Foro Chileno denuncia persecución política
19 de noviembre de 2021“La Fiscalía insiste en imputar un delito que no existe. Denunciamos persecución política contra Magally Avila, quien participa hace años en el FODEP, defendiendo los DDHH [Derechos Humanos] de estudiantes. Exigimos que las manos sangrientas del Estado chileno se aparten de nuestra compañera”, afirma el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), que es uno de los foros miembros de la red CLADE, al publicar nota de repúdio a la violencia estatal que han enfrentado en Chile el 16 de noviembre.
Según el FODEP, Magally Avila, integrante del Comité Ejecutivo del Foro, ha sufrido injustamente del “bloqueo total de circulación con violencia-intimidación-obstáculo” por parte del Estado chileno. “Magaly señala su completa inocencia de los delitos que se le imputan y denuncia valientemente persecución política en su contra por ser activista y defensora de los derechos humanos. (…) A pesar de no existir pruebas para su formalización, la Fiscalía ha insistido en su intención de imputar un delito que no existe, confirmando la denuncia de persecución política y montaje”, afirma la nota.
Persecución política
El contexto de persecución política que viven los y las estudiantes y organizaciones en Chile no es reciente. El año pasado, la CLADE lanzó una publicación sobre la criminalización de jóvenes que relata y analiza casos de persecución en Chile y más tres países: Colombia, Honduras y Nicaragua.
Para debatir el tema, principalmente en el contexto de recrudecimiento de la violencia y criminalización en contra de los y las estudiantes en Chile, como la negación de diálogo por parte de las autoridades, la prisión y el secuestro de jóvenes, el foro organizó, el 15 de noviembre, el evento Alerta Educativa 331 – Libertad a lxs 12: El caso de la Universidad de Concepción (2021).
Mira la grabación del evento:
Vernor Muñoz: “La educación necesita, en primer lugar, financiación estatal y no caridad o filantropía”
12 de noviembre de 2021“La Declaración de Incheon establece que todos los países deben asignar eficazmente al menos el 4 – 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y al menos el 15 – 20% del gasto público total a la educación. A pesar de ello, existe un déficit de financiación externa de 39.000 millones de dólares, pero este cálculo ignora el déficit de financiación interna, mucho mayor”. Fue lo que afirmó Vernor Muñoz, director de políticas e incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), durante su participación en el Segmento de Alto Nivel de la Reunión Mundial sobre la Educación 2021 (GEM, por su acrónimo en inglés), encuentro organizado por la UNESCO que reunió a líderes de educación de 40 Estados del mundo este miércoles (10/11) para adoptar la Declaración de París.
Con su intervención, Muñoz hizo un llamamiento mundial para aumentar la inversión en educación, especialmente tras la crisis de la COVID-19.
Según el director de políticas e incidencia de la CME, para que el financiamiento educativo sea garantizado, la comunidad internacional debería considerar la cancelación de la deuda y el alivio de la misma para desbloquear fondos en los presupuestos de los países en desarrollo. “Los bancos no deberían estar facultados para hacer negocios a costa de cualquier emergencia económica o humanitaria”, subrayó.
“La Campaña Mundial por la Educación recomienda la creación de sistemas fiscales nacionales progresivos y ampliados. La elaboración de presupuestos nacionales para la Educación requiere aumentar: el tamaño de los presupuestos en general, la proporción de los presupuestos para la educación, la sensibilidad de los presupuestos para responder a los más marginados y el escrutinio de los presupuestos, para que los gobiernos rindan cuentas a la gente”, destacó también.
>> Lee la intervención de Vernor Muñoz completa.
1.600 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela
Según la UNESCO, en el fragor de la pandemia, 1.600 millones de niños, niñas y adolescentes quedaron fuera de la escuela. De ellos y ellas, 500 millones de estudiantes, principalmente en países del Sur, no tienen acceso a la enseñanza a distancia. Actualmente, de acuerdo con la institución, las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en 65 países, lo que afecta a 750 millones de estudiantes.
“Estos riesgos para la escolarización de los niños se inscriben en un contexto mundial de falta de inversión en educación. Desde 2015, los Estados Miembros de la UNESCO acordaron financiar la educación a un nivel de entre el 4 y el 6% del PIB o entre el 15 y el 20% del gasto público, pero la mayoría de los países aún no han alcanzado este umbral. Además, parece que sólo el 1% del importe de los paquetes de estímulo posteriores a la COVID-19 se destina a la educación en los países de bajos ingresos y sólo el 2,9% en los países desarrollados”, afirma UNESCO en su página web.
Declaración de París: frente a las desigualdades educativas
“Hacemos hincapié en la urgencia de hacer frente a las crisis y a las desigualdades educativas exacerbadas por la pandemia del COVID-19, que amenazan el avance arduamente logrado hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y hacen que los grupos y los estudiantes marginados y vulnerables queden aún más rezagados, especialmente los que viven en la pobreza, en áreas remotas y rurales, las mujeres y las niñas, los afectados por las crisis y los conflictos y las personas en situación de discapacidad”, afirman líderes mundiales en la Declaración de París, adoptada durante la Reunión Mundial sobre la Educación 2021.
En la declaración final del encuentro también se afirma que la educación es una inversión que requiere una financiación sostenible. “Reconocemos que los recursos nacionales, en particular a través de los ingresos tributarios, son esenciales y siguen siendo la principal fuente de financiación de la educación. Nos basamos en los llamados a la acción precedentes para priorizar, proteger y aumentar la financiación nacional de la educación, incluida la Declaración del presidente Kenyatta y de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países en desarrollo asociados a la Alianza Mundial por la Educación”.
Además, la carta insta a todos los gobiernos a cumplir sin demora con los compromisos que asumieron en el Foro Mundial de la Educación, celebrado en Incheon en 2015 y en las Reuniones Mundiales sobre la Educación de 2018 y 2020, como el de asignar a la educación al menos el 4-6% del PIB y/o al menos el 15-20% del gasto público total.
>> Lee la Declaración de París completa.
Congreso reúne experiencias educativas de América Latina y el Caribe
11 de noviembre de 2021Generar intercambios en materia de hallazgos, aprendizajes y abordajes metodológicos para hacer frente de manera colectiva a las complejidades del escenario actual de la Educación en América Latina y el Caribe. Ese es el objetivo del Congreso Experiencias Educativas 2021, que se llevará a cabo de 17 a 19 de noviembre de 2021, de manera virtual.
La iniciativa es impulsada por Fundación SES junto a un conjunto de instituciones co-organizadoras, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), que organizará tres paneles como parte del programa del Congreso, los cuales abordarán la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), la incidencia legislativa para defender el derecho a la educación, y justicia fiscal, deuda y financiamiento educativo. Los tres paneles serán realizados el 18 de noviembre en español, y contarán con traducción simultánea al inglés, portugués y francés, además de interpretación en lengua de señas internacional. En el caso del panel sobre EPJA, se brindará traducción a creole en lugar del francés. Los encuentros de apertura y cierre contarán con traducción al francés, inglés y portugués.
Mira a continuación más detalles sobre las actividades de la CLADE en el Congreso:
17/11
11:00 (hora de Argentina) – Apertura del Congreso
18/11
11:00 (hora de Argentina) – La situación de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en América Latina en el contexto de Pandemia – Panorama descriptivo y analítico
12:30 (hora de Argentina) – Diálogo sobre el derecho humano a la educación e incidencia legislativa
14:00 (hora Argentina) – Fiscalidad, Deuda y Financiamiento de la Educación: caras de la inclusión educativa en América Latina y el Caribe
19/11
12:30 (hora Argentina) – Clausura del Congreso
Entérate más sobre el evento que discutirá experiencias educativas en América Latina y el Caribe. Las inscripciones todavía están abiertas y son gratuitas. ¡Participa!
Desirée López de Maturana: “Ninguna respuesta educativa se hace sola, sino que requiere de un sistema”
En el marco de la campaña “Junio por la Educación y el Cuidado en la primera infancia”, se realizó el 29 de junio una live en Instagram, donde se lanzó la publicación “Sistematización de Experiencias de Atención y Educación en la Primera Infancia en América Latina y el Caribe en el Marco de la Emergencia Causada por la Pandemia del COVID-19”. La entrevistada fue una de las coordinadoras del estudio, Desirée López de Maturana, coordinadora regional de la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP) Latinoamérica.
A continuación compartimos algunas de las ideas que se destacaron en este diálogo.
La publicación aborda experiencias de Bolivia y Uruguay: ¿por qué estos países y experiencias?
La idea era analizar dos países de una misma región que son muy distintos, verificando sus respuestas ante una situación común: la pandemia COVID-19. La pandemia desnudó, para ambos los contextos, precariedades que ya venían desde antes, frente a las cuales hubo reacciones diferentes en cada país, de acuerdo a andamiajes preexistentes.
Bolivia y Uruguay son países con realidades políticas, de población y gobernanza distintas. Bolivia tiene un Estado plurinacional, con pluralismo político, jurídico, cultural, lingüístico, con un alto porcentaje de población indígena, lo que lo hace muy particular. Este país tiene una forma más comunitaria de abordar la crisis, lo que hizo posible generar propuestas comunitarias alternativas de trabajo educativo, como un soporte fundamental.
Uruguay, a su vez, desde el 2007, contaba con una red de conectividad, a través del plan Ceibal. Por este plan, casi el 100% de las escuelas del país tiene conexión a Internet, así como algunas plazas y sectores y espacios públicos. El sistema, entonces, facilitaba las respuestas, así como una herencia progresista del país, en términos de gobernanza sistémica, articulada, donde la sociedad se suma y participa. Sin embargo, con el cambio de gobierno en el país, ya hubo retrocesos y empezaron a reducir ciertos presupuestos.
Aprendizajes comunes que se pueden sacar de las experiencias
Es posible reconocer que ninguna respuesta educativa se hace sola, sino que requiere de un sistema, de articulación, de cómo se aborda el sistema del Estado. Fue fundamental el soporte afectivo, el sostener una relación socioafectiva, a partir del vínculo de las escuelas con las familias, usando soportes de conectividad, en el caso de Uruguay por ejemplo. Se valoran la creatividad y todo lo que surgió desde el personal educativo, que buscó distintas maneras de seguir educando, pese a la pandemia: a través de cápsulas, boletines, revistas, videos, etc.
Se resalta, así mismo, la necesaria articulación entre la educación y otros campos de las políticas públicas: la salud, la alimentación, la protección social. Las familias no pueden estar disponibles si no tienen otros temas sociales resueltos: formalidad de empleo, bonos para mantenerse en casa, etc.
En el caso de Bolivia, se resaltó como un valor la cosmovisión al servicio de los niños y niñas desde un rasgo cultural identitario muy potente, que ponía al ser, al saber hacer y al saber decidir como dimensiones de la formación de una ciudadanía crítica desde la primera infancia. En este país, también fue central la alianza con la Universidad de El Alto, por la cual estudiantes de la carrera de educación parvularia asistían a las casas y buscaban soluciones para seguir educando, en diálogo con las familias de contextos rurales y sin Internet, desarrollando actividades en lugares abiertos, en contacto con la naturaleza. La posibilidad de estar al aire libre tenía sentido desde una cultura que valora la relación con la naturaleza.
Se necesitan Estados fuertes, políticas intersectoriales y financiamiento
Las experiencias demostraron que es fundamental el apoyo del Estado a las familias y a educadores y educadoras para que puedan desarrollar y fortalecer buenas prácticas. En Bolivia, por ejemplo, se introdujo un bono a las familias, para mantenerlas en sus hogares de manera que pudieran participar en ese proceso educativo de sus hijas e hijos. Como resultado, hoy las familias están más atentas, con más información, más participación en los procesos educativos. Las radios fueron muy usadas en este país para mantener el vínculo con las familias y mandarles mensajes constantemente.
La fortaleza del contexto de Uruguay son sus políticas intersectoriales, es el abordar la cuestión educativa en un contexto de protección social, salud y otros derechos que estén a altura. No podemos resolver el tema educativo sin vinculación con otros organismos y campos. Las comunidades educativas de Bolivia hicieron mucho esfuerzo porque trabajan en comunidad, pero eso no debe precarizarse y los programas alternativos deben ser más sólidos, tener financiamiento para que alcancen más gente. Se requieren políticas públicas intersectoriales que involucren diferentes actores y no dejen la responsabilidad solo en las manos de las familias.
Hay temas y derechos que se cruzan con la educación: conectividad, precaridad laboral, protección social, salud. Este es un desafío de los Estados y que la crisis dejó en evidencia: abordar los derechos de manera fragmentada no sirve, pues así no se conoce el panorama completo y no están los recursos para abordar los temas de manera sistémica. El sistema permite que las prácticas lleguen a más personas, valorizando las diversidades, pero garantizando igualdad de derechos.
La creatividad del personal educativo y las TIC al servicio de la buena educación
Se valoraron la creatividad y las posibilidades que encontraron educadoras y educadores para mantener el vínculo afectivo, la perspectiva lúdica de la educación y la participación de las niñas y niños en su proceso educativo, pese a la pandemia. En las experiencias abordadas en el estudio, se utilizaron las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) al servicio del proceso educativo, no lo contrario. Ahora es un desafío regular el tema y hacer que la conectividad a Internet se reconozca como un derecho humano.
Estrechar el vínculo con las familias y las comunidades, a través de las TIC y más allá, fue un acierto, que permitió desarrollar mejor los procesos alternativos de educación en la pandemia. Son un aprendizaje y una práctica que deben fortalecerse en la postpandemia.
Mira a la entrevista aquí:
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Hegemonía, cultura y educación fueron temas de panel realizado por CLADE, CLACSO y CME
9 de noviembre de 2021Subjetividades, identidades individuales y colectivas, diversidad, democracia, uso de la fuerza, derecho a la educación, cultura, pandemia, desigualdades son algunos de los elementos analizados por Orlando Pulido Chávez, profesor de la Universidad Javeriana, en su libro “Hegemonía, cultura y educación. Introducción a las Estructuras Culturales Disipativas”, que fue lanzado el 29 de octubre durante un panel organizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME).
El libro igualmente fue publicado por iniciativa de CLACSO, en alianza con CLADE y CME.
“Cuando escribí este libro lo hice con la intención de hacer un balance de todo lo que había sido significativo en mi formación profesional, investigativa, política, militante. Era como un ajuste de cuentas con mis referentes, mostrar mis referencias más allá de Gramsci. Ya no pienso así del libro: y ahora, qué viene? El libro no está cerrado, no está acabado.”, explica Orlando Pulido Chávez.
Además de Orlando Pulido Chávez, participaron del evento Vernor Muñoz Villalobos, director de políticas, incidencia y campañas de la CME; Pablo Vommaro, de CLACSO; y Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
Para Nelsy Lizarazo, el libro sitúa toda la cuestión de la educación en un escenario muy amplio y muy complejo que tiene que ver con la cultura, con la política. “Es decir, pone a la educación en un contexto de la complejidad en que la educación realmente está inserta y ese aporte de pensamiento complejo, de inserción de la reflexión de la educación en ese pensamiento es un aporte tremendo en tiempos en que las tendencias a la simplificación y a la fragmentación a veces nos ganan”, explica.
2 webinarios para conocer la relación entre Paulo Freire y la Educación para Personas Jóvenes y Adultas
5 de noviembre de 2021Por ocasión del centenario de Paulo Freire, que se celebró el 19 de septiembre de 2021, la CLADE impulsó la campaña #PauloFreireVive: Una educación para la democracia, durante todo el mes de septiembre. Articulada a la Campaña Latinoamericana y Caribeña en Defensa del Legado de Paulo Freire, organizada por el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la iniciativa contó con acciones de movilización, comunicación, sensibilización, diálogos e intercambios, que destacaron la importancia del legado de Paulo Freire para fortalecer las democracias y la educación emancipadora y garante de derechos en nuestra región y en el mundo.
Entre las actividades, la campaña realizó dos webinarios muy útiles e interesantes. Entre otros temas, se abordó la relación entre Paulo Freire y la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) como un derecho humano a lo largo de la vida.
Webinarios para conocer ya:
El 3 de septiembre, la CLADE realizó el webinario “Pensamientos y prácticas de Paulo Freire para responder frente a las amenazas a la democracia: perspectivas desde los continentes”
El 30 de septiembre, la Plataforma de Redes Regionales por la EPJA realizó el webinario “Educación para Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el Caribe: situación, horizontes y pensamiento freireano”
Puntos-clave de la relación entre Paulo Freire y la Educación de Personas Jóvenes y Adultas
Los webinarios abordaron la relación entre el educador brasileño y la EPJA, destacando la importancia del acercamiento del legado del autor y de su pensamiento para fortalecer dicha modalidad educativa como un derecho humano promotor de otros derechos y de una vida digna.
Algunos puntos que se destacan como contribución de Paulo Freire:
- El fortalecimiento de la EPJA como educación popular y un derecho humano promotor de otros derechos fundamentales;
- La propuesta de alternativas liberadoras frente a las tendencias conservadoras en la educación regional (algo que se está viviendo en el continente en el campo educativo, como se nota en la criminalización de los movimientos estudiantiles y docentes en varios países de América Latina y el Caribe, por ejemplo);
- Aportes clave al pensamiento pedagógico político para contribuir al análisis crítico de las tendencias conservadoras y hegemónicas en la educación;
- La promoción de experiencias y alternativas que abren posibilidades concretas al pensamiento crítico y al ejercicio democrático;
- La universalidad: la creación y experimentación de espacios educativos públicos, comunitarios y sociales;
- La defensa de una educación emancipadora y democrática, que contribuya a la liberación de todas las opresiones y a la participación social por la construcción de comunidades y un mundo más justos, sanos, sostenibles e igualitarios.
De acuerdo a la perspectiva de Paulo Freire, las desigualdades, discriminaciones y opresiones, que fueron agravadas por la pandemia, invitan a profundizar los esfuerzos por la defensa de la democracia, a través del fortalecimiento de los movimientos sociales en defensa de los derechos y libertades, por el derecho humano a la educación y por su potencial transformador.
Otros aspectos del legado de Freire para reflexionar
Participante del webinario del día 3 de septiembre, “Pensamientos y prácticas de Paulo Freire para responder frente a las amenazas a la democracia: perspectivas desde los continentes”, el especialista y educador Pedro Pontual, de CLADE y CEAAL, criticó el actual modelo hegemónico de educación y destacó como alternativa la propuesta de educación liberadora planteada por Paulo Freire. En el marco de la campaña #PauloFreireVive, Pontual explicó que la perspectiva dialógica defendida por Freire, que reconoce en los educandos y las educandas un saber hecho de sus experiencias, de su relación con la vida, y que entiende que la función de la educación es crear situaciones de aprendizaje, no la transferencia “bancaria” de conocimientos, es uno de los principales aportes del pensamiento del educador brasileño. Este legado, sin dudas, es clave para la realización de la EPJA como un derecho humano a lo largo de la vida y desde una perspectiva de derechos.
Pontual señala, aún, que crear situaciones donde los educandos y educandas tienen la oportunidad de apropiarse de conocimientos para ampliar sus nociones del mundo basados en su propia experiencia es lo que, según Freire, viabiliza una acción nueva y transformadora en relación con su realidad.
¡Accede al diálogo virtual Educación para Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el Caribe y consulta también muchos otros contenidos sobre la importancia del legado de Paulo Freire para la EPJA en nuestra página: www.redclade.org/epja!
5 documentos para entender la importancia de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas
4 de noviembre de 2021La CLADE produce, reúne y divulga diversos materiales de miembros de su red y organizaciones aliadas, en los que se demuestra la importancia de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) para alcanzar una vida digna y un mundo más justo, igualitario y sostenible. Sigue el paso a paso para enterarte sobre el tema.
No más retórica, acciones y rendición de cuentas: este posicionamiento colectivo se basa en el compromiso histórico y ético de redes regionales que lo impulsan. Se constata, en términos generales, que todos los países de América Latina y Caribe firmaron los acuerdos internacionales. Ellos refrendaron con normas nacionales políticas destinadas a asegurar el derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Sin embargo, se verifica que el cumplimiento de estos acuerdos y normas es reducido. Por esas razones, las redes integrantes de la Plataforma de Redes Regionales por la EPJA en América Latina y el Caribe, afirman que en la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (Confintea VII), que se celebrará en el 2022 en Marruecos, no será suficiente la suscripción de una marco de acción más por parte de los gobiernos, si se olvida la puesta en práctica. “Reunimos propuestas para generar una cultura de participación social, desarrollar en organizaciones capacidades para la exigibilidad del derecho a la EPJA, incorporar el Marco de Acción de la Confintea VII (que va a pasar el 2022), generar espacios de diálogo socio-estatal, así como una articulación de los actores involucrados en el evento”, afirman las redes.
Presentado a las autoridades reunidas en la II Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, este documento se lanzó para plantear la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, así como para el logro de la la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así subraya, entre otras recomendaciones para alcanzar esta agenda, la importancia y el efecto de la EPJA, garantizada desde una perspectiva de derechos, para el fortalecimiento de la equidad e igualdad de género y para generar a sus sujetos y sujetas más libertad y autonomía, contribuyendo a su capacidad de transformación y participación social.
El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) es un movimiento de organizaciones, instituciones, educadoras y educadores populares que, junto a otros actores sociales de la región y del mundo, desde opciones políticas críticas y emancipadoras, contribuye a la constitución de sociedades sin inequidades y exclusiones, especialmente de mujeres, poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes. Ante la convocatoria a la séptima Conferencia Internacional de Educación de Adultos (Confintea VII), a celebrarse en Marruecos, en 2022, y frente a las crisis actuales, que hacen evidentes la exclusión y la desigualdad en el mundo, sumadas a los efectos de la pandemia, este pronunciamiento defiende y plantea perspectivas críticas, propositivas y participativas para fortalecer la EPJA pública y gratuita como un catalizador de la construcción de otro mundo posible y de la superación de las crisis que vivimos.
La Revista Latinoamericana y Caribeña de Educación y Política, la Revista Piragua, presenta el tema de la educación popular en tiempos de transformación. Desde un editorial que trata del “Momento histórico inédito que desafía a la reinvención de los procesos de educación popular”, se puede leer sobre la EPJA y su relación con enfoques como visiones críticas y pandemia, pedagogías desde el Sur, voces jóvenes y más.
Esta sistematización de encuentros sobre EPJA realizados por la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) trae la perspectiva de quienes participan de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el país. Estas personas señalan especialmente las posibilidades, los desafíos, la colectividad y los efectos y alternativas para la modalidad durante la pandemia. Esos aspectos invitan a reflexionar acerca de la EPJA junto a las juventudes y a las cuestiones de género. Así mismo, traen narrativas fundacionales de la educación comunitaria y de la educación para personas jóvenes y adultas, narrativas que plantean la educación como práctica de libertad. El documento busca abordar ”cómo pedagogizar la situación de la pandemia para hacer devenires emancipadores en la práctica educativa (un darnos cuenta desde la experiencia en común) y para hacer política de la resistencia como esperanza, política para traer aquí lo “aún no”, para hacer utopías concretas”
¡Accede a los materiales y entérate ahora!
Fiscalidad y Educación: las dos caras de la inclusión educativa
29 de octubre de 2021La asignación, distribución y ejecución de los presupuestos en educación está íntimamente relacionada sobre el impacto de los flujos financieros: los lícitos y también los ilícitos.
En el marco del Congreso Regional de Experiencias Educativas 2021, se presentará el informe sobre “Financiamiento educativo y justicia fiscal” que comprende un acercamiento al tema y fue realizado gracias al trabajo conjunto entre CLADE, Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.
Este trabajo busca instalar el debate y abrir un proceso de investigación escalable a nivel regional sobre el impacto que tienen los flujos financieros ilícitos (FFI) y el abuso fiscal corporativo sobre los presupuestos educativos
“En los países latinoamericanos, la necesidad de disponer de recursos adicionales para financiar los servicios sociales, la infraestructura y la inversión educativa ponen de manifiesto la urgencia de vincular fiscalidad y educación en las discusiones sobre las políticas públicas”, plantea el informe.
A su vez afirma que “para incrementar la inversión social en educación es necesario que la comunidad educativa regional considere activamente la relevancia que la actual estructura tributaria y en específico el impacto que los flujos financieros ilícitos (FFI) tienen sobre el desfinanciamiento de la inversión social, ya que significan pérdidas cuantiosas en términos de ingresos tributarios no recaudados”.
El panel se realizará el 18 de noviembre, a partir de las 14:00 (hora de Argentina), y contará con especialistas, entre ellos, Esteban Serrani, investigador del informe; Luis Moreno, Coordinador de Justicia Fiscal en Latindadd y miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, y Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (Resalde), cuya persona representante, a confirmar, compartirá hallazgos de un estudio sobre deuda y financiamiento educativo en El Salvador.
El evento se realizará en español, con traducción simultánea a portugués, francés e inglés, además de interpretación en lengua de señas internacional.
➡️ ¡Conoce el programa completo, e inscríbete para participar en este y otros paneles, a través de nuestra web! http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/
Accede a la publicación original.
Chile: Estudiantes de la Universidad de Concepción protestan contra criminalización y represión de jóvenes manifestantes
22 de octubre de 2021El último martes [19 de octubre], cuando se conmemoraron dos años del inicio de las revueltas sociales en Chile, estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción impulsaron manifestaciones durante los días 18 y 19 de octubre, a las cuales se sumaron en torno de 40 carreras, con el objetivo de recordar el comienzo del estallido social en el país, y presentar un pliego de demandas a la rectoría, entre ellas la retirada de una querella judicial contra 12 jóvenes, por su participación en protestas sociales.
“Entre fines de 2019 e inicios de 2020, se llevó a cabo una jornada extensa de protestas en Chile. En el caso particular de Concepción, entre enero y marzo de 2020, tuvieron lugar situaciones en el espacio de la universidad, en donde a mediados del año se interpuso una demanda por la fiscalía, en la cual la universidad actuó como querellante contra 12 jóvenes, que pasan por un proceso de prisión política. Es una situación compleja para las familias, ya que había una cantidad de jóvenes que era menor de edad en aquel momento en que fueron detenidos y cuando empezó el proceso. Hemos estado organizados en contra de esa querella”, afirma Jocelyn Campos, estudiante de Administración Pública y Ciencias Políticas, vocera de la toma de la rectoría de la Universidad de Concepción.
“Dentro de lo que significó esta fecha y, en línea de esta conmemoración, decidimos hacer esta acción más directa que fue tomarnos la rectoría de la Universidad de Concepción porque, con anterioridad, ya se había señalado a la rectoría nuestra demanda para que retiren la querella que presentaron en el 2020, y culminó en la detención de 12 jóvenes que se manifestaron en Concepción en el marco del estallido social”, explicó Felipe Herrera, representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (UdeC) y también vocero del movimiento.
Además de exigir la retirada de dicha querella, se buscó con la toma de la rectoría presionar por la realización de una reunión entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes presos y de sus familias.
“Tomamos la rectoría a las 8h de la mañana del 19 de octubre, y ya antes de las 9h habíamos tenido contacto con la rectoría, señalando que podríamos conformar una reunión como voceros del movimiento, con el rector y otros representantes de la rectoría. Hubo esa reunión, en la cual el rector aceptó tener un encuentro con representantes y familiares de los 12 jóvenes. Luego, con el atendimiento de esta primera demanda, se decidió retirar la toma”, agregó Felipe Herrera.
El encuentro entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes y sus familias se había agendado inicialmente para esta tarde (a las 15h, hora de Chile, en la casa de la rectoría), y estaba prevista en este contexto una concentración a las afueras de la rectoría para apoyar a que se retire la querella contra los 12 jóvenes. Sin embargo, la última información recibida es la de que esta reunión fue suspendida y todavía no tiene nueva fecha.
Represión y violencia
Además del caso de criminalización mencionado, hay denuncias de que carabineros actuaron de forma ilegal, amenazadora y represiva contra estudiantes movilizadas/os en la toma de la rectoría, haciéndoles inclusive control ilegal de identidad.
Según el medio Resumen, “dos jóvenes fueron detenidos ilegalmente al interior de la Universidad de Concepción y permanecieron secuestrados durante horas, por lo que fue interpuesto un recurso de amparo inmediatamente ante la gravedad de los hechos, que recuerdan la forma de actuar en dictadura y que viola flagrantemente la autonomía universitaria”.
“Como estudiantes organizadxs observamos la reanudación de las conversaciones entre las autoridades de la UdeC y los familiares de los 12 de forma positiva, e instamos a la comunidad a estar expectantes en la concreción de este acuerdo. Pero, a pesar de ello, no nos podemos quedar al margen de la situación de amedrentamiento que vivimos por parte de Carabineros y rechazamos cualquier acción que busque reprimir la protesta y lucha de quienes buscan una sociedad más justa e igualitaria”, afirman las y los estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción, en posicionamiento.
>> Lee aquí el comunicado completo.
>> Escucha noticiero producido sobre este caso, por ALER.
Estudio revela que no es crisis, es un proyecto: las reformas estructurales que reducen el Estado y limitan el derecho a la educación en Brasil
19 de octubre de 2021Estudio elaborado por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación (CNDE) demuestra que las reformas recientes realizadas en Brasil, en base al discurso de la austeridad económica y la crisis financiera, han reforzado desigualdades estructurales, a contracorriente de la necesidad de aumentar financiamiento para derechos sociales en el país, entre ellos el derecho a la educación.
Estas reformas, al tiempo en que reducen el rol del Estado brasileño como garante de derechos, impactan de manera negativa los avances en los campos sociales que se habían conquistado en las últimas décadas en el país, precarizando los servicios públicos. Con características de complementariedad y continuidad, las medidas que están en línea con las demandas de las élites económicas atacan a las bases del funcionalismo público, incluyendo la educación pública, y refuerzan desigualdades estructurales del contexto brasileño, situación que se agrava en el contexto de pandemia.
Estos son hallazgos del estudio intitulado “No es una crisis, es un proyecto: los efectos de las Reformas del Estado entre 2016 y 2021 en la educación” (en portugués), elaborado por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación (CNDE), con el apoyo de ActionAid, y en colaboración técnica de Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Plataforma DHESCA y coalición “Direitos Valem Mais”.
El estudio es la colaboración brasileña a una investigación global coordinada por ActionAid sobre cómo las políticas de austeridad económica están precarizando el trabajo de servidores y servidoras públicas/os, en especial de la educación, en diversos países donde la organización actúa. En este esfuerzo, los países mapearon los impactos de las reformas de austeridad fiscal promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus contextos.
La investigación en Brasil observa las reformas implementadas en el país a partir de 2016, cuando tuvieron lugar el impeachment de Dilma Rousseff y la aprobación de la Enmienda Constitucional (EC) 95/2016, la cual estableció un techo para los gastos públicos, congelando inversiones en educación, salud y asistencia social por 20 años. Luego, mira la serie de reformas que fueron impulsadas en el país bajo el argumento de la crisis financiera: las reformas laboral, tributaria y administrativa que fueron aprobadas, o están en debate en el Congreso Nacional brasileño. El estudio sistematiza informaciones esenciales y analiza las justificativas que se presentaron para las medidas, presentando argumentos contrarios que demuestran el impacto y los riesgos de las reformas para los campos sociales, especialmente la educación. Se verifica que las medidas analizadas tienen múltiples camadas, como la reducción del papel del Estado, la precarización de vínculos laborales y el desmonte de servicios públicos.
“Hace años que estamos denunciando y actuando sistemáticamente contra una serie de reformas propuestas en los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Brasil, que han dañado los derechos sociales, especialmente el derecho a la educación. Este estudio va de la mano con ese trabajo, mostrando en detalle que se trata de una agenda amplia que está en curso, combinada y complementaria, de reformas que contrarían principios constitucionales y de derechos, buscando deformar el rol del Estado”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora general de la CNDE y una de las coordinadoras del estudio en Brasil.
>> Descarga el estudio completo aquí.
Mira la grabación del evento de lanzamiento de la publicación:
Parte 2: Un análisis de la austeridad a partir de la raza y del género
Las reformas que reducen la capacidad del Estado brasileño de atender a su población impactan de manera más grave a las mujeres y niñas negras, de acuerdo con la segunda parte del estudio elaborado por la Campaña Brasileña [disponible aquí – en portugués].
El análisis “No es crisis, es un proyecto: los efectos de las reformas del Estado entre 2016 y 2021 en la educación – Subsidios para un análisis desde la raza y el género” hace un mapeo de parte de las medidas de austeridad implementadas y en debate en el país, poniendo luz en la lógica del obstáculo que crean a las políticas públicas.
En esta parte 2, la investigación se enfoca en mostrar que la desfinanciación de políticas públicas y protección social generadas por estas medidas profundizan desigualdades educativas. Grupos de la población históricamente marginalizados, en especial mujeres y niñas negras, son las personas más afectadas.
Mira a continuación la grabación del lanzamiento de la segunda parte del estudio de la Campaña Brasileña.
Pedido de impeachment contra el ministro de Economía Paulo Guedes
Poco antes del lanzamiento del estudio de la CNDE, la coalición “Direitos Valem Mais” [Derechos valen más], una articulación que reúne a más de 200 entidades de Brasil, entre ellas la Campaña Brasileña, presentó una demanda ante la máxima corte judicial del país, el Supremo Tribunal Federal (STF), en la que se hace un pedido de impeachment contra el ministro de Economía del gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes.
En la denuncia, se acusa al ministro de crimen de responsabilidad durante la gestión de la pandemia COVID-19. En septiembre, la Coalición “Direitos Valem Mais” y la Plaforma Dhesca Brasil presentaron los principales argumentos de la denuncia en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual abordó violaciones de derechos cometidas por el Estado brasileño en el contexto de pandemia.
El principal punto de la acusación es que el ministro Paulo Guedes dejó de asignar en la propuesta de presupuesto para el año 2021, enviada para aprobación por el Congreso Nacional, recursos para el enfrentamiento de la COVID-19 este año, enfermedad que tuvo hasta el mes de agosto de 2021 aproximadamente el 65% de muertes y el 62% de contagios desde el inicio de la pandemia. El ministerio de Economía brasileño confesó ante comisión parlamentaria del Congreso Brasileño, que no dedicó recursos específicos para combatir la pandemia en la ley presupuestal de 2021, la cual fue elaborada por el gobierno en el 2020.
“Bloquear el presupuesto público brasileño e impedirlo de servir a la concretización de derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal es crimen de responsabilidad, en la medida que representa violación a los principios de la Ley Presupuestal”, afirma la abogada Eloísa Machado, representante de la coalición “Direitos Valem Mais”.
El pedido de impeachment también llama la atención para los impactos negativos a las políticas sociales y ambientales causados por la gestión de Paulo Guedes, quien ocupa el puesto desde enero de 2019. Según “Direitos Valem Mais”, el ministro viene actuando en el sentido de profundizar la pobreza en el país. De acuerdo con datos del Cadastro Único para programas sociales (CadÚnico), la pandemia profundizó la desigualdad social, aumentando el número de personas en situación de extrema pobreza en Brasil. En marzo de 2020, inicio de la pandemia, había cerca de 13,5 millones de personas en esta situación. El número aumentó para 784 mil personas em marzo de este año, representando un crecimiento de 5,8%.
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Paulo Guedes y otras autoridades de la región son acusadas de evasión fiscal
Cinco años después de los escándalos de Panamá Papers, acción que expuso la existencia de cuentas de millonarios de todo el mundo en paraísos fiscales, una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), llamada Pandora Papers, revela que jefes de Estado y autoridades están escondiendo montos grandes de dinero bajo el nombre de empresas fraudulentas y enviando sus recursos a países donde son más bajas las tasas de tributos, y son menos transparentes las reglas e informaciones fiscales.
Entre las autoridades de todo el mundo denunciadas porque estarían enviando grandes montos de recursos propios o sin origen claro, a destinos considerados paraísos fiscales, como Dubai, Singapura y Hong Kong, están 14 líderes de América Latina y el Caribe, entre ellos Paulo Guedes y el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, así como Sebastián Piñera, de Chile; Guillermo Lasso, de Ecuador; y Luis Abinader de República Dominicana, entre otros.
Estas noticias e investigaciones refuerzan la necesidad de articular la lucha contra la austeridad económica y por justicia fiscal, a la demanda por más recursos públicos para la educación pública y gratuita, entre otros derechos humanos fundamentales.
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