Foto: François Bianco[/caption]
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra Mujeres (CEDAW) está preparando una Recomendación General sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres. Este documento que será producido por el Comité tendrá el objetivo de orientar la interpretación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.
Con este propósito, el Comité promoverá un debate sobre este tema el día 7 de julio. Asimismo, organizaciones no gubernamentales y expertas/os están invitados a enviar sus contribuciones por escrito a la recomendación general de CEDAW hasta el 20 de junio [cliquea aquí para mayor información].
De manera a preparar su contribución, que abordará el impacto de las privatizaciones que tienen lugar en el campo educativo para el derecho a la educación de las niñas y mujeres, la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Right to Education Project invitan a las organizaciones interesadas a enviar sus aportes. Las convocantes han desarrollado investigaciones y reflexiones sobre la privatización de y en la educación desde una perspectiva de derechos humanos y pretenden presentar ante la CEDAW algunos de los hallazgos de estos estudios, en lo que toca a la educación de las niñas y mujeres.
Para el envío de aportes, que pueden ser reflexiones, datos y comentarios, bien como información y evidencias recopiladas desde organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo educativo, se invita a las personas y organizaciones interesadas a guiarse por las siguientes preguntas:
1. ¿En su mirada, la privatización de y en la educación ha contribuido a la exclusión de mujeres y niñas en el acceso igualitario de oportunidades educacionales, o, por otro lado, les ha impedido de realizar su derecho a la educación en igualdad de condiciones con hombres y niños? ¿Si la respuesta es afirmativa, podría darnos algunos ejemplos?
2. ¿La privatización de y en la educación resultó en otros impactos negativos para niñas y mujeres, como el uso de currículos no sensibles a la cuestión de género o la propagación de estereotipos de género? ¿En caso afirmativo, podría darnos algunos ejemplos?
3. ¿Su organización tiene alguna investigación o estudio de caso específico que destaque el impacto de la privatización para las niñas y mujeres?
4. ¿En su mirada, cuáles son los mensajes clave que se deben comunicar al Comité de la CEDAW sobre el tema del impacto de la privatización de y en la educación sobre niñas y mujeres?
Se pide enviar los aportes a:
- Delphine Dorsi, del Right to Education Project: delphine.dorsi@actionaid.org
- Mayra Gomez, de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: mayra@globalinitiative-escr.org
- O participando directamente en el foro virtual por el derecho a la educación
Consulta va a evaluar el impacto de la privatización en el campo educativo para la educación de las niñas y mujeres
16 de junio de 2014La Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Right to Education Project preparan un documento para presentar ante el CEDAW, respecto al impacto, para el derecho a la educación de las niñas y mujeres, de las privatizaciones en el campo educativo. Piden que las organizaciones interesadas envíen sus aportes hasta el 20 de junio
Fuente: Right to Education Project [click to read this post in English]
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra Mujeres (CEDAW) está preparando una Recomendación General sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres. Este documento que será producido por el Comité tendrá el objetivo de orientar la interpretación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.
Con este propósito, el Comité promoverá un debate sobre este tema el día 7 de julio. Asimismo, organizaciones no gubernamentales y expertas/os están invitados a enviar sus contribuciones por escrito a la recomendación general de CEDAW hasta el 20 de junio [cliquea aquí para mayor información].
De manera a preparar su contribución, que abordará el impacto de las privatizaciones que tienen lugar en el campo educativo para el derecho a la educación de las niñas y mujeres, la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Right to Education Project invitan a las organizaciones interesadas a enviar sus aportes. Las convocantes han desarrollado investigaciones y reflexiones sobre la privatización de y en la educación desde una perspectiva de derechos humanos y pretenden presentar ante la CEDAW algunos de los hallazgos de estos estudios, en lo que toca a la educación de las niñas y mujeres.
Para el envío de aportes, que pueden ser reflexiones, datos y comentarios, bien como información y evidencias recopiladas desde organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo educativo, se invita a las personas y organizaciones interesadas a guiarse por las siguientes preguntas:
1. ¿En su mirada, la privatización de y en la educación ha contribuido a la exclusión de mujeres y niñas en el acceso igualitario de oportunidades educacionales, o, por otro lado, les ha impedido de realizar su derecho a la educación en igualdad de condiciones con hombres y niños? ¿Si la respuesta es afirmativa, podría darnos algunos ejemplos?
2. ¿La privatización de y en la educación resultó en otros impactos negativos para niñas y mujeres, como el uso de currículos no sensibles a la cuestión de género o la propagación de estereotipos de género? ¿En caso afirmativo, podría darnos algunos ejemplos?
3. ¿Su organización tiene alguna investigación o estudio de caso específico que destaque el impacto de la privatización para las niñas y mujeres?
4. ¿En su mirada, cuáles son los mensajes clave que se deben comunicar al Comité de la CEDAW sobre el tema del impacto de la privatización de y en la educación sobre niñas y mujeres?
Se pide enviar los aportes a:
- Delphine Dorsi, del Right to Education Project: delphine.dorsi@actionaid.org
- Mayra Gomez, de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: mayra@globalinitiative-escr.org
- O participando directamente en el foro virtual por el derecho a la educación
A ação deliberada da grande mídia para privatização do ensino público das universidades paulistas
9 de junio de 2014Estudantes de Geociências da Universidade de Campinas (Unicamp), Brasil, discutem cobertura favorável à privatização da educação superior na imprensa brasileira
Fonte: Neociências Unicamp – Greve 2014
No último domingo (8/6/2014) o jornal O Globo, lançou na sua versão online um editorial em que demonstra a verdadeira opinião da grande mídia brasileira em relação às universidades PÚBLICAS paulistas – juntando-se à Folha de São Paulo e Estadão, que há semanas vêm deliberadamente reforçando esta mesma ideia.
Dando ênfase ao caso da USP, a Folha sugere que as universidades levantem verbas por conta própria (ou seria por conta dos alunos?), a partir de cobrança de mensalidades, pois, segundo o jornal, a gratuidade favorece as elites e estas podem pagar pelo produto, transformando assim a universidade em um mercado.
De modo deplorável, ignora-se completamente o fato que, se a universidade é elitista, então o processo de seleção através de Vestibular – principal ferramenta de elitização – é o que deve ser combatido. Sem falar da negligência ao remontante processo de massacre da educação básica pública em todo o Estado de São Paulo.
Esta “sugestão” da grande mídia não vem em hora despropositada. A USP declara que se encontra no vermelho, gastando 105% de seu orçamento com folha de pagamento, por conta disso, os reitores das 3 universidades paulistas (USP, UNICAMP, UNESP – no Cruesp) decidem congelar os salários de todos os trabalhadores (funcionários docentes e não docentes) provocando um grande movimento grevista destes e dos alunos.
Entretanto, não são apontados os motivos dessa “crise”, as contas não são demonstradas com transparência e os super salários (incluindo reitores) também não são explicados.
Desde 1955, as três estaduais dividem 9,57% do ICMS arrecadado, sendo que de lá para cá, houve aumento significativo de vagas em sala de aula de graduação, pós-graduação e outras atividades, contudo, sucessivamente os governos tucanos se negam a aumentar a alíquota, ou seja, há uma deliberada intenção em privar e prejudicar as instituições PÚBLICAS.
Além desse fator central, não há nenhuma explicação porquê se gastou milhões de reais na aquisição de uma terreno com solo contaminado para construção do campus da USP Leste, tampouco sobre os motivos que levaram a UNICAMP desembolsar tão rápida e facilmente, R$ 172 milhões na compra da Fazenda Argentina, (cujos proprietários são notórios doadores de campanhas do PSDB) fazendo dobrar a área da Unicamp de modo quase sigiloso e nos momentos finais da gestão do reitor anterior.
Precarizar para privatizar toma sua forma hoje, clara, deliberada e transparente [ao contrário das contas das Universidades] nesse momento!
Por isso temos que fazer ecoar em uníssono nossas vozes :
NÃO ao projeto de PRIVATIZAÇÃO do ensino superior público !
NÃO ao arrocho salarial que desconta nos trabalhadores a gestão irresponsável !
Movimento de Mobilização e Greve do Instituto de Geociências.
Universidade Estadual de Campinas . Junho, 2014.
Es tiempo de detener la privatización de la agenda de desarrollo
6 de junio de 2014“Cuando las empresas establecen la agenda de los gobiernos, socavan la rendición de cuentas y transparencia, y en última instancia, el poder de los gobiernos “, comentó Jens Martens, de Global Policy Forum.
Fuente: Por Lora Verheecke, CSI | Social Watch – Este artículo fue originalmente publicado en Equal Times.
En 2000, las Naciones Unidas anunciaron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para reducir la pobreza en todo el mundo.
Como los objetivos “caducan” el próximo año, los nuevos objetivos se están definiendo en asambleas y pasillos de la ONU.
Algunas de las puertas de la ONU serán cerradas al escrutinio público, pero muy abierto a las corporaciones.
“Este tema va a determinar el futuro de la ONU como tal”, comentó recientemente Guilherme Patriota, miembro de la delegación brasileña ante la ONU.
La ONU se está centrando cada vez más en las asociaciones para el desarrollo con el sector privado, como lo demuestra la idea Ban Ki-moon, de una nueva asociación de las Naciones Unidas con el sector privado.
Sin embargo, durante las negociaciones sobre las “asociaciones para el desarrollo”, la información se está convirtiendo en cada vez menos accesible a las organizaciones de la sociedad civil debido a la presión de las empresas.
La oportunidades abiertas a las grandes empresas en la ONU ya tienen más peso al discurso corporativo… y a sus intereses.
La ayuda al desarrollo se está privatizando progresivamente: una cantidad cada vez mayor de la ayuda, el dinero de los contribuyentes, se está canalizando a las empresas privadas o entidades financieras, sobre todo en los países desarrollados, en lugar de instituciones de beneficencia o de los gobiernos de los países en desarrollo.
Las empresas han encontrado un conflicto de intereses en la agenda del desarrollo.
Desde 2007, las instituciones financieras de desarrollo, especialmente en Europa, han aumentado los flujos financieros al sector privado en casi un doscientos por ciento.
Sin embargo, los estudios han encontrado que en los flujos de ayuda para el sector privado del Banco Europeo de Inversiones y el Banco Mundial, casi la mitad del dinero de la ayuda fue destinado a apoyar a las empresas con sede en países desarrollados y en los paraísos fiscales, mientras que sólo el 25 por ciento de las empresas apoyado tienen base en los países menos desarrollados, a donde la ayuda se canaliza.
Gracias a esto, los gobiernos de los países desarrollados pueden ” externalizar sus responsabilidades de desarrollo”, señala Guilherme Patriota.
Según Jens Martens, de Global Policy Forum, este creciente poder de fijar la agenda de las corporaciones es perjudicial tanto para el sistema multilateral así como también de los propios Estados.
“Cuando las empresas establecen la agenda de los gobiernos, socavan la rendición de cuentas y transparencia, y en última instancia, el poder de los gobiernos “, comentó.
Durante el reciente Congreso Mundial de la CSI, Roberto Bissio de Social Watch recordó a los asistentes cómo “las corporaciones no son responsables ante el pueblo. Cuantas más empresas de energía tienen en el sistema multilateral de la ONU, más desigualdades asistiremos entre y dentro de los países”.
El desarrollo consiste en las personas y sus derechos. Las empresas obtienen beneficios. Es el momento de recordar a las Naciones Unidas que debe poner a las personas por encima de los beneficios.
“Hay una vocación de generar oferta universitaria a quienes les cuesta más acceder y permanecer estudiando.” Foto: Página 12[/caption]
A contramano de lo que sucede en los niveles primario y secundario, la matrícula en las universidades públicas creció en los últimos años en relación con las privadas. La creación de universidades nacionales en sectores antes postergados y la nueva oferta de carreras aparecen como las claves detrás de este fenómeno, según analizó el director del Observatorio educativo de la Universidad Pedagógica (Unipe), Leandro Bottinelli.
Entre 2003 y 2010, sumando a todos los niveles educativos, la matrícula estudiantil del sector privado pasó del 22,7 por ciento al 25,7 del total. Los análisis más alarmistas hablan, a partir de esas cifras, de una “fuga” o un “éxodo” desde el ámbito estatal, principalmente cuando se refieren a las escuelas primarias y secundarias. Sin embargo, esta participación de la matrícula en instituciones privadas no se registró en el caso del nivel universitario.
De acuerdo con las últimas estadísticas del Ministerio de Educación (Anuario 2011), las universidades públicas tenían en ese año unos 233 mil estudiantes más que una década antes, mientras que las privadas contabilizaban 163 mil más. El incremento más intenso se dio hasta 2008 en este último sector, debido a la participación que este modelo de gestión tiene en el total, que ronda alrededor del 20 por ciento. Durante el último período relevado por el Anuario (2010-2011), el ciclo comenzó a invertirse.
“Se combinaron dos factores”, observó Leandro Bottinelli, de la Universidad Pedagógica (Unipe). “Uno tiene que ver con el crecimiento económico que siempre está asociado al avance de la universidad privada, porque las familias tienen mayores ingresos y disponen para gastar en educación”, explicó a Página/12, respecto de la suba de las privadas en el primer período.
A partir de 2008 esta tendencia entró en una meseta y, en contraste, lo que empezó a verse luego fue una inversión del ciclo: el sector estatal creció en un 5,5 por ciento y las privadas, un 4,1. Este fenómeno no sólo tuvo que ver con un factor económico, sino también con el desarrollo de nueva oferta en las universidades públicas, que llegó a sectores geográficos y sociales que hasta entonces se encontraban lejos del ámbito académico. “La creación de universidades y de oferta universitaria en esos territorios es lo que marca la diferencia”, sostuvo Bottinelli.
En los últimos diez años se crearon nueve universidades públicas. Y, si bien en la década anterior también surgieron unas ocho casas de estudios, el punto en cuestión es dónde fueron creadas esas instituciones. “El período reciente está marcado por una vocación de generar oferta universitaria dirigida a grupos sociales a los que les cuesta más acceder y permanecer en la universidad”, añadió el coordinador del Observatorio de la Unipe.
Los datos del Anuario también se pueden cruzar con aquellos que arroja la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Estas cifras muestran que, de 2008 a 2012, todo el crecimiento de estudiantes universitarios que hubo en el conurbano bonaerense pertenece a instituciones públicas.
Los trabajos que generalmente analizan la suba relativa de la matrícula privada desde 2003 suelen poner el foco en otro factor para explicar ese incremento: la calidad educativa. Los documentos acusan en muchos casos una baja calidad en la educación estatal, que provoca luego la migración a la gestión privada. A nivel universitario, este factor está menos problematizado.
“Es probable que si un país se propone tener un sistema universitario reducido, pequeño, de elite, y para formar a un grupo muy específico de la población, sus universidades sean de gran calidad”, asegura Bottinelli. No obstante, para el especialista de la Unipe, el verdadero desafío para el sistema universitario argentino radica en cómo conciliar su carácter democrático y, a la vez, mantener la calidad. “Hay que reivindicar esta historia de bajas restricciones en el acceso y que busca llegar a muchos sectores sociales”, enfatizó y sentenció: “La universidad pública también tiene que decir que quiere una universidad popular y de excelencia”.
Bottinelli cuestionó también la difusión, en los últimos años, de indicadores parciales que relacionan egresados con ingresantes y aparentan demostrar, al reflejar una muy baja relación entre ambas, que también implicaría una baja eficiencia del sistema. “En un sistema tan democrático como el nuestro es esperable que los que se inscriban sean muchísimos”, relativizó el especialista. Para él, la discusión debe centrarse más bien en cómo han evolucionado los egresados. Hoy, la Argentina tiene más de 109 mil egresados al año, un 68 por ciento más que en 2001.
“El indicador suele ser la tasa de egreso y, efectivamente, es inferior a Brasil y a Chile, donde las universidades tienen una vocación distinta. En Chile es un sistema mercantilizado y en Brasil hay universidades de elite con exámenes de ingreso muy exigentes”, puntualizó.
Tras el incremento en la matrícula, Bottinelli consideró que la pregunta que quedaría para la universidad estatal es cómo mejorar la trayectoria de los estudiantes y sostener la calidad y el nivel académico. Y, a la vez, abrir todos los canales necesarios entre la sociedad y la propia universidad para que ésta pueda devolverle a la comunidad todo lo que recibe de los presupuestos estatales.
">Argentina: La primacía del sector público en la enseñanza superior
4 de junio de 2014La creación de universidades dirigidas a sectores sociales antes excluidos y la nueva oferta de carreras explican la preeminencia del sistema público sobre el privado, sostiene el coordinador del Observatorio educativo de la Unipe, Leandro Bottinelli.
Fuente: Página 12 | Aldana Vales
A contramano de lo que sucede en los niveles primario y secundario, la matrícula en las universidades públicas creció en los últimos años en relación con las privadas. La creación de universidades nacionales en sectores antes postergados y la nueva oferta de carreras aparecen como las claves detrás de este fenómeno, según analizó el director del Observatorio educativo de la Universidad Pedagógica (Unipe), Leandro Bottinelli.
Entre 2003 y 2010, sumando a todos los niveles educativos, la matrícula estudiantil del sector privado pasó del 22,7 por ciento al 25,7 del total. Los análisis más alarmistas hablan, a partir de esas cifras, de una “fuga” o un “éxodo” desde el ámbito estatal, principalmente cuando se refieren a las escuelas primarias y secundarias. Sin embargo, esta participación de la matrícula en instituciones privadas no se registró en el caso del nivel universitario.
De acuerdo con las últimas estadísticas del Ministerio de Educación (Anuario 2011), las universidades públicas tenían en ese año unos 233 mil estudiantes más que una década antes, mientras que las privadas contabilizaban 163 mil más. El incremento más intenso se dio hasta 2008 en este último sector, debido a la participación que este modelo de gestión tiene en el total, que ronda alrededor del 20 por ciento. Durante el último período relevado por el Anuario (2010-2011), el ciclo comenzó a invertirse.
“Se combinaron dos factores”, observó Leandro Bottinelli, de la Universidad Pedagógica (Unipe). “Uno tiene que ver con el crecimiento económico que siempre está asociado al avance de la universidad privada, porque las familias tienen mayores ingresos y disponen para gastar en educación”, explicó a Página/12, respecto de la suba de las privadas en el primer período.
A partir de 2008 esta tendencia entró en una meseta y, en contraste, lo que empezó a verse luego fue una inversión del ciclo: el sector estatal creció en un 5,5 por ciento y las privadas, un 4,1. Este fenómeno no sólo tuvo que ver con un factor económico, sino también con el desarrollo de nueva oferta en las universidades públicas, que llegó a sectores geográficos y sociales que hasta entonces se encontraban lejos del ámbito académico. “La creación de universidades y de oferta universitaria en esos territorios es lo que marca la diferencia”, sostuvo Bottinelli.
En los últimos diez años se crearon nueve universidades públicas. Y, si bien en la década anterior también surgieron unas ocho casas de estudios, el punto en cuestión es dónde fueron creadas esas instituciones. “El período reciente está marcado por una vocación de generar oferta universitaria dirigida a grupos sociales a los que les cuesta más acceder y permanecer en la universidad”, añadió el coordinador del Observatorio de la Unipe.
Los datos del Anuario también se pueden cruzar con aquellos que arroja la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Estas cifras muestran que, de 2008 a 2012, todo el crecimiento de estudiantes universitarios que hubo en el conurbano bonaerense pertenece a instituciones públicas.
Los trabajos que generalmente analizan la suba relativa de la matrícula privada desde 2003 suelen poner el foco en otro factor para explicar ese incremento: la calidad educativa. Los documentos acusan en muchos casos una baja calidad en la educación estatal, que provoca luego la migración a la gestión privada. A nivel universitario, este factor está menos problematizado.
“Es probable que si un país se propone tener un sistema universitario reducido, pequeño, de elite, y para formar a un grupo muy específico de la población, sus universidades sean de gran calidad”, asegura Bottinelli. No obstante, para el especialista de la Unipe, el verdadero desafío para el sistema universitario argentino radica en cómo conciliar su carácter democrático y, a la vez, mantener la calidad. “Hay que reivindicar esta historia de bajas restricciones en el acceso y que busca llegar a muchos sectores sociales”, enfatizó y sentenció: “La universidad pública también tiene que decir que quiere una universidad popular y de excelencia”.
Bottinelli cuestionó también la difusión, en los últimos años, de indicadores parciales que relacionan egresados con ingresantes y aparentan demostrar, al reflejar una muy baja relación entre ambas, que también implicaría una baja eficiencia del sistema. “En un sistema tan democrático como el nuestro es esperable que los que se inscriban sean muchísimos”, relativizó el especialista. Para él, la discusión debe centrarse más bien en cómo han evolucionado los egresados. Hoy, la Argentina tiene más de 109 mil egresados al año, un 68 por ciento más que en 2001.
“El indicador suele ser la tasa de egreso y, efectivamente, es inferior a Brasil y a Chile, donde las universidades tienen una vocación distinta. En Chile es un sistema mercantilizado y en Brasil hay universidades de elite con exámenes de ingreso muy exigentes”, puntualizó.
Tras el incremento en la matrícula, Bottinelli consideró que la pregunta que quedaría para la universidad estatal es cómo mejorar la trayectoria de los estudiantes y sostener la calidad y el nivel académico. Y, a la vez, abrir todos los canales necesarios entre la sociedad y la propia universidad para que ésta pueda devolverle a la comunidad todo lo que recibe de los presupuestos estatales.
Aula de un colegio privado de Irún, en una imagen de archivo. Foto: Jesús Uriarte/El País[/caption]
Hay un debate que no ha centrado la campaña de las elecciones del 25-M y que influye, sin embargo, en el tipo de educación que reciben los jóvenes europeos: ¿en manos de quién está la enseñanza? En la respuesta a esa pregunta, España se aparta de sus colegas de la UE. Es el segundo país con más alumnos en aulas concertadas (privadas subvencionadas) o completamente privadas, solo tras Bélgica, y se sitúa hasta 22 puntos por encima de la media —en el caso de primaria— en el porcentaje de estudiantes que se educan en centros bajo una gestión o capital privados. La privatización, aunque minoritaria en Europa salvo excepciones, como España, ha avanzado en la última década, y un temor inquieta a los sindicatos europeos: la educación, alertan, puede no quedar excluida del futuro Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos, que se negocia con poca publicidad. La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés) reclama la “salvaguarda” de la educación de esos “intentos liberalizadores”. Les preocupa que se abra (más) la mano al negocio con el servicio público. A otros no les parece una mala idea.
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Fuente: OCDE / EL PAÍS[/caption]
Un 32% de los alumnos españoles de primaria aprenden en la escuela concertada o privada (un 68% en la pública), un porcentaje que baja ligeramente en secundaria, bachillerato y FP (ver gráfico), según los últimos datos de la OCDE, de 2011. La controversia sobre el modelo educativo ha vuelto a ponerse encima de la mesa en España, después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, impusiera en abril en dos municipios (Parla y Rivas) los primeros colegios concertados religiosos, pese a la oposición de sus Ayuntamientos, en manos del PSOE e IU, respectivamente.
Lo cierto es que, en la media de los países europeos, los escolares cursan primaria muy mayoritariamente en la enseñanza pública (un 90%, frente a un 10% en las otras opciones) al igual que en secundaria. Bélgica y España se desmarcan de esa tendencia, junto con Holanda, que también ha tenido una fuerte tradición histórica de educación privada concertada.La OCDE precisa que sus datos sobre este país están en desarrollo y hay que remontarse a 2004 para encontrar una estadística de Eurostat que sitúa el peso de la concertada en algo más del 70%. En la no obligatoria, a partir de bachillerato, la proporción de privada en la media de la UE resulta algo mayor (17%), pero, en todo caso, los estudiantes en aulas públicas no bajan del 80%. ¿Por qué España es diferente?
“En los años ochenta, el régimen de conciertos se entiende como una apuesta por la universalización de la educación, porque no había oferta suficiente. Muchos pensaron que era algo coyuntural, pero con el paso de los años tanto los Gobiernos del PP como del PSOE han seguido apostando por este modelo”, apunta Antonio Olmedo, profesor de Política Educativa de la Universidad de Roehampton (Londres) y del Instituto de Educación londinense.
El Ejecutivo socialista reguló entonces los conciertos para ordenar las subvenciones que desde los sesenta venía recibiendo la Iglesia para crear colegios. La libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, recogida en la Constitución, ha sido, por otro lado, esgrimida siempre por los conservadores para defender a las escuelas católicas.
La Iglesia ha estado históricamente detrás de la educación concertada y privada de España —también en el caso de Bélgica, donde la fuerte influencia eclesial y el apoyo de las fuerzas políticas liberales a la educación privada explican su tradicional apuesta por este modelo—, pero hace algunos años grandes fondos de inversión han entrado a aprovechar parte del pastel. “Como Dinamia, con más de 5.000 alumnos en sus colegios Laude”, señala Olmedo, quien también cita a Cognita, “el mayor grupo británico de educación privada, que tiene el respaldo de la familia propietaria de la cadena de ropa C&A”.
La sociedad de capital riesgo Dinamia, la primera española cotizada en Bolsa, explica en su web las oportunidades de negocio que ofrece la educación española: “Existe una creciente demanda de centros privados debido a la preocupación por la educación, que está llevando a las familias con rentas medias-altas a buscar una mayor calidad para sus hijos”. Entre sus negocios está también el grupo de perfumería Bodybell o la empresa de aparcamientos Eysa.
“Nosotros no estamos en contra de la concertada o la privada, pero sí de que se privatice lo público para beneficiar a algunos”, arguye Sergio Gutiérrez, eurodiputado socialista. El PP no ha atendido a este periódico por problemas de agenda de sus europarlamentarios, pero los Cuadernos de Pensamiento Político de la fundación FAES, su laboratorio de ideas, defienden las alternativas a la pública. “Los centros de iniciativa privada han demostrado tener más demanda que los centros públicos, son más baratos para el contribuyente y en promedio ofrecen una mejor calidad de la enseñanza”, dice uno de sus artículos.
La educación ofrece oportunidades de negocio y la privatización avanza, aunque de forma moderada, tanto en España como en el resto de Europa. “En el año 2000, el 7,9% de los recursos de la educación procedía de la financiación privada en la media de la UE. En 2011, el porcentaje se eleva al 10,7%. En España, en el mismo periodo se ha pasado de 12,6% de financiación privada a un 14,6%”, explica Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. “No podemos decir que haya una ola general privatizadora en Europa, pero en algunos países sí hay una ofensiva en ese sentido, como en Reino Unido y Suecia”, apostilla este experto.
De los dos casos citados por este catedrático, el de Suecia resulta especialmente llamativo. La privatización de la escuela monopoliza el debate político de cara a las elecciones generales del próximo septiembre. “Es la conversación favorita de los profesores a la hora del café, sobre todo por cómo ha bajado el nivel de los estudiantes que llegan a la universidad, especialmente en matemáticas”, confiesa el profesor de Pedagogía de la Universidad sueca de Boras Ramón Garrote.
Un Gobierno liberal conservador introdujo en los noventa las escuelas privadas financiadas con dinero público. En la última década, el país nórdico ha pasado de tener solo un 2,6% de alumnos en educación concertada en bachillerato a un 17%. Y la evolución de los resultados de Suecia en PISA resulta significativa: el batacazo ha sido considerable. En 2000, Suecia obtenía resultados en matemáticas, lectura y ciencias por encima de la media de la OCDE (y de España). En el último examen internacional, el de 2012, ha perdido 34 puntos en matemáticas, 27 puntos en ciencias y 23 en lectura, de forma que el país nórdico ha pasado a quedar por debajo de la media en todas las disciplinas, e incluso de España, que le ha sacado ocho puntos en matemáticas, 11 en ciencias y cinco en lectura.
“No creo que la privatización esté relacionada con los resultados de Suecia en PISA”, asegura Ulf P. Lundgren, exdirector de la Agencia Nacional de Educación sueca. A la hora de evaluar la reforma que permitió la gestión privada de los colegios, Lundgren no obvia, sin embargo, que “han aumentado las diferencias entre las escuelas”, que “los centros independientes tienen profesores peor formados que los del sistema público” , y que hay “casos en los que el propietario ha hecho fortuna con los impuestos de los ciudadanos y otros en los que los colegios han tenido problemas financieros y han cerrado, provocando una pérdida de un año de estudio a los alumnos”, según explica por escrito a EL PAÍS. La quiebra de los colegios John Bauer, de gestión privada, que dejó en la calle a casi 3.000 alumnos (fueron recolocados), ha impactado a la sociedad sueca.
La profesora emérita de la Universidad de Uppsala Ulla Riis sí relaciona ambos fenómenos. “Los alumnos con mejor nivel sociocultural han ido a las escuelas concertadas, y los de peor estatus a las públicas”, explica. “Eso ha provocado la pérdida del llamado efecto del compañero de pupitre, según el cual se ha estudiado que los alumnos de mejor rendimiento académico ayudan a mejorar los resultados de todo el grupo, y las expectativas de padres y tutores sobre el grupo también motivan que todos eleven su rendimiento”, abunda. Si los buenos se concentran en unas escuelas determinadas, donde no están nadie tira de los de peores resultados.
“La segregación educativa y cultural es un efecto clásico de estos sistemas”, destaca Olmedo. “En general, los sistemas segregadores obtienen peores resultados que los generales. Suele aumentar el rendimiento de una parte de la sociedad, pero no del conjunto”, explica. “Y ahí entra la apuesta política. ¿Quién nos interesa que obtenga buenos resultados?”, se pregunta.
">España figura a la cabeza de la UE en privatización de la escuela
2 de junio de 2014- Es el segundo país, tras Bélgica, con menos alumnos en aulas públicas
- El capital privado avanza de forma moderada en los sistemas educativos
Fuente: El País | Elsa García de Blas
Hay un debate que no ha centrado la campaña de las elecciones del 25-M y que influye, sin embargo, en el tipo de educación que reciben los jóvenes europeos: ¿en manos de quién está la enseñanza? En la respuesta a esa pregunta, España se aparta de sus colegas de la UE. Es el segundo país con más alumnos en aulas concertadas (privadas subvencionadas) o completamente privadas, solo tras Bélgica, y se sitúa hasta 22 puntos por encima de la media —en el caso de primaria— en el porcentaje de estudiantes que se educan en centros bajo una gestión o capital privados. La privatización, aunque minoritaria en Europa salvo excepciones, como España, ha avanzado en la última década, y un temor inquieta a los sindicatos europeos: la educación, alertan, puede no quedar excluida del futuro Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos, que se negocia con poca publicidad. La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés) reclama la “salvaguarda” de la educación de esos “intentos liberalizadores”. Les preocupa que se abra (más) la mano al negocio con el servicio público. A otros no les parece una mala idea.
Un 32% de los alumnos españoles de primaria aprenden en la escuela concertada o privada (un 68% en la pública), un porcentaje que baja ligeramente en secundaria, bachillerato y FP (ver gráfico), según los últimos datos de la OCDE, de 2011. La controversia sobre el modelo educativo ha vuelto a ponerse encima de la mesa en España, después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, impusiera en abril en dos municipios (Parla y Rivas) los primeros colegios concertados religiosos, pese a la oposición de sus Ayuntamientos, en manos del PSOE e IU, respectivamente.
Lo cierto es que, en la media de los países europeos, los escolares cursan primaria muy mayoritariamente en la enseñanza pública (un 90%, frente a un 10% en las otras opciones) al igual que en secundaria. Bélgica y España se desmarcan de esa tendencia, junto con Holanda, que también ha tenido una fuerte tradición histórica de educación privada concertada.La OCDE precisa que sus datos sobre este país están en desarrollo y hay que remontarse a 2004 para encontrar una estadística de Eurostat que sitúa el peso de la concertada en algo más del 70%. En la no obligatoria, a partir de bachillerato, la proporción de privada en la media de la UE resulta algo mayor (17%), pero, en todo caso, los estudiantes en aulas públicas no bajan del 80%. ¿Por qué España es diferente?
“En los años ochenta, el régimen de conciertos se entiende como una apuesta por la universalización de la educación, porque no había oferta suficiente. Muchos pensaron que era algo coyuntural, pero con el paso de los años tanto los Gobiernos del PP como del PSOE han seguido apostando por este modelo”, apunta Antonio Olmedo, profesor de Política Educativa de la Universidad de Roehampton (Londres) y del Instituto de Educación londinense.
El Ejecutivo socialista reguló entonces los conciertos para ordenar las subvenciones que desde los sesenta venía recibiendo la Iglesia para crear colegios. La libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, recogida en la Constitución, ha sido, por otro lado, esgrimida siempre por los conservadores para defender a las escuelas católicas.
La Iglesia ha estado históricamente detrás de la educación concertada y privada de España —también en el caso de Bélgica, donde la fuerte influencia eclesial y el apoyo de las fuerzas políticas liberales a la educación privada explican su tradicional apuesta por este modelo—, pero hace algunos años grandes fondos de inversión han entrado a aprovechar parte del pastel. “Como Dinamia, con más de 5.000 alumnos en sus colegios Laude”, señala Olmedo, quien también cita a Cognita, “el mayor grupo británico de educación privada, que tiene el respaldo de la familia propietaria de la cadena de ropa C&A”.
La sociedad de capital riesgo Dinamia, la primera española cotizada en Bolsa, explica en su web las oportunidades de negocio que ofrece la educación española: “Existe una creciente demanda de centros privados debido a la preocupación por la educación, que está llevando a las familias con rentas medias-altas a buscar una mayor calidad para sus hijos”. Entre sus negocios está también el grupo de perfumería Bodybell o la empresa de aparcamientos Eysa.
“Nosotros no estamos en contra de la concertada o la privada, pero sí de que se privatice lo público para beneficiar a algunos”, arguye Sergio Gutiérrez, eurodiputado socialista. El PP no ha atendido a este periódico por problemas de agenda de sus europarlamentarios, pero los Cuadernos de Pensamiento Político de la fundación FAES, su laboratorio de ideas, defienden las alternativas a la pública. “Los centros de iniciativa privada han demostrado tener más demanda que los centros públicos, son más baratos para el contribuyente y en promedio ofrecen una mejor calidad de la enseñanza”, dice uno de sus artículos.
La educación ofrece oportunidades de negocio y la privatización avanza, aunque de forma moderada, tanto en España como en el resto de Europa. “En el año 2000, el 7,9% de los recursos de la educación procedía de la financiación privada en la media de la UE. En 2011, el porcentaje se eleva al 10,7%. En España, en el mismo periodo se ha pasado de 12,6% de financiación privada a un 14,6%”, explica Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. “No podemos decir que haya una ola general privatizadora en Europa, pero en algunos países sí hay una ofensiva en ese sentido, como en Reino Unido y Suecia”, apostilla este experto.
De los dos casos citados por este catedrático, el de Suecia resulta especialmente llamativo. La privatización de la escuela monopoliza el debate político de cara a las elecciones generales del próximo septiembre. “Es la conversación favorita de los profesores a la hora del café, sobre todo por cómo ha bajado el nivel de los estudiantes que llegan a la universidad, especialmente en matemáticas”, confiesa el profesor de Pedagogía de la Universidad sueca de Boras Ramón Garrote.
Un Gobierno liberal conservador introdujo en los noventa las escuelas privadas financiadas con dinero público. En la última década, el país nórdico ha pasado de tener solo un 2,6% de alumnos en educación concertada en bachillerato a un 17%. Y la evolución de los resultados de Suecia en PISA resulta significativa: el batacazo ha sido considerable. En 2000, Suecia obtenía resultados en matemáticas, lectura y ciencias por encima de la media de la OCDE (y de España). En el último examen internacional, el de 2012, ha perdido 34 puntos en matemáticas, 27 puntos en ciencias y 23 en lectura, de forma que el país nórdico ha pasado a quedar por debajo de la media en todas las disciplinas, e incluso de España, que le ha sacado ocho puntos en matemáticas, 11 en ciencias y cinco en lectura.
“No creo que la privatización esté relacionada con los resultados de Suecia en PISA”, asegura Ulf P. Lundgren, exdirector de la Agencia Nacional de Educación sueca. A la hora de evaluar la reforma que permitió la gestión privada de los colegios, Lundgren no obvia, sin embargo, que “han aumentado las diferencias entre las escuelas”, que “los centros independientes tienen profesores peor formados que los del sistema público” , y que hay “casos en los que el propietario ha hecho fortuna con los impuestos de los ciudadanos y otros en los que los colegios han tenido problemas financieros y han cerrado, provocando una pérdida de un año de estudio a los alumnos”, según explica por escrito a EL PAÍS. La quiebra de los colegios John Bauer, de gestión privada, que dejó en la calle a casi 3.000 alumnos (fueron recolocados), ha impactado a la sociedad sueca.
La profesora emérita de la Universidad de Uppsala Ulla Riis sí relaciona ambos fenómenos. “Los alumnos con mejor nivel sociocultural han ido a las escuelas concertadas, y los de peor estatus a las públicas”, explica. “Eso ha provocado la pérdida del llamado efecto del compañero de pupitre, según el cual se ha estudiado que los alumnos de mejor rendimiento académico ayudan a mejorar los resultados de todo el grupo, y las expectativas de padres y tutores sobre el grupo también motivan que todos eleven su rendimiento”, abunda. Si los buenos se concentran en unas escuelas determinadas, donde no están nadie tira de los de peores resultados.
“La segregación educativa y cultural es un efecto clásico de estos sistemas”, destaca Olmedo. “En general, los sistemas segregadores obtienen peores resultados que los generales. Suele aumentar el rendimiento de una parte de la sociedad, pero no del conjunto”, explica. “Y ahí entra la apuesta política. ¿Quién nos interesa que obtenga buenos resultados?”, se pregunta.
Análise: Colhendo tempestades
Por Luiz Araújo | Escola Pública
A manchete do jornal Folha de São Paulo (FSP) do dia de hoje (02.06) é sintomática do rompimento das fronteiras entre o público e o privado em nosso país. A afirmação é que seis em cada dez alunos da Universidade de São Paulo (USP) podem pagar pelo ensino que recebem e que tal procedimento evitaria a crise financeira na qual se encontra a melhor instituição de ensino superior do país.
Dizem que colhemos o que plantamos. Desde 1990 que seguidos governos (Fernando Henrique, Lula e agora Dilma) se esforçam a relativizar o preceito constitucional de que educação é um direito de todos e dever do Estado. A lógica tem sido fortalecer a prestação de serviço educacional, especialmente no ensino superior, via instituições privadas. Os modelos são diferentes, mas a lógica é a mesma.
Existe uma linha de continuidade entre desregular o mercado privado (FHC) e subsidiar vagas no setor privado (Lula e Dilma), mesmo que muitos amigos meus teimem em não enxergar. Vejamos:
- O fundamental conceitual dos dois modelos é de que o direito à educação não precisa ser exercido pela prestação direta pelo Estado do serviço educacional. A existência do setor privado, que deveria estar circunscrita ao chamado “direito de escolha”, passa a ser uma das formas possíveis de garantir o direito constitucional.
- Os custos financeiros da prestação do serviço estão diretamente envolvidos na construção das opções. Pressionados pelas demandas sociais por mais acesso ao ensino superior, os governos buscam formas de dar vazão a estes anseios, mesmo que não necessariamente via criação de vagas públicas.
- Valendo-se do fato de que os mais pobres ainda nem conseguiram inserir seus filhos no ensino médio (apenas metade dos jovens entre 15 e 17 anos chegam ao ensino médio nesta idade e entre os mais pobres esse número é bem menor) e por isso os que conseguem estar prontos para ingressar no ensino superior são de classe média ou da equivocadamente denominada “nova classe média”, o governo sabe que parte deles podem comprar o serviço educacional, bastando para isso que as condições de financiamento sejam compatíveis com a renda das famílias.
- O principal programa educacional federal nas últimas três décadas não foi o Prouni ou mesmo o Reuni. Pelo contrário, o principal agente de inserção de alunos no ensino superior tem sido financiamento estudantil (desde que seu nome era crédito educativo). Nesta modalidade o governo compra a dívida do aluno com a instituição privada, oferecendo estabilidade ao comerciante e subsidiando os juros aos alunos.
- A consequência destas opções é um crescimento mais lento das matrículas públicas, sejam elas federais ou estaduais. E, em alguns casos, gerando crises periódicas de financiamento e sustentabilidade aos cursos existentes, como é o caso agora da USP.
Sei que o período eleitoral que se avizinha sempre provoca confusão na cabeça das pessoas, por que os grandes partidos no poder buscam se diferenciar. Os petistas acusarão os tucanos de sucatearem a USP e estarão falando a verdade, mesmo que a política implementada em doze anos de poder federal seja muito semelhante.
Há sempre um custo nos caminhos que escolhemos. A política educacional implementada por oito anos de tucanos e doze anos de petistas, em quase tudo semelhante no que diz respeito ao trato do ensino privado superior, trouxe de volta um debate que minha geração viveu na universidade no início da década de 80, quando a conselheira Ester Ferraz (chegou a ser ministra do General Figueiredo)queria cobrar taxas pra tudo dentro das instituições federais. As greves estudantis e de professores de 1981 enterraram esta ideia, mas se o fogo se apagou, nas cinzas sempre ficaram algumas brasas e, infelizmente, seguidos governos democráticos continuaram a soprar estas cinzas.
A reportagem da FSP lembra que existe um “pequeno obstáculo” para que a estratégia defendida seja implementada: precisaria mudar a Constituição Federal, que prevê que o ensino público é gratuito. Ou seja, é necessário que se consolide o que sucessivos governos tem plantado: considerar o ensino uma mercadoria e não mais um direito.
Chile: el Cierre de escuelas en la trastienda de la educación pública
28 de mayo de 2014Según analiza el Foro por el Derecho a la Educación, de Chile, “la situación actual refleja una concepción mercantil de la educación, pues el cierre de las escuelas se justifica desde un punto de vista economicista y no desde el derecho”
Fuente: Foro por el Derecho a la Educación
Ante el arribo de la Nueva Mayoría al gobierno, la reforma educacional junto con la reforma tributaria y constitucional, pasa a estar en el centro del debate. Debido a ello al nuevo ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre se lo ha visto en una actitud mediática, buscando escuchar más que proponer, generando reuniones bilaterales con los más diversos actores del mundo educacional y emplazando a los estudiantes a concretizar reuniones. En la trastienda, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad el recurso de protección presentado por las comunidades educativas de las escuelas Corberta Esmeralda y Francisco Infante Abbot, cuyo cierre fue decretado por la municipalidad de Renca. Ante este escenario, ¿podrá el nuevo gobierno avanzar más allá de los anuncios y señales mediáticas, garantizando el derecho a la educación?
Según el Colegio de Profesores [1] son más de 30 establecimientos municipales los que cerraron el último trimestre, aludiendo a temas como problemas de infraestructura y bajas de matrícula, de esta manera pasaron a engrosar la lista de más de 864 escuelas municipales cerradas en los últimos 20 años[2]. Con escazas excepciones, esto se ha hecho en la absoluta impunidad: cada vez que se presenta un recurso de protección es rechazado.
Cierres que según relatan las apoderadas, se realizaron sin informar directamente a la comunidad como es el caso de la Escuela F N° 377 “Ciudad Santo Domingo de Guzmán” de la comuna de Cerro Navia, que pese a tener buenos resultados en los cuestionables indicadores como el SIMCE y una infraestructura adecuada y renovada, fue cerrado, dejando sin posibilidad de continuar sus estudios a más de 250 estudiantes.
Macarena González, apoderada de la misma escuela comenta la traumática situación que ha generado esto en los niños y las niñas, y en la comunidad, “El alcalde vulneró los derechos de los niños y de la comunidad; las escuelas eran un patrimonio de las comunidades. Todas las escuelas que cerró eran terrenos donados y a los pobladores les costó construirlas. Es una lástima que no haya considerado la historia de estas escuelas”.
La facilidad con que se han cerrado escuelas en los últimos 20 años se debe a que la normativa chilena entrega todas las condiciones para favorecer esta situación y además permite que se realice de forma unilateral por parte del sostenedor del establecimiento: basta con avisar a la comunidad y al Seremi del cierre del establecimiento durante los últimos dos meses antes del término del año vigente[3].
La débil reglamentación sobre esta materia permite que se cursen los cierres de escuelas sin la necesidad siquiera de regularizar el pago de sueldos y de las imposiciones de los trabajadores de la educación. “Los dineros que eran enviados a nuestras escuelas eran desviados porque ni siquiera contábamos con los implementos básicos de aseo. Cuando encaramos al SEREMI, nos dijo que Cerro Navia era una de las comunas a la que más recursos se le inyectaba. Sin embargo hasta el día de hoy no se les han pagado las cotizaciones a los profesores y ni siquiera pueden ocupar lo mínimo que son sus servicios de salud”, agrega la apoderada de la escuela “Ciudad Santo Domingo de Guzmán”.
La irregular situación de las y los trabajadores de la educación tiene menos exigencias que la normativa que rige para los contratos por obra o faena, ya que en este último caso, al término del trabajo se le exige al empleador estar al día con el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales (pago de sueldos, comprobante de pago de remuneraciones, nómina de trabajadores despedidos con indicación del causal del despido, pago de remuneraciones y cotizaciones de AFP, de seguros de cesantía y previsionales al día); normativa mínima que en el caso de la educación chilena no existe.
Esto explica la facilidad con que año a año se cierran o fusionan las escuelas municipales, como una expresión del poco reconocimiento de la importancia que tiene lo público en la realización del derecho a la educación y de la elaboración de un entramado legal que otorga toda las facilidades para una regulación de lo educativo desde el mercado; argumentos que el Foro Chileno por el Derecho a la Educación ha puesto en discusión y desarrollado en documentos anteriores[4].
La situación actual refleja una concepción mercantil de la educación, pues el cierre de las escuelas se justifica desde un punto de vista economicista y no desde el derecho ya que se debiese garantizar el acceso a la educación sin que los estudiantes se vean forzados a desplazarse a otros barrios.
Esta situación no solo rompe con el tejido de las comunidades, además borra parte de la historia construida en esos territorios. Por otro lado, las instituciones públicas en principio “no quiebran” asumir esta situación sería entender que el Estado chileno es incapaz de sustentar sus instituciones, sin embargo, la educación se encuentra en un nivel extremo de mercantilización donde los argumentos del cierre son argumentos propios de un mercado educativo.
Por ahora las comunidades de Cerro Navia esperan que los recursos legales presentados sean favorables y que en un corto plazo sus escuelas puedan volver a funcionar y de esa forma sumarse a los casos de escuelas reabiertas como ocurrió en Paine, Pirque y Peñaflor. “Nuestras escuelas van a salir fortalecidas de esto porque vamos a ser nosotros quienes nos haremos cargo de ellas, vamos a tener mayor participación” comenta Irma Meza, dirigenta de la escuela Sargento Candelaria. Por cierto no buscan volver a lo mismo, ahora quieren levantar una nueva escuela en que la participación sea el eje articulador.
Por parte del gobierno no ha existido una posición clara ante esta alarmante situación, sólo anuncios de desmunicipalización que por ahora no resuelven el estado de abandono en que se encuentran las comunidades. Es por ello que el Foro por el Derecho a la Educación, ha iniciado acciones de justiciabilidad, presentando un informe ante el Relator Internacional de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Kishore Singh, para denunciar el incumplimiento de obligaciones y violación del derecho a la educación por parte del Estado de Chile[5].
El cierre de escuelas públicas vulnera el derecho a la educación porque genera procesos de segregación de las comunidades, y en el caso de Chile, los profundiza, produce despidos masivos y precarización del trabajo docente, obliga a los padres, madres y apoderados a “reubicar” a estudiantes y gastar dinero en uniformes, materiales y traslados; altera la integridad psíquica de niños, niñas y adultos ante cambios imprevistos. En el caso de los niños y las niñas que son parte de Proyectos de Integración Escolar, quedan sin el apoyo de especialistas pues al colegio que ingresen los cupos ya estarán cubiertos, impidiendo que sean evaluados de acuerdo a sus necesidades educativas especiales, generando repitencias e incluso la deserción escolar. Se vulnera así los derechos de los niños y niñas, produciendo situaciones de permanente angustia y dolor emocional que dificultan el pleno desarrollo de la personalidad humana al que apunta la educación cuando es entendida como un derecho humano fundamental.
Desde el Foro por el Derecho a la Educación consideramos que una propuesta de desmunicipalización debe ir de la mano con el fortalecimiento de la educación pública y de sus comunidades. Como lo hemos expresado en la columna “el derecho a la participación en la educación chilena”, es fundamental la participación de las comunidades para contribuir a la cohesión social, de manera deliberativa y permanente, en la toma de decisiones al interior de los establecimientos. La imposición unilateral del cierre de escuelas y liceos, por parte de los sostenedores municipales, infringe el derecho a la participación que es parte del derecho a la educación.
La participación implica, la decisión colectiva sobre los asuntos que comprometen a la comunidad como: la inversión de los recursos, además de fiscalización del adecuado uso de ellos, y el fortalecimiento de la democracia interna. Son los propios actores de la comunidad quienes mejor conocen sus necesidades. Esto permite que se construyan proyectos colectivos que representen de forma íntegra el interés de las comunidades, tal como buscó perfilarse la Escuela Comunitaria República Dominicana mediante su proyecto educativo polivalente[6].
Desde la perspectiva del derecho a la educación, las comunidades deben además fiscalizar el uso de los recursos al interior de los establecimientos y tener propuestas sobre sus usos[7]. Para avanzar en estas medidas es primordial romper el trato igualitario que existe entre las escuelas públicas y las particulares subvencionadas que no rinden cuentas ante el Estado y la ciudadanía. Ratificada esta igualdad de trato por el gobierno anterior de Michelle Bachelet mediante la LGE, hemos llegado al caso en que la Subvención Escolar Preferencial beneficia mayoritariamente a la educación privada, que recibe el 52% de estos recursos, según Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Hasta ahora solo existe una subvención a la matrícula que si bien varía según asistencia, nivel de vulnerabilidad social y discapacidad de los estudiantes, mantiene un criterio de mercado para financiar la educación.
Es por ello que el Foro propone avanzar en medidas que fortalezcan la educación pública como: el control y participación comunitaria sin disminuir la responsabilidad del Estado; un financiamiento basal acorde a las necesidades educativas de las comunidades. Para hacer esto posible en un corto plazo, el Foro ha venido construyendo una propuesta que permita costear los requerimientos de cada escuela o territorio de forma participativa. Son algunas propuestas iniciales para restituir el sentido de lo público en educación y evitar que se continúe con este abismal cierre de la educación municipal.
[1] Ver declaraciones del presidente del Colegio de Profesores luego de la primera reunión con el Ministro de Educación bit.ly/1ih8nyJ
[2] Ver Presentación de Fundación Sol “Necesidades del Financimiento de la Educación Pública en Chile”, disponible en http://educacionparatodos.cl/wp/?attachment_id=2394
[3] Ver decreto 315 de la Ley General de Educación emitido en agosto del 2010, que reglamenta los requisitos de mantención y pérdida del reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia básica y media, artículos 25, 26 y 27. Es importante aclarar que la Ley General de Educación (LGE), entrega a los sostenedores la responsabilidad sobre la continuidad o cierre de establecimientos sean municipales o privados siendo la SEREMI, una entidad que solo es informada de las decisiones edilicias.
[4] Para profundizar sobre este tema invitamos a leer la columna escrita por Juan González miembro del Comité Ejecutivo del Foro Chileno por el Derecho a la Educación, “Sobre los Anuncios Presidenciales en Educación y la Desdibujada idea de lo Público”, disponible en http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/03/16/los-anuncios-presidenciales-en-educacion-y-la-desdibujada-idea-de-lo-publico/. Recomendamos además visitar la sección “El Foro Opina” donde existen una serie de documentos de posición en defensa de la educación pública: http://educacionparatodos.cl/wp/?cat=5
[5] Ver nota de prensa sobre denuncia del Foro ante Naciones Unidas por la vulneración del Derecho a la Educación en Chile, disponible en http://educacionparatodos.cl/wp/?p=2459
[6] Ver investigación realizada por el Foro y publicada en Ciper Chile sobre el proceso de autogestión educativa desarrollo por la Escuela Comunitaria República Dominicana durante el año 2013. Disponible en http://ciperchile.cl/2014/01/06/escuela-comunitaria-republica-dominicana-la-lucha-por-una-educacion-publica-desde-la-comunidad/
[7] Desde el año 2012 el Foro se encuentra trabajando en una investigación que busca construir indicadores que permitan comprender, qué significa un financiamiento de la educación desde la perspectiva del derecho y con la participación de las comunidades. En una primera etapa se implementó como experiencia piloto en la comuna de San Joaquín y desde el año pasado se está trabajando en la comuna de Los Andes. Disponible en http://educacionparatodos.cl/wp/wp-content/uploads/2012/10/Estudio_Costo_DDEE-Junio-2013-1.pdf
Brasil: autorizada la fusión que crea el mayor grupo de educación privada del mundo
[texto en portugués] Grupos Anhanguera e Kroton, que, juntos, têm mais de um milhão de alunos de ensino superior, agora avançam também sobre a educação profissional. Investigador Roberto Leher critica a monopolização do ensino superior e o enfraquecimento da educação pública
Fuente: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz)
Anunciada cerca de um ano atrás, acaba de ser autorizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a fusão de dois grupos que, juntos, criam, no Brasil, a maior empresa do segmento educacional do mundo. Atingindo mais de 1,1 milhão de alunos nas modalidades presencial e à distância, a Anhanguera Educacional e a Kroton são empresas de capital aberto que têm ações negociadas na Bolsa de Valores e valem hoje, respectivamente, R$ 7 bilhões e R$ 14,5 bilhões no mercado de capitais. Ambas têm como maior acionista um Fundo de Investimento: no caso da Kroton, é o Oppenheimer e, na Anhanguera, é o PIP Administração de Recursos, antigo Patria Investimentos. “Há tempos está evidente que não existe uma regulação estatal para impedir a monopolização da educação superior no Brasil. Prova disso é que o Ministério da Educação nunca propôs uma legislação que estabelecesse regras para a presença do setor financeiro na área de educação”, diz Roberto Leher, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Na verdade, o governo tem sido um importante incentivador dessas instituições através dos programas que subsidiam com recursos públicos a oferta privada de educação. De acordo com informações da assessoria de imprensa das empresas, hoje 63,2% dos alunos da Kroton e 46,9% dos da Anhanguera na modalidade presencial estudam via Financiamento Estudantil (Fies) e cerca de 10% são oriundos do Programa Universidade para Todos (Prouni), ambas iniciativas do governo federal. A empresa não teve disponibilidade para conceder uma entrevista ao Portal EPSJV/Fiocruz mas, em depoimento a uma matéria do jornal Estado de São Paulo, em agosto de 2013, o diretor-presidente da Kroton, Rodrigo Galindo — que, segundo a assessoria de imprensa será o “CEO” (chief executive officer) da nova empresa — informou que programas como o Prouni e o Fies eram responsáveis, naquele momento, por 30% da receita do grupo empresarial. E, segundo ele, como o governo federal dava “sinais claros e positivos” de que os incentivos serão mantidos, esse montante poderia chegar a 50% da receita. De acordo com informações do Portal da Transparência do Governo Federal, só pelo Fies, a Anhanguera Educacional LTDA recebeu, em 2013, mais de R$ 536 milhões de recursos públicos. Os dados referentes à Kroton estão desmembrados entre as muitas instituições que compõem o grupo. Somadas as referências que o Portal EPSJV/Fiocruz conseguiu localizar, chega-se a pouco mais de R$ 412 milhões. Como se referem à isenção fiscal, os dados referentes ao Prouni não estão acessíveis. “As instituições financeiras estão caminhando pari passu ao apoio do Estado, diz Leher. E completa: “Os Fundos de Investimento perceberam que um novo nicho de mercado estava se abrindo no Brasil”.
A novidade é que essas instituições estão avançando para a educação profissional. Em dezembro de 2012, uma Medida Provisória do governo federal, que depois foi aprovada no Congresso, ampliou a rede ofertante do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), incluindo as instituições privadas de ensino superior. Num Comunicado ao mercado de setembro de 2013, em que anunciava um “desempenho recorde” nos “processos de captação e rematrícula do negócio Graduação”, a Kroton informava aos futuros investidores que estava sendo uma das pioneiras na oferta do Pronatec por meio da bolsa-formação, em que, como explica o texto, “os alunos de cursos técnicos serão integralmente subsidiados pelo Governo Federal”. Naquele mês, segundo o comunicado, 6.752 alunos iniciavam os cursos de educação profissional em 20 diferentes unidades educacionais que compõem esse grupo empresarial. Hoje, de acordo com a assessoria de imprensa das empresas, são quase 15 mil alunos, em 38 cursos. A Anhanguera já ultrapassou as 22 mil matrículas pelo Pronatec, oferecendo 30 cursos.
Rumo à educação profissional
Em matéria publicada no Estadão, o diretor-presidente da Kroton, Rodrigo Galindo classificou como “excepcional” o potencial de desenvolvimento do Pronatec. Três meses depois, reportagem publicada no jornal Valor Econômico em novembro de 2013 informou que a previsão era de que, sozinha, a Kroton alcançasse 30 mil alunos pelo Pronatec até o final de 2014. Em maio de 2014, novamente no Valor , Galindo defendeu o “ajuste das contas públicas” e o “investimento em educação”, nos moldes dos programas subsidiados pelo governo, como os pontos principais da plataforma política do futuro presidente da República. “Portanto, uma das prioridades do governante que assumir a Presidência é continuar valorizando a educação superior e o ensino técnico”, disse, incluindo o Pronatec entre os programas destacados como exitosos.
Em dezembro de 2013, a Bolsa de Valores de São Paulo emitiu o informe “Saraiva fecha parceria com Kroton para o Pronatec”. Segundo o texto, o objeto do contrato é o “fornecimento de conteúdo em 25 cursos ofertados pela Kroton Educacional S.A.” no âmbito do Pronatec. No mesmo texto, informa-se que no segundo semestre de 2013 a Saraiva comprou a Editora Erica LTDA numa “transação” que “marcou sua entrada no mercado de conteúdo voltado para ensino técnico profissionalizante”. “Essa vai ser uma tendência forte, primeiro porque podemos acompanhar o deslocamento desses programas para a educação profissional. Não vai surpreender que em pouco tempo o próprio Fies seja alargado para esse nível de ensino”, diz Leher.
Números
A Kroton Educacional, que segundo a assessoria de imprensa terá aproximadamente 66,5% das ações da nova companhia, tem hoje 56 instituições de ensino superior espalhadas pelo país e 487 polos ativos de educação à distância. A Anhanguera, que deve se tornar minoritária após a fusão, tem 70 campi de ensino presencial e 500 unidades de EaD. “Os Fundos de Investimento obedecem à racionalidade da alta lucratividade, daí a proliferação de cursos à distância e de curta duração. E o Estado não controla”, explica Leher.
Com a fusão, a expectativa é que esses números se agigantem: segundo a assessoria de imprensa, serão mais de um milhão de alunos, a presença das empresas se dará em quase 700 cidades brasileiras, com 126 campi e cerca de mil polos de EaD. Mostrando um processo de expansão para outros segmentos do setor, o grupo terá também 876 escolas associadas na educação básica. O resultado financeiro é um “valor de mercado superior a R$ 21 bilhões”.
Democratização da educação?
Esse impacto da fusão, no entanto, não vai se refletir em benefícios como a redução do valor da mensalidade paga pelos alunos — e pelo governo, no caso dos programas subsidiados. “Nada muda em um primeiro momento. Os ajustes das mensalidades seguirão conforme planejamento original das duas empresas, prévio à aprovação do Cade”, responde a assessoria de imprensa.
Para o professor Roberto Leher, o processo de monopolização e financeirização da educação, do qual a fusão da Kroton com a Anhanguera é exemplar, é mais uma evidência de que a política de subsídios públicos à educação privada não visa democratizar a educação, como se costuma anunciar. “Antes de tudo, é preciso observar um elemento histórico”, diz, explicando que o argumento de que é preciso garantir acesso aos milhões de jovens que hoje não conseguem chegar ao ensino superior é o mesmo que foi utilizado pela ditadura empresarial-militar para justificar a expansão da educação superior. “Era preciso democratizar e isso seria feito por meio da iniciativa privada para que os ‘pobres’ alcançassem o nível superior”, lembra, destacando que isso estagnou as instituições públicas naquele momento.
Segundo Leher, esse mesmo argumento sustentou a política atual, lançada ainda no governo Lula, referindo-se, inicialmente, às instituições filantrópicas. “Hoje estamos falando de subsídio para instituições altamente lucrativas”, diz, e completa: “Quem apoia essas políticas esquece as mudanças que elas vêm sofrendo desde 2007, 2008. Não estamos mais falando nem de instituições privadas familiares que ofertavam serviço educacional. O Estado está financiando os Fundos de Investimento. E o negócio dos Fundos não é educação e sim o próprio Fundo”. Essa política, diz, define o tipo de formação que se oferece: “minimalista e rudimentar”. “A pergunta que devemos fazer é se estamos mesmo garantindo que esses jovens alcancem a educação superior. E a resposta é negativa”, provoca.
O discurso de que essa é uma resposta a uma situação emergencial, da qual as instituições públicas não dariam conta, segundo Leher, reduz o debate e esconde alguns cálculos. E o primeiro debate que ele propõe é sobre o custo-aluno nessas diferentes instituições. “Se fizéssemos a conta do custo-aluno das universidades públicas excluindo a pesquisa, a manutenção dos hospitais universitários e outras coisas que julgamos importantes para a formação, certamente o nosso custo seria menor do que o que hoje é pago às instituições privadas”, calcula. Mas pondera: “Poderíamos formar profissionais de saúde sem ter hospitais universitários. Mas estamos convencidos de que essa formação é desastrosa para o país. Não queremos ter médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos e outros profissionais sem experiência clínica e de pesquisa”.
Resta a pergunta sobre se existem recursos suficientes para se garantir a expansão da educação com esse nível de qualidade. É possível universalizar a educação, inclusive superior, com caráter público? Leher não tem dúvida. “Os recursos existem hoje, nos marcos da política atual”, garante. Além de mencionar a pouca participação da União no financiamento da educação, ele cita a política de isenção fiscal que vem sendo adotada pelo governo federal como um escoadouro de recursos públicos para o desenvolvimento das empresas privadas. Segundo auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) divulgada esta semana, a partir de relatórios da Receita Federal, estima-se que, só em 2013, os incentivos e renúncias fiscais e desonerações tributárias tenham custado R$ 203,7 bilhões aos cofres públicos. A esses números, Leher propõe que se acrescente o volume de sonegação fiscal das grandes empresas. De acordo com dados do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz), em 2013, deixou-se de arrecadar quase R$ 502 bilhões por sonegação. “Como não temos condições de ampliar R$ 200 bilhões para toda a educação pública?”, questiona Leher, referindo-se à demanda dos movimentos sociais de destinação de 10% do PIB para a educação pública. Mas ele lamenta que também essa luta esteja sendo subvertida a favor das empresas privadas. “Se examinarmos o Plano Nacional de Educação, que está nos seus momentos finais de votação, veremos que o texto oscila entre direcionar a verba pública para a educação, sem especificar que é a educação pública, e a versão que está agora na Câmara, de manter a qualificação de ‘pública’ mas conceituando como ‘público’ todas essas iniciativas que são auspiciadas pelo fundo público, como Fies, Prouni e Pronatec”, relata, concluindo: “Tudo agora está no rol do público. E isso é uma derrota profunda”.
Leia também:
O lucrativo mercado da educação superior
Especial Pronatec
Las concesiones escolares y el terremoto político en Bogotá: los intereses tras la privatización de la educación
27 de mayo de 2014Por Jairo Bautista | Observatorio de Privatizaciones
El último año, Bogotá ha sido sacudida por una tremenda inestabilidad institucional: el enfrentamiento jurídico y político entre el Alcalde Mayor Gustavo Petro, político con antecedentes como militante de la guerrila del M19 (desmovilizada en 1990) y uno de los líderes de izquierda con mayor fuerza en el país de un lado, y el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez que encabeza la oposición de la derecha (e incluso sectores muy reconocidos de la extrema derecha) por otro.
En el fondo, todo arrancó con un proceso de destitución, originado en la decisión del alcalde Bogotano de crear una empresa pública de aseo y recolección de basuras, y cambiar por decreto el funcionamiento del sistema de aseo de la ciudad. Pero poco a poco, fueron apareciendo nuevos argumentos y procesos legales y políticos (que incluyen unas elecciones para definir la revocatoria de Petro) que demostraron que los argumentos legales que se esgrimieron inicialmente, en realidad estaban justificando la divergencia con una visión política sustancialmente diferente a aquella que privilegia la intervención de los actores privados en los asuntos estatales.
Hace 4 meses, desde diversos medios de comunicación (ver entrevista de Ministra de Educación a la emisora local Blu radio: http://www.bluradio.com/#!59910/continuidad-de-colegios-en-concesion-debe-ser-prioridad-para-pardo-mineducacion) se levantaron diversas voces en contra de la decisión de la Alcaldía Mayor, de no renovar los contratos de concesión escolar que actualmente incluyen la gestión de 25 instituciones educativas en el Distrito.
Las razones para defender las concesiones son genéricas: los colegios concesionados son de “mejor calidad”, es “educación barata y de calidad para los más pobres”, su funcionamiento es más “eficiente”, e incluso desde las mismas comunidades escolares se defienden los colegios operados por privados con estos mismos argumentos y algunos adicionales como “los mayores niveles de disciplina y orden” que encontraron recientemente Toni Verger, Andreu Thermes y Jenny Ramirez en una investigación financiada por PERI y CLADE.
En realidad, los beneficios de las concesiones educativas son muy discutibles, y por ende una decisión sobre la continuidad del modelo no tiene bases sólidas en términos técnicos ni económicos, los diferentes procesos de evaluación han sido por decir lo menos discutibles tanto por la metodología propuesta, por los indicadores utilizados, por la estrecha financiación entre los gobiernos y los evaluadores, a tal punto que no se encuentran dos estudios que lleguen a resultados similares, y por ende no ofrecen bases sólidas para alimentar una decisión de política pública de tanta importancia.
La defensa de los colegios en concesión, es en principio una defensa ideológica y política, más que técnica, en realidad los colegios concesionados funcionan con reglas diferentes a los públicos, seleccionan indirectamente a la población generando restricciones al acceso, potencian una diferencia social entre las mismas poblaciones marginadas y todo ello sin que en realidad se presenten grandes cambios en los resultados en pruebas estándar, sin descartar la aplicación del principio del “teaching to the test” [enseñando para el test] que coloca el proceso educativo en pro de las pruebas y no del desarrollo social, intelectual y afectivo del estudiante, esto sin contar con que los docentes son remunerados muy por debajo de los de sus pares en el sector público, es decir, las concesiones presentan mayores niveles de explotación del estamento docente. Lo peor de todo es que nadie sabe en realidad cuanto le cuestan las concesiones escolares a las finanzas del Distrito Capital, la información sobre este punto no es publicada.
La ampliación del modelo de concesiones a otras ciudades (procesos financiado e incentivado por el Gobierno Nacional) y la aparición de nuevos agentes concesionarios que están desarrollando nuevas versiones del negocio, son elementos que explican el intento por destituir al Alcalde que se opone a seguir privatizando la educación. Hay que señalar que entre los promotores de la revocatoria del mandato del alcalde Petro, y de las campañas políticas de los opositores a su intención de “desprivatización” del gobierno Distrital, hay poderosos empresarios que tienen intereses en el negocio educativo, bien sea de manera directa (prestadores de servicios educativos, concesionarios, etc) o indirecta (gremios de empresarios que promocionan la educación).
Pese a los intentos, el Alclade Petro sigue en el poder, y la decisión de terminar las concesiones está en firme, este es un debate que aún no termina.
17 de enero de 2014
El año pasado, 34 Estados del mundo han prohibido el castigo corporal a niñas y niños en los seis ámbitos considerados por el estudio: la escuela, el hogar, centros de cuidado y atención alternativos, guarderías, instituciones penales y sentencias criminales. El último a tomar esta medida ha sido Honduras, el cuarto país de América Latina y el Caribe a determinar esa prohibición en todos los contextos (los tres anteriores fueron Uruguay, Venezuela y Costa Rica). Estos son algunos de los datos que se presentan en el informe "Ending legalised violence against children" ["Poniendo fin a la violencia legal contra niñas y niños", en traducción libre - descárguelo aquí, en inglés], realizado en el 2013 por la Iniciativa Global para el fin de todo Castigo Corporal contra Niñas y Niños, con el objetivo de evaluar el progreso en diversos países del mundo respecto a este tema, dándole seguimiento al Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra Niñas y Niños.
Por otro lado, el informe señala que 114 Estados no tienen cualquier compromiso claro con la reforma de sus leyes. Asimismo, alerta para el hecho de que en 39 Estados los tribunales nacionales pueden incluso dictar penas de castigo corporal a niñas y niños, siendo 8 de ellos integrantes de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Trinidad y Tobago.
El progreso y los retrasos en la consecución de la prohibición del castigo corporal a niñas y niños se ilustran gráficamente en el informe, que además hace un mapeo de los esfuerzos realizados por las/os defensoras/es de los derechos de las/os niñas/os en la incidencia por reformas legislativas en los ámbitos nacional y regional.
De acuerdo al documento, la prohibición legal del castigo corporal contra niñas y niños es un elemento esencial para el cumplimiento de los derechos humanos y la defensa del derecho a la educación, así como un requisito para que niñas y niños tengan acceso a la justicia. Además, el informe dice que “así como la violación directa al derecho de niñas y niños a que se respete su dignidad humana e integridad psíquica, la legalidad y la práctica de castigos corporales en escuelas también viola el derecho a la educación de niñas y niños a recibir una educación alineada con los principios de derechos humanos, la cual jamás podrá realizarse en una escuela donde se experimente un castigo violento”.
La CLADE también le ha dado seguimiento al estado de la prohibición del castigo corporal de niñas y niños en los países de la región de América Latina y el Caribe. En agosto de 2013, lanzó la Consulta sobre Educación para la Paz, Convivencia Democrática y Derechos Humanos [disponible aquí], con el propósito de conocer en qué medida los principios de Educación en Derechos Humanos (EDH) están incidiendo en los marcos legales y las políticas educativas en la región de América Latina y el Caribe. Uno de los elementos evaluados por el estudio fue el grado de permisividad al castigo corporal de niñas y niños como medida correccional en diversos contextos, de acuerdo a las legislaciones de los países de la región.
">Brasil: Reportaje discute relaciones entre la Dictadura militar y la privatización en la educación
El reportaje se publicó en la revista “Conteúdo”, de la Confederación Nacional de los Trabajadores en Establecimientos de Enseñanza (Contee). Para accederla, visita: http://contee.org.br/contee/conteudo/26/
O si preferir, descarga el archivo: Estilhaços do Regime Militar.
