Igualdad de Género es tema de consulta pública de la ONU. ¡Participa!

11 de febrero de 2019

Hasta el 28 de febrero, activistas, especialistas y personas interesadas en la temática podrán participar en la consulta, que tiene miras a recoger aportes para la agenda de debates de un foro internacional sobre el tema, que se realizará en Túnez en abril (más…)

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La movilización, que se realizará del 24 de abril al 1º de mayo, impulsará actividades y movilizaciones para defender el derecho humano a la educación en más de 100 países Estudiantes, docentes, activistas y comunidades educativas ya se preparan para la edición 2019 de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que este año abraza el tema “Mi Educación, Mi(s) derecho(s)”. La movilización, que se realizará del 24 de abril al 1º de mayo, organizada por la Campaña Mundial por la Educación (CME), impulsará actividades y movilizaciones para defender el derecho humano a la educación en más de 100 países. El tema de la edición de este año se enmarca en el seguimiento a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, que establece la obligación de los Estados miembros de la ONU - hasta el 2030 - de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Este objetivo se desarrolla en siete metas, que abordan, entre otros temas, la garantía de 12 años de educación primaria y secundaria gratuita; la atención y educación en la primera infancia; la educación de personas jóvenes y adultas; la eliminación de disparidades de género en la educación; la cuestión docente; la educación inclusiva, etc. Este año es un momento clave para la sociedad civil que se moviliza y presiona por la realización del derecho a la educación, pues el ODS 4 será uno de los objetivos enfocados en la revisión de los ODS durante el próximo Foro Político de Alto Nivel de la ONU. Este Foro tendrá lugar en julio de 2019 y es el mecanismo de seguimiento y revisión de los ODS a nivel mundial. El 2019 también es un marco para la Campaña Mundial por la Educación, que celebrará su vigésimo aniversario de lucha por una educación gratuita, pública, justa, inclusiva y de calidad. En este contexto, la SAME 2019, bajo el lema “Mi Educación, Mi(s) derecho(s)”, se propone promover un enfoque integral e intersectorial del ODS 4, estimulando la realización de acciones de movilización, comunicación, debate público y diálogo con las autoridades en cada país, con miras a presionar para que se implementen las metas del ODS 4 que sean más urgentes y estratégicas de acuerdo a cada contexto local, nacional o regional. Asimismo, la movilización quiere resaltar que el campo educativo es clave para promover otros derechos humanos y todos los ODS, y que por lo tanto la realización de la Agenda para el Desarrollo Sostenible depende de una mirada integral de la educación y su rol para promover los derechos de todas y todos, la igualdad y la justicia social.

Lea +: La Semana de Acción Mundial y la participación de la CLADE en la iniciativa Página web que reúne las actividades realizadas a nivel regional en las SAME de 2018 y 2017

Sobre la SAME Todos los años, la Campaña Mundial por la Educación coordina la SAME, que se realiza de manera simultánea en más de 100 países, siempre en el mes de abril, para celebrar el aniversario del Foro Mundial de Educación de Dakar (2000). Con esta Semana, cada año, les recuerda a los Estados sus compromisos internacionales con la realización del derecho a la educación a partir de un tema común. La educación de personas con discapacidad, primera infancia, financiamiento educativo y participación social están entre los temas enfatizados en los últimos años. En este contexto, se han realizado debates, manifestaciones, diálogos con autoridades, piezas artísticas y actividades de comunicación en los distintos países de América Latina y el Caribe, involucrando a los foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), sindicatos docentes, movimientos y organizaciones estudiantiles, entre otros actores. Estas acciones tienen como objetivo sensibilizar a miembros de la comunidad educativa, autoridades y la ciudadanía en general sobre la importancia de garantizar el derecho a la educación de todas y todos, como una responsabilidad de los Estados. Además, convocan a la sociedad a movilizarse para defender este derecho. Campaña Mundial por la Educación La CME articula a más de 100 coaliciones de la sociedad civil que defienden el derecho a la educación a nivel nacional y regional, así como organizaciones internacionales. Entre sus miembros, están organizaciones de profesoras y profesores, asociaciones de madres y padres, grupos de mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y estudiantes, instituciones académicas o de investigación y personas que defienden los derechos de la infancia. Estas coaliciones aglutinan miles de organizaciones de la sociedad civil y representan a millones de activistas de todo el mundo. Estos colectivos y personas se reúnen alrededor del compromiso común con el derecho a la educación y la promoción de cambios sociales mediante la movilización y participación de la sociedad civil.

Lea +: Sobre la Campaña Mundial por la Educación

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“Mi educación, Mi(s) derecho(s)” será el tema de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2019

8 de febrero de 2019

La movilización, que se realizará del 24 de abril al 1º de mayo, impulsará actividades y movilizaciones para defender el derecho humano a la educación en más de 100 países (más…)

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ONU realiza consulta electrónica sobre el derecho a la educación. ¡Participe!

7 de febrero de 2019

La iniciativa busca recoger aportes para la revisión del estado de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación. CLADE participa y considera la consulta una importante oportunidad para que la sociedad civil colabore con el seguimiento al ODS 4 y a la realización del derecho a la educación (más…)

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Conozca cinco pasos fundamentales que Estados, centros educativos y sociedad en general deben adoptar para promover un mundo sin violencia y con equidad e igualdad de género. 1. Desarrollar políticas públicas sobre igualdad de género y superación de la violencia, desde enfoques intersectoriales y en base a los marcos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos.  

Lea también: >> Para que todas y todos sean iguales en dignidad y derechos, es fundamental garantizar la igualdad de género >> Declaración Final del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”

    2. Aumentar los esfuerzos para una mayor sensibilización alrededor de la igualdad de género a la ciudadanía en general, incluyendo campañas y materiales en lenguajes.     3. Promover la desnaturalización de la violencia de género y la reconstrucción de modelos de feminidad y masculinidad en condiciones de igualdad, hacia la superación de estereotipos sexistas y heteronormados.  

 

4. Cuestionar los contenidos y las malas prácticas mediáticas, proponiendo reglamentaciones para que las violaciones de derechos tengan respuestas y reparaciones, y a la vez se promueva el debate plural y la reflexión sobre la igualdad de género.     5. Promover la igualdad de género y la superación de la violencia de género en y desde la educación, desde la primera infancia hasta la universidad.">

5 puntos claves para la superación de la violencia de género

19 de diciembre de 2018

Conozca cinco pasos fundamentales que Estados, centros educativos y sociedad en general deben adoptar para promover un mundo sin violencia y con equidad e igualdad de género.

1. Desarrollar políticas públicas sobre igualdad de género y superación de la violencia, desde enfoques intersectoriales y en base a los marcos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos.

 

Lea también:

>> Para que todas y todos sean iguales en dignidad y derechos, es fundamental garantizar la igualdad de género

>> Declaración Final del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”

 

 

2. Aumentar los esfuerzos para una mayor sensibilización alrededor de la igualdad de género a la ciudadanía en general, incluyendo campañas y materiales en lenguajes.

 

 

3. Promover la desnaturalización de la violencia de género y la reconstrucción de modelos de feminidad y masculinidad en condiciones de igualdad, hacia la superación de estereotipos sexistas y heteronormados.

 

 

4. Cuestionar los contenidos y las malas prácticas mediáticas, proponiendo reglamentaciones para que las violaciones de derechos tengan respuestas y reparaciones, y a la vez se promueva el debate plural y la reflexión sobre la igualdad de género.

 

 

5. Promover la igualdad de género y la superación de la violencia de género en y desde la educación, desde la primera infancia hasta la universidad.

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Actualmente, América Latina y el Caribe es la región que posee el más alto índice de violencia y discriminación contra las niñas y mujeres en el mundo; no se puede garantizar lo que defiende la Declaración Universal de Derechos Humanos sin que este panorama cambie “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Así describe el artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que esta semana celebra sus 70 años de existencia. Aunque la Carta exista desde el 1948, todavía persisten muchos retos para que mujeres y hombres, niñas y niños puedan considerarse libres e iguales en dignidad y derechos, como afirma el documento. Uno de los desafíos más importantes es la garantía de la equidad y la igualdad de género.   [caption id="attachment_3826" align="alignleft" width="500"]  [/caption] Según la declaración final del Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación, evento organizado en mayo de este año en San Salvador (El Salvador) por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, aunque la superación de discriminaciones y violencias de género, en su relación con el derecho a la educación, haya tenido un gran avance internacional y regional en el ámbito normativo, con el desarrollo de políticas y planes nacionales y regionales  respecto al derecho a la educación y a la igualdad de género, no sólo ningún país ha logrado eliminar la desigualdad de género en todos los aspectos de la vida social, lo que incluye el ámbito educativo, sino que la violencia de género se ha incrementado. “La desigualdad y la violencia de género siguen entre las principales formas de injusticia y violación a todos los derechos humanos que presentan nuestras sociedades. La brecha entre lo jurídico y su efectiva implementación, el alto grado de impunidad y falta de acceso a la justicia, son factores que vienen de la mano con el poco conocimiento de las políticas y herramientas disponibles y la falta de presupuestos adecuados para acciones efectivas en pro de la igualdad entre los géneros. Asimismo, los patrones socioculturales patriarcales, que establecen relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, configuran obstáculos al avance hacia un horizonte más igualitario”, afirma el documento, que es fruto de los debates, reflexiones y recomendaciones que se hicieron durante el Encuentro Centroamericano, considerando los aportes de más de 40 personas de 17 países, entre ellas representantes de Ministerios de Educación de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, UNICEF, UNGEI/ONU, CECC/SICA, OEI, Campaña Mundial por la Educación, tres parlamentarias del Parlacen, foros nacionales de educación miembros de CLADE en Centroamérica y el Caribe, ONGs locales, representantes estudiantiles y redes regionales como ALER y CLADEM.

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Números sobre la violencia de Género en América Latina y el Caribe

Según informe de ONU Mujeres y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en el 2017, América Latina y el Caribe es la región que tiene el más alto índice de violencia contra las mujeres en el mundo. “La violencia contra las mujeres es la violación más generalizada de los derechos humanos y el feminicidio/femicidio es su expresión extrema. Catorce de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de femicidio/feminicidio están en América Latina y Caribe y se estima que 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual, lo que alcanza la categoría de epidemia, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS). El femicidio/feminicidio y la violencia sexual están estrechamente ligados a una seguridad ciudadana deficitaria, a una impunidad generalizada y a una cultura machista que subvalora a las mujeres”, se afirmó en la página web de la ONU al momento de la publicación del informe. [caption id="attachment_3829" align="alignleft" width="500"]  [/caption] Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2.559 mujeres fueron víctimas de feminicidio o femicidio en el 2017. Si a estos se suman los datos de otros 4 países de la región que sólo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima, este número asciende a 2.795 mujeres muertas este año. “Los datos de 2016 y 2017 muestran que El Salvador (10.2), Honduras (5.8), Belice (4.8), Trinidad y Tabago (3.0), Guatemala (2.6) y República Dominicana (2.2) son los países con mayor prevalencia de feminicidios en la región. En América del Sur, la mayor prevalencia se observa en Bolivia y Paraguay con tasas de 2.0 y 1.6 por cada 100.000 mujeres”, dice el observatorio.

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Educación emancipadora: combate a la violencia de género

Para la CLADE, una de las más importantes estrategias para superar la desigualdad y la violencia de género y, de esta manera, cambiar los altos índices de femicidios/feminicidios en América Latina y el Caribe es promover una educación emancipadora. La Campaña defiende que el fortalecimiento de los sistemas de educación laicos, públicos, gratuitos y de calidad se configura como elemento clave para la realización de la igualdad de género, la educación no sexista y la superación de la violencia en y desde la educación, pues conlleva a mayores niveles de igualdad social y hace frente a causas estructurales de la problemática. “La igualdad de género y la superación de la violencia de género en y desde la educación son componentes fundamentales que deben ser trabajados desde la educación en la primera infancia hasta la universidad y más allá, incluso con el incremento de investigaciones académicas. Asimismo, la adolescencia configura una etapa especialmente importante, que demanda de los sistemas educativos particular atención”, afirma la declaración final del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación”.

Educar para la libertad: diálogos y acción por una educación emancipadora

[caption id="attachment_3453" align="alignleft" width="400"] Catarina Bessell[/caption] Para la CLADE, la educación emancipadora es una educación capaz de transformar el presente y futuro de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, desde la reflexión, el diálogo y el pensamiento crítico, y desde la capacidad de indagar, cuestionar, discernir, imaginar y accionar por otros mundos posibles. Una educación orientada a los propósitos de los derechos humanos; a la construcción de la paz y de ciudadanías activas, críticas y participativas; al fortalecimiento de nuestras democracias; y a la superación de las desigualdades y discriminaciones. Actualmente, la Campaña promueve la movilización “Educar para la libertad: diálogos y acción por una educación emancipadora”. Con miras a poner en debate y reflexión qué es una educación emancipadora y garante de derechos, esta iniciativa – cuyas actividades seguirán hasta julio del 2019, cuando se revisará el ODS 4 en Naciones Unidas – quiere impulsar círculos de diálogos y acciones a nivel local, nacional y regional que involucren toda la membresía de la CLADE, educadoras y educadores, sindicatos docentes, movimientos y organizaciones estudiantiles y de jóvenes, investigadoras e investigadores, autoridades públicas, comunidades educativas y organizaciones de la sociedad civil local, nacional y regional, así como la ciudadanía de manera general. >> Lea más sobre la movilización">

Para que todas y todos sean iguales en dignidad y derechos, es fundamental garantizar la igualdad de género

12 de diciembre de 2018

Actualmente, América Latina y el Caribe es la región que posee el más alto índice de violencia y discriminación contra las niñas y mujeres en el mundo; no se puede garantizar lo que defiende la Declaración Universal de Derechos Humanos sin que este panorama cambie

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Así describe el artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que esta semana celebra sus 70 años de existencia.

Aunque la Carta exista desde el 1948, todavía persisten muchos retos para que mujeres y hombres, niñas y niños puedan considerarse libres e iguales en dignidad y derechos, como afirma el documento. Uno de los desafíos más importantes es la garantía de la equidad y la igualdad de género.

 

Según la declaración final del Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación, evento organizado en mayo de este año en San Salvador (El Salvador) por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, aunque la superación de discriminaciones y violencias de género, en su relación con el derecho a la educación, haya tenido un gran avance internacional y regional en el ámbito normativo, con el desarrollo de políticas y planes nacionales y regionales  respecto al derecho a la educación y a la igualdad de género, no sólo ningún país ha logrado eliminar la desigualdad de género en todos los aspectos de la vida social, lo que incluye el ámbito educativo, sino que la violencia de género se ha incrementado.

“La desigualdad y la violencia de género siguen entre las principales formas de injusticia y violación a todos los derechos humanos que presentan nuestras sociedades. La brecha entre lo jurídico y su efectiva implementación, el alto grado de impunidad y falta de acceso a la justicia, son factores que vienen de la mano con el poco conocimiento de las políticas y herramientas disponibles y la falta de presupuestos adecuados para acciones efectivas en pro de la igualdad entre los géneros. Asimismo, los patrones socioculturales patriarcales, que establecen relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, configuran obstáculos al avance hacia un horizonte más igualitario”, afirma el documento, que es fruto de los debates, reflexiones y recomendaciones que se hicieron durante el Encuentro Centroamericano, considerando los aportes de más de 40 personas de 17 países, entre ellas representantes de Ministerios de Educación de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, UNICEF, UNGEI/ONU, CECC/SICA, OEI, Campaña Mundial por la Educación, tres parlamentarias del Parlacen, foros nacionales de educación miembros de CLADE en Centroamérica y el Caribe, ONGs locales, representantes estudiantiles y redes regionales como ALER y CLADEM.

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Números sobre la violencia de Género en América Latina y el Caribe

Según informe de ONU Mujeres y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en el 2017, América Latina y el Caribe es la región que tiene el más alto índice de violencia contra las mujeres en el mundo.

“La violencia contra las mujeres es la violación más generalizada de los derechos humanos y el feminicidio/femicidio es su expresión extrema. Catorce de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de femicidio/feminicidio están en América Latina y Caribe y se estima que 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual, lo que alcanza la categoría de epidemia, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS). El femicidio/feminicidio y la violencia sexual están estrechamente ligados a una seguridad ciudadana deficitaria, a una impunidad generalizada y a una cultura machista que subvalora a las mujeres”, se afirmó en la página web de la ONU al momento de la publicación del informe.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2.559 mujeres fueron víctimas de feminicidio o femicidio en el 2017. Si a estos se suman los datos de otros 4 países de la región que sólo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima, este número asciende a 2.795 mujeres muertas este año.

“Los datos de 2016 y 2017 muestran que El Salvador (10.2), Honduras (5.8), Belice (4.8), Trinidad y Tabago (3.0), Guatemala (2.6) y República Dominicana (2.2) son los países con mayor prevalencia de feminicidios en la región. En América del Sur, la mayor prevalencia se observa en Bolivia y Paraguay con tasas de 2.0 y 1.6 por cada 100.000 mujeres”, dice el observatorio.

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Educación emancipadora: combate a la violencia de género

Para la CLADE, una de las más importantes estrategias para superar la desigualdad y la violencia de género y, de esta manera, cambiar los altos índices de femicidios/feminicidios en América Latina y el Caribe es promover una educación emancipadora.

La Campaña defiende que el fortalecimiento de los sistemas de educación laicos, públicos, gratuitos y de calidad se configura como elemento clave para la realización de la igualdad de género, la educación no sexista y la superación de la violencia en y desde la educación, pues conlleva a mayores niveles de igualdad social y hace frente a causas estructurales de la problemática.

“La igualdad de género y la superación de la violencia de género en y desde la educación son componentes fundamentales que deben ser trabajados desde la educación en la primera infancia hasta la universidad y más allá, incluso con el incremento de investigaciones académicas. Asimismo, la adolescencia configura una etapa especialmente importante, que demanda de los sistemas educativos particular atención”, afirma la declaración final del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación”.

Educar para la libertad: diálogos y acción por una educación emancipadora

Para la CLADE, la educación emancipadora es una educación capaz de transformar el presente y futuro de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, desde la reflexión, el diálogo y el pensamiento crítico, y desde la capacidad de indagar, cuestionar, discernir, imaginar y accionar por otros mundos posibles. Una educación orientada a los propósitos de los derechos humanos; a la construcción de la paz y de ciudadanías activas, críticas y participativas; al fortalecimiento de nuestras democracias; y a la superación de las desigualdades y discriminaciones.

Actualmente, la Campaña promueve la movilización “Educar para la libertad: diálogos y acción por una educación emancipadora”. Con miras a poner en debate y reflexión qué es una educación emancipadora y garante de derechos, esta iniciativa – cuyas actividades seguirán hasta julio del 2019, cuando se revisará el ODS 4 en Naciones Unidas – quiere impulsar círculos de diálogos y acciones a nivel local, nacional y regional que involucren toda la membresía de la CLADE, educadoras y educadores, sindicatos docentes, movimientos y organizaciones estudiantiles y de jóvenes, investigadoras e investigadores, autoridades públicas, comunidades educativas y organizaciones de la sociedad civil local, nacional y regional, así como la ciudadanía de manera general.

>> Lea más sobre la movilización

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Pasados tres años de la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible - 2015) y cumpliendo más de ocho años de existencia del Marco de Acción de Belém (2009), instrumentos clave de la lucha por los derechos humanos y la garantía del derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sigue reiterando la relevancia de fortalecer el derecho a la EPJA a nivel nacional, regional e internacional. La CLADE - en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil - publicó un documento que presenta la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, y para la plena implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando, a la vez, su especial compromiso con el ODS 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. El documento afirma que es clara la interrelación y esencialidad de la EPJA en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible asociados al combate de la pobreza y al hambre, a los temas alimentarios y la nutrición, la agricultura sostenible, la vida sana y al bienestar en todas las edades (ODS 1, 2, 3). Asimismo, señala la contribución de la EPJA en todos aquellos objetivos asociados a las diversas dimensiones de la sostenibilidad (ODS 6, 7, 11, 12, 13, 15), al empleo (ODS 8), a la reducción de las desigualdades y a la promoción de sociedades más pacíficas e inclusivas, así como al acceso a la justicia (ODS 10 y 16). Lea el documento completo (español) Lea el documento completo (inglés)">

Garantizar la Educación de Personas Jóvenes y Adultas para promover los otros derechos humanos fundamentales

7 de diciembre de 2018

Pasados tres años de la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible – 2015) y cumpliendo más de ocho años de existencia del Marco de Acción de Belém (2009), instrumentos clave de la lucha por los derechos humanos y la garantía del derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sigue reiterando la relevancia de fortalecer el derecho a la EPJA a nivel nacional, regional e internacional.

La CLADE – en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil – publicó un documento que presenta la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, y para la plena implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando, a la vez, su especial compromiso con el ODS 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

El documento afirma que es clara la interrelación y esencialidad de la EPJA en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible asociados al combate de la pobreza y al hambre, a los temas alimentarios y la nutrición, la agricultura sostenible, la vida sana y al bienestar en todas las edades (ODS 1, 2, 3). Asimismo, señala la contribución de la EPJA en todos aquellos objetivos asociados a las diversas dimensiones de la sostenibilidad (ODS 6, 7, 11, 12, 13, 15), al empleo (ODS 8), a la reducción de las desigualdades y a la promoción de sociedades más pacíficas e inclusivas, así como al acceso a la justicia (ODS 10 y 16).

Lea el documento completo (español)

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ley, publicada el pasado 7 de noviembre, tiene como objeto “asegurar el derecho de las personas trans a una vida libre de discriminación y estigmatización, para lo cual se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación” La ley reconoce que las personas trans han sido históricamente víctimas de discriminación y estigmatización por su condición de tales y reconoce el derecho a la identidad de género, estableciendo que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Agrega que este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona (artículo 1). Define qué se entiende por identidad de género, expresión de género y por persona trans, y mandata a incorporar la variable “identidad de género” en todos los sistemas oficiales de información estadística, incluidos los censos, las encuestas continuas de hogares, los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y todas las mediciones públicas que releven la variable “sexo”. En cuanto al ámbito educativo, cabe destacar que la ley establece la obligación de asegurar la inclusión educativa de las personas trans (artículo 15) y determina una serie de responsabilidades para las Instituciones y Organismos Educativos, los que deberán: (i) asegurar que las personas trans no sean excluidas del sistema educativo nacional por razones de identidad de género; (ii) prestar apoyo psicológico, pedagógico, social y económico, en su caso conforme a la reglamentación respectiva, a las personas trans, con el fin de concretar efectivamente su desarrollo académico y social; (iii) incorporar a personas trans en sus programas para culminar estudios a nivel de educación primaria, educación media básica y media superior así como terciaria, facilitándoles el acceso a los cupos disponibles y becas que se otorguen en los casos pertinentes. Por su parte, la ley mandata a los órganos, organismos e instituciones que asignen becas y apoyos estudiantiles a nivel nacional y departamental, cualquiera sea su fuente de financiamiento, previendo cupos del 2% (dos por ciento) para personas trans. Acceda al texto completo de la Ley N° 19684 aquí.">

Uruguay aprueba Ley Integral para Personas Trans

22 de noviembre de 2018

Esta ley, publicada el pasado 7 de noviembre, tiene como objeto “asegurar el derecho de las personas trans a una vida libre de discriminación y estigmatización, para lo cual se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación” (más…)

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posicionamiento, el Foro por el Derecho a la Educación Pública, miembro de la CLADE en Chile, rechaza el proyecto de ley “Aula Segura”. Este proyecto obligaría a las escuelas y liceos a incorporar a sus reglamentos internos una vía rápida para expulsar estudiantes por hechos de violencia. El Foro señala que este tipo de medida es una agresión al derecho a la educación de todas las niñas, niños y jóvenes del país, y además busca criminalizar al movimiento estudiantil. Lamenta también que se vea en este tipo de iniciativa una solución a los problemas educativos. “Rechazamos este tipo manipulaciones que, al decir atender un problema de las y los actores educativos, termina minando la democracia de las escuelas, abriendo más espacios a la mercantilización de la educación y criminalizando a los actores de los establecimientos públicos”, afirma el Foro. En el posicionamiento, se señala que  en el 2011 se expulsaron más de 11.000 estudiantes por movilizarse en defensa de la educación pública, y que desde entonces han continuado las expulsiones, reubicaciones y otro tipo de sanciones a las y los estudiantes que protestan para defender dicho derecho. “A esto agregamos la constante violencia y acoso policial a las y los estudiantes que se organizan y movilizan. Estas medidas han fracturado a las comunidades y son, en parte, responsables del clima de desconfianza que se vive en los establecimientos educacionales”, dice el Foro. La coalición también manifiesta su preocupación respecto a los impactos del proyecto de ley en las prácticas pedagógicas. “Las ciencias de la educación y de la pedagogía abundan modelos para tratar los conflictos en los espacios educativos. La expulsión de un solo estudiante es la evidencia más dramática del fracaso de un modelo educativo”, señala el Foro, citando la responsabilidad y participación activa de la comunidad en la solución de los conflictos y el incorporar las contradicciones sociales como medidas formadoras y democráticas. “Este abordaje implica fortalecer las escuelas públicas y el trabajo horizontal de las y los profesoras/es, construir mejores condiciones de infraestructura educativa, y hacer de las escuelas comunidades formadoras y de principios solidarios. Por el contrario, el proyecto 'Aula Segura' termina invisibilizando la necesidad de esta discusión y reduce el debate a una sanción que no resuelve los problemas de la educación pública”, afirma la declaración.

• Lea el posicionamiento completo aquí.
• Puedes firmar la declaración aquí.

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Chile: Foro por el Derecho a la Educación Pública se manifiesta contra proyecto de ley “Aula Segura”

7 de noviembre de 2018

El proyecto obligaría a las escuelas a expulsar estudiantes por hechos de violencia, en vez de adoptar medidas pedagógicas para  resolver los conflictos de manera pacífica (más…)

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informe, presentado en el día de ayer, la CIDH llama la atención sobre los alarmantes niveles de violencia de la que son víctimas las niñas y las adolescentes, especialmente la violencia sexual. Destaca que algunos de los países de la región tienen de las más altas tasas de violencia sexual a nivel mundial; en Bolivia, 1 de cada 3 niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años; en Argentina, en los ocho primeros meses del 2017, se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por violencia sexual en todo el país; en Perú, 2 de cada 5 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años; en Paraguay, los niños y niñas son los/as que más sufren violencia sexual dentro del ámbito familiar en tanto el 89,8% de las víctimas son NNA, y de éstos el 69,5% no supera los 13 años de edad. Por otro lado, señala que el embarazo infantil y adolescente “es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siendo una parte considerable de estos embarazos producto de violación sexual”. En Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; en Paraguay, cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad; en Guatemala, el 26% de los partos atendidos es de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Ello afecta derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida, la salud, la integridad y el desarrollo personal, entre otros derechos de las niñas y adolescentes, disminuyendo además sus oportunidades de ocio, recreación, deporte y participación. Resalta, en lo que hace al derecho a la educación, que las niñas y adolescentes embarazadas “son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo, o bien no se les facilitan las posibilidades para poder hacerlo, privándolas de su derecho a la educación”. Llama la atención también sobre “tendencias preocupantes respecto a la negación de los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y a las adolescentes” destacando que “una de las circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes es precisamente la falta de acceso a información y a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible”. Se señala, además, que “la ausencia de una educación sexual y reproductiva, desde edades tempranas y que se encuentre adaptada a las diversas fases de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los expone a ser víctimas de actos de violencia sexual y a embarazos no deseados. Considerando los alarmantes niveles de violencia sexual y de embarazo infantil en la región, es imperativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes garantizar el acceso y la calidad de la educación sexual y reproductiva en los currículos educativos en las escuelas”. Agrega que, a pesar de ello, se observa una tendencia “en sentido contrario, con amenazas de retrocesos como la eliminación de la materia en los currículos, la negativa a introducirla en aquellos que todavía no cuentan con esta materia, o bien no proporcionan suficiente información o están sesgados por estereotipos”. Acceda aquí a la versión completa del Informe Anual 2017 de la CIDH.">

Informe anual de la CIDH llama la atención sobre los alarmante niveles de violencia contra la niñez

24 de octubre de 2018

Al abordar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestra región la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos, identificando además que uno de los mayores obstáculos para los derechos de niños, niñas y adolescentes es la falta de una inversión suficiente y priorización presupuestaria que permita su plena realización.

En el informe, presentado en el día de ayer, la CIDH llama la atención sobre los alarmantes niveles de violencia de la que son víctimas las niñas y las adolescentes, especialmente la violencia sexual. Destaca que algunos de los países de la región tienen de las más altas tasas de violencia sexual a nivel mundial; en Bolivia, 1 de cada 3 niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años; en Argentina, en los ocho primeros meses del 2017, se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por violencia sexual en todo el país; en Perú, 2 de cada 5 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años; en Paraguay, los niños y niñas son los/as que más sufren violencia sexual dentro del ámbito familiar en tanto el 89,8% de las víctimas son NNA, y de éstos el 69,5% no supera los 13 años de edad.

Por otro lado, señala que el embarazo infantil y adolescente “es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siendo una parte considerable de estos embarazos producto de violación sexual”. En Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; en Paraguay, cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad; en Guatemala, el 26% de los partos atendidos es de niñas y adolescentes de 10 a 19 años.

Ello afecta derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida, la salud, la integridad y el desarrollo personal, entre otros derechos de las niñas y adolescentes, disminuyendo además sus oportunidades de ocio, recreación, deporte y participación. Resalta, en lo que hace al derecho a la educación, que las niñas y adolescentes embarazadas “son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo, o bien no se les facilitan las posibilidades para poder hacerlo, privándolas de su derecho a la educación”.

Llama la atención también sobre “tendencias preocupantes respecto a la negación de los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y a las adolescentes” destacando que “una de las circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes es precisamente la falta de acceso a información y a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible”.

Se señala, además, que “la ausencia de una educación sexual y reproductiva, desde edades tempranas y que se encuentre adaptada a las diversas fases de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los expone a ser víctimas de actos de violencia sexual y a embarazos no deseados. Considerando los alarmantes niveles de violencia sexual y de embarazo infantil en la región, es imperativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes garantizar el acceso y la calidad de la educación sexual y reproductiva en los currículos educativos en las escuelas”.

Agrega que, a pesar de ello, se observa una tendencia “en sentido contrario, con amenazas de retrocesos como la eliminación de la materia en los currículos, la negativa a introducirla en aquellos que todavía no cuentan con esta materia, o bien no proporcionan suficiente información o están sesgados por estereotipos”.

Acceda aquí a la versión completa del Informe Anual 2017 de la CIDH.

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Oscar Jara: Tenemos que generar otras maneras para convertir la resistencia en reexistencia a la logica dominante de la educación

19 de octubre de 2018

“Hace unos años, llegué a una escuela en Colombia, en una universidad donde decía “aula tal, aula tal… Alguien curiosamente había puesto una “J” en la palabra, de tal manera que ella se había transformado en “jaula tal”. A mí me pareció muy significativa esa crítica. Muchas veces pensamos que los espacios educativos son espacios cerrados, mirados hacia adentro en lugar de ser escuelas sin paredes, con ventanas abiertas donde todo lo que ocurre en nuestro alrededor debería ser todo lo que tocamos en nuestros procesos educativos. Tanto la educación como la formación docente no se van a realizar solamente con el estudio individual, sino también con los movimientos, con los procesos sociales que ocurren en nuestros respectivos países”.

Esta reflexión fue compartida por el sociólogo y educador popular Oscar Jara, durante un diálogo virtual con el tema “educación emancipadora”, que fue realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) el 15 de octubre, en el marco de la movilización regional “Educar para la Libertad”.

Para Oscar, al pensar los cambios que requiere la educación, la sociedad debe hacerse una pregunta: “¿nos educamos para adaptarnos a los cambios que ocurren, o nos educamos para transformar esta situación y dirigirla hacia los cambios que queremos que ocurran y desarrollar, por lo tanto, nuestras capacidades de proyección?”

Según el sociólogo, la educación hoy enfrenta una ofensiva conservadora. “El fundamentalismo del mercado se está expresando también en un proceso, no solo de retroceso, sino de una ofensiva conversadora brutal, cargada de ánimos sumamente agresivos y que buscan hacer que los procesos de cambio que han habido en América Latina no sigan adelante, retrocedan y “ojalá, segun ellos, nunca vuelvan a aparecer”.

Género y educación

El educador también analizó la ola conservadora que la región de América Latina y el Caribe viene enfrentado en relación a los derechos de las niñas y mujeres, lo que ha afectado fuertemente a la educación.

“Este refuerzo de una lógica autoritaria, vertical, del predominio de la violencia en las relaciones de poder es una herencia que ahora se agudiza porque hay una reacción, porque la revolución feminista ha sido una de las revoluciones más fundamentales que hemos tenido en este siglo y que cambia la lógica de las relaciones de poder, en la vida cotidiana y en todos los espacios de la vida política, económica, cultural”, dice.

Educación: espacio en disputa

Por estos y otros conflictos sociales que América Latina y el Caribe han enfrentado con más intensidad en los últimos meses, la educación, según Oscar Jara, es un espacio en disputa.

“Estamos permanentemente enfrentando una lógica, una matriz de pensamiento y una matriz cultural que es patriarcal, capitalista, con valores individualistas, de mercado, una matriz colonial, que nos va siempre limitando en nuestras capacidades. Ante esta situación, debemos crear una otra hegemonía, una otra manera de pensar, de vivir, y eso es un proceso de una educación emancipadora y liberadora”.

Los docentes y la educación emancipadora

La formación docente, para Oscar Jara, es un elemento clave para que la opresión se combata a través de la educación y en la educación.

“El docente o la docente que continúa reproduciendo esquemas autoritarios, impositivos, unidireccionales, aunque tenga un discurso “liberador”, está reproduciendo las maneras de generación de poder, de limitación de poder, las maneras opresivas que las sociedades capitalistas, patriarcales, colonialistas, como la que nosotros vivimos, refuerzan. Entonces, ¿cómo nos formamos como docentes capaces de generar aprendizajes que puedan generar otro tipo de vínculos?”

Educación popular

Durante el diálogo virtual, Oscar Jara explicó las principales características de la educación popular. Según el educador, ella debe ser entendida en tres aspectos: una educación para toda la gente, un derecho universal y una educación construida por los movimientos populares.

“Para que una educación sea popular, para que alcance a todo el mundo como aspiración democrática, es necesario que priorice a los sectores populares que sufren niveles de asimetría y que, por otro lado, tenga como protagonista, como sujeto histórico y político, a aquellos sectores que luchan para transformar estas asimetrías”.

Existencia y reexistencia

Según Oscar, la resistencia ante la lógica de educación dominante es fundamental, pero hay que crear mecanismos para la construcción de otras maneras de pensar y actuar, hay que transformar la resistencia en reexistencia.

“Es importante no solamente quedarnos en los espacios de negación, lo que es fundamental, sino también generarnos entre nosotros otras maneras para convertir la resistencia en reexistencia: otra manera de pensar, de hacer y de generar capacidad de desmontaje de la lógica dominante”

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Sobre Oscar Jara

El peruano-costarricense Oscar Jara es sociólogo y educador popular. Director del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en Costa Rica y Presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). Ha trabajado en procesos de educación popular en todos los países de América Latina, impulsando una pedagogía basada en el pensamiento de Paulo Freire con quien tuvo oportunidad de trabajar en varias oportunidades en los años ochenta.  Afirma que los procesos de educación deben ser críticos, dialógicos, liberadores y desarrollar nuestras capacidades de transformación social y personal, vinculados a procesos de organización y participación. Su planteamiento se sustenta en una propuesta ética, política y pedagógica emancipadora. Uno de los temas que más ha trabajado es en torno a la teoría y metodología de sistematización de experiencias como forma de producir aprendizajes significativos desde las prácticas.

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