Imagem de capa do arquivo INFORME REGIONAL EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PROCURANDO ACELERAR EL PASO 2017. Apresenta diversas fotos de pessoas adultas e crianças reunidas em pé, em mesas ou com instrumentos musicais.
Imagen del documento Informe Regional - Procurando acelerar el paso 2017

Procurando acelerar el paso 2017 – Informe regional

23 de julio de 2018

Educación de personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe es el tema del informe regional desarrollado por “Procurando acelerar el paso 201″7. La publicación es del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), a cargo del Grupo de Incidencia en Políticas Educativas (GIPE), con el apoyo del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de toda la Vida/ UIL-UNESCO. El archivo reúne:

  • Contexto y desafíos de la EPJA;
  • Repensando la EPJA;
  • Análisis de la evolución del marco de acción de Belem (CONFINTEA VI), en América Latina y el Caribe;
  • Políticas;
  • Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA): impacto en el trabajo y la salud;
  • Recomendaciones generales.
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La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados. <span style=Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos). Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”. Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho. El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”. Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados. En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional. Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”. Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13 Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces: http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/">
Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta a los Estados a ampliar las oportunidades educativas para todas las personas, sin discriminación, y a invertir lo máximo de recursos disponibles en la educación pública

Resolución de Consejo de la ONU exhorta al cumplimiento efectivo del derecho a la educación de todas y todos

20 de julio de 2018

La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados.

Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos).

Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”.

Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho.

El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”.

Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados.

En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional.

Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”.

Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13

Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces:

http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance

http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/

Declaración Final del Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación

4 de julio de 2018

El encuentro “Igualdad de Género, Violencia y Educación en Centroamérica: Estrategias de Transformación”, fue promovido por la CLADE, con el apoyo de UNICEF, en El Salvador. Esta Declaración Final es fruto de los debates, reflexiones y recomendaciones que se hicieron durante el encuentro.

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<em>El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño discute la idad mínima ideal para acceder a la educación básica y la posibilidad de que niñas y niños con menos de 6 años de edad completos se matriculen en la escuela primaria, en vez de frecuentar la pre-escuela.</em> El Movimiento Interforos de Educación Infantil de Brasil (MIEIB) <a href=se posicionó públicamente en contra de la reducción de la edad mínima para acceder a la primaria, argumentando que la educación infantil es la etapa de enseñanza que mejor puede realizar el derecho a la educación y al cuidado de las niñas y los niños de menos de 6 años. “La forma con que la niña o el niño de 0 a 5 años y 11 meses se relaciona con el mundo requiere espacios adecuados en los que se pueda jugar, descansar, experimentar y realizar actividades estructuradas, espontáneas, o libres”, afirma el posicionamiento público del MIEIB. También se destaca en el comunicado el riesgo de que niñas/os de 4 y 5 años de edad sean sometidas/os a pruebas de evaluación de desempeño para ingresar en la enseñanza básica, ante cupos limitados en determinados centros educativos. De acuerdo con el MIEIB, “caso se admita el ingreso de niñas y niños menores de 6 años en la primaria, en poco tiempo, tendremos escuelas ofreciendo cursos de preparación para exámenes de ingreso y, además, materiales para orientar los currículos de las instituciones de educación infantil como forma de preparar las niñas y los niños para estas evaluaciones”. Sumika Freitas, integrante del MIEIB y de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, comenta que este debate en el Supremo Tribunal Federal pone en riego el derecho a la infancia, pues de las/os 11 ministras y ministros del STF que ya se posicionaron, 4 votaron a favor, 4 en contra, y 1 solicitó vista en el proceso y 3 todavía votarán sobre el establecimiento de la edad mínima de 5 años completos para acceder a la escuela primaria. “Esperamos que el STF considere la importancia de la primera infancia como momento precioso en el desarrollo de las y los ciudadanas/os brasileñas/os. Una etapa de construcción de las bases de los individuos, un momento que no debe reducirse ni apresurarse”, subraya Freitas.">
Corte brasileña discute la idad mínima ideal para acceder a la educación básica y la posibilidad de que niñas y niños con menos de 6 años de edad completos se matriculen en la escuela primaria, en vez de frecuentar la pre-escuela

Movimientos y organizaciones sociales de Brasil se movilizan para proteger la educación en la primera infancia

11 de junio de 2018

El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño discute la idad mínima ideal para acceder a la educación básica y la posibilidad de que niñas y niños con menos de 6 años de edad completos se matriculen en la escuela primaria, en vez de frecuentar la pre-escuela.

El Movimiento Interforos de Educación Infantil de Brasil (MIEIB) se posicionó públicamente en contra de la reducción de la edad mínima para acceder a la primaria, argumentando que la educación infantil es la etapa de enseñanza que mejor puede realizar el derecho a la educación y al cuidado de las niñas y los niños de menos de 6 años. “La forma con que la niña o el niño de 0 a 5 años y 11 meses se relaciona con el mundo requiere espacios adecuados en los que se pueda jugar, descansar, experimentar y realizar actividades estructuradas, espontáneas, o libres”, afirma el posicionamiento público del MIEIB.

También se destaca en el comunicado el riesgo de que niñas/os de 4 y 5 años de edad sean sometidas/os a pruebas de evaluación de desempeño para ingresar en la enseñanza básica, ante cupos limitados en determinados centros educativos. De acuerdo con el MIEIB, “caso se admita el ingreso de niñas y niños menores de 6 años en la primaria, en poco tiempo, tendremos escuelas ofreciendo cursos de preparación para exámenes de ingreso y, además, materiales para orientar los currículos de las instituciones de educación infantil como forma de preparar las niñas y los niños para estas evaluaciones”.

Sumika Freitas, integrante del MIEIB y de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, comenta que este debate en el Supremo Tribunal Federal pone en riego el derecho a la infancia, pues de las/os 11 ministras y ministros del STF que ya se posicionaron, 4 votaron a favor, 4 en contra, y 1 solicitó vista en el proceso y 3 todavía votarán sobre el establecimiento de la edad mínima de 5 años completos para acceder a la escuela primaria. “Esperamos que el STF considere la importancia de la primera infancia como momento precioso en el desarrollo de las y los ciudadanas/os brasileñas/os. Una etapa de construcción de las bases de los individuos, un momento que no debe reducirse ni apresurarse”, subraya Freitas.

Encuentro aborda políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha para superar la violencia de género en y desde la educación

6 de junio de 2018

Como parte del programa del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realizó del 28 al 30 de mayo en San Salvador, El Salvador, impulsado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como alfitriona local, se realizó el día 28 de mayo el panel “Igualdad y violencia de género en y desde la educación: políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha”. (más…)

El Senado colombiano aprobó el 4 de abril la mayoría de los artículos del proyecto de ley 174/2017, de autoría del Ministerio de Educación Nacional, que convierte los créditos educativos en una trampa para el bolsillo de las y los universitarias/os. Esta norma se aplicará a estudiantes e instituciones de educación superior tanto públicas como privadas en los términos que el gobierno reglamente. El punto central del proyecto de ley es transformar el carácter de la deuda que adquirieron las y los futuras/os beneficiarias/os de créditos educativos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), una entidad financiera vinculada al Ministerio de Educación. La deuda estudiantil dejará de ser un déficit bancario para convertirse en tributario, lo que significa que no se extinguirá por insolvencia o muerte de la o del deudora/r, sino que podrá ser heredada por sus hijas/os. En un comunicado público, el senador colombiano Senén Niño (Polo Patriótico) declaró que “este proyecto de ley se constituye en otro atentado contra el derecho fundamental a la educación gratuita en las instituciones oficiales de educación superior, y en una trampa al bolsillo de los colombianos”. De acuerdo al parlamentario, al tratar la educación universitaria en Colombia como un negocio, el proyecto de ley ataca el derecho humano a la educación gratuita en el país. Además, esta medida desmotiva la población con menos ingresos a acceder a la enseñanza superior, por temor a endeudarse. La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que se celebra del 22 al 28 de abril de 2018, se suma a la movilización estudiantil que se opone al proyecto de Ley 174/2017, por considerarlo lesivo para las y los estudiantes, sus familias y las futuras generaciones. “Defendemos la gratuidad y universalidad de la educación, logrando el ingreso pleno y gratuito de la población colombiana al sistema educativo de calidad, público, estatal, desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida; incluyendo la educación de personas jóvenes y adultas y terminando así con el endeudamiento de las familias más empobrecidas con el ICETEX y con los bancos, por causa de la educación”, afirma la CCDE en posicionamiento público lanzado en el contexto de la SAME. En entrevista a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), Cecilia Gómez, integrante de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, manifestó que el proyecto de ley 174 tiene varios aspectos negativos para las/os estudiantes; por una parte, para estudiantes que son de clases populares la deuda es lesiva y atenta contra el derecho humano a la educación. Para Gómez, se abre camino a la privatización de la educación, perdiendo el derecho plural y democrático de acceso. Y por último, si esa deuda no puede ser cubierta por los y las estudiantes son sus familiares quienes tendrían la obligación de pagarla. Lea y escuche también <a href=aquí entrevista sobre el proyecto de Ley 174/2017, realizada por ALER con el senador Senén Niño.">
El punto central del proyecto de ley es transformar el carácter de la deuda que adquirieron las y los futuras/os beneficiarias/os de créditos educativos

Colombia: Avanza la privatización de la educación universitaria

26 de abril de 2018

El Senado colombiano aprobó el 4 de abril la mayoría de los artículos del proyecto de ley 174/2017, de autoría del Ministerio de Educación Nacional, que convierte los créditos educativos en una trampa para el bolsillo de las y los universitarias/os. Esta norma se aplicará a estudiantes e instituciones de educación superior tanto públicas como privadas en los términos que el gobierno reglamente.

El punto central del proyecto de ley es transformar el carácter de la deuda que adquirieron las y los futuras/os beneficiarias/os de créditos educativos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), una entidad financiera vinculada al Ministerio de Educación. La deuda estudiantil dejará de ser un déficit bancario para convertirse en tributario, lo que significa que no se extinguirá por insolvencia o muerte de la o del deudora/r, sino que podrá ser heredada por sus hijas/os.

En un comunicado público, el senador colombiano Senén Niño (Polo Patriótico) declaró que “este proyecto de ley se constituye en otro atentado contra el derecho fundamental a la educación gratuita en las instituciones oficiales de educación superior, y en una trampa al bolsillo de los colombianos”.

De acuerdo al parlamentario, al tratar la educación universitaria en Colombia como un negocio, el proyecto de ley ataca el derecho humano a la educación gratuita en el país. Además, esta medida desmotiva la población con menos ingresos a acceder a la enseñanza superior, por temor a endeudarse.

La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que se celebra del 22 al 28 de abril de 2018, se suma a la movilización estudiantil que se opone al proyecto de Ley 174/2017, por considerarlo lesivo para las y los estudiantes, sus familias y las futuras generaciones.

“Defendemos la gratuidad y universalidad de la educación, logrando el ingreso pleno y gratuito de la población colombiana al sistema educativo de calidad, público, estatal, desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida; incluyendo la educación de personas jóvenes y adultas y terminando así con el endeudamiento de las familias más empobrecidas con el ICETEX y con los bancos, por causa de la educación”, afirma la CCDE en posicionamiento público lanzado en el contexto de la SAME.

En entrevista a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), Cecilia Gómez, integrante de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, manifestó que el proyecto de ley 174 tiene varios aspectos negativos para las/os estudiantes; por una parte, para estudiantes que son de clases populares la deuda es lesiva y atenta contra el derecho humano a la educación. Para Gómez, se abre camino a la privatización de la educación, perdiendo el derecho plural y democrático de acceso. Y por último, si esa deuda no puede ser cubierta por los y las estudiantes son sus familiares quienes tendrían la obligación de pagarla.

Lea y escuche también aquí entrevista sobre el proyecto de Ley 174/2017, realizada por ALER con el senador Senén Niño.

Nélida Céspedes

Comité Directivo de la Educación 2030 se reunió en París

7 de marzo de 2018

Se realizó del 28 de febrero al 2 de marzo en París, Francia, una reunión del Comité Directivo de la Educación 2030, que hace el seguimiento de la Agenda de Educación 2030 a nivel mundial (más…)

Foto: UNESCO/Carolina Jerez

Se realizó cita de seguimiento a la Reunión Regional de Ministras/os de Educación

3 de marzo de 2018

Reunión, que contó con la presencia de Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, tuvo lugar en Santiago de Chile los días 15 y 16 de febrero

Con informaciones de UNESCO

Como segundo seguimiento técnico de la Reunión Ministerial de Educación de América Latina y el Caribe “E2030: Educación y Habilidades para el siglo 21”, uno de los objetivos de esta edición fue revisar los avances de los compromisos asumidos en la reunión de Buenos Aires y preparar la próxima Reunión Regional Ministerial de Educación, que se celebrará en julio de 2018 en Sucre, Estado Plurinacional de Bolivia.

Otro de los objetivos de esta cita fue preparar la participación regional en el Comité Directivo Mundial del ODS4-Educación 2030, que tuvo lugar del 28 de febrero al 2 de marzo en París. Para ello, fueron analizados con mayor profundidad el funcionamiento y los métodos de trabajo del Comité Directivo Regional para América Latina y el Caribe, con el fin de garantizar la coherencia, coordinación y el trabajo colectivo desde esta región del mundo. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participa en este grupo de seguimiento a la realización de la Agenda de Educación 2030 en la región, y su coordinadora general, Camilla Croso, en la calidad de presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), también participó en la reunión del Comité Directivo Mundial de la Educación 2030 en París.

Asimismo, en la reunión de Santiago se iniciaron las actividades de la Hoja de Ruta de Implementación del ODS 4 – E2030 para América Latina y el Caribe.

El evento avanzó en discutir temáticas centrales para la implementación de la Agenda de Educación 2030 en nuestra región, en especial el financiamiento educativo, conceptos amplios de calidad educativa y la inclusión y no discriminación en la educación. Asimismo, se discutió la creación de cuatro grupos de trabajo en el Comité Directivo de la Educación 2030 regional, en los cuales la CLADE tendrá presencia: financiamiento; monitoreo; comunicación y políticas. Un éxito importante, fruto de una propuesta de CLADE que tuvo apoyo de otras/os integrantes del Comité, fue la apertura de un nuevo cupo de sociedad civil en el Comité Directivo de la Educación 2030 para América Latina y el Caribe, destinado a una representación estudiantil.

En el encuentro participaron representantes de los países de la región miembros del Comité Ejecutivo Global de la Educación 2030 (Bolivia, Argentina y Brasil), más un representante del Caribe anglófono (Granada) y especialistas de educación del UNICEF y de la UNESCO. También asistieron representantes de la CLADE, Internacional de la Educación (IE), Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Comunidad del Caribe (CARICOM), Organización de Estados Americanos (OEA) y del Sistema de la Integración Centroamericana (CECC-SICA).

<em>Países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares en el período de 2018 al 2020</em><!--more--> Los días 1º y 2 de febrero, en Dakar, Senegal, la Alianza Mundial por la Educación (AME) celebró una conferencia histórica sobre el financiamiento educativo. Por primera vez la conferencia de financiación para el reabastecimiento de la AME se realizó en un país en desarrollo, co-convocada por los presidentes de Senegal y Francia. Fue una oportunidad única para ampliar el compromiso de países de todos los continentes con la asignación de más recursos para la educación en el período 2018-2020, bajo los parámetros de la Agenda de Educación 2030. Diez jefas/es de Estado, tres ex representantes de gobiernos nacionales y más de 60 Ministerios de Educación estuvieron presentes en el evento, que tuvo la participación de 1200 personas, incluyendo altos representantes de distintas agencias de las Naciones Unidas, como UNESCO y UNICEF, además de representantes de la sociedad civil y del sector privado. Como resultado de la Conferencia, países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares a la AME para los próximos tres años, un aumento representativo en comparación con el 1,3 mil millones que la Alianza Mundial ha recibido en donaciones en los últimos tres años. A la vez, 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en el período de 2018 al 2020 para un total de 110 mil millones de dólares, lo que representa un importante avance en comparación con los 80 mil millones que invirtieron entre el 2015 y el 2017. Dos tercios de estos países se comprometieron en alcanzar una inversión en educación del 20% de su gasto público total hasta el 2020, lo que era una reivindicación de la AME, apoyada por la CLADE, la Campaña Mundial por la Educación (CME) y otras redes y organizaciones de la sociedad civil que vienen participando activamente en este proceso de reabastecimiento. La CLADE estuvo presente en la Conferencia con una delegación formada por: Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación; Francisco Feliz, del Foro Socioeducativo de la República Dominicana; Jorge Mendoza, del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua; José Javier Acevedo, del Foro Dakar Honduras; y Laura Giannecchini, coordinadora de desarrollo institucional de la CLADE y representante de las organizaciones de sociedad civil de los países en desarrollo en el Consejo de Administración de la Alianza Mundial por la Educación. “Este fue un momento clave para lograr el apoyo prioritario de los países en desarrollo y de la comunidad internacional para la educación, buscando reverter la actual tendencia de disminución de los fondos de la ayuda internacional al desarrollo para la educación. Una vez anunciadas las promesas, la sociedad civil de todo el mundo tendrá el papel crucial de hacer el seguimiento a esos compromisos, garantizando que se cumplan de manera transparente y que sean sostenibles a lo largo de los años”, afirmó Laura Giannecchini. Otro avance de la Conferencia ha sido el énfasis que se ha puesto en la justicia tributaria como principio fundamental para garantizar un financiamiento educativo justo, sostenido y que respete la soberanía de los países. Esta perspectiva fue defendida fuertemente por Noruega, que prometió apoyar a los países en desarrollo que deseen promover reformas tributarias progresivas, y Gana, que convocó a sus colegas de continente a luchar contra la corrupción, los flujos ilícitos de recursos y las evasiones fiscales, con miras a garantizar los fondos necesarios para implementar una educación gratuita, universal y de calidad. “Durante la Conferencia, también quedó claro que la disputa alrededor de qué educación queremos es intensa y que debemos seguir avanzando en la lucha por una educación emancipadora y garante de derechos”, afirmó Camilla Croso. Croso participó en un panel de la Conferencia de Financiamiento, al lado de UNESCO, Internacional de la Educación (IE), Save the Children y el ex Ministro de Educación de Tanzania. En esta oportunidad, dio a conocer los puntos centrales de la <a href=Declaración de la Sociedad Civil ante la Conferencia. Entre los principales puntos, destacó el rol de los Estados como garantes del derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad y que el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos debe ser una prioridad para la AME, la cual debe ser explícita en no usar sus recursos para financiar la educación privada, negocios educativos con fines de lucro o cualquier reforma educativa que promueva la estratificación de los sistemas educativos. “Invitamos a todos los socios de la AME a abordar no solo el porcentaje que se invierte en educación, sino también el tamaño de los presupuestos de los gobiernos, a través de reformas tributarias progresivas y justicia tributaria. Exhortamos a la AME para que sume su voz a la convocatoria de un organismo intergubernamental con los recursos necesarios para establecer y hacer cumplir normas tributarias mundiales. Para ello, deben detenerse los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión de impuestos, así como los incentivos fiscales nocivos”, afirmó la presidenta de la CME. Destacó también que el marco de financiamiento de la AME debe asegurar que los países que reciben recursos promuevan una efectiva participación de la sociedad civil y el respecto por los derechos humanos [lea aquí su ponencia completa]. Encuentro de la sociedad civil - En preparación a la Conferencia de la AME, la Campaña Mundial por la Educación, en alianza con ANCEFA y COSYDEP, realizó el 31 de enero el evento de la sociedad civil “Financiación sostenible de la educación”, en el cual la delegación CLADE estuvo presente al lado de otras/os activistas y representantes de organizaciones aliadas. Además de hacer un análisis global de las tendencias sobre el financiamiento educativo y la problemática de la privatización y de la urgente necesidad de promover justicia tributaria, la reunión enfatizó cuatro dimensiones clave: el monto total de recursos disponibles para la educación (y para ello la justicia tributaria como estrategia fundamental); el porcentaje del gasto público que se invierte en educación; la importancia de asegurar una inversión de recursos sensible a la inclusión y calidad educativa y la necesidad de un seguimiento a la ejecución presupuestaria por la sociedad civil. En el cierre de este encuentro, 250 representantes de la sociedad civil de 40 países acordaron un posicionamiento conjunto sobre el financiamiento educativo y el proceso de reabastecimiento de la AME, el cual se presentó a Jefas/es de Estado y aliados de la Alianza Mundial por la Educación, en el marco de la Conferencia [lea aquí el posicionamiento completo].">
Países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares en el período de 2018 al 2020

Conferencia de la Alianza Mundial por la Educación culmina con nuevos compromisos de donantes y países en desarrollo para el financiamiento del derecho humano a la educación

19 de febrero de 2018

Países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares en el período de 2018 al 2020 (más…)

Pieza de divulgación de la Muestra EPJA. La Muestra reune trabajos artísticos de alumnos de EPJA.
Colagen de Muestra EPJA

Derecho a la EPJA en la América Latina y el Caribe

24 de enero de 2018
Publicación de CEAAL.
En los últimos años, con algunas diferencias, se desarrollaron en América Latina gobiernos progresistas que impulsaron propuestas por sociedades más justas, democráticas, interculturales, inclusivas; con programas económicos que alcancen a todos y a todas, especialmente a los más excluidos – mujeres, indígenas, jóvenes y adultos -, especialmente de zonas rurales, afrodescendientes. En ese sentido, América Latina, no sólo ahora, sino históricamente es un semillero de distintas experiencias educativas tanto en la escuela formal como en el campo comunitario, que han buscado dar respuestas a múltiples realidades socioeducativas.
En la actualidad, los proyectos políticos han sido derrotados por otros de corte conservador, dando marcha atrás a semillas transformadoras, que, en el caso educativo, el punto más grave se expresa en Brasil, por la manera como se trata de “sepultar” todo pensamiento crítico y transformador, y en contra de la propuesta emancipadora de Paulo Freire, y otras pedagogías críticas, que estorban a los proyectos conservadores. Sin embargo, el semillero de propuestas que se desarrollan desde el campo popular y las pedagogías críticas, seguirán disputando sentidos y hegemonías, no sin grandes dificultades, pero tejidas de esfuerzos colectivos y sueños.
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