Foto: Nora Chacón

“La deuda de los países latinoamericanos y caribeños desvía recursos que serían claves para una recuperación de la pandemia sostenible, verde e inclusiva”

9 de marzo de 2022

En el primer día de actividades del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, tuvo lugar un panel de sobre el financiamiento del desarrollo sostenible, con la participación de representantes de bancos e instituciones financieras regionales e internacionales.

El canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, introdujo la temática del debate, presentando desafíos para el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe, y también propuestas para mejorar este escenario, de acuerdo a la CEPAL.

Según datos de esta Comisión, citados por Quirós, la deuda bruta promedio en América Latina y el Caribe es de cerca de 77,7% del PIB regional, representando un desvío importante de recursos claves de los países, que podrían proveer bienes públicos esenciales para la reconstrucción y recuperación frente a la pandemia COVID-19, de manera sostenible, verde e inclusiva.

El canciller de Costa Rica explicó que la situación fiscal de los países de la región ya presentaba un espacio estrecho para inversiones públicas antes de la pandemia, y con ella se agravó debido a la menor recaudación y los mayores gastos con necesidades inmediatas generados por el contexto de COVID-19.

Señaló también el fuerte impacto de la pandemia en sectores económicos como el turismo, especialmente para países del Caribe, ante las medidas de distanciamiento y restricción a la movilidad.

“En este escenario, tenemos un estrecho espacio fiscal para abordar las necesidades de desarrollo sostenible y brechas estructurales de nuestra región”, destacó.

Agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo en la región

Según Quirós, la pandemia no solo impactó la región en términos de desempleo, pobreza y disminución de la inversión, sino que además obstaculizó derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de nuestras poblaciones, especialmente las más vulnerables.

En esta coyuntura, agregó, las respuestas de los organismos multilaterales han sido limitadas y se restringieron a países con menores ingresos. “Eso ha representado desafíos para los países de renta media y renta media alta respecto a sus posibilidades de acceder a financiamiento y modalidades de cooperación, con impactos en sus capacidades reales de abordar de manera sostenible los retos de desarrollo”, afirmó.

En la parte final de su exposición, Quirós presentó propuestas innovadoras para mejorar el financiamiento del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, según el informe especial de CEPAL intitulado “Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de América Latina y el Caribe”.

5 propuestas para garantizar el financiamiento a los ODS

El informe de CEPAL destaca 5 propuestas o puntos principales:

1 – ampliar y redistribuir la liquidez de países desarrollados hacia países en desarrollo, desde propuestas como redireccionar los derechos especiales de giro (DEG) no utilizados por países desarrollados para países en desarrollo; y crear fondos multilaterales para la reconstrucción, por ejemplo el FACE (fondo para aliviar los impactos a la economía por el COVID-19), con el objetivo de aumentar la liquidez y el acceso a financiamiento con tasas de interés accesibles.

2 – fortalecer la cooperación regional y aumentar la capacidad de préstamos y respuestas de instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales de América Latina y el Caribe, fortaleciendo la cooperación entre ellas.

3 – reformar la institucionalidad de la arquitectura de la deuda multilateral y de los sistemas fiscales: se requieren políticas fiscales contra la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, además, contra los abusos fiscales por parte de las corporaciones.

4- proporcionar a los países instrumentos innovadores para posibilitar el reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo.

5 – integrar medidas de liquidez y reducción de la deuda a estrategias de resiliencia de largo plazo, así como adoptar medidas innovadoras de financiamiento, como bonos verdes y azules.

“Los bancos multilaterales deben apoyar los esfuerzos que ya hacen las instituciones regionales en la dirección del desarrollo sostenible. ¿Qué medidas los bancos de desarrollo pueden adoptar para ampliar la liquidez y distribuirla a países en desarrollo, sin excluir los países de renta media del acceso al financiamiento concesional? ¿Qué rol deberían jugar los bancos de desarrollo nacionales para movilizar recursos al desarrollo sostenible?”, preguntó Quirós a representantes de bancos presentes en el panel.

Video de la reunión:


¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública y de calidad? Esa y otras cuestiones sobre justicia fiscal y el derecho a la educación en América Latina y el Caribe son analizadas en el artículo >> Lee el artículo completo aquí">
Artículo escrito por Adrian Falco, miembro de Fundación SES y secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, sobre la relación entre los tributos y el derecho a la educación en América Latina y el Caribe.

Artículo: Justicia Fiscal y Financiamiento Educativo

21 de diciembre de 2021

¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública y de calidad? Esa y otras cuestiones sobre justicia fiscal y el derecho a la educación en América Latina y el Caribe son analizadas en el artículo “Justicia Fiscal y Financiamiento Educativo”, escrita por Adrián Falco, miembro de Fundación SES y secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.

Según Falco,  la realidad de la región latinoamericana y caribeña en términos de falta de recursos, de incremento de la desigualdad y de falta de oportunidades no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno que refiera a unos gobiernos en particular o que se circunscriba a una simple crisis.

“La sujeción de nuestros países a procesos de endeudamiento, desindustrialización y, como consecuencia, el deterioro de indicadores sociales, es producto de un proceso de décadas en las cuales la globalización financiera que comenzó en la década de los ´80, la deslocalización de la producción económica, la designación de roles específicos en las cadenas de valor globales y el incremento incesante de enclaves offshore para el manejo de los negocios fueron los principales arietes del neoliberalismo para sostener y fortalecer una agenda global de transferencia incesante de ingresos del sur al norte”.

>> Lee el artículo completo aquí


El nuevo  módulo de la capacitación entregó a la membresía de CLADE herramientas de análisis de las políticas públicas para la incidencia en distintos escenarios educativos. Imagen muestra una persona de piel blanco leyendo un libro, con indistintos libros en una mesa.
Wokandapix

Lxs ciudadanxs contra la austeridad: Por qué hay que acabar con las limitaciones salariales del sector público

19 de diciembre de 2021

Autor: David Archer y Roos Saalbrink
Publicado originalmente por: Education International, ActionAid and Public Services International
Fecha de publicación: 12 de octubre de 2021
Título original en inglés: The Public versus Austerity: Why public sector wage bill constraints must end

Resúmen ejecutivo disponible en español: Lxs Ciudadanxs contra la Austeridad – Por qué hay que acabar con las limitaciones salariales del sector público.


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Autor: ActionAid International
Publicado originalmente por ActionAid
Fecha: octubre de 2018
Título original en inglés: Progressive Taxation Briefings

Fiscalidad Progresiva: Informes sobre la Fiscalidad Progresiva

Autor: ActionAid International
Publicado originalmente por ActionAid
Fecha: octubre de 2018
Título original en inglés: Progressive Taxation Briefings


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A imagem é uma fotografia ao meio de duas faixas pretas, localizadas nas partes superior e inferior da imagem. Na foto, aparece o rosto de uma mulher negra de cabelos presos. Ela usa óculos escuros e segura um cartaz branco com bordas vermelhas, no qual se lê a mensagem: “Diga não! Ao corte na educação”. Abaixo da foto, sobre a faixa preta inferior, está o crédito de autoria da foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE). Fim da descrição.
Foto: Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación

Justicia Fiscal y Derechos Humanos: Las 4 Rs y la realización de los Derechos Humanos

Autor: Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network)
Fecha: Julio de 2021
Título original en inglés: Tax Justice & Human Rights: The 4 Rs and the realisation of rights.

La continua negación de la justicia fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, afirma las profundas desigualdades interseccionales que marcan nuestras sociedades.


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La educación pública es un derecho. La imagen ilustra la conversa sobre los problemas de la privatización de la educación.
Ilustración: Nayani Real

Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal

Autor: Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal (IPDHPF)
Año: 2021

La política fiscal es un conjunto de técnicas utilizadas para la gestión del gasto y de los ingresos públicos, y comprende todas las técnicas a través de las cuales los Estados obtienen y asignan recursos.


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Foto: Fellipe Abreu

Financiación Doméstica: Impuestos y Educación

Autor: David Archer
Publicado originalmente en: NORRAG Special Issue 05, pp. 8-11
Fecha de publicación: noviembre de 2020
Título original en inglés: Domestic Financing: Tax and Education

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Autor: Jo Walker
Publicado originalmente en NORRAG Special Issue 05, pp. 94-97
Fecha de publicación: noviembre de 2020
Título original en inglés: Linking the New Debt Crisis to Tax and Education

<strong>Resumen:</strong> Cada vez es más difícil defender la ampliación de los ingresos fiscales como estrategia para aumentar la financiación de la educación y otros servicios públicos, especialmente cuando hay una nueva crisis de la deuda y grandes porcentajes de los presupuestos nacionales desaparecen en el pago de viejas deudas. Los defensores de la educación deben estar tan comprometidos en la crisis de la deuda como lo están haciendo ahora en la justicia fiscal.

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Vinculando la Nueva Crisis de Endeudamiento con los Impuestos y la Educación

18 de diciembre de 2021

Autor: Jo Walker
Publicado originalmente en NORRAG Special Issue 05, pp. 94-97
Fecha de publicación: noviembre de 2020
Título original en inglés: Linking the New Debt Crisis to Tax and Education

Resumen: Cada vez es más difícil defender la ampliación de los ingresos fiscales como estrategia para aumentar la financiación de la educación y otros servicios públicos, especialmente cuando hay una nueva crisis de la deuda y grandes porcentajes de los presupuestos nacionales desaparecen en el pago de viejas deudas. Los defensores de la educación deben estar tan comprometidos en la crisis de la deuda como lo están haciendo ahora en la justicia fiscal.

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Monitoreo del Financiamiento Educativo en América Latina y el Caribe: videos para conocer algunos puntos clave

17 de diciembre de 2021

Para apoyar el monitoreo y la actuación de la sociedad civil por la garantía de un financiamiento justo y adecuado para la educación pública y gratuita, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ha mantenido actualizados los datos del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y Caribe.

La plataforma, lanzada en 2017 con apoyo de Oxfam Novib, Oxfam IBIS, Ayuda en Acción y Alianza Mundial por la Educación – GPE), presenta datos comparativos y análisis sobre el financiamiento educativo público en 20 países de Latinoamérica y el Caribe, para un período de más de veinte años, entre 1998 y 2019. La información recopilada puede ser consultada de manera individual para cada país, o de modo comparado a nivel regional. Además, se organiza en tres dimensiones de análisis: esfuerzo financiero público, disponibilidad de recursos por persona en edad escolar y equidad en el acceso escolar.

En base a los datos encontrados en las fuentes oficiales que se adoptan para este monitoreo – Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS/UNESCO), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM), además de algunas fuentes nacionales – en el 2020, los miembros de la CLADE en diferentes países elaboraron este análisis regional sobre la situación del financiamiento educativo en sus contextos y también a nivel de América Latina y el Caribe en su conjunto.

Con miras a presentar estos datos de manera accesible y sencilla a personas que no sean expertas, sino interesadas en la temática, por entender su importancia para el derecho a la educación, ofrecemos a continuación algunos videos-animación, en los cuales se pueden conocer datos clave del panorama regional respecto al financiamiento educativo, con base en las informaciones encontradas en la última actualización del sistema, realizada en el 2020.

Recomendaciones para América Latina y el Caribe a partir del análisis regional

 


Los contextos nacionales

 

Argentina

Según el estudio “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años?” (2020), elaborado por la Fundación Ses y Universidad Pedagógica Nacional con el apoyo de UNICEF, la CADE Argentina y el GFE, la volatilidad económica argentina hace que la referencia del porcentaje del PIB que debe invertirse en educación no resulte una garantía para la asignación presupuestaria requerida.

Es por ello que se requieren nuevos instrumentos normativos en el país en base a un Acuerdo Educativo que tenga como centro al sujeto – estudiante y la justicia educativa como orientadora de la inversión requerida.


Brasil

En 2020, se incluyó el nuevo Fundeb (Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de Profesionales de la Educación) en la Constitución Federal de Brasil. La Campanha Nacional peloDireito à Educação colaboró para mejorar esta propuesta de enmienda a la Constitución Federal cuyo texto aprobado contempló los puntos propuestos y defendidos por la Campaña, como el Costo Alumno-Calidad (CAQ) y el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb).

En un momento de profundos recortes de presupuestos en áreas sociales, con la implementación de políticas de austeridad, el nuevo Fundeb representa una esperanza para la educación pública, ya que a partir de 2021 el porcentaje de contribución federal para el Fondo sube de 10 para 12%, y seguirá aumentando hasta alcanzar el 23% en 2026.


Chile

Hasta el día de hoy no se terminó con el copago en la educación en Chile. Así, se hace competir a los establecimientos públicos entre ellos y con los privados por obtener matrículas, los que comienzan a administrarse bajo la lógica empresarial. Servicios de alimentación y limpieza, los materiales educativos y las capacitaciones docentes, pasan a ser ofrecidos por empresas privadas.

El arancel que se paga a los establecimientos educativos en la enseñanza obligatoria fue establecido de forma arbitraria y es insuficiente. En Chile no existen estudios sobre los costos actuales del funcionamiento de las instituciones educativas ni de los de una educación ajustada a derecho.


Colombia

El Censo Nacional Agropecuario (CNA) de Colombia de 2014 encontró que solo el 2.1% de las personas que residen en zonas rurales tienen formación universitaria y de postgrado. La educación media, por su parte, presentó los niveles más bajos de cobertura y diferencias evidentes entre zonas, por ejemplo, en zonas urbanas alcanza el 48%, en la zona rural el 35%, en las zonas rurales dispersas el 26% y en las zonas de posconflicto el 30%.

Los datos demuestran una alta cobertura, tanto bruta como neta, en primaria, pero un esfuerzo insuficiente en preescolar, secundaria y media. Se hace necesario subrayar también que el conflicto interno colombiano ha tenido un impacto decisivo en todos los aspectos del desarrollo económico y social del país, incluida la educación. Las oportunidades educativas en zonas de conflicto y para las personas desplazadas son limitadas, y en algunas partes, nulas.


Costa Rica

Costa Rica se mantiene en una posición de rezago relativo cuando se compara con naciones de similar desarrollo económico y social en indicadores clave, como la tasa neta de cobertura educativa del ciclo diversificado, todavía por debajo del 40%. Los desafíos establecen un ciclo, pues sólo podrán acceder a dicha educación quienes hayan recibido una mejor educación en secundaria o quienes puedan pagar una educación privada.


Ecuador

En el 2020, el Contrato Social Educación (CSE) divulgó una nota pública respaldando la medida cautelar de la Corte Constitucional de Ecuador, que deja sin efecto el intento del gobierno nacional de reducir más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades, y obligó al Ministerio de Economía y Finanzas a abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior del país.
El CSE también exhortó a la Corte para que fallara de manera definitiva contra el recorte presupuestario por el gobierno, que afectaría a 31 universidades públicas y un organismo del sistema de educación superior.

El Salvador

En el país, la demanda clave de la sociedad civil es alcanzar una inversión del 6% del PIB nacional para la educación, obteniendo así un financiamiento adecuado para la mejora educativa y la superación de los desafíos pendientes del sistema de educación nacional.


Guatemala

Se demandan en Guatemala cambios en la legislación y la Constitución para que el presupuesto sea fijado según una nueva organización del Estado. En este contexto, el Colectivo de Educación para Todas y Todos logró, tras una intensa campaña pública y de incidencia, que el gobierno mantuviera el mismo presupuesto para la educación este año, a pesar de las presiones para su disminución en un contexto de pandemia.


Haití

Para el país, es un gran desafío la producción, el reporte y difusión transparente de datos sobre la asignación de recursos y el gasto público para la educación nacional.


Honduras

La situación de la inversión educativa en Honduras es congruente con la tracción de la oferta educativa pública y gratuita y con el sacrificio de las familias para brindar educación a sus hijas/os a través de la educación privada.


México

Según la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), urge una política educativa en el país con el financiamiento necesario para trabajar contra la deserción escolar, garantizar los medios digitales y de conectividad, y para que haya un modo diferente de asignación directa de recursos a las escuelas, junto con la mejora de la infraestructura escolar. Se deben mejorar también las condiciones laborales de las personas que sostienen a la población en los procesos educativos.


Nicaragua

Para el año 2021 se estima que ha habido una inversión por estudiante en Nicaragua de US$83 en la educación preescolar; US$284 en la educación primaria; y US$198 en la educación secundaria. En la educación primaria, la matrícula se sitúa cerca del 95%, aunque el porcentaje de permanencia es un 89%, es decir, que el 6% de niñas, niños y adolescentes (NNA) abandonan las clases.

En secundaria, el porcentaje de matriculación es del 70%, con una tasa de repitencia del 13.4%. El acceso a la educación de calidad en las zonas rurales de Nicaragua es más escaso: el 26.4% de las y los NNA entre 7 y 17 años enfrentan dificultades graves para asistir a la escuela, sobre todo en la educación secundaria.


Panamá

La Coalición Panameña por el Derecho a la Educación demanda que se establezca un instituto de estadísticas y censo del Ministerio de Educación de Panamá, para que así se presenten de manera transparente datos sobre la deserción escolar y la inversión en educación, entre otros aspectos del derecho a la educación y de las políticas educativas.

Actualmente, los recursos públicos que se destinan a los centros educativos se transfieren de acuerdo a la cantidad global de estudiantes que tiene cada centro, lo que ha sido insuficiente e inadecuado.


Paraguay

Del 2016 al 2019, la brecha respecto al presupuesto asignado a la educación y su ejecución en Paraguay varía entre un 12% y 10%. Por otra parte, la Ley N° 4995/13 de Educación Superior establece que los recursos destinados a la educación superior, de carácter público, no podrán ser inferiores al 7% del gasto total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones. Pero, la estimación del gasto total en la educación superior en 2019 fue del 4.1% del gasto total de la Administración Central.

Si se aumentara la ejecución del presupuesto educativo en el país, sería posible incrementar también los recursos disponibles a 10 programas que, como la educación indígena, necesitan de mayores recursos. Se trataría de generar mayores impactos en la reducción de la inequidad y el aumento en la pertinencia educativa para la educación inclusiva y otras modalidades.

Perú

En Perú, actualmente, se buscan y se discuten estrategias más equitativas para distribuir de manera más justa e igualitaria los recursos públicos entre instituciones educativas, atendiendo especialmente a estudiantes en zonas rurales andinas y amazónicas.

Estudios demuestran que el incremento en cobertura en la educación básica, mayor inversión por estudiante y mejores logros de aprendizaje en general, se producen paralelamente a una mayor profundización de las desigualdades en educación en el país. También se llama la atención por el hecho de que el Ministerio de Educación peruano ejecuta, en promedio, apenas el 85% de su presupuesto anual.


República Dominicana

Existe cierto grado de estancamiento de la inversión pública en educación en el país, con una rigidez presupuestaria que no pasa del 4% del PIB desde 2013, cumpliendo solo con el mínimo legal de la Ley de Educación.


Venezuela

Según el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación, falta en Venezuela un marco conceptual del financiamiento educativo que determine cómo la educación se insertará en el contexto social y económico global, y, en especial, cuál será la estructura del gasto según los tipos de enseñanza que se desee privilegiar, así como los recursos que se le asignarán dados la estructura institucional, el sistema fiscal y los agentes sociales comprometidos.

El tema salarial también es una arista en la inversión educativa nacional.


Justicia Fiscal y Financiamiento Educativo

15 de diciembre de 2021

¿Cuál es la relación entre la apertura de una cuenta o empresa con nombres falsos en la Isla de Man (un paraíso fiscal) y la falta de calefacción en una escuela en cualquier país de nuestra América Latina y Caribeña? ¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública y de calidad? La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red de Justicia económica y social Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) han unido esfuerzos y agendas para responder estas preguntas y revelar, finalmente, el estrecho vínculo entre justicia fiscal y financiamiento educativo.

Nuestra realidad en la región latinoamericana y caribeña en términos de falta de recursos, de incremento de la desigualdad y de falta de oportunidades no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno que refiera a unos gobiernos en particular o que se circunscriba a una simple crisis. La sujeción de nuestros países a procesos de endeudamiento, desindustrialización y, como consecuencia, el deterioro de indicadores sociales, es producto de un proceso de décadas en las cuales la globalización financiera que comenzó en la década de los ´80, la deslocalización de la producción económica, la designación de roles específicos en las cadenas de valor globales y el incremento incesante de enclaves offshore para el manejo de los negocios fueron los principales arietes del neoliberalismo para sostener y fortalecer una agenda global de transferencia incesante de ingresos del sur al norte.

De este proceso al que hacemos mención nos interesa el desarrollo vinculado con las prácticas de evasión, elusión y movimiento de flujos financieros ilícitos desde nuestra región hacia la cadena de guaridas fiscales en el norte global. La importancia de la construcción de datos e información que nos ayuden a comprender mejor cómo la falta de recursos para mejorar la educación pública y de calidad emerge de una estructura de manejo de la economía global que privilegia a unos pocos y perjudica severamente al resto.

América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta y es además la que tiene los sistemas tributarios más regresivos. En proporción los que menos tienen pagan más impuestos que los que más tienen. Para el caso de Guatemala, el 51,3% de la recaudación de impuestos está explicada por impuestos al consumo, son ingresos tributarios indirectos. Este tipo de impuesto es pagado por todos y todas sin distinción de ingresos y por eso perjudica a quienes menos tienen. Por otro lado el 31,2% de la recaudación de impuestos en el mismo país se explica por ingresos tributarios directos, impuestos a la ganancia, al patrimonio, etc. Estos impuestos son de carácter progresivo porque gravan de acuerdo con la ganancia y a la posesión de bienes (casas, autos, acciones, etc.)

En el caso de Argentina, el 46,8% de la recaudación se explica por impuestos indirectos, impuestos al consumo. Como en el caso de Guatemala pagan más, en proporción, los que menos tienen. De la misma forma los impuestos progresivos o impuestos a la renta o al patrimonio explican el 27,9% de la recaudación. Una vez más los que aportan más recursos a los Estados son los que menos tienen. Como mencionamos más arriba, nuestros sistemas tributarios en la región son altamente regresivos y esa es una limitante a la hora de hablar de incrementar el presupuesto educativo. Tenemos que invertir esta lógica regresiva de los sistemas y bregar por un aumento de los impuestos de carácter progresivo.

En muchos foros globales se debate abiertamente sobre la necesidad de incrementar la llamada “Ayuda Oficial al Desarrollo” (AOD) como una posibilidad latente que permitiría incrementar el presupuesto público y de esa manera favorecer las mejoras que los sistemas educativos en nuestra región tanto necesitan. De este estudio que realizaron Latindadd, CLADE y RJFLAC es posible identificar como esta ayuda no ha representado un avance importante para las aspiraciones de miles de organizaciones que luchan por el Derecho a la Educación y la Justicia Fiscal. En el caso de Guatemala la AOD neta recibida como porcentaje del PBI entre  2010 y 2019 pasó de 0.098% a 0.522% del producto y en el caso de Argentina se redujo del 0.320% el 0.004%. Es evidente que para aumentar los presupuestos públicos educativos la AOD no ha representado un camino posible.

Desde CLADE, Latindadd y RJFLAC se busca innovar y proyectar nuevos espacios desde los cuales poder extraer el financiamiento para una educación de calidad en la región. La propuesta anida en la implementación de tres diferentes impuestos existentes en ambos países pero subvalorados o poco explorados por acción u omisión. Estos son el impuesto a la propiedad, el impuesto a las grandes riquezas y el incremento de tributación sobre los abusos corporativos.

De la lectura del cuadro N°1 es posible determinar la importancia de gravar sobre estos tres impuestos que aportaran en el caso de Guatemala un incremento del 1% del PBI Nacional y en el caso de Argentina el 2%. Logrando así incrementos del 34% del presupuesto educativo en Guatemala y del 41% en Argentina. Sin AOD, sin endeudamiento, sin ajustes económicos a otros sectores, solo volviendo más progresivos nuestros sistemas tributarios.

Resultados:

En relación a los resultados de la posibilidad de aumentar la progresividad de los impuestos en ambos países, en el caso de Guatemala el resultado redundaría en un incremento de la inversión educativa por estudiante de USD 134 para alcanzar la inversión total por estudiante de USD 528.

Para el caso de Argentina el incremento de la inversión educativa por estudiante, por año, se incrementaría en USD 821, alcanzando una inversión final del USD 2.802 por estudiante por año.

Ambos ejemplos se proponen en un escenario de recaudación del 100% de los impuestos mencionados.

Conclusiones:

Nuestros sistemas tributarios están hechos a medida de las grandes corporaciones y los ricos globales. Esto representa grandes pérdidas por otorgamiento de beneficios tributarios cercanos al 5% del PBI regional superando con creces la inversión regional en educación pre pandemia. Esto es dinero que los países dejan de recaudar y que pasa a formar parte de los activos de las mega corporaciones. Esto último es alarmante porque se complejiza con la caída de la recaudación impositiva producto de la pandemia y el cese de mucha actividad económica.

América Latina y el Caribe pierden anualmente recursos muy necesarios. Las pérdidas regionales anuales estimadas por diferentes organismos y OSC arrojan que, producto de la elusión fiscal, dejamos de recaudar 500 mil millones de dólares por año, según un informe de la red global Tax Justice Network en conjunto con ISP y Global Alliance for Tax Justice. Se pierden también por evasión fiscal: 320 mil millones de dólares por año según CEPAL. Se pierden además, por incentivos tributarios, 5% PBI regional y por no gravar a las grandes fortunas perdemos, actualmente, 26 mil millones de USD por año según un informe de Latindadd, RJFLAC y Fundación SES.

Tenemos que terminar con la red de servicios financieros offshore, las guaridas fiscales, las jurisdicciones opacas de la economía global. Redes sostenidas por una articulación de abogados, contadores (muchos de ellos hijos de la educación pública) y grandes firmas de auditoría que ofician de facilitadores elaborando complejas arquitecturas para el fraude para que miles de ricos globales y empresas evadan impuestos en sus países, mintiendo y defraudando a las administraciones tributarias. Mientras el mundo presencia el debate entre la vida y la muerte de millones de personas producto de la pobreza, marginalidad, falta de empleo, de condiciones de vida digna, maximizadas por la pandemia del Covid-19, líderes globales y megacorporaciones esconden sus fortunas y sus ganancias para evitar pagar impuestos y contribuir, de esa manera, a pagar las consecuencias del desastre humanitario a nivel global tal como quedó evidenciado una vez en la mega filtración de los papeles de pandora.

Mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) siga dictando las reglas de lo que se puede o no hacer en materia de transparencia fiscal y financiera, muy pocas cosas cambiarán. Urge democratizar los espacios de debate, y los países más afectados por estas estafas deben ser parte de la mesa de discusión. Abogamos por la creación inmediata de un cuerpo intergubernamental de crisis, con presencia amplia de la sociedad civil, que funcione en el seno de Naciones Unidas para denunciar y generar propuestas para terminar de una vez por todas con la estafa tributaria a escala global.

Registros públicos de beneficiarios finales, intercambio automático de información financiera entre países, reportes de actividades de empresas país por país, fortalecimiento de la capacidad regulatoria y verificadora de las administraciones tributarias, fortalecimiento de las regulaciones sobre los mercados de capitales, son algunas de las medidas que deberían tomarse y/o profundizarse para evitar que este fraude sistemático continúe creciendo y de esta manera afectando seriamente nuestras posibilidades de contar con más recursos para la educación pública, gratuita y de calidad.