<em>Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva</em> <!--more--> El 5 de septiembre de 2018 tuvo lugar en Mendoza, Argentina, la Reunión Ministerial de Educación del G20. En la <a href=declaración final del encuentro, las autoridades presentes reafirmaron el compromiso de sus Estados con el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 y la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva. La declaración subraya que las políticas hacia la igualdad de género en la educación son fundamentales para el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que se debe dotar a las y los docentes de conocimiento, habilidades, valores y actitudes libres de los estereotipos de género para que todas y todos se desarrollen hasta alcanzar su máximo potencial. Además, señala que la implementación de estas políticas requiere un financiamiento adecuado. “Reconocemos que es de vital importancia que se proporcionen niveles suficientes de inversión nacional e internacional en educación en aras de lograr educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos”, afirma la declaración. El documento también destaca el rol fundamental de las y los docentes, y la necesidad de garantizar valorización y formación adecuada para estos profesionales. Asimismo, subraya que el acceso a la educación de calidad es un derecho humano y la base para la conquista de otros derechos, afirmando que “el poder transformador y la naturaleza transversal de la educación la convierten en una herramienta esencial para abordar nuestros desafíos globales y contribuir a la búsqueda de diálogo, consenso, cooperación, colaboración, y metas de políticas, objetivos coordinados y respuestas del G20”. En el marco de la Reunión Ministerial, la CLADE, en alianza con sus miembros en los países de América Latina y el Caribe que forman parte en el G20 - Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) en México, entregaron un documento a las autoridades presentes en el encuentro. En ese documento, expresan sus preocupaciones ante los desafíos para el financiamiento educativo en la región e instan los gobiernos que integran el G20 para que asuman un compromiso con la justicia tributaria; garanticen recursos adecuados para el derecho a la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos y gratuitos; y ejecuten planes y presupuestos educativos sensibles a la inclusión, la equidad, la igualdad de género y la garantía del acceso y la permanencia escolar para todas las personas. A pesar de recoger gran parte de estas demandas, la declaración ministerial no profundiza en algunos de los planteamientos de la sociedad civil, por ejemplo, el compromiso de los Estados con el financiamiento adecuado de sistemas públicos gratuitos, y la justicia tributaria como forma de asegurar los presupuestos públicos nacionales sostenibles como principal fuente de recursos para la educación. Otras partes de la declaración, a su vez, generan preocupación porque defienden la gestión educativa “por resultados”, lo que podría abrir camino para la focalización de inversiones en políticas educativas “eficientes”, según los recursos que estén “disponibles”, en detrimento de parámetros para un financiamiento educativo con calidad para todas las personas, que pongan a los derechos por encima de los resultados y se desarrollen en diálogo con la sociedad civil. La CLADE y sus miembros seguirán impulsando acciones de incidencia para que se incluyan compromisos con el financiamiento educativo, la gratuidad educativa, la realización del derecho humano a la educación y la Agenda de Educación 2030 en la declaración final del G20, que se adoptará en el marco de la Cumbre de Líderes, a realizarse los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina. Lea la Declaración de Ministros de Educación del G20 aquí.">
Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva

Declaración de Ministros de Educación del G20 reafirma compromiso con la realización de la Agenda de Educación 2030

19 de octubre de 2018

Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva (más…)

Foto: CADE

Argentina: Repudio al secuestro y tortura de maestra

13 de septiembre de 2018

En el contexto de  las manifestaciones de la comunidad educativa para demandar una infraestructura escolar adecuada y en condiciones de seguridad que se impulsan en Moreno, Argentina, una maestra de esta ciudad fue torturada (más…)

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la <a href=Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación popular (ALER) y la Campaña Mundial por la Educación (CME), expresan su profunda preocupación por la detención arbitraria de integrantes de la comunidad estudiantil universitaria y activistas por el derecho a la educación de Nicaragua. Según información de conocimiento público y confirmada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) y miembros activos de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), varios estudiantes de la comunidad estudiantil de la UNAN y líderes estudiantiles de León fueron arrestados el día 25 de agosto del presente año en la ciudad de León, alrededor de las 5:30 pm. Hemos tomado conocimiento que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no le fue permitido ver a los y las estudiantes, quienes actualmente se encuentran detenidos en el sistema penitenciario nacional, Cárcel Modelo de Tipitapa, no encontrándose aún a la orden del juez competente. Cabe señalar que la CIDH con fecha del 25 de Julio del año que transcurre, a través de la resolución 56/18, había otorgado medidas cautelares a algunos de esos estudiantes. Asimismo, el día 29 de agosto autoridades policiales en conferencia de prensa anunciaron que habían remitido al Ministerio Público a los estudiantes referidos, acusándolos de terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenaza de muerte; la policía nacional presentó a los y las estudiantes como “una banda de autores de crímenes cometidos en tranques, creando terror y zozobra en León”. Manifestamos suma preocupación ante estas acusaciones bajo cargos infundados y desproporcionados, la falta de garantías y protección de los y las estudiantes e instamos a que se respeten sus derechos a la defensa y al debido proceso, así como su inmedita liberación. El informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentado el día 29 de agosto , ratifica, que la detención de los y las estudiantes constituye un acto de criminalización y judicialización de las constitucionales protestas de los y las estudiantes nicaragüenses. La libertad de expresión y el derecho a la protesta son derechos consagrados regional e internacionalmente. El Estado de Nicaragua tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los todos derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, siendo incluso signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que se encuentra en el artículo 46 de su Constitución Política. Por lo tanto, los tratados, son Leyes de la República y por ende, el respeto a los derechos humanos ahí contenidos es de ineludible cumplimiento para todas las personas, sin excepción. Puedes descargar esa carta aquí.">

Por el fin de la detención arbitraria de la comunidad estudiantil universitaria y activistas por el derecho a la educación de Nicaragua

4 de septiembre de 2018

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación popular (ALER) y la Campaña Mundial por la Educación (CME), expresan su profunda preocupación por la detención arbitraria de integrantes de la comunidad estudiantil universitaria y activistas por el derecho a la educación de Nicaragua. (más…)

<em>En respuesta a solicitud de intervención por parte de la CPDE, autoridades envían carta al presidente peruano, en la que defienden el Currículo Nacional de la Educación Básica, que tiene la igualdad de género como uno de sus principios y es objeto de protestas por parte de grupos conservadores del país</em><!--more--> La Corte Suprema de Perú analiza en este momento un proceso de acción popular constitucional que fue iniciado por un grupo conservador del país, con miras a detener la implementación del Currículo Nacional para la Educación Básica (CNEB), que tiene la igualdad de género como uno de sus principios y metas. En este contexto, Koumbou Boly Barry, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, e Ivana Radačić, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de la ONU, enviaron una <a href=carta al presidente del país en la que defienden el currículo nacional e instan a que se tomen todas las medidas provisionales necesarias para garantizar la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas peruanas en todas las áreas, inclusa la educación. “El nuevo currículo es un instrumento fundamental para generar un cambio estructural, dar a las niñas y niños herramientas para el respeto de los derechos humanos y para la lucha contra la violencia de género”, afirman las autoridades de la ONU. El posicionamiento de Boly Barry y Radačić resulta de una solicitud de intervención que fue presentada al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, por la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), miembro de la CLADE en el Perú. “La respuesta de la ONU a nuestra solicitud ha sido una importante expresión del respaldo que podemos lograr de las máximas autoridades en defensa de los derechos humanos. Ha sido un logro de incidencia para la CPDE, muy apreciado por sus miembros y reconocido y difundido por redes de diversas organizaciones de la sociedad civil en el Perú. Estamos convencidos de que es un precedente valioso para acciones similares de parte de otros movimientos y organizaciones sociales en distintos contextos regresivos para la igualdad de género en la región”, declaró la Coordinadora Nacional de la CPDE, Madeleine Zúñiga. Desde la aprobación del Currículo Nacional para la Educación Básica (CNEB), en junio de 2016, el Ministerio de Educación peruano ha sido cuestionado por grupos conservadores que demandan la abolición del plan de estudios y el cese de su implementación. Estos movimientos argumentan que el currículo aboga por una "ideología de género" y va en contra de los valores “de la familia”. El 16 de febrero de 2017, uno de estos grupos presentó al Poder Judicial una demanda de acción popular constitucional, que tiene por objeto detener la implementación del CNEB y eliminar la palabra "género" del currículo. En paralelo, se ha iniciado una campaña de comunicación y movilización nacional bajo el lema "Con mis hijos no te metas”, que en base al falso concepto “ideología de género” difunde mensajes contra la perspectiva de la igualdad de género en las escuelas. “Nos preocupa que la Corte Suprema pueda llegar a emitir una decisión en contra de la inclusión del concepto de igualdad de género en el Currículo Nacional que iría en contra del principio de igualdad consagrado por la Constitución y en contra de las obligaciones internacionales del país. Instamos a las autoridades a que rechacen las campañas discriminatorias para evitar retrocesos en la lucha por los derechos a la igualdad y contra la discriminación”, afirman Boly Barry y Radačić. Las autoridades de la ONU también subrayan que el CNEB tiene un enfoque de derechos humanos, interculturalidad, igualdad de género e inclusión como formas de convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo, y su implementación contribuiría a asegurar los cambios estructurales necesarios para que el Estado peruano pueda seguir adelante, con un efecto duradero y sostenible, en sus acciones a favor de la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, así como de la igualdad de género.  Asimismo, las autoridades solicitan que su carta se comparta con el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Educación, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Presidente de la Corte Suprema y la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Lea la carta de Koumbou Boly Barry e Ivana Radačić aquí.">
En respuesta a solicitud de intervención por parte de la CPDE, autoridades envían carta al presidente peruano, en la que defienden el Currículo Nacional de la Educación Básica, que tiene la igualdad de género como uno de sus principios y es objeto de protestas por parte de grupos conservadores del país

Perú: ONU respalda el enfoque de género en el Currículo Nacional

23 de agosto de 2018

En respuesta a solicitud de intervención por parte de la CPDE, autoridades envían carta al presidente peruano, en la que defienden el Currículo Nacional de la Educación Básica, que tiene la igualdad de género como uno de sus principios y es objeto de protestas por parte de grupos conservadores del país (más…)

Niñas y niños en el patio de una escuela
Fernando Santos

Argentina: Sociedad civil exige infraestructura escolar segura

10 de agosto de 2018

Ante la tragedia que tuvo lugar en la escuela nº 49 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, donde una explosión de gas provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) pone en marcha una petición para exigir la garantía de la seguridad de la infraestructura escolar. (más…)

Archivo CLADE

CLADE participa en Reunión Regional de Ministros de Educación

1 de agosto de 2018

La II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe se realizó en Cochabamba, Bolivia, los días 25 y 26 de julio, con el objetivo de construir una Hoja de Ruta para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), referido a la educación, y la Agenda de Educación 2030 (E2030) en América Latina y el Caribe. (más…)

No dejar a nadie atrás: El rol central de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la implementación de la Agenda 2030

28 de julio de 2018

En este documento, que presentamos a las autoridades reunidas en la II Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, planteamos la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, y para la plena implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados. <span style=Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos). Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”. Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho. El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”. Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados. En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional. Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”. Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13 Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces: http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/">
Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta a los Estados a ampliar las oportunidades educativas para todas las personas, sin discriminación, y a invertir lo máximo de recursos disponibles en la educación pública

Resolución de Consejo de la ONU exhorta al cumplimiento efectivo del derecho a la educación de todas y todos

20 de julio de 2018

La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados.

Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos).

Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”.

Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho.

El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”.

Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados.

En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional.

Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”.

Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13

Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces:

http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance

http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/

Declaración Final del Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación

4 de julio de 2018

El encuentro “Igualdad de Género, Violencia y Educación en Centroamérica: Estrategias de Transformación”, fue promovido por la CLADE, con el apoyo de UNICEF, en El Salvador. Esta Declaración Final es fruto de los debates, reflexiones y recomendaciones que se hicieron durante el encuentro.

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La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvo presente en el “II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realizó del 16 al 20 de abril, en Santiago, Chile, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Participaron en el encuentro cerca de 300 representantes de sociedad civil de la región, entre ellos Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de CLADE, Marcela Ballara, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, y representantes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).<!--more--> La CLADE, con otras 32 organizaciones, entre ellas REPEM y la Mesa de Articulación ETIS, integró la Comisión Transitoria de sociedad civil que durante el año pasado trabajó en el diseño de un borrador de los objetivos, principios y estructura del mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible mencionado. En el encuentro, se consensuó el mecanismo, que deberá facilitar y coordinar la vinculación y participación significativa y permanente de la sociedad civil con CEPAL y con los Estados Miembros en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Esta vinculación y participación se dará también en todo el proceso del diseño, implementación, monitoreo, reporte y evaluación de la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región y las plataformas relacionadas a la misma. Asimismo, el mecanismo tendrá la misión de generar un espacio de rendición de cuentas entre gobiernos y sociedad civil sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. El mecanismo estará integrado por organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que se postulen para participar y trabajen por la justicia social, económica y ambiental, y en cualquiera de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. A la vez, su estructura de gobernanza será formada por 4 sub-regiónes (Centro América, México y Caribe Hispano-hablante; Caribe Anglófono y Francófono; Zona Andina; y Conosur); 13 grupos de personas/colectivos (Niñas, niños, Adolescentes y Jóvenes; Mujeres; Personas adultas mayores; Personas afro-descendientes; Personas agropecuarias de pequeña escala, rurales y costeras; Personas con discapacidad; Personas con VIH y personas afectadas por el VIH; Personas defensoras de derechos humanos y territorios; Personas LGBTI; Personas migrantes y desplazadas por desastres o conflictos; Pueblos indígenas; Redes, colectivos, organizaciones y plataformas de ONG; Sindicatos y personas trabajadoras, trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales); y 3 grupos temáticos (Economías sociales y solidarias; Educación, academia, ciencia y tecnología; Justicia ecológica y ambiental). Las organizaciones, redes y colectivos pueden inscribirse para participar en uno o más grupos y, como próximo paso, se convocará a la sociedad civil a integrar una nueva Comisión de Trabajo transitoria, que durante 6 meses se hará cargo de definir los términos de referencia de cada grupo y el proceso para elegir a sus representantes en la mesa de vinculación del mecanismo, la cual será encargada de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del foro, para asegurar el involucramiento y la participación efectiva del mecanismo en los procesos y negociaciones intergubernamentales relacionadas con la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región. También deberá mantener un canal de información permanente y constante para la toma de decisiones y el aviso sobre los acuerdos adquiridos. La CLADE ya manifestó su interés en participar en esta comisión y contribuirá con la consolidación del grupo temático de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología [para saber más, <a href=acceda aquí al término de referencia sobre el mecanismo]. “Ha sido un proceso muy interesante y exitoso, que se vino construyendo desde el Foro del año pasado en México. Ahora tenemos consensuada nuestra primera experiencia para dialogar sobre la Agenda 2030 con los países a nivel regional. Se trata de un proceso aún en construcción, pero definitivamente, haber logrado un espacio para educación en el mecanismo regional de seguimiento a los ODS es una conquista”, afirmó la coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE. Previamente al Foro de CEPAL, se realizó una reunión de la sociedad civil para discutir la construcción del mecanismo formal de participación mencionado y también redactar una declaración de sociedad civil que fue leída en la plenaria del Foro de los Países. El documento “Nos quieren dejar atrás. Y no lo vamos a aceptar” denuncia el hecho de que la sociedad civil no haya sido invitada a participar en la Declaración Intergubernamental presentada al final del Foro de Países y critica su contenido, así como las restricciones democráticas en la región y las múltiples formas de violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Exige además que los gobiernos cumplan los acuerdos internacionales e integren a la sociedad civil en la toma de decisiones. Respecto a la educación, la declaración denuncia la reducción en el último año de los presupuestos para este derecho, así como para salud y cultura en varios países de la región, y los crecientes procesos de privatización de estas áreas estratégicas para el desarrollo. “Denunciamos el deterioro de los sistemas de educación públicos y reclamamos la educación pública, universal, gratuita, laica, inclusiva, de calidad, a lo largo de toda la vida. Exigimos la laicidad del Estado y denunciamos la influencia de los fundamentalismos religiosos en los currículos escolares, que impiden la educación integral en sexualidad y la garantía de la igualdad de género”, afirma el documento.">

Se creó el mecanismo de participación de la sociedad civil en el seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

2 de mayo de 2018

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvo presente en el “II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realizó del 16 al 20 de abril, en Santiago, Chile, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Participaron en el encuentro cerca de 300 representantes de sociedad civil de la región, entre ellos Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de CLADE, Marcela Ballara, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, y representantes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). (más…)

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