El Presupuesto Público de Educación Chileno en el Siglo XXI y la Política de Expansión Inclusiva del Sistema Educativo
7 de diciembre de 2021En el periodo pos-retorno de la democracia chilena, la educación pasó progresivamente a un lugar más destacado en el proyecto político-social del país, expresado también en su relevancia presupuestaria. Las iniciativas educativas impulsadas en democracia demandaron una gran inversión fiscal ante el deterioro histórico de los indicadores educativos y sociales más relevantes del sistema. Desde entonces el gasto público del sector se ha triplicado en términos efectivos en las primeras dos décadas de democracia y más aún a partir del año 2014, producto de la implementación de leyes con gran impacto financiero que aumentaron las exigencias presupuestarias.
En este marco, el trabajo de Sebastián Donoso-Díaz, Daniel Reyes y Óscar Arias analiza la evolución del presupuesto público de educación en el país entre los años 1999 al 2018, identificando las principales tendencias en este campo. Además, se consideran las orientaciones privatizadoras y des-privatizadoras en la educación pública chilena, siendo que en el país se presenta un marcado y agresivo proceso de privatización educativa instalado desde los 80’. En Chile, los intentos por sacar al mercado de la educación fueron iniciados con gran sistematicidad en el año 2007 y fueron reiterados en el 2014.
Antecedentes
Las políticas educativas chilenas de 1990 al 2009 estuvieron sustentadas en una alianza política de centroizquierda socialdemócrata (Concertación), y posteriormente, del 2014 al 2017 por la misma coalición más la incorporación del Partido Comunista (Nueva Mayoría), en cuyo contexto se inclinó el hacer del Gobierno hacia la visión de la educación como un derecho social garantizado por el Estado.
A partir del año 1990 y hasta fines de 2020, el Estado en forma regular enfrenta en el campo educacional un conjunto de exigencias “de arrastre”, producto de la reducción significativa del gasto público en educación en la década de los 80’, la precarización salarial y laboral de las y los docentes, así como el deterioro de su formación profesional, impactando severamente la calidad de la educación. Todo esto, producto del evidente estímulo estatal a la privatización de la oferta educativa en todo nivel impulsada desde el 1981, que pauperizó la educación pública.
Cambios Presupuestarios
En materia de políticas educativas, el ciclo democrático inicial (1990-2006) realizó adecuaciones al sistema imperante, que significaron dictar el Estatuto Docente (1991), subir el valor de los subsidios escolares, impulsar la Reforma Curricular de 1995 en adelante. El ciclo político siguiente (2006-2011), marcó el avance del desgaste de las propuestas educativas de los gobiernos, alineadas con las manifestaciones sociales de las tensiones más significativas de la educación pública: la búsqueda de soluciones, y la persistencia de los efectos educativos negativos, a saber: su baja incidencia en reversar las grandes desigualdades educacionales de la sociedad, la alta segmentación socio-territorial y los problemas históricos de recursos financieros y calidad de la enseñanza. En el ciclo siguiente (2012-2018), se destaca la agudización de los conflictos públicos del sistema escolar; esencialmente transitando hacia el marco de derechos sociales de la educación, expresados en las políticas de inclusión en todas sus acepciones, de des-municipalización escolar y la gratuidad de la educación superior. Este fenómeno ha revitalizado el debate entre incremento presupuestario, rol del Estado, derecho a la educación y privatización de la enseñanza, marco en el que se desarrolla el texto.
En las décadas en estudio (1999 -2018), el presupuesto del Ministerio de Educación (MINEDUC) en términos efectivos se cuadruplicó, teniendo un crecimiento promedio anual de 7,8% para estas décadas, acorde con las políticas de universalización de la educación escolar y también por el acceso a la educación superior de grupos sociales medios. El gasto en educación se amplió en forma importante, y si bien el aumento en subvención escolar ha sido en menor proporción, corresponde a un ítem muy alto, que sigue creciendo a una tasa inferior. Por otro lado, en este periodo, el contexto chileno ha visto la implementación de otras políticas, como la gratuidad de la educación superior, que requiere muchos recursos. Mientras que en 1999 el gasto en subvención escolar era dos tercios del gasto total ministerial, el 2018 se registró un bajón al 49%, tomando en cuenta dos puntos de inflexión importantes el 2007 – periodo post-manifestaciones estudiantiles de 2006 – y el 2015 – inicio de mayor gasto en educación superior.
A partir de 1999 el presupuesto para la educación superior (ES) crece 7 veces en términos reales, destinándose principalmente al financiamiento de créditos y becas estudiantiles, vinculados a la expansión de la matrícula. Por otro lado, el gasto total en Gestión y Administración ha aumentado 5,7 veces desde 1999, mientras que el gasto en personal lo ha hecho 3,5 veces. Los programas de alimentación escolar en estos años corresponden al 6% del total del gasto del Ministerio En el 2018, el 84% del gasto principal en este ítem eran los programas netamente enfocados en la alimentación, representando un 5,6% del total de gasto del MINEDUC.
El presupuesto nacional de educación creció en el periodo 1999-2018 del 3,4% al 5,9% del PIB, ratificando la importancia política y social de la educación. Los datos sostienen que esto es un elemento decisivo para el sistema educativo nacional, incluso frente al aporte municipal que es menor (2% aproximadamente). Este incremento presupuestario no implica que se haya dado pleno cumplimiento a las demandas sociales. Los sucesos de la década que finaliza exponen que, en varias de estas exigencias, sigue una insatisfacción profunda con las reformas impulsadas por los diversos gobiernos en el periodo.
En el periodo estudiado por los autores, se notan esfuerzos para “sacar a la educación del mercado” mediante un diseño muy progresivo de transformaciones que requieren el fortalecimiento del sector público. Sin embargo, aún existen procesos de privatización encubierta, por medio de la externalización de la alimentación escolar, la gestión de becas y créditos en educación superior, el diseño y aplicación de pruebas escolares nacionales e internacionales, y otras, reduciendo la visibilidad de las inversiones y el rol del sector público. El caso de Chile ocurre en un entorno lleno de tensiones políticas internas en las tres décadas de democracia, donde las políticas de educación han transitado desde un marco pro-privatización desregulado – herencia de la dictadura– hacia una regulación gradual del mercado.
Para saber más y conocer la expansión presupuestaria en Chile, puedes acceder al artículo aquí: El Presupuesto Público de Educación Chileno en el Siglo XXI y la Política de Expansión Inclusiva del Sistema Educativo.
CLADE impulsa consulta a la sociedad civil sobre educación y endeudamiento. ¡Participa!
4 de noviembre de 2021La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) está realizando una encuesta para conocer la relación entre el derecho humano a la educación y los procesos de endeudamiento en nuestra región.
Se buscan respuestas desde todos los países de América Latina y el Caribe, especialmente de organizaciones de la sociedad civil y colectivos que abordan la temática en su relación con luchas por los derechos humanos y el financiamiento de estos derechos.
Sin embargo, todas las respuestas son bienvenidas, de todo nivel educativo, de todo ámbito social. Las respuestas a la encuesta son anónimas. Los resultados serán oportunamente difundidos por la CLADE.
La encuesta está disponible en distintos idiomas y la versión en español se responde en este enlace. Se recibirán respuestas hasta el 14 de noviembre.
Fiscalidad y Educación: las dos caras de la inclusión educativa
29 de octubre de 2021La asignación, distribución y ejecución de los presupuestos en educación está íntimamente relacionada sobre el impacto de los flujos financieros: los lícitos y también los ilícitos.
En el marco del Congreso Regional de Experiencias Educativas 2021, se presentará el informe sobre “Financiamiento educativo y justicia fiscal” que comprende un acercamiento al tema y fue realizado gracias al trabajo conjunto entre CLADE, Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.
Este trabajo busca instalar el debate y abrir un proceso de investigación escalable a nivel regional sobre el impacto que tienen los flujos financieros ilícitos (FFI) y el abuso fiscal corporativo sobre los presupuestos educativos
“En los países latinoamericanos, la necesidad de disponer de recursos adicionales para financiar los servicios sociales, la infraestructura y la inversión educativa ponen de manifiesto la urgencia de vincular fiscalidad y educación en las discusiones sobre las políticas públicas”, plantea el informe.
A su vez afirma que “para incrementar la inversión social en educación es necesario que la comunidad educativa regional considere activamente la relevancia que la actual estructura tributaria y en específico el impacto que los flujos financieros ilícitos (FFI) tienen sobre el desfinanciamiento de la inversión social, ya que significan pérdidas cuantiosas en términos de ingresos tributarios no recaudados”.
El panel se realizará el 18 de noviembre, a partir de las 14:00 (hora de Argentina), y contará con especialistas, entre ellos, Esteban Serrani, investigador del informe; Luis Moreno, Coordinador de Justicia Fiscal en Latindadd y miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, y Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (Resalde), cuya persona representante, a confirmar, compartirá hallazgos de un estudio sobre deuda y financiamiento educativo en El Salvador.
El evento se realizará en español, con traducción simultánea a portugués, francés e inglés, además de interpretación en lengua de señas internacional.
➡️ ¡Conoce el programa completo, e inscríbete para participar en este y otros paneles, a través de nuestra web! http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/
Accede a la publicación original.
El Salvador: Un financiamiento justo para la educación
13 de octubre de 2021La investigación responde a procesos que la Campaña Mundial por la Educación (CME) ha desarrollado en siete países a nivel Mundial sobre mecanismos de alivio de la deuda y financiamiento de la educación, por lo que RESALDE como miembro de la CME ha colaborado en la misma. El estudio es producto de la sistematización y el análisis de datos aportados por instituciones oficiales, nacionales e internacionales, así como investigaciones académicas y de organismos no gubernamentales y tiene como base el alivio de la deuda y el financiamiento educativo en El Salvador.
Para RESALDE el estudio tiene como eje principal garantizar el pleno derecho a la educación y para el caso de El Salvador, es urgente y requiere de recursos financieros adicionales que permitan el retorno a clases, recuperar los aprendizajes, reorientar la base curricular y replantear el horizonte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente al ODS 4, Educación de calidad.
Así mismo, el documento revela que “el canje” de deuda y la cooperación financiera han sido mecanismos favorables para la ejecución de proyectos específicos de educación o salud para la niñez y la juventud. Los canjes de deuda e incluso préstamos específicos han sido efectivos en la medida en que se orientan directamente a programas y proyectos educativos, pero a su vez tienen condiciones especiales como la transparencia, la participación, la contraloría y la rendición de cuentas.
RESALDE mantiene una campaña permanente enfocada a garantizar el derecho a la educación y asegurar los recursos fundamentales para su logro consignados en las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tratados internacionales.
Por lo que, consideran que el estudio deja una hoja de ruta para “la protección a la inversión social”, “educación y salud”, “reprogramaciones de canje de deuda”, entre otros.
Mira el vídeo del lanzamiento del estudio:
Los efectos de la inversión en educación en Brasil: Un análisis de las dos últimas décadas
23 de abril de 2021La investigación revela una gama heterogénea de políticas educativas que Brasil ha puesto en marcha en las dos últimas décadas para reducir las desigualdades educativas y contribuir a la universalización del ejercicio del derecho a la educación.
Descargar
Más recursos para la educación para reducir desigualdades: la experiencia de República Dominicana
La investigación revela una gama heterogénea de políticas educativas que República Dominicana ha puesto en marcha en las dos últimas décadas para reducir las desigualdades educativas y contribuir a la universalización del ejercicio del derecho a la educación.
Descargar
Brasil: reclaman más recursos para escuelas, estudiantes y docentes
21 de julio de 2020Con el hashtag #FundebpraValer, a través de las redes sociales, estudiantes, docentes, activistas, educadoras y educadores y todos y todas quienes luchan por garantizar el derecho a la educación en Brasil reclaman a los políticos del país que se vote en el Congreso el texto del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb) presentado por la diputada y profesora Dorinha, sin modificaciones.
La movilización brasileña se da en el marco de la votación del nuevo Fundeb en la Cámara de Diputados, ya que el plazo de vigencia del fondo actual termina en diciembre de este año.
La falta de definición de una propuesta adecuada para la renovación del fondo ha generado un contexto de incertidumbre y riesgos para la educación pública brasileña, que culminó en disputas sociales. Por ello, más de 200 organizaciones y movimientos sociales, liderados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), defienden que se aplique el Costo Alumno Calidad (CAQ) y el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), mecanismos desarrollados por la coalición que calculan la inversión adecuada por estudiante, para que todas y todos tengan acceso a la educación básica de calidad. Este mecanismo considera las diferentes etapas y modalidades educativas, y además tiene en cuenta los costos de mantenimiento.
“Este texto presentado por la profesora Dorinha amplía la complementación de recursos de la Unión, garantiza las condiciones de calidad a través del Costo Alumno Calidad y la valoración de los profesionales de Educación a través de la distribución de un sistema híbrido que no desestabiliza las redes [educativas], fortaleciendo [la construcción de] un sistema más equitativo”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora de la CNDE, en un video.
Brasil: descumplimiento del Plan Nacional de Educación
“Para garantizar parámetros mínimos de calidad para el derecho humano a la educación en Brasil, se necesitan nuevas inversiones en el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) de aproximadamente U$ 12 mil millones por año, valor que significa apenas un 0,9% del PIB brasileño”, subraya la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) en informe enviado a las Naciones Unidas. Según la campaña, se observa como gran retroceso en el país el no cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE) por el gobierno nacional. Resultado de un proceso de construcción democrática con amplia participación popular, el Plan es la principal política educativa del país, y establece metas y acciones para que se cumplan durante sus 10 años de vigencia, de 2014 a 2024. Una de las metas es la ampliación del financiamiento público para la educación, hasta llegar al 7% del PIB en el 5º año de vigencia del PNE y al 10% del PIB en el final del decenio. Este aumento de recursos haría posible implementar el Costo Alumno Calidad Inicial y el Costo Alumno Calidad (CAQi y CAQ), indicadores que calculan la inversión financiera necesaria por estudiante al año, en cada etapa y modalidad de la educación básica pública, para garantizar el acceso a la educación de calidad para todas y todos. Según el informe de la CNDE, solamente el 0,6% de las escuelas brasileñas atienden a los indicadores de calidad previstos en el CAQi. La CNDE recomienda la creación de un nuevo Fundeb para que el país pueda alcanzar las metas y estratégias de su Plan Nacional de Educación y cumplir el ODS 4, objetivo referido a la educación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030."Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación"El actual Fundeb es un fondo para la educación compuesto por recursos de los impuestos y complementado por el gobierno federal. Sin embargo, su vigencia termina en el 2020 y el desafío, según la Campaña Nacional, es asegurar la adopción de un nuevo fondo, con implementación permanente, que cuente con recursos adecuados para la aplicación del CAQ/CAQi y el cumplimiento de todas las metas y estratégias del PNE. “Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, siguiendo las observaciones presentadas por el CRC [Comité de los Derechos del Niño de la ONU], en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación - Ley 13.005/2014 -, aún en situaciones de crisis económicas o inestabilidad política, centralizando esfuerzos en la meta 20 que establece la implementación del CAQi/CAQ, y en la aprobación de un nuevo Fundeb con mayor complementación de recursos por parte de la Unión, fortaleciendo así la educación básica pública”, recomendó la Campaña Nacional en su informe a la ONU.
Chile: privatización de la educación
El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile presentó cinco problemáticas principales respecto al financiamiento educativo en el país, en su informe a las Naciones Unidas:- el gasto en educación como porcentaje del PIB en el 2016 fue del 5,35% (Banco Mundial) y no llega al valor recomendado por la UNESCO.
- en Chile, se financia con la misma preferencia la educación pública y la particular subvencionada y esto se realiza por medio de una subvención básica por estudiante que asiste a clases, lo que genera una competencia entre las escuelas por captar matrícula.
- Chile se ha caracterizado por un aumento sostenido de la participación de entidades privadas en la oferta de la educación, en detrimento de las públicas, lo que ha generado el surgimiento de distintos tipos de sostenedores que buscan el lucro con los recursos que perciben de las familias y del Estado, existiendo incluso holdings educacionales organizados para tal efecto. “La consecuencia directa es que si las condiciones de base del sistema educativo son una mayoritaria participación de privados, los aumentos en los recursos en educación van subsecuentemente a beneficiar mayoritariamente a estos sectores privados, aumentando aún más sus ganancias y la segregación en el sistema chileno”, dice el informe.
- Las políticas implementadas en los últimos años, principalmente para la gratuidad de la Educación Superior, la Ley de Inclusión y la Nueva Educación Pública, no garantizan el trato preferente del Estado a las instituciones públicas, dejándolas en peores condiciones, al mismo tiempo en que permiten y fomentan la proliferación de entidades privadas y no alteran significativamente la estructura de financiamiento de la educación en Chile.
- No se han observado cambios relevantes en los últimos años que apunten a un monitoreo transparente y público de los presupuestos. Tampoco se ha creado una plataforma donde se realice de manera más democrática y participativa esta fiscalización, considerando la opinión de los distintos actores del sistema educativo.
El Salvador: Sin cambios
Según el informe de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), no se observaron cambios relevantes en el financiamiento de la educación pública en El Salvador, en los últimos años. “La asignación del PIB para la educación es del 3.7%. Actualmente el presupuesto es de 930 millones de dólares anuales”, afirmó la Red. Desde el 2014, RESALDE impulsa la campaña “6% Sí, por la educación”, demandando la inversión de al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, para universalizar la educación desde la primera infancia hasta la universidad. En el marco de la campaña, RESALDE ha intercedido ante alcaldes, Ministerio de Educación e integrantes de la Asamblea Legislativa nacional, para instarlos a priorizar la educación en los presupuestos y políticas. La red dialogó especialmente con integrantes de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa nacional, que apoyó fuertemente la campaña, lo que le motivó a elaborar y proponer un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación, que establece el aumento progresivo de recursos para la educación, hasta alcanzar el 6% del PIB. En el informe presentado por la Red a la ONU, se destaca que el “Anteproyecto de Ley especial para el financiamiento de la educación” infelizmente quedó archivado luego de ser presentado a la Casa Presidencial, y hasta hoy no fue enviado a la Asamblea Legislativa para que sea discutido. >> Lee+ Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidadGuatemala: U$ 28 millones a menos para la Educación
Según el informe elaborado por el Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, el Estado guatemalteco deja de invertir aproximadamente 22 mil millones de quetzales (U$ 28 millones) por año a la educación del país. “La ley Nacional de Educación decreto 12-91 plantea que es necesario invertir el 7% del Producto Interno Bruto de Guatemala, esto debería ser 35 mil millones de quetzales (U$ 45 millones) aproximadamente. Sin embargo, la inversión actual en educación es de 13 mil millones de quetzales (U$ 17 millones)”, subraya el informe">¿Cómo está el financiamiento educativo en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?
8 de enero de 2020Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran que los gobiernos de estos países no cumplen las leyes de financiamiento educativo, afectando de manera negativa a la calidad de la educación en ámbito nacional. Además, en el caso de Chile, hay una fuerte tendencia hacia la privatización de la educación.
Los documentos fueron presentados ante el último Foro Político de Alto Nivel de la ONU (julio de 2019), donde se revisó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4, referido a la educación.
A continuación, lee más informaciones sobre cada uno de dichos países. (más…)
Brasil por la defensa del Fundeb con más inversión
17 de diciembre de 2019Desde el 2007, cuando fue creado y reglamentado, el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación (Fundeb) es la manera por la cual Unión, estados y municipalidades en Brasil financian la educación pública.
Después de más de diez años de vigencia, el Fundeb está en riesgo. En fines de 2020 termina la vigencia del fondo, y todavía no se definió una propuesta adecuada para su renovación.
El contexto de incertidumbre y riesgos para la educación pública brasileña culminó en disputas sociales. De un lado están el gobierno y el grupo liderado por empresarios del área educativa en el país, llamado “Todos pela Educação (TPE)”, que defiende un aumento de 6% en el complemento de recursos concedido por la Unión a los estados (del actual 9% para el 15% de complementación). Según el grupo, el problema de la financiación educativa está en la distribución y no en el monto de recursos.
De otro lado, están más de 200 organizaciones y movimientos sociales liderados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), que defiende el 40% de complementación por parte de la Unión a los estados, para que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas de Brasil tengan acceso a una educación de calidad.
La Campaña también defiende que se aplique el Costo Alumno Calidad (CAQ) y el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), mecanismos desarrollados por la coalición que calculan la inversión adecuada por estudiante, para que todas y todos tengan acceso a la educación básica con calidad. Este mecanismo considera las diferentes etapas y modalidades educativas, y además considera los costos de mantenimiento.
En el artículo intitulado “El empresariado y el financiamiento de la educación: ¡que nostalgia de Salvador Arena!”, publicado por José Marcelino Rezende Pinto, investigador y profesor de la Universidad de São Paulo (USP) y miembro de la CNDE, se analiza la influencia del empresariado brasileño, representado por el grupo “Todos pela Educação”, en el financiamiento educativo nacional.
“Ignorar 1.5 millones de niñas, niños y jóvenes de 4 a 17 años que, obligatoriamente, deberían estar matriculadas/os en las escuelas, y que no están, no nos parece correcto. Tampoco es correcto desconsiderar 1.3 millón de niños y niñas de 0 a 3 años que deberán frecuentar las guarderías hasta el 2024, como determina en Plan Nacional de Educación (PNE)”, se afirma en el artículo.
Según el profesor José Marcelino, “lo que impresiona en la posición del TPE es una clara dirección a favor de la tesis tan repetida por los economistas ‘del mercado’ de que la cuestión central en educación es la eficiencia y no la necesidad de más recursos”. “Ya dije, y lo repito, estas mismas personas matriculan sus hijos en escuelas privadas cuya mensualidad es el doble, o el triple del gasto anual de un estudiante en la red pública”, añadió.
De acuerdo al investigador, la cuestión central del financiamiento de la educación en Brasil no es la ineficiencia, sino la baja participación de la Unión en la financiación, lo que genera desigualdad y bajo gasto por estudiante. “En el caso del Fundeb, el complemento de la Unión es de apenas el 9% del total de recursos del fondo. Cuanto más grande es la recesión, menos recursos el gobierno federal aporta al fondo. (…) Aumentar la contribución federal al Fundeb del 0,2% del PIB para el 0,8% (en 10 años), como la Cámara de Diputados y el Senado pretenden, corresponde a menos del 10% del pago de tasas y encargos de la deuda previstos en el Proyecto de Ley Presupuestaria de 2020”, afirma en su artículo.
>> Lee el artículo completo, en portugués
Parlatino apoya protocolo para análisis de los presupuestos educativos, desarrollado por CLADE y CECC-SICA
14 de noviembre de 2019Culminó el último viernes (8 de noviembre) la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) fue invitada a participar en el evento, que tuvo lugar en Lima, Perú, representada en la oportunidad por Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE). (más…)
