Entrevista: “En la prensa hegemónica, la educación aparece vinculada a la escuela pública como caos y a la escuela privada como calidad”

29 de octubre de 2015

¿Cómo el tema de la privatización de y en la educación aparece en los medios de comunicación? Esta pregunta orientó el estudio “Mediatización y Privatización de la Educación en América Latina: Tensiones y Disputas en la Cobertura Mediática”, realizado conjuntamente por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). La investigación se dividió en dos frentes: un equipo del Centro de Estudios Avanzados analizó la cobertura de educación vehiculada durante un mes por ocho periódicos, en cuatro países – El Clarín y Página 12 (Argentina); El Mercurio y El Mostrador (Chile); El Comercio y El Telégrafo (Ecuador); y El Universal y La Jornada (México), así como algunos portales de prensa digital, con una muestra de cerca de 100 a 200 noticias por periódico. De otra parte, desde ALER se evaluó la cobertura radial del mismo tema.
#Contracorriente entrevistó a Eva Da Porta, docente e investigadora del Centro de Estudios Avanzados, quien coordinó la investigación en periódicos gráficos y digitales.

Esta entrevista es parte del Especial: "La educación privatizada"
Para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), conocer y contrarrestar las distintas formas de privatización en la educación en América Latina y el Caribe, y en particular sus riesgos e impactos para la realización del derecho humano a la educación, es una tarea urgente. En esa serie de entrevistas, #Contracorriente presenta las conclusiones y puntos de vista de investigadoras/es recientes sobre el tema, que permiten conocer mejor los contornos de este fenómeno en nuestra región. Las entrevistadas y entrevistados comentan puntos como los impactos de las Alianzas Público-Privadas en la educación, las consecuencias de la comercialización de servicios educativos en el mercado de acciones, y también el hecho de que las tendencias hacia la privatización se encuentran profundamente respaldadas por los medios de comunicación hegemónicos. Dichas investigaciones han sido realizadas con el apoyo de la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación (PERI, por su acrónimo en inglés), de Open Society Foundations, mediante una convocatoria que contó con los aportes de la CLADE. ¡Acompáñenos!

Descarga aquí el informe de resultados del estudio Mediatización y Privatización de la Educación en América Latina: Tensiones y Disputas en la Cobertura Mediática. 
Lee, a continuación, la entrevista: 
¿Qué se puede decir sobre la influencia que tienen los medios de comunicación en los procesos de privatización de y en la educación en América Latina?

El eje de nuestro trabajo fueron los medios hegemónicos, es decir, los medios que tienen una posición dominante en el mercado en cada país, ese fue el énfasis más analítico para tratar de encontrar de qué manera esos medios van construyendo ideas y sentidos dominantes en torno a los procesos de privatización de la educación, pero también nos pareció interesante indagar medios que estuvieron posicionados desde otras perspectivas que, si bien no son hegemónicos, también conviven en el mercado de la prensa gráfica. Se puede decir que los medios hegemónicos siguen siendo constructores de opinión pública, de discurso social, de las representaciones en torno de la realidad, y siguen marcando la temática, los enfoques, el espacio de la discusión – siguen siendo la esfera de la discusión de lo público. A pesar de las transformaciones que hay por la Internet, ellos siguen siendo reconocidos como los diarios que interpretan el sentir de la nación. Esos medios son los más leídos y los que tienen mayor circulación, y también son los más retomados en el discurso público, en los discursos políticos, en los discursos empresariales, en los discursos educativos. Son quienes definen las temáticas de lo que se debe discutir, de lo que se debe pensar, y de lo que se debe sentir por la actualidad, aquello que nos pasa a todos y todas. Aunque esta hegemonía hoy está jaqueada por los medios independientes, sigue siendo dominante su posición en la construcción de agenda.
La temática de privatización en educación es una temática central, sobre todo por la magnitud de lo que encontramos, hay una presencia muy notable de esa temática en los medios investigados y atraviesa todas las secciones de los diarios.
¿Qué tipo de enfoque se da al tema de la privatización de y en la educación en esos periódicos?
Los estudios relevados por otras investigaciones son estudios de editoriales o de artículos de opinión, donde es más fácil ver el enfoque ideológico que se da a cualquier temática. Nosotros estudiamos no solamente el formato de Opinión sino también que trabajamos con el formato de Noticia y Crónica, donde predomina un estilo más objetivo, más distante, más neutral, que hace más complejo ver de qué modo los medios van poniendo ciertos énfasis sobre determinados contenidos. En el género de opinión, los diarios opinan a través de sus propios editoriales y dejan el espacio abierto a las y los especialistas en los artículos. Lo que ocurre es que hay mucha coincidencia entre lo que esos especialistas dicen y el posicionamiento de cada diario. Son muy pocos los diarios que hemos visto en que hay una apertura o una paleta amplia ideológica. Por lo general, en los medios más hegemónicos, hay una perspectiva más orientada hacia la privatización: predominan los especialistas consultores/as “think tanks” que trabajan quizás desde una empresa de consultoría privada, y que hemos atestado que tienen columnas de opinión todas favorables a los procesos de privatización. Estos/as consultores/as ofrecen información más cuantificada en defensa de una educación privatizada y en desmedro de la educación pública. En los diarios más progresistas, aparece la figura del o de la intelectual critico/a que es por lo general de un centro universitario, un investigador/a, un sociólogo/a, que plantea la problematización de la educación y del tema central de los procesos de privatización de la educación en nuestros países. Pero en los medios mas conservadores o de perfil neoliberal predomina un enfoque afín a la privatización de la educación.
¿Qué caracteriza la cobertura de la prensa hegemónica respecto al tema de la privatización en el campo educativo?
En líneas generales, la prensa orientada hacia la privatización plantea algunas cuestiones que se repiten en todos los países. Lo que encontramos en esos medios es un énfasis puesto en la mayor eficiencia del sector privado al respecto de lo público en cuestiones de la educación. Eso es muy marcado en todos los medios de orientación neoliberal conservadora. Se destaca de distintas formas que la educación privada es más eficiente que la educación pública y se pone un fuerte énfasis en la ineficiencia de las políticas públicas, de las escuelas públicas, de las decisiones del Estado, de los y las funcionarios/as estatales – este es un punto central. El otro punto central es cómo se va construyendo la noticia orientada a favorecer o tratar como positiva la Alianza Público Privada en educación. Hay distintas maneras a través de que en las noticias se va orientando las lecturas que positivan la influencia o el ingreso de los sectores privados en lo público, por ejemplo, aparecen noticias vinculadas a las ventajas que traen determinadas empresas que invierten en las escuelas estatales, que ponen la tecnología a la disposición de las y los estudiantes, que abren pasantías en empresas privadas, etc. Otro punto es que la educación se plantea como una cuestión individual, inclusive los derechos son tomados como individuales. No hay un enfoque de la educación pública como una cuestión colectiva, pero se destacan historias de vida de niñas/os provenientes de sectores marginados o maestras/os y cómo del esfuerzo individual, se generan buenas prácticas educativas. Está muy centrada la mirada en la educación como formación del individuo y no como una cuestión social, comunitaria y derecho humano – lo que no aparece de ninguna manera. Como la educación está relatada como si fuera un servicio, todas las cuestiones vinculadas a demandas de las y los docentes, movilizaciones y paros están pensadas como obstáculos para que las y los ciudadanas/os puedan educarse. Hay una mirada no política del tema, es decir, todos los hechos políticos vinculados a la educación están evaluados negativamente. Las y los docentes – y eso quedó muy claro en el caso de México porque todo el mes estudiado (octubre de 2013) estuvo atravesado por los conflictos docentes – son asociados a cuestiones de delito: frente a los paros, las tomas y acciones de las y los docentes en lucha, se ha puesto el énfasis en los efectos negativos que eso genera sobre el comercio, sobre el funcionamiento de la ciudad. Todo lo político está valorado negativamente, la militancia estudiantil, las demandas de las y los docentes, etc. Otra cuestión que aparece muy fuerte es que el diagnostico de los problemas relacionados a la falta de inclusión, a la segregación, etc., que son diagnósticos que uno podría hacer de los sistemas educativos nuestros, siempre se resuelven a partir de perspectivas claramente orientadas a la privatización: más eficiencia, más gestión empresarial, más ingreso de capital privado. Hay un reconocimiento del problema educativo, pero la respuesta siempre viene de la mano del sector privado o de alianzas público-privadas. El Estado es siempre planteado como ineficiente, hay un claro posicionamiento en contra de la educación pública y la calidad es siempre asociada al esfuerzo individual, a estándares internacionales, a aportes del sector privado. Lo público es siempre vinculado a la ineficiencia, a la falta de calidad, o sea, se critica fuertemente toda la inversión del Estado en educación, como si estuviera mal orientada. Respecto de las fuentes consultadas, cuándo algún/a funcionario/a del Estado es entrevistado, en el próximo párrafo es deslegitimado contraponiendo “datos” que lo deslegitiman. Esa es una situación común, se evalúa la educación con criterios económicos, se utiliza el lenguaje de los intereses económicos, la eficiencia, la cantidad, y los números, los resultados de las pruebas estandarizadas como los máximos componentes para medir la calidad de la educación. Otra cuestión que parece muy fuerte son los lugares comunes que se van construyendo en el discurso. En el discurso hegemónico la escuela pública siempre aparece asociada a caos, a crisis educativa, a ineficiencia, a déficit, a malos resultados, y la educación privada aparece asociada a calidad, al respeto del individuo, a valores positivos a progreso individual.
¿Y cómo es la cobertura de los medios más críticos?
En las perspectivas más críticas, en diarios orientados hacia líneas más de izquierda, hay enfoques muy distintos de educación. En primer lugar, está planteada la educación como un derecho más claramente, esto no lo vemos en la prensa de tipo más hegemónico donde la educación no está planteada como un derecho social, sino que como un derecho individual. Se pone énfasis en las demandas al Estado y en las políticas públicas, que son valorados positivamente. Además, aparecen otros actores sociales como fuentes, se le da la voz a las y los maestras/os, estudiantes, madres y padres de familia, a las comunidades que demandan – actores sociales que en la prensa hegemónica son genéricos, están casi invisibilizados. En la prensa orientada a una perspectiva más social aparecen otras voces, otros encuadres, se contextualiza la información, se vincula el hecho educativo con diversos procesos sociales. Hay una mirada más socioeducativa, dónde lo político aparece como dimensión de lo educativo. Se piensa a las y los docentes, por ejemplo, desde el derecho laboral y no como quiénes reclaman y hacen un paro y obstaculizan a las y los estudiantes en sus estudios. En la prensa mas hegemónica las y los docentes casi no tienen voz, son hablados por otras personas; en algunos caos, se les da la palabra, pero hay una voz hegemónica que ofrece un relato en contra. En cambio en la prensa más progresista las y los docentes son voceras/os y representantes de su grupo social. De igual modo las y los estudiantes: en la prensa más hegemónica, se invisibiliza sus demandas – y además, las personas adultas suelen hablar en su lugar, mientras en la prensa más alternativa las y los estudiantes son tomadas/os como sujetos de derechos, tienen voz, son consultadas/os, es un enfoque muy distinto.
¿Cómo comprender la influencia de la publicidad que financia a los vehículos de comunicación en la cobertura de educación?
En el caso de los medios estudiados, un solo el medio es estatal, El Telégrafo, de Ecuador; todos los otros viven de la publicidad. En el caso de El Mercurio, es muy notable la cantidad de publicidad de escuelas y universidades privadas y con mucho espacio, cubriendo las mismas hojas donde aparece información sobre educación. En los otros medios, de otros países, no aparece tanto la publicidad de empresas privadas de educación, pero hemos encontrado noticias que uno puede reconocer que es una publicidad encubierta, por ejemplo, que determinada empresa, Intel, va a dar un curso de capacitación gratis a docentes o que va donar determinada cantidad de computadoras a escuelas. La cuestión de la publicidad es central, en la medida que permite a los medios tener mayor o menor independencia respecto de las temáticas.
¿Qué se puede decir sobre el alcance de esos periódicos? ¿Cómo ve usted el impacto relativo de esos vehículos, su capacidad de difundir sus ideas?
Lo que se puede ver es que los medios gráficos nacionales diarios siguen definiendo la agenda temática, se tiene mucha potencia discursiva porque después son retomados por otros medios, por otros discursos a lo largo del día, se impone la agenda. Por ejemplo el tema del bullying aparece repetidas veces en los medios hegemónicos, y por lo general el tema del bullying o la violencia hacia las y los estudiantes en la escuela aparece asociado a escuelas públicas, escuelas de sectores marginados. Esos encuadres forman una cadena de sentidos que queda asociada a esos lugares y luego los otros medios, los otros espacios de discusión van retomando esa temática. Entonces, hay que considerar la influencia de los medios en términos de representaciones sociales, o textos que van teniendo ciertas ideas que se van haciendo aceptables. Esa idea de que la educación privada es de mejor calidad se va construyendo en parte en ese tipo de noticia que muestra, por ejemplo, una escuela privada con capitales privados y aportes de una empresa, donde las niñas y niños hacen un experimento que largan al espacio un robot para medir una cuestión de la atmosfera: se van narrando estos hechos de forma aparentemente objetiva, de modo que no hace falta decir directamente que la educación privada es de mejor calidad. Al lado, aparece la información de que en una escuela pública le pegaron a un niño a la puerta de la escuela, o a una niña porque era bonita, y las madres y padres se metieron al medio, etc., y luego se genera esa asociación entre escuela pública y caos, crisis social y educativa sin decirlo abiertamente. Yo creo que la operación discursiva es muy compleja y sobre todo hay que mirarla en esa asociación entre sentidos que se van estableciendo, entre educación privada y calidades positivas y educación pública y calidades negativas. Es un formato que se va repitiendo en distintas noticias, con distintas temáticas, pero siempre el enfoque que predomina es que la educación privada o los procesos de privatización se asocian a eficiencia, calidad, integración, y la educación pública se asocia a caos, a descuido, a mala calidad… Esas narrativas se van retomando en el discurso político, en discursos del sentido común, en la vida cotidiana y su impacto es sobre el imaginario social, sobre el sentido común.
Se mencionó anteriormente que los medios críticos hacen una cobertura más coherente con la idea de educación como un derecho humano. ¿Podría comentar un poco más esa idea?
Eso es claro, aparece claramente educación como un derecho, cuándo, por ejemplo, se plantea que hay un paro docente, una huelga, y se le pregunta por qué hacen paro a las y los docentes, cuál es el derecho vulnerado. En esos casos, se les reconoce como trabajadoras/es y se reconoce un derecho. En la forma con que se construye la noticia, cómo se narra, cómo se relata, qué énfasis se pone, cómo se cuentan los hechos, a quiénes se les da la palabra, se va orientando la lectura hacia una mirada orientada hacia la educación como un derecho – y como un derecho social y colectivo también, donde el Estado es el garante. Eso se ve claramente en la forma de interrogar a las funcionarias/os estatales, por ejemplo, una vez que se les interpela por las respuestas que pueden dar a las demandas sociales. Otra cuestión que hemos visto es que, en la prensa alternativa, aparece lo educativo no sólo vinculado a la escuela, sino otras demandas, de reconocimiento de otros saberes que plantean distintas comunidades; hay una mirada más amplia de educación. En la prensa hegemónica, la educación aparece vinculada a la escuela pública como caos, mediocridad, deficiencia, atraso y a la escuela privada como orden, calidad, modernidad.
¿A qué aspectos un lector o lectora de periódicos debe estar atento/a para hacer una lectura crítica de los mensajes que ellos transmiten?
El trabajo de los medios es sutil, es un trabajo sobre el lenguaje, sobre la imagen, sobre los énfasis, entonces, en primer lugar, hay que pensar desde qué lugar se está contando el hecho, cuál es la posición que tiene el medio respecto al que se está contando. Por ejemplo, si un periódico está contando la toma de una universidad, ¿está en contra o a favor, o tiene una posición neutral? ¿De qué manera caracteriza el hecho: cómo una ruptura social o cómo una demanda de derechos vulnerados? ¿A qué actores sociales se da la palabra y qué se dice de esos actores sociales? ¿Quiénes hablan, quiénes tienen voz? ¿Quiénes son las y los especialistas consultadas/os?. Importa notar cuáles son los encuadres desde los cuáles es narrado el hecho noticioso, pues un hecho noticioso puede ser narrado de distintas perspectivas. Es distinta una perspectiva que ponga el énfasis, por ejemplo, en los problemas que genera la educación pública de una que ponga el énfasis en las demandas que se generan a la educación pública. ¿Se pone el énfasis en la educación como un derecho o se pone el énfasis en la educación como un servicio? Hay que estar atento a ese tipo de cuestión. La pregunta central es cuál es el lugar de la educación pública en el relato noticioso. Otro aspecto central a considerar es en la composición de la noticia, es decir, ¿cómo se titula?, ¿qué fotos se ponen?, ¿cuáles son los encuadres?; ¿la foto está valorando positiva o negativamente al hecho y a los sujetos que aparecen?; ¿cómo se retrata a los actores?, y ¿cuál es el espacio que se les da en todo el periódico? También el lugar que ocupa cada asunto en la página las noticias es muy importante, por ejemplo, en la prensa hegemónica, hay noticias sobre cómo una universidad privada promueve la inserción laboral que ocupan toda la página.
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Brasil: Pós-graduação paga é 'fim de um dos pilares da nação', diz entidade

Fim da gratuidade é antirrepublicano, dizem dirigentes das federais. Para pós-graduandos, ensino deve ser gratuito em todos os níveis

Entidades ligadas a instituições de ensino superior públicas se posicionaram contra a proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite que as universidades públicas cobrem mensalidade para cursos de extensão, pós-graduação lato sensu e mestrados profissionais. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira (21), em meio a uma discussão entre deputados favoráveis e contra a mudança.
Fica mantida a exigência de gratuidade nos cursos de graduação, residência na área da saúde e curso de formação profissional na área de ensino.
Em um comunicado divulgado em seu site na quarta, antes da votação, a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) afirmou que a medida significa “o fim de um dos pilares da Nação: a gratuidade da educação pública”.
Ainda segundo a Andifes, “trata-se de uma atitude antirrepublicana e antidemocrática que abrirá caminho para a generalização da cobrança de taxas e mensalidades nos estabelecimentos públicos do país, em todos os níveis e modalidades. Em outros países que destruíram a educação pública foi exatamente assim: amparados em discursos processuais votaram emendas constitucionais e retiraram direitos”.
Também na quarta-feira, antes da votação, a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) divulgou uma nota afirmando ser contra a proposta. Segundo a ANPG, a educação deve ser gratuita “em todos os níveis educacionais”, e os cursos de pós-graduação lato sensu devem ser regulamentados, para garantir a qualidade.
A Câmara dos Deputados promovou, na manhã de quarta, um debate sobre o assunto, do qual participararam a Andifes, a ANPG, representantes do Ministério da Educação e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e outras entidades ligadas à area.
Texto ainda vai para o Senado
O texto principal da proposta recebeu 318 votos favoráveis, 129 contra e 4 abstenções. Os deputados analisarão na próxima semana destaques que visam modificar a PEC. Por se tratar de uma mudança na Constituição, o texto ainda precisará passar por uma votação em segundo turno antes de ir ao Senado.
A PEC altera o artigo 206 da Constituição, para dizer que o princípio da “gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais” não se aplica nos casos de pós-graduação, cursos de extensão e mestrado.
Nestes casos, caberá à direção da universidade decidir se cobrará ou não dos alunos. Atualmente, algumas universidades que cobram mensalidade são alvos de processos judiciais que questionam a legalidade do procedimento.
“É uma vergonha que o Brasil, como oitava economia mundial, não esteja entre as 100 melhores universidades do mundo. O que estamos fazendo é instituindo a autonomia universitária. São mestres e doutores que decidirão os melhores caminhos para as universidades. Isso vai significar um avanço no setor educacional”, argumentou o líder do DEM, deputado Mendonça Filho (PE), que defendeu a proposta.
Para o relator da PEC, deputado Cleber Verde (PRB-MA), com a cobrança, as universidades terão mais dinheiro para investir um cursos de graduação de qualidade, bem como em tecnologia e laboratórios de pesquisa.
“São cursos profissionalizantes, feitos por demanda que vem da empresa, de órgãos públicos, para a capacitação daquele trabalhador. Não é justo que a universidade, que já tem os seus cursos diminuídos, tenha de custear também cursos profissionalizantes”, afirmou.
Já o líder do PSOL, deputado Chico Alencar (RJ), alegou que a PEC representa o início da “privatização do sistema público”. “Esse projeto acaba ferindo e abrindo uma porta perigosa para o papel estratégico do sistema educacional público. Vai contra o princípio da educação pública, universal, de qualidade”, declarou.
Também contrário à PEC, o deputado Edmilson Rodrigues (PSOL-PA) afirmou que a proposta vai “entregar patrimônio científico aos que se alimentam do lucro”.

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Alianzas Público-Privadas en la educación colombiana: las implicaciones en equidad y calidad de los Colegios en Concesión de Bogotá

22 de octubre de 2015

En el contexto Latinoamericano, Colombia es uno de los países que ha experimentado con mayor intensidad las Alianzas Público-Privadas (APPs) en el campo educativo y, especialmente, el modelo de escuelas charter (Barrera et al. 2012). En particular, el programa de escuelas charter conocido como Colegios en Concesión (CEC), se empezó a implementar en 1999 en Bogotá y se destinó a estudiantes de las zonas más vulnerables de la ciudad. Dicho programa ha constituido hasta la fecha un referente a nivel internacional. Este informe analiza hasta qué punto las asunciones que subyacen a la promoción de los colegios de Concesión (CEC) se dan en los escenarios reales de la ciudad de Bogotá. En particular, el estudio pretende dar respuesta a las preguntas siguientes: ¿Han mejorado los CEC los resultados académicos de los alumnos más pobres? ¿Han contribuido los CEC a diversificar los modelos pedagógicos del sistema educativo? ¿Son los CEC más autónomos que las escuelas públicas? ¿Hasta qué punto han rendido cuentas los CEC a la administración educativa competente?
Descárgalo: Alianzas Público-Privadas en la educación colombiana: las implicaciones en equidad y calidad de los Colegios en Concesión de Bogotá. Andreu Termes, Xavier Bonal, Antoni Verger y Adrián Zancajo; en colaboración con Lizeth López, Yenny C. Ramírez y Angélica Sierra. Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación (PERI-OSF), 2015, n. 66.
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Lee también: Entrevista a Andreu Termes y Lizeth López: “La eficiencia económica es una forma más de referirse al empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado”

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Pesquisa alerta para privatização da educação na América Latina

Estudo aponta o avanço de diferentes tendências de privatização em 15 países da América Latina e do Caribe
Fonte: Jornal da Unicamp | por Manoel Alves Filho

Países da América Latina e Caribe vivenciam o avanço de diferentes tendências de privatização da educação básica, processo que prejudica o acesso da sociedade a esse direito fundamental. A constatação faz parte da pesquisa intitulada “Tendências da privatização da educação na América Latina e no Caribe”, coordenada pela Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação (CLADE), rede que articula diversos grupos e entidades em defesa da educação. O trabalho de investigação foi organizado pelas professoras Theresa Maria de Freitas Adrião, da Faculdade de Educação (FE) da Unicamp, e Teise de Oliveira Guaranha Garcia, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (FFCL) da USP, campus de Ribeirão Preto.
De acordo com a professora Theresa Adrião, o objetivo da pesquisa, que contemplou 15 países [Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, Paraguai, Peru, República Dominicana, México, Nicarágua e Haiti], foi identificar e debater os mecanismos e tendências que induzem à privatização da educação básica na América Latina e Caribe. A docente explica que as tendências identificadas são variadas e com diferentes graus de complexidade e consequências para a manutenção de sistemas públicos de ensino, considerados fundamentais para a garantia do acesso e da permanência na escola.
De maneira geral, prossegue a pesquisadora, o que tem ocorrido na região é o uso de mecanismos institucionais e políticos que possibilitam a transferência, direta ou indiretamente, das responsabilidades da educação pública para o setor privado lucrativo. Assim, um dos modelos de privatização, classificado no relatório final do estudo como “exógeno”, é concretizado por meio do repasse de recursos públicos para o setor privado. “Em alguns países, corporações que visam exclusivamente o lucro têm pressionado o poder público a subsidiar escolas privadas, em geral de baixo custo, no lugar de constituir redes públicas de educação. Em outros países, tem-se a oferta educativa ampliada por meio do pagamento de ‘cheques-ensino’, modelo que se assenta numa falsa ideia de que as famílias, e aqui se trata das famílias pobres, poderiam ‘escolher’ uma escola privada para seus filhos e que esta, por ser privada, seria melhor que a pública”.
Por causa desse movimento, conforme a docente da Unicamp, está havendo uma gradativa substituição de um modelo pelo outro em vários países. Os casos identificados pelos sujeitos entrevistados no estudo indicam essa tendência para Brasil, Chile e Colômbia. A pesquisa também identificou que existe a privatização “endógena”, caracterizada pela incorporação, por parte da gestão pública e, por consequência, da escola pública, de valores e práticas do mercado, como modelos de gestão fundados no alcance de resultados. Experiências do tipo foram encontradas em países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Honduras, México e Peru.
Outro apontamento importante da investigação, conforme a professora Theresa Adrião, foi a emergência e a consolidação, em determinados contextos, de novas formas de privatização da educação pública. Entre esses novos formatos estão os programas de atribuição da responsabilidade pela educação às comunidades locais; os processos de governança corporativa no campo educativo, que permitem que empresas privadas participem da tomada de decisões a respeito da política de educação; e a financeirização da educação básica, que transforma as matrículas públicas em “commodities no mercado financeiro”.
A pesquisa analisou todas essas tendências considerando as implicações para a efetivação do direito humano à educação, o qual exige a participação direta do Estado no financiamento e na gestão dos sistemas públicos de educação como condição para que ocorra o que a CLADE e a comunidade internacional identificam como elementos de operacionalização do direito à Educação: disponibilidade, acessibilidade, aceitação e adaptabilidade. “A privatização acentua as desigualdades e dificulta o acesso à escola”, sustenta a docente da FE.
Um ponto importante a ser considerado ao analisar esse fenômeno, assinala a professora Theresa Adrião, é que o processo de privatização ocorre em uma região na qual a educação básica obrigatória é uma conquista recente da sociedade. “Na maior parte dos países, essa conquista ainda não foi concretizada, ou seja, está em construção. Com o avanço da lógica das corporações privadas, o direito humano à educação tem corrido sérios riscos”, reforça. Quando elementos fundamentais da prática educativa são colocados nas mãos do setor corporativo, como o desenvolvimento de conteúdos pedagógicos, dos livros didáticos e de softwares educativos, bem como o desenho das avaliações institucionais, acrescenta a coordenadora do estudo, o caráter público e democrático da educação é colocado em xeque, visto que esta fica submetida a uma lógica essencialmente mercantil.
Questionada sobre o caso específico do Brasil, a professora Theresa Adrião informa que o processo de privatização da educação básica tem se aprofundado no país. “Aqui, a situação é ainda mais evidente que na Argentina, para ficar em um único exemplo. Podemos verificar uma crescente destinação de subsídios públicos para o setor privado, movimento que segue na contramão do que seria desejável, inclusive considerando que durante o período analisado houve aumento do gasto público com o setor. O atendimento em creches e escolas de educação infantil está passando por isso. Ao delegar a missão para terceiros (organizações sociais, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip) ou introduzir as parcerias público-privadas [PPPs], os governos objetivamente transformam a educação em um serviço”, aponta a docente da Unicamp.
Uma maneira de resistir ao processo de privatização da educação básica, principalmente quando se trata de ampliar a sua obrigatoriedade, é dar conhecimento à sociedade das implicações desse movimento, entende a professora Theresa Adrião. “Nós, na academia, fazemos isso por meio da publicação de artigos, da organização e participação em eventos científicos e da atuação conjunta com setores organizados da sociedade civil. Também contribuímos com a formação de recursos humanos qualificados dentro da perspectiva da defesa da educação pública de qualidade. Um exemplo disso é que cinco de nossos orientandos de graduação e pós-graduação participaram da pesquisa. Outra ‘trincheira’ fundamental é o ativismo, como o exercido pela CLADE e pelas entidades ligadas a ela. Esse conjunto de organizações levam suas posições e argumentos para inúmeros fóruns de discussão, disputando orientações em agências como a Unesco, [Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura], Fórum Mundial de Educação, Organização dos Estados IberoAmericanos [OEI] etc”.
METODOLOGIA
O estudo “Tendências da privatização da educação na América Latina e no Caribe” exigiu um grande esforço por parte dos pesquisadores, de acordo com a professora Theresa Adrião. Inicialmente, foi realizado um levantamento das Constituições e das legislações nacionais relativas à educação básica. Num segundo momento, um questionário foi encaminhado para as organizações que integram a CLADE e para especialistas em política educacional dos 15 países contemplados na investigação, indicados por essas organizações. “A análise das respostas possibilitou a construção de um inventário acerca da percepção que as organizações e os especialistas têm sobre os processos de privatização”, esclarece a docente da FE.
Por último, os participantes da pesquisa buscaram dados estatísticos que pudessem subsidiar a compreensão do fenômeno da privatização. “Para os países em que havia dados disponíveis, consideramos a taxa de matrícula na educação básica nas redes pública e privada durante o período de 2005 a 2011. Também consideramos informações disponíveis nas bolsas de valores dos países da região, para identificar a abertura de empresas da área da educação nos principais mercados de capitais”, pormenoriza a professora Theresa Adrião. O relatório completo do estudo coordenado pela CLADE pode ser acessado aqui.

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México: ¿La educación pública es de veras gratuita?

21 de octubre de 2015

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Uruguay: la lucha por el presupuesto y la privatización de la educación

En medio de un conflicto por la educación que ha ido escalando, y que incluyó multitudinarias marchas, tomas y represión policial, el Congreso uruguayo discute el presupuesto quinquenal que tiene en el centro del debate la partida destinada a la educación. Todo indica que no se logrará el 6% del PBI que reclaman docentes y estudiantes.
Fuente: Marcha | Por Brisa de Giacomi

Desde hace más de dos meses, Uruguay está movilizado por la discusión del presupuesto quinquenal, el cual tiene como principal punto de debate el financiamiento destinado para la educación. Esto ha llevado a diversas movilizaciones de los gremios docentes -tanto del nivel primario, secundario y terciario- y de estudiantes, con apoyo de la central sindical PIT-CNT, lo cual generó diversas reacciones del Gobierno, que lejos está de promover la negociación como medio para alcanzar acuerdos.
A pesar de que se sabía que la lucha presupuestal en la educación iba a ser un punto de tensión para el gobierno -en la campaña el presidente Tabaré Vázquez aseguró que se dedicaría el 6% del PBI a la educación y ahora apenas propone el 4,7% para 2017-, el Poder Ejecutivo recién presentó su propuesta a mediados de agosto, imposibilitando negociar con tiempo y tranquilidad. A la vez, han centrado su accionar en la represión de la movilización en lugar de priorizar espacios de intercambio.
Manipulación discursiva en relación a las demandas
Las demandas presentadas por docentes y estudiantes son amplias y trascienden el aspecto salarial. Que desde los medios sólo se destaquen las demandas salariales tiene un sentido de realidad, ya que los salarios consumen gran parte del presupuesto de la educación, pero a su vez tiene un sentido estratégico al presentar el problema como un conflicto de intereses que atañe a los docentes como trabajadores y no a la educación en general.
Es así como una de las estrategias que ha utilizado el gobierno para contrarrestar el conflicto es presentar a los docentes como irresponsables que priorizan sus demandas corporativas a las necesidades colectivas, quitándoles horas de clase a niños y adolescente.
Pero al especificar el salario docente no sólo se omiten las horas de planificación, salidas comunitarias, etc, que se trabajan y no se pagan, sino que al comparar los salarios docentes con los de otros países, los resultados no son muy alentadores. Según datos de la encuestas Pisa 2012, un docente de educación media gana en promedio el 123% del PBI per cápita, mientras que en Uruguay dicho guarismo es de un 78%. Los salarios de los profesores en relación con el PBI ubican al país en el puesto 47 de los 53 países relevados.
Una demanda que ha pasado desapercibida es la mejora en infraestructura, que responde al diagnóstico de la existencia de muchos centros que no cubren las condiciones mínimas de estudio y trabajo, siendo edificios inadecuados y en mal estado; a la vez que los grupos superpoblados son muestra de la necesidad de construir nuevos centros educativos que permitan una mejor atención a los estudiantes.
Otro punto central de las demandas es la necesidad de aumentar el personal docente y no docente y la creación de nuevos cargos, como ser el aumento y mejora de los equipos multidisciplinarios que permitan atender las diversas necesidades que presenta actualmente el sistema educativo.
Finalmente, se reclama el trabajo conjunto de los diferentes entes relacionados con la educación para pensar mejoras en el sistema educativo que permitan resolver problemas vinculados a la cuestionada calidad académica y desigualdad educativa, que se expresan en una alta deserción estudiantil, principalmente en secundaria y en zonas de bajos ingresos, acompañado de una pérdida de confianza en el sistema educativo público.
En estos momentos, el presupuesto quinquenal está en debate en el Parlamento. Una lectura primaria de los distintos proyectos y su comparación dice que en los próximos dos años (2016-2017), lo que el Gobierno entiende por “gasto educativo” pasará del 4,51% del PBI en este 2015 a un 4,7% en 2017; es decir, muy lejos el 6% del PBI que reclama la comunidad educativa. Es claro, entonces, que una gran parte de las demandas docentes quedarán por el camino, en particular la creación de cargos y la construcción de nuevos edificios.
Del decreto de esencialidad al desalojo represivo del Codicen
Ante la ola de huelgas docentes y marchas, el 26 de agosto se decretó la “esencialidad” para los servicios educativos de todos los niveles. Es decir, que los docentes debían deponer el paro y acudir a dar clase “por decreto”, algo que no sucedía desde el retorno a la democracia. Este hecho no sólo interrumpió las negociaciones que venían realizándose entre los sindicatos educativos y el gobierno, sino que dividió al sistema político entre quienes apoyaron la medida y quienes la rechazaron, a la vez que impulsó una de las marchas en defensa de la educación pública más multitudinarias en el país en los últimos años.
Luego de cinco días, y debido a la presión tanto sindical como política, el decreto de esencialidad fue levantado, pero dejó como secuela un ámbito de negociación fracturado caracterizado por la desconfianza entre los diversos actores que venían participando del mismo.
Casi un mes después, el 22 de setiembre, la policía desalojó violentamente a estudiantes secundarios que mantenía ocupada la sede del Consejo Directivo Central (Codicen). Estudiantes, docentes y grupos sindicales que estaban esa noche custodiando la entrada al Codicen denunciaron el uso de fuerza desmedido.
Este hecho derivó en el procesamiento sin prisión de hasta hoy nueve personas, entre ellas diversos dirigentes sindicales, quienes denuncian arrestos irregulares que se realizaron sin orden judicial y por policías vestidos de civil.
Ambos hechos generaron el rechazo de los diferentes sindicatos de la educación y del PIT-CNT, quienes denunciaron la judicialización y criminalización de la protesta. El desalojo del Codicen desvío el tema central de debate en relación al presupuesto.
¿Y ahora qué?
El presupuesto finalmente se va a aprobar y todo indica que no será alcanzando el 6% reclamado para la educación. El conflicto deja un espacio de negociación totalmente fracturado, con un Gobierno que elije enfrentarse a los sindicatos en lugar de buscar acuerdos, lo cual demostró desde el inicio con el nombramiento de María Julia Muñoz como titular del Ministerio de Educación y Cultura con el objetivo de “lidiar” con los “gremios complicados”. Y un conglomerado de sindicatos con un conjunto de demandas que aún no alcanzan un nivel de agregación y que tienden a establecerse más en términos de negación que prepositivos.
Es así que frente a un sistema educativo que demuestra graves falencias, expresadas en los altos guarismo de deserción estudiantil así como de repetición, baja calidad académica y desvalorización del sistema educativo público, el gobierno responde responsabilizando de todas las fallas a los docentes, degradando su función y proponiendo una gestión por resultados centrada en la medición de la productividad.
A la vez que desvaloriza al sistema público de educación impulsando medidas que tienden a la privatización de la enseñanza, ampliando las posibilidades para que las empresas educativas privadas participen del presupuesto estatal y ampliando la cobertura de las mismas, por ejemplo, implementando el sistema de vouchers que anunció el presidente. Se perciben así un conjunto de medidas desagregadas que parecerían tender más a la desarticulación de la educación pública que a buscar soluciones para sus problemas.
Del otro lado, un conjunto de sindicatos que a pesar de presentar diversas demandas no parecen tener propuestas concretas para revertir la desvalorización del sistema educativo, o al menos no parecen ser eficientes en difundir sus demandas en términos generales más allá del aspecto salarial, para que los demás actores de la comunidad educativa, – padres, estudiantes, vecinos, etc- sean partícipes en la construcción de las mismas.

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Brasil: Comitê da ONU expressa preocupação com privatização da educação pública e cortes orçamentários

Após ter recebido a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Anced, a Ação Educativa e a Conectas para reunião fechada realizada em caráter excepcional em Genebra (Suiça), o Comitê incorpora todos os pontos apresentados pela sociedade civil em suas recomendações ao Brasil
Fonte: Campanha Nacional pelo Direito à Educação

“Aumentar os fundos para o setor da educação, a fim de fortalecer a educação pública e priorizar a implementação do Plano Nacional de Educação e, ao fazê-lo, asseguram que, em casos de escassez de recursos, atribuições às instituições de ensino públicas sejam priorizadas”. É o que recomenda o Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU ao Estado Brasileiro em seu relatório final que acaba de ser divulgado com as conclusões sobre a situação dos direitos das crianças no Brasil. O Comitê também destaca a importância “da Emenda Constitucional nº 59 de 2009, tornando obrigatória a educação para crianças entre 4 e 17 anos de idade”, mas no entanto, expressa a preocupação com os “cortes orçamentais no setor da educação, e os seus efeitos negativos sobre a implementação do Plano Nacional de Educação”.
Essa recomendação incorpora a principal mensagem levada à ONU em Genebra pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em documento produzido em parceria com a Anced, Ação Educativa e Conectas. Em caráter excepcional, após a solicitação da sociedade civil, os membros do Comitê receberam as organizações em reunião fechada horas antes do início da Sessão com o Estado Brasileiro, que foi realizada nos dias 21 e 22 de setembro, durante a 70º Sessão em Genebra. Agora, o resultado concreto desta incidência é evidenciado com a divulgação das recomendações do Comitê ao Estado Brasileiro, o qual incorpora todos os pontos alertados pela Campanha e entidades parceiras.
Durante a reunião fechada com membros do Comitê, a Campanha apresentou o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e foi a primeira organização a entregar ao Comitê a versão traduzida para o inglês da íntegra da lei do PNE (Lei 13.005/2014) e dos Royalties do Petróleo para Educação (Lei 12.858/2013), além de dossiê produzido em parceria com a Ação Educativa “Privatização da educação e violação de direitos no Brasil: apontamentos para o Comitê dos Direitos da Criança”, documento anexo ao II Relatório Alternativo sobre os Direitos da Criança apresentado ao Comitê pela Anced. A Campanha ressaltou durante sua apresentação ao Comitê os impactos negativos da privatização da educação; os cortes sociais de 2015 e os riscos ao Plano Nacional de Educação (PNE) e necessidade de ampliação do investimento em infraestrutura, a militarização das escolas públicas e os retrocessos na promoção da igualdade de gênero nos planos municipais de educação, temas agora incorporados nas recomendações oficiais da ONU ao Brasil.
A seguir, as recomendações relativas a itens destacados do relatório – tradução não-oficial feita pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Sobre PNE, acesso, qualidade e militarização (item de número 74)
(A) investir na melhoria da infra-estrutura escolar, incluindo o acesso à água e saneamento, particularmente nas áreas rurais e remotas; alocar recursos humanos adequados, assim como recursos técnicos e financeiros para essas escolas, e proporcionar uma formação de qualidade para os professores, com vistas a garantir a acessibilidade e a qualidade da educação para as crianças indígenas e as crianças que vivem em áreas rurais e remotas;
(B) abordar as causas do abandono escolar entre as crianças que vivem em áreas urbanas, incluindo a pobreza, a violência familiar, trabalho infantil e gravidez na adolescência, e desenvolver uma estratégia abrangente para resolver o problema; as medidas incluem o apoio para adolescentes grávidas e mães adolescentes para o não-abandono escolar;
(C) aumentar os fundos para o setor da educação, a fim de fortalecer a educação pública e priorizar a implementação do Plano Nacional de Educação e, ao fazê-lo, assegurar que, em casos de escassez de recursos, atribuições às instituições de ensino públicas devem ser priorizadas;(D) certificar-se de que todas as escolas sejam operadas por autoridades civis, funcionando sob regras disciplinares e métodos pedagógicos amigos da criança; e retirar progressivamente as escolas da gestão militar.
Sobre a privatização: 
O Comitê está preocupado com o aumento da participação do setor privado, na educação, em especial:(A) as altas taxas nas escolas privadas que exacerbam a discriminação estrutural existente no acesso à educação e reforçam as desigualdades educacionais;
(B) o aumento do financiamento público para o setor de educação privada, incluindo a estabelecimentos de ensino com fins lucrativos, bem como sob a forma de incentivos fiscais e tributários para matrículas no financiamento privado para a educação e creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino especial através de parcerias público-privadas (“conveniamentos”); e,
(C) a compra pelos municípios de sistemas de ensino apostilados e sistemas de gestão escolar de empresas privadas, que incluem materiais de ensino e formação de professores e da escola.
Recomendações:
(A) estabelecer um quadro regulamentar claro, segundo o qual todos os fornecedores privados de educação são obrigados a comunicar ao público designado regularmente as suas operações financeiras, em conformidade com as regulamentações prescritivas, abrangendo questões como mensalidades escolares e salários, e declarar, de uma forma totalmente transparente, que não estão envolvidos na educação com fins lucrativos, como recomendado pelo relator especial sobre o direito à educação.
(B) encerrar a transferência de recursos públicos para o setor do ensino privado, e revisão no que diz respeito a incentivos fiscais e tributários para matrícula nas instituições de ensino privadas, a fim de garantir o acesso à educação de qualidade gratuita em todos os níveis, particularmente em creches e pré-escolas, para todas as crianças por priorizar estritamente o sector da educação pública, na distribuição dos recursos públicos; e,
(C) acabar com a compra de sistemas de ensino e de gestão escolar padronizados pelos municípios de empresas privadas.
 
Sobre Discriminação e Gênero:
O Comitê manifesta preocupação com a discriminação estrutural contra as crianças indígenas e afro-brasileiras, crianças com deficiência, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais (LGBTI) crianças, crianças em situação de rua e crianças que vivem nas zonas rurais, remotas e marginalizadas áreas urbanas, incluindo favelas.
A Comissão está seriamente preocupada também com a eliminação das estratégias contra a discriminação com base no sexo, orientação sexual e raça, que foram removidos a partir dos Planos de vários estados Educação. Além disso, está preocupada com as atitudes patriarcais e estereótipos discriminatórios de gênero contra as meninas e mulheres.
O Comitê recomenda que o Estado Parte:
(A) reforce os seus esforços para combater a discriminação, a exclusão social e estigmatização das crianças que vivem na pobreza em áreas urbanas marginalizadas, como favelas, crianças em situação de rua, bem como as crianças e as meninas afro-brasileiros e indígenas;
(B) decrete legislação para proibir a discriminação ou a incitação da violência com base na orientação sexual e identidade de gênero e dê sequência ao projeto !Escolas sem Homofobia”; e,
(C) priorizar a eliminação de atitudes patriarcais e estereótipos de gênero, nomeadamente através de programas educacionais e de sensibilização.
Sobre Educação Inclusiva:
O Comitê reconhece a importância da adoção da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva em 2008. No entanto, o Comitê está preocupado com a continuação da educação especial segregada para as crianças com deficiências em vários estados, inclusive em São Paulo, Minas Gerais, e Paraná, bem como através do estabelecimento de escolas especiais, com menção à meta 4 do Plano Nacional de Educação que perpetua uma educação segregada para crianças com deficiências.
O Comitê recomenda ao Estado Parte a adotar uma abordagem baseada nos direitos humanos com a deficiência e tomar todas as medidas para acabar com os sistemas de educação especial em todos os estados e realizar iniciativas de sensibilização junto a professores e pais sobre os benefícios da educação inclusiva. A este respeito, o Comitê recomenda que o Estado deve empregar professores especializados em número suficiente, fornecendo aos profissionais em classes integradas o apoio pessoal e toda a atenção necessária para crianças com dificuldades de aprendizagem.
Além disso o Comitê recomenda que o Estado Parte:
(A) prontamente investigue casos de violência contra crianças e abuso de, entre outros, em instituições e garantir serviços de apoio às vítimas;
(B) estabeleça um mecanismo de denúncia para crianças, acessíveis a crianças com diferentes tipos de deficiência e garantir que as agências de aplicação da lei da polícia e outros levem devidamente em conta as queixas apresentadas por crianças com deficiência;
(C) rever imediatamente Lei nº 9263/1996 e explicitamente proibir a esterilização das crianças com deficiência;
(D) assegurar o acesso aos cuidados e medidas de apoio médico para todas as crianças com deficiência e facilitar a obtenção de exames médicos;
(E) realizar campanhas para funcionários do governo, o público e as famílias para combater a discriminação e o preconceito contra as crianças com deficiência e promover uma imagem positiva destas crianças; e,
(F) rever o sistema de dados sobre violações dos direitos das crianças (SIPIA-CT), com vista a assegurar a recolha de dados abrangentes sobre o abuso das crianças com deficiência.

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Organizaciones de la sociedad civil internacional cuestionan el apoyo del gobierno británico a escuelas privadas

15 de octubre de 2015

En este 15 de octubre, se lanza un informe que comenta el papel de Reino Unido en el fomento a la privatización de la educación en África y Asia
Fuente: GI-ESCR | Traducción: #Contracorriente

Representantes de la sociedad civil internacional han expresado su preocupación por el hecho de que el gobierno británico pueda estar violando el derecho a la educación con su apoyo al aumento del número de escuelas privadas en África y en el Sur de Asia. Organizaciones internacionales y británicas y sindicatos de docentes se han sumado a la sociedad civil de países como Kenia, Uganda y Gana*, para condenar la utilización cada vez más frecuente de recursos de la ayuda británica para apoyar escuelas privadas con ánimo de lucro, en particular las llamadas escuelas privadas de bajo costo, que promueven la desigualdad, creando segregación y socavando el derecho a la educación.
Dichas organizaciones lanzan hoy (15 de octubre) un informe en que comentan el apoyo del gobierno británico a la privatización de la educación. El informe – es el primero de este tipo – manifiesta que el Reino Unido está posiblemente violando los derechos humanos al apoyar a escuelas privadas con ánimo de lucro que cobran aranceles. De hecho, investigaciones han expuesto que dichas escuelas:

• Cobran aranceles, lo que además transgrede la obligación de los Estados de proveer educación primaria gratuita, y que además son inasequibles para las familias más vulnerables económicamente.
• Crean y atrincheran desigualdades en países como Gana, Kenia y Uganda, y discriminan a los grupos marginados, como las niñas.
• No ofrecen educación de calidad. Por ejemplo, en escuelas privadas de bajo costo las maestras y maestros no suelen tener calificación ni formación.

Esas organizaciones también han sometido informes a dos Comités de derechos humanos de la ONU (el Comité sobre los Derechos del Niño y el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), para analizar la legalidad, según la ley de derechos humanos, del apoyo del Reino Unido a las escuelas con ánimo de lucro en países en desarrollo. Los dos Comités están en este momento revisando los materiales sobre derechos humanos en el Reino Unido, que incluyen los dos informes sometidos. Las sesiones de revisión previa tuvieron lugar los días 5 y 14 de octubre de 2015 y servirán de preparación para la revisión formal del país el próximo año.
El gobierno británico ha ampliado cada vez más la inversión en iniciativas privadas de todo tipo, pero esto es particularmente visible en la educación. En 2012, el Departamento para el Desarrollo Internacional (DfID, por su acrónimo en inglés) afirmó que: “la iniciativa privada no es solo una productora de riqueza, sino también es proveedora de servicios básicos fundamentales”, mientras su Análisis de Posición sobre la Educación en 2013 propuso “desarrollar nuevas alianzas en el espectro público-privado”.
Les preocupa a las y los representantes de la sociedad civil que DfiD pueda tener motivaciones ideológicas. Citan la investigación realizada por el mismo DfiD que descubrió que “docentes de escuelas privadas con frecuencia tienen menos calificación formal, bajos salarios y pocas garantías de permanencia en el empleo” y que es “ambiguo que las escuelas privadas lleguen a los lugares en que se encuentran las personas más vulnerables económicamente” y “que las personas más vulnerables económicamente tengan condiciones de pagar los aranceles de la escuela privada”. Dicha investigación también confirma que “las niñas tienen menor probabilidad de acceder a escuelas privadas que los niños”.
Delphine Dorsi, de Right to Education Project enfatizó que:
“La educación es un derecho humano. Los Estados tienen la obligación de garantizar su plena realización para todas las personas, tanto a nivel nacional como internacional. Esto incluye la obligación de apoyar la implementación de la educación gratuita de calidad, y seguramente de no obstruir los esfuerzos de los países en desarrollo para proveer educación gratuita”.
Sobre el aumento de los actores privados en la educación en Uganda, Salima Namusobya, de la Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos en Uganda dijo:
“Realizamos investigaciones sobre el impacto del aumento de los actores privados en la educación, demostrando que ello ha creado y profundizado desigualdades, y no mejorado la calidad. De forma que el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación el último mes de junio ante la ‘ampliación de la brecha en el acceso a la educación de calidad, resultante del aumento en la provisión privada de educación’. Sin embargo, no entendemos por qué el DfiD apoya a las escuelas privadas con ánimo de lucro y de baja calidad, cuando Uganda se encuentra frente a una carencia crucial de fondos para enfrentar los desafíos del sistema público de educación, que atiende a las personas más marginadas”.
Sylvain Aubry, de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, confirmó:
“Hemos estado trabajando e desarrollando investigaciones en ocho países en desarrollo, en conjunto con organizaciones nacionales y comunitarias, demostrando el impacto negativo en los derechos humanos del crecimiento descontrolado de la educación privada, en particular, el efecto de producir segregación socioeconómica. Logramos que organismos  de expertas/os en derechos humanos, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, el Consejo de Derechos Humanos y docenas de organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo expresaran preocupación sobre ese tema. Sin embargo, el Reino Unido continúa liderando el apoyo a las escuelas privadas”.
David Archer, de ActionAid dijo:
“La educación representa hoy una nueva frontera para la privatización. Así como sucede en el sector del agua desde hace 30 años, las empresas multinacionales piensan que entrar en el sector de provisión de educación trae un retorno financiero rápido. Pero ya sabemos que esto va a socavar el derecho de las niñas y niños a la educación. Esto quiere decir que la educación no más será una fuerza de promoción de equidad en la sociedad – una vez que el nivel de educación que las niñas y niños recibirán va a depender de la capacidad de sus madres y padres de pagar por ella. Sistemas de educación estratificados van a conducir a sociedades más desiguales e injustas. Creemos que esto está equivocado y que las personas de los países afectados también creen que esto es un error. Por esa razón, publicamos este informe el día de hoy y pedimos al DfiD y al Comité Selecto de Desarrollo Internacional que examinen sus inversiones actuales en ese sector”.
Nick Dearden, de Global Justice Now, añadió:
“El gobierno británico es líder mundial en la utilización del dinero de la ayuda para impulsar la educación privatizada en África y Asia. Tratan a estos continentes como conejillos de indias de un modelo que también se está implementando cada vez más aquí – apoyar a la educación con ánimo de lucro sin necesidad. Es chocante que el presupuesto de la ayuda se esté utilizando para abastecer los bolsillos de las multinacionales de la educación”.
Por último, Christine Blower, del Sindicato Nacional de Docentes de Reino Unido, dijo:
“La educación es un derecho humano y civil y un bien público. Nada en las políticas de ayuda del Reino Unido debe socavar este principio. Nítidamente, al promover la privatización en Asia y África, DfiD amenaza el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Hasta ahora tuvimos evidencias anecdóticas pero ahora tenemos evidencias científicas que muestran la escala del problema. Esto tiene que acabar”.
El informe será lanzado al público este 15 de octubre de 2015, en Londres.
Entre las y los ponentes confirmadas/os están:

• Delphine Dorsi (Coordinadora Ejecutiva, Right to Education Project)
• Polly Jones (Jefe de Campañas, Global Justice Now)
• Christine Blower (Secretaria General, Sindicato Nacional de Docentes)
• Salima Namusobya (Directora, Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos, Uganda)
• Sylvia Mbataru (Incidencia Política y Legislativa, The CRADLE, Kenya)

Recursos:

• Informe sobre el apoyo del Reino Unido a la educación privada en países en desarrollo: http://bit.ly/1hDObw5
• Resumen ejecutivo del informe: http://bit.ly/1Nce5Cg
• Más información sobre las investigaciones del tema: http://bit.ly/privatisationproject
• Informe sometido al Comité sobre los Derechos del Niño: https://shar.es/1urh7q
• Informe sometido al Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: https://shar.es/1urhxX

Nota:
* Los informes han sido sometidos al Comité sobre los Derechos del Niño y al Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el Right to Education Project con el apoyo de: ActionAid International, ActionAid UK, Association of Teachers and Lecturers, Center for Public Interest Law, Child Rights International Network, East African Centre for Human Rights, Eastern Africa Collaboration on Economic, Social and Cultural Rights, the Economic and Social Rights Centre-Hakijamii, Education International, Federation of Education NGO’s in Uganda, Ghana National Education Campaign Coalition, Global Campaign for Education, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Global Justice Now, Human Rights Advocacy Centre, Human Rights Network for Journalists, Initiative for Social and Economic Rights in Uganda, International Commission of Jurists – Kenyan Section, Kenya National Union of Teachers, Kenya Youth Foundation, Mathare Association, National Union of Teachers, Privatisation in Education Research Initiative, Soweto Forum, Uganda National Teachers’ Union, University and College Union y Women Uganda.

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Estudio analiza el impacto de las políticas de austeridad en la profesión docente

14 de octubre de 2015

Empreendido por la Internacional de la Educación, el estudio también elucida cómo las políticas de austeridad en el sector de educación socavan la educación gratuita, de calidad para todas las personas

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Alianzas Público-Privadas en educación: informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación

El Relator Especial examina las alianzas público-privadas relativas a la educación, que están ligadas indisolublemente al rápido avance de la privatización. Pone de relieve sus repercusiones en el derecho a la educación y los principios de justicia social y equidad. Por último, formula una serie de recomendaciones con miras a elaborar un marco normativo eficaz y unas estrategias de ejecución de las alianzas público-privadas en el ámbito de la educación, en cumplimiento de las obligaciones de los Estados relativas al derecho a la educación, conforme a lo establecido en las convenciones y convenios internacionales de derechos humanos, y la necesidad de salvaguardar la educación como un bien público.
Descárgalo: El derecho a la educación. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación. Kishore Singh, Septuagésimo Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015.
[Fuente del texto: Right to Education Project]

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