CRES+5: voces del Sur reivindican una educación superior pública, gratuita, inclusiva y de calidad en América Latina y el Caribe
27 de marzo de 2024
Rosana Heringer, Laura Giannecchini y Tania Dornellas
Participantes de la CRES +5 por la CLADE, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
Entre los días 13 y 15 de marzo de 2024, la CLADE participó en la Conferencia Regional de Educación CRES+5, realizada en Brasilia (Brasil). A diferencia de hace dos años, cuando se organizó la III Conferencia Mundial de Educación Superior en Barcelona (España), la conferencia realizada en el continente latinoamericano contó con masiva participación de la comunidad educativa, reuniendo a numerosos estudiantes, rectores/as, profesores/as, investigadores/as y representantes de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y movimientos sociales, así como autoridades políticas comprometidas con la realización del derecho humano a la educación superior.
Su objetivo fue examinar los avances y desafíos de la educación superior en América Latina y el Caribe, teniendo como referencia la declaración de la Conferencia de Córdoba 2018, que conmemoró el centenario del episodio en el que estudiantes de Argentina ocuparon las facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería de la Universidad de Córdoba, reivindicando el laicismo y la democratización de la enseñanza superior. Previo a la CRES+5, la UNESCO-IESALC organizó consultas públicas sobre 12 ejes temáticos, que resultaron en 12 documentos de insumo a los debates en Brasilia. Rosana Heringer, en representación de la CLADE, participó activamente en la elaboración del documento del eje 4 – El rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe. Otros miembros del Grupo de Trabajo de Educación Superior de CLADE participaron en las consultas sobre financiamiento, profesión docente y otros.
La financiación pública de la educación superior pública en las últimas décadas en América Latina y el Caribe se ha visto comprometida por diversos recortes presupuestarios, políticas de austeridad fiscal y cambios políticos que ya no hacen de la educación superior una prioridad para los gobiernos.
Los retos pospandemia en la región para la educación superior
Desde la CRES 2018, se han producido muchos cambios en la región, empezando por la pandemia de Covid-19 y sus efectos, que han afectado a la sociedad en su conjunto. A la pandemia se han sumado el recrudecimiento de la pobreza y la violencia en la región, la emergencia de tendencias autoritarias y fundamentalismos religiosos, y de desastres ambientales. Asimismo, se ha visto un aumento de los flujos migratorios, el incremento del uso de las tecnologías digitales en la educación y de precariedad laboral, con impactos en la educación superior.
Frente a estos y otros retos, la enseñanza superior ocupa un lugar central en la búsqueda de soluciones duraderas a los problemas de la región. Una de las conclusiones importantes de la conferencia fue señalar el papel de la educación terciaria, en particular de las instituciones públicas, en la búsqueda de la reducción de las desigualdades y el fortalecimiento de la democracia en nuestros países. En varios momentos de la conferencia se señalaron las recientes amenazas a la democracia en el continente, ya sea a través de ataques golpistas y autoritarios, o de un debilitamiento del tejido democrático en su conjunto, con un descreimiento en los mecanismos de representación y en los sistemas de toma de decisiones, así como de ataques a la autonomía universitaria y libertad de cátedra.
Para cumplir esta misión institucional, las instituciones de enseñanza superior tienen ante sí varias tareas. En primer lugar, derribar las barreras de acceso y garantizar las condiciones para la permanencia y el éxito académico de los y las estudiantes que aspiran a este nivel educativo – retos que están condicionados con la provisión y garantía de una financiación pública adecuada para las instituciones públicas de enseñanza superior.
En la Declaración Final de la CRES+5, se reafirmó el papel de los Estados en la garantía de la financiación pública de la enseñanza superior, considerada un bien público y social, que debe ser accesible a quienes deseen acceder a ella. En este sentido, se destacó como fundamental la progresividad de la gratuidad de la enseñanza superior pública, ya que la barrera económica sigue siendo un factor que impide a las y los estudiantes de grupos históricamente en exclusión hacer efectivo su derecho a la educación.
Sin embargo, la financiación pública de la educación superior pública en las últimas décadas en América Latina y el Caribe se ha visto comprometida por diversos recortes presupuestarios, políticas de austeridad fiscal y cambios políticos que ya no hacen de la educación superior una prioridad para los gobiernos. Al mismo tiempo, la presencia del sector privado en la oferta de educación superior en la región ha aumentado, representando una proporción significativa de las matrículas en varios países. Esta presencia ha crecido aún más durante y en el periodo post pandémico, con el aumento de la enseñanza a distancia en toda la región.
Las sociedades latinoamericanas y caribeñas tienen mucho que aportar a las discusiones sobre la garantía del derecho a la educación superior.
Se ratifica el derecho humano a la educación superior pública
En el pronunciamiento de la Conferencia, también se expresó la preocupación por el avance descontrolado de la educación superior privada con fines de lucro en el continente, señalando la necesidad de normas estrictas que la regulen, asegurando la calidad de esta oferta educativa y condiciones de trabajo dignas para la labor docente y demás profesionales de la educación. También se destacó el papel fundamental de la participación de las comunidades educativas en el debate y la toma de decisiones sobre las políticas de educación superior. Y se señaló la importancia de la articulación entre los distintos niveles educativos y la necesidad de ampliar la internacionalización de las instituciones de enseñanza superior o universitaria, dando prioridad a la integración soberana y emancipadora.
Persiste el desafío de la equidad, en términos de diversidad étnico-racial y de género en la región. A pesar de algunos avances, aún es necesario un mayor compromiso de los gobiernos y de las instituciones de educación superior en la búsqueda de currículos más inclusivos que representen toda la riqueza de cosmovisiones, culturas, expresiones artísticas y conocimientos tecnológicos de los diferentes pueblos que conforman el continente.
Las organizaciones de la sociedad civil deben continuar atentas, acompañando y monitoreando la implementación de las directrices de la conferencia de Córdoba, con vistas a mejorar la oferta, el acceso y la calidad de la educación superior en la región, buscando articular esto con la defensa de los derechos humanos y de la ciudadanía plena para toda la población.
Pero la participación en la CRES+5 fue positiva y, como dijo el ex rector de la UNB, José Geraldo de Souza Júnior, dejó clara la importancia de “sulear” y no sólo “nortear” el debate. Las sociedades latinoamericanas y caribeñas tienen mucho que aportar a las discusiones sobre la garantía del derecho a la educación superior, y, en tal contexto, el documento Nuevos Abordajes del Derecho Humano a la Educación Superior: Reflexiones y Propuestas desde América Latina y el Caribe, elaborado por la CLADE en 2022 para participar en la Conferencia de Barcelona, sigue más vigente que nunca.
Panamá: Organizaciones de docentes se reúnen en el segundo congreso mundial contra el neoliberalismo educativo
24 de julio de 2023La Asociación de Profesores de la República de Panamá y el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación han convocado en la capital panameña el segundo congreso mundial contra el neoliberalismo educativo realizado entre el 5 y 9 de junio del año 2023. En la invitación que se extendió a los y las participantes se señala que “es un espacio para soñar y construir viabilidad a las más nobles aspiraciones pedagógicas del magisterio, estudiantes y familias. Por ello la agenda a trabajar parte del presente como lugar de enunciación de un mañana de justicia social”.
La agenda compartió análisis y debates sobre la situación actual de la educación en el escenario internacional, con particular atención en el ámbito regional de América Latina y el Caribe. Destaca la mirada crítica de paneles centrados en la educación universitaria ante la mercantilización, estandarización y desterritorialización.
La labor docente y la agenda por condiciones laborales dignas
El movimiento sindical y gremialista de docentes ha tenido una participación importante expresando preocupaciones de las condiciones de la labor docente, la profesionalización y los riesgos que potencialmente representa la creciente digitalización y penetración tecnológica instrumentalizada en los diversos ámbitos educativos. Durante los paneles se han compartido preocupaciones por la crisis multifactorial agudizada con la pandemia ha generalizado la idea de centralizar los aprendizajes en habilidades tecnológicas, minimizando estrategias que impulsen la creatividad, el pensamiento crítico y las estrategias de resistencias a la lógica del mercado.
El congreso ha recalcado la importancia de fortalecer la democracia y lo público en el marco de derechos, especialmente indican en el panel de cierre que “En este ataque contra lo público convergen intereses nacionales e internacionales que pretenden convertir a la educación en una mercancía”. Por ello la educación desempeña un rol indispensable y se hace un llamado al contrato social que enfrente las gestiones neoliberales que profundizan las desigualdades en la región.
Vea las sesiones
Día 1, 5 de junio, transmisión en línea. La agenda central educativa y la actividad gremial docente, con especial énfasis en la educación universitaria.
Día 2, 6 de junio, transmisión en línea. Movilización gremial docente, democracia y producción del conocimiento.
Día 3, 7 de junio, transmisión en línea. Sistematización de debates y acuerdos.
Diálogo con la Ministra de Educación
Día 4, 8 de junio, transmisión en línea. Diálogo sobre informes nacionales de la situación educativa y debate en defensa de la educación presencial.
Día 5, 9 de junio, transmisión en línea. Prospectiva educativa y movilización gremial sindical docente hacia un nuevo contrato social.
Organizaciones denuncian proceso de mercantilización y privatización de la educación superior durante Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales 2022
12 de julio de 2022La necesidad de que los Estados garanticen el derecho a la educación superior de manera integral y la relación del proceso de mercantilización y privatización de esta etapa educativa con otros problemas socioambientales fueron algunos de los elementos destacados por Jesús Juárez Reyes, coordinador nacional de la Campaña por el Derecho a la Educación México (CADEM) y miembro directivo de la CLADE durante su presentación en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, realizada del 7 al 10 de junio.
“La democratización de la enseñanza superior no significa un crecimiento acelerado en la tasa de matriculación, o en el número de instituciones de enseñanza, o una ampliación en la diversificación de títulos y carreras, como observamos en nuestra región. Democratización con inclusión significa crear mecanismos para revertir las tendencias de reproducción de relaciones asimétricas de poder, exacerbación de las desigualdades y de las discriminaciones en los sistemas educativos, generando sociedades más igualitarias.” Documento Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior: Reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe.
La participación del integrante del comité directivo de la CLADE se llevó a cabo en la mesa “Privatización y mercantilización de la universidad. Estudios y estrategias, del panel sobre Derecho a la educación, políticas públicas y alternativas pedagógicas”, en la cuál se enfatizaron reflexiones colectivas que se integraron en el documento los “Nuevos abordajes para el derecho a la educación superior: Reflexiones y propuestas para América Latina y el Caribe”.
Durante su presentación, Jesús Juarez también compartió ejemplos de estrategias mercantilizadoras que atentan contra el derecho a la educación, recordó los procesos de admisión excluyentes que se viven en algunas universidades como las de México, país donde el ingreso económico por tales procesos es alto y genera dinámicas mercantilizantes con empresas que lucran preparando esos exámenes y que a su vez, representa el rechazo de hasta el 90% de las y los aspirantes. Juárez comentó la necesaria atención que requiere el desgranamiento, las dinámicas expulsoras y la deserción escolar que se vive en el primer ciclo lectivo en las universidades, por lo se debe ampliar las voces a las y los estudiantes y a las juventudes en general.
La inclusión es clave para el derecho a la educación
En la misma mesa, Yamile Socolovsky, directora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, se refirió a la Campaña “La educación superior no es una mercancía” y al proyecto político emancipatorio de nuestros pueblos, rememorando la trayectoria del debate sobre el desarrollo del programa de la educación superior. Enfatizó la idea de lo que representa la educación superior de la región, ratificando lo señalado en la III Conferencia Mundial de Educación Superior, que la educación superior es un derecho humano fundamental, que la formación y el conocimiento y las vinculaciones de las instituciones públicas son un factor clave para el desarrollo con inclusión, igualdad y justicia social. La situación actual invita a movilizar a las comunidades enteras, es por eso que se socializaron publicaciones que advierten lo que sucede en la educación superior para generar estrategias que contrarresten los riesgos y peligros y finalmente, para plantear reivindicaciones y propuestas.
La constantes amenaza de la privatización para la educación
Fernanda Saforcada, de la Universidad de Buenos Aires, presentó la investigación sobre Privatización de la Universidad en América Latina en Chile, Argentina, Perú y República Dominicana. Resaltó la tendencia a una hiperprivatización en América Latina como lo indica la creciente matrícula en el sector privado alcanzando hasta el 54% cuando a nivel global la media es del 33%. La gran expansión de la demanda de la matrícula de la educación superior, las políticas regresivas en términos del financiamiento público universitario y el contexto de primacía del mercado ofrece orientaciones sobre las políticas públicas que incentivan esta hiperprivatización, explicó. La hiperprivatización de la región se nota en la cantidad de la distribución de la matrícula, en la cantidad de instituciones y el número de graduados de la educación privada siendo mayor que de la universidad pública. Las políticas públicas de privatización colocan a las universidades públicas a operar en condiciones de mercado y, con ello, contribuye a la naturalización de una racionalidad privatista para comprender lo público. Fernanda también explicó que el borramiento de las distinciones entre lo público y lo privado tiene 3 dimensiones: simbólica, política y económica. Hizo la crítica que las instituciones aunque no tengan fines de lucro no pueden ser tomadas como públicas, en tanto, responden a intereses particulares.
La importancia de lo público en las universidades
El secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), Roberto Escalante, señaló la importancia de incluir al Caribe en todos los debates de educación superior. Las grandes corporaciones internacionales están metidas en las universidades, afirmó que por ejemplo en la investigación, ofrecen migajas a las universidades de sus grandes ganancias. Escalante interpeló sobre lo que es lo verdaderamente público, en tanto, hay un gran recorte de presupuestos y las universidades, mismas que han arancelado por omisión o por comisión la educación superior. Contextualizó el suceso histórico de Córdoba como parteaguas de la autonomía universitaria y la idea de la vinculación con la comunidad. Remarcó la necesidad de una nueva reforma a la universidad, porque priva una idea de desarrollo individual, para salir de la pobreza, pero, es vigente la pregunta ¿cuál es el mensaje que las universidades dan a las y los estudiantes? Comentó que aunque es legítimo que se busque el bienestar personal, lo verdaderamente público es responder cómo a través de la formación en la universidad sirven a la sociedad. Insistió en que lo verdaderamente público es servir a la sociedad, hacer colaboración, vincularse en todo momento con la comunidad.
Aumento de la naturalización de las lógicas de mercado
Como parte de la experiencia de Brasil, específicamente de la Faculdade de Educação de la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), la participación de Dalila Andrade Oliveira expuso la investigación sobre la situación de las universidades que han padecido un enorme recorte presupuestal en Brasil, aumentando la creciente naturalización de la lógica de mercado, que hace preocupante la progresiva desfinanciación y la privatización. Narra cómo el activismo de personas de la educación impidieron que se legisle el pago en las universidades, aunque no presenta destaques recientes en el desarrollo científico. Según ella, la desaceleración de la economía ha afectado la financiación educativa, concentrando los recursos en solo algunas universidades. Oliveira mencionó que con la gestión del actual presidente, Jair Bolsonaro, la educación en Brasil ha sufrido muchas afectaciones y una mala administración actual, haciendo referencia al decrecimiento de la producción científica, de investigación y la desigualdad del desarrollo del conocimiento. Para garantizar el derecho humano a la educación es necesario en la actualidad retomar el debate sobre la democracia.
Temas pendientes para la continuidad de la agenda
La precarización de las y los docentes en las universidades fue el tema central presentado por Sofía Irene Thisted, de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Denunció que los y las docentes Ad honorem, en realidad significan grandes esfuerzo militantes que sostienen las aulas con pagas irrisorias, compartiendo recursos cada vez más escasos. Thisted apuntó que hay una gran cantidad de docentes que apenas cuentan con el pago por horas, lo que implica que deben priorizar la atención de las aulas impidiendo dedicarse a la investigación, y en muchos casos se ven en la necesidad de hacer trabajos sin recibir pagos por otras tareas.
Thisted preguntó durante la mesa ¿Quiénes son excluidos y quienes incluidos en la universidad en Argentina?, ampliando el cuestionamiento desde una perspectiva de economía por desigualdades que dejan fuera a una gran cantidad de jóvenes, ya que se mantiene una gran preocupación por quiénes terminan la secundaria, al persistir condiciones excluyentes como la de poblaciones migrantes que no terminaron la secundaria, y presentan dificultades para continuar la trayectoria educativa a distancia. Afirmó la importancia de pensar a las universidades abiertas y no cerradas en sí mismas, si bien sostienen la gratuidad, es un riesgo la posibilidad del arancelamiento y la mercantilización llegando incluso a la venta de servicios. Otros temas de igual relevancia revelan un debate actual sobre dimensiones como la autonomía, el sexismo, el capacitismo, el racismo y la valorización docente que muchas veces se ve cuestionada por los medios de comunicación que estigmatizan la profesión y denigran el oficio docente.
Sobre la Conferencia de Ciencia Sociales
La Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es, desde su primera edición en 2003, el mayor evento académico y político de las Ciencias Sociales y las Humanidades a nivel mundial. En cada encuentro acompañan la realización de las Asambleas Generales del Consejo, donde han sido abordadas temáticas diversas en función de las coyunturas políticas y sociales de la región.
Lee más:
Entrevista CLADE con Fernanda Saforcada:
Parte 1 – https://redclade.org/noticias/fernanda-saforcada-la-privatizacion-educativa-se-realiza-tambien-con-fines-ideologicos-y-politicos/
Parte 2 – Fernanda Saforcada: El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado
¿Cómo garantizar el derecho a la educación superior?
A través del texto, la CLADE llama la atención para el proceso de privatización que la educación superior en la región ha enfrentado. “Nos preocupan los procesos de privatización - hoy un 53.2% de las y los estudiantes universitarios están en universidades privadas - y la financiarización de la educación superior. La educación superior ahora se presenta como una mercancía negociada en el mercado de acciones, un negocio interesante, que homogeniza y estandariza los conocimientos y formas de pensar, y produce ciudadanos útiles para la profundización de los modelos neoliberales. También nos inquieta la hiperconcentración de la enseñanza privada en manos de pocas instituciones, muchas veces extranjeras” Para recuperar el contenido del derecho a la educación superior, la CLADE presenta 15 puntos fundamentales que deben ser defendidos y garantizados, entre ellos construir una educación superior que responda a las expectativas de los sujetos de derechos y de los distintos actores de las comunidades educativas, que deben participar en la gestión de las universidades y en la definición de las políticas educativas. >> Lee el documento completo en español, en portugués y en inglés">Educación superior: reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe
17 de mayo de 2022“La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en su artículo 26, el derecho a la educación superior: `El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos´, recuerda la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el documento publicado este lunes (16/5) en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 de la UNESCO, que se realiza en Barcelona (España) esta semana, del 18 al 20 de este mes.
El documento, titulado “Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior: Reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe” fue construído colectivamente por la red CLADE con representantes de Costa Rica, Argentina, Ecuador, México, Brasil, Venezuela, Costa Rica y con integrantes de la oficina CLADE y la Campaña Mundial por la Educación (CME).
¿Cómo garantizar el derecho a la educación superior?
A través del texto, la CLADE llama la atención para el proceso de privatización que la educación superior en la región ha enfrentado. “Nos preocupan los procesos de privatización – hoy un 53.2% de las y los estudiantes universitarios están en universidades privadas – y la financiarización de la educación superior.
La educación superior ahora se presenta como una mercancía negociada en el mercado de acciones, un negocio interesante, que homogeniza y estandariza los conocimientos y formas de pensar, y produce ciudadanos útiles para la profundización de los modelos neoliberales. También nos inquieta la hiperconcentración de la enseñanza privada en manos de pocas instituciones, muchas veces extranjeras”
Para recuperar el contenido del derecho a la educación superior, la CLADE presenta 15 puntos fundamentales que deben ser defendidos y garantizados, entre ellos construir una educación superior que responda a las expectativas de los sujetos de derechos y de los distintos actores de las comunidades educativas, que deben participar en la gestión de las universidades y en la definición de las políticas educativas.
>> Lee el documento completo en español, en portugués y en inglés
Marcha por el derecho a la educación pública y gratuita en Perú
15 de diciembre de 2021En la última sesión de la Comisión de Educación del Congreso de la República, del viernes 10 de Diciembre de 2021 se aprobaron dos dictámenes aprobados en sesión extraordinaria.
El primer dictamen aprobado tiene como objetivo brindar facilidades a las universidades privadas con licencia denegada para que se vuelvan a presentar al proceso de licenciamiento sin haber cumplido las condiciones básicas de calidad. Con ello se beneficia a promotores y dueños de universidades privadas, permitiéndoles el regreso al sistema por la puerta falsa, lo que no solo constituye un trato discriminatorio frente a las universidades públicas y privadas que cumplieron con los estándares de calidad para obtener el licenciamiento, sino también perjudica a miles de estudiantes de universidades no licenciadas, prolongando innecesariamente la vulneración de sus derechos por parte de autoridades inescrupulosas que solo buscan beneficios económicos.
El segundo dictamen busca cambiar la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, agregando, entre otras, la figura de dos representantes de universidades públicas y dos de universidades privadas. Además, establece que la elección del Superintendente de SUNEDU será por el voto de las demás personas que conforman el Consejo Directivo. Con ello, se crea una estructura similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores, donde dichas autoridades se fiscalizaban entre ellas respondiendo a sus propios intereses, teniendo como consecuencia un sistema universitario desregulado, sin garantías de calidad, y con miles de estudiantes siendo estafados con su educación.
Los esfuerzos del Estado deben buscar generar y hacer cumplir los planes de contingencia para los miles de estudiantes y egresados/as de universidades con licencia denegada, cuyos estudios y planes de vida se han visto truncados por la indiferencia y el mal accionar de sus autoridades que, hoy, quieren hacer de las suyas de nuevo.
Necesitamos un sistema universitario de calidad, con universidades públicas fortalecidas, gratuidad educativa y un mayor presupuesto para la educación, y no agotar esfuerzos en contra de los intereses particulares que han hecho tanto daño a los/as jóvenes y al país.
Por tal motivo, desde distintos gremios estudiantiles, organizaciones y colectivos, convocamos a la ciudadanía a la MARCHA POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR #LaEducaciónSeRespeta este miércoles 15 de diciembre a las 6:30 pm en Plaza San Martín.
Colombia: ¡Exigimos la protección de la vida y la integridad de jóvenes en todo el país!
3 de marzo de 2021“La educación que necesitamos para el mundo que queremos es una educación que nos fortalezca como humanos, pensada desde lo humano para transformar y no simplemente para aprender a memoria un par de fórmulas y conceptos. [Es una educación que posibilite], transformar todo, aprender y crecer en función no del individuo sino de la sociedad, del medio ambiente. (…) Por eso es necesario manifestarse, salir, decir que necesitamos cambiar, necesitamos un mejor país (…)”, afirmó Gareth Steven Sella, estudiante colombiano, durante una de las manifestaciones en que participaba en su país para defender el derecho a la educación, en octubre de 2019. Su testimonio se dio en el marco de la Campaña #LaEducaciónQueNecesitamos para el Mundo que Queremos, desarrollada por la CLADE con el apoyo de UNICEF.
Pasados un año y cinco meses de su testimonio, en la tarde del 24 de febrero de 2021, Gareth fue agredido en uno de sus ojos por parte de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) cuando participaba en una manifestación en la que se exigía del Estado colombiano la Matrícula Cero (gratuidad) para la educación pública superior y el desmantelamiento del ESMAD, justamente por sus recurrentes actos violentos contra estudiantes y jóvenes manifestantes desde hace varios años.
Tras ese contexto de violencia y criminalización contra estudiantes, que culminó en la agresión a Gareth y centenas de estudiantes en el país, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y otras organizaciones, movimientos sociales y especialistas de América Latina y el Caribe publican hoy, 3 de marzo, un pronunciamiento en el cual expresan su más categórico repudio a la “represión de los militantes sociales y educativos, que pone en riesgo su salud de manera irreparable, lamentando que se ensañe con jóvenes y adolescentes de manera brutal”.
Lee a continuación el pronunciamiento completo:
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO POR EL RESPETO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD DE GARETH STEVEN SELLA
Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la represión desmedida, el uso de armas y de ataques a los ojos por parte del ESMAD, de la policía y de organismos de seguridad del Estado colombiano hacia las personas que salen a manifestarse; específicamente rechazamos lo sucedido con Gareth Steven Sella en la tarde del 24 de febrero de 2021, cuando haciendo parte de una manifestación en la que se exigía del Estado colombiano la Matrícula Cero para la educación pública superior y el desmantelamiento del ESMAD, justamente por sus actos violentos contra estudiantes y jóvenes manifestantes desde tiempo atrás, fue agredido en uno de sus ojos por parte de un miembro del ESMAD.
En un diálogo con Blu Radio, el joven cineasta de 24 años aseguró que a él le habían disparado cuando estaba en la calle 23 con carrera Séptima (en el centro de Bogotá). “Yo me volteo y ahí me disparan, yo siento el golpe supremamente fuerte en mi cara y arrancó a moverme, a correr. Me toqué el ojo y me di cuenta de que no veía. Me asuste bastante”, explicó el joven.
Sella aseguró que el diagnóstico médico que le dieron en la Clínica San Ignacio arroja que la herida se produjo por el impacto de un arma. “Ellos lo tienen muy claro (los médicos). Las heridas hablan, esto no fue una piedra. Dios quisiera que hubiera sido una piedra, de pronto me hubiera cortado un poquito, un par de puntos y todo bien. Pero esta herida es profunda, es una herida por un impacto que removió todo dentro del ojo”, indicó.
Es una situación que de nuevo se repite y que ya había sucedido en ocasiones anteriores contra manifestantes.
Además de estos hechos, Gareth Steven ha recibido amenazas contra su vida por las declaraciones realizadas.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación expresa su más categórico repudio a la represión de los militantes sociales y educativos, que pone en riesgo su salud de manera irreparable, lamentando que se ensañe con jóvenes y adolescentes de manera brutal.
Desde las organizaciones sociales que adherimos a este pronunciamiento exigimos castigo a los responsables directos y a quienes dan las órdenes de reprimir estas manifestaciones legítimas y pacíficas.
¡Exigimos la protección de la vida y la integridad de nuestros jóvenes en todo el país!
¡Decimos no a la impunidad!
03 de marzo de 2021
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala
Campaña por el Derecho a la Educación en México
Campaña Boliviana por el derecho a la educación
Contrato Social por la Educación en el Ecuador
Red Global/Glocal por la Calidad Educativa
Marcha Global Contra el Trabajo Infantil Sudamérica
Federación Internacional Fe y Alegría
Reagrupamiento Educación para Todas y Todos – Haití
Equipo Docentes Licenciatura en Educación Comunitaria y Derechos Humanos
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos
Fundación Luis Felipe Vélez
Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas
Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz
Colectivo Voces y Colores
Grupo de Docentes de Educación de Personas Jóvenes y Adultas
Organización Mundial por la Educación Preescolar – OMEP
Asociación Nacional de Estudiantes Secundaristas – ANDES
Organización Continental y Caribeña de Estudiantes – OCLAE
Fundación Escuela para el Desarrollo – FEDE
Asociación de Directivos Docentes Oficiales del Quindío
Docentes de la Institución Educativa Antonio Nariño de La Tebaida
Movimiento por un Mundo Sin Guerras y Sin Violencia
Asociación Minga
Grupo COMUNICARTE
Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación
Fodeve – Foro Venezolano por el Derecho a la Educación
Luz Angélica Medina -Pastoral Social Bogotá
Ruth Barreto – Red Tejiendo Sueños y Realidades
Germán Niño – CIASE
María Elena Urbano Dorado – FLFV/CCDE
Cecilia Gómez – CCDE
Camilo Jiménez – UPN
Ángel Libardo Herreño – ILSA
Orlando Pulido – Docente Universitario
Nabor Infante – Docente de EPJA
Sandra Morales, Egresada EPJA
Ana Lucia Medina, Docente
Jesús Suarez – CADEM – México
Marcela Brown – CADE – Argentina
Pilar Herrera –Docente
Eliana González – Egresada EPJA
Joel García P. – Antropólogo
Martha Roya – Coordinadora Docente
Claudia Marcela Muñoz Guzmán -FLFV
Luz Marina Vallejo Sánchez – FLFV Docente
Luz Adriana Isaza Vallejo – Abogada
Andrés Ramos –CCDE
Katherine Gómez – Gobierno Mayor
Carolina Martínez
Hernando Muñoz – Rector
Sandra Milena Correa – Estudiante Educación Comunitaria y Derechos Humanos
Henry Rengifo Hurtado – Coordinador Docente
Luis Oscar Alvarez Macias CEP – Parras
La Educación que Necesitamos para el Mundo que Queremos – Perspectivas de adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe
6 de agosto de 2020El documento fue elaborado por la CLADE con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América
Latina y el Caribe y subraya y sistematiza las demandas y miradas de adolescentes y jóvenes que fueron recibidas en el contexto de la campaña “La Educación que Necesitamos para el Mundo que Queremos”.
Impulsada de octubre de 2019 a abril de 2020, la campaña buscó reunir y visibilizar las voces de adolescentes y jóvenes de la región: sus luchas, demandas y opiniones, así como sus propuestas y desafíos relativos al derecho humano a la educación.
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Ecuador: Contrato Social por la Educación respalda decisión judicial que suspende el recorte de financiamiento para la educación superior
18 de mayo de 2020Tras la medida cautelar de la Corte Constitucional de Ecuador, que deja sin efecto la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades y que obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior del país, el Contrato Social por la Educación (CSE) divulgó una nota pública, en la que respalda la decisión y exhorta a la Corte para que falle de manera definitiva contra el recorte presupuestario por el gobierno.
“Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otros”, dice la nota.
Según informaciones de la Agencia Pressenza, el recorte de casi 100 millones de dólares afectaría a 31 universidades públicas y un organismo del sistema de educación superior del país. Pressenza también informa que las medidas cautelares de la Corte Constitucional del Ecuador responden a una acción de incumplimiento interpuesta por el colectivo Acción Jurídica Popular y disponen al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las autoridades de la función ejecutiva pertinentes, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Adicionalmente, la Corte detuvo los efectos de la Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, emitida por el Ministerio de Economía, en relación a los presupuestos de las instituciones de educación superior.
En las próximas semanas, la Corte Constitucional analizará los argumentos de fondo y determinará si, en efecto, ha habido incumplimiento a los parámetros constitucionales que deben regir lo referido al presupuesto para la educación en estado de excepción. La Corte también deberá decidir sobre otras causas pendientes de resolución por el mismo tema, entre ellas una acción por incumplimiento interpuesta por varias universidades.
“Es indispensable que organizaciones sociales, movimientos, estudiantes y docentes mantengan activas las formas de exigibilidad social y también la recopilación de información y envío de escritos de amicus curiae a la Corte Constitucional. Todos estos elementos serán de utilidad para que este órgano jurisdiccional adopte la decisión más favorable en la protección del derecho a la educación”, afirma el artículo publicado por Agencia Pressenza.
Educación básica y regular
Para el Contrato Social por la Educación, el recorte de financiamiento a las universidades es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica en el país, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas.
“Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo, el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas”, subrayó el CSE en su nota.
Lee a continuación el posicionamiento completo:
Respaldo a la decisión de la Corte Constitucional
La educación es un derecho humano fundamental que promueve el ejercicio de otros derechos. Es un bien público y estratégico que se debe proteger y potenciar.
Como Contrato Social por la Educación respaldamos la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de suspender el recorte presupuestario a las universidades y la disposición al Ministerio de Economía y Finanzas de abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior.
Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otras.
Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo, el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas.
Afectación a programas de alfabetización, despidos de docentes con contratos ocasionales, recortes en los niveles preescolares, ajustes en programas de educación de adultos son algunas de las consecuencias.
Exhortamos a la Corte Constitucional por una sentencia definitiva frente al recorte presupuestario y a las autoridades de gobierno que canalicen esfuerzos que protejan y garanticen el derecho a la educación como herramienta de desarrollo.
Quito, mayo de 2020
Fernanda: "Hay un interés estratégico político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado". Foto: conadu.org.ar[/caption]
Al lado de Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, Fernanda Saforcada elaboró el informe "Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina", el cual analiza las tendencias, los matices e impactos de esta temática para el derecho a la educación, en ámbito regional.
En esta parte del diálogo, Fernanda profundiza en los motivos y consecuencias del proceso de privatización de la educación superior en la región.
“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y también su interés en que no haya más educación”, así explica las intenciones de empresas con fines de lucro, que cada vez más invierten en la educación superior privada, como un negocio.
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La investigación cita la tendencia hacia un borramiento de la frontera entre lo público y lo privado en la región. ¿Puede explicar cómo y por qué se da este proceso?
Fernanda Saforcada - Nosotras hablamos de este borramiento entre lo público y lo privado por algunas cuestiones que emergieron en la investigación. La primera tiene que ver con cómo jurídicamente se deja de hablar de educación pública y educación privada, y se habla de educación en general. Luego, se distingue si la gestión es estatal o particular, como si fuese solamente un tema de gestión. Lo que está por detrás es el interés en hacer parecer que toda la educación es pública, incluso la privada. Esto se observa en todos los niveles educativos y también en la educación superior.“El primer borramiento entre lo público y lo privado se da en cómo jurídica, cultural o simbólicamente, se tiende a desplazar el sentido de lo público, pensando que dentro de lo público hay gestión estatal y gestión privada”En ese sentido, está presente la idea de que lo privado también es público porque estas universidades finalmente sirven o tienen “fines públicos”, “hacen un servicio público” y, por lo tanto, no se pueden pensar como cualquier otra entidad privada. Entonces, el primer borramiento entre lo público y lo privado se da en cómo jurídica, cultural o simbólicamente, se tiende a desplazar el sentido de lo público, pensando que dentro de lo público hay gestión estatal y gestión privada. La segunda cuestión, que va de la mano a la anterior, es el planteamiento de que la distinción público versus privado no tiene sentido, pues dicen que las universidades privadas más tradicionales son iguales a las universidades públicas. Se afirma que lo que habría de distinguirse es si son comerciales o no comerciales, o si son de calidad o no. En algunos países, aparece la distinción entre universidades con y sin fines de lucro. Lo que sostenemos es que estas son distinciones que se pueden hacer, pero que eso no implica dejar de tener presente la distinción entre universidad pública y universidad privada; no implica que tenga valor, y muy importante, en términos de regulación del sistema esta distinción entre público y privado. En la investigación, nos propusimos reconstruir las trayectorias de la privatización en los distintos países, y esto todavía está en proceso, ya que solamente publicamos la primera etapa. Pero, cuando uno mira a esas trayectorias de la privatización, lo que encuentra es que la primera ola de privatización se produce a mediados del siglo pasado y, sobretodo, por la acción de la Iglesia Católica. En esta primera ola, la mayoría de las instituciones privadas que se abren fueron universidades confesionales. Poco tiempo después, en el marco del desarrollismo, se abren algunas universidades privadas con una fuerte orientación técnica, pero pocas. A fines de los 1980 y comienzo de los 1990, aparece la privatización de instituciones. Entonces, vemos que las universidades privadas que surgieron con anterioridad buscan distinguirse de las que aparecen en los 1990. Se plantea que ya no hay sentido en hablar de público o privado, sino que se debe distinguir entre las universidades tradicionales y las nuevas, o entre universidades comerciales y no comerciales, de calidad y sin calidad. Se plantea que las nuevas universidades no tienen calidad.
“Cuando hablamos de privatización, no hablamos solamente en términos económicos, sino también en términos ideológico-políticos. Cuando hablamos de instituciones privadas en materia educativa, superior o básica, no solo se habla en instituciones privadas con interés comercial o económico, sino que muchas veces el interés es prioritariamente ideológico o filosófico-político”Desde nuestra perspectiva, dichas distinciones no quitan la importancia de diferenciar entre lo público y lo privado en términos de la forma cómo se regula el sistema. Cuando hablamos de privatización, no hablamos solamente en términos económicos, sino también en términos ideológico-políticos. Cuando hablamos de instituciones privadas en materia educativa, superior o básica, no solo se habla en instituciones privadas con interés comercial o económico, sino que muchas veces el interés es prioritariamente ideológico o filosófico-político. Por ejemplo, en las universidades confesionales, puede ser que haya una captación de recursos, pero el interés no pasa por el recurso económico, el interés primordial tiene que ver con la formación de subjetividades, acordes a un cierto ideario, doctrinario, ideológico. Entonces, somos muy enfáticas en la importancia de pensar la privatización en esta doble dimensión. Entendemos la privatización como proceso por el cual un sistema, un conjunto de instituciones se orientan al sector privado, o pasan a regirse por el sector privado, ya sea por sus objetivos o por sus formas de funcionamento económico o ideológico-político. En dicha equiparación entre lo público y lo privado, desaparece esta lógica y parece que la diferencia entre público y privado solo tiene que ver con lo comercial y no comercial, o con las formas de financiamiento. Planteamos lo contrario, pues las universidades son privadas porque funcionan de acuerdo a los intereses e ideario de un sector particular. Estas cuestiones, que son de corte más simbólico y político, tienen también una expresión material en el borramiento entre lo público y lo privado, como estrategia. Esta fue la manera que encontraron en muchos países, para redirigir fondos públicos - que históricamente eran invertidos exclusivamente en el sector público universitario - al sector privado. En este siglo, y sobre todo en los últimos cinco o seis años, fondos de investigación que antes solo se otorgaban mediante concursos u otros dispositivos de distribución, a investigadoras/es de universidades o centros de investigación públicos, empiezan a ser distribuidos de acuerdo al criterio de la “calidad” incluyendo sector público y privado. Lo que plantean estas políticas es que lo que importa es la calidad del proyecto de investigación o de los investigadores/as. No se habla sobre público-privado. Cualquier investigador puede concurrir a estos fondos, ya sea de universidad pública o de universidad privada. Lo mismo pasa con las becas para la formación de postgrado, investigación, o sistemas de incentivos a investigadores. Lo que encontramos es que hay una masa de recursos muy sustantiva que antes solo iba al sector público, y que este borramiento entre público y privado, y el desplazamiento a otras lógicas de distinción entre instituciones, habilitan a que una parte sustantiva de esos recursos se dirija al sector privado.
¿Cuáles son las principales diferencias entre los modelos público y privado en la educación universitaria latinoamericana, en materia de acceso, calidad, equidad, inclusión, etc.?
Fernanda Saforcada - Creo que la gran diferencia tiene que ver con lo que construye políticamente uno y otro, incluso más allá de lo que efectivamente se enseñe o se investigue dentro de estas instituciones. La idea misma de lo público - pensado como bien común -. en términos simbólicos y políticos, es bien potente. Me parece que eso es parte de cómo se construye, cultural y simbólicamente, al servicio de otras perspectivas políticas. Cuando empezamos a analizar caso a caso, por supuesto, que uno encuentra muchas contradicciones. En Brasil, el sector público universitario es identificado como de mayor calidad y donde se produce casi la totalidad del conocimiento, en términos de proceso de investigación. Pero, la condición para ingresar a la universidad es la selectividad, aunque haya sido tensionada con las políticas de cupos para personas negras, indígenas y con menos ingresos. O sea, se sigue construyendo la idea de una distinción entre quienes merecen, o no, estar en la universidad pública. Por supuesto, que defendemos la universidad pública, pese a los procesos de selectividad que, desde mi punto de vista, van a contramano del derecho a la educación. Esta es la universidad pública donde existen algunos elementos muy importantes que hacen a lo público, pero además es donde existe la potencia de construir algo distinto. Por eso, la privatización me preocupa más en términos ideológicos y políticos, que en lo económico. Por otro lado, están las universidades de bajo costo, que son un problema en Brasil y Perú, por ejemplo. No es algo que ocurra en todos los países, pero son instituciones que están ofreciendo una formación muy débil en la mayoría de los contextos. En realidad, no les importa la educación, sino el lucro. Captan una cantidad de recursos muy sustantiva y tienen a muchos jóvenes matriculadas/os. Eso les da un poder muy grande en términos de negociar con ámbitos de la política pública y actores de poder. Así, las universidades privadas son actores que cada vez tienen más poder. Nuestra investigación demuestra que la capacidad de incidencia del sector universitario privado en ámbitos de la política pública es notoria. Tienen capacidad de lobby en el poder ejecutivo, en los ministerios, capacidad para buscar las estrategias que les permitan ser parte creciente en los organismos y agencias de la definición de la política. Por ejemplo, si existe un consejo de educación superior, despliegan estrategias para tener cada vez más representantes en este espacio. Tienen capacidad de lobby o de ser directamente parte de los poderes legislativos. Suelen tener congresistas y legisladores propios, inclusive financian campañas políticas para legisladores.La investigación también afirma que hay una disputa respecto a los sentidos de la educación. ¿Qué está en juego?
Fernanda Saforcada - Lo que está en juego es el sentido de la educación. No se puede mirar la privatización universitaria por fuera de la privatización de la educación básica. En estas últimas fases del capitalismo post-Estado de bienestar, hubo una mirada del poder económico sobre la educación como un nicho comercial que no había sido explotado aún. Entonces, a partir de los 1990, hubo una arremetida clara del sector productivo para explotar el potencial de lucro en la educación, una posibilidad de negocio en gran escala, que todavía estaba mayoritariamente en manos de los Estados. Así se pensó en ir avanzando la explotación de este negocio desde los intereses de los países centrales y de las grandes multinacionales y corporaciones, apostando que avanzara el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS o GATS en inglés) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Cuando eso se frena, a fines de los 1990, y no logran que los países abran el sector educación dentro del Acuerdo General de Comercio de Servicios, entonces algunas empresas empiezan a desarrollar estrategias para expandir el negocio sea con sedes locales o con alianzas de empresas transnacionales para la venta de servicios educativos.“Hay un interés estratégico político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado”Por otro lado, en el contexto del neoliberalismo, se construyó la idea de la crisis del Estado y lo privado como la alternativa, de manera que se establecieron las bases simbólicas para la educación privada como salida, lo que implicaba formar otras subjetividades. Ahí hay un interés estratégico político de ciertos sectores de poder económico y político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado, en términos de redireccionarla a otro sentido. Milton Friedman, en su libro “Libertad de Elegir”, decía que “la educación constituye una isla socialista en el mar del mercado”. De alguna manera, lo que estaba planteando era que hay algo de ese modelo educativo público, estatal, orientado en términos de derechos, justicia social e igualdad, que entrañaba lo que él identificaba como socialismo. Realmente no es así, pero en todo caso camina en un sentido social. Hay un texto de Norbert Lechner, que escribió mirando Chile en los 1980, que plantea cómo la contrucción del orden que identificamos como neoliberal implicó una confluencia entre neoliberalismo y neoconservadurismo. La idea de poner el mercado en el centro de lo político y lo social –lo propio del neoliberalismo– fue una estrategia potente para desarticular las lógicas colectivas y de derechos del Estado de bienestar, para poder construir allí un nuevo modelo conservador que restaure el orden, las jerarquías y el control social. El razonamiento tiene lógica, pues, si en los 1990 presenciamos el auge del neoliberalismo, del individualismo y de la libertad del mercado, hoy los gobiernos autoritarios ya no siguen únicamente la lógica neoliberal y del mercado, sino que en estos tiempos vemos cómo ganan terreno políticas y perspectivas propias de una lógica conservadora de control, de jerarquía social, autoridad y orden. En este contexto, para estos sectores conservadores es preciso romper la forma en que históricamente se conformaron los sistemas educativos en los Estados liberales. En los orígenes de los sistemas educativos en el marco de los nacientes Estados liberales, la educación resultaba una herramienta potente para la formación de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, de sujetos que jugaran esas nuevas reglas de juego del Estado liberal. Ese es parte del origen de la idea de educación para todos y todas. Ahora ya no es necesario. Los Estados están instalados. Todas y todos somos partes de este orden social y político, y ya no es indispensable la educación de todas las personas para preservar ese orden. Así, según los sectores neoliberales y neoconservadores, lo que necesitamos ahora, por el contrario, es que la educación deje de alimentar la idea de lo igualitario, del derecho. Para eso, hay que romper con la educación pública, o por lo menos con su definición histórica. Creo que hay que mirar esa progresión histórica para entender por qué este grado de acción e injerencia de ciertos sectores del poder económico y político en la educación y las universidades.
¿Cuáles son los impactos de la privatización de la educación en los sentidos de la educación y para los sujetos de las comunidades educativas?
Fernanda Saforcada - Para las y los docentes, en general, implica formas precarizadas de trabajo. Por lo general, las universidades y escuelas privadas tienden a tener condiciones de trabajo más precarias, inestables, claro con muchas diferencias entre una institución y otra. Para las y los estudiantes, los impactos negativos son muchos, especialmente en lo que toca a las universidades de bajo costo. En Perú, por ejemplo, hay casos de universidades privadas con aranceles muy bajos, pero que un congresista que fue a recorrerlas encontró que, por ejemplo, una de ellas era un edificio de dos aulas, una con piso de tierra y otra con piso hasta la mitad; con un frente que parecía ser un edificio mucho más grande, pero que al entrar era pequeño o que tenían por allí tres profesores para dictar todas las materias de todas las carreras."Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y se resuelve también su interés en que no haya más educación"Hay también universidades que sólo dictan carreras a distancia, que contratan a un profesor para que escriba los módulos una vez y después usan esos módulos. Lo único que tienen es un tutor que, en muchos casos, no tiene formación. En estos casos, lo que hay es realmente una estafa. Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y se resuelve también su interés en que no haya más educación. La educación universitaria también tiene fines político-ideológicos muy claros. Uno puede identificar, por ejemplo, como algunas universidades privadas son las que forman los miembros de los gobiernos de derecha o de los gobiernos que avanzan hacia políticas que, en general, delimitan los derechos en los distintos países. Quienes ocupan estos cargos, en general, vienen de determinadas universidades privadas. Entonces, el hecho de ser instituciones de formación es lo que les da esta capacidad de incidencia e influencia en las políticas públicas. La universidad tiene que ver con la formación de más alto nivel de un sector importante y creciente de nuestras poblaciones. Aquí hay un cuestión política de enorme importancia: ¿a quién responde esta formación? ¿Responde a los intereses de un sector particular y a los intereses del poder económico? ¿Responde a los intereses de la iglesia católica? ¿Responde a lo que democráticamente definimos como bien común?
>>Lee la primera parte de la entrevista:El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado">
Fernanda Saforcada: La privatización educativa se realiza también con fines ideológicos y políticos
15 de marzo de 2020“Hay un interés estratégico y político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y uno de los modos es sacarla del Estado”, explica la investigadora argentina Fernanda Saforcada, en esta segunda parte de una entrevista sobre las tendencias hacia la privatización y mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe.
Al lado de Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, Fernanda Saforcada elaboró el informe “Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina”, el cual analiza las tendencias, los matices e impactos de esta temática para el derecho a la educación, en ámbito regional.
En esta parte del diálogo, Fernanda profundiza en los motivos y consecuencias del proceso de privatización de la educación superior en la región.
“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y también su interés en que no haya más educación”, así explica las intenciones de empresas con fines de lucro, que cada vez más invierten en la educación superior privada, como un negocio.
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Fernanda Saforcada: El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado
2 de marzo de 2020América Latina y el Caribe (AL&C), junto a la Asia Meridional Sur, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación superior. Más del 50% de las matrículas de AL&C están en las universidades privadas. Eso significa que la mayor parte de estudiantes en la región no tiene acceso a la educación superior pública. (más…)
