Arranca la Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación. ¡Participe!
15 de septiembre de 2017Arranca el próximo lunes, 18 de septiembre, la primera edición de la Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación, una movilización que es impulsada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con miras a demandar a los Estados de la región que garanticen el derecho a la educación pública, laica, gratuita e inclusiva, y también para comunicar a la ciudadanía la importancia de luchar por este derecho. (más…)
Organizaciones colombianas se movilizan para defender el fin de los recortes a la educación
13 de septiembre de 2017La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación debatió, juntamente con otras organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, la importancia de los instrumentos de financiación territorial de la educación para los diferentes departamentos y municipios del país. (más…)
Honduras: “Se pone en riesgo la educación pública y se crean condiciones para el avance de la educación privada”
8 de septiembre de 2017En esta entrevista, el foro Dakar-Honduras, coalición miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación-CLADE, nos aproxima a la realidad de la financiación de la educación pública en el país.
¿El derecho a la gratuidad educativa se realiza actualmente en Honduras? En caso negativo, ¿cuáles son los principales desafíos que impiden su cumplimiento?
El derecho a la educación en los casos de escuelas públicas con entornos violentos se ve amenazado, en el sentido de que el garante de derechos, es decir, el Estado no ha encontrado una forma de garantizar entornos no violentos. La militarización de colegios públicos y escuelas permite que el profesor y el alumno que están en el centro educativo desarrollen la acción de clase, sin embargo, eso va más allá que dar la clase, en tanto el alumno y el maestro tienen que transitar por entornos no seguros para ambos.
¿Qué se debe demandar al Estado, en términos de financiamiento público, para que sea posible garantizar el derecho a la educación pública, equitativa y de calidad para todas y todos en Honduras?
Se le debe demandar una política de Estado, que mire mas allá de los acuerdos o de los mínimos compromisos, que no son vinculantes para el Estado, como la Agenda 2030 y el objetivo 4.
Una financiación nacional que cubra la demanda de educación básica, secundaria y media poniendo atención en esta última, y en la calidad a todos los niveles. Una educación en la que las habilidades de lectura, comprensión de lectura, matemáticas, ciencia y el arte, sea destrezas y conocimientos comprendidos y desarrollados por los estudiantes y maestros.
Una política clara para la financiación de la educación, que va desde el uso de impuestos para la educación de una forma intencionada, y un presupuesto que avanza según el desarrollo de cada nivel educativo, tanto poblacional como en conocimientos y calificación docente, infraestructura y tecnología que facilite al binomio estudiante-profesor desarrollar esa relación de aprendizaje y enseñanza.
Acompañamos los conflictos recientes entre autoridades y estudiantes de la UNAH, que denuncian intentos de privatizar la enseñanza superior en el país. ¿La comercialización de la educación es una amenaza para la plena realización de este derecho en el país? ¿Por qué?
La privatización de la educación tiene asomos en todos los niveles, cuando las madres y padres tienen que cubrir una cuota u aporte en especie para el mantenimiento de los edificios escolares, pagos de conectividad, agua, luz eléctrica donde la hay, proporcionar casi el 80% del complemento de alimentos para la merienda escolar, te indica que la educación básica no es totalmente gratuita es fuertemente subsidiada por madres y padres.
Igualmente, en la educación superior no es totalmente gratis. Se paga matricula, carnet de estudiante, acceso a laboratorios, transporte, vivienda, alimentación y otros, esto ha sido así. Hay intereses en la privatización de la educación superior en Honduras. Es una lucha de las instituciones privadas del país. De hecho, estas universidades privadas funcionan como fundaciones para la educación y no pagan impuestos al Estado por sus ganancias en la venta de servicios educativos.
La Constitución de la República establece que la educación es laica, gratuita, y pública, se recoge este planeamiento en la Ley Fundamental de Educación de los niveles pre-básico, básico y media.
El país no prohíbe la educación privada en ninguno de sus niveles, se deja a libertad de los padres y madres elegir el centro educativo de sus hijos-as, no hay claramente una ley o contrato de transferencia de recursos públicos a centros educativos privados. Dado que existen menos oportunidades en la educación pública, es normal que la población busque la educación privada, que se ha fortalecido al tiempo que la pública se deteriora.
Así, el Estado no está cumpliendo su obligación de ser garante del derecho a la educación pública y gratuita de la población hondureña, cuando se reduce la financiación de la educación o se mantiene un presupuesto limitado que no cubre la demanda para garantizar acceso, calidad, equidad se pone en riesgo la educación publica y se crean condiciones para el avance de la educación privada.
Según Consulta respecto a la gratuidad de la educación en AL&C, que fue lanzada por la CLADE en el 2014, en Honduras, familias y docentes tienen un papel central en la financiación de las escuelas, pues un porcentaje importante de ellas/os tiene que asumir los costos de los útiles escolares, los materiales impresos de clase, uniformes, alimentación escolar, libros de texto, etc. ¿Pueden comentar esta situación y hacer algunas recomendaciones al Estado hondureño en el sentido de superarla?
Por ley, los padres y madres de familia no deberían aportar nada para el desarrollo de la escuela pública. La realidad dice otra cosa, como se expresa en la consulta del 2015 realizada por el Foro Dakar-Honduras.
Es evidente la ausencia de política pública que regule los presupuestos y asegure asignaciones suficientes desde el Estado. al sector educativo. El presupuesto de educación debería ser una prioridad para alcanzar la meta de una Honduras Educada, como dice el Plan de Nación al 2038.
Ante la ausencia de un presupuesto que cubra las necesidades descritas, los padres, madres y maestros se ven en la necesidad de cubrir ellos los materiales, los uniformes, mantenimiento de edificios y transporte. Esto hace difícil la situación para las familias que tienen más de uno o dos hijos en proceso escolar.
Es necesario ampliar el presupuesto para contratar y calificar profesores, así como para contar con infraestructuras dignas; considerar el alza del presupuesto acorde con la demanda de la población estudiantil según el nivel educativo; sensibilizar al sector empresarial para el pago de sus impuestos, para que la educación pueda ser financiada con recursos propios; enviar el 60% de lo que recauda el Estado en cobro de tasa de seguridad actualmente (uso de tarjeta de crédito, cuentas de ahorro, cheques, pagos de cheques, se cobra un promedio de 20 centavos de dólar por cada movimiento bancario de un valor aproximado de 43 dólares norteamericanos), al sistema educativo desde el inicial a sistema de educación media, fortaleciendo las capacidades del sector educativo público y la institucionalidad de la secretaría de educación y finanzas.
La comunidad educativa de Colombia se moviliza contra los recortes presupuestales
4 de agosto de 2017Entre las organizaciones y redes participantes de esta iniciativa está la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, que también integra el Frente Amplio por la Educación los Derechos y la Paz (FAXE), juntamente con sindicatos docentes y estudiantiles y otras organizaciones de la sociedad civil.
Con esta acción se quiere hacer hincapié en la educación como un bien público, del cual el Estado es el responsable y el garante. El Derecho Humano a la Educación es único y cubre a toda la población desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, como rezan los tratados internacionales. Se inscribe en una serie de acuerdos internacionales, subscritos por el Estado colombiano, y este Marco de Acuerdos plantea que la educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador. La educación es un poderoso instrumento para erradicar la pobreza, pero para materializar su potencial es necesario destinar los recursos económicos que se requieren para ello.
Eventos recientemente realizados
Como informó la nota publicada anteriormente en la página de la Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación, ya se realizaron importantes actividades de movilización y debate sobre la desfinanciación de la educación pública en el país.
Además, conviene destacar la realización el pasado 20 de septiembre de un foro sobre la situación del financiamiento de la educación superior en el país. El evento fue convocado por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz (FAXE), Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Rebeldía Estudiantil Organizada y otras organizaciones estudiantiles. El encuentro contó con la participación de más de 500 personas, entre estudiantes y docentes de la UPN, y con la presencia del Rector de la UPN.
En la ocasión se presentaron las principales deficiencias del modelo de financiación del sistema universitario estatal colombiano, que no cubre los costos adicionales en los que las universidades incurren, como consecuencia del aumento del número de estudiantes matriculadas/os, ni reconoce los incrementos salariales del profesorado como resultado de la productividad intelectual, que en algunos casos está por encima de la inflación. Además, no se tiene en cuenta la distribución de estudiantes por niveles, es decir, no se diferencia si la o el estudiante es de pregrado o posgrado, ni el programa académico. Tampoco se consideran las inversiones estratégicas en infraestructura física, laboratorios y nuevas tecnologías de la información, que quedan aplazadas porque incrementan la base presupuestal en algunas universidades.
En la semana siguiente, se organizaron varias actividades. En el día 26 de septiembre, se realizó una concentración en la capital para denunciar frente al Congreso de la República la deuda histórica que tiene el gobierno con el presupuesto de la UPN, la UPTC y las demás universidades públicas. En este momento está en debate el presupuesto de 2018 en el Congreso de la República, y se discute la aprobación del decreto que da continuidad al programa “ser pilo paga”, que termina de desfinanciar las Universidades Públicas, en favor de la privatización de la educación superior.
En el día 27 de septiembre, ocurrió una reunión del Foro Nacional por la Financiación de la Educación Pública, convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y que contó con la presencia de congresistas, representantes políticas/os y un candidato presidencial. Tanto en este encuentro, como en otro realizado el día 28 de septiembre en la Biblioteca del Congreso de la República, se debatió la situación del Sistema General de Participaciones y la necesidad de su reforma para garantizar un financiamiento adecuado de la educación pública colombiana. El Sistema General de Participaciones es un mecanismo de financiación de la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico para municipios y departamentos del país.
Este último encuentro constituyó la primera reunión entre organizaciones sociales y funcionarias/os parlamentarias/os para discutir ideas fuerza que permitan avanzar en la iniciativa de un Acto Legislativo de reforma a la Constitución Nacional, referente al Sistema General de Participaciones. Quedaron las siguientes tareas: convocar a Gobernadoras/es y Alcaldes, así como a otros sectores más allá de la educación (salud, medio ambiente, entre otros) para que se unan a esta gran tarea; realizar una campaña de comunicación que permita explicar a la población en general lo que está en juego en esta apuesta; comprometer a los candidatos presidenciales. La próxima reunión se realizará el día 19 de octubre.
Finalmente, es importante mencionar la realización del Congreso Nacional de Estudiantes de Secundaria entre los días 29 de septiembre y 1° de octubre, que tuvo como consigna “Por los derechos de nuestra generación, presupuesto para la paz y la educación”. Estudiantes de secundaria de diferentes regiones del país se encontraron en la ciudad de Neiva, Huila, para discutir acerca de la situación de la educación pública, teniendo como eje central el problema de la financiación.
Brasil: Coalición de Sociedad Civil lanza movilización nacional por la revocación de techo para los gastos sociales
22 de abril de 2017La movilización sigue hasta el 28 de abril y propone la realización de ruedas de conversación con miras al cese de la política económica de austeridad que se impulsa en el país (más…)
Histórico
Desde el 2009, la REPT ha apoyado el proceso de votación de la ley en la Cámara de Diputados y en el Senado. Con este objetivo, ha planeado y realizado actividades de divulgación de la propuesta de ley, como por ejemplo, la elaboración de comunicados, conferencias de prensa, encuentros y diálogos con miembros de organizaciones del sector educativo y de otros sectores como campesinos /as, mujeres y jóvenes. Asimismo, la coalición ha participado en la organización y realización de conferencias sobre el contenido de la propuesta de ley en universidades públicas, particularmente en la escuela de formación de docentes, y ha tomado parte en manifestaciones públicas en las calles con estudiantes en las que ha levantado la bandera de la demanda por la publicación de la ley ya votada en el Parlamento. “La demanda para que la ley sobre tasas escolares fuera sancionada ha estado presente en todas las actividades de la REPT, como un hecho que muestra la mala fe, el desinterés, la hipocresía y el carácter partidario de los presidentes de Haití en favor de la escuela privada. Nunca hemos faltado u olvidado de hablar de esta ley, y eso nos ha parecido muy importante. Mientras tanto, el sector educativo privado impulsaba una contra ofensiva para modificar el contenido de la ley o impedir su publicación”, cuenta Thélusmond. Con informaciones de Radio Televisión Caraíbes">Sancionada la ley de tasas escolares en Haití
17 de enero de 2017Más de siete años después de aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado de Haití, la Ley de Tasas Escolares fue sancionada por el presidente del país Jocelerme Privert el 3 de enero de 2017 y publicada en el Diario Oficial Le Moniteur. (más…)
Gratuidad de la Educación Básica en América Latina y el Caribe – Aportes a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay
12 de diciembre de 2014La investigación analiza el cumplimiento de la gratuidad de este derecho en la región a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay
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