Adrián Falco, Latindadd: Educación podría recibir 5% más del PIB si las corporaciones pagasen impuestos de manera justa
23 de enero de 2023¿Dónde está el dinero público?, ¿quién controla la inversión?, ¿en qué y cómo se invierte? Para Adrián Falco, co-presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), son algunas de las preguntas claves del debate público que orientan estrategias superadoras de la pobreza y ofrezcan garantías de la justicia social.
Según el especialista, la educación pública es uno de los derechos que sufren grandes impactos del sistema injusto de tributación. La región latinoamericana y caribeña pierde cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en exoneraciones a grandes corporaciones, esto equivale al compromiso que deben asumir los Estados para el financiamiento educativo, marcado internacionalmente en al menos 6%.
Para Adrián Falco, es fundamental “regular para capturar la renta y volcar a la inversión pública a través del sistema tributario, que es la mejor manera de romper con la desigualdad endémica qué afecta a nuestra región”, y exigir “el rol del Estado como garante de la inversión, de los servicios públicos de calidad y de los derechos es central.”
Transformar los modelos tributarios exige comprenderlos
Comprender la génesis de la desigualdad, para transformarla, y así acortar o cerrar las brechas que impiden el desarrollo humano, implica a su vez conocer las causas y características del sistema tributario, así como las pérdidas que llevan aparejados dichos modelos. Según él, para concretar esta transformación se debe “mejorar la progresividad tributaria, quitar las exoneraciones, hay que trabajar en que los ganan más aporten más y lo que tienen menos en proporción” afirma el especialista, adicionalmente como sociedad civil sugiere “fortalecer nuestras narrativas para dialogar sobre el derecho humano a la educación a la hora de considerar la justicia fiscal”.
La región latinoamericana y caribeña tiene un sistema tributario absolutamente regresivo, colocando la carga impositiva en los sectores más vulnerables, grava el consumo y no el patrimonio. Esta situación exige fortalecer las narrativas desde la sociedad civil para encaminar los temas presupuestarios y fiscales que pueden articularse para favorecer el derecho humano a la educación.
Caminos para implementar la justicia fiscal
Es posible reorientar el dinero público para mejorar la inversión en educación proveniente de las pérdidas del sistema regional tributario. Esto se traduce en salarios dignos del personal docente, infraestructura escolar y otras condiciones de garantías de derechos en el ámbito educativo.
Adrián Falco subraya que se pierden cerca de 26.000 millones de dólares por cada año por impuesto a las grandes fortunas y especifica que el monto invertido en educación se va por tributos a las grandes empresas que equivale a “los 500 mil millones de dólares por año que perdemos por elusión fiscal, los 320 mil millones de dólares por año perdemos por evasión, el 5% de nuestro PIB (Producto Interno Bruto).
Iniciativas de justicia fiscal para el derecho a la educación
Dado el contexto, es indispensable profundizar un proceso de exigencia para sincerar la justicia fiscal, con modificaciones urgentes que reconduzca los recursos públicos para la consecución del derecho a la educación en los países de la región.
CLADE, junto a la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe impulsan el proceso de exigencia por sincerar la justicia fiscal, con modificaciones urgentes de al menos tres impuestos, a saber, reformulando el impuesto predial, impuesto a grandes fortunas y la fiscalización – regularización de recursos corporativos.
Escucha a Adrian Falco, Co-Presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) en su intervención del evento: la Educación con justicia fiscal ¿dónde están los recursos para la educación?
Marcela Browne, CADE: “El Estado debe incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos”
20 de enero de 2023Las empresas multinacionales evaden en Argentina un total de 1.200 millones de dólares anuales operando en paraísos fiscales. Según datos de Tax Justice Network, si se destinara esta cantidad a salarios docentes, se podrían incrementar las remuneraciones en un 45%.
Argentina cuenta con diversos mecanismos que establecen un porcentaje en los presupuestos de las provincias, sin embargo la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) observa en los datos desde 2015 una tendencia general de disminución de la inversión educativa.
Juan Colicigno (JC), de la CADE y del grupo de trabajo de comunicación de la CLADE entrevistó a Marcela Browne (MB), coordinadora de educación de Fundación SES y secretaria de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
Las convergencias entre la educación y la justicia fiscal
JC: ¿Qué es la justicia fiscal y cómo se relaciona con la educación?
MB: La justicia fiscal es un enfoque de derechos que permite la redistribución de ingresos y de riquezas para promover la equidad y la inclusión social. Esta distribución es posible a partir del aporte fiscal que realizan las personas y empresas.
El sistema tributario argentino es sumamente regresivo. Por ejemplo, los bienes personales, que son los impuestos más progresivos, sólo representan el 2% de la recaudación total del Estado Nacional, mientras que el 40% recaudado proviene de impuestos al consumo, que son los más regresivos.
Garantizar el derecho humano a la educación requiere una mayor inversión educativa, que podría lograrse con modificaciones impositivas que permitan una redistribución más equitativa de los recursos.
JC: ¿Cuál debe ser el papel de los gobiernos?
MB: El rol del Estado debe ser incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos y que aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más. Lo cual se volvió aún más relevante en el contexto actual, donde la desigualdad aumenta. La evasión tributaria profundiza las desigualdades sociales y desfinancia al sistema educativo.
Medidas y recomendaciones para la justicia fiscal y educativa
JC: ¿Cuáles son las medidas necesarias?
MB: Es posible alcanzar el objetivo educativo si combatimos la opacidad global tributaria, promoviendo el fin de las guaridas fiscales, la eliminación del secreto bancario y la penalización de la utilización de sociedades offshore (empresa multinacional que debido a la ubicación de sus fuentes de riqueza está sujeta a varias jurisdicciones, con frecuencia utilizadas para evadir normativas fiscales en los países de origen).
Es necesario incorporar más voces a estos debates para plantear las batallas necesarias que fortalecerán la acción coordinada que mejore las condiciones de vida ciudadana, sin apelar a endeudamientos irresponsables o al ajuste irrestricto de los programas sociales con la participación de los gobiernos, congresistas, sindicatos, sector académico, las organizaciones y los movimientos sociales.
JC: ¿Cómo se puede conseguir el presupuesto necesario para garantizar el derecho a la educación?
MB: Las distintas organizaciones que expresamos la necesidad de justicia fiscal aseguramos que, con modificaciones impositivas es posible una redistribución más equitativa de los recursos y acercarse al cumplimiento del derecho universal a la educación.
Proponemos modificaciones para mejorar un 16% el presupuesto educativo nacional anual:
- Incremento del 10% el impuesto a los bienes personales.
- Anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas.
- Reducción del 20% gastos tributarios.
Estudio sobre el financiamiento educativo y la justicia fiscal
La investigación sobre Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para el derecho a la educación de iniciativa de la CLADE en alianza con la Fundación SES, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Latindadd, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe determinó que la educación pública argentina lograría recibir más en su financiamiento anual si las acciones de justicia fiscal fueran realizadas dentro del país. Este proyecto es coordinado por Marcela Browne y Adrián Falco, con la participación de las investigadoras Marisa Álvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco.
Video: Financiamiento de la educación
13 de diciembre de 2022En el marco de la XII Asamblea CLADE, María Ron Balsera, coordinadora de Alianza y Justicia Fiscal y Educación de ActionAid, hizo una presentación sobre el financiamiento de la educación.
En su video, María Ron Balsera analiza el origen del financiamiento educativo, los cuatro ejes importantes para que un financiamiento educativo garantice el derecho a la educación: presupuesto justo, impuestos, asignaciones en la educación centradas en la equidad, y escrutinio necesario para que el dinero llegue en la práctica.
Al fin de su presentación, ella explica la importancia de garantizar la justicia fiscal. Según ella, la justicia fiscal aumenta la sostenibilidad, la rendición de cuentas democrática, la transparencia, etc.
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Argentina: Con incremento en 10% a los impuestos de bienes personales, la educación puede obtener $27,8 billones de pesos argentinos extra de financiamiento
21 de noviembre de 2022$120 billones de pesos argentinos (equivalentes a 730 millones de dólares), esa es la cantidad que la educación pública argentina lograría recibir a más en su financiamiento anual si acciones de justicia fiscal fueran realizadas en el país, la constatación fue presentada en la investigación sobre Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para el derecho a la educación.
De iniciativa de la CLADE, en alianza con la Fundación SES, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Latindadd, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, el proyecto es coordinado por Marcela Browne y Adrián Falco, con la participación de las investigadoras Marisa Álvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco.
“El rol del Estado debe incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos y que aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más. Esto se volvió aún más relevante en el contexto actual en el cual la desigualdad está acrecentada”, afirmó Marcela Browne. Y agregó: “la evasión tributaria profundiza las desigualdades sociales y desfinancia al sistema educativo”.
La investigación propone que para alcanzar la meta de duplicar la inversión progresiva para el año 2030, se ejecute “el incremento del 10% del impuesto a los bienes personales. Con esto habría $27,8 billones de pesos argentinos adicionales (equivalentes a 169.116.667 millones de dólares) y la anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas. Se obtendrían $120 billones de pesos argentinos extra (equivalentes a 730 millones de dólares)”.
Los cambios sugeridos podrían aportar un 16% anual extra sin necesidad de ajustar otros rubros del presupuesto educativo nacional y por lo tanto fortalecer el derecho a la educación, a juicio del equipo de investigación.
Adrián Falco aseguró que es posible alcanzar el objetivo educativo si “combatimos la opacidad global tributaria promoviendo, además, el fin de las guaridas fiscales, la eliminación del secreto bancario y la penalización de la utilización de sociedades offshore”.
Las empresas offshore son multinacionales que ubican su riqueza extraterritorialmente del origen que las produce, evadiendo jurisdicciones que le resultan incómodas, pueden ser entidades financieras, corporaciones o incluso fondos de inversión.
La desinversión educativa y evasión tributaria
Según el estudio, Argentina invierte en cada estudiante del nivel primario, solamente 15% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Mientras que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinan alrededor de 20%. En esta lista de comparación también se encuentran otros países de la región como Colombia, Chile, Brasil y Costa Rica.
El gasto público por estudiante como porcentaje del PIB per cápita, educación primaria, corresponde al gasto público total por cada estudiante en matrícula a nivel primario, expresado como porcentaje del PIB per cápita. El gasto público (corriente y de capital) incluye el gasto del gobierno en instituciones educativas (públicas y privadas), administración educativa y subsidios para entidades privadas.
En contraste, las empresas multinacionales evaden en Argentina un total de 1200 millones de dólares anuales operando en paraísos fiscales. Si se destinara esta cantidad a salarios docentes, se podrían incrementar las remuneraciones en un 45% según datos de Tax Justice Network.
Si bien en Argentina se cuenta con diversas normativas jurisdiccionales que establecen un porcentaje en el presupuesto provincial, con un seguimiento de los datos observados desde 2015, se nota una tendencia general disminuir la inversión educativa.
Recomendaciones de la sociedad civil
Las recomendaciones resultantes del estudio proponen criterios y parámetros que facilitan el seguimiento de la inversión educativa de calidad con relación a las Metas de la Agenda 2030.
La nota de la Jornada Nacional Presupuesto, elusión y evasión fiscal en debate por la educación, realizada el 28 de octubre en Buenos Aires destaca la oportunidad de “ampliación de las ofertas educativas según nivel y modalidad, diferenciando los ámbitos rural y urbano”.
Sobre el salario bruto docente de referencia correspondiente a personal docente de grado con 10 años de antigüedad, el estudio señala que se redujo en términos reales en al menos 24% desde el año 2015.
Por ello, se subraya la necesidad de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, especificando la “actualización de salarios docentes, reconocimiento de 20 horas mensuales de trabajo docente fuera del aula para todos los niveles y modalidades educativas (planificación, corrección de tareas, entre otras), fortalecimiento la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario, acompañamiento a las trayectorias socio educativas (en niveles primario y secundario), ratio de estudiantes, formación de docentes de nivel inicial (con ampliación de la oferta) y de docentes en servicio”.
Nelsy Lizarazo: con justicia fiscal, la inversión educativa puede cuadruplicar en América Latina y el Caribe
11 de agosto de 2022Si hubiera una política fiscal justa que cobrara las grandes riquezas no declaradas, los impuestos de la propiedad y acabara con el abuso de las empresas y corporaciones multinacionales países como Guatemala y Argentina lograrían aumentar la inversión educativa en tres y cuatro veces, respectivamente. Guatemala podría contratar más 35 mil maestras y maestros, Ecuador, 3 mil maestros y El Salvador podría matricular más de 1 millón de estudiantes. La información fue presentada por Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE en su intervención en el panel Recuperación post-Covid: impactos de las políticas fiscales, realizado el martes (8/8) durante la Conferencia Regional de LATINDADD y la Red de Justicia Fiscal: Tras la pandemia, La guerra. América Latina y El Caribe.
“Con estos ejemplos, se puede ver claramente que hay una conexión concreta entre la recaudación justa de impuestos y el ejercicio de derecho a la educación: el derecho no se puede ejercer si no hay escuelas, si no hay infraestructuras, si no hay maestros, si no hay acceso universal y eso tiene que ver con lo que, por ejemplo, las grandes corporaciones han dejado de pagar a nuestros países desde siempre y que han ganado muchísimo en la pandemia”, explica Nelsy Lizarazo.
Mira su presentación:
Además de Nelsy Lizarazo, en la mesa también se presentaron Nathalie Beghin, Inesc (Brasil), Verónica Serafini, Latindadd (Paraguay), Gabriel Casnati, ISP (Brasil), con los comentarios Noel Pérez, Cepal (México) y David Archer, TaxEd (Reino Unido) y la moderación Adrián Falco, RJF-ALC (Argentina)
Camino contrario
Según la coordinadora de la CLADE, la región está yendo hacia otro camino. Un estudio de UNICEF publicado en junio de este año muestra que ningún gobierno latinoamericano y caribeño ha mencionado esfuerzos para generar y fortalecer políticas fiscales progresivas para financiar la educación. “Los esfuerzos fueron para la deuda, por la redistribución del presupuesto público o por el apoyo de la cooperación internacional”, dice.
Como resultado, en términos de financiación educativa, la región está muy lejos de lo que fue establecido globalmente. “Dado la contracción económica, la inversión que se está haciendo en nuestra región no solo no va a aumentar, sino que va a disminuir. El cálculo es que en un 9%. En ecuador, para mencionar un caso, ha disminuido 12% en 2022”, explica.
Educación en América Latina y el Caribe: todavía muy lejos de los compromisos internacionales
A pesar de los compromisos asumidos pos los países de América Latina y el Caribe en la Declaración de Incheon para garantizar un mínio de 6% del PIB y 20% del presupuesto nacional a la educación, medida fundamental para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación de la Agenda 2030, son pocos los países de América Latina y el Caribe que se acercan a esta meta.
Según la coordinadora de la CLADE, apenas Barbados, Costa Rica y Cuba logran cumplir con el compromiso. La educación en la región, además, también enfrenta el desafío de abarcar una enorme diversidad en términos de PIB y presupuesto. “Es decir, no representan lo mismo esos porcentajes en Guatemala que en Brasil. Y sumamos a ello la diferencia de condiciones básicas de la educación en uno y otro país”, explicó.
Sobre la Conferencia
Convocada por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF-ALC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), la conferencia fue realizada entre el 8 y el 9 de agosto de 2022 y reunió representantes de organizaciones sociales, de la sociedad civil, gremios, autoridades, dirigentes, activistas, integrantes de la academia, etc. de la región y del mundo a la a fin de analizar y proponer rutas de acción en medio de la crisis multidimensional que afrontamos como humanidad.
La pandemia ha sido excusa para que algunos sectores se beneficien del sufrimiento, denuncia informe
7 de junio de 2022
Más de 20 millones de personas han perdido la vida a causa de la pandemia, lo que vino a demostrar las fuertes desigualdades regionales. En una comparación entre países con renta menor se registran cuatro veces más fallecimientos por la pandemia. Los precios de alimentos, combustible y energía eléctrica han subido tanto que más de 250 millones de personas podrían enfrentar condiciones de pobreza extrema, esto significa vivir con menos de $1.90 por día.
Reunión de Economía al margen de las desigualdades
El Foro Económico Mundial reúne a líderes y representantes de grandes corporaciones para definir sus perspectivas sobre los movimientos económicos y financieros a escala global. Es un grupo de élite que posee carácter de veedor del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que celebra su encuentro anual desde 1971.
Con la pandemia, el Foro de Davos, conocido así por la ciudad de Suiza donde se da cita la reunión, fue suspendida de forma presencial, retomando la última semana del mes de mayo de este 2022. En el marco de esta reunión, OXFAM presenta un informe “Beneficiarse del sufrimiento” donde denuncia que desde 2020, la riqueza se ha disparado hasta alcanzar unos niveles sin precedentes. Un total de 2.668 personas más ricas a nivel mundial poseen $12,7 billones de dólares, las 10 primeras de la lista poseen más riqueza que el 40% inferior de la humanidad, es decir 3.100 millones de personas.
En contraste a la realidad del sufrimiento de la mayoría de sectores medios y pobres a nivel mundial, se han consolidado la riqueza de al menos 573 personas consideradas multimillonarias. Equivale a decir que cada 30 horas se crea una nueva persona con gran capital, para hacernos una idea, esta riqueza total equivale al 13,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, siendo un aumento de tres veces (frente al 4,4% en 2000).
Contrastes e inequidades
Los precios mundiales de los alimentos se dispararon un 33,6 % en 2021 y se prevé que aumente un 23 % en 2022. Las fortunas se han generado en sectores como el alimentario, el energético, el farmacéutico y el tecnológico con ganancias corporativas superiores en los últimos 24 meses, especialmente si se compara con la tendencia de los últimos 23 años.
El informe alerta sobre la situación de familias que “tienen que elegir cuál de sus hijas e hijos podrá ir a la escuela (si es que pueden enviar a alguno). La crisis global por el aumento del coste de la vida se suma a la originada por la pandemia.” La alta informalidad y la sobrecarga por las tareas de cuidado han dejado fuera de la fuerza laboral a 4 millones de mujeres en América Latina y el Caribe.
Aunque la atención médica es un derecho humano con demasiada frecuencia se considera un privilegio para la mayoría de la población. Cada minuto, cuatro niños y niñas en todo el mundo pierden a uno de sus padres, madres o cuidadores/as como resultado de la pandemia.
Por otro lado, cinco de las 21 mayores entidades económicas en el mundo son empresas tecnológicas: Apple, Microsoft, Tesla, Amazon y Alphabet, por lo que habría que considerar su impacto no sólo en servicios telemáticos sino en soporte digital y virtual educativos.
Por ello, existe una necesidad urgente de implementación de impuestos y otras medidas impositivas que garanticen la equidad y justicia fiscal a nivel mundial, reduciendo así las desigualdades.
Leer síntesis del informe Beneficiarse del dolor (en español)
Impactos del endeudamiento en la realización del derecho humano a la educación
8 de abril de 2022Este informe fue elaborado como un primer acercamiento al tema planteando caminos alternativos para asegurar un adecuado financiamiento doméstico al derecho humano a la educación, sin acudir al endeudamiento nacional ni familiar.
La relación entre las deudas y el derecho humano a la educación toma diversos matices. Este estudio se propone comprenderla en el marco de la financierización de la vida —esto es, la creciente gravitación de actores y lógicas financieras en nuestra cotidianidad—, proceso en curso durante las últimas cuatro décadas.
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“La deuda de los países latinoamericanos y caribeños desvía recursos que serían claves para una recuperación de la pandemia sostenible, verde e inclusiva”
9 de marzo de 2022En el primer día de actividades del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, tuvo lugar un panel de sobre el financiamiento del desarrollo sostenible, con la participación de representantes de bancos e instituciones financieras regionales e internacionales.
El canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, introdujo la temática del debate, presentando desafíos para el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe, y también propuestas para mejorar este escenario, de acuerdo a la CEPAL.
Según datos de esta Comisión, citados por Quirós, la deuda bruta promedio en América Latina y el Caribe es de cerca de 77,7% del PIB regional, representando un desvío importante de recursos claves de los países, que podrían proveer bienes públicos esenciales para la reconstrucción y recuperación frente a la pandemia COVID-19, de manera sostenible, verde e inclusiva.
El canciller de Costa Rica explicó que la situación fiscal de los países de la región ya presentaba un espacio estrecho para inversiones públicas antes de la pandemia, y con ella se agravó debido a la menor recaudación y los mayores gastos con necesidades inmediatas generados por el contexto de COVID-19.
Señaló también el fuerte impacto de la pandemia en sectores económicos como el turismo, especialmente para países del Caribe, ante las medidas de distanciamiento y restricción a la movilidad.
“En este escenario, tenemos un estrecho espacio fiscal para abordar las necesidades de desarrollo sostenible y brechas estructurales de nuestra región”, destacó.
Agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo en la región
Según Quirós, la pandemia no solo impactó la región en términos de desempleo, pobreza y disminución de la inversión, sino que además obstaculizó derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de nuestras poblaciones, especialmente las más vulnerables.
En esta coyuntura, agregó, las respuestas de los organismos multilaterales han sido limitadas y se restringieron a países con menores ingresos. “Eso ha representado desafíos para los países de renta media y renta media alta respecto a sus posibilidades de acceder a financiamiento y modalidades de cooperación, con impactos en sus capacidades reales de abordar de manera sostenible los retos de desarrollo”, afirmó.
En la parte final de su exposición, Quirós presentó propuestas innovadoras para mejorar el financiamiento del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, según el informe especial de CEPAL intitulado “Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de América Latina y el Caribe”.
5 propuestas para garantizar el financiamiento a los ODS
El informe de CEPAL destaca 5 propuestas o puntos principales:
1 – ampliar y redistribuir la liquidez de países desarrollados hacia países en desarrollo, desde propuestas como redireccionar los derechos especiales de giro (DEG) no utilizados por países desarrollados para países en desarrollo; y crear fondos multilaterales para la reconstrucción, por ejemplo el FACE (fondo para aliviar los impactos a la economía por el COVID-19), con el objetivo de aumentar la liquidez y el acceso a financiamiento con tasas de interés accesibles.
2 – fortalecer la cooperación regional y aumentar la capacidad de préstamos y respuestas de instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales de América Latina y el Caribe, fortaleciendo la cooperación entre ellas.
3 – reformar la institucionalidad de la arquitectura de la deuda multilateral y de los sistemas fiscales: se requieren políticas fiscales contra la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, además, contra los abusos fiscales por parte de las corporaciones.
4- proporcionar a los países instrumentos innovadores para posibilitar el reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo.
5 – integrar medidas de liquidez y reducción de la deuda a estrategias de resiliencia de largo plazo, así como adoptar medidas innovadoras de financiamiento, como bonos verdes y azules.
“Los bancos multilaterales deben apoyar los esfuerzos que ya hacen las instituciones regionales en la dirección del desarrollo sostenible. ¿Qué medidas los bancos de desarrollo pueden adoptar para ampliar la liquidez y distribuirla a países en desarrollo, sin excluir los países de renta media del acceso al financiamiento concesional? ¿Qué rol deberían jugar los bancos de desarrollo nacionales para movilizar recursos al desarrollo sostenible?”, preguntó Quirós a representantes de bancos presentes en el panel.
Video de la reunión:
Lxs ciudadanxs contra la austeridad: Por qué hay que acabar con las limitaciones salariales del sector público
19 de diciembre de 2021Autor: David Archer y Roos Saalbrink
Publicado originalmente por: Education International, ActionAid and Public Services International
Fecha de publicación: 12 de octubre de 2021
Título original en inglés: The Public versus Austerity: Why public sector wage bill constraints must end
Resúmen ejecutivo disponible en español: Lxs Ciudadanxs contra la Austeridad – Por qué hay que acabar con las limitaciones salariales del sector público.
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