y democrática, así como sus efectos en términos de democratización y transformación social en Cabo Verde.
Paulo Freire estuvo en Guiné-Bissau y Cabo Verde en 1977 y 1979, en el posindependencia de estos países (la independencia de Cabo Verde tuvo lugar en 1975, siendo que Freire llegó al país 2 años después, invitado por autoridades que eran responsables por implementar políticas de educación y alfabetización para los contextos de estos Estados).
Freire defendía una educación descolonizadora y descolonizada, pensada a partir de los propios africanos y africanas, para el pensamiento crítico, la participación social, la democracia y pertinente para su propia realidad. Según Crispina, este pensamiento se instauró y fue reconocido en las políticas de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y educación básica y secundaria de Cabo Verde, estando este legado vivo en el país hasta los días de hoy.
Entrevista completa (en portugués):
>> La entrevista está también disponible en español aquí.
Entrevistado: José Santis, profesor de Historia y Geografía, en Chile
Pressenza entrevistó al profesor chileno de Historia y Geografía, José Santis, sobre el centenario de Paulo Freire, que ha inspirado a generaciones de maestros y profesoras en todo nuestro continente, especialmente en Chile, donde vivió varios años aportando al proceso de la Educación Popular y la Educación para Adultos en los períodos en que gobernaron Eduardo Frei y Salvador Allende.
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