Monitoreo del Financiamiento Educativo en América Latina y el Caribe: videos para conocer algunos puntos clave
17 de diciembre de 2021Para apoyar el monitoreo y la actuación de la sociedad civil por la garantía de un financiamiento justo y adecuado para la educación pública y gratuita, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ha mantenido actualizados los datos del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y Caribe.
La plataforma, lanzada en 2017 con apoyo de Oxfam Novib, Oxfam IBIS, Ayuda en Acción y Alianza Mundial por la Educación – GPE), presenta datos comparativos y análisis sobre el financiamiento educativo público en 20 países de Latinoamérica y el Caribe, para un período de más de veinte años, entre 1998 y 2019. La información recopilada puede ser consultada de manera individual para cada país, o de modo comparado a nivel regional. Además, se organiza en tres dimensiones de análisis: esfuerzo financiero público, disponibilidad de recursos por persona en edad escolar y equidad en el acceso escolar.
En base a los datos encontrados en las fuentes oficiales que se adoptan para este monitoreo – Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS/UNESCO), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM), además de algunas fuentes nacionales – en el 2020, los miembros de la CLADE en diferentes países elaboraron este análisis regional sobre la situación del financiamiento educativo en sus contextos y también a nivel de América Latina y el Caribe en su conjunto.
Con miras a presentar estos datos de manera accesible y sencilla a personas que no sean expertas, sino interesadas en la temática, por entender su importancia para el derecho a la educación, ofrecemos a continuación algunos videos-animación, en los cuales se pueden conocer datos clave del panorama regional respecto al financiamiento educativo, con base en las informaciones encontradas en la última actualización del sistema, realizada en el 2020.
Recomendaciones para América Latina y el Caribe a partir del análisis regional
Los contextos nacionales
Argentina
Según el estudio “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años?” (2020), elaborado por la Fundación Ses y Universidad Pedagógica Nacional con el apoyo de UNICEF, la CADE Argentina y el GFE, la volatilidad económica argentina hace que la referencia del porcentaje del PIB que debe invertirse en educación no resulte una garantía para la asignación presupuestaria requerida.
Es por ello que se requieren nuevos instrumentos normativos en el país en base a un Acuerdo Educativo que tenga como centro al sujeto – estudiante y la justicia educativa como orientadora de la inversión requerida.
Brasil
En 2020, se incluyó el nuevo Fundeb (Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de Profesionales de la Educación) en la Constitución Federal de Brasil. La Campanha Nacional peloDireito à Educação colaboró para mejorar esta propuesta de enmienda a la Constitución Federal cuyo texto aprobado contempló los puntos propuestos y defendidos por la Campaña, como el Costo Alumno-Calidad (CAQ) y el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb).
En un momento de profundos recortes de presupuestos en áreas sociales, con la implementación de políticas de austeridad, el nuevo Fundeb representa una esperanza para la educación pública, ya que a partir de 2021 el porcentaje de contribución federal para el Fondo sube de 10 para 12%, y seguirá aumentando hasta alcanzar el 23% en 2026.
Chile
Hasta el día de hoy no se terminó con el copago en la educación en Chile. Así, se hace competir a los establecimientos públicos entre ellos y con los privados por obtener matrículas, los que comienzan a administrarse bajo la lógica empresarial. Servicios de alimentación y limpieza, los materiales educativos y las capacitaciones docentes, pasan a ser ofrecidos por empresas privadas.
El arancel que se paga a los establecimientos educativos en la enseñanza obligatoria fue establecido de forma arbitraria y es insuficiente. En Chile no existen estudios sobre los costos actuales del funcionamiento de las instituciones educativas ni de los de una educación ajustada a derecho.
Colombia
El Censo Nacional Agropecuario (CNA) de Colombia de 2014 encontró que solo el 2.1% de las personas que residen en zonas rurales tienen formación universitaria y de postgrado. La educación media, por su parte, presentó los niveles más bajos de cobertura y diferencias evidentes entre zonas, por ejemplo, en zonas urbanas alcanza el 48%, en la zona rural el 35%, en las zonas rurales dispersas el 26% y en las zonas de posconflicto el 30%.
Los datos demuestran una alta cobertura, tanto bruta como neta, en primaria, pero un esfuerzo insuficiente en preescolar, secundaria y media. Se hace necesario subrayar también que el conflicto interno colombiano ha tenido un impacto decisivo en todos los aspectos del desarrollo económico y social del país, incluida la educación. Las oportunidades educativas en zonas de conflicto y para las personas desplazadas son limitadas, y en algunas partes, nulas.
Costa Rica
Costa Rica se mantiene en una posición de rezago relativo cuando se compara con naciones de similar desarrollo económico y social en indicadores clave, como la tasa neta de cobertura educativa del ciclo diversificado, todavía por debajo del 40%. Los desafíos establecen un ciclo, pues sólo podrán acceder a dicha educación quienes hayan recibido una mejor educación en secundaria o quienes puedan pagar una educación privada.
Ecuador
El Salvador
En el país, la demanda clave de la sociedad civil es alcanzar una inversión del 6% del PIB nacional para la educación, obteniendo así un financiamiento adecuado para la mejora educativa y la superación de los desafíos pendientes del sistema de educación nacional.
Guatemala
Se demandan en Guatemala cambios en la legislación y la Constitución para que el presupuesto sea fijado según una nueva organización del Estado. En este contexto, el Colectivo de Educación para Todas y Todos logró, tras una intensa campaña pública y de incidencia, que el gobierno mantuviera el mismo presupuesto para la educación este año, a pesar de las presiones para su disminución en un contexto de pandemia.
Haití
Para el país, es un gran desafío la producción, el reporte y difusión transparente de datos sobre la asignación de recursos y el gasto público para la educación nacional.
Honduras
La situación de la inversión educativa en Honduras es congruente con la tracción de la oferta educativa pública y gratuita y con el sacrificio de las familias para brindar educación a sus hijas/os a través de la educación privada.
México
Según la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), urge una política educativa en el país con el financiamiento necesario para trabajar contra la deserción escolar, garantizar los medios digitales y de conectividad, y para que haya un modo diferente de asignación directa de recursos a las escuelas, junto con la mejora de la infraestructura escolar. Se deben mejorar también las condiciones laborales de las personas que sostienen a la población en los procesos educativos.
Nicaragua
Para el año 2021 se estima que ha habido una inversión por estudiante en Nicaragua de US$83 en la educación preescolar; US$284 en la educación primaria; y US$198 en la educación secundaria. En la educación primaria, la matrícula se sitúa cerca del 95%, aunque el porcentaje de permanencia es un 89%, es decir, que el 6% de niñas, niños y adolescentes (NNA) abandonan las clases.
En secundaria, el porcentaje de matriculación es del 70%, con una tasa de repitencia del 13.4%. El acceso a la educación de calidad en las zonas rurales de Nicaragua es más escaso: el 26.4% de las y los NNA entre 7 y 17 años enfrentan dificultades graves para asistir a la escuela, sobre todo en la educación secundaria.
Panamá
La Coalición Panameña por el Derecho a la Educación demanda que se establezca un instituto de estadísticas y censo del Ministerio de Educación de Panamá, para que así se presenten de manera transparente datos sobre la deserción escolar y la inversión en educación, entre otros aspectos del derecho a la educación y de las políticas educativas.
Actualmente, los recursos públicos que se destinan a los centros educativos se transfieren de acuerdo a la cantidad global de estudiantes que tiene cada centro, lo que ha sido insuficiente e inadecuado.
Del 2016 al 2019, la brecha respecto al presupuesto asignado a la educación y su ejecución en Paraguay varía entre un 12% y 10%. Por otra parte, la Ley N° 4995/13 de Educación Superior establece que los recursos destinados a la educación superior, de carácter público, no podrán ser inferiores al 7% del gasto total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones. Pero, la estimación del gasto total en la educación superior en 2019 fue del 4.1% del gasto total de la Administración Central.
Perú
En Perú, actualmente, se buscan y se discuten estrategias más equitativas para distribuir de manera más justa e igualitaria los recursos públicos entre instituciones educativas, atendiendo especialmente a estudiantes en zonas rurales andinas y amazónicas.
Estudios demuestran que el incremento en cobertura en la educación básica, mayor inversión por estudiante y mejores logros de aprendizaje en general, se producen paralelamente a una mayor profundización de las desigualdades en educación en el país. También se llama la atención por el hecho de que el Ministerio de Educación peruano ejecuta, en promedio, apenas el 85% de su presupuesto anual.
República Dominicana
Existe cierto grado de estancamiento de la inversión pública en educación en el país, con una rigidez presupuestaria que no pasa del 4% del PIB desde 2013, cumpliendo solo con el mínimo legal de la Ley de Educación.
Venezuela
Según el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación, falta en Venezuela un marco conceptual del financiamiento educativo que determine cómo la educación se insertará en el contexto social y económico global, y, en especial, cuál será la estructura del gasto según los tipos de enseñanza que se desee privilegiar, así como los recursos que se le asignarán dados la estructura institucional, el sistema fiscal y los agentes sociales comprometidos.
El tema salarial también es una arista en la inversión educativa nacional.
Marcha por el derecho a la educación pública y gratuita en Perú
15 de diciembre de 2021En la última sesión de la Comisión de Educación del Congreso de la República, del viernes 10 de Diciembre de 2021 se aprobaron dos dictámenes aprobados en sesión extraordinaria.
El primer dictamen aprobado tiene como objetivo brindar facilidades a las universidades privadas con licencia denegada para que se vuelvan a presentar al proceso de licenciamiento sin haber cumplido las condiciones básicas de calidad. Con ello se beneficia a promotores y dueños de universidades privadas, permitiéndoles el regreso al sistema por la puerta falsa, lo que no solo constituye un trato discriminatorio frente a las universidades públicas y privadas que cumplieron con los estándares de calidad para obtener el licenciamiento, sino también perjudica a miles de estudiantes de universidades no licenciadas, prolongando innecesariamente la vulneración de sus derechos por parte de autoridades inescrupulosas que solo buscan beneficios económicos.
El segundo dictamen busca cambiar la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, agregando, entre otras, la figura de dos representantes de universidades públicas y dos de universidades privadas. Además, establece que la elección del Superintendente de SUNEDU será por el voto de las demás personas que conforman el Consejo Directivo. Con ello, se crea una estructura similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores, donde dichas autoridades se fiscalizaban entre ellas respondiendo a sus propios intereses, teniendo como consecuencia un sistema universitario desregulado, sin garantías de calidad, y con miles de estudiantes siendo estafados con su educación.
Los esfuerzos del Estado deben buscar generar y hacer cumplir los planes de contingencia para los miles de estudiantes y egresados/as de universidades con licencia denegada, cuyos estudios y planes de vida se han visto truncados por la indiferencia y el mal accionar de sus autoridades que, hoy, quieren hacer de las suyas de nuevo.
Necesitamos un sistema universitario de calidad, con universidades públicas fortalecidas, gratuidad educativa y un mayor presupuesto para la educación, y no agotar esfuerzos en contra de los intereses particulares que han hecho tanto daño a los/as jóvenes y al país.
Por tal motivo, desde distintos gremios estudiantiles, organizaciones y colectivos, convocamos a la ciudadanía a la MARCHA POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR #LaEducaciónSeRespeta este miércoles 15 de diciembre a las 6:30 pm en Plaza San Martín.
Reporte 1: Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Corporaciones Tecnológicas y Filantropía
13 de diciembre de 2021Año de Publicación: 2021
Publicado por: Otras Voces en Educación
Este documento analiza la acción de organismos multilaterales, bancas de desarrollo, corporaciones tecnológicas y filantropía en la educación, abordando cuestiones relacionadas con marcos jurídicos y normativos, políticas públicas, financiamiento, universalidad, calidad de la educación y condiciones materiales.
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Derecho a la Educación
Año de publicación: 2020
Publicado por: Foro Venezolano por el Derecho a la Educación
Este artículo aborda la temática de la educación como derecho humano fundamental. Defiende la educación como un deber social fundamental, y que debe ser democrática, gratuita y obligatoria.
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El enfoque de género en la educación en República Dominicana, marco legal y realidad en las escuelas: La ejecución presupuestaria del MINERD del 2017
Año de publicación: 2018
Publicado por: Foro Socioeducativo y InteRed
Este documento analiza la evolución, avances y desafíos del enfoque de género en la educación en la República Dominicana, presentando conceptos y formas de incorporarlos a nivel educativo.
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Fundeb 2020: vitória da escola pública e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Año de Publicación: 2020
Publicado por: Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Este documento registra el proceso de aprobación del nuevo y permanente Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valorización de los Profesionales de la Educación (Fundeb), promulgado bajo la forma de la Enmienda Constitucional número 108, el 26 de agosto de 2020. El proceso es un hito histórico para el movimiento por el derecho a la educación porque por primera vez una propuesta de financiamiento educativo elaborada por la sociedad civil, en la cual la Campaña Nacional participó activamente, fue constitucionalizada.
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Não é uma crise, é um projeto: os efeitos das reformas do Estado entre 2016 e 2021 na educação. Subsídios para uma análise a partir de raça e gênero
Año de publicación: 2021
Publicado por: Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Este cuaderno, que da continuidad al estudio “Não é uma crise, é um projeto: os efeitos das reformas do estado entre 2016 e 2021 na educação”, analiza las reformas realizadas en los últimos 5 años en Brasil y sus efectos en las políticas educativas, con enfoque en los marcadores de género y raza. En el documento se recogen diversos datos y perspectivas de esta situación. El documento también está disponible en inglés.
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El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años?
Año de publicación: 2020
Publicado por: Fundación SES y Universidad Nacional Pedagógica (UNIPE), en alianza con Campaña Argentina por el Derecho a la Educación y Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo
El estudio busca señalar cuáles son los recursos necesarios para realizar los objetivos educativos presentes en la Agenda 2030 en Argentina, considerando toda la diversidad y el contexto del país. El objetivo del documento es aportar insumos a las y los tomadores de decisión sobre políticas públicas educativas en el país.
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Financiación de la Educación en Colombia y Lógicas de Privatización en el Ciclo Obligatorio: del subsidio a la demanda a los ‘nuevos modos de gestión’
7 de diciembre de 2021Bajo el marco de la Revista de Financiamiento de Educación (FINEDUCA) este artículo muestra cómo los procesos de desfinanciación estructural de la canasta educativa colombiana y la asignación por estudiante como una modalidad del subsidio a la demanda, han constituido factores determinantes para la incorporación de lógicas de privatización en la provisión de la Educación Preescolar, Básica y Media (EPBM) colombiana.
El régimen de corresponsabilidad para la financiación de la EPBM pública en Colombia, implica aportes de recursos tanto del nivel nacional de gobierno, como del nivel subnacional, donde los principales fondos son recaudados a nivel nacional a través de las bases tributarias más importantes, que siguen perteneciendo a la Nación y, luego, son devueltos a municipios y departamentos a través de un esquema de transferencias territoriales. En 1993 se estableció la Ley 60, que reguló este mandato estableciendo los criterios para la distribución de las transferencias permitiendo durante los siguientes años, una ampliación progresiva de los fondos asignados a los sectores descentralizados que, para el caso de la educación pública, garantizó la entrega efectiva de la administración de las instituciones educativas a los departamentos y a un conjunto de municipios que surtieron un proceso de cumplimiento de requisitos ante las entidades nacionales.
No obstante, la crisis económica de 1999 y la ortodoxa gestión económica que le siguió, puso en cuestión estos avances y, afectó la disponibilidad de fondos para la educación pública. Frente a este contexto de crisis, el gobierno colombiano acudió al Fondo Monetario Internacional para pedir un crédito que le garantizara recursos de salvamento al país en caso de descalce en los pagos de deuda externa tanto pública como privada. En este caso, se estableció un acuerdo que radicaba en recortar el ritmo de crecimiento de las transferencias territoriales. Para el sector educativo, la caída de participación de las transferencias significó la sustracción de cerca de 50 mil millones de dólares entre 2002 y 2017 frente al acuerdo constitucional establecido originalmente, recursos que junto con los que dejaron de percibir los otros sectores descentralizados (salud pública, agua potable, saneamiento básico, entre otros), fueron absorbidos por el nivel central de gobierno y, utilizados en otro tipo de competencias diferentes a los servicios sociales descentralizados.
Junto a este proceso de desaceleración de la inversión en EPBM, Colombia también realizó cambios regulatorios importantes en los mecanismos y criterios de su asignación a las entidades territoriales. En este sentido, la Ley 715 de 2001 introdujo la asignación por estudiante como principal criterio de distribución. Básicamente, este consistió en la asignación de las transferencias territoriales sobre la base de un monto por estudiante efectivamente incorporado a las aulas. Esto dejó atrás el mecanismo de asignación de acuerdo con presupuestos de oferta y cubrimiento de la nómina. La asignación por estudiante implica que la mayor parte de los recursos se distribuyen de acuerdo con la demanda educativa, favoreciendo a aquellas entidades territoriales con mayor capacidad de incorporar población a las aulas. Si bien, esta modificación se introdujo con la justificación de privilegiar el aumento en la cobertura educativa e incentivar su ampliación, sufrió un conjunto de problemáticas que terminaron por generar nuevas desigualdades educativas y graves exclusiones, además de señales favorables a la expansión de modalidades de privatización.
El mecanismo de asignación por estudiante favoreció aquellas localidades donde se concentra la población en edad escolar, puesto que privilegia las economías de escala generadas por la aglomeración y, termina discriminando negativamente aquellos lugares donde la dispersión poblacional es mayor. Como tal, la asignación por estudiante resulta poco ventajosa para las zonas rurales dispersas, puesto que no logran reunir la cantidad necesaria de estudiantes para acceder a recursos suficientes que garanticen la construcción y funcionamiento de las escuelas en estos territorios. Son precisamente las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, históricamente discriminadas en el acceso a la educación, las que, al habitar en este tipo de territorios, terminan peor situadas frente a la nueva manera de asignar los recursos.
Dados estos cambios, dos modalidades de provisión privada fueron introducidas con mayor vigor, financiadas con recursos públicos. Por un lado, 1) los convenios de contratación de cobertura, consistentes en la compra de cupos a colegios privados de bajo costo en zonas urbanas y, por otro lado, 2) la concesión de nuevas infraestructuras educativas públicas a organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Ambas modalidades vieron un crecimiento importante de su cobertura y de la cantidad de recursos dirigidos.
Estas problemáticas asociadas a la introducción del subsidio a la demanda, vinculadas a incentivos pro-aglomeración de estudiantes para disminuir los costos educativos, a una asignación por estudiante estructuralmente desfinanciada y, a la ausencia de recursos para la construcción y adecuación de infraestructura, estuvieron a la base de la rápida expansión de mecanismos de privatización de la oferta educativa pública en Colombia. A pesar de los incentivos importantes para el aumento de la matrícula pública en las zonas urbanas de mayor aglomeración, las grandes entidades territoriales optaron por contratar cupos escolares con colegios privados de bajo costo, en vez de construir infraestructura pública adecuada.
Si deseas leer más a profundidad las medidas de desfinanciación educativa en el contexto Colombiano, que han propiciado la proliferación de la privatización, puedes acceder al artículo aquí: Financiación de la Educación en Colombia y Lógicas de Privatización en el Ciclo Obligatorio: del subsidio a la demanda a los ‘nuevos modos de gestión’.
Privatización de la Educación en el Contexto de la Pandemia y Postpandemia: viejos y nuevos rostros que desafían la realización del Derecho Humano a la Educación
Con el propósito de identificar tendencias y rasgos en la región Latinoamericana y del Caribe en temas de privatización educativa, en un artículo publicado recientemente en la Revista de Financiamiento de Educación (FINEDUCA), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expone la inserción de múltiples políticas que introducen lógicas mercantiles en el campo educativo. Estos procesos han estimulado el crecimiento de industrias ligadas al lucro, así como la existencia de importantes brechas en las leyes que efectivamente permiten la realización de actividades lucrativas incluso en la etapa educativa obligatoria, creando una contradicción con la perspectiva de la educación como un derecho humano fundamental, en la medida en que se mueve el rol del Estado a la iniciativa privada.
Este esfuerzo de investigación de la CLADE parte de un entendimiento amplio del concepto de privatización educativa, que extrapola la presencia del sector privado, incluyendo los procesos de transferencia de actividades, activos y responsabilidades de los Estados a organizaciones privadas y también la subordinación de la educación pública a los intereses corporativos. Este artículo – realizado por Adelaida Entenza, Giovanna Modé, Laura Giannecchini y Nelsy Lizarazo – analiza documentos producidos por organismos multilaterales en 2020; páginas de ministerios de educación; y entrevistas con investigadoras/es y representantes de movimientos de la sociedad civil.
Según el análisis, en la región se dan diversas expresiones de privatización auspiciadas por múltiples agentes y actores que interactúan. Entre ellos está la influencia de organismos internacionales en las políticas educativas, como es el caso del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de proyectos de cooperación técnica y financiera, de procesos de recopilación de datos y de generación de conocimientos, y de sus condicionalidades (criterios definidos para otorgar préstamos), el BM y el BID logran influenciar las agendas sectoriales nacionales e incentivar la adopción de ajustes políticos y económicos estructurales en los países, determinando quiénes recibirán su apoyo, cuándo, a través de qué estructura operativa, y cuáles políticas o reformas políticas serán priorizadas en los países prestatarios. Tanto el BID como el BM actúan como actores políticos e intelectuales, con capacidad para formular y articular políticas, fomentando la participación directa del sector privado.
CLADE identifica que el proceso de control de la educación por parte de actores privados o no-estatales surge no sólo a través de formas tradicionales de alianzas público-privadas, pero también de estímulo al uso de las tecnologías de información y comunicación en el campo educativo y de fomento a nuevas empresas de educación, nuevos modelos pedagógicos y herramientas que debilitan el rol del Estado y de los sistemas públicos.
Ante este contexto pandémico, el estudio destaca tres ejes que han salido con más destaque en los procesos de privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: las complejas formas de privatización relacionadas a la instalación de plataformas para la educación a distancia, el refuerzo a formas de transferencia de fondos públicos a centros privados, y el rol de bancos multilaterales, particularmente del BID, en las iniciativas educativas que vienen buscando responder a la pandemia.
En “Privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: aproximación y alertas en tiempos de pandemia” (publicado por CLADE en el 2021), se realizó un rastreo de las páginas web de Ministerios de Educación de la región sobre las principales respuestas educativas adoptadas durante la pandemia, identificando la presencia o ausencia de plataformas, recursos, aplicaciones, servicios y paquetes que dichos ministerios contrataron para responder a la emergencia. Este levantamiento reveló que en el 56.5% de los países figuran explícitamente espacios promovidos por Alphabet Inc, principalmente Google, Google Classroom y Microsoft, mientras en en el 17% constan empresas o fundaciones privadas tales como la Fundación Carlos Slim, la Fundación Telefónica o The Private Sector Organisation of Jamaica, para mencionar algunas. El estudio también reveló que muchos contratos fueron establecidos de manera poco transparente, lo que puede abrir caminos para nuevos estudios que se concentren en las cláusulas establecidas por estos acuerdos, sus condiciones, tiempo de duración y montos acordados.
El relevamiento documental y las entrevistas de CLADE demostraron el fenómeno de privatización conocido en la literatura como subsidio a la demanda. Con la profundización inmediata de la crisis económica para muchos sectores y el crecimiento del desempleo, muchas familias se vieron afectadas desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Ya que muchas familias no pudieron pagar las cuotas de las escuelas privadas, aumenta la presión sobre el Estado para que este ofrezca ayuda a estas instituciones. La respuesta positiva estatal se observó de manera concreta y rápida en algunos casos, en forma de transferencia directa de fondos públicos para escuelas privadas, o indirectamente, a través de exenciones de impuestos.
Durante la emergencia sanitaria diversos actores privados ganaron terreno en el campo de la educación, colaborando entre sí y participando, activamente, en la definición de políticas y “nuevas narrativas”. Esta invasión de actores privados en la educación demanda, con urgencia, más estudios y atención, pues amenaza el ejercicio pleno del derecho humano a la educación.
Para conocer más sobre el impacto de los actores privados en los sistemas públicos de educación, puedes acceder al artículo realizado por la CLADE aquí: Privatización de la Educación en el Contexto de la Pandemia y Postpandemia: viejos y nuevos rostros que desafían la realización del Derecho Humano a la Educación.
