Acción para que más de 350 millones de niños y niñas sigan estudiando
Según informaciones de la AME, al menos 630 millones de niños y niñas no asisten a la escuela en países en desarrollo de África, Asia y América Latina y el Caribe. De los 67 países en desarrollo elegibles para recibir los fondos de la AME, 63 han cerrado escuelas en todo su territorio nacional, como respuesta a la pandemia. Esto ha impedido que más de 350 millones de niños y niñas aprendan, además de cortar otros servicios vitales provistos a través de las escuelas, incluyendo atención médica y alimentación escolar nutritiva. El cierre de escuelas, a largo plazo, amenaza los logros de desarrollo obtenidos y puede exponer las niñas y niños con menos recursos a mayores riesgos. “La AME ha actuado rápidamente ante un desafío sin precedentes”, afirmó Serigne Mbaye Thiam, vicepresidenta de la Junta Directiva de la AME. “Estos fondos garantizarán que los países en desarrollo, como Senegal, puedan actuar rápidamente para mitigar el impacto perjudicial del COVID-19 para niños y niñas más vulnerables y mantener la resiliencia de los sistemas educativos”, añadió.¿Cómo utilizar los fondos?
Según la AME, los Ministerios de Educación y los socios locales de educación pueden usar los fondos para garantizar que el aprendizaje continúe, particularmente para los niños y niñas con menos ingresos y más vulnerables, por ejemplo, a través de programas educativos transmitidos por radio y televisión, y la distribución de equipos y libros de texto a los hogares más pobres. Los fondos también pueden ser utilizados para apoyar docentes; asegurar que se incluyan niños y niñas con necesidades especiales y discapacidades; recolectar datos sobre los resultados de aprendizaje; mitigar la pobreza y las barreras de género al aprendizaje, las cuales se profundizan por el shock económico; y asegurar que maestros, maestras y escuelas dispongan de los recursos necesarios, para volver a actuar cuando sea seguro hacerlo. “Estamos avanzando en mitigar los impactos que el cierre de escuelas en los países en desarrollo tendrá para los niños y niñas más vulnerables. La AME se compromete a garantizar que el aprendizaje continúe”, subrayó Alice Albright, directora ejecutiva de la Alianza. Los US$ 250 millones se pusieron a la disposición mediante la reutilización de fondos no comprometidos, con la expectativa de que se requerirán recursos adicionales para ayudar a los países en desarrollo a mantener sus sistemas educativos en la pandemia y apoyar los niños y niñas en situación vulnerable que más sufren con el cierre de las escuelas.Sobre la AME
Actuando en 70 países, la AME es una alianza y fondo internacional que moviliza inversiones, tanto externas como nacionales, para apoyar los gobiernos a construir sistemas educativos más sólidos, en base a datos y evidencia. Sus acciones y recursos contribuyen para el desarrollo e implementación de planes y políticas nacionales de educación de calidad, sentando las bases para sistemas educativos sólidos y creando mejores oportunidades para millones de niños y niñas, sus comunidades y países.">
Alianza Mundial por la Educación anuncia apoyo de US$ 250 millones para el desarrollo de acciones de enfrentamiento al COVID-19
16 de abril de 2020La Alianza Mundial por la Educación (AME) anunció que irá invertir US$250 millones para apoyar los países en desarrollo en mitigar las interrupciones inmediatas y a largo plazo de la educación, causadas por la pandemia COVID-19.
Los recursos contribuirán para mantener el aprendizaje de hasta 355 millones de niños y niñas en un total de 67 países, con énfasis en la garantía del derecho a la educación de niñas y niños de familias con bajos ingresos, quienes sufrirán más los impactos por el cierre de las escuelas. La mayor parte de los países que serán beneficiados está en el continente africano. De América Latina y el Caribe, apenas Haití recibirá recursos.
“La pandemia COVID-19 está creando una emergencia educativa que podría tener efectos devastadores para los niños y niñas de los países en desarrollo”, afirmó Julia Gillard, presidenta de la Junta Directiva de la AME. “A menos que actuemos ahora para apoyar los sistemas educativos, millones de niños y niñas vulnerables, especialmente las niñas más pobres, no podrán retomar su aprendizaje cuando termine esta crisis”.
Acción para que más de 350 millones de niños y niñas sigan estudiando
Según informaciones de la AME, al menos 630 millones de niños y niñas no asisten a la escuela en países en desarrollo de África, Asia y América Latina y el Caribe. De los 67 países en desarrollo elegibles para recibir los fondos de la AME, 63 han cerrado escuelas en todo su territorio nacional, como respuesta a la pandemia. Esto ha impedido que más de 350 millones de niños y niñas aprendan, además de cortar otros servicios vitales provistos a través de las escuelas, incluyendo atención médica y alimentación escolar nutritiva.
El cierre de escuelas, a largo plazo, amenaza los logros de desarrollo obtenidos y puede exponer las niñas y niños con menos recursos a mayores riesgos. “La AME ha actuado rápidamente ante un desafío sin precedentes”, afirmó Serigne Mbaye Thiam, vicepresidenta de la Junta Directiva de la AME. “Estos fondos garantizarán que los países en desarrollo, como Senegal, puedan actuar rápidamente para mitigar el impacto perjudicial del COVID-19 para niños y niñas más vulnerables y mantener la resiliencia de los sistemas educativos”, añadió.
¿Cómo utilizar los fondos?
Según la AME, los Ministerios de Educación y los socios locales de educación pueden usar los fondos para garantizar que el aprendizaje continúe, particularmente para los niños y niñas con menos ingresos y más vulnerables, por ejemplo, a través de programas educativos transmitidos por radio y televisión, y la distribución de equipos y libros de texto a los hogares más pobres.
Los fondos también pueden ser utilizados para apoyar docentes; asegurar que se incluyan niños y niñas con necesidades especiales y discapacidades; recolectar datos sobre los resultados de aprendizaje; mitigar la pobreza y las barreras de género al aprendizaje, las cuales se profundizan por el shock económico; y asegurar que maestros, maestras y escuelas dispongan de los recursos necesarios, para volver a actuar cuando sea seguro hacerlo.
“Estamos avanzando en mitigar los impactos que el cierre de escuelas en los países en desarrollo tendrá para los niños y niñas más vulnerables. La AME se compromete a garantizar que el aprendizaje continúe”, subrayó Alice Albright, directora ejecutiva de la Alianza.
Los US$ 250 millones se pusieron a la disposición mediante la reutilización de fondos no comprometidos, con la expectativa de que se requerirán recursos adicionales para ayudar a los países en desarrollo a mantener sus sistemas educativos en la pandemia y apoyar los niños y niñas en situación vulnerable que más sufren con el cierre de las escuelas.
Sobre la AME
Actuando en 70 países, la AME es una alianza y fondo internacional que moviliza inversiones, tanto externas como nacionales, para apoyar los gobiernos a construir sistemas educativos más sólidos, en base a datos y evidencia.
Sus acciones y recursos contribuyen para el desarrollo e implementación de planes y políticas nacionales de educación de calidad, sentando las bases para sistemas educativos sólidos y creando mejores oportunidades para millones de niños y niñas, sus comunidades y países.
Panel virtual discute los impactos del lucro y de la comercialización en la educación
10 de abril de 2020¿Cómo la cooperación internacional se relaciona con la privatización de la educación? ¿Cuáles son los marcos legales de América Latina y el Caribe que permiten, alientan o prohíben la obtención de ganancias en la educación y a través de ella? ¿Cómo se dan estos fenómenos en los países? (más…)
Ecuador: Contrato Social insta a fortalecer la unidad y la solidaridad para superar la pandemia
6 de abril de 2020El Contrato Social por la Educación (CSE), coalición de la sociedad civil miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Ecuador, publicó un comunicado frente al grave contexto que vive el país debido a la pandemia COVID-19. (más…)
Susy Shock: “Tenemos que pensar en una institución educativa que no sea heterosexual”
31 de marzo de 2020“Y en eso andamos ahora que largamos la sentencia pensándolo todo, dando la vuelta a todo, quizás hasta nos desentendiendo de todo. No queremos ser más esta humanidad”, dice la artista y activista Susy Shock al inicio de la declamación de su poema, en el Facebook, a propósito del Día Internacional de la Visibilidad Trans, celebrado hoy (31 de marzo). (más…)
¿Cuál es el actual contexto para el derecho a la educación en Colombia?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez - La situación del derecho humano a la educación (DHE) en Colombia, vista desde la financiación, está definida por el Sistema General de Participaciones (SGP) y la gratuidad de la educación, calculados con base en el número de estudiantes atendidos (financiación percápita), lo que no alcanza para financiar adecuadamente el DHE."Las instituciones educativas, por la desfinanciación existente, no están en capacidad de lograr los niveles de inclusión educativa señalados por la UNESCO y por los acuerdos internacionales, lo cual afecta con mayor impacto a las poblaciones en situación de pobreza extrema y de vulnerabilidad"Actualmente, con estos recursos se cubre el pago de salarios y prestaciones sociales del sector educativo, lo que representa un 97% del presupuesto global. El restante está destinado a la financiación de la canasta educativa consistente en mobiliario, material didáctico, mantenimiento de infraestructura escolar, restaurante y transporte escolar y financiación de las universidades públicas, lo cual es completamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas del DHE. Actualmente, las organizaciones sociales y sindicales en movilización permanente desde el año pasado, están planteando una reforma constitucional para modificar el SGP, y así incrementar el presupuesto destinado a la educación. Se evidencia que la educación se encuentra desfinanciada y eso se refleja en las deficientes infraestructuras escolares, la ausencia de capacitación al personal docente, y la insuficiencia de recursos para garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos educativos institucionales. En esta dirección, las instituciones educativas, por la desfinanciacion existente, no están en capacidad de lograr los niveles de inclusión educativa señalados por la UNESCO y por los acuerdos internacionales, lo cual afecta con mayor impacto a las poblaciones en situación de pobreza extrema y de vulnerabilidad.
¿Cuáles son los impactos de la baja financiación educativa pública, para las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez - Hay poblaciones que por sus condiciones socioeconómicas y culturales no están siendo atendidas, porque las instituciones educativas no cuentan con los recursos, ni con la infraestructura que se requiere, y tampoco tienen las adecuaciones curriculares pertinentes, generándose una preocupante exclusión y discriminación que tiene profundas consecuencias y repercusiones en el incremento de conflictos urbanos y rurales en términos de seguridad y convivencia ciudadana. Las poblaciones con necesidades educativas especiales en general no disponen de los soportes tanto profesionales como espaciales, y de dotaciones para una atención adecuada y pertinente. Es decir, no se les está garantizando el DHE y son personas que no logran superar las barreras para realizar su proyecto de vida.¿La primera infancia es una de las etapas más desatendidas actualmente en la educación colombiana?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez - La educación en primera infancia está atendida en el país, en parte, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una institución de asistencia social que atiende a niños y niñas de prejardín y jardín (3 y 4 años). Sin embargo, el personal que responde al instituto y trabaja con la educación en la primera infancia está conformado por madres comunitarias, con baja formación profesional, que asisten a los niños y niñas generalmente en sus propias viviendas, en sectores de alta vulnerabilidad. A su vez, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) atiende el grado de transición del preescolar (edad de 5 años) a la básica, en instituciones educativas públicas con docentes licenciadas en Educación Preescolar. Sin embargo, aún no se implementa el preescolar de 3 grados, atendidos por el sistema educativo público, que es una de las luchas de las organizaciones sociales y sindicales.En este contexto, ¿cuáles son las expectativas para el derecho a la educación en Colombia en el 2020?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez - Como coalición nacional que defiende el derecho humano a la educación, actuamos y prestamos apoyo para que las organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles logren acordar con el gobierno nacional la reforma al SGP, generando así un mayor presupuesto para la educación en el país. Así mismo, se espera que las amplias movilizaciones que están realizando las organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes logren negociar con el gobierno reivindicaciones que reduzcan las desigualdades sociales, la marginalidad y la exclusión, en que vive la mayoría de la población colombiana, y mejoren las condiciones de vida en el país."La expectativa es mantener las acciones de movilización enérgicas para que el gobierno y sus instituciones garanticen el derecho humano a la educación de todas y todos, e implementen los acuerdos de paz en los territorios, asegurando el respeto a los derechos humanos y a la vida de mujeres, estudiantes, sindicalistas, docentes, líderes sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos en el país"Dentro de los acuerdos ya realizados entre gobierno y sociedad civil, falta avanzar en la implementación de una política de educación preescolar de 3 grados, atendidos por el sistema educativo público. También se requiere generar acciones a través de los planes de desarrollo locales y territoriales, orientados a la atención adecuada de la primera infancia y a la educación de personas jóvenes y adultas, que permitan fortalecer y mejorar los procesos educativos en las instituciones educativas públicas. En ese sentido, la expectativa es mantener las acciones de movilización enérgicas para que el gobierno y sus instituciones garanticen el derecho humano a la educación de todas y todos, e implementen los acuerdos de paz en los territorios, asegurando el respeto a los derechos humanos y a la vida de mujeres, estudiantes, sindicalistas, docentes, líderes sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos en el país. Para ello, seguiremos demandando que se fortalezcan y respeten los acuerdos de paz pactados en el proceso de negociación entre las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el Estado, dada la cantidad de asesinatos de personas desmovilizadas y en proceso de reincorporación. Igualmente, que se abran de nuevo procesos de negociación con las guerrillas existentes, para lograr la paz con justicia social en el país.
¿Cuáles serán las actividades o ejes de acción prioritarios de la Coalición Colombiana este año?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez - En el campo de la primera infancia, nos hemos propuesto incidir por la financiación adecuada y transformaciones en la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI), tanto a nivel del Congreso de la República, como ante el ICBF, el MEN y el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, para que se lleven a cabo acciones y presupuestos destinados a la AEPI, que respondan a una perspectiva de derechos y a las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación - ODS 4. También realizaremos una experiencia local de formación de docentes de AEPI en el Municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, y vamos a desarrollar un trabajo con centros y programas encargados de su formación continua, que aporte elementos a nuestro proceso de incidencia política. Respecto al derecho a la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA), realizaremos una audiencia pública con estudiantes, docentes, directivas y comunidad educativa de EPJA, en el Congreso de la República, con la presencia de parlamentarias y parlamentarios aliadas/os, evento a que también invitaremos el MEN y el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. Así mismo, hemos planificado para el año la elaboración de un informe nacional sobre educación y desigualdad, el cual formará parte en un informe regional respecto a esta temática en América Latina y el Caribe, que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red regional en la cual formamos parte, está llevando adelante. Finalmente, nos sumaremos a las celebraciones de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2020. Esta gran movilización internacional, que abarca marchas, seminarios, acciones de comunicación, incidencia y diálogo, entre otras actividades realizadas en más de 100 países, se organiza todos los años en el mes de abril, con miras a llamar la atención de los Estados y la comunidad internacional sobre la importancia y urgencia de garantizar el derecho humano a la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad para todas las personas. ">Colombia en el 2020: El año promete la continuidad de las protestas por más financiamiento para el derecho a la educación
22 de marzo de 2020Para conocer cuáles son los desafíos y oportunidades hacia la realización del derecho humano a la educación actualmente en Colombia, conversamos con María Elena Urbano y Cecilia Gómez, integrantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), miembro de la CLADE en el país. En la entrevista, abordaron la coyuntura nacional y las expectativas de las comunidades educativas ante este escenario, así como los planes de la sociedad civil para continuar su lucha por la garantía del derecho a la educación y otros derechos humanos.
“Se espera que las amplias movilizaciones que están realizando las organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes logren negociar con el gobierno reivindicaciones que reduzcan las desigualdades sociales, la marginalidad y la exclusión, en que vive la mayoría de la población colombiana, y mejoren las condiciones de vida en el país”, afirmaron las entrevistadas.
Lee el diálogo completo a continuación. (más…)
Luchemos contra el racismo: conoce algunos documentos y recursos de la ONU sobre el tema
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Foto: ONU[/caption]
>> Historias de la vida real acerca de la superación de la discriminación
>> Folleto “Unidos contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia”, con información de la Conferencia de Durban
>> 50 años de la lucha contra el racismo [Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (ICERD)]
>> Programa Recordemos la esclavitud destinado a educar sobre el comercio transatlántico de esclavos y comunicar los peligros del racismo y de los prejuicios
>> Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales
>> Declaración y Programa de Acción de Durban
>> Documento Final de la Conferencia de Examen de Durban
>> Declaración política adoptada en el décimo aniversario de la aprobación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban
>> Resolución que proclama el 21 de marzo como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial
>> Resolución que proclama la Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial
Antecedentes
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Manifestantes huyen de la masacre. Foto: Archivo Bailey’s African History[/caption]
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo. Ese mismo día, en el 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el Día en el 1966, la Asamblea General de la ONU instó la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial (resolución 2142 (XXI).
En el 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un programa de actividades para su realización durante la segunda mitad del Decenio de Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial (A/RES/34/24). En esa ocasión, se decidió que todos los años, en todos los Estados, a partir del 21 de marzo, se organizaría una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial.
Desde entonces, el sistema del apartheid en Sudáfrica se ha desmantelado. Leyes y prácticas racistas se han suprimido en muchos países, y hemos construido un marco internacional para el enfrentamiento del racismo, guiado por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La Convención está ahora a punto de ratificarse a nivel universal y, aún así, en todas las regiones, muchas personas, comunidades y sociedades sufren con la injusticia que implican el racismo y el estigma contra afrodescendientes.
Principio de la igualdad
La Asamblea General de la ONU reiteró que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y al bienestar de la sociedad. En su resolución más reciente, la Asamblea también enfatizó que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas, debiendo rechazarse. Desde su fundación, las Naciones Unidas han priorizado esta cuestión, por lo que la prohibición de la discriminación racial se ha consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos instrumentos imponen a los Estados obligaciones y tareas dedicadas a erradicar la discriminación en las esferas pública y privada. El principio de igualdad exige también de los Estados que adopten medidas para eliminar las condiciones que causan o propician la perpetuación de la discriminación racial.">Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: luchemos contra el racismo en la educación
21 de marzo de 2020Hoy (21 de marzo), Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) llama la atención de movimientos, organizaciones, activistas, educadores, educadoras y estudiantes sobre la urgencia de enfrentar y superar el racismo, la xenofobia y la intolerancia desde y en la educación. (más…)
Aminta Navarro: "No hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes.[/caption]
En la ocasión, Aminta llamó la atención sobre la importancia del derecho a la protesta social como estrategia fundamental para demandar al Estado una educación de calidad, pública y gratuita para todas y todos. “No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita”, explicó.
Lee la entrevista completa.
¿Existe alguna legislación que aborde el tema de la privatización educativa o del lucro en la educación en Honduras?
Aminta Navarro - No hay legislación tácita. O sea, lo que dice la ley es que el derecho a la educación privada existe, pero el rector es el Ministerio de Educación como representante del Estado. Hay una asociación de instituciones privadas educativas en el país, que actúan desde la educación inicial. De hecho, el Estado sólo te garantiza un año de educación preescolar, siendo los otros años de preescolar ofrecidos por el sector privado. Así mismo, está en manos del sector privado la educación bilingüe, que es altamente cara. Las leyes del país no regulan el lucro, pues no dicen hasta cuánto se puede cobrar en matrículas o mensualidades, lo que hoy se regula por la libre oferta y demanda. Así mismo, los padres y madres son libres para enviar sus hijos e hijas al sistema que quieran: público, privado o privado religioso.¿Usted cree que la legislación nacional fomenta o favorece el lucro en la educación en detrimento de una educación pública y gratuita?
Aminta Navarro - Es ambiguo, pero hay como un claro desprestigio, digamos, de la educación pública, mientras hay una tendencia a destacar las supuestas bondades de la educación privada."Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos"Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos, para mandarlos a la escuela privada, porque esa “tendría mejores profesores y mejor acceso tecnológico, además de ofrecer clases de un segundo idioma”. También hay mecanismos o políticas que excluyen estudiantes que frecuentaban la escuela pública del ingreso a las universidades porque muchas veces el sistema básico público “no responde a las exigencias de la educación superior universitaria”, lo que abre el espacio de la universidad pública para solamente el ingreso de estudiantes que vienen de la escuela privada.
En la práctica, ¿falta regulación a la actuación del sector privado en el país?
Aminta Navarro - Creo que no solamente hay falta de regulación, sino que la ley hondureña posibilita las transferencias de fondo público al sector privado sin fines de lucro. También se establece la renuncia fiscal del sector privado que actúa en el área educativa y las instituciones privadas gozan de exoneración de impuestos. Además, bajo el modelo de centralización del Estado, hay una modalidad de contratación directa por servicios. Entonces el Estado, si quiere, puede contratar un centro educativo privado para la educación de los niños y niñas, que es lo que se hace también con la salud pública, y se llama tercerización de los servicios. Sin embargo, hay un fuerte movimiento de los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación para impedir que se aplique esta normativa.Respecto a la formulación de las legislaciones en su país, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante, o con gran influencia?
Aminta Navarro - Creo que hay toda una cuestión de construcción de imaginarios, que inclusive toma las mismas banderas del movimiento que defiende la educación pública y gratuita, para justificar la privatización. Por ejemplo, el Estado puede decir que, para garantizar el derecho humano a la educación, con calidad y pertinencia, necesita contratar instituciones privadas, las cuales “tienen mejores profesores, más eficientes y que coordinan mejor su trabajo”. Es algo que se dice de manera constante en el país, como que para que la sociedad lo vaya aceptando de alguna forma. Es sutil el mensaje, pero cada vez más te dicen que la educación pública no sirve y que el Estado debe tener resultados, siendo que la gestión por resultados solo te puede garantizar una institución privada.¿Y la privatización en la educación nacional ha aumentado en los últimos años, es una tendencia?
Aminta Navarro - Yo diría que el movimiento de profesores, profesoras, trabajadoras y trabajadores de la salud del país se ha unido y ha logrado, digamos, frenar esta intencionalidad del gobierno. Pero, no quiere decir que las medidas hacia la privatización no se implementarán.La definición 'organizaciones sin fines de lucro' varía según el país. En Honduras, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia a esta nomenclatura?
Aminta Navarro - Hay en el país las fundaciones de empresarios. Son llamadas fundaciones sin fines de lucro, y en ese sentido pueden captar recursos del Estado para desarrollar sus proyectos. Pero, entendemos que estas fundaciones debilitan la sociedad civil que hace un trabajo por la educación pública y gratuita, porque el Estado les transfiere recursos. En el caso de la educación inicial, se les transfiere fondos a fundaciones que no son lucrativas, pero nadie evalúa los resultados de la educación que estos centros ofrecen, o sea, no hay un control por parte del Estado.¿Existen brechas en la legislación actual de Honduras, que estimulen la práctica lucrativa en la educación?
Aminta Navarro - Yo creo que sí. El sistema posibilita la libertad de la educación privada y que el padre o madre es libre para matricular sus hijos e hijas en la educación pública, la privada, o inclusive la religiosa privada. Mientras tanto, se hace todo un desprestigio de la educación pública, con pruebas para medir resultados de aprendizaje, las cuales apuntan a que los niños y niñas del país no saben leer, escribir, ni comprender. Eso sustenta y apoya el sector privado y el lucro en la educación. Hay una oferta [de educación privada] y los padres y madres que pueden pagar por una escuela, aunque no tengan casa, prefieren pagar por la educación de uno o dos hijos, que comprar una casa. En el sistema privado no hay huelgas de docentes y las escuelas privadas suelen ser bien equipadas. Pero, el Estado no equipa, no mejora las condiciones de las escuelas públicas, incluyendo el acceso a la Internet, no cumple [con sus deberes], mientras que la educación privada sí ofrece estas condiciones. Además, lo puede hacer porque no paga impuestos. Son incentivos para el sector privado y el lucro porque, en la medida en que hay más desilusión, desesperanza por la educación pública, más apertura hay para la actuación de empresas con fines de lucro en la educación.Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que deba hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?
Aminta Navarro - En la ley de educación que se aprobó en el 2012, queda reflejada la educación como un derecho humano. Creo que lo que hay es una debilidad del sector educativo y de las condiciones de trabajo de los maestros y maestras de la educación básica inicial."No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes"Así mismo, no tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita. Infelizmente, el sector público no te garantiza la gratuidad.
¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la gratuidad educativa?
Aminta Navarro - Yo creo que, más que presionar por cambios legislativos, la sociedad civil debe exigir la aplicación de la legislación que ya existe para la garantía de la educación pública. En el país, lo que vivimos es una total desaplicación de la justicia y la ley. La norma establece que en el país la educación es pública, gratuita y un derecho humano. La ley fundamental de educación retoma la educación como un derecho fundamental, y además establece que la educación debe darse en español, inglés y que los pueblos originarios tienen derecho a ser educadas/os en su lengua materna, teniendo el español como segunda lengua. Sin embargo, esta legislación no se aplica.¿Y en relación al derecho a la movilización? ¿Usted cree que si las y los estudiantes y profesoras/es tuvieran garantido su derecho a la protesta, la educación estaría mejor?
Aminta Navarro - La Constitución del país sí asegura el derecho a la protesta y que este no puede ser violado. Ya es una garantía constitucional, pero una cosa es lo que dice la constitución y la ley, y otra es la práctica cuando estás en un país y un momento como el nuestro, donde no se cumplen las normas. Estamos en un gobierno centralizador, con limitados esfuerzos democráticos. Incluso, se está discutiendo una propuesta de prohibir a los profesores y profesoras que salgan a las manifestaciones en el país. Eso sería inconstitucional porque estaría violentando el derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República. ">Aminta Navarro: “En la medida en que hay más desesperanza por la educación pública, más se da la apertura para el lucro en la educación”
La lucha por una educación pública y gratuita, la privatización del sistema educativo, la criminalización y represión contra la protesta social, leyes educativas y la calidad de la educación en Honduras, fueron algunos de los temas abordados durante entrevista de Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a la CLADE. (más…)
Coronavirus en Brasil: organizaciones demandan al Supremo Tribunal la inmediata suspensión de la limitación de gastos para educación y salud
20 de marzo de 2020Organizaciones que actúan en defensa de los derechos humanos en Brasil presentaron, el último 18 de marzo, una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima del país, por la suspensión inmediata de la Emenda Constitucional 95 de 2016 (EC 95/2016), que limita los gastos públicos en educación, salud, asistencia social y otros derechos. La motivación tiene carácter emergencial, ya que la pandemia del COVID-19 (coronavirus) pone en riesgo el funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS). Así mismo, la suspensión de las clases presenciales en el sistema público de educación, como forma de mitigar la transmisión del virus, acompañada de la interrupción de la oferta de alimentación escolar, ha expuesto niños, niñas y adolescentes de familias con menos ingresos a la miseria y al hambre. (más…)
A partir de su experiencia en la iniciativa #LaEducaciónQueNecesitamos, joven inicia campaña en Bolivia
9 de marzo de 2020“La campaña #LaEducaciónQueNecesitamos tuvo como transformación positiva que nosotros como estudiantes nos hagamos escuchar en todo momento, y mucho más si la necesidad es mucho más fuerte y mucho más importante, porque la educación es poder”, afirmó Gabriel Villarpando, estudiante del último año de Derecho e integrante de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) en el departamento de Tarija, Bolivia.
Con 24 años, Gabriel Villarpando fue uno de los más de 50 jóvenes y adolescentes que participaron en la iniciativa #LaEducaciónQueNecesitamos para el Mundo que Queremos, la cual se lleva a cabo entre octubre de 2019 y abril de 2020, con el objetivo de incentivar a que adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe compartan sus voces, expectativas y opiniones sobre el derecho a la educación.
A partir de su experiencia en #LaEducaciónQueNecesitamos, Gabriel inició la campaña #Mochila2.0, que tiene por objetivo impulsar diálogos sobre el derecho a la educación, y a la vez recolectar mochilas en desuso para distribuir a las y los estudiantes que necesitan del material.
Las mochilas que se recaudaron se distribuirán a comunidades rurales y en situación de vulnerabilidad en la región de Tarija la próxima semana, y en este marco se realizarán entrevistas grabadas en video con las y los estudiantes que recibirán las donaciones, para consultar sus opiniones y sugerencias sobre el derecho a la educación.
“La educación que nosotros necesitamos es una educación emancipadora equitativa e inclusiva. Una educación que pueda generar un efecto, para que sea accesible, es decir, que en cualquier lugar exista educación”, afirmó.
En el diálogo a continuación, Gabriel explica la campaña #Mochila2.0 y comenta su experiencia de participación en la iniciativa #LaEducaciónQueNecesitamos y la importancia de la educación emancipadora para las y los adolescentes y jóvenes.
¿En qué consiste la iniciativa #Mochila2.0?
Gabriel Villarpando – La iniciativa consiste en poder recolectar mochilas que algunos estudiantes ya no usan, pero que pueden tener todavía un ciclo de vida con otras personas a la hora de asistir al colegio.
La idea es incentivar a que las y los estudiantes o padres de familia donen esas mochilas que están dejando en desuso. Inicialmente, nosotros las recolectamos y posteriormente las vamos a donar como incentivo para aquellos pueblos originarios campesinos que están fuera de la ciudad, que están en el área rural. Para ellos es mucho más difícil acceder cada año a útiles escolares nuevos, en este caso específico, a una nueva mochila. Queremos llegar con esta campaña para incentivar a esos estudiantes de los pueblos originarios campesinos, en esta ocasión a las y los estudiantes del pueblo Weenhayek.
¿Cómo la están llevando a cabo?
Gabriel Villarpando – Nosotros lanzamos una convocatoria a través de las unidades educativas que se suscribieron a la campaña, o que están trabajando en equipo con nosotros y también con la federación de estudiantes de secundaria. Además, tenemos una agrupación que está como equipo coordinador de la iniciativa, que se llama Unidos en Acción.
Esta campaña se lanzó el ocho de febrero oficialmente con las unidades educativas.
¿Cómo surgió la idea?
Gabriel Villarpando – La idea surgió a partir de pensar cuán útil puede ser este material escolar, la mochila, para nosotros los estudiantes que necesitamos llevar todos los días a nuestros centros educativos nuestros cuadernos, nuestros lápices y demás útiles escolares. La mochila nos ayuda a trasladar todos nuestros materiales de manera mucho más fácil.
Fue ahí que surgió realmente todo, porque para estos pueblos originarios es muy difícil poder comprar o renovar su material escolar cada año, en este caso las mochilas, porque ellos son del área rural y allá no hay mucho comercio. También tienen que desplazarse a la ciudad y muchas de esas familias son de escasos recursos, y si llegan a la ciudad -cosa que no hacen de manera frecuente- es para comprar artículos de primera necesidad como alimentos y víveres.
Muchos de los estudiantes de los pueblos originarios ni siquiera tienen una mochila, muchos llevan sus cuadernos y lápices en las manos. Vimos ahí un problema y una necesidad, y quisimos crear la campaña #Mochila2.0 para incentivar a estos estudiantes
¿En qué momento se articuló con la campaña #LaEducaciónQueNecesitamos para el mundo que queremos?
Gabriel Villarpando – Bueno, la campaña se adhiere, en realidad, con la esencia de poder promocionar el ejercicio pleno del derecho a la educación como derecho humano, y formalizar e incentivar aquellas políticas públicas que puedan coadyuvar a que se genere un cambio en cuanto a la educación que necesitamos y poder tener como resultado un mundo mejor.
Es por eso que incentivamos la donación de las mochilas en desuso, para que en una segunda vida éstos artículos puedan generar un cambio para que las y los estudiantes puedan seguir yendo a las unidades educativas, facilitando su vida escolar sobre todo porque son del área dispersa o del área rural. Asimismo, quisimos en nuestra campaña, recordar también, el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU [celebrada el 20 de noviembre de 2019].
¿Para ustedes, cuál es #LaEducaciónQueNecesitamos para el mundo que queremos?
Gabriel Villarpando – La educación que necesitamos es una educación emancipadora equitativa e inclusiva. Una educación que pueda generar un efecto, para que sea accesible, es decir, que en cualquier lugar exista educación, priorizando las unidades educativas en el área rural, porque muchos estudiantes caminan horas para asistir a un centro educativo. Entonces, es por eso que tiene que ser inclusiva, accesible, y esa es la educación que necesitamos.
¿Piensan realizar otras acciones en relación al mismo tema o iniciativa?
Gabriel Villarpando – Claro que sí, porque lo más importante es que la articulación de esta campaña va a generar que podamos articularnos e incidir ante nuestras autoridades, personas, tomadores de decisiones para poder generar políticas públicas a favor de la defensa del derecho a la educación.
¿Puedes identificar alguna transformación positiva después de haber participado en la campaña #LaEducaciónQueNecesitamos para el mundo que queremos?
Gabriel Villarpando – Claro que si. Fue muy importante poder escuchar las voces de los actores principales como son los estudiantes y la empatía que nos transmitieron a la hora de compartir sus experiencias, vivencias, al exigir o socializar la educación que necesitamos para el mundo que queremos.
“La campaña #LaEducaciónQueNecesitamos tuvo como transformación positiva que nosotros como estudiantes nos hagamos escuchar en todo momento, y mucho más si la necesidad es mucho más fuerte y mucho más importante, porque la educación es poder”
Es bien importante el rol que esto juega al momento de poder generar políticas públicas o poder exigir la NO vulneración de este derecho. Incluso, incentiva a que nosotros como estudiantes nos involucremos en este plan de incidencia que puede llegar a articularse con toda la exigencia y las necesidades que tenemos en cuanto al área de educación. Especialmente, en esta etapa de transición o crisis política que está pasando Bolivia, en cuanto a la nueva elección de nuestro presidente o presidenta del país.
Lo que se percibe es que la campaña #LaEducaciónQueNecesitamos tuvo como transformación positiva que nosotros como estudiantes nos hagamos escuchar en todo momento, y mucho más si la necesidad es mucho más fuerte y mucho más importante, porque la educación es poder.
¿Algo más que desees agregar?
Gabriel Villarpando – Esta campaña se lanzó el 8 de febrero oficialmente con las unidades educativas y venció el 22 de febrero. Sin embargo, espero que puedan sumarse a esta campaña, socializándola y compartiéndola con sus amistades o compañeros estudiantes en todas las instancias, para que podamos llegar a más personas y también generar un incentivo para que otras organizaciones, coaliciones o plataformas de organización civil en defensa de la educación puedan sumarse y replicar este tipo de iniciativas.
La influencia del sector educativo privado en la educación pública mexicana
17 de febrero de 2020
En diálogo con la CLADE, Mauro Jarquín, tesista de Ciencia Política, ex-consejero estudiantil en la FCPyS y colaborador de medios electrónicos como Insurgencia Magisterial y Otras Voces en Educación, presenta sus observaciones y análisis respecto a las políticas públicas y leyes educativas en México, y en qué medida favorecen la privatización y el lucro en la educación, en detrimento de sistemas educativos públicos y gratuitos.
En esta segunda parte del relato, el investigador analiza cómo las corporaciones empresariales han influenciado las políticas educativas en el país, y cómo la educación ha sido parte de la estrategia de estos grupos para llegar al poder. (más…)
