Brasil: reclaman más recursos para escuelas, estudiantes y docentes
21 de julio de 2020Con el hashtag #FundebpraValer, a través de las redes sociales, estudiantes, docentes, activistas, educadoras y educadores y todos y todas quienes luchan por garantizar el derecho a la educación en Brasil reclaman a los políticos del país que se vote en el Congreso el texto del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb) presentado por la diputada y profesora Dorinha, sin modificaciones.
La movilización brasileña se da en el marco de la votación del nuevo Fundeb en la Cámara de Diputados, ya que el plazo de vigencia del fondo actual termina en diciembre de este año.
La falta de definición de una propuesta adecuada para la renovación del fondo ha generado un contexto de incertidumbre y riesgos para la educación pública brasileña, que culminó en disputas sociales. Por ello, más de 200 organizaciones y movimientos sociales, liderados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), defienden que se aplique el Costo Alumno Calidad (CAQ) y el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), mecanismos desarrollados por la coalición que calculan la inversión adecuada por estudiante, para que todas y todos tengan acceso a la educación básica de calidad. Este mecanismo considera las diferentes etapas y modalidades educativas, y además tiene en cuenta los costos de mantenimiento.
“Este texto presentado por la profesora Dorinha amplía la complementación de recursos de la Unión, garantiza las condiciones de calidad a través del Costo Alumno Calidad y la valoración de los profesionales de Educación a través de la distribución de un sistema híbrido que no desestabiliza las redes [educativas], fortaleciendo [la construcción de] un sistema más equitativo”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora de la CNDE, en un video.
Brasil: ¿Cuándo y cómo reabrir las escuelas?
8 de julio de 2020¿En qué condiciones se puede volver a las clases en las escuelas? ¿Cómo construir colectivamente los protocolos para el regreso? ¿Qué recomendaciones podemos seguir? Sobre estas y otras cuestiones buscó reflexionar y responder la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) al lanzar la “Guía 8 COVID-19 – Reapertura de las Escuelas” (disponible en portugués) y al realizar un debate virtual sobre el tema.
La publicación contextualiza la educación brasileña en el escenario de emergencia, presenta experiencias de ese y de otros países -con recomendaciones de organizaciones-, analiza el estado actual del sistema educativo de Brasil y presenta recomendaciones y orientaciones, en conjunto con protocolos de seguridad exigidos y recomendados por el área de salud.
Entre las orientaciones presentes en la guía está el desarrollo de protocolos sanitarios a partir de acciones transparentes, democráticas y colaborativas intersectoriales entre la educación y otras áreas y la definición de la reapertura (o no) de las escuelas a partir del análisis participativo de toda la comunidad escolar sobre la situación de cada región y su respectivo centro educativo.
El debate virtual, realizado el 29 de junio, reunió educadores de Brasil para reflexionar sobre las orientaciones de la guía publicada por la CNDE en diálogo con las medidas tomadas por el gobierno brasileño.
Mira la grabación del video (en portugués):
Bolivia: “Es urgente contar con un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19”
La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) divulgó la semana pasada un pronunciamiento público en respuesta al Decreto Supremo N° 4260, emitido por el Estado Plurinacional de Bolivia el 6 de junio de 2020, que tiene por objeto regular la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa y especial, y superior.
Según la CBDE, el decreto no menciona aspectos prioritarios de contenidos curriculares, como la reprogramación del calendario escolar y el acceso a dispositivos e internet. Tampoco hay una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto de la pandemia.
“Esta respuesta estatal ha generado reacciones de diversos sectores educativos como el Magisterio Rural y Urbano, los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (CEPOs), organizaciones e instituciones de la sociedad civil, madres, padres de familia y organizaciones estudiantiles, quienes califican de insuficiente y sin lineamientos claros el Decreto Supremo N° 4260, inclusive, cuestionan la ‘negligencia’ al tiempo de resolver la incertidumbre que vive el sistema educativo en este complejo escenario”, declara la CBDE.
Al expresar su apoyo y solidaridad a los sectores educativos movilizados, la Campaña Boliviana reitera que “el Estado boliviano es garante del derecho a la educación y que debe atender las demandas de los sectores sociales que exigen una educación única, pública y gratuita, que no genere desigualdades ni exclusiones, y que responda a la diversidad cultural del país”.
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">Nicaragua: ¿Cómo viven los niños, niñas y adolescentes la crisis sanitaria generada por el COVID-19?
3 de julio de 2020Ante la situación generada por la pandemia del COVID-19, la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones que trabajan con la Niñez y Adolescencia (CODENI) realizó la consulta virtual “Percepciones de Niñas, Niños y Adolescentes ante la Pandemia del Coronavirus” para saber cuáles son las demandas y las realidades de niños, niñas y adolescentes en este contexto.
La consulta se realizó entre el 6 de abril y el 8 de mayo de este año y contó con la participación de 131 niños, niñas y adolescentes de 11 organizaciones, que presentaron sus percepciones referentes a cómo viven la emergencia generada por el COVID-19 a nivel personal, familiar y en sus comunidades.
Según el reporte, 24% de las niñas, niños y adolescentes que respondieron a la consulta manifestaron su preocupación por el riesgo del contagio, ya que todavía siguen asistiendo a la escuela. Este mismo porcentaje de participantes de la encuesta considera que el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) debe brindar información a la población para que las familias conozcan y tomen medidas de higiene y prevención ante la pandemia, y 20% de los niños, niñas y adolescentes consultadas y consultados defienden la suspensión de las clases durante la crisis sanitaria.
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Colombia: Presión de organizaciones impide la suspensión de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el país
23 de junio de 2020Días después de que la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) publicó pronunciamiento que denunciaba la Directiva 05 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia por suspender la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) hasta que la crisis sanitaria por el COVID-19 termine, el gobierno colombiano modificó la medida y aseguró que la modalidad educativa deberá ser tratada con prioridad.
“Esta petición contó con el respaldo de más de 900 firmas de personas a nivel nacional e internacional. Como respuesta a esta denuncia, el Ministerio de Educación emite la Directiva 014, de 12 de junio de 2020, (…) que deja un mensaje bien claro de quienes son los responsables y cómo queda la EPJA en el contexto de la pandemia, garantizando la finalización de todos los ciclos de educación de jóvenes y adultos, para que todos los estudiantes puedan culminar sus estudios”, afirma el más reciente pronunciamiento de la Coalición, publicado el 20 de junio.
Comunicación, incidencia política y formación
Las acciones que resultaron en la garantía de la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas para este año en el país han sido fortalecidas desde el año pasado con un encuentro sobre la EPJA, que reunió cerca de cien personas. “Esa participación permitió visibilizar un poco más la situación de la EPJA en Bogotá, la capital colombiana, y también en muchas regiones del país”, explica la coordinadora de la Coalición, María Elena Urbano.
Publicación “Por una Educación de Personas Jóvenes y Adultas Emancipadora y Garante de Derechos”, que sistematiza las reflexiones y los diálogos del encuentro realizado en el 2019
Además de darle visibilidad a dicha modalidad educativa, según María Elena Urbano, el encuentro del año pasado permitió consolidar un grupo dinamizador de acciones de formación y comunicación sobre la EPJA. “Identificamos a una temática para hacerle frente al deterioro en que se encuentran los programas de EPJA y hemos fortalecido este proceso a través de acciones de formación”, explica.
Con relación a la comunicación, la Coalición ha iniciado una campaña de visibilización de la modalidad llamada “Los Rostros de la EPJA”. “Son diferentes personas, entre docentes y estudiantes, que acceden a los diferentes modelos de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas y hacen relatos sobre sus experiencias, sus metas, sueños y, sobretodo, sobre lo que sería la educación de calidad para ellas”, explica Andrés Ramos, responsable por el área comunicativa en la Coalición.
Mira uno de los videos:
https://www.facebook.com/CoalicionEducacionColombia/videos/1734972246651361/
Diversidad e importancia de la EPJA
Según el Tercer Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE III, 2016), en el mundo suman actualmente 758 millones de personas adultas –incluyendo a 115 millones de personas entre 15 y 24 años– que no saben leer o escribir adecuadamente, siendo que dos tercios de esta cifra son mujeres. En América Latina y el Caribe, 36 millones de personas jóvenes y adultas con 15 años o más son consideradas analfabetas (UIS UNESCO, datos 2010), lo que representa un 9% de la población de esta edad.
“El promedio regional se ha alterado poco en los últimos años, lo que muestra que los avances son todavía insuficientes. Si se considera el analfabetismo funcional, entendido como la falta de habilidades y competencias requeridas por las personas para los distintos contextos de la vida, esta cifra crecería significativamente”, explica la publicación “No Dejar a nadie atrás: El rol central de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la implementación de la Agenda 2030”, publicada en el 2018 por la CLADE.
La realidad de la EPJA en Colombia no es diferente del promedio regional. Según la secretaria técnica y responsable por las acciones referentes a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la Coalición, Blanca Cecilia Gómez, todavía no hay en Colombia una política pública para la EPJA suficientemente fortalecida.
“Desde la Coalición siempre hemos tenido una preocupación por el derecho a la educación en general, pero sobretodo en las partes menos reconocidas por el Estado y una de ellas es la EPJA. Todavía no existe una política pública de EPJA en Colombia y por eso nos hemos metido con fuerza para tratar de que el Estado la reconozca dentro del derecho a la educación”, afirmó.
A su vez, María Elena Urbano explica que las desigualdades en Colombia refuerzan la importancia de luchar por el derecho a la EPJA. “El hecho de luchar por el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas es una apuesta porque aquí hay poblaciones vistas como de ‘primera’, ‘segunda’ y ‘tercera’ categorías. Hay que luchar mucho contra la discriminación y, sobretodo, entender que esa lucha es un acto muy humano por la igualdad. Hay que pelear por el derecho a la educación en cualquier momento de la vida”, enfatizó.
Según Blanca Cecilia Gómez, no hay una única forma de EPJA en Colombia. “Hay la educación nocturna que se hace en los colegios públicos, pero también tenemos educación en los territorios, educación indígena, educación rural, educación con jóvenes excluidos de la escuela, educación comunitaria, educación dirigida a población discapacitada, educación en las cárceles, etc”, explicó.
Para la activista, las personas que entran a esta modalidad de educación, desde el inicio, tienen violado su derecho a la educación, sea por cuestiones de pobreza, falta de acceso por distancia de la escuela, entre otras. “Esta educación se convierte en vital para poder mejorar sus condiciones de vida. Hay varios casos de personas para quienes el hecho de poder estar en esta educación es como su última posibilidad para poder mejorar sus condiciones de vida y poder acceder a estudios superiores técnicos o profesionales. Por eso esa educación es clave para garantizar los derechos y hay que respaldarla”, subrayó.
Bolivia: Más de 2.9 millones de estudiantes están en vulnerabilidad educacional
15 de junio de 2020“Considerando la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los más de 2.9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional y la respuesta insuficiente y de escasa pertinencia del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema”, afirmó la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) en pronunciamiento.
Según la CBDE, la suspensión de actividades educativas en Bolivia a causa de la pandemia ha generado la interrupción de procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo y, con esta, múltiples consecuencias que producen mayor desigualdad y vulneración del derecho a la educación. “La medida limita la alimentación escolar gratuita afectando la nutrición de los estudiantes, incrementa la brecha digital entre espacios urbanos y rurales y entre unidades educativas fiscales y privadas, desestructura organizaciones estudiantiles y de padres de familia y atenta contra el desarrollo humano de la población”, señala la Campaña en su comunicado.
Añade que la situación se agrava por la ausencia de un Plan de Emergencia para mitigar esos impactos y con el Decreto Supremo 4260 emitido por el gobierno el 6 de junio del 2020, que tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa, especial y superior de Bolivia.
Según la Campaña Boliviana, el decreto no hace mención a aspectos específicos, como la priorización de contenidos curriculares, aspectos administrativos y de gestión, reprogramación del calendario escolar y tampoco presenta una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto COVID-19 para todos y todas los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, “sobretodo para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o en lugares alejados de nuestro territorio”. La Campaña también dice que dicho decreto carece de consenso porque no fue elaborado con la participación de los sujetos de la comunidad educativa.
En el pronunciamiento, además, exhorta al Ministerio de Educación para que tome una serie de medidas de manera inmediata, entre ellas el desarrollo de un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19 (durante y después de la cuarentena) “con lineamientos y reglamentación clara y detallada, con enfoque intercultural, intersectorial, que afirme el Derecho a la Protección Social para garantizar las condiciones necesarias del cumplimiento del Derecho a la Educación”.
>> Pronunciamiento completo
Brasil: Redes e investigadoras/es presentan nota técnica para el monitoreo de políticas educativas durante la pandemia
10 de junio de 2020“El deber de la transparencia pública por parte de los sistemas de enseñanza es un compromiso con la garantía del derecho a la educación de los y las estudiantes, principalmente en el contexto de urgencia de la pandemia”, afirma la Nota Técnica “Recomendaciones para la disponibilidad y recolección de datos sobre las acciones de las redes de enseñanza relacionadas a las actividades educativas durante la pandemia COVID-19”, divulgada por grupos de investigadoras/es, organizaciones y redes de la sociedad civil, entre ellas la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE).
El documento afirma que es deber del Estado producir y disponibilizar datos e información que permitan monitorear eventuales efectos de la discriminación en la educación. Recomienda que las redes de enseñanza presenten datos fiables respecto a las medidas tomadas, democratizando el acceso a la información y facilitando el control social de las políticas. Según la CNDE, eso permitirá mejorar las acciones emergenciales, mientras todavía es posible corregir los rumbos y prevenir distorsiones.
“Desde el principio de la pandemia, hemos alertado para los riesgos de discriminación que políticas de educación remota pueden causar, y hemos producido guías de orientación a las comunidades y al poder público para evitar y prevenir violaciones”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación. Ella explica que la nota técnica es un esfuerzo colectivo para monitorear y evaluar las políticas de educación remota que ya fueron y serán implementadas.
Guía 6: Las voces de la comunidad escolar
Publicada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación ayer, 9 de junio, esta guía forma parte en una serie de otros recursos lanzados por la campaña para apoyar comunidades educativas y autoridades en el contexto de pandemia, desde diferentes enfoques. Esta última guía tiene por objetivo ampliar las voces de las comunidades educativas de diferentes rincones del país, sobre cómo están vivenciando el derecho a la educación en el contexto de crisis sanitaria.
Con la publicación, se quiere contribuir a concretar el principio constitucional de la gestión democrática – que necesariamente involucra la participación de las trabajadoras y trabajadores de la escuela, las familias y estudiantes.
>> Guia 6 – Comunidade Escolar
>> Otras guías lanzadas recientemente por la CNDE
Colombia: Coalición denuncia Ministerio de Educación por suspensión de la EPJA en el país
9 de junio de 2020La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) divulgó un pronunciamiento público, en el cual denuncia al Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) por suspender la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) a partir del segundo semestre de 2020, hasta que la crisis sanitaria por el COVID-19 termine.
Según la coalición, la directiva del Ministerio publicada el 5 de marzo de 2020, que prioriza la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo en casa y de una modalidad de complemento alimentario para consumo en casa a la población en edad escolar, suspende la contratación de la prestación del servicio educativo para personas adultas durante la presente vigencia, así como suspende el ingreso de personas jóvenes y adultas para el siguiente ciclo, hasta el 2021.
“En un país tan desigual como Colombia, esta Directiva 05 del MEN es discriminatoria y acrecienta la injusticia social y educativa, al negar el derecho a la educación a las personas jóvenes y adultas más excluidas y empobrecidas de nuestro país, que están en esta modalidad de educación porque antes han sido excluidas del sistema educativo y su derecho humano a la educación ha sido negado a lo largo de su vida; con esta resolución de nuevo es violado este derecho y se reincide en su exclusión”, afirma la coalición en su pronunciamiento.
En el comunicado, la CCDE hace un llamado a la ministra de Educación y a su equipo para que revisen esta medida y, de manera inmediata, se restablezca el Derecho Humano a la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas, permitiendo la matrícula para el segundo semestre y el próximo año a las personas que requieren esta educación.
>> Pronunciamiento público de la CCDE completo
¿Cómo llevar a cabo las evaluaciones educativas en plena pandemia?
8 de junio de 2020La actual crisis sanitaria en América Latina y el Caribe provocada por el COVID-19 ha movilizado estudiantes, docentes, gestoras y gestores de la educación, autoridades, activistas y personas estudiosas del área de la educación para construir acciones y políticas públicas que lleven a reducir al máximo los impactos de la pandemia en la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.
Durante el proceso de aislamiento social, escuelas fueron cerradas y, muchas y muchos estudiantes tuvieron que recurrir a la Internet para acceder a los contenidos educativos, contexto que terminó por agravar las disparidades sociales, ya que gran parte del estudiantado no cuenta con infraestructura suficiente para lograr aprender mínimamente a la distancia – Internet de calidad, computadora, ambiente propicio para estudios, etc.
En este escenario, ¿es posible realizar una evaluación educativa justa para todas/os las y los estudiantes? Para empezar a analizar el tema, presentamos dos casos dispares en América Latina y el Caribe: Argentina y Brasil que, a pesar de vecinos, llevan adelante políticas educativas completamente distintas.
Argentina
Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno argentino, desde la llegada del COVID-19 a su país, ha tomado las más estrictas decisiones para contener el avance del virus: distanciamiento social, apoyo financiero a poblaciones en situación de vulnerabilidad y cierre de instituciones privadas y públicas, como las escuelas, entre otras.
En el campo educativo, la respuesta a la crisis sanitaria en Argentina fue casi que instantánea. “Como toda emergencia tuvo su momento de caos creativo, de distribución de contenidos y tareas que poco a poco intenta ordenarse, a través de políticas públicas con un Ministerio de Educación activo y articulador de consensos, con las jurisdicciones, organizaciones sociales y sindicales”, dijo Marcela Browne, de la Fundación SES y miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
Según la activista, el actual contexto de educación en el hogar, atravesado por las desigualdades, con por lo menos un 50% de niñas y niños en situación de pobreza, con una gran diversidad de realidades educativas y la falta de conectividad y equipos tecnológicos, apunta hacia enormes desafíos. “En este tiempo, hay experiencias educativas interesantísimas, ventanas que se abrieron y es necesario sistematizar y evaluar para seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, hay circunstancias muy difíciles donde la prioridad ha sido resolver el derecho a la alimentación, el acceso al agua, entre otros, y las tareas escolares aún no llegaron o no se les pudo dar respuesta”, afirmó Marcela Browne.
“Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”
En este sentido, seguir con el mismo proceso de evaluación educativa y acreditación de contenidos, como si no hubiera pandemia, podría agudizar aún más las desigualdades educativas que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello, el Consejo Federal de Educación de Argentina decidió en mayo, de forma unánime, que en el territorio nacional en este contexto de excepcionalidad, la evaluación será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a las y los estudiantes y a las familias.
De esta manera, la evaluación de estudiantes en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso.
“La posibilidad de evaluación y acreditación de contenidos sería un camino de profundización de la exclusión educativa. Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”, añadió la integrante de la CADE.
Brasil
El gobierno brasileño, por otro lado, se ha negado a seguir las recomendaciones de la OMS, como el aislamiento social para contener la crisis sanitaria. “En un momento en que Brasil es reconocido como el principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra”, afirmó la CLADE en nota publicada la semana pasada.
Esta política negacionista no fue diferente en términos de educación: el gobierno brasileño se niega a hacer cualquier tipo de cambio en relación a las evaluaciones educativas, ya que desde el principio de la crisis sanitaria en el país, ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020.
“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”
Hubo fuerte presión de organizaciones, redes y movimientos sociales, entre ellos la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), exigiendo al Ministerio de Educación la suspensión del calendario previsto para el Examen Nacional de la Secundaria (Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM), la evaluación educativa más relevante para la etapa secundaria en el país, cuya realización permite que las y los estudiantes puedan ingresar a la universidad pública. El Congreso Nacional de Brasil también se manifestó a favor de la suspensión de la prueba. Solo después de estas expresiones de la población y del parlamento, el gobierno decidió posponer la realización de la evaluación, que estaba prevista para noviembre.
“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”, manifestó la CNDE en entrevista al periódico O Globo.
La Campaña, al lado de otros movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación pública en el país, luchan para que el examen nacional se suspenda de manera definitiva.
“No basta que el gobierno federal imponga una nueva fecha simplemente para disminuir el debate alrededor del tema. Por lo contrario, el diálogo con las Secretarías de Educación, consejos, entidades de clase, representaciones estudiantiles, municipales y estaduales, y organizaciones y movimientos de la sociedad civil es una medida que se impone en un escenario de incertidumbre generalizada y que es exigida por la Constitución Federal”, afirman la CNDE y otras organizaciones en demanda al Tribunal Regional Federal por la suspensión del ENEM.
Nicaragua: Organizaciones exigen la inmediata suspensión de las clases presenciales durante la pandemia
“En el contexto de crisis socio política y la pandemia, denunciamos que la falta de acceso a estadísticas confiables, claras y actualizadas, que imposibilita conocer el estado de situación en que se encuentran y las afectaciones que sufren. (…) La no suspensión de las clases tiene como consecuencia que personal administrativo, docentes y estudiantes estén vulnerables al contagio y por consiguiente afecten a sus familiares”, afirma la nota divulgada por la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), en el marco de la realización de la Semana de la Niñez y Adolescencia en el país.
Diferente de otros países de América Latina y el Caribe, Nicaragua todavía no ha cerrado las escuelas. “La no suspensión de las clases tiene como consecuencia que personal administrativo, docentes y estudiantes estén vulnerables al contagio y por consiguiente afecten a sus familiares. Exigimos al Estado nicaragüense aplicar de manera urgente las medidas sanitarias recomendadas por la OMS [Organización Mundial de Salud] y la inmediata suspensión de las clases presenciales a nivel nacional para reducir los riesgos de contagios en los más de 1 millón 800 mil estudiantes, docentes y personal administrativo del sistema de educación y sus familias, debido a la falta de agua potable y condiciones básicas de higiene y salud en los centros de educación pública”, dice la nota.
En el comunicado, también se condena la agudización de la violencia sexual, el embarazo adolescente, la maternidad impuesta y los feminicidios contra niñas, adolescentes y mujeres, quienes se encuentran en la indefensión por la inoperancia del Estado, al no garantizar las medidas de protección pertinentes. “Demandamos al Estado asumir y cumplir su rol de garante y protector de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la implementación de acciones que los proteja; destinar los recursos económicos necesarios para las instituciones públicas y realizar investigaciones transparentes ante las situaciones de violaciones a los Derechos Humanos, para determinar los responsables y alcanzar justicia y reparación a las víctimas”.
>> Nota completa.
El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), socio de la CLADE en el país, es miembro de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI).
