Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Brasil: Casi el 90% de las metas del Plan Nacional de Educación no se cumplirán o estarán retrasadas hasta el 2024

28 de mayo de 2019

“Este año, el Plan Nacional de Educación de Brasil conmemora cinco años de vigencia – y también de falta de cumplimiento”. Lo afirma la Campanha Nacional pelo Direito à Educación (CNDE), miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, por ocasión del lanzamiento de un informe que analiza el estado de las 20 metas del Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024. (más…)

FSE

República Dominicana: Informe discute las transferencias de fondos del MINERD a las Juntas de Centros Educativos

26 de abril de 2019

El Foro Socioeducativo y la Fundación InteRed presentaron el pasado miércoles 24 de abril en el Centro Cultural Neiba, el Boletín No.20 del Observatorio del Presupuesto en Educación “Descentralización y las transferencias de recursos a las Juntas de Centros Educativos: Voces de actoras y actores sobre sus avances y limitaciones”, ante equipos directivos de centros educativos de los distritos 18-01, 18-02 y 18-03, autoridades educativas de la regional 18 y los cinco distritos que la conforman, entre otras personas invitadas; en el marco del Convenio: “Generación de capacidades en titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones del sistema educativo dominicano, en los niveles de educación básica y media, para mejorar la calidad educativa”, coordinado por InteRed con fondos de la AECID.

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<i><span style=En entrevista a la CLADE, representantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación hacen un balance de sus luchas en el 2018 y presentan cuáles serán sus principales desafíos, acciones y focos de incidencia en el 2019 Caracterizado por grandes movilizaciones de docentes y estudiantes a favor de un presupuesto adecuado para la universidad pública y gratuita en Colombia, el año de 2018 culminó con una buena noticia para la comunidad educativa del país: las protestas resultaron en un acuerdo con el gobierno nacional, en el cual se establece el compromiso de aumentar en $4.5 billones de pesos colombianos los recursos para la educación superior, en los próximos cuatro años. Para saber más sobre el contexto colombiano y conocer las luchas prioritarias de los movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación en el país, conversamos con María Elena Urbano y Cecilia Gómez, integrantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), red de la sociedad civil que es miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Colombia. Según María y Cecilia, en el 2019, seguirán siendo focos de movilización e incidencia política: la financiación plena de la educación pública y gratuita, la realización del derecho humano a la educación y la paz. Lea la entrevista completa: ¿Qué balance ustedes hacen de la lucha por el derecho a la educación en el 2018 en Colombia? María Elena Urbano y Cecilia Gómez - A lo largo del año pasado, el contexto de lucha por el derecho a la educación se caracterizó por las miles de movilizaciones a lo largo y ancho del país, convocadas desde las organizaciones estudiantiles de educación superior y de docentes, los procesos de incidencia en el Congreso de la República y la apertura de espacios de formación en torno al derecho a la educación y su financiación. Este proceso culminó con la firma de un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones estudiantiles universitarias y de docentes, en el que el gobierno se compromete a entregar cerca de $4.5 billones de pesos adicionales para la Educación Superior Pública a lo largo del próximo cuatrienio. Estos recursos aumentarán la base presupuestal, ligados con el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), durante los próximos años. Así, a partir de 2019, se hará un aumento del IPC + 3,5 %; para el 2020, IPC + 4 %; para el 2021, IPC + 4,5 %, y para 2022, IPC + 4,65 %.
¿Cuál es la fuente de los nuevos recursos que se prometen para la educación universitaria y cuáles son las expectativas para el 2019 ante este acuerdo con el gobierno? María Elena Urbano y Cecilia Gómez - Este aumento a la base presupuestal vendrá de recursos del sistema de regalías, inversión desde el presupuesto nacional y recursos de las cooperativas, provenientes de la renta sobre los excedentes del sector cooperativo destinados a educación superior pública, cuyo monto podrá superar los 300.000 millones de pesos. A las cifras anteriores también se sumarán 1,5 billones de pesos en recursos procedentes del recaudo de las regalías, que serán destinados a mejorar la infraestructura, planes de bienestar, capacidad investigativa y a fortalecer las Instituciones de Educación Superior públicas. El presupuesto de la educación superior pública se establece en 41,4 billones de pesos colombianos. De estos, 37,2 serán para funcionamiento y 4,2 para inversión. Sin embargo, la firma del acuerdo no significó el levantamiento del paro nacional, ya que las y los estudiantes acordaron que el compromiso del gobierno será socializado con las 26 universidades en cese de actividades, quienes están decidiendo de forma autónoma cuando retomar clases.
¿Qué retos se presentan para la realización del derecho a la educación en Colombia este año? María Elena Urbano y Cecilia Gómez - El último pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), realizado el 14 de febrero, presenta varios de los desafíos de la educación pública colombiana, entre ellos: el gobierno debe definir una propuesta y mecanismo claros para aumentar y garantizar los recursos necesarios para materializar el derecho a la educación pública y gratuita, desde el preescolar de tres grados hasta la educación media, en establecimientos educativos públicos, gratuitos, administrados y financiados por el Estado, incluyendo la formación técnica, escuelas normales, jornadas nocturnas, educación rural, educación de personas jóvenes y adultas, educación especial y etnoeducación; la dignificación de la profesión docente, con salarios y jornadas justas, formación adecuada y permanente, contratación de nuevas maestras y maestros, y condiciones dignas de trabajo, con acceso a la salud y seguridad; y la garantía de los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto pedagógico, social, territorial y comunitario de la Escuela como Territorio de Paz y para la erradicación de todo tipo de violencias, atención al posconflicto y construcción de la paz con justicia social. Las trabajadoras y trabajadores de educación también claman por la garantía y el respeto de su vida e integridad física, así como de su derecho de asociación, libertad sindical y protesta. Esta es una demanda importante, ya que en promedio, cada año, son asesinadas y asesinados 28 docentes afiliadas/os a Fecode, y cada 12 días asesinan a una profesora o profesor en Colombia. La violencia, represión y criminalización contra la protesta docente, así como la amenaza de censura al magisterio y riesgos para la libertad pedagógica son retos graves a los que nos enfrentamos hoy día. Recientemente, un proyecto de ley presentado por el congresista Edward Rodríguez del partido Centro Democrático, mismo partido del presidente Iván Duque, propone sancionar a docentes que hablen sobre política en las clases, caso su disciplina no se encuadre en las Ciencias Sociales. Si se aprueba, esta ley violaría el derecho a la libertad de expresión y enseñanza de las y los docentes y contribuiría para formar estudiantes sin sentido crítico o capacidad para comprender su entorno social.
Lea +: Profesores serían despedidos por hacer proselitismo con sus estudiantes
Otra problemática es la falta de acceso y cobertura a la educación de calidad en contextos rurales. La Mesa Nacional de Educación Rural, el 13 de febrero, denunció en comunicado público que 19,237 estudiantes jóvenes se encuentran actualmente excluidas/os del sistema educativo en zonas rurales de Antioquia y Santander. Las y los jóvenes que viven en el campo en Colombia, infelizmente, suelen tener su derecho a la educación tratado como tema residual de la agenda pública, y muchas veces se les ofrecen servicios educativos prestados por empresas privadas contratadas por el gobierno, con menor calidad y la no garantía del inicio de las clases en el plazo previsto en el calendario escolar.
¿Ante el contexto mencionado, cuáles serán las actividades o ejes de acción prioritarios de la Coalición Colombiana este año? María Elena Urbano y Cecilia Gómez - Continuamos con los dos ejes de trabajo decididos por la CCDE en sus últimas asambleas: la financiación plena del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida; y el derecho a la educación y a la paz en Colombia.
Lea +: Apoyamos la lucha por la educación superior pública y rechazamos la represión contra estudiantes en Colombia
Asimismo, durante el 2019, mantendremos las tres estrategias de lucha planteadas durante el año anterior: participación en las movilizaciones convocadas por las organizaciones estudiantiles y de docentes; apoyo a los procesos de incidencia política con el Congreso de la República para el logro pleno de la financiación del derecho a la educación; y el fortalecimiento de los procesos de formación en torno al derecho a la educación desde el nivel preescolar y a lo largo de toda la vida, en línea con los compromisos asumidos por el Estado Colombiano al suscribir la Agenda de Educación 2030. Otros temas que enfocaremos serán la lucha por una educación emancipadora y garante de derechos, y nuestra adhesión a las movilizaciones y actividades de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2019.
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En entrevista a la CLADE, representantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación hacen un balance de sus luchas en el 2018 y presentan cuáles serán sus principales desafíos, acciones y focos de incidencia en el 2019

Colombia en 2019: Siguen las luchas por financiamiento educativo, el derecho a la educación y la paz

21 de febrero de 2019

En entrevista a la CLADE, representantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación hacen un balance de sus luchas en el 2018 y presentan cuáles serán sus principales desafíos, acciones y focos de incidencia en el 2019 (más…)

Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030

6 de septiembre de 2018

Con este documento, CLADE y sus miembros en Argentina, Brasil y México instan por el compromiso de los Estados del G20 con la garantía de presupuestos educativos sostenibles y suficientes para el fortalecimiento de sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos.

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El financiamiento del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe en el contexto de la Agenda 2030

28 de julio de 2018

En el marco de la II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (AL&C), la CLADE lanzó un análisis de la situación del financiamiento educativo en la región, en base a los datos de su Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en AL&C, así como informaciones de fuentes nacionales.

>> Descargue aquí la versión actualizada del análisis, lanzada en 2020.

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<em>Países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares en el período de 2018 al 2020</em><!--more--> Los días 1º y 2 de febrero, en Dakar, Senegal, la Alianza Mundial por la Educación (AME) celebró una conferencia histórica sobre el financiamiento educativo. Por primera vez la conferencia de financiación para el reabastecimiento de la AME se realizó en un país en desarrollo, co-convocada por los presidentes de Senegal y Francia. Fue una oportunidad única para ampliar el compromiso de países de todos los continentes con la asignación de más recursos para la educación en el período 2018-2020, bajo los parámetros de la Agenda de Educación 2030. Diez jefas/es de Estado, tres ex representantes de gobiernos nacionales y más de 60 Ministerios de Educación estuvieron presentes en el evento, que tuvo la participación de 1200 personas, incluyendo altos representantes de distintas agencias de las Naciones Unidas, como UNESCO y UNICEF, además de representantes de la sociedad civil y del sector privado. Como resultado de la Conferencia, países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares a la AME para los próximos tres años, un aumento representativo en comparación con el 1,3 mil millones que la Alianza Mundial ha recibido en donaciones en los últimos tres años. A la vez, 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en el período de 2018 al 2020 para un total de 110 mil millones de dólares, lo que representa un importante avance en comparación con los 80 mil millones que invirtieron entre el 2015 y el 2017. Dos tercios de estos países se comprometieron en alcanzar una inversión en educación del 20% de su gasto público total hasta el 2020, lo que era una reivindicación de la AME, apoyada por la CLADE, la Campaña Mundial por la Educación (CME) y otras redes y organizaciones de la sociedad civil que vienen participando activamente en este proceso de reabastecimiento. La CLADE estuvo presente en la Conferencia con una delegación formada por: Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación; Francisco Feliz, del Foro Socioeducativo de la República Dominicana; Jorge Mendoza, del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua; José Javier Acevedo, del Foro Dakar Honduras; y Laura Giannecchini, coordinadora de desarrollo institucional de la CLADE y representante de las organizaciones de sociedad civil de los países en desarrollo en el Consejo de Administración de la Alianza Mundial por la Educación. “Este fue un momento clave para lograr el apoyo prioritario de los países en desarrollo y de la comunidad internacional para la educación, buscando reverter la actual tendencia de disminución de los fondos de la ayuda internacional al desarrollo para la educación. Una vez anunciadas las promesas, la sociedad civil de todo el mundo tendrá el papel crucial de hacer el seguimiento a esos compromisos, garantizando que se cumplan de manera transparente y que sean sostenibles a lo largo de los años”, afirmó Laura Giannecchini. Otro avance de la Conferencia ha sido el énfasis que se ha puesto en la justicia tributaria como principio fundamental para garantizar un financiamiento educativo justo, sostenido y que respete la soberanía de los países. Esta perspectiva fue defendida fuertemente por Noruega, que prometió apoyar a los países en desarrollo que deseen promover reformas tributarias progresivas, y Gana, que convocó a sus colegas de continente a luchar contra la corrupción, los flujos ilícitos de recursos y las evasiones fiscales, con miras a garantizar los fondos necesarios para implementar una educación gratuita, universal y de calidad. “Durante la Conferencia, también quedó claro que la disputa alrededor de qué educación queremos es intensa y que debemos seguir avanzando en la lucha por una educación emancipadora y garante de derechos”, afirmó Camilla Croso. Croso participó en un panel de la Conferencia de Financiamiento, al lado de UNESCO, Internacional de la Educación (IE), Save the Children y el ex Ministro de Educación de Tanzania. En esta oportunidad, dio a conocer los puntos centrales de la <a href=Declaración de la Sociedad Civil ante la Conferencia. Entre los principales puntos, destacó el rol de los Estados como garantes del derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad y que el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos debe ser una prioridad para la AME, la cual debe ser explícita en no usar sus recursos para financiar la educación privada, negocios educativos con fines de lucro o cualquier reforma educativa que promueva la estratificación de los sistemas educativos. “Invitamos a todos los socios de la AME a abordar no solo el porcentaje que se invierte en educación, sino también el tamaño de los presupuestos de los gobiernos, a través de reformas tributarias progresivas y justicia tributaria. Exhortamos a la AME para que sume su voz a la convocatoria de un organismo intergubernamental con los recursos necesarios para establecer y hacer cumplir normas tributarias mundiales. Para ello, deben detenerse los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión de impuestos, así como los incentivos fiscales nocivos”, afirmó la presidenta de la CME. Destacó también que el marco de financiamiento de la AME debe asegurar que los países que reciben recursos promuevan una efectiva participación de la sociedad civil y el respecto por los derechos humanos [lea aquí su ponencia completa]. Encuentro de la sociedad civil - En preparación a la Conferencia de la AME, la Campaña Mundial por la Educación, en alianza con ANCEFA y COSYDEP, realizó el 31 de enero el evento de la sociedad civil “Financiación sostenible de la educación”, en el cual la delegación CLADE estuvo presente al lado de otras/os activistas y representantes de organizaciones aliadas. Además de hacer un análisis global de las tendencias sobre el financiamiento educativo y la problemática de la privatización y de la urgente necesidad de promover justicia tributaria, la reunión enfatizó cuatro dimensiones clave: el monto total de recursos disponibles para la educación (y para ello la justicia tributaria como estrategia fundamental); el porcentaje del gasto público que se invierte en educación; la importancia de asegurar una inversión de recursos sensible a la inclusión y calidad educativa y la necesidad de un seguimiento a la ejecución presupuestaria por la sociedad civil. En el cierre de este encuentro, 250 representantes de la sociedad civil de 40 países acordaron un posicionamiento conjunto sobre el financiamiento educativo y el proceso de reabastecimiento de la AME, el cual se presentó a Jefas/es de Estado y aliados de la Alianza Mundial por la Educación, en el marco de la Conferencia [lea aquí el posicionamiento completo].">
Países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares en el período de 2018 al 2020

Conferencia de la Alianza Mundial por la Educación culmina con nuevos compromisos de donantes y países en desarrollo para el financiamiento del derecho humano a la educación

19 de febrero de 2018

Países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares en el período de 2018 al 2020 (más…)

Arranca la Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación. ¡Participe!

15 de septiembre de 2017

Arranca el próximo lunes, 18 de septiembre, la primera edición de la Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación, una movilización que es impulsada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con miras a demandar a los Estados de la región que garanticen el derecho a la educación pública, laica, gratuita e inclusiva, y también para comunicar a la ciudadanía la importancia de luchar por este derecho. (más…)

La inversión insuficiente en la primera infancia en muchos países ha conducido a injusticias sociales, discriminación en el acceso a la educación, mala calidad del aprendizaje y sustentabilidad deficiente de las políticas, lo que ha resultado en consecuencias graves para la vida actual y futura de niños y niñas.<!--more--> En este contexto y con miras al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, y del Marco de Acción para la Educación 2030, la OMEP demanda a los gobiernos, en dicha declaración, que se cumplan los compromisos financieros relacionados con el desarrollo y la sustentabilidad de la educación en la primera infancia. En ese sentido, exige que los Estados: <ul> <li>aumenten la inversión pública y den prioridad a la AEPI;</li> <li>aseguren una AEPI de calidad, pública y gratuita;</li> <li>asignen los recursos necesarios para garantizar la equidad y la calidad en la AEPI, ampliando los derechos de los sectores sociales más desfavorecidos;</li> <li>inviertan en la mejora de la calidad de la formación de las y los educadoras/es de esta etapa educativa.</li> </ul> Lea <a href=aquí la declaración completa.">

OMEP insta por más recursos para la educación en la primera infancia

11 de julio de 2017

La inversión insuficiente en la primera infancia en muchos países ha conducido a injusticias sociales, discriminación en el acceso a la educación, mala calidad del aprendizaje y sustentabilidad deficiente de las políticas, lo que ha resultado en consecuencias graves para la vida actual y futura de niños y niñas. (más…)

El 16 de junio de 2016, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, presentó ante el Congreso Nacional una Propuesta de Enmienda a la Constitución Federal (PEC) que determina un límite máximo de gastos públicos en distintos niveles de gestión, bajo el argumento de que es necesario crear un nuevo régimen fiscal frente a la actual crisis financiera del país.<!--more--> Actualmente, el artículo 212 de la Constitución brasileña determina que el gobierno federal debe aplicar en educación, anualmente, nunca menos del 18%, y los estados, el Distrito Federal y los municipios el 25% de los ingresos recaudados en impuestos. Este mecanismo de vinculación de recursos fue una conquista fundamental, que consta en las Constituciones del país desde 1934, y que fue suspendida únicamente durante los períodos dictatoriales. La PEC 241/2016 que quiere instituir un nuevo régimen fiscal, también conocida como la “PEC del techo”, si se aprueba, reducirá fuertemente los recursos que se invierten actualmente en salud y educación, pues determina que el valor máximo para el gasto público en las distintas esferas de gobierno debe condicionarse al valor asignado el año anterior, corregido apenas por la inflación anual, tomando como base el año 2016. Esta regla se aplicará durante los próximos 20 años como mínimo, lo que suspende en la práctica la vinculación mínima de recursos que garantiza la Constitución. La PEC, además, establece que, en caso de que el poder público extrapole el límite máximo de gastos públicos estipulado, estará prohibido de conceder aumento salarial o cualquier otro beneficio a sus servidoras/os públicas/os. Esta prohibición también abarca la creación de nuevos puestos, la apertura de concursos públicos e incluso la estructuración de carreras que impliquen en aumento de gastos. Estas medidas que defiende el actual gobierno interino podrán afectar gravemente las mejorías y la ampliación del acceso que requiere el sistema educativo nacional, y el cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE). Por ejemplo, será imposible crear 3,4 millones de nuevas matrículas en la educación de la primera infancia, 700 mil plazas en la pre-escuela, 500 mil en la enseñanza fundamental, 1,6 millones en la enseñanza media, 14 millones en la alfabetización de personas jóvenes y adultas, 4 millones en la enseñanza técnica y profesional y 2 millones en el nivel superior. Asimismo, será imposible garantizar el pago del piso salarial del magisterio y promover la necesaria valoración de esta carrera profesional, así como implementar el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), que debería ponerse en marcha a partir del 24 de junio de 2016. Según cálculos del profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) João Sicsú, el presupuesto para la educación en el año 2015 fue de 103,8 mil millones de reales (lo equivalente a 30,62 mil millones de dólares). De acuerdo a los límites para el gasto público que establece la PEC 241/2016, el mismo presupuesto hubiera sido de apenas R$31,5 mil millones (9,29 mil millones de dólares), lo que representaría un valor 70% menor. En concreto, si aprobada la nueva regla, habrá una interrupción de un proceso de crecimiento en el gasto educativo. De 2008 hasta hoy, los recursos aplicados en educación aumentaron el 117% por encima de la inflación, y el año pasado superaron en un 28% el mínimo obligatorio estipulado por la Constitución. Ese crecimiento que venía ocurriendo tendría que sostenerse de modo a cumplir la meta del Plan Nacional de Educación que determina destinar el 10% del PIB para la educación hasta el 2024. Además, los recursos que se retirarían de la salud y de la educación con esta PEC se gastarían en el pago de intereses y demás encargos de la deuda pública del gobierno brasileño, beneficiando a los bancos y creedores. Por todas estas razones, rechazamos la actual propuesta del gobierno interino. Son medidas que fragilizan a la democracia, violando el principio de la no regresividad de los derechos humanos, y que aumentarán las actuales desigualdades económicas y sociales, afectando la calidad de vida y la dignidad de la mayoría de la población brasileña. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y las redes, organizaciones sociales y parlamentarias/os que firman este manifiesto apoyan los posicionamientos recientes ya manifestados por la <a href=Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en contra de la PEC 241 y demandan que el Congreso Nacional no apruebe esta propuesta. Además, convocan a toda la comunidad educativa y activistas por el derecho a la educación a que se opongan vehementemente a la PEC 241, con miras a garantizar las conquistas sociales alcanzadas. Firman este manifiesto en conjunto con la CLADE:
Organizaciones y redes sociales
  • Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER);
  • Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE);
  • Campaña Mundial por la Educación (CME);
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL);
  • Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO);
  • Confederación de Trabajadores de la Educación de la Rep. Argentina - CTERA (Sonia Alesso, Secretaria General);Miguel Duhalde, Secretario de Educación);
  • Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL);
  • Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Graciela Morgade, docente);
  • Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE);
  • Foro Mundial de Educación (Secretaria Ejecutiva del Consejo Internacional);
  • Frente Internacional de Comunicadores por la Libertad de Expresión de los Pueblos;
  • Global Initiative for Economic, Social, Cultural Rights;
  • International Council for Adult Education (ICAE);
  • Internacional de la Educación (IE);
  • Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP);
  • Portal Otras Voces;
  • Public Services International (PSI);
  • Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM);
  • Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente (Red Estrado);
  • Red Global/Local por la Calidad Educativa;
  • Right to Education Project (RTE).
Parlamentarias/os
  • Brenda Fraga Gutiérrez, diputada del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en México;
  • Daniel Filmus, Parlamentario del Mercosur por Argentina, Ex Ministro de Educación y Senador Nacional e Investigador del Conicet y Profesor de la UBA;
  • Ivan Valente, Diputado federal de Brasil;
  • Jorge Aguilar Paredes, Diputado Centroamericano en el PARLACEN por el Estado de Honduras;
  • Sebastián Sabini, diputado uruguayo, electo por el Departamento de Canelones.
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Manifiesto contra las propuestas del gobierno interino de Brasil que recortan recursos públicos en salud y educación

24 de junio de 2016

El 16 de junio de 2016, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, presentó ante el Congreso Nacional una Propuesta de Enmienda a la Constitución Federal (PEC) que determina un límite máximo de gastos públicos en distintos niveles de gestión, bajo el argumento de que es necesario crear un nuevo régimen fiscal frente a la actual crisis financiera del país. (más…)

Gratuidad de la Educación Básica en América Latina y el Caribe – Aportes a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay

12 de diciembre de 2014

La investigación analiza el cumplimiento de la gratuidad de este derecho en la región a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay

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