La Educación que Necesitamos para el Mundo que Queremos – Perspectivas de adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe
6 de agosto de 2020El documento fue elaborado por la CLADE con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América
Latina y el Caribe y subraya y sistematiza las demandas y miradas de adolescentes y jóvenes que fueron recibidas en el contexto de la campaña “La Educación que Necesitamos para el Mundo que Queremos”.
Impulsada de octubre de 2019 a abril de 2020, la campaña buscó reunir y visibilizar las voces de adolescentes y jóvenes de la región: sus luchas, demandas y opiniones, así como sus propuestas y desafíos relativos al derecho humano a la educación.
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CLADE rechaza resolución del gobierno boliviano que clausura el año escolar en el país
Ante el anuncio del gobierno transitorio del Estado Plurinacional de Bolivia el último domingo, 2 de agosto, de dar por finalizado el ciclo escolar 2020 en todos los niveles y modalidades del sistema educativo del país, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) publicó hoy, 5 de agosto, un pronunciamiento en rechazo de esta medida gubernamental.
Para la CLADE, la medida constituye una violación del derecho a la educación y de otros derechos fundamentales de casi tres millones de estudiantes, y tiende a profundizar las desigualdades y discriminaciones ya presentes en el país, impactando especialmente a los grupos más vulnerables, como niñas y niños más pequeños, adolescentes, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, campesinas y campesinos, así como amplifica las desigualdades entre los sistemas educativos público y privado.
CLADE: “Momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”
El posicionamiento respalda el pronunciamiento de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), publicado ayer, que exige la derogación de la resolución y exhorta al gobierno transitorio a asumir su rol de garante del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de Bolivia, en consecución de la Constitución Política del Estado.
En el documento, la CLADE recuerda que “momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”.
Para la Campaña Boliviana, las consecuencias más preocupantes de la medida serán el rezago educativo, la deserción escolar, la ruptura de la continuidad de los estudios, la exclusión social y la discriminación. En su pronunciamiento, la CBDE demanda que el Ministerio de Educación del país convoque a todas las organizaciones y sectores sociales educativos para consensuar y asumir de manera responsable y urgente un Plan de Contingencia Educativa, exigido desde el inicio de la pandemia.
>> Pronunciamiento Público – Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
>> Pronunciamiento Público – Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
CEAAL publica Revista La Carta Nº 623
30 de julio de 2020Les invitamos a leer “La Carta número 623”, la revista virtual del CEAAL.
En este número podrás enterarte de acciones, pronunciamientos, y otras actividades del CEAAL y de la membresía en América Latina y el Caribe, y el mundo.
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La EPJA en México vista desde quien participa en ella
Sistematización de los encuentros trae perspectiva de quienes participan de la EPJA en México. La XXI REUNIÓN NACIONAL RED EPJA Y ENCUENTRO NACIONAL POR EL DERECHO A LA EPJA resultó en esa síntesis.
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Pronunciamiento por una EPJA pública, transformadora e inclusiva a propósito de la CONFINTEA VII
El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) es un movimiento de organizaciones, instituciones, educadoras y educadores populares que junto a otros actores sociales de la región y del mundo que, desde opciones políticas críticas y emancipadoras, contribuye a la constitución de sociedades sin iniquidades y exclusiones, especialmente de mujeres, poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes.
El CEAAL ha trabajado por 39 años a favor de la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) desde la perspectiva de la educación popular, las prácticas de actores sociales y comunitarios e innumerables experiencias, estudios y propuestas.
Ante la convocatoria a la séptima Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VII) a celebrarse en Marruecos, en 2022, emite y comparte este pronunciamiento por una EPJA pública.
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Informe: “La crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a la educación”
23 de julio de 2020“No hay institución en Chile que realice un seguimiento de las vulneraciones de los derechos humanos en la educación. Las organizaciones de derechos humanos se encuentran precarizadas y no logran dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas y liceos”. Esto afirmaron organizaciones y actores educativos durante el encuentro de la Mesa de Seguimiento de las vulneraciones al Derecho a la Educación, cuyos debates, reflexiones y recomendaciones fueron sistematizados en el informe “Derechos Humanos y Educación”. Mesa Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile, publicado en junio de este año.
Formada por organizaciones como la Red contra la represión a estudiantes y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), la Mesa de Seguimiento a las vulneraciones al Derecho a la Educación tiene el objetivo de monitorear las múltiples vulneraciones del derecho en las comunidades educativas, particularmente después del 18 de octubre de 2019, día del estallido social y posterior revuelta popular en Chile, donde toda forma de protesta social, particularmente en escuelas y liceos, se vio afectada por mayores medidas de represión y persecución.
Con análisis de entrevistas con especialistas y actores educativos, de información de medios de prensa y redes sociales y de datos de la Superintendencia de Educación, el informe afirma que la crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a, en y desde la educación. “A partir de este informe se puede dar cuenta de una vulneración diversa y sistemática desde la institucionalidad que ha impactado transversalmente a las comunidades educativas”, se sostiene en el texto.
El documento también presenta un diagnóstico de que el sistema educativo chileno actúa bajo una lógica autoritaria. “Esto impacta negativamente a las comunidades educativas, ya que no existen espacios de participación en la toma de decisiones en temas fundamentales, tales como: la convivencia escolar, el financiamiento, el currículum, la gestión y administración de un espacio educativo. En consecuencia, no existe una participación efectiva de la comunidad educativa, clave para el ejercicio pleno de un derecho humano fundamental como es la educación”.
>> Informe sobre Derechos Humanos y Educación – Mesa de Seguimiento (2020)
Brasil: reclaman más recursos para escuelas, estudiantes y docentes
21 de julio de 2020Con el hashtag #FundebpraValer, a través de las redes sociales, estudiantes, docentes, activistas, educadoras y educadores y todos y todas quienes luchan por garantizar el derecho a la educación en Brasil reclaman a los políticos del país que se vote en el Congreso el texto del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb) presentado por la diputada y profesora Dorinha, sin modificaciones.
La movilización brasileña se da en el marco de la votación del nuevo Fundeb en la Cámara de Diputados, ya que el plazo de vigencia del fondo actual termina en diciembre de este año.
La falta de definición de una propuesta adecuada para la renovación del fondo ha generado un contexto de incertidumbre y riesgos para la educación pública brasileña, que culminó en disputas sociales. Por ello, más de 200 organizaciones y movimientos sociales, liderados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), defienden que se aplique el Costo Alumno Calidad (CAQ) y el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), mecanismos desarrollados por la coalición que calculan la inversión adecuada por estudiante, para que todas y todos tengan acceso a la educación básica de calidad. Este mecanismo considera las diferentes etapas y modalidades educativas, y además tiene en cuenta los costos de mantenimiento.
“Este texto presentado por la profesora Dorinha amplía la complementación de recursos de la Unión, garantiza las condiciones de calidad a través del Costo Alumno Calidad y la valoración de los profesionales de Educación a través de la distribución de un sistema híbrido que no desestabiliza las redes [educativas], fortaleciendo [la construcción de] un sistema más equitativo”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora de la CNDE, en un video.
Especialistas reclaman un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe
17 de julio de 202044 millones de personas sin empleo, 230 millones de personas en situación de pobreza y 96 millones viviendo en condiciones de pobreza extrema. Ese fue el escenario presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al analizar los impactos de la pandemia en la región.
Bárcena expuso en el evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020 (HLPF, por sus siglas en inglés), que se desarrolló virtualmente en julio y se denomina “La Agenda 2030 en el nuevo contexto global y regional: escenarios y proyecciones para América Latina y el Caribe en la crisis actual”. El evento fue organizado el 10 de julio por la CEPAL y la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La secretaria ejecutiva de la CEPAL instó los Estados a garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia con respeto a los derechos humanos y con base en una gobernanza democrática, y subrayó la importancia de extender el apoyo financiero a los países de ingreso medio a través de mayor liquidez (derechos especiales de giro), financiamiento concesional y alivio a la deuda, especialmente a los países del Caribe. “Debemos avanzar hacia una mayor integración regional frente a una geografía económica global distinta”, subrayó.
Junto a Alicia Bárcena también participó del evento Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en nombre del Mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda 2030 y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Laura Giannecchini: “Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”
Para Laura Giannecchini, la pandemia del COVID-19 desnudó y profundizó tendencias que la CLADE y otras organizaciones y movimientos sociales habían observado en la región, como el estancamiento o regresión económica, el aumento de la pobreza y de las desigualdades, el debilitamiento de los sistemas públicos de educación, salud y protección social, y el crecimiento de tendencias autoritarias.
“Creemos que esta crisis sanitaria, que es también económica, social y política, pone en evidencia la urgencia de un cambio radical en la acción de nuestros gobiernos, camino a la adopción de nuevos modelos de desarrollo. Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”, afirmó.
En su exposición, elaborada a partir de reflexiones colectivas que tuvieron lugar en el Marco del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil y que culminaron el la declaración “América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030, lanzada en mayo del 2020″, Giannecchini destacó la importancia de realizar ocho cambios para mitigar los impactos de la crisis a la hora de garantizar los derechos humanos. Entre ellos están: la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos, incorporando a los movimientos sociales, colectivos de la sociedad civil y poblaciones históricamente excluidas del debate y de la toma de decisión en las políticas públicas; la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de educación, salud y protección social; la contención del avance de los fundamentalismos religiosos en los espacios políticos, que niegan evidencias científicas, fomentando el odio y dificultando la implementación de políticas con perspectiva de derechos; y el establecimiento de un compromiso financiero, político y normativo de largo plazo, y de cooperación internacional, para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030.
“Consideramos que es hora de establecer un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Un pacto de desarrollo inclusivo, que coloque a las personas en el centro, e inste a los Estados a la acción, de manera que podamos salir de esta pandemia con nuevos paradigmas, basados en la solidaridad, la felicidad y en el bienestar de todas y todos”, subrayó.
Además de Bárcena y Giannecchini, intervinieron en el evento el embajador Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU; Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica; Luz Keila Gramajo Vílchez, secretaria de Planificación de Guatemala; y Markova Concepción Jaramillo, comisionada presidencial para el Examen Nacional Voluntario y representante permanente designada de Panamá ante la ONU. Participaron también Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y Rochelle Whyte, asesora técnica superior del director general del Instituto de Planificación de Jamaica.
Mira la grabación del panel con la exposición de todos los participantes:
- La educación debe ser pública, laica, democrática y pluralista, centrada en la comunidad educativa y controlada por esta.
- La construcción de currículos debe considerar a los distintos pueblos y territorios que conviven en Chile, desde los pueblos ancestrales hasta los migrantes, y debe ser pluralista, vinculada al país que queremos, pluridiverso.
- La educación como derecho social debe estar en el proceso constituyente, el cual a su vez debe construirse desde los territorios.
- Es preciso eliminar la Ley Aula Segura, que promueve la criminalización de los estudiantes y de las comunidades educativas.
- Es necesario consagrar la igualdad en los diferentes derechos sociales, por ejemplo, el ámbito de la salud pública debe contar con herramientas para que se pueda acceder a ella como derecho básico.
- Es fundamental poner fin a la represión policial y militar de la protesta social en todos los territorios. En particular, acabar con la represión en el Wallmapu y a todos nuestros pueblo originarios.
>> Grabación del Encuentro Nacional
">Chile: Encuentro nacional debate acciones para transformar la educación en derecho humano en el país
14 de julio de 2020Representantes de más de 60 organizaciones educativas, sociales, populares y territoriales -del Sur, Centro y Norte de Chile- participaron del “Encuentro Nacional Organizados/as para transformar la educación como un derecho social”, que discutió las problemáticas y propuestas educativas que las comunidades impulsan desde la Revuelta Popular hasta la actual crisis sanitaria en Chile.
Organizado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública el 20 de junio, el encuentro contó con la participación de la coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Camilla Croso, quien enfatizó la importancia de que los movimientos sociales reflexionen en este contexto de pandemia sobre la educación pública y de acercarse a los otros movimientos sociales que trabajan en los ámbitos de salud, economía alternativa y de derechos humanos para la transformación de la sociedad.
Posteriormente se presentaron los informes de la Mesa de Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile y del Comité Educacional de la Coordinadora Feminista 8M, que presentaron las diversas vulneraciones que han sufrido las comunidades educativas desde el 18 octubre en adelante.
Los informes muestran que las vulneraciones al derecho a la educación han sido sistemáticas. “Durante la revuelta fueron miles los y las miembros y miembras de comunidades educativas reprimidos/as y encarcelados/as a lo largo de todo Chile. En el contexto actual de pandemia está siendo vulnerados/a de igual forma el derecho a la educación pública de los y las niños/as y jóvenes, visibilizando una vez más la brecha económica y las desigualdades existentes”, afirmó el Foro por el Derecho a la Educación Pública.
En el encuentro se manifestó que:
- La educación debe ser pública, laica, democrática y pluralista, centrada en la comunidad educativa y controlada por esta.
- La construcción de currículos debe considerar a los distintos pueblos y territorios que conviven en Chile, desde los pueblos ancestrales hasta los migrantes, y debe ser pluralista, vinculada al país que queremos, pluridiverso.
- La educación como derecho social debe estar en el proceso constituyente, el cual a su vez debe construirse desde los territorios.
- Es preciso eliminar la Ley Aula Segura, que promueve la criminalización de los estudiantes y de las comunidades educativas.
- Es necesario consagrar la igualdad en los diferentes derechos sociales, por ejemplo, el ámbito de la salud pública debe contar con herramientas para que se pueda acceder a ella como derecho básico.
- Es fundamental poner fin a la represión policial y militar de la protesta social en todos los territorios. En particular, acabar con la represión en el Wallmapu y a todos nuestros pueblo originarios.
>> Grabación del Encuentro Nacional
Foro Político de Alto Nivel: ¿Qué impactos está teniendo la pandemia del COVID-19 en la educación a nivel mundial?
13 de julio de 2020En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2020, el Grupo de Educación y Academia (Education and Academia Stakeholder Group – EASG por su acrónimo en inglés) realizó el 9 de julio el evento online: “Educación: el camino para la transformación durante y después de la crisis”. El grupo compone la estructura de participación de la sociedad civil en los debates sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Naciones Unidas. El encuentro, que contó con más de 75 participantes, buscó discutir cómo la pandemia del COVID-19 viene impactando en la educación a nivel mundial.
Según el último balance de la UNESCO, al menos 850 millones de niños, niñas y jóvenes tuvieron sus clases suspendidas en más de cien países debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para combatir el brote del nuevo coronavirus. En ese contexto, las y los participantes fueron invitados e invitadas a reflexionar sobre la necesidad de una acción acelerada para volver a garantizar el derecho a la educación a todas y todos.
Refaat Sabbah, presidente de la Campaña Mundial por la Educación, destacó que, en momentos de crisis, la educación, especialmente de los grupos más vulnerables e históricamente excluidos, tiende a ser descuidada. Utilizando el argumento de que es necesario priorizar la salud, la economía y otros factores, muchas veces los gobiernos recortan los presupuestos educativos. En cambio, Sabbah defendió que las escuelas deben de ser entendidas como espacios de realización de derechos y por ende deben ser aún más protegidas en momentos de crisis.
Igualmente, subrayó que la reapertura de las escuelas requerirá un abordaje holístico, que cuente especialmente con la participación de los distintos actores de las comunidades educativas –docentes, estudiantes, madres y padres y toda la comunidad- y que en ese sentido, será fundamental una acción de incidencia política coordinada a nivel mundial desde la sociedad civil para que las autoridades escuchen una voz unificada y robusta, que presione por la realización del derecho a la educación y por la comprensión de que la educación puede contribuir para superar la crisis.
Según Reem Rabah, representante del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE), entre los grupos más impactados por la pandemia están las personas jóvenes y adultas. La crisis obligó a muchos gobiernos a migrar la oferta educativa formal para modalidades de educación a distancia, pero la educación no formal de personas adultas está siendo casi completamente ignorada por los Estados, destacó. Para Rabah, la educación de adultos debería ser una prioridad, ya que es urgente garantizar ese derecho a las personas que no pudieron tener acceso a la educación en la edad adecuada, para que ahora más que nunca aprendan a resistir a los procesos de crisis, a ser resilientes, a construir capacidades para aumentar su empleabilidad y actuar en sociedades democráticas. Asimismo destacó que el desarrollo sostenible no podrá ser alcanzado sin asegurar el derecho a la educación y que particularmente la educación de personas adultas tiene un impacto muy positivo en los indicadores de salud, lo que es clave en el contexto de la pandemia.
Robert Napier, de la Unión Europea de Estudiantes (ESU), a su vez, ponderó que la educación formal también ha sido altamente impactada por la pandemia, incluso en los países en desarrollo. Un estudio organizado por ESU con 17 mil estudiantes mostró que el 90% de ellos no tenía computadoras disponibles para estudiar y que solamente el 40% tenía acceso adecuado a internet. En ese contexto, Napier destacó la necesidad de reforzar los sistemas educativos públicos, con inclusión y equidad, además de asegurar el involucramiento de las y los estudiantes en la toma de decisiones sobre su educación. Y ponderó que, si la pandemia impone múltiples desafíos para la educación, es también una oportunidad para que, al retornar a la normalidad, se construyan sistema educativos más sostenibles, equitativos e inclusivos, desde la educación en la primera infancia hasta la educación terciaria.
En ese mismo sentido, Katarina Popovic, del ICAE, afirmó que es fundamental encontrar buenos ejemplos, incluso de oferta de educación en derechos humanos y para la ciudadanía en momentos de crisis, para presentar a los gobiernos como vías posibles, porque luego el retorno a las escuelas tendrá que lidiar con la agudización de las desigualdades.
Al final del encuentro, Marcela Browne, de la Fundación SES y de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, leyó un discurso enviado por Pablo Gentili, del Ministerio de Educación argentino, quien había confirmado su participación pero tuvo dificultades para conectarse. Gentili reconoce que la pandemia está impactando en el aumento de las desigualdades y que la enseñanza se está desarrollando en condiciones muy precarias. Aseguró que, para superar las antiguas y las nuevas dificultades, será clave desarrollar políticas públicas centradas en las familias y en la construcción de sistemas de protección de derechos justos y democráticos. Igualmente alertó que el proceso de reapertura de las escuelas es mucho más complejo que el cierre de los centros educativos, lo que implicará un compromiso de largo plazo y una mayor inversión en los sistemas públicos educativos, garantizando mejores condiciones de trabajo a las y los docentes.
