“Se impone un marco general para hablar de la educación como en crisis constante”
3 de septiembre de 2021Docente en la Universidad de Córdoba (UNC), Argentina, e investigadora del fenómeno de la mediatización en escenarios educativos, Eva da Porta nos habla acerca de la influencia de los medios de comunicación en la percepción sobre la calidad de la educación en los centros públicos. Para Da Porta, los medios muchas veces abordan la educación como un espacio deficiente, ineficiente y conflictivo. “Eso hace que ciertos sentidos sobre la educación se hagan parte del sentido común, que es el magma sobre el cual se apoyan luego muchas políticas privatizadoras o represivas sobre los docentes y estudiantes”.
Los medios tienen una gran influencia en la formación de la opinión pública, ¿cómo esto influye en la percepción que se tiene sobre que es una educación de calidad?
El rol ideológico de los medios está siendo nuevamente analizado. En las últimas décadas se habían abandonado las teorías de la imposición y la manipulación ideológica por miradas más centradas en la interpretación y en la capacidad de las audiencias para elegir e interpretar los mensajes mediáticos. Pero algo ha cambiado también estos años en la forma en que los medios producen ideología. Han aprendido y desarrollado mecanismos de imposición muy potentes, articulándose con otros poderes y diversificando su capacidad de imposición simbólica. Así que hoy estamos revalorizando aquellas ideas de los años 60 y 70, que señalan el poder mediático como uno de los poderes centrales del capitalismo contemporáneo en donde se forma y define la opinión pública.
En ese marco, el campo educativo está expuesto a la forma en que los medios se refieren a las distintas cuestiones educativas, pues en estas sociedades mediatizadas la cosa pública está atravesada por los discursos y debates mediáticos. La educación hoy no puede evitar estar hablada, significada y visibilizada por los medios y en ese sentido está expuesta a las formas en que los medios hacen sus discursos: de un modo fragmentado, centrado en el escándalo y el valor noticia, en ciertos estereotipos y visiones simplificadas de la realidad, en argumentos esquemáticos y también orientados ideológicamente. No hay relato mediático neutral, siempre hay una posición asumida. Aunque la noticia tienda a contarse “objetivamente”, siempre hay recortes, elecciones, valoraciones que encuadran el tema que se cuenta.
La cuestión de la calidad educativa rápidamente se convierte en parte de un argumento esquemático, que opera como todo argumento simplificado y ciertamente estereotipado, dando por supuesto un conjunto de cuestiones asociadas a ese término, que no se discuten y operan como sentido común cada vez que se usa en una noticia o discurso mediático. En este esquema, calidad se opone a cantidad, es decir a la educación masiva, educación pública que busca la cobertura total de la población. De modo que la educación pública comienza a vincularse con la “mala calidad”. Por otro lado y estrechamente vinculado con esto, la calidad se vincula a escuela privada, a los modos educativos que ponen énfasis en la individualidad, el mérito personal y el rendimiento en estándares internacionales. Lo que ocurre es que nunca se explicita claramente qué se entiende por calidad educativa, se la da por comprendida y ese mecanismo es justamente el que esconde cómo el discurso neoliberal se ha apropiado de ese término y lo ha cargado de sentidos todos opuestos a la educación pública garantizada por el Estado más cercana al modelo liberal democrático, aun fuerte en nuestra región, que el neoliberalismo necesita transformar. Para ello su principal carta es la “calidad educativa”, pues nadie se opondría a querer una educación de calidad. Lo que ocurre es que para lograrla es necesario, según el discurso neoliberal, adecuar nuestros sistemas educativos a los estándares y las lógicas del mercado, las empresas y las tecnologías de la evaluación.
Hay sectores que defienden simplemente el éxito en pruebas estandarizadas, mientras los movimientos que actúan por el derecho a la educación defienden un concepto más amplio de educación con calidad. ¿Te parece que los medios tienen peso en este debate? ¿De qué manera influyen en la construcción del concepto de la calidad de la educación en la sociedad?
Las pruebas estandarizadas son también otro de esos sentidos que se imponen sin análisis y que se asocian a la calidad educativa. Además se asocian a una idea esencialista de la educación como si hubiera conocimientos que son valiosos para todas las escuelas, para todos los países y para todos los niños y niñas, de manera que imponiéndoles un mismo sistema de medición sea posible conocer el grado de excelencia educativa de los distintos países. Ese modelo homogeneizador no tiene nada que ver con una perspectiva de derechos, que considera que el acceso y la posibilidad de educarse es un derecho universal, pero no los contenidos ni las modalidades, pues cada contexto, país, comunidad tiene derecho a decidir cuáles son los contenidos que considera significativos. Las pruebas estandarizadas arrasan las diferencias e imponen una misma vara de medición a países que tienen condiciones educativas muy diversas y no homogéneas.
Si claro que los medios inciden en esos debates y como dije antes inciden por cercanía ideológica con el modelo neoliberal y privatista, pero otras veces de un modo casi irreflexivo porque reproducen sin cuestionar el discurso social que surge de algunos “especialistas” y fundaciones cuya función central es ofrecer argumentos simplificados que permitan imponer la lógica del mercado, las mediciones estandarizadas y los rankings como única lógica válida para analizar la realidad educativa. Esos diagnósticos y propuestas se toman como datos de la realidad, no como interpretaciones interesadas de determinados grupos sociales. En ese sentido es muy importante que los y las periodistas evalúen críticamente las fuentes informativas, informes interesados de fundaciones y ciertas estadísticas o recomendaciones interesadas en imponer un modelo de mercado.
A modo de ejemplo, se toma como un dato de la “mala calidad educativa” de un país, los resultados de una encuesta realizada por una de estas fundaciones a empresarios, preguntándoles cómo valoran el nivel educativo con que egresan las y los estudiantes del sistema educativo secundario. Esta operación es grave y se repite en numerosos medios no necesariamente adherentes a un discurso privatizador. No se cuestionan las fuentes, ni los intereses que persiguen estas fundaciones o especialistas que difunden informes negativos sobre la educación pública y que dan “recomendaciones” a los gobiernos de cómo mejorar esas performances, como son las pruebas estandarizadas.
¿Qué impacto tiene esta cobertura? ¿Esto es capaz de crear un ciclo que afecta el proceso educativo, influyendo en las políticas gubernamentales dirigidas a la educación?
La influencia de los medios es múltiple y compleja. Podría decirse que más que imponer directamente las políticas crean el clima favorable para tomas de decisiones en uno o en otro sentido. En líneas generales, los medios son muy críticos de la educación pública, de los docentes y estudiantes que se movilizan en defensa de sus derechos y de la masividad del sistema público. Se impone un marco general para hablar de la educación como en crisis constante, como un espacio deficiente, ineficiente y conflictivo. Eso hace que ciertos sentidos sobre la educación se hagan parte del sentido común y de lo aceptable, que es el magma sobre el cual se apoyan luego muchas políticas privatizadoras o represivas sobre los docentes y estudiantes.
Usted coordinó una investigación sobre las disputas alrededor de la privatización de la educación en los medios de comunicación de la región. ¿Es posible percibir alguna relación entre el abordaje que se le da al público y al privado y la calidad educativa?
En nuestra investigación, que fue comparativa entre cuatro países (Argentina, Chile, México y Ecuador), pudimos encontrar muchas características comunes en los medios de tipo hegemónico. Un enfoque crítico respecto de la educación pública siempre caracterizada como un espacio caótico, sin orden, sin calidad, ineficiente y muchas veces contrario a los intereses de las familias y de los propios niños y niñas. Lo que termina siendo un argumento muy potente porque se pone a los niños como víctimas de la mala calidad del sistema y fundamentalmente de sus docentes, que se preocupan más por defender sus derechos que en que sus estudiantes tomen clases. Ese argumento desconoce que la educación es un derecho que, para ser efectivo, requiere de condiciones mínimas para desarrollarse, por ejemplo docentes bien remuneradas/os. De modo que los argumentos críticos sobre las escuelas públicas toman algún aspecto y lo descontextualizan de la problemática general.
El otro tema que se repite es la crítica al Estado desde esquemas de mercado. De este modo el Estado aparece como ineficiente para “administrar” el sistema. En su lugar se ofrecen modelos mixtos o directamente privatizadores. El otro tema recurrente es la criminalización de la protesta docente y estudiantil. Los paros, demandas y movilizaciones son tratados muchas veces con terminología policial, legal y vinculada al delito, como “los sediciosos”, “los ocupantes ilegales”, “los violentos” para referirse a estudiantes o maestras/os en lucha.
De manera general, se observa que en la cobertura mediática sobre la educación se toma en cuenta la opinión de representantes del poder público, las y los llamadas/os “expertas/os” y, cada vez más, representantes del sector privado. Poca expresión tienen las y los estudiantes y docentes. ¿Cómo hacer para que la voz de la comunidad educativa esté más presente?
Ese punto es central cuando nos preguntamos no solo cómo tratan los temas educativos los medios, si no quienes son las voces autorizadas que hablan en los medios, a quienes consultan. En nuestra investigación, apareció con mucha claridad que estudiantes y docentes son “habladas/os” por otros, que son escasas las posibilidades que tienen de hablar y dar testimonio en primera persona. Cuando lo hacen, los medios los ponen en tono genérico “maestro huelguista”, “estudiante movilizado”, sin darle un reconocimiento y legitimidad a su palabra. Frente a esto, los que aparecen como enunciadores autorizados son algunos funcionarios políticos cuyas palabras no son cuestionadas y son tomadas como “los hechos”, y fundamentalmente la voz de ciertos especialistas de fundaciones o universidades privadas, cuya trayectoria intelectual no suele ser reconocida.
Sin embargo se auto instituyen como autoridades o especialistas en temas específicos (calidad educativa, financiamiento educativo, fracaso escolar, bullying o educación autosustentable) que dan datos e interpretaciones de la realidad desde un saber técnico que parece a-ideológico, pero que si se rastrea lo que está más allá, quienes financian esa investigación, las preguntas que se hacen, los métodos para obtener la información, claramente aparecen los intereses por imponer un modelo neoliberal y privatizador.
Las y los docentes e investigadoras/es de los sistemas públicos son escasamente consultadas/os como expertas/os, y en su lugar aparecen fundaciones, coaliciones o grupos de empresarias/os e intelectuales preocupadas/os por la educación, que son los que ofrecen regularmente informes caóticos sobre la educación pública que terminan siendo tomados por los medios como noticia, como la realidad misma.
¿Qué se puede hacer para cambiar el enfoque en las noticias, generando discusiones sobre cómo construir un sistema público de educación fortalecido y de calidad? ¿Los medios están dispuestos a hacer ese cambio?
Los medios siguen la lógica de la noticia. Lo que no entre en esa dinámica queda en los márgenes, lo que no pueda llamar la atención de las/os destinatarios se descarta. En ese sentido es importante disputar la agenda de los medios. Generar información, noticias, informes, que los medios puedan tomar como noticia por algunos motivos. Eso es importante, también es importante debatir, desnaturalizar lo que aparece como “la realidad educativa”, mostrar que solo son argumentos y que se pueden ver los hechos desde otro lugar. Es importante establecer diálogo con periodistas y comunicadoras/es sensibles a la problemática, y desarrollar algún tipo de formación u orientación para ellas/os del mismo modo que se hace respecto de cuestiones como violencia de género o delito e infancia. Ofrecerles otros argumentos, otras formas de analizar los problemas educativos, mostrar la falacia escondida atrás de esos informes de especialistas que no transparentan sus verdaderas intenciones, y apuntar a que estudiantes y docentes, cuando entrevistadas/os, puedan desarticular la lógica que los estigmatiza y los criminaliza.
A su vez potenciar los numerosos medios de tipo progresista y alternativo que en estos últimos tiempos han crecido a la luz del desarrollo de las redes. Estos medios tienen otros enfoques sobre educación, les dan voz a actores educativos excluidos de los grandes medios y fundamentalmente se posicionan frente a la educación como un derecho. Este es un fenómeno notable que también hemos podido constatar en nuestra investigación. Estos hallazgos siguen la idea que plantea Manuel Castells, quien señala que cuando hay una alianza fuerte entre modelo político y discurso de los medios dominantes, las redes son el espacio para expresar el malestar y expresar los temas que quedan excluidos de esos espacios hegemónicos.
¿En qué medida la percepción de la “mala calidad” en las escuelas públicas debilita el sistema educativo público? ¿Qué recomendaciones haría para las organizaciones de la sociedad civil que quieren influir en los medios de comunicación desde una perspectiva de los derechos humanos y del fortalecimiento de la educación pública?
En primer lugar es importante reconocer que más allá de los medios, la educación pública en nuestros países es aún muy valorada y defendida cuando es atacada. El tema es que este tipo de operatoria es sutil. Cuando solo se publica en un medio durante un mes el modo en que las universidades y las escuelas se “destruyen” en una medida de fuerza, como un paro docente o una toma estudiantil, la imagen de deterioro y desidia se terminan imponiendo por sobre la de defensa de derechos, que es la razón que hace que un docente o un estudiante deje de cumplir sus roles cotidianos y decida una medida de este tipo.
Frente a esa imagen de deterioro es importante que las organizaciones educativas hagan públicas estas demandas y comuniquen no solo las demandas, si no también los resultados, los hallazgos, los “éxitos” de la educación pública, no en términos de mercado si no en términos de lo que la propia organización se propone a verificar. Por ejemplo alfabetizar a un grupo de mujeres migrantes, recuperar técnicas artesanales ancestrales o lograr que las y los estudiantes desarrollen procesos creativos en las escuelas. Es importante que estas ideas puedan acceder a la agenda pública. De igual modo es importante diseñar una estrategia comunicacional cuando se va a realizar una medida de fuerza, para no dejar que los medios armen la noticia con los estereotipos repetidos infinitas veces. Es importante decidir quiénes van a hablar a los medios, qué van a decir y dónde pondrán los énfasis en sus discursos.
A su vez, es importante la articulación y el trabajo en red entre las organizaciones para potenciar los medios alternativos, los observatorios y todos aquellos espacios mediáticos que potencien una perspectiva de derechos y no naturalicen la lógica de mercado que hoy se impone de modo sutil y silencioso.
“La educación de calidad es la realización de los DDHH en y por la educación”
Como especialista en el área del derecho humano a la educación, es el autor de la tesis “Norma de Calidad de la enseñanza: Desafíos institucionales y Bases para la construcción de una Teoría Jurídica”, en la que analiza el significado de la disposición constitucional sobre la calidad de la educación en Brasil y establece un marco conceptual para el contenido normativo de este principio en relación con la educación básica.
En una entrevista con la CLADE, Ximenes defiende la importancia de discutir la calidad en un momento de impulso a la regulación legal de la calidad de la educación básica en Brasil y en otros países de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, dice: “No podemos caer en la respuesta fácil de establecer solamente normas mínimas de calidad, ya que reduciría la amplia dimensión del derecho a la educación.” Aquí está la entrevista.
Tu investigación tiene como punto de partida la Constitución brasileña, que establece una serie de principios que se tienen que seguir en la educación, como garantía de un estándar de calidad. ¿A qué conclusión llegaste sobre el sentido de esta disposición constitucional en la educación básica?
En el caso del principio constitucional de la calidad estándar de la educación, mi estudio dice que el derecho a la educación básica de calidad es el derecho a la más alta calidad bajo las condiciones existentes. Esto ya contradice la perspectiva tradicional del derecho, que haría un camino contrario: para ser un derecho, sería necesario que sea ejecutable inmediatamente y estar bien definido. Por esta línea de pensamiento, nosotros sólo podríamos considerar un derecho los niveles mínimos que la ley considera como una regla, por ejemplo, el número mínimo de alumnos por clase, cantidad mínima de recursos, las disposiciones mínimas que pueden ser de ejecución inmediata a través de los tribunales. Este enfoque minimalista no da cuenta de una agenda para la realización del derecho a la educación como un derecho humano. Así que invierto esta lógica para argumentar que el derecho a la calidad debe realizarse al máximo, y que el establecimiento de las condiciones básicas mínimas para la concreción de este derecho debería ser un proceso gradual hacia su plena realización.
¿Y cuál sería el contenido del cumplimiento de la plena realización de acuerdo a su investigación?
El contenido del logro de la máxima calidad del derecho a la educación de calidad será determinado de manera interdisciplinaria, y yo establezco esta proposición básica de la interpretación del derecho humano a la educación en base a los instrumentos de derecho internacional, que contienen en gran medida las perspectivas de la comunidad educativa internacional. Lo más legítimo para hablar sobre el contenido de esta máxima calidad es el campo de la educación, y no el campo legal. De ahí que la integración y la interdisciplinariedad son necesarias, dentro de una perspectiva que escapa a la idea del Derecho como ciencia pura, y de un tecnicismo legal centrado en sí mismo.
¿Cuál es, en su opinión, la relación entre educación de calidad y la teoría de los derechos humanos?
La educación de calidad es la que realiza el derecho humano a la educación (DHE), realiza los derechos humanos en la educación y por medio de la educación. En este sentido, contamos con la contribución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, que estipula que el DHE debe tener las siguientes características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. En esta perspectiva ampliada, este es el contenido del derecho a la educación que yo relaciono con los principios constitucionales de la educación presentes en la Constitución Federal.
El derecho a una educación de calidad tiene la dimensión de determinar que el Estado adopte medidas para la realización directa de este derecho, por ejemplo, invirtiendo recursos para garantizar las condiciones de trabajo a las escuelas, pero también implica posiciones fundamentales de derechos humanos que son salvaguardias contra acción arbitraria por parte del Estado o de otros. Por lo tanto, el derecho humano a la educación es también aquel que garantiza el espacio de la libertad académica de los estudiantes y profesores, el derecho a la pluralidad de conceptos pedagógicos, la posibilidad de que la escuela construya con relativa autonomía sus proyectos educativos, etc. Se trata de derechos que sin duda requieren la acción directa del Estado, pero van más alla de esta dimensión: exigen que se den condiciones de autonomía relativa a la escuela y a los estudiantes.
En este sentido, ¿cuál es su opinión sobre los medios y métodos de evaluación externa y estandarizada de la enseñanza? ¿Se podría decir que estos formatos no son suficientes para asegurar y medir la calidad de la educación?
En general, se tiene una opinión contraria a la mía respecto a las políticas que interpretan la calidad de la educación a partir de la estandarización, de la adopción de textos apostillados y de la entrada de los sistemas de educación privados. Entiendo que esta es una interpretación de la idea de la norma de calidad que no se justifica, ya que reduce casi por completo el espacio para la realización de otros principios constitucionales, como el principio de la libertad de enseñanza y el aprendizaje, el principio de la autonomía relativa escuelas y de la pluralidad, que están de acuerdo con la adaptabilidad prevista por el Comité DESC.
El respeto de los derechos humanos en el proceso educativo también es fundamental para comprender y llevar a cabo una educación de calidad. Es decir, no sólo promover ciertas capacidades y habilidades valoradas por el mercado y por las pruebas estandarizadas, la realización de DHE también debe permitir la realización de otros derechos humanos en la educación, por ejemplo, el derecho a la participación y la ciudadanía.
Por otra parte, la realización de los derechos humanos a través de la educación se debe lograr en la medida en que la escuela y el sistema educativo promuevan una cultura de derechos humanos y de lucha contra las desigualdades y las discriminaciones estructurales como el racismo, la dominación de género y la homofobia. Aquí relaciono el derecho humano a la educación con el principio de la igualdad, lo que implica, para la educación, la igualdad de oportunidades y la igualdad de condiciones. En la educación básica, la igualdad de condiciones debe prevalecer pues en esta etapa el derecho humano a la educación se rige por el principio de la universalidad. Esto implica la búsqueda de la eliminación de las desigualdades sociales a través de educación y la promoción de políticas públicas que garanticen condiciones básicas de calidad a todas y todos, y que fortalezcan los segmentos explotados y marginalizados. Una escuela que tiene un buen resultado en el examen PISA, pero que promueve la desigualdad y la segmentación, está interpretando la calidad con estrechez al sobrevalorar una prueba estandarizada.
En tu estudio, tú indicas las dimensiones para evaluar el cumplimiento de una educación de calidad. ¿Cuáles son?
He buscado en la literatura y en los documentos internacionales los factores relacionados con la mejora de la calidad del derecho humano a la educación. Sistematicé la información sobre estas dimensiones de la realización del derecho humano a la educación, que tienen algun nivel de protección jurídica. Ellas son siete: la dimensión de los estudiantes; ambiente escolar; condiciones de infraestructura y suministros básicos; contenido; procesos educativos pertinentes; resultados y la financiación pública. Hoy, sin embargo, hay una tendencia a la definición de las dimensiones jurídicas de la educación de calidad solamente a partir de niveles mínimos.
La Constitución brasileña de 1988 (art. 206, VII) y los tratados internacionales no facultan esta interpretación. En ellos, la educación de calidad es el derecho a recibir la máxima calidad, considerando las sietes dimensiones. Establecer niveles mínimos puede ser importante en contextos en los cuales ni siquiera estos se cumplen, pero el derecho a la educación, y el derecho a reivindicar el derecho a una educación de calidad van mucho más allá. En este sentido, sostengo en este estudio que la realización del derecho humano a la educación de calidad implica la realización de estas dimensiones de manera integrada, para que todas contribuyan con el derecho humano a la educación de calidad en esta perspectiva maximalista, es decir, que todas se realicen al máximo.
Es muy común afirmar que la ley brasileña no protege, no establece cuál es el contenido de la educación de calidad, y que necesitaríamos un estándar más objetivo. Esto no es cierto. Tú encontrarás una gran cantidad de definiciones de cada una de estas dimensiones en el contenido de la legislación brasileña. Lo que pasa es que algunas de estas dimensiones son más detalladas, y otras menos, en términos de contenido jurídico. En verdad sería útil integrar estas dimensiones amplias a un documento jurídico con fuerza normativa, pero para ello tendríamos que huír del intento minimalista y de la homogeinización de los resultados a través de pruebas estandarizadas.
¿Por qué esta financiación es una dimensión importante de la realización de una educación de calidad, y, en consecuencia, cuál sería el impacto de la privatización de la educación en este nivel de calidad?
Elegí incluir la financiación de la educación como una dimensión de su calidad en el contexto específico del debate jurídico sobre este tema en Brasil hoy, que está relacionado con la definición del costo calidad del estudiante (“custo aluno qualidade” en portugués). Este concepto ha sido creado por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y expresa una formulación original que se ha logrado en el país, que acerca el tema del financiamiento al de la calidad. En realidad, esta fórmula somete la lógica de la financiación de la educación a la de la garantía de las condiciones de realización progresiva de la calidad socialmente exigida.
En cuanto a la segunda pregunta, estoy convencido de que la única manera de lograr el derecho humano a la educación es a través de un sistema público coherente y equitativo, en el que el sistema privado se coloca como subsidiario, como una opción eficaz de las familias, o de los estudiantes, y no en la perspectiva de hoy en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y en Brasil, donde el sistema privado se justifica por la segmentación social. En este sentido, el propio sistema viola los derechos humanos y el principio de la igualdad. Además, ahora hay un proceso de ingreso de la lógica privada y de la ganancia en la educación pública. Esto trae riesgos para la realización del derecho humano a la educación, cuando se canalizan recursos públicos para estas empresas que venden materiales apostillados, estandarizados, además de sistemas privados de gestión, a las escuelas públicas.
Estos materiales y sistemas se insertan con poca o ninguna participación de la comunidad escolar del municipio o de la escuela, imponiendo regímenes educativos estandarizados, que por un lado, tienden a reducir el contenido de la educación a contenidos mínimos y le retiran otras dimensiones esenciales del derecho humano a la educación (como la libertad, el pluralismo, la autonomía relativa de las escuelas, la gestión escolar democrática en las escuelas, etc). Otro problema que existe hoy en día es una generalización de la formación de nuevos profesionales de la educación básica en instituciones privadas, oligopolios de baja calidad, que inclusive se promocionan valiéndose de precios bajos.
¿Cuál es el límite de la actuación del sistema de justicia en relación con el sistema educativo?
En Brasil hoy se puede exigir el derecho a la educación en la corte. La pregunta es cómo efectuar la demanda para hacer efectiva una decisión judicial, y cuáles son los límites del control judicial sobre la política educativa. Debido a que hay situaciones que pueden ser interpretadas como justiciabilidad negativa, que es aquella que se realiza sin diálogo con el campo educativo, o que se limita a repetir determinados registros de decisión que no tienen grandes impactos en la realización efectiva del derecho humano a la educación. También existe la posibilidad de que la legalización todavía le dé más peso a la dimensión de los resultados, provocando distorsiones en el sistema educativo, en relación con la calidad educativa. Cuestiones más objetivas y menos relacionados con el campo pedagógico son más apropiadas para el control judicial.
Yo recomendaría una actuación del poder judicial con el fin de exigir que se cumpla la garantía de una infraestructura adecuada en las escuelas, que todas las escuelas tengan espacios físicos adecuados, número suficiente de maestros, que se cumpla con los requisitos legales relacionados con la valoración de los trabajadores de la educación, las condiciones para la inclusión de los estudiantes con discapacidades, la supervisión de la aplicación de los recursos públicos para la educación, y, por supuesto, el requisito de disponibilidad de cupos accesibles y apropiados para todos.
Sobre este último punto, nuestra experiencia en la Ação Educativa ha demostrado que más eficaz que la acción individual es la promoción de demandas judiciales de carácter colectivo, que lleven al poder judicial a ampliar su diálogo con el campo de la educación – mediante la realización de Audiencias Públicas, por ejemplo, – y a fortalecer el programa de monitoreo para realizar el derecho a la educación. El objetivo debe ser el de obtener decisiones judiciales que demanden al Estado eliminar las omisiones de las políticas públicas, mediante la presentación de planes específicos para la expansión y la valoración de sus sistemas educativos, cuyo desarrollo pueda ser monitoreado por las organizaciones de la sociedad civil.
CLADE inicia acción para fortalecer la igualdad de género en las escuelas rurales
26 de agosto de 2021Contribuir al fortalecimiento de la igualdad de género y prevención de la violencia de género en las escuelas rurales, generando y divulgando datos empíricos y estrategias que puedan orientar el tratamiento y la prevención de la violencia en los espacios educativos y contribuyendo al desarrollo y difusión de materiales y políticas públicas para abordar este tema. Este es el objetivo del proyecto recién lanzado “Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales”, iniciativa que se implementa entre 2021 y 2023 en Nicaragua, Honduras y Haití, bajo la coordinación de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con Alternatives (Canadá) y en los países con Foro Dakar Honduras, Reagrupación para Todas y Todos de Haití y el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua.
“Esta propuesta es innovadora ya que trata un tema invisible y poco investigado para la sociedad y propone un método participativo con el involucramiento directo de los actores, como partícipes centrales en el proceso de investigación-acción y posterior propuesta de política pública. Es importante anotar que la CLADE participa en diversos escenarios regionales e internacionales de debate y decisión en torno al Derecho Humano a la Educación; en estos espacios, divulga sus productos, posiciona temas de discusión y actúa de forma articulada con actores de otras regiones, como África, Asia, el mundo árabe y otras regiones del planeta. Los resultados de este proyecto podrán compartirse al interior de la región latinoamericana y viajar a otras latitudes”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
Con el enfoque de investigación acción participativa, el proyecto se propone desarrollar el conocimiento y la capacidad local para identificar y prevenir las múltiples expresiones de violencia y de violencia de género y para diseñar y adaptar las herramientas e instrumentos existentes, contribuyendo así para incorporar este tema en las prácticas locales y también en los instrumentos de política nacional y regional. Todo el proceso contará con una estrategia comunicativa y educomunicativa que dará cuenta del mismo en cada una de sus etapas, como una forma de compartir aprendizajes con toda CLADE y con los aliados nacionales, regionales y globales.
Taller formativo de arranque del proyecto: temas y metodología en debate
Como actividad preparatoria del proyecto, la CLADE realizó la semana pasada, entre los días 16 y 19 de agosto, una serie de talleres para definir conceptos y metodologías comunes sobre el tema y el desarrollo del proyecto. En dicha actividad, participaron los equipos nacionales responsables del proceso y también los equipos coordinadores del mismo en CLADE y Alternatives. Se contó, además, profesionales de investigación y comunicación, tanto en temas de violencia como del enfoque investigación acción participativa.
Una de las especialistas que participó en la formación fue María Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CADEM). Durante su exposición, habló sobre la violencia de género.
“La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia”, explicó.
Según Guadalupe Ramos, la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la víctima, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. “La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado”, dijo.
Añadió que los feminismos han señalado la urgencia de desmontar el modelo hegemónico del patriarcado, que está detrás de todas las violencias, desigualdades y opresiones de la sociedad actual. “Eso porque el patriarcado [organización social en la que el varón goza de una condición de supremacía sobre la mujer, la cual se encuentra en una situación de opresión tanto en la esfera pública como en la esfera privada] está en el capital, en la apropiación de la riqueza, restringiendo las libertades y los derechos, congelando sueldos, y fomentando los empleos en precario. En el precio de la vivienda, la especulación, la privatización de la sanidad, la destrucción del planeta y en la pobreza y la educación sexista y discriminatoria”, subrayó.
Metodología de Investigación Acción-Participación
Para abordar, estudiar el tema y actuar en las comunidades educativas de los tres países que participan en el proyecto, la metodología adoptada es la Investigación Acción-Participativa (IAP). Durante los talleres mencionados, la investigadora y docente argentina, directora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, Maria Cristina Mata, explicó qué significa este enfoque metodológico.
La IAP se define, según sus intervenciones, como un modo específico de abordar el quehacer científico. Es la producción de conocimiento que se realiza de modo colaborativo entre investigadores profesionales y determinados grupos sociales con una explícita intencionalidad política: contribuir a la transformación social, a suprimir las inequidades y situaciones de dominación existentes que afectan principalmente a las grandes mayorías populares y a sectores subalternos de la sociedad.
“La IAP representa una opción de trabajo junto a los grupos o clases sociales dominadas y excluidas, que busca incidir en su organización y en su capacidad de participar en las decisiones que afectan su vida cotidiana, potenciando así su condición de protagonistas activos de su historia”, afirmó.
La investigación acción participativa no es exclusivamente una metodología de investigación, explica Maria Cristina Mata. Es al mismo tiempo una práctica educativa – porque supone que los sujetos que la desarrollan realizan aprendizajes y avances en la comprensión de sí mismos y de su realidad – y es también una estrategia de intervención social – porque se opera sobre la realidad investigada.
“Este tipo particular de investigación es también acción. En general esta afirmación suele asociarse al hecho de que se trata de un tipo de investigación que tiene finalidades prácticas. Y eso es cierto. Porque los problemas que se investigan, y que son en general aquellos donde se expresan las múltiples opresiones y desigualdades que se viven – desde la falta de tierra para los campesinos hasta la incomprensión que suelen sufrir los jóvenes por parte de adultos autoritarios, para dar algunos ejemplos-, se abordan para provocar cambios en esas situaciones; es decir, para desarrollar acciones que las modifiquen”, destacó.
El proyecto abarca diversas acciones y etapas que se impulsarán hasta el 2023. La CLADE seguirá difundiendo los hallazgos, experiencias, aprendizajes y logros del proyecto, sobre la marcha, y especialmente desde producciones educomunicativas y dando a la comunicación un rol transversal y estratégico en la expresión, visibilidad y construcción de conocimientos sobre la temática de la violencia de género y su superación, en y con las comunidades que forman parte de la iniciativa.
3 ejes contra la privatización de la educación: recomendaciones de personas expertas
24 de agosto de 2021En abril de 2021 la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó la investigación “El lucro en la legislación sobre educación en América Latina y el Caribe.” El estudio apunta a tres ejes contra la privatización de la educación.
Los aportes son de personas expertas entrevistadas. El objetivo es contribuir a la incidencia política de los movimientos sociales que luchan por la educación como un derecho humano en América Latina y el Caribe. Como tal, que no esté sujeto a la mercantilización.
Los tres ejes contra la privatización de la educación
- Producción de información. Los expertos aportan que son necesarios estudios sobre la calidad, la oferta y la segregación escolar, que profundicen en la relación directa entre las desigualdades educativas y la relación público-privada en toda la región a nivel local, nacional, regional e internacional. También es necesario un mapeo más específico de la educación superior para arrojar luz sobre la lógica de la extracción de ganancias en las instituciones en esta etapa de la educación.
- Investigación para difusión de información. Otra recomendación se da a los esfuerzos de difusión de información y producción de campañas y sensibilización. Las personas entrevistadas enfatizan la relevancia de la movilización que muestre la cuestión del lucro en la educación y sus efectos negativos. Se propone la creación de redes entre diferentes organizaciones para construir narrativas contrahegemónicas en oposición a la privatización. Eso también se aplica en favor del fortalecimiento de la educación pública y gratuita. A través de datos de calidad, el objetivo es que se deconstruyan ideas como la superioridad de la calidad de la oferta privada. La estrategia está enfocada en hacer visible la importancia de la financiación pública para todos los niveles y etapas de la educación.
- Campañas para la confrontación política con miras a cambios en la legislación, de manera a garantizar la exclusividad de recursos públicos para la educación pública. Se proponen acciones de fortalecimiento a la sociedad civil, así como el abogar por la exclusividad de los recursos públicos para las escuelas públicas y gratuitas. Asimismo por la existencia de mecanismos de control social de cualquier recurso público transferido a instituciones privadas.
Qué piensa la CLADE
Para la Campaña, los resultados de esta investigación señalan un largo camino por recorrer. Considerando la variedad de formas de lucro instaladas en y a través de la educación, que se fortalecen con el respaldo de la ley. Otro aspecto es la sombra de los vacíos legales.
Preocupa el hecho de que los recursos públicos no se canalicen adecuadamente para fortalecer la educación pública y gratuita. Eso se suma a la gravedad de la falta de financiación suficiente para garantizar el derecho humano a la educación en muchos contextos.
Mira el documento completo aqui y profundiza en los ejes contra la privatización de la educación
ASPBAE: Nos mantenemos firmes para promover el derecho a la educación de todos y todas en Afganistán
23 de agosto de 2021Protección y defensa de los derechos humanos y las libertades de todas las personas en Afganistán; detención de inmediato de la violencia; garantía de una educación de calidad verdaderamente para todos y todas; y la protección de las escuelas y lugares de aprendizaje de cualquier violencia o conflicto. Esas son algunas de las demandas de la Asociación de Asia Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE) acerca de la toma de poder de los talibanes en el país.
Esas y otras demandas de la asociación fueron publicadas hoy (23) a través de un pronunciamiento. “La ASPBAE se solidariza con sus miembros, socios para el desarrollo y el pueblo de Afganistán mientras el país se enfrenta a otra toma de poder de los talibanes que amenazará los duramente reñidos progresos realizados en educación, democracia, derechos humanos y libertades fundamentales”, destaca el comunicado.
Según la red, las mujeres y las niñas, los grupos étnicos perseguidos, las minorías religiosas, las personas que promueven los derechos humanos y las libertades y quienes trabajan por una paz y un desarrollo verdaderamente inclusivos en todo Afganistán están cada vez más amenazados y temerosos por sus vidas y libertades.
“Como red regional de más de 200 organizaciones de la sociedad civil e individuos que operan en alrededor de 30 países de Asia-Pacífico, incluido Afganistán, ASPBAE se mantiene firme en su misión de promover el derecho a la educación para todos, y en todas las situaciones, basado en principios básicos de defender la dignidad humana, la participación en la sociedad y la promoción de la tolerancia y la paz”, afirma.
>> Lee el pronunciamiento completo en inglés
Informe luz de la situación de la educación en Guatemala al 2021
28 de julio de 2021Este documento analiza la implementación de la Agenda de Educación 2030 en Guatemala en el periodo 2015-2020, sugiriendo acciones y recomendaciones para acelerar su cumplimiento, ya que Guatemala se comprometió a realizar acciones en favor del desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 en el país, pero ha avanzado poco, especialmente debido a la insuficiente inversión realizada por el Estado en la educación pública.
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Foro Político de Alto Nivel de la ONU 2021: ¿Qué está en juego y cuál es su importancia para América Latina y el Caribe?
12 de julio de 2021En el 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron una agenda internacional con objetivos comunes para alcanzar un mundo más sostenible, justo e inclusivo, que deberían cumplirse hasta el 2030: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), o Agenda 2030. Pasada la mitad del plazo previsto para el logro de esta agenda, falta mucho por hacer y son incontables los desafíos pendientes, especialmente en lo que toca la realización del ODS 4, referido al derecho a la educación. Tales retos y rezagos se desnudaron, e incluso se profundizaron a partir del año pasado con el inicio de la pandemia COVID-19.
La crisis sanitaria global ha traído graves consecuencias, impactando de manera diferente a las distintas poblaciones, exacerbando las desigualdades estructurales históricas, y poniendo aún más en evidencia la debilidad de las políticas y sistemas públicos de atención a la salud, educación, empleo, protección social, entre otros, como se abordó en esta serie de reportajes de la CLADE.
El derecho humano a la educación se ha vulnerado aún más durante la pandemia, amenazando la garantía de una educación pública, gratuita, laica y de calidad, a lo largo de toda la vida. Alrededor de 800 millones de estudiantes en el mundo no retoman aún su trayecto educativo, con grave perjuicio en términos de aprendizaje, especialmente para las niñas y las mujeres; se han deteriorado las condiciones estructurales para el ejercicio docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, se ha profundizado la brecha digital sobre todo en las zonas rurales, ahondando aún más las desigualdades de acceso, la deserción y la continuidad de estudios. El cuadro se complejiza ante las proyecciones de disminución de presupuestos públicos, ya insuficientes.
En este contexto, se llevan a cabo las actividades y los debates del Foro Político de Alto Nivel de la ONU (FPAN 2021), que tienen lugar del 6 al 15 de julio. Se trata de la principal instancia de seguimiento y monitoreo de los ODS en ámbito internacional.
En esta segunda semana de Foro, que arranca hoy [12 de julio], se hace la presentación de las revisiones nacionales voluntarias sobre el estado de cumplimiento de los ODS, por parte de los Estados. De América Latina y el Caribe, rinden cuentas en esta edición del Foro, los países Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
Las sesiones de revisiones nacionales voluntarias se transmitirán en vivo, con la posibilidad de que se presenten preguntas desde la sociedad civil a los gobiernos. Foros de sociedad civil nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Bolivia, Colombia, Guatemala, México y República Dominicana participarán en los debates y/o presentarán informes luces, como contribución al seguimiento al ODS 4 en sus contextos.
>> Mira las recomendaciones regionales al Foro Político de Alto Nivel:
¿Qué está en juego para América Latina y el Caribe?
En el 2016, la CLADE logró status consultivo en el Consejo Social y Económico de Naciones Unidas (ECOSOC), lo que le ha permitido participar de manera calificada en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN). Es así que la CLADE presentó un posicionamiento regional, como contribución a la edición 2021 del FPAN, en el cual afirma la centralidad del derecho a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, como derecho sinérgico y habilitante para el logro de todos los ODS y como una obligación de los Estados.
“Es urgente el máximo esfuerzo de los Estados en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 2030 y en su rol de garantes de los derechos humanos, desde una perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad, considerando la indivisibilidad de los mismos. Asimismo, es indispensable garantizar la participación amplia, inclusiva, sustantiva y permanente de la sociedad civil en la toma de decisiones en los asuntos públicos”, afirma la CLADE.
+ Lee aquí el posicionamiento completo en español. El documento fue incorporado y reconocido por el ECOSOC como aporte desde la sociedad civil al Foro Político de Alto Nivel.
Siendo integrante de los Grupos Principales y Otras Partes Interesadas de la ONU, espacio de participación de la sociedad civil en el seguimiento a los ODS, la CLADE también se suma a un llamado para que esta semana, en el cierre del FPAN 2021, se adopte una Declaración Ministerial consensuada que formalice compromisos para hacer cumplir la Agenda 2030.
Participación de la CLADE en las revisiones nacionales voluntarias
Bolivia: La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) participa en el Grupo de Trabajo (GT) nacional de desarrollo de un posicionamiento desde la sociedad civil respecto a la revisión del Estado Boliviano. La CBDE elaboró un informe luz sobre el estado de cumplimiento del ODS 4 en Bolivia, y trabaja para que se incluya el tema educativo en la intervención de la sociedad civil durante la sesión oficial de revisión al país.
>> Lee las cinco preguntas de la CBDE al gobierno boliviano
Colombia: La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación participa en el GT de redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado colombiano. Logró incluir una mención al tema educativo en la intervención que se hará desde la sociedad civil, pero el foco será denunciar las persecuciones a activistas y defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
Guatemala: El Colectivo de Educación para Todas y Todos participó en la redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado Guatemalteco. Incluyó el tema educativo y será el vocero del grupo en la sesión oficial, destacando puntos del informe luz que ha elaborado sobre el estado del ODS 4 en Guatemala.
>> Accede aquí a folleto que destaca los principales desafíos de la educación en el país
>> Mira a continuación las recomendaciones del Colectivo al gobierno de Guatemala, para que se cumpla el ODS 4.
México: La Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) participó en el GT de redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado Mexicano. Logró incluir una mención al tema educativo en la intervención que se hará desde sociedad civil en la revisión oficial, pero los focos principales de la indagación al gobierno serán la crisis ambiental y de participación ciudadana.
República Dominicana: El Foro Socioeducativo (FSE), igualmente, participa en las discusiones sobre el posicionamiento desde sociedad civil ante la revisión del Estado dominicano, tratando de darle más visibilidad al tema educativo. Elaboró, así mismo, este informe luz sobre el estado de cumplimiento del ODS 4 en el país. Lee también:
>> resumen ejecutivo del informe
>> folleto con principales desafíos de la educación en República Dominicana
>> Mira a continuación las recomendaciones del FSE al gobierno dominicano:
52 años de Stonewall: Por el derecho de aprender, enseñar, ser y amar a quienes queramos
30 de junio de 2021
Thais Iervolino
Thais Iervolino es periodista con maestría en Sociología por la Pontifícia Universidad Católica de São Paulo. Ha actuado en movimientos y organizaciones sociales desde los años 1990 y tiene experiencia en el área ambiental y de derechos humanos - principalmente relacionados a educación, estudios de género y migración. Actualmente es asesora de comunicación de la CLADE, además de participar como investigadora en otras organizaciones de educación y movimientos feministas y LBTs (Lesbianas, Bisexuales y Transgeneros).
Era la madrugada del 28 de junio de 1969 cuando lesbianas, travestis y gays iniciaron una protesta en Nueva York que duró seis días, la cual quedó conocida como los “Disturbios de Stonewall”. En aquella ocasión, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la comunidad LGBTQIA+ [Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queers, Intersexuales, Asexuales] luchó contra un sistema opresor, con el beneplácito del gobierno.
En Brasil, esa lucha empezó en la misma época, en la década de 1970, a través de reuniones realizadas en ambientes privados – clubes, bares – ya que era un tiempo en que la Dictadura Militar se acercaba a su auge. Aún así, lograron publicar periódicos en defensa de la comunidad y temas LGBTQIA+ que son refenecia hasta el día de hoy, además de acciones como la Protesta en el Ferros Bar, cuando en 1983 lesbianas forzaron su entrada en en bar y leyeron un manifiesto sobre los derechos de las mujeres lesbianas y contra la represión, aumentando su referencia y actuación política en São Paulo.
Más de 50 años después de los Disturbios de Stonewal, la lucha LGBTQIA+ sigue fuerte y cotidiana. Sin ella, Brasil no sería una referencia en la confrontación de la epidemia de SIDA y de las enfermedades sexualmente transmisibles. Eso sin citar la importancia del intento por construir un país menos violento al lograr la criminalización de la homofobia en la Suprema Corte.
Todas esas luchas nos enseñan a nosotres, educadores, educadoras, que la libertad de un pueblo es algo que tiene que estar en nuestro horizonte siempre: la libertad de aprender, de enseñar, ser y amar. Más que una enseñanza, la lucha LGBTQIA+ nos invita a que seamos parte de esa misma bandera para garantizar lo que nuestra Constitución Federal de 1988 presenta en su artículo 205:
“La educación, derecho de todas y todos y deber del Estado y de la família, será promocionada e incentivada con la colaboración de la sociedad, teniendo como objetivo el pleno desarrollo de la persona, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y su calificación para el trabajo”.
Es importante recordar que la escuela es el lugar de las diferencias. Son ellas las que nos hacen mover y nos enseñan. Además de eso, no hay ciudadanía sin el establecimiento de las libertades plenas. Y la educación tiene un rol fundamental en la garantía de esta ciudadanía a través de una pedagogía crítica y libertaria que Paulo Freire tanto nos ha enseñado.
Lamentablemente vivimos en un contexto que se aleja de la garantía de nuestras libertades: Brasil es el país que más mata travestis en el mundo, el movimiento ultraconservador y anti-derechos sigue fuerte y la comunidad educativa se ve presionada y muchas veces criminalizada por defender los derechos de todas, todos y todes.
Y justamente por causa de los retrocesos que hemos vivido es que la fecha celebrada todos los 28 de junio por los Disturbios de Stonewall se hace tan importante. Ella muestra que todavía en contextos más represivos hay resistencia y no estamos solas y solos en las luchas. Más allá de eso, otras luchas también son parte de la nuestra.
Luchemos por una educación pública para todas y todos, por las libertades, por el derecho a aprender, enseñar, amar y construir un país libre de la LGBTfobia. ¡La lucha por derechos y libertades LGBTQIA+ también es nuestra lucha!
Sistematización de Experiencias de Atención y Educación en la Primera Infancia en América Latina y el Caribe en el Marco de la Emergencia Causada por la Pandemia del COVID-19
29 de junio de 2021Esta sistematización presenta experiencias claves de América Latina y el Caribe que constituyen buenas prácticas de la Atención y Educación Integral a la Primera Infancia (AEPI) y permiten abrir líneas de trabajo y de política pública útiles para el actual momento y para la post pandemia.
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[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución? [2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261. [3] Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran. [4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia. [5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728. [6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs. [7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro: Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web. ">
Educación y poder constituyente en Chile
20 de mayo de 2021La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal. El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados. El Estado pierde su iniciativa educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.
Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la “libertad de enseñanza”. Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. [1]
Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas – en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente – fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2]
Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional, en un fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3]
Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno.
Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4]
¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público? No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener.
¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite. Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones, agencias, programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido.
El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional. Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria. Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5]
¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite? No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur.
El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar.
Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso. ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional.
Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.
[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución?
[2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261.
[3] Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran.
[4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia.
[5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728.
[6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs.
[7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro: Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.
