Al abordar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestra región la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos, identificando además que uno de los mayores obstáculos para los derechos de niños, niñas y adolescentes es la falta de una inversión suficiente y priorización presupuestaria que permita su plena realización.

En el <a href=informe, presentado en el día de ayer, la CIDH llama la atención sobre los alarmantes niveles de violencia de la que son víctimas las niñas y las adolescentes, especialmente la violencia sexual. Destaca que algunos de los países de la región tienen de las más altas tasas de violencia sexual a nivel mundial; en Bolivia, 1 de cada 3 niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años; en Argentina, en los ocho primeros meses del 2017, se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por violencia sexual en todo el país; en Perú, 2 de cada 5 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años; en Paraguay, los niños y niñas son los/as que más sufren violencia sexual dentro del ámbito familiar en tanto el 89,8% de las víctimas son NNA, y de éstos el 69,5% no supera los 13 años de edad. Por otro lado, señala que el embarazo infantil y adolescente “es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siendo una parte considerable de estos embarazos producto de violación sexual”. En Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; en Paraguay, cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad; en Guatemala, el 26% de los partos atendidos es de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Ello afecta derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida, la salud, la integridad y el desarrollo personal, entre otros derechos de las niñas y adolescentes, disminuyendo además sus oportunidades de ocio, recreación, deporte y participación. Resalta, en lo que hace al derecho a la educación, que las niñas y adolescentes embarazadas “son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo, o bien no se les facilitan las posibilidades para poder hacerlo, privándolas de su derecho a la educación”. Llama la atención también sobre “tendencias preocupantes respecto a la negación de los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y a las adolescentes” destacando que “una de las circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes es precisamente la falta de acceso a información y a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible”. Se señala, además, que “la ausencia de una educación sexual y reproductiva, desde edades tempranas y que se encuentre adaptada a las diversas fases de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los expone a ser víctimas de actos de violencia sexual y a embarazos no deseados. Considerando los alarmantes niveles de violencia sexual y de embarazo infantil en la región, es imperativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes garantizar el acceso y la calidad de la educación sexual y reproductiva en los currículos educativos en las escuelas”. Agrega que, a pesar de ello, se observa una tendencia “en sentido contrario, con amenazas de retrocesos como la eliminación de la materia en los currículos, la negativa a introducirla en aquellos que todavía no cuentan con esta materia, o bien no proporcionan suficiente información o están sesgados por estereotipos”. Acceda aquí a la versión completa del Informe Anual 2017 de la CIDH.">
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos

Informe anual de la CIDH llama la atención sobre los alarmante niveles de violencia contra la niñez

24 de octubre de 2018

Al abordar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestra región la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos, identificando además que uno de los mayores obstáculos para los derechos de niños, niñas y adolescentes es la falta de una inversión suficiente y priorización presupuestaria que permita su plena realización.

En el informe, presentado en el día de ayer, la CIDH llama la atención sobre los alarmantes niveles de violencia de la que son víctimas las niñas y las adolescentes, especialmente la violencia sexual. Destaca que algunos de los países de la región tienen de las más altas tasas de violencia sexual a nivel mundial; en Bolivia, 1 de cada 3 niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años; en Argentina, en los ocho primeros meses del 2017, se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por violencia sexual en todo el país; en Perú, 2 de cada 5 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años; en Paraguay, los niños y niñas son los/as que más sufren violencia sexual dentro del ámbito familiar en tanto el 89,8% de las víctimas son NNA, y de éstos el 69,5% no supera los 13 años de edad.

Por otro lado, señala que el embarazo infantil y adolescente “es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siendo una parte considerable de estos embarazos producto de violación sexual”. En Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; en Paraguay, cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad; en Guatemala, el 26% de los partos atendidos es de niñas y adolescentes de 10 a 19 años.

Ello afecta derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida, la salud, la integridad y el desarrollo personal, entre otros derechos de las niñas y adolescentes, disminuyendo además sus oportunidades de ocio, recreación, deporte y participación. Resalta, en lo que hace al derecho a la educación, que las niñas y adolescentes embarazadas “son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo, o bien no se les facilitan las posibilidades para poder hacerlo, privándolas de su derecho a la educación”.

Llama la atención también sobre “tendencias preocupantes respecto a la negación de los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y a las adolescentes” destacando que “una de las circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes es precisamente la falta de acceso a información y a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible”.

Se señala, además, que “la ausencia de una educación sexual y reproductiva, desde edades tempranas y que se encuentre adaptada a las diversas fases de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los expone a ser víctimas de actos de violencia sexual y a embarazos no deseados. Considerando los alarmantes niveles de violencia sexual y de embarazo infantil en la región, es imperativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes garantizar el acceso y la calidad de la educación sexual y reproductiva en los currículos educativos en las escuelas”.

Agrega que, a pesar de ello, se observa una tendencia “en sentido contrario, con amenazas de retrocesos como la eliminación de la materia en los currículos, la negativa a introducirla en aquellos que todavía no cuentan con esta materia, o bien no proporcionan suficiente información o están sesgados por estereotipos”.

Acceda aquí a la versión completa del Informe Anual 2017 de la CIDH.


Foto: Unicef/México

Oscar Jara: Tenemos que generar otras maneras para convertir la resistencia en reexistencia a la logica dominante de la educación

19 de octubre de 2018

“Hace unos años, llegué a una escuela en Colombia, en una universidad donde decía “aula tal, aula tal… Alguien curiosamente había puesto una “J” en la palabra, de tal manera que ella se había transformado en “jaula tal”. A mí me pareció muy significativa esa crítica. Muchas veces pensamos que los espacios educativos son espacios cerrados, mirados hacia adentro en lugar de ser escuelas sin paredes, con ventanas abiertas donde todo lo que ocurre en nuestro alrededor debería ser todo lo que tocamos en nuestros procesos educativos. Tanto la educación como la formación docente no se van a realizar solamente con el estudio individual, sino también con los movimientos, con los procesos sociales que ocurren en nuestros respectivos países”.

Esta reflexión fue compartida por el sociólogo y educador popular Oscar Jara, durante un diálogo virtual con el tema “educación emancipadora”, que fue realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) el 15 de octubre, en el marco de la movilización regional “Educar para la Libertad”.

Para Oscar, al pensar los cambios que requiere la educación, la sociedad debe hacerse una pregunta: “¿nos educamos para adaptarnos a los cambios que ocurren, o nos educamos para transformar esta situación y dirigirla hacia los cambios que queremos que ocurran y desarrollar, por lo tanto, nuestras capacidades de proyección?”

Según el sociólogo, la educación hoy enfrenta una ofensiva conservadora. “El fundamentalismo del mercado se está expresando también en un proceso, no solo de retroceso, sino de una ofensiva conversadora brutal, cargada de ánimos sumamente agresivos y que buscan hacer que los procesos de cambio que han habido en América Latina no sigan adelante, retrocedan y “ojalá, segun ellos, nunca vuelvan a aparecer”.

Género y educación

El educador también analizó la ola conservadora que la región de América Latina y el Caribe viene enfrentado en relación a los derechos de las niñas y mujeres, lo que ha afectado fuertemente a la educación.

“Este refuerzo de una lógica autoritaria, vertical, del predominio de la violencia en las relaciones de poder es una herencia que ahora se agudiza porque hay una reacción, porque la revolución feminista ha sido una de las revoluciones más fundamentales que hemos tenido en este siglo y que cambia la lógica de las relaciones de poder, en la vida cotidiana y en todos los espacios de la vida política, económica, cultural”, dice.

Educación: espacio en disputa

Por estos y otros conflictos sociales que América Latina y el Caribe han enfrentado con más intensidad en los últimos meses, la educación, según Oscar Jara, es un espacio en disputa.

“Estamos permanentemente enfrentando una lógica, una matriz de pensamiento y una matriz cultural que es patriarcal, capitalista, con valores individualistas, de mercado, una matriz colonial, que nos va siempre limitando en nuestras capacidades. Ante esta situación, debemos crear una otra hegemonía, una otra manera de pensar, de vivir, y eso es un proceso de una educación emancipadora y liberadora”.

Los docentes y la educación emancipadora

La formación docente, para Oscar Jara, es un elemento clave para que la opresión se combata a través de la educación y en la educación.

“El docente o la docente que continúa reproduciendo esquemas autoritarios, impositivos, unidireccionales, aunque tenga un discurso “liberador”, está reproduciendo las maneras de generación de poder, de limitación de poder, las maneras opresivas que las sociedades capitalistas, patriarcales, colonialistas, como la que nosotros vivimos, refuerzan. Entonces, ¿cómo nos formamos como docentes capaces de generar aprendizajes que puedan generar otro tipo de vínculos?”

Educación popular

Durante el diálogo virtual, Oscar Jara explicó las principales características de la educación popular. Según el educador, ella debe ser entendida en tres aspectos: una educación para toda la gente, un derecho universal y una educación construida por los movimientos populares.

“Para que una educación sea popular, para que alcance a todo el mundo como aspiración democrática, es necesario que priorice a los sectores populares que sufren niveles de asimetría y que, por otro lado, tenga como protagonista, como sujeto histórico y político, a aquellos sectores que luchan para transformar estas asimetrías”.

Existencia y reexistencia

Según Oscar, la resistencia ante la lógica de educación dominante es fundamental, pero hay que crear mecanismos para la construcción de otras maneras de pensar y actuar, hay que transformar la resistencia en reexistencia.

“Es importante no solamente quedarnos en los espacios de negación, lo que es fundamental, sino también generarnos entre nosotros otras maneras para convertir la resistencia en reexistencia: otra manera de pensar, de hacer y de generar capacidad de desmontaje de la lógica dominante”


Sobre Oscar Jara

El peruano-costarricense Oscar Jara es sociólogo y educador popular. Director del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en Costa Rica y Presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). Ha trabajado en procesos de educación popular en todos los países de América Latina, impulsando una pedagogía basada en el pensamiento de Paulo Freire con quien tuvo oportunidad de trabajar en varias oportunidades en los años ochenta.  Afirma que los procesos de educación deben ser críticos, dialógicos, liberadores y desarrollar nuestras capacidades de transformación social y personal, vinculados a procesos de organización y participación. Su planteamiento se sustenta en una propuesta ética, política y pedagógica emancipadora. Uno de los temas que más ha trabajado es en torno a la teoría y metodología de sistematización de experiencias como forma de producir aprendizajes significativos desde las prácticas.


<em>Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva</em> <!--more-->

El 5 de septiembre de 2018 tuvo lugar en Mendoza, Argentina, la Reunión Ministerial de Educación del G20. En la <a href=declaración final del encuentro, las autoridades presentes reafirmaron el compromiso de sus Estados con el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 y la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva. La declaración subraya que las políticas hacia la igualdad de género en la educación son fundamentales para el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que se debe dotar a las y los docentes de conocimiento, habilidades, valores y actitudes libres de los estereotipos de género para que todas y todos se desarrollen hasta alcanzar su máximo potencial. Además, señala que la implementación de estas políticas requiere un financiamiento adecuado. “Reconocemos que es de vital importancia que se proporcionen niveles suficientes de inversión nacional e internacional en educación en aras de lograr educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos”, afirma la declaración. El documento también destaca el rol fundamental de las y los docentes, y la necesidad de garantizar valorización y formación adecuada para estos profesionales. Asimismo, subraya que el acceso a la educación de calidad es un derecho humano y la base para la conquista de otros derechos, afirmando que “el poder transformador y la naturaleza transversal de la educación la convierten en una herramienta esencial para abordar nuestros desafíos globales y contribuir a la búsqueda de diálogo, consenso, cooperación, colaboración, y metas de políticas, objetivos coordinados y respuestas del G20”. En el marco de la Reunión Ministerial, la CLADE, en alianza con sus miembros en los países de América Latina y el Caribe que forman parte en el G20 - Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) en México, entregaron un documento a las autoridades presentes en el encuentro. En ese documento, expresan sus preocupaciones ante los desafíos para el financiamiento educativo en la región e instan los gobiernos que integran el G20 para que asuman un compromiso con la justicia tributaria; garanticen recursos adecuados para el derecho a la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos y gratuitos; y ejecuten planes y presupuestos educativos sensibles a la inclusión, la equidad, la igualdad de género y la garantía del acceso y la permanencia escolar para todas las personas. A pesar de recoger gran parte de estas demandas, la declaración ministerial no profundiza en algunos de los planteamientos de la sociedad civil, por ejemplo, el compromiso de los Estados con el financiamiento adecuado de sistemas públicos gratuitos, y la justicia tributaria como forma de asegurar los presupuestos públicos nacionales sostenibles como principal fuente de recursos para la educación. Otras partes de la declaración, a su vez, generan preocupación porque defienden la gestión educativa “por resultados”, lo que podría abrir camino para la focalización de inversiones en políticas educativas “eficientes”, según los recursos que estén “disponibles”, en detrimento de parámetros para un financiamiento educativo con calidad para todas las personas, que pongan a los derechos por encima de los resultados y se desarrollen en diálogo con la sociedad civil. La CLADE y sus miembros seguirán impulsando acciones de incidencia para que se incluyan compromisos con el financiamiento educativo, la gratuidad educativa, la realización del derecho humano a la educación y la Agenda de Educación 2030 en la declaración final del G20, que se adoptará en el marco de la Cumbre de Líderes, a realizarse los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina. Lea la Declaración de Ministros de Educación del G20 aquí.">
Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva

Declaración de Ministros de Educación del G20 reafirma compromiso con la realización de la Agenda de Educación 2030

Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva (más…)


<em>Documentos de la CBDE apuntan hacia caminos y desafíos para una educación despatriarcalizadora y descolonizadora</em><!--more-->

La <a href=Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación(CBDE), miembro de la CLADE en Bolivia, actúa con miras a fortalecer la participación social y desarrolla propuestas y acciones de incidencia en las políticas públicas del país, por la garantía del derecho humano a la educación. El contexto nacional es favorable a la lucha de la Campaña y de otros movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación, pues desde la promulgación de la Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”, se viene promoviendo en el país la implementación del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. Una de las características de este modelo es el permanente diálogo y construcción conjunta de propuestas entre gobierno e instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En este marco, se realizó el 20 de diciembre de 2017, en La Paz, el 5º Encuentro Pedagógico “Por la universalización del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo”. Este espacio posibilitó elaborar de manera colectiva propuestas de políticas y estrategias para el derecho a la educación sociocomunitaria y productiva, desde la participación de distintos actores del sector educativo. La CBDE y sus miembros, a partir de un proceso de construcción participativa, presentaron al 5º Encuentro Pedagógico el documento “Lineamientos de acción para una educación pública, inclusiva, equitativa y de calidad - Aportes desde la sociedad civil”, con el objetivo de contribuir con el diseño e implementación de políticas y estrategias educativas relacionadas con: la educación regular; primera infancia y educación inicial; formación técnica, profesional y superior; educación de personas jóvenes y adultas; el acceso igualitario a la enseñanza; y la educación para el desarrollo sostenible. Además, la CBDE publicó el posicionamiento “Por una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con aprendizajes a lo largo de la vida para todos y todas”. En este llamado a la acción se insta a que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma la responsabilidad de dar cumplimiento a las metas e indicadores propuestos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de número 4 (ODS4), referido a la educación, así como en el Marco de Acción para la Educación 2030. Se subraya que la realización de esta Agenda es fundamental para promover el Vivir Bien de todas y todos, sin discriminación de ningún tipo. En el documento, la Campaña afirma que la educación debe ser despatriarcalizadora y descolonizadora. Además, presenta sugerencias y preocupaciones sobre 5 ejes temáticos: calidad de la educación en el sistema educativo plurinacional; sistemas de información; financiamiento e inversión en educación; políticas, planes y legislación intersectoriales; y la participación social comunitaria en la educación.">
Documentos de la CBDE apuntan hacia caminos y desafíos para una educación despatriarcalizadora y descolonizadora

Bolivia: Se defiende educación sociocomunitaria y productiva

8 de octubre de 2018

Documentos de la CBDE apuntan hacia caminos y desafíos para una educación despatriarcalizadora y descolonizadora (más…)


El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe (Sumario Ejecutivo)

21 de septiembre de 2018

La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.


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Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030

6 de septiembre de 2018

Con este documento, CLADE y sus miembros en Argentina, Brasil y México instan por el compromiso de los Estados del G20 con la garantía de presupuestos educativos sostenibles y suficientes para el fortalecimiento de sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos.


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Niñas y niños en el patio de una escuela
Fernando Santos

Argentina: Sociedad civil exige infraestructura escolar segura

10 de agosto de 2018

Ante la tragedia que tuvo lugar en la escuela nº 49 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, donde una explosión de gas provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) pone en marcha una petición para exigir la garantía de la seguridad de la infraestructura escolar. (más…)


No dejar a nadie atrás: El rol central de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la implementación de la Agenda 2030

28 de julio de 2018

En este documento, que presentamos a las autoridades reunidas en la II Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, planteamos la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, y para la plena implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).


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El financiamiento del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe en el contexto de la Agenda 2030

En el marco de la II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (AL&C), la CLADE lanzó un análisis de la situación del financiamiento educativo en la región, en base a los datos de su Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en AL&C, así como informaciones de fuentes nacionales.

>> Descargue aquí la versión actualizada del análisis, lanzada en 2020.


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Foto: Archivo CLADE

Vernor Muñoz: “La lucha por una escuela inclusiva no puede darse dentro de una comunidad excluyente”

27 de julio de 2018

Como insumos para los debates de la II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, el consultor presentó los resultados de estudios realizados en las temáticas aprendizaje a lo largo de la vida, docentes, calidad, equidad e inclusión

La II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe tuvo lugar los días 25 y 26 de julio en Cochabamba, Bolivia, con miras a discutir y elaborar una Hoja de Ruta para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), referido a la educación, y la Agenda de Educación 2030 (E2030) en América Latina y el Caribe.

En este marco, Vernor Muñoz, quien estuvo a cargo de coordinar estudios para el encuentro, presentó los resultados de estas investigaciones en las temáticas: aprendizaje a lo largo de la vida; docentes; calidad; equidad e inclusión.

Sobre inclusión y equidad, Muñoz afirmó que la pobreza agrava la discriminación que sufren pueblos y personas históricamente marginadas por razones ideológicas, políticas o culturales. Asimismo, señaló que la violencia, el castigo corporal, la intimidación y la actuación de pandillas igualmente afectan la inclusión y la equidad en la educación.

Expuso que la lucha por una escuela inclusiva no puede darse dentro de una comunidad excluyente o de un Estado intolerante. “Sistemas educativos basados en jerarquías alimentan el imaginario político e ideológico, contribuyendo a constituir sistemas políticos neocoloniales, que definen a su vez modelos de sociedad, de Estado y de escuela”, destacó.

Respecto a la calidad educativa, Muñoz subrayó que esta es una categoría disputada por diversas ideologías, y criticó las concepciones que priorizan el rendimiento escolar, el desarrollo de competencias y el capital humano.

“Las realidades comunitarias en Estados multiétnicos y pluriculturales, como los de nuestra región, conducen al cuestionamiento de modelos educativos homogeneizantes que impiden encontrar sentido en lo complejo y en lo diverso”, apuntó, destacando que la calidad educativa no puede ser unívoca en su contenido.

Sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, el consultor afirmó que no debe limitarse a la formación para el empleo, y destacó que es necesario garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia hasta la educación para personas jóvenes y adultas (EPJA), con la elaboración de currículos, directrices y estándares de calidad, desde la perspectiva de derechos humanos. Recomendó, además, la ampliación del acceso de grupos históricamente excluidos a la educación superior, así como la revisión de los alcances, estrategias y métodos de las modalidades formal y no formal de educación.

Por fin, en relación a la cuestión de las y los docentes, afirmó que la preparación técnico-académica no es suficiente para fortalecer la profesión y promover buenos resultados de las y los estudiantes. “No se puede esperar que docentes produzcan los cambios que no se realizan en la esfera política”.

Señaló que es necesario volver atractiva la profesión docente. “Docentes de pre-escolar y primaria ganan por hora entre 32% y 40% menos que otros profesionales y técnicos. Docentes de secundaria ganan por hora entre 12% y 26% menos que los otros profesionales”. Según Muñoz, para mejorar las condiciones laborales de las y los docentes, es preciso reconocer que sus sindicatos son actores fundamentales para las reformas y políticas educativas.

Lea la intervención completa de Vernor Muñoz aquí.