El sistema tributario en Perú y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
26 de abril de 2023El documento traza un análisis sobre el sistema tributario peruano y su relación con el financiamiento público a la educación del país entre los años de 2015 y 2021.
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Evolución del gasto en Educación en el Perú 2015-2021
Con siete capítulos, este documento analiza el gasto público peruano en educación para el periodo compreendido entre el 2015 y 2021. Para ello, tal publicación traza un diagnóstico del estado de la educación en el país, presenta la situación de la inversión educativa y desafíos de la ejecución y gestión de recursos, entre otros elementos.
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El sistema tributario en Guatemala y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
25 de abril de 2023Este documento aborda la problemática educativa, las políticas públicas que la sustenta y las carencias existentes, especialmente en cuanto a cobertura, financiamiento y calidad educativa, vinculado a un sistema tributario regresivo e injusto, que no permite avanzar por la falta de recursos suficientes para afrontar la problemática existente.
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Evolución de la inversión en Educación en Argentina entre 2015 y 2021
El presente informe nacional analiza la evolución y tendencias de la inversión pública argentina en educación durante el periodo 2015-2021, contemplando las brechas de financiamiento existentes para alcanzar una educación de calidad en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.
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La justicia social solo será posible con un sistema fiscal adecuado
13 de marzo de 2023El avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, demandan una ampliación de recursos destinados a los sistemas públicos educativos cuya consecución puede encaminarse con acciones y medidas creciente de la base impositiva en la región.
Con miras a profundizar los mecanismos de aporte que puede trazar la justicia fiscal al ejercicio de los derechos humanos en la región se comparte el Informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina realizado en el marco del proyecto “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: diagnóstico, participación e incidencia desde América Latina y Caribe” liderado por LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Con el objetivo de visibilizar la agenda conjunta de convergencia entre justicia fiscal y el derecho a la educación se realizó el foro público virtual “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”.
Importancia de la educación como inversión social
La mirada estratégica de la educación como inversión social y no como gasto implica asumir un compromiso con el enfoque de derechos que ponen a los Estados en cuestionamiento por evidenciar las prioridades presupuestarias, y proponer la revisión del proceso de recaudación tributaria, incentivos, deducciones y exenciones. La correlación de fuerzas políticas y su gestión expone diversas preguntas desde la sociedad civil ¿Cuánto se destina a la educación? ¿Qué proporciones se mantienen entre gastos de seguridad y militar frente a la educación y/o la salud? ¿Cómo se definen las prioridades presupuestarias? ¿Qué porcentajes aumentan del endeudamiento público?, entre otras.
La justicia fiscal y la ampliación de la base impositiva son mecanismos para que los Estados establezcan mayor protección y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, pudiendo ser el camino para garantizar mayores recursos para los sistemas públicos educativos, afirmó en las palabras de apertura, Luis Moreno coordinador del área de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindadd y presidente de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (en inglés Global Alliance for Tax Justice).
Durante el foro se mantuvo la idea fuerza que la justicia fiscal viabiliza la posibilidad de recuperación de los recursos perdidos por prácticas tributarias abusivas, y que la medida de incrementar la recaudación de impuestos progresivos así como priorizar los gastos de los presupuestos permitiría a la región multiplicar los recursos disponibles para educación a corto plazo.
Relación virtuosa: derecho humano a la educación y justicia fiscal
El investigador y consultor, Alejandro Mencías señaló durante la presentación del informe, la importancia de “la relación bidireccional virtuosa entre justicia fiscal y derecho humano a la educación” ya que se despliegan a nivel regional posibilidades de fuentes de ingresos para la educación, por lo cual si se activa la voluntad política pudiera facilitar el financiamiento educativo adecuado para América Latina y el Caribe.
El informe subraya que “las diferencias en el ámbito fiscal entre las regiones con mejores desempeños en lo educativo frente a aquellas en peores condiciones contemplan tres aspectos: un Estado como garante del derecho y proveedor principal del servicio público educativo, sistemas fiscales más justos, y más capacidades y responsabilidad a los diferentes niveles de gobierno. Estas características son compartidas por gran parte del mundo desarrollado, pero son ajenas a la realidad de América Latina y de regiones como África y gran parte del Asia”.
“América Latina gasta 3.8 veces menos por estudiante, ocupando el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial” según el informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina, por lo que las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado para que se destine en promedio al menos el 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB) o el 15.6 % del gasto total en educación (UNESCO, 2022).
Los impuestos a bienes y servicios llegan a un 11,2% del Producto Interno Bruto en la región, mientras que los impuestos a la renta y a la propiedad un 6.2% elementos que hacen considerar estos sistemas fiscales como regresivos, es decir, los impuestos recaen sobre la mayoría de la población con gastos corrientes y en condiciones de franca desventaja para quienes concentran ganancias económicas y financieras.
En términos de justicia fiscal debe existir una transformación para que la generación de ingresos provenga de la movilización interna de recursos mediante el recaudo de impuestos de manera progresiva, “lo que significa que quienes más tienen contribuyan más, y que a la vez más personas lo hagan bajo ese principio”.
Más recursos para educación con sistemas fiscales progresivos
La CEPAL en el año 2020 presentó un alerta cuando refirió que en la región un 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB) se perdía por evasión o elusión fiscal, y se estima que el 1% se pierde anualmente por el uso de guaridas fiscales. “Entre ambos valores se pierde lo correspondiente al 160% de lo gastado anualmente en educación, valor que podría ser aún mayor, ya que lo contemplado por el abuso de guaridas fiscales corresponde únicamente a lo referido por los intercambios de información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
La comprensión del sistema tributario en la región es el primer paso para exigir su transformación con enfoque de justicia social. Actualmente, como se ha señalado, los sistemas fiscales son regresivos e cinsuficientes, ya que la mayor proporción de los ingresos proviene de impuestos indirectos. Como lo explica el informe esto se debe a varias razones, entre ellas: “la alta concentración del ingreso y la riqueza que no tributa; los altos niveles de informalidad del mercado laboral; el uso desmedido de guaridas fiscales; las pérdidas por flujos financieros ilícitos; la falsa facturación; y la evasión y elusión tributaria”. Si bien las estimaciones publicadas sobre evasión fiscal y flujos financieros ilícitos a nivel regional son escasas.
Para la región latinoamericana y caribeña invertir adecuadamente en educación es urgente. Por ello se exhorta a aumentar el control de quienes usan el comercio internacional y las guaridas fiscales para alterar y esconder ingresos y riquezas, a fin de obtener los beneficios sociales requeridos para la población como disponer de inversión de recursos para garantizar el derecho a la educación, fomentar la igualdad de género y el desarrollo social.
En el año 2021, la Red de Justicia Fiscal (en inglés Tax Justice Network) denuncia que a nivel mundial se pierden 483 mil millones de dólares por parte de corporaciones y personas que se valen de paraísos fiscales. El 1.4% de pérdida promedio representa alrededor del 31% del promedio que invierten en educación los países a nivel mundial.
La privatización amenaza la garantía a la educación
Maria Ron Balsera, integrante de la Campaña Mundial por la Educación, realizó comentarios al informe recalcando la importancia de exigir como sociedad civil mayores niveles de compromisos políticos de los Estados con el derecho humano a la educación. La especialista afirmó sobre los impuestos indirectos que son “la otra cara de la moneda de la deuda pública es la justicia fiscal” ya que afectan a la población en situación de pobreza. También señaló que es relevante reconsiderar las referencias establecidas por la OCDE, ya que obedecen a la lógica de los países más ricos, privilegiando a sectores de élite y en consecuencia profundizando las exclusiones y desigualdades. Del mismo modo, problematizar la relación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) con muchas de las políticas de recorte social llevando a cabo en los países de la región, incluso generando condiciones de incentivo a medidas privatizadoras.
La Campaña Mundial por la Educación hace un llamado a la fiscalidad progresiva, esto es aumentar la asignación equitativa y con sensibilidad de género de los presupuestos, aumentar el financiamiento público a educación, aumentar el impuesto de las ganancias de empresas y ampliar la participación ciudadana de iniciativas públicas, desde su concepción, monitoreo y ejecución.
No sólo es importante cuánto se invierte, sino cómo se invierte
Daniela Trucco, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL compartió comentarios y refirió el informe Educación en tiempos de pandemia: una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, en el cual se hace referencia a que no sólo es importante cuánto se invierte, sino la manera en que se realiza dicha inversión, además de la distribución del gasto público en los distintos niveles educativos.
La mayoría de los recursos educativos se concentran en gastos corrientes, y en su mayoría destinados a infraestructura, lo cual se hizo más evidente al regreso de la pandemia, y la demanda que significó la readecuación de las estructuras básicas educativas como baños, ventilación, agua potable, entre otras, señaló la especialista. Hablar de la recuperación educativa implica generar debates sobre la inclusión social.
Más y mejor inversión educativa, apuntó la investigadora, señalando que “América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo y debe trabajar en hacerse cargo de las causas estructurales de su desigualdad, entre las que se encuentra el acceso inequitativo a las oportunidades educativas de calidad. En este sentido, es necesario que la financiación educativa siga criterios de equidad horizontal y vertical, es decir, que asegure un mismo trato a estudiantes en condiciones similares y dirija mayores recursos hacia aquellos estudiantes pertenecientes a contextos más vulnerables que cuentan con mayores necesidades y requieren más apoyo”.
Aumentar la inversión en la cartera educativa no debe traducirse en desmedro de otras garantías sociales, al contrario deben fortalecerse en la garantía de los derechos bajo el amparo de los Estados. Dado que las asimetrías y las desigualdades existentes se profundizaron aún más con la crisis económica y sanitaria, se hace urgente la promoción de políticas eficientes, de calidad y más equitativas de distribución de recursos destinados a la educación, atendiendo particularmente al estudiantado en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La integración regional potenciará caminos conjuntos
En el foro participaron María Rosa Martínez, diputada nacional por Buenos Aires de Argentina, José Luis Vargas, especialista en políticas públicas de Perú y Victoria Avendaño, especialista en investigación educativa desde Colombia. Estas intervenciones ratificaron el reconocimiento de espacios de debate que amplíen la información de la población sobre la viabilidad de justicia social desde las políticas tributarias oportunas.
Finalmente, Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE invitó a ampliar la mirada integral y de proceso en la incidencia política que mantenga los compromisos con la garantía de los derechos, entre los que se encuentra el derecho humano a la educación, lo que a su vez amerita interlocuciones sectoriales y superar las fragmentaciones. Al mismo tiempo hizo un llamado a impulsar instancias de integración regionales que faciliten caminos conjuntos para sustentar la movilización y demandas ciudadanas.
También se presentaron informe de países
Paraguay
Colombia
Perú
Guatemala
República Dominicana
Argentina
Sociedad civil demanda justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora
23 de febrero de 2023Para contribuir con el avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, es necesario que los países de la región latinoamericana y caribeña establezcan acciones y medidas que amplíen su base impositiva y, al mismo tiempo, dote de mayores recursos a los sistemas educativos públicos.
LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) organizan un foro público virtual titulado “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”, para visibilizar la agenda conjunta de trabajo que busca la convergencia entre la justicia fiscal y el derecho a la educación. En el foro también se socializarán los principales hallazgos del estudio “Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación: Una mirada regional desde América Latina”.
Necesidad de sistemas fiscales comprometidos con la inversión social
Previo a la pandemia, los países de la región enfrentaban desafíos como la inclusión y la calidad educativa, mismas que profundizaron las brechas de desigualdad con la crisis sanitaria y global. Los países que tuvieron mayor disponibilidad de recursos y capacidades lograron dar mejores respuestas a la crisis, pero no fue una realidad palpable en la mayoría del continente.
Según la UNESCO, los países de América Latina y el Caribe ocupan el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial en cuanto a la inversión del 4.4% de su Producto Interno Bruto (PIB) en promedio o el 15.6% de su gasto total en educación. Esta región invierte 3.8 veces menos por cada estudiante, en comparación con Europa y Norteamérica, donde los sistemas educativos son de mayor desempeño.
Los sistemas fiscales de los países latinoamericanos y caribeños se caracterizan por la predominancia regresiva, es decir, que el grueso de la carga tributaria recae en los impuestos a bienes y servicios frente a los impuestos a la renta y propiedad. Los primeros representaron el 11.2% del PIB mientras que los segundos el 6.2% del PIB.
La justicia fiscal es un camino para garantizar el derecho a la educación
Para generar un financiamiento público oportuno en educación es indispensable mecanismos de justicia fiscal. La promoción del acceso equitativo a una educación de calidad y la reconstrucción de los sistemas educativos de la región requieren presupuestos sostenibles y pertinentes. Uno de los mecanismos de garantizar los compromisos presupuestarios radica en mejorar los mecanismos de justicia fiscal, así la relación bidireccional entre la educación y la justicia fiscal es impostergable.
La justicia fiscal implica retornos sociales de la inversión en educación, porque permiten sostener la garantía del derecho humano a largo plazo. Un financiamiento que cuente con mayores ingresos fortalece a su vez la calidad educativa, las condiciones laborales de docentes y mejoramiento de infraestructura, lo que genera mayor compromiso contributivo de la ciudadanía en general.
Convocatoria a foro público sobre justicia fiscal y educación
El foro público abre su invitación para la participación de funcionarios y funcionarias públicas, congresistas, personas de la academia, integrantes de la sociedad civil y gremios de docentes para este viernes, 3 de marzo de 2023. El evento se realizará en español con traducción simultánea al inglés y portugués. Disposición del registro para inscripción aquí .
Horarios del foro
8 a.m. Guatemala
9 a.m. Colombia, Ecuador y Perú
10 a.m. República Dominicana
11 a.m. Argentina, Uruguay y Paraguay
