Declaración de la CME sobre el impacto militar en las escuelas de Gaza
#ProtectEducation #EducationUnderAttack #SafeSchoolsDeclaration La Campaña MundiEl uso intensivo de ataques aéreos por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel contra objetivos en la Franja de Gaza ha provocado daños muy importantes a la población civil, pérdida de vidas y la destrucción de escuelas, otros edificios públicos y propiedades residenciales.al por la Educación (CME) está extremadamente preocupada por el uso de escuelas e infraestructura civil como objetivos militares en la Franja de Gaza, lo que conlleva daños y muerte de niños y maestros y la destrucción de centros educativos y viviendas. El reciente informe Education Under Attack 2020 (La Educación Bajo Ataque 2020) (GCPEA, 2021 por sus siglas en inglés) revela que Palestina se ha visto gravemente afectada por ataques a escuelas durante los últimos años, donde se han reportado más de 500 incidentes entre los años 2015 y 2019. De hecho, Palestina ocupa el tercer lugar del mundo entre los países más afectados por los ataques a estudiantes, profesores y otro personal educativo durante el mismo período y el uso de escuelas y universidades con fines militares también ha sido de gran envergadura. En el último año, más de 23.000 niños se han visto afectados. 113 de los 118 incidentes fueron cometidos por fuerzas israelíes y los cinco restantes por colonos israelíes (ONU, 2019). Estos incidentes se han caracterizado por enfrentamientos militares en áreas cercanas a las escuelas, operativos de arresto en escuelas, violencia de colonos contra escuelas, restricciones al acceso a la educación, arresto e intimidación de estudiantes y maestros, y presencia militar en las cercanías de escuelas. A pesar de que las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarios establecen claramente que los estados y la comunidad internacional son responsables de garantizar el derecho a la educación en contextos de emergencia, los ataques recientes han dañado al menos 36 escuelas y afectado a cientos de estudiantes y maestros. Los informes también indican que varias escuelas están siendo utilizadas como refugios temporales no planificados por personas desplazadas en el norte de Gaza y en la ciudad de Gaza. La CME pide al Gobierno de Israel que cumpla de forma inmediata y permanente con las leyes humanitarias internacionales y con los Convenios de Ginebra. La CME también recuerda al Gobierno de Israel que está obligado a respetar la Declaración de Escuelas Seguras y abstenerse de atacar o utilizar escuelas con fines militares.">
CME: Fuerzas militares israelíes han afectado a más de 23 mil niñas y niños palestinos
18 de mayo de 2021La Campaña Mundial por la Educación (CME) publicó nota el 15 de mayo sobre el impacto militar en las escuelas de Gaza. “Campaña Mundial por la Educación (CME) está extremadamente preocupada por el uso de escuelas e infraestructura civil como objetivos militares en la Franja de Gaza, lo que conlleva daños y muerte de niños y maestros y la destrucción de centros educativos y viviendas”, se afirma en el comunicado.
El reciente informe Education Under Attack 2020 (La Educación Bajo Ataque 2020) (GCPEA, 2021 por sus siglas en inglés) revela que Palestina se ha visto gravemente afectada por ataques a escuelas durante los últimos años, donde se han reportado más de 500 incidentes entre los años 2015 y 2019. En el último año, más de 23.000 niños y niñas se han visto afectados/as. 113 de los 118 incidentes fueron cometidos por fuerzas israelíes y los cinco restantes por colonos israelíes (ONU, 2019). “Estos incidentes se han caracterizado por enfrentamientos militares en áreas cercanas a las escuelas, operativos de arresto en escuelas, violencia de colonos contra escuelas, restricciones al acceso a la educación, arresto e intimidación de estudiantes y maestros, y presencia militar en las cercanías de escuelas”, afirma la nota.
Según la CME, “a pesar de que las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarios establecen claramente que los estados y la comunidad internacional son responsables de garantizar el derecho a la educación en contextos de emergencia, los ataques recientes han dañado al menos 36 escuelas y afectado a cientos de estudiantes y maestros. Los informes también indican que varias escuelas están siendo utilizadas como refugios temporales no planificados por personas desplazadas en el norte de Gaza y en la ciudad de Gaza”.
Lee la nota completa a continuación:
Declaración de la CME sobre el impacto militar en las escuelas de Gaza
#ProtectEducation #EducationUnderAttack #SafeSchoolsDeclaration
La Campaña MundiEl uso intensivo de ataques aéreos por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel contra objetivos en la Franja de Gaza ha provocado daños muy importantes a la población civil, pérdida de vidas y la destrucción de escuelas, otros edificios públicos y propiedades residenciales.al por la Educación (CME) está extremadamente preocupada por el uso de escuelas e infraestructura civil como objetivos militares en la Franja de Gaza, lo que conlleva daños y muerte de niños y maestros y la destrucción de centros educativos y viviendas.
El reciente informe Education Under Attack 2020 (La Educación Bajo Ataque 2020) (GCPEA, 2021 por sus siglas en inglés) revela que Palestina se ha visto gravemente afectada por ataques a escuelas durante los últimos años, donde se han reportado más de 500 incidentes entre los años 2015 y 2019. De hecho, Palestina ocupa el tercer lugar del mundo entre los países más afectados por los ataques a estudiantes, profesores y otro personal educativo durante el mismo período y el uso de escuelas y universidades con fines militares también ha sido de gran envergadura. En el último año, más de 23.000 niños se han visto afectados. 113 de los 118 incidentes fueron cometidos por fuerzas israelíes y los cinco restantes por colonos israelíes (ONU, 2019). Estos incidentes se han caracterizado por enfrentamientos militares en áreas cercanas a las escuelas, operativos de arresto en escuelas, violencia de colonos contra escuelas, restricciones al acceso a la educación, arresto e intimidación de estudiantes y maestros, y presencia militar en las cercanías de escuelas.
A pesar de que las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarios establecen claramente que los estados y la comunidad internacional son responsables de garantizar el derecho a la educación en contextos de emergencia, los ataques recientes han dañado al menos 36 escuelas y afectado a cientos de estudiantes y maestros. Los informes también indican que varias escuelas están siendo utilizadas como refugios temporales no planificados por personas desplazadas en el norte de Gaza y en la ciudad de Gaza.
La CME pide al Gobierno de Israel que cumpla de forma inmediata y permanente con las leyes humanitarias internacionales y con los Convenios de Ginebra. La CME también recuerda al Gobierno de Israel que está obligado a respetar la Declaración de Escuelas Seguras y abstenerse de atacar o utilizar escuelas con fines militares.
En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación.
El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región.
En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.
Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios. Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.">
Educación y pandemia: CLADE lanza documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria
11 de mayo de 2021
En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación.
El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región.
En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.
Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.
Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios.
Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.
Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.
¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.
Derecho humano a la educación en el contexto COVID-19 – Documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria
Con la intención de brindar elementos de reflexión al ámbito de CLADE y de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se elabora el presente documento de carácter exploratorio, sobre la actividad parlamentaria en el contexto del COVID 19.
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Panel en el CIES discute el rol de la sociedad civil para alcanzar el ODS4
4 de mayo de 2021Los hallazgos de la evaluación externa del Fondo de la Sociedad Civil para la Educación (CSEF, por su acrónimo en inglés) fueron tema de debates de un panel realizado en el marco de la 65a Conferencia Anual de la Sociedad de Educación Comparada e Internacional (CIES 2021). Organizada el día 28 de abril del 2021, la mesa “Rol de la sociedad civil para alcanzar el ODS4: Lecciones aprendidas y caminos hacia futuro”, contó con las participaciones de Jenny Price, investigadora de National Foundation for Educational Research, que realizó la evaluación externa del CSEF; Ram Gaire, coordinador de NCE-Nepal; Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE; y Vernor Muñoz, Jefe de Políticas de la Campaña Mundial por la Educación (CME). La moderación del panel quedó a cargo de Luis Eduardo Pérez Murcia, asesor de políticas e investigación de la CME.
Jenny Price abrió el panel, explicando que la evaluación externa se concentró especialmente en la última etapa del CSEF (2016-2019) y adoptó una metodología participativa, que cruzó en análisis de documentos producidos por la iniciativa con grupos focales, encuestas y entrevistas a los participantes del CSEF y actores externos. Entre los principales resultados del programa, ella destacó: la ampliación de la diversidad de actores que integran el movimiento el derecho a la educación, tanto al interior de cada una de las coaliciones nacionales como de las coaliciones regionales y de la propia CME; la ampliación de la credibilidad y legitimidad del movimiento para presionar a los gobiernos por el cumplimiento del DHE; la ampliación de la cohesión social del movimiento; la buena coordinación para difusión de mensajes al interior del movimiento; y la importancia de hacer incidencia a partir de la evidencia, destacando la multiplicidad de investigaciones elaboradas por las coaliciones con el apoyo del CSEF.
Asimismo, ella apuntó que el financiamiento de largo plazo ofertado a las coaliciones, especialmente para elementos institucionales, así como el apoyo que recibieron de las coaliciones regionales y de la CME, y los procesos de intercambio y colaboración Sur-Sur, fueron fundamentales para alcanzar dichos resultados. Por otro lado, consideró que la participación significativa de las coaliciones en la toma de decisión sobre las políticas públicas y la promoción de cambios concretos fue un desafío, porque en el periodo analizado hubo un incremento de tendencias conservadoras en todas las regiones, que restringieron la participación democrática y aumentaron la criminalización de la protesta.
Ram Gaire destacó que otro elemento que complejizó la acción política de la sociedad civil que actúa en la defensa y promoción del derecho a la educación es la entrada del sector privado en el campo educativo y su creciente articulación con los gobiernos en los últimos años, sea a través de alianzas público privadas o de su influencia en la definición e implementación de las políticas.
El activista subrayó que este nuevo elemento viene debilitando la educación pública en su país y destacó que, para hacer frente esa tendencia, es fundamental aumentar la movilización ciudadana, generar mayor solidaridad entre movimientos más allá del campo educativo, y hacer incidencia en base a la evidencia científica.
El desarrollo de investigaciones para contrarrestar mitos difundidos por actores que no trabajan la educación desde la perspectiva de derechos humanos, como las ideas de que la educación privada es siempre mejor que la educación pública o de que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ya invierten suficientes recursos en la educación también fue destacada por Laura Giannecchini. Ella presentó la experiencia de desarrollo del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, una plataforma en línea que reúne información sobre la inversión educativa de 20 países de la región, entre 1998 y 2018. El Sistema, que contó con el apoyo del CSEF y otros financiadores, recoge datos reportados por los Estados a las bases de datos de UNESCO, CEPAL y Banco Mundial, analizándolos bajo tres dimensiones: esfuerzo financiero público, disponibilidad de recursos y equidad en el acceso escolar.
Dicha plataforma permitió a la CLADE identificar, por ejemplo, que todos los países analizados invertían menos de la mitad del monto asignado por persona en edad escolar en los países más pobres de la OCDE. Algunos países, como Nicaragua, incluso invertían 20 veces menos, lo que puso en evidencia la necesidad de seguir presionando los gobiernos de la región para ampliar el financiamiento doméstico para la educación, y aún más en contextos de crisis, como la actual pandemia del COVID-19.
Finalmente, Vernor Muñoz destacó que muchos de los actuales sistemas educativos en el mundo están caracterizados por la exclusión y la discriminación. Vernor remarcó que la educación es un derecho fundamental habilitador de la realización de los demás derechos humanos y que el sentido de la educación debe responder a los modelos de sociedad que aspiramos. También recordó que, aunque la CME apoye la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la perspectiva de educación como derecho humano es más amplia que dicha Agenda, e incluye las dimensiones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, gobernanza y participación en la educación.
Luego de las presentaciones, se dio una discusión con la audiencia sobre el sentido de la educación y del desarrollo que deseamos y la necesidad de construir narrativas potentes que permitan superar una mirada única de desarrollo, pautada en el modelo de desarrollo de los países industrializados.
>> Lee la nota completa aqui: El dererecho a la educación y el cuidado de la salud - Declaración ante la segunda ola de COVID 19
Guía Protección del Derecho Humano a la Educación
Organizada por la red de colectivos y activistas que compone la CLADE, la guía presenta 32 recomendaciones y orientaciones para garantizar el derecho a la educación en el contexto de pandemia en la región y la adopción de medidas específicas, oportunas y adecuadas ante el inicio (reapertura) de los ciclos educativos, instando a que las mismas sean adoptadas de conformidad con el pleno respeto a los derechos humanos, así como con la obligación de brindar un acceso efectivo cualquiera sea la modalidad que se adopte: presencial, semipresencial, remota, combinada, a distancia.
>> Lee el documento completo: Guía Protección del Derecho Humano a la Educación: Recomendaciones hacia la reapertura de centros educativos y reinicio de ciclos 2021
">Argentina: La presencialidad es la mejor forma de garantizar el derecho a la educación, pero NO es la única alternativa para hacerlo posible
30 de abril de 2021“Afirmamos enfáticamente que el derecho a la educación puede ser ejercido de diversas formas. La presencialidad es la mejor, pero NO es la única alternativa para hacerlo posible”, se afirma en la nota publicada por la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en apoyo al gobierno nacional, que determinó el cierre de las escuelas tras el aumento de casos de COVID-19. En la nota, la CADE comenta la grave crisis social y educativa que se encuentra en Argentina.
“También reafirmamos que, en particular los sectores más pobres de nuestra sociedad, quedarán fuera de la educación virtual no presencial si no cuentan con los equipamientos y la conectividad necesarios y con los edificios escolares en las condiciones que la pandemia exige. Como ya hemos dicho anteriormente, si bien celebramos que se manifieste la conectividad como un derecho social, no alcanza con declamarlo o afirmarlo si no se garantiza su efectividad para nuestro pueblo y, en particular, para nuestras comunidades educativas. En este contexto mundial se es consciente que la presencialidad será intermitente. Hay que lograr que la vinculación con las escuelas pueda ser resuelta con formatos pedagógicos de acompañamiento adecuados y contextuales, lo que implica un importante trabajo de docentes y directivos, que han estado realizando y sabemos que seguirán haciéndolo, compromiso que desde ya reconocemos y valoramos”, afirma la CADE a través de la nota.
La Campaña Argentina también rechaza la presión ejercida por el sector privado para la reapertura de las escuelas. “Rechazamos las actitudes de amenazas o apremios de algunos sectores hacia instituciones educativas privadas que violentan todo pacto de cuidado y educación hacia sus estudiantes y desconocen el enorme esfuerzo realizado por directivos y docentes de dichas escuelas durante todos los meses tan difíciles que hemos atravesado desde que comenzó la pandemia. Queremos que las escuelas funcionen con presencialidad cuidada en todo el territorio nacional cuando esto sea efectivamente posible”, afirma la Campaña.
Según la CADE, para que las escuelas sean un lugar seguro para los y las profesionales y estudiantes, se requiere una sociedad que se comprometa seriamente con el cuidado de todos y todas, contribuyendo a reducir radicalmente las posibilidades de contagio. “Si no nos cuidamos y no cumplimos estrictamente con las medidas indicadas por todos los especialistas, paradójicamente, en lugar de defender la presencialidad estaremos atentando contra ella”, enfatiza.
>> Lee la nota completa aqui: El dererecho a la educación y el cuidado de la salud – Declaración ante la segunda ola de COVID 19
Guía Protección del Derecho Humano a la Educación
Organizada por la red de colectivos y activistas que compone la CLADE, la guía presenta 32 recomendaciones y orientaciones para garantizar el derecho a la educación en el contexto de pandemia en la región y la adopción de medidas específicas, oportunas y adecuadas ante el inicio (reapertura) de los ciclos educativos, instando a que las mismas sean adoptadas de conformidad con el pleno respeto a los derechos humanos, así como con la obligación de brindar un acceso efectivo cualquiera sea la modalidad que se adopte: presencial, semipresencial, remota, combinada, a distancia.
>> Lee el documento completo: Guía Protección del Derecho Humano a la Educación: Recomendaciones hacia la reapertura de centros educativos y reinicio de ciclos 2021
El lucro en la legislación sobre educación en América Latina y el Caribe
28 de abril de 2021La presente publicación resulta de una investigación con el propósito de evidenciar si y en qué grado los marcos legales de la región permiten el lucro en la educación en su etapa obligatoria. El estudio incluyó a nueve países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú. Nuestro punto de partida y referencial para realizarla es el marco de los derechos humanos y su reafirmación por encima de los intereses económicos.
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Banco Mundial: lineamientos para educación y proyectos financiados en América Latina y el Caribe
Este estudio sintetiza las principales informaciones de los proyectos financiados por Banco Mundial en América Latina y el Caribe y presenta la actuación del Banco Mundial en las reformas educativas en los países de la región.
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Desigualdades educativas en América Latina: tendencias, políticas y desafíos
23 de abril de 2021Este informe regional presenta un diagnóstico general de las distintas políticas educativas implementadas por los Estados de América Latina en los últimos 20 años, con miras a comprender en qué pudimos avanzar como región, qué elementos nos hacen falta y qué es necesario cambiar radicalmente para avanzar hacia una región más igualitaria y democrática.
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El currículo regionalizado de la nación Quéchua: una experiencia emancipadora para erradicar desigualdades en Bolivia
La investigación revela una gama heterogénea de políticas educativas que Bolivia ha puesto en marcha en las dos últimas décadas para reducir las desigualdades educativas y contribuir a la universalización del ejercicio del derecho a la educación.
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Los efectos de la inversión en educación en Brasil: Un análisis de las dos últimas décadas
La investigación revela una gama heterogénea de políticas educativas que Brasil ha puesto en marcha en las dos últimas décadas para reducir las desigualdades educativas y contribuir a la universalización del ejercicio del derecho a la educación.
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