Pandemia y privatización en la educación superior: Tecnologías de la educación y reforma de la Universidad

24 de septiembre de 2021

El desarrollo de políticas y prácticas de mercado en la ES, junto con la expansión de las asociaciones público-privadas (PPPs por sus siglas en inglés), la participación del sector privado y la creciente participación de los proveedores de servicios de tecnología digital comercial, tiene una larga historia en muchos sistemas educativos de todo el mundo. A través de un completo estudio para la Internacional de la Educación, Ben Williamson y Anna Hogan identifican que la expansión de la tecnología educativa es altamente motivada por beneficios económicos y examinan las diversas formas de la “transformación digital” de las universidades. 

A través de un ejercicio de mapeo, los autores identifican once dinámicas y organismos clave en la mercantilización, privatización y comercialización de la ES, las cuales se han reproducido o exacerbado por los procesos de creciente digitalización y dataficación. Estas incluyen la educación digital como catalizadora del mercado, el cambio de comportamiento de los consumidores, el resurgimiento de cursos masivos en línea y la transformación de la Inteligencia Artificial (IA) que ha sido justificada durante la pandemia como una ayuda para “acelerar el proceso de recuperación” de estudiantes que experimentaron una “pérdida de aprendizaje” como resultado de las clases canceladas. 

Utilizando las organizaciones y actividades de comercialización, el informe presenta siete resultados principales y problemas claves descubiertos a través de este estudio:

1. Reimaginación de la educación superior:

   Diversas organizaciones de múltiples sectores tradujeron la crisis de la salud pública en una oportunidad para rediseñar la ES a largo plazo como un sector digitalmente innovador y con gran cantidad de datos de las sociedades y economías postpandémicas. Si bien la enseñanza presencial constituía una amenaza urgente para la salud pública mundial, también fue construida por organizaciones que incluían empresas de tecnología educativa, consultorías, organismos internacionales e inversores, como un problema a más largo plazo y una amenaza para la “capacitación” de estudiantes, la “empleabilidad” y la recuperación económica mundial post-coronavirus. Visualizadas como una forma de “ayuda de emergencia” durante los cierres, las herramientas EdTech (Tecnologías de la Educación) también se presentaron como una oportunidad para la inversión y la obtención de beneficios económicos. 

2. Gobernanza por infraestructuras tecnológicas:

   Aunque todavía es demasiado pronto para saber cómo será el panorama post-pandémico de la ES, parece razonable predecir que la mayoría de las instituciones de ES seguirán utilizando estas infraestructuras tecnológicas para ampliar su oferta. De igual manera, las infraestructuras desarrollarán nuevas capacidades de análisis de datos y aprendizaje automático. Esto constituye una forma de gobernar la ES a través de la tecnología, ampliando la influencia política de las organizaciones del sector privado para que se conviertan en centros políticos “en la sombra”, estableciendo el formato de la enseñanza y el aprendizaje de la ES a distancia, e internacionalmente, a través de infraestructuras técnicas.

3. Hibridación universidad-empresa:

   Las nuevas PPPs están trabajando para difuminar los límites entre sectores. A medida que las instituciones públicas de ES dependen cada vez más de los modelos empresariales del sector privado y de las prácticas basadas en el mercado, corren el riesgo de privatizar la ES en busca de beneficios. Algunos acuerdos de colaboración público-privada parecen ser complejos a propósito para ocultar las intenciones de obtener beneficios. Sin embargo, cuando se utiliza a las y los estudiantes para generar estos beneficios con tácticas de humo y espejos, tenemos que cuestionar la ética de estos acuerdos. 

4. Entornos pedagógicos programados:

   Es necesario garantizar que la educación no se convierta en algo lineal como una entrega unidireccional de contenidos de docentes (a través de plataformas comerciales) a estudiantes en estos entornos pedagógicos programados. Parte del problema de la rápida asimilación del EdTech por parte de los sistemas de ES durante la pandemia ha sido que los miembros del profesorado han sido los responsables de hacer pivotar su práctica en línea sin una formación y apoyo formales, ni tiempo y recursos suficientes. La expectativa potencial de las y los estudiantes de recibir tanto enseñanza presencial como en línea planteará importantes retos en términos de trabajo académico y podría catalizar un mayor desarrollo de servicios complementarios de “EdTech” para consumidores, incluidos aquellos en los que el personal con empleo precario presenta recursos para su compra por parte de estudiantes consumidores. También podría dar lugar a un mayor uso de datos y herramientas de inteligencia artificial que puedan compensar a profesores, proporcionando comentarios e intervenciones automatizadas.

5. Dataficación y vigilancia:
   

   Las empresas de tecnología educativa y sus promotores han aumentado el despliegue del análisis de datos, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA) en la enseñanza superior, y han hecho hincapié en el lenguaje y las prácticas del “aprendizaje personalizado” y la “toma de decisiones basada en datos”. La IA también se ha potenciado mediante el despliegue de herramientas de control de datos a gran escala integradas en el software de gestión del aprendizaje en línea, tecnologías de vigilancia como los sistemas de corrección de exámenes a distancia, y sistemas de seguridad en los campus y las aplicaciones de localización de estudiantes. En la imaginación del futuro de la educación superior basada en la IA, la próxima generación de experiencias de aprendizaje será “individual y personalizada” y escalada con algoritmos, junto con la acreditación digital y la alineación de la educación con el trabajo basado en datos.

6. Libertad y autonomía académica:

   La labor de educadores académicos y académicas se ha visto afectada por la creciente penetración del sector privado y la tecnología comercial en la ES durante la pandemia. Se ha exigido a educadores académicos y académicas que dupliquen su preparación e impartición de clases tanto en formato presencial como en línea. La libertad académica está en peligro cuando la enseñanza y el aprendizaje en línea realizados en un contexto internacional son contrarios a la política de determinados regímenes estatales, lo que hace temer la censura y la supresión de la investigación crítica en la educación a distancia.

7. Reproducción de desigualdades:

   Muchos y muchas estudiantes, en particular aquellos y aquellas de mayores recursos económicos, han podido mantenerse al día con sus estudios de educación superior a lo largo de la pandemia. No obstante, también hay estudiantes a  que no les ha quedado más remedio que hacer una pausa o cancelar sus matrículas. Las desigualdades están determinadas y se profundizan por el género, la clase, la cultura, la raza y el contexto geopolítico, entre otros factores. Al igual que la pandemia presenta a la industria de la tecnología educativa un momento para rediseñar el futuro de la educación superior, los propios sistemas de educación superior tienen la oportunidad de reimaginarse como un sistema más igualitario, y de definir y regular el papel de la tecnología educativa en estos imaginarios alternativos.

Durante el COVID-19, las medidas “temporales” de emergencia han surgido como oportunidades experimentales para establecer una nueva “normalidad digital” en la que los actores privados ejercen un papel sustancialmente mayor en las escuelas, colegios y universidades de todo el mundo, con amplias implicaciones para la experiencia de las y los estudiantes y la vida laboral del personal.  Aunque las respuestas a la pandemia han sido claramente definidas por regiones y contextos específicos, la digitalización de la enseñanza superior se ha convertido en una vía para privatizar y comercializar aún más la educación pública.

En pocas palabras, la pandemia de COVID-19 ha sido explotada como una oportunidad de emergencia para que el sector privado y las organizaciones comerciales aumenten su penetración e influencia en la educación superior. Los autores recomiendan que las partes interesadas en la ES, incluidos el personal académico, las y los estudiantes y los sindicatos que les representan, trabajen de forma urgente y colegiada para definir imaginarios alternativos que puedan guiar la recuperación postpandémica de la ES. 

Para acceder al informe completo (en inglés) pueden hacer clic aquí: Pandemic Privatisation in Higher Education: EdTech & University Reform. De igual manera, pueden acceder al resumen ejecutivo (en español) aquí: Pandemia y privatización – Principales Realidades Observadas. 

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El lucro y los problemas de la privatización de la educación

23 de septiembre de 2021

La privatización de la educación es un fenómeno global que se presenta de forma intensificada en América Latina y el Caribe. Eso se da debido a la presencia de políticas que incentivan el proceso. Allí se encuentran las tasas de escolarización primaria privada más elevadas del mundo. Asimismo, respecto a la educación secundaria, la región encabeza el ranking de continentes con mayor participación privada, compartiendo posición con los países del África subsahariana.

Por preocuparse por la creciente mercantilización de la educación en la región, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) viene impulsando estudios que buscan investigar e identificar tendencias, desafíos y políticas relacionados con estas dinámicas. 

El documento “El lucro en la legislación sobre educación en América Latina y el Caribe” analiza las legislaciones que reglamentan las actividades lucrativas en la educación. También se investiga en qué medida estos marcos legales permiten, incentivan o impiden la realización del lucro en la educación de la región. Los países analizados fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú.

La permisividad del lucro en la educación

Considerando las condiciones legales que estimulan el aumento de capital de los proveedores educativos privados nacionales o supranacionales a partir del subsidio público, la investigación definió las categorías inducción, permisión u impedimento al lucro en la educación obligatoria, de acuerdo a las legislaciones nacionales observadas. Así, se clasifican las legislaciones como:

• Inductoras cuando brindan beneficios a los agentes privados mediante la transferencia de fondos públicos o mediante la exención de impuestos. Se identificó esta modalidad en Chile, Honduras, Haití y Paraguay;

• Permisivas cuando no expresan la posibilidad de obtener ganancias de la actividad educativa a nivel nacional, pero permiten, por omitirse en relación al tema, acuerdos subnacionales o posteriores que favorecen al sector educativo privado con fines de lucro. Se encuadran en esta situación: Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú;

• Impeditivas cuando vetan, prohíben o limitan explícitamente la obtención de ganancias en la educación obligatoria a través de financiamiento público a la acción privada. No hay casos impeditivos entre los países investigados. En el caso de Argentina se destaca la prohibición a acuerdos bilaterales y multilaterales que propicien la mercantilización de la educación.

Para percibir lucro, destaca la investigación, actores del sector educativo privado se benefician de la transferencia de fondos públicos para instituciones privadas, la renuncia fiscal y la exención de tasas de variadas formas.

En el 2019, según reportó la ONU, para garantizar la implementación del derecho a la educación y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el contexto de crecimiento de actores privados en la educación debe ser controlado.

¿Cuáles son los problemas de la privatización de la educación?

La creciente tendencia a la privatización educativa en la región se mapea en la investigación “América Latina: una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias” (2017), donde se identificaron siete trayectorias de privatización en la región. 

Algunas de ellas se verifican como parte de la reforma estructural del Estado, el cual así pierde el rol de proveedor de educación. En un escenario difícil de revertir, se pone como un regulador, financiador y evaluador del sistema educativo. Esto presenta consecuencias negativas al acceso a la educación como un derecho humano de todas las personas, profundizando las desigualdades. 

Entienda:

• Por medio de la privatización como reforma incremental, la acumulación de cambios parciales puede alterar significativamente la constitución y la gobernanza del sistema de educación pública;
  
• Otro impacto de relieve es la exclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales o el desaliento de su matriculación en los programas educativos. Eso se da pues la selección de estudiantes de modo directo o indirecto prevalece en el sector privado;
• Hay que considerar investigaciones centradas en la segregación socioeconómica, racial o étnica, profundizando las barreras del capital en torno al estudio. Se señala una creciente segregación de estudiantes con necesidades educativas especiales, incluyendo a las personas con discapacidad. Eso es consecuencia predominante de la introducción de reformas basadas en el mercado y el crecimiento de los actores privados en la educación;
• Los datos demuestran que los incentivos que el mercado le presenta a los actores privados, pone a las escuelas públicas a proveer educación a las poblaciones más desaventajadas. Esto afecta de manera negativa la diversidad de los entornos educativos. Eso también se da por la creciente transferencia de recursos públicos a la expansión de educación privada y el drenaje de fondos a las escuelas públicas. Así, estudiantes más marginalizadas y marginalizados son educadas y educados en escuelas públicas que cuentan con pocos recursos. 

Entérate más sobre los problemas de la privatización de la educación.

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La Privatización en América Latina: Una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias

15 de septiembre de 2021

 

La Universidad Autónoma de Barcelona, bajo el marco de Internacional de la Educación, realizó un mapeo de los procesos y trayectos de privatización educativa en Latinoamérica, siendo sus autores Antoni Verger, Mauro Moschetti y Clara Fontdevilla. Según la investigación, intitulada “La Privatización en América Latina: una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias” (2017), la privatización de la educación es un fenómeno global, pero este se presenta de forma especialmente austera en América Latina.

De hecho, las políticas pro-privatización cuentan con gran presencia en los procesos de reforma educativa de un número creciente de países de la región, independientemente de su nivel de desarrollo económico, tradición administrativa o cultura política.

La región Latinoamericana no sólo se destaca por tener la tasa de escolarización primaria privada más elevada del mundo, sino por ser además aquella en la que el crecimiento de la oferta privada ha sido más sostenido. En términos de educación secundaria, la región encabeza el ranking de regiones con mayor participación privada, pero en este caso comparte posición con los países del África subsahariana.  Sin embargo, existe una escasez en la literatura sobre el fenómeno en la región y sobre la privatización educativa desde una perspectiva regional. 

El trabajo realizado por Verger, Moschetti y Fontdevilla busca visibilizar y mapear las distintas manifestaciones de la privatización educativa en América Latina y el Caribe, identificando los diferentes procesos y trayectorias de dicho fenómeno por los que atraviesa la región.

Utilizando una perspectiva de economía política, los autores utilizan fuentes primordialmente indirectas (revisión de literatura, datos estadísticos, etc.), para así desensamblar la naturaleza, condicionantes y variantes de la privatización educativa en los diferentes territorios que integran la región. 

A través del estudio de caso por países, se lograron identificar siete trayectorias de privatización educativa en América Latina:

 

1. La privatización educativa como parte de la reforma estructural del Estado: Los procesos de privatización pueden tomar un carácter estructural, implicando una redefinición drástica del rol del Estado en materia educativa (transitando de un rol de proveedor de educación a un rol de regulador, financiador y evaluador del sistema educativo). Dichas reformas, dado su carácter estructural y su adopción a gran escala, son muy difíciles de revertir. En la región Latinoamericana, el caso de Chile es vital para entender este proceso de privatización.
2. La privatización como reforma incremental: En algunos países, la privatización educativa no es el resultado de cambios drásticos ni de grandes reformas estructurales, sino de la adopción de cambios más bien graduales, que se dan a menudo a nivel subnacional y, en cierta manera, desconectados los unos de los otros. La acumulación de dichos cambios parciales acaba por alterar significativamente la constitución y la gobernanza del sistema de educación pública. En el contexto latinoamericano, este tipo de procesos puede observarse más claramente en países relativamente grandes y con sistemas educativos descentralizados, como Colombia y Brasil.
3. La privatización ‘por defecto’ y la emergencia de escuelas privadas de bajo costo: En determinados países, el crecimiento del sector privado se explica por la pasividad o limitada capacidad de respuesta del Estado ante una creciente demanda educativa. La privatización se produce así ‘por defecto’, y se canaliza a menudo a través de las llamadas ‘escuelas privadas de bajo costo’. Se trata de un tipo de escuelas en expansión que se pueden encontrar en Perú y República Dominicana. 
4. Alianzas público-privadas históricas: La fuerte presencia de provisión educativa no-estatal es el resultado de una relación de cooperación estable entre la Iglesia y el Estado. Este tipo de alianzas entre el sector público y el privado (PPPs por sus siglas en inglés) se encuentra intrínsecamente vinculado a la instauración de sistemas educativos nacionales y a la necesidad de ampliar la cobertura escolar de forma costo-eficiente. Estas alianzas son prevalentes en Argentina y República Dominicana.
5. La privatización por la vía del desastre: Las situaciones de emergencia humanitaria y social, que son el resultado tanto de desastres naturales como de conflictos armados, constituyen un terreno fértil para la adopción de reformas educativas drásticas que en situación de normalidad encontrarán más dificultades para prosperar. Los países del norte de Centroamérica y Haití son un ejemplo claro de la implementación de educación privada en contextos de emergencias. La privatización por la vía del desastre se caracteriza por el potencial amplificador de sus efectos, los cuales acostumbran a trascender las fronteras del mismo desastre.
6. La contención de la privatización: En contra de la tendencia general en Latinoamérica, la matrícula privada ha ido a la baja en algunos países de la región. Este es el caso de Bolivia, país en el que la matrícula privada ha experimentado un estancamiento y ligero retroceso en las últimas décadas. Este cambio de tendencia se explica por cambios en las dinámicas de oferta y demanda educativa.
7. La privatización latente. En este caso, se utiliza el ejemplo de Uruguay donde el rol marginal del sector privado se atribuye históricamente a la temprana separación Iglesia-Estado, mientras que su limitado crecimiento durante las últimas décadas se explica por una conjunción de mecanismos ligados sobre todo a la tradición centralizadora, pluralista y gradualista del sistema político uruguayo. No obstante, en los últimos años, se detecta un giro en el plano discursivo y una incipiente cooperación público-privada en forma de iniciativas experimentales, o de propuestas legislativas tendientes a favorecer dicha cooperación, que han acabado permeando en casi todo el espectro político.

Este estudio explora cómo las estructuras institucionales y económicas de distintos países de América Latina han adoptado políticas de privatización de la educación, para así poder identificar los actores que intervienen de forma significativa en la promoción, resistencia y/o recontextualización de las políticas de privatización a diferentes niveles (local, nacional y/o supranacional) y analizar los resultados de sus acciones. 

Con este tipo de trazabilidad se puede establecer una tipología de trayectorias de privatización de la educación a nivel regional con la que capturar, no sólo los procesos formales de la privatización educativa, sino también su carácter construido y contextualizado. Si deseas saber más sobre las tendencias de privatización educativa en la región Latinoamericana, puedes leer el estudio y sus resultados aquí: La Privatización Educativa en América Latina.

 

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Los efectos de la creciente participación de actores privados en la educación inclusiva

10 de septiembre de 2021

El caso de las personas con discapacidad

En las últimas décadas, ha habido una creciente tendencia hacia la participación de actores privados en la educación y la introducción de mecanismos de mercado en la provisión de este servicio público. Esto se ve tanto en el norte como en el sur global, y con modelos y formas variadas que van desde escuelas privadas no subsidiadas hasta alianzas público-privadas (PPP por sus siglas en inglés) que incluyen el uso de fondos del Estado de diversas maneras. Por medio de entrevistas a profundidad y análisis extensivo de literatura – incluyendo 135 documentos que oscilan entre 1990 a 2019 – el documento verifica efectos adversos de estas tendencias. 

• En muchos países, el crecimiento de la oferta de educación privada se impulsa bajo el entendimiento de que el sector privado contribuye en la satisfacción de una demanda educativa insatisfecha. Además, ocurre un proceso de privatización por medio de catástrofes – ya sean naturales, humanitarias, conflictos armados – donde los Estados son incapaces de responder por medio de una educación en emergencias. De esta manera, la intervención del sector privado ocurre como medio para subsanar una falla estructural de los gobiernos que no tienen los medios para proveer este servicio público. El Banco Mundial constituye uno de los mayores financiadores externos de la educación privada en países de bajos recursos.  Además de financiar, la entidad también promueve la expansión del sector privado en la educación, a través de la reducción y flexibilización de marcos regulatorios, creación de PPPs, y en la introducción de mecanismos privados o “semiprivados”;
• Hay diversas maneras en las que las escuelas privadas pueden excluir estudiantes con necesidades educativas especiales o desalentar su matriculación en sus programas, incluso si tienen prohibido hacerlo. La selección de estudiantes de forma directa o indirecta prevalece en el sector privado. Por ejemplo, la selección indirecta se da por medio constantes suspensiones, salidas anticipadas de la escuela, y aislamiento de las clases;
  
• Investigaciones centradas en la segregación socioeconómica, racial o étnica señalan una creciente segregación de estudiantes con necesidades educativas especiales, incluyendo a las personas con discapacidad, como consecuencia predominante de la introducción de reformas basadas en el mercado y el crecimiento de los actores privados en la educación. La evidencia muestra que dados los incentivos que el mercado le presenta a los actores privados, las escuelas públicas proveen educación a las poblaciones más desaventajadas. Esto no solo afecta de manera negativa la diversidad de los entornos educativos, sino que, en conjunto con la creciente transferencia de recursos públicos para expandir los esquemas de educación privada y el drenaje de fondos desde las escuelas públicas, ocasiona que las y los estudiantes más marginalizadas/os sean educadas y educados en escuelas públicas que cuentan con pocos recursos, o “escuelas de último recurso”. 

El estudio demuestra que, en la lógica de privatización y mercadeo del sistema educativo, ciertas fuerzas centrífugas resultan en la exclusión y segregación de estudiantes con necesidades especiales. Estas fuerzas incluyen la competencia, estandarización, rentabilidad, autonomía y desregulación, se encuentran en choques intrínsecos con las fuerzas que subyacen a la inclusión, lo cual resulta dañino para estudiantes que “no caben” dentro de parámetros preestablecidos. 

Para socavar y solucionar este escenario complejo de política educativa, el estudio recomienda que el Estado necesita actuar, siendo el responsable de respetar, proteger y de garantizar el derecho a la educación de todas y todos bajo su jurisdicción. Dentro de un contexto global de creciente comercialización y privatización de la educación, los Principios de Abidjan. establecen que la educación, como bien público, es responsabilidad del Estado. Estos principios proveen claros lineamientos a los Estados para cumplir tanto su deber indelegable de garantizar una educación inclusiva, equitativa y gratuita, como de regular y controlar de manera efectiva a los actores privados que ingresan al sistema educativo.

Si quieres saber más sobre los efectos de la privatización y sus mecanismos de segregación y estratificación en el sistema educativo, junto con una serie de recomendaciones para proveer educación inclusiva y gratuita, puedes leer el documento aquí: Informe de ACIJ.

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3 informaciones sobre la privatización de la educación en América Latina y el Caribe

7 de septiembre de 2021

Por preocuparse con el bajo nivel del financiamiento de la educación pública, y a contracorriente de las tendencias a la privatización y al lucro en la educación en nuestra región, en abril de 2021, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó la investigación “El lucro en la legislación sobre educación en América Latina y el Caribe”.

El estudio, realizado con el apoyo de OXFAM, trató de conocer cómo las legislaciones de la región reglamentan, o no, las actividades lucrativas en la educación, observando en qué medida los marcos legales de los países permiten, incentivan o impiden la realización del lucro en la educación. El análisis incluyó a nueve países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú.

3 informaciones sobre la privatización de la educación en América Latina y el Caribe

1. Chile, Honduras, Perú y Paraguay presentan Constituciones Nacionales que destacan la libertad de elegir de los tutores como eje central, y no el derecho humano a la educación que tiene el Estado como su garante. 
2. Los 9 países tratados en la investigación no prohíben la actividad lucrativa sobre la educación. Apenas Argentina cuenta con explícita prohibición a acuerdos bilaterales y multilaterales que propicien la mercantilización de la educación, pero ningún prohíbe la actividad lucrativa en el campo educativo. 
3. Hay brechas de permisividad que viabilizan la mercantilización de la educación en todos los países observados. De acuerdo con la investigadora Teise Garcia, todas las entrevistas con personas expertas apuntaron a brechas en sus países. En ellos, se identificaron estrategias para evadir y por fin no cumplir con cualquier mecanismo que prohíba o dificulte destinar recursos públicos para el sector educativo con fines de lucro.

Entre las estrategias, está la presencia y/o el establecimiento de organizaciones legalmente sin fines de lucro (por lo tanto aptas a recibir recursos públicos). Pero, ellas, por fin, tienen efectivamente fines de lucro. 

La CLADE sigue actuando para fortalecer la educación pública y gratuita, en la lucha por una financiación suficiente y adecuada que garantice este derecho humano a todas las personas en América Latina y el Caribe, contra la privatización de la educación.

>>> Mira el documento completo.

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“Se impone un marco general para hablar de la educación como en crisis constante”

3 de septiembre de 2021

Docente en la Universidad de Córdoba (UNC), Argentina, e investigadora del fenómeno de la mediatización en escenarios educativos, Eva da Porta nos habla acerca de la influencia de los medios de comunicación en la percepción sobre la calidad de la educación en los centros públicos. Para Da Porta, los medios muchas veces abordan la educación como un espacio deficiente, ineficiente y conflictivo. “Eso hace que ciertos sentidos sobre la educación se hagan parte del sentido común, que es el magma sobre el cual se apoyan luego muchas políticas privatizadoras o represivas sobre los docentes y estudiantes”.

Los medios tienen una gran influencia en la formación de la opinión pública, ¿cómo esto influye en la percepción que se tiene sobre que es una educación de calidad?

El rol ideológico de los medios está siendo nuevamente analizado. En las últimas décadas se habían abandonado las teorías de la imposición y la manipulación ideológica por miradas más centradas en la interpretación y en la capacidad de las audiencias para elegir e interpretar los mensajes mediáticos. Pero algo ha cambiado también estos años en la forma en que los medios producen ideología. Han aprendido y desarrollado mecanismos de imposición muy potentes, articulándose con otros poderes y diversificando su capacidad de imposición simbólica. Así que hoy estamos revalorizando aquellas ideas de los años 60 y 70, que señalan el poder mediático como uno de los poderes centrales del capitalismo contemporáneo en donde se forma y define la opinión pública.

En ese marco, el campo educativo está expuesto a la forma en que los medios se refieren a las distintas cuestiones educativas, pues en estas sociedades mediatizadas la cosa pública está atravesada por los discursos y debates mediáticos. La educación hoy no puede evitar estar hablada, significada y visibilizada por los medios y en ese sentido está expuesta a las formas en que los medios hacen sus discursos: de un modo fragmentado, centrado en el escándalo y el valor noticia, en ciertos estereotipos y visiones simplificadas de la realidad, en argumentos esquemáticos y también orientados ideológicamente. No hay relato mediático neutral, siempre hay una posición asumida. Aunque la noticia tienda a contarse “objetivamente”, siempre hay recortes, elecciones, valoraciones que encuadran el tema que se cuenta.

La cuestión de la calidad educativa rápidamente se convierte en parte de un argumento esquemático, que opera como todo argumento simplificado y ciertamente estereotipado, dando por supuesto un conjunto de cuestiones asociadas a ese término, que no se discuten y operan como sentido común cada vez que se usa en una noticia o discurso mediático. En este esquema, calidad se opone a cantidad, es decir a la educación masiva, educación pública que busca la cobertura total de la población. De modo que la educación pública comienza a vincularse con la “mala calidad”. Por otro lado y estrechamente vinculado con esto, la calidad se vincula a escuela privada, a los modos educativos que ponen énfasis en la individualidad, el mérito personal y el rendimiento en estándares internacionales. Lo que ocurre es que nunca se explicita claramente qué se entiende por calidad educativa, se la da por comprendida y ese mecanismo es justamente el que esconde cómo el discurso neoliberal se ha apropiado de ese término y lo ha cargado de sentidos todos opuestos a la educación pública garantizada por el Estado más cercana al modelo liberal democrático, aun fuerte en nuestra región, que el neoliberalismo necesita transformar. Para ello su principal carta es la “calidad educativa”, pues nadie se opondría a querer una educación de calidad. Lo que ocurre es que para lograrla es necesario, según el discurso neoliberal, adecuar nuestros sistemas educativos a los estándares y las lógicas del mercado, las empresas y las tecnologías de la evaluación.

Hay sectores que defienden simplemente el éxito en pruebas estandarizadas, mientras los movimientos que actúan por el derecho a la educación defienden un concepto más amplio de educación con calidad. ¿Te parece que los medios tienen peso en este debate? ¿De qué manera influyen en la construcción del concepto de la calidad de la educación en la sociedad?

Las pruebas estandarizadas son también otro de esos sentidos que se imponen sin análisis y que se asocian a la calidad educativa. Además se asocian a una idea esencialista de la educación como si hubiera conocimientos que son valiosos para todas las escuelas, para todos los países y para todos los niños y niñas, de manera que imponiéndoles un mismo sistema de medición sea posible conocer el grado de excelencia educativa de los distintos países. Ese modelo homogeneizador no tiene nada que ver con una perspectiva de derechos, que considera que el acceso y la posibilidad de educarse es un derecho universal, pero no los contenidos ni las modalidades, pues cada contexto, país, comunidad tiene derecho a decidir cuáles son los contenidos que considera significativos. Las pruebas estandarizadas arrasan las diferencias e imponen una misma vara de medición a países que tienen condiciones educativas muy diversas y no homogéneas.

Si claro que los medios inciden en esos debates y como dije antes inciden por cercanía ideológica con el modelo neoliberal y privatista, pero otras veces de un modo casi irreflexivo porque reproducen sin cuestionar el discurso social que surge de algunos “especialistas” y fundaciones cuya función central es ofrecer argumentos simplificados que permitan imponer la lógica del mercado, las mediciones estandarizadas y los rankings como única lógica válida para analizar la realidad educativa. Esos diagnósticos y propuestas se toman como datos de la realidad, no como interpretaciones interesadas de determinados grupos sociales. En ese sentido es muy importante que los y las periodistas evalúen críticamente las fuentes informativas, informes interesados de fundaciones y ciertas estadísticas o recomendaciones interesadas en imponer un modelo de mercado.

A modo de ejemplo, se toma como un dato de la “mala calidad educativa” de un país, los resultados de una encuesta realizada por una de estas fundaciones a empresarios, preguntándoles cómo valoran el nivel educativo con que egresan las y los estudiantes del sistema educativo secundario. Esta operación es grave y se repite en numerosos medios no necesariamente adherentes a un discurso privatizador. No se cuestionan las fuentes, ni los intereses que persiguen estas fundaciones o especialistas que difunden informes negativos sobre la educación pública y que dan “recomendaciones” a los gobiernos de cómo mejorar esas performances, como son las pruebas estandarizadas.

¿Qué impacto tiene esta cobertura? ¿Esto es capaz de crear un ciclo que afecta el proceso educativo, influyendo en las políticas gubernamentales dirigidas a la educación?

La influencia de los medios es múltiple y compleja. Podría decirse que más que imponer directamente las políticas crean el clima favorable para tomas de decisiones en uno o en otro sentido. En líneas generales, los medios son muy críticos de la educación pública, de los docentes y estudiantes que se movilizan en defensa de sus derechos y de la masividad del sistema público. Se impone un marco general para hablar de la educación como en crisis constante, como un espacio deficiente, ineficiente y conflictivo. Eso hace que ciertos sentidos sobre la educación se hagan parte del sentido común y de lo aceptable, que es el magma sobre el cual se apoyan luego muchas políticas privatizadoras o represivas sobre los docentes y estudiantes.

Usted coordinó una investigación sobre las disputas alrededor de la privatización de la educación en los medios de comunicación de la región. ¿Es posible percibir alguna relación entre el abordaje que se le da al público y al privado y la calidad educativa?

En nuestra investigación, que fue comparativa entre cuatro países (Argentina, Chile, México y Ecuador), pudimos encontrar muchas características comunes en los medios de tipo hegemónico. Un enfoque crítico respecto de la educación pública siempre caracterizada como un espacio caótico, sin orden, sin calidad, ineficiente y muchas veces contrario a los intereses de las familias y de los propios niños y niñas. Lo que termina siendo un argumento muy potente porque se pone a los niños como víctimas de la mala calidad del sistema y fundamentalmente de sus docentes, que se preocupan más por defender sus derechos que en que sus estudiantes tomen clases. Ese argumento desconoce que la educación es un derecho que, para ser efectivo, requiere de condiciones mínimas para desarrollarse, por ejemplo docentes bien remuneradas/os. De modo que los argumentos críticos sobre las escuelas públicas toman algún aspecto y lo descontextualizan de la problemática general.

El otro tema que se repite es la crítica al Estado desde esquemas de mercado. De este modo el Estado aparece como ineficiente para “administrar” el sistema. En su lugar se ofrecen modelos mixtos o directamente privatizadores. El otro tema recurrente es la criminalización de la protesta docente y estudiantil. Los paros, demandas y movilizaciones son tratados muchas veces con terminología policial, legal y vinculada al delito, como “los sediciosos”, “los ocupantes ilegales”, “los violentos” para referirse a estudiantes o maestras/os en lucha.

De manera general, se observa que en la cobertura mediática sobre la educación se toma en cuenta la opinión de representantes del poder público, las y los llamadas/os “expertas/os” y, cada vez más, representantes del sector privado. Poca expresión tienen las y los estudiantes y docentes. ¿Cómo hacer para que la voz de la comunidad educativa esté más presente?

Ese punto es central cuando nos preguntamos no solo cómo tratan los temas educativos los medios, si no quienes son las voces autorizadas que hablan en los medios, a quienes consultan. En nuestra investigación, apareció con mucha claridad que estudiantes y docentes son “habladas/os” por otros, que son escasas las posibilidades que tienen de hablar y dar testimonio en primera persona. Cuando lo hacen, los medios los ponen en tono genérico “maestro huelguista”, “estudiante movilizado”, sin darle un reconocimiento y legitimidad a su palabra. Frente a esto, los que aparecen como enunciadores autorizados son algunos funcionarios políticos cuyas palabras no son cuestionadas y son tomadas como “los hechos”, y fundamentalmente la voz de ciertos especialistas de fundaciones o universidades privadas, cuya trayectoria intelectual no suele ser reconocida.

Sin embargo se auto instituyen como autoridades o especialistas en temas específicos (calidad educativa, financiamiento educativo, fracaso escolar, bullying o educación autosustentable) que dan datos e interpretaciones de la realidad desde un saber técnico que parece a-ideológico, pero que si se rastrea lo que está más allá, quienes financian esa investigación, las preguntas que se hacen, los métodos para obtener la información, claramente aparecen los intereses por imponer un modelo neoliberal y privatizador.

Las y los docentes e investigadoras/es de los sistemas públicos son escasamente consultadas/os como expertas/os, y en su lugar aparecen fundaciones, coaliciones o grupos de empresarias/os e intelectuales preocupadas/os por la educación, que son los que ofrecen regularmente informes caóticos sobre la educación pública que terminan siendo tomados por los medios como noticia, como la realidad misma.

¿Qué se puede hacer para cambiar el enfoque en las noticias, generando discusiones sobre cómo construir un sistema público de educación fortalecido y de calidad? ¿Los medios están dispuestos a hacer ese cambio?

Los medios siguen la lógica de la noticia. Lo que no entre en esa dinámica queda en los márgenes, lo que no pueda llamar la atención de las/os destinatarios se descarta. En ese sentido es importante disputar la agenda de los medios. Generar información, noticias, informes, que los medios puedan tomar como noticia por algunos motivos. Eso es importante, también es importante debatir, desnaturalizar lo que aparece como “la realidad educativa”, mostrar que solo son argumentos y que se pueden ver los hechos desde otro lugar. Es importante establecer diálogo con periodistas y comunicadoras/es sensibles a la problemática, y desarrollar algún tipo de formación u orientación para ellas/os del mismo modo que se hace respecto de cuestiones como violencia de género o delito e infancia. Ofrecerles otros argumentos, otras formas de analizar los problemas educativos, mostrar la falacia escondida atrás de esos informes de especialistas que no transparentan sus verdaderas intenciones, y apuntar a que estudiantes y docentes, cuando entrevistadas/os, puedan desarticular la lógica que los estigmatiza y los criminaliza.

A su vez potenciar los numerosos medios de tipo progresista y alternativo que en estos últimos tiempos han crecido a la luz del desarrollo de las redes. Estos medios tienen otros enfoques sobre educación, les dan voz a actores educativos excluidos de los grandes medios y fundamentalmente se posicionan frente a la educación como un derecho. Este es un fenómeno notable que también hemos podido constatar en nuestra investigación. Estos hallazgos siguen la idea que plantea Manuel Castells, quien señala que cuando hay una alianza fuerte entre modelo político y discurso de los medios dominantes, las redes son el espacio para expresar el malestar y expresar los temas que quedan excluidos de esos espacios hegemónicos.

¿En qué medida la percepción de la “mala calidad” en las escuelas públicas debilita el sistema educativo público? ¿Qué recomendaciones haría para las organizaciones de la sociedad civil que quieren influir en los medios de comunicación desde una perspectiva de los derechos humanos y del fortalecimiento de la educación pública?

En primer lugar es importante reconocer que más allá de los medios, la educación pública en nuestros países es aún muy valorada y defendida cuando es atacada. El tema es que este tipo de operatoria es sutil. Cuando solo se publica en un medio durante un mes el modo en que las universidades y las escuelas se “destruyen” en una medida de fuerza, como un paro docente o una toma estudiantil, la imagen de deterioro y desidia se terminan imponiendo por sobre la de defensa de derechos, que es la razón que hace que un docente o un estudiante deje de cumplir sus roles cotidianos y decida una medida de este tipo.

Frente a esa imagen de deterioro es importante que las organizaciones educativas hagan públicas estas demandas y comuniquen no solo las demandas, si no también los resultados, los hallazgos, los “éxitos” de la educación pública, no en términos de mercado si no en términos de lo que la propia organización se propone a verificar. Por ejemplo alfabetizar a un grupo de mujeres migrantes, recuperar técnicas artesanales ancestrales o lograr que las y los estudiantes desarrollen procesos creativos en las escuelas. Es importante que estas ideas puedan acceder a la agenda pública. De igual modo es importante diseñar una estrategia comunicacional cuando se va a realizar una medida de fuerza, para no dejar que los medios armen la noticia con los estereotipos repetidos infinitas veces. Es importante decidir quiénes van a hablar a los medios, qué van a decir y dónde pondrán los énfasis en sus discursos.

A su vez, es importante la articulación y el trabajo en red entre las organizaciones para potenciar los medios alternativos, los observatorios y todos aquellos espacios mediáticos que potencien una perspectiva de derechos y no naturalicen la lógica de mercado que hoy se impone de modo sutil y silencioso.

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Brasil: no a los vouchers para la atención en las guarderías

24 de agosto de 2021

“Más allá de las cuestiones jurídicas-constitucionales, los objetivos económicos que sostienen la propuesta necesitan ser desnudados, teniendo en cuenta el enorme interés del mercado de la educación en los recursos de una de las partes más grandes del presupuesto público en todos los entes federales. La idea propuesta, que quienes deben ser financiados son los estudiantes y no las escuelas, tergiversa los verdaderos intereses que serán financiados. En realidad, es la apertura jurídica para la implementación de la política de vouchers o charter schools”, dice la nota técnica publicada la semana pasada por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación.

Siguiendo el posicionamiento histórico de la red brasileña y sus activistas, el documento afirma que el intento de privatización de la educación a través del “Auxilio niños y niñas ciudadanos/as” – determinando el pago directo de vouchers a las guarderías credenciadas por el gobierno e instituciones privadas que garanticen plazas para estudiantes de cero a cuatro años – es inconstitucional y ataca el principio de calidad de la educación, además de favorecer procesos de exclusión social y segregación de estudiantes. 

>> Lee la nota completa en portugués aquí. 

 

 

 

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3 ejes contra la privatización de la educación: recomendaciones de personas expertas

En abril de 2021 la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó la investigación “El lucro en la legislación sobre educación en América Latina y el Caribe.” El estudio apunta a tres ejes contra la privatización de la educación. 

Los aportes son de personas expertas entrevistadas. El objetivo es contribuir a la incidencia política de los movimientos sociales que luchan por la educación como un derecho humano en América Latina y el Caribe. Como tal, que no esté sujeto a la mercantilización.

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Los tres ejes contra la privatización de la educación

• Producción de información. Los expertos aportan que son necesarios estudios sobre la calidad, la oferta y la segregación escolar, que profundicen en la relación directa entre las desigualdades educativas y la relación público-privada en toda la región a nivel local, nacional, regional e internacional. También es necesario un mapeo más específico de la educación superior para arrojar luz sobre la lógica de la extracción de ganancias en las instituciones en esta etapa de la educación.

 

• Investigación para difusión de información. Otra recomendación se da a los esfuerzos de difusión de información y producción de campañas y sensibilización. Las personas entrevistadas enfatizan la relevancia de la movilización que muestre la cuestión del lucro en la educación y sus efectos negativos. Se propone la creación de redes entre diferentes organizaciones para construir narrativas contrahegemónicas en oposición a la privatización. Eso también se aplica en favor del fortalecimiento de la educación pública y gratuita. A través de datos de calidad, el objetivo es que se deconstruyan ideas como la superioridad de la calidad de la oferta privada. La estrategia está enfocada en hacer visible la importancia de la financiación pública para todos los niveles y etapas de la educación.

 

• Campañas para la confrontación política con miras a cambios en la legislación, de manera a garantizar la exclusividad de recursos públicos para la educación pública. Se proponen acciones de fortalecimiento a la sociedad civil, así como el abogar por la exclusividad de los recursos públicos para las escuelas públicas y gratuitas. Asimismo por la existencia de mecanismos de control social de cualquier recurso público transferido a instituciones privadas.
  

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Qué piensa la CLADE

Para la Campaña, los resultados de esta investigación señalan un largo camino por recorrer. Considerando la variedad de formas de lucro instaladas en y a través de la educación, que se fortalecen con el respaldo de la ley. Otro aspecto es la sombra de los vacíos legales.

Preocupa el hecho de que los recursos públicos no se canalicen adecuadamente para fortalecer la educación pública y gratuita. Eso se suma a la gravedad de la falta de financiación suficiente para garantizar el derecho humano a la educación en muchos contextos.  

 

Mira el documento completo aqui y profundiza en los ejes contra la privatización de la educación

 

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Observatorio monitorea organismos multilaterales de América Latina y el Caribe

23 de agosto de 2021

Monitorear en el plano educativo las actividades de organismos multilaterales, bancas de desarrollo, corporaciones tecnológicas y filantropía es el objetivo del observatorio recién lanzado por el Centro internacional de Investigaciones Otras Voces en educación (CII-OVE) junto a la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa.

Al ser lanzado, el Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Corporaciones Tecnológicas y Filantropía, presenta un reporte sobre las actividades en curso en la región del Grupo Banco Mundial, la Corporación Facebook, la Fundación Gates y el IESALC de la UNESCO, haciendo una revisión exhaustiva del trabajo de estas instancias.

“Para el trabajo que se inicia con este informe, el Observatorio latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Corporaciones Tecnológicas y Filantropía informa que está abierta la convocatoria para sumar voces al trabajo que realizan, en el entendido que la labor que inician solo es sostenible con un tejido social alternativo. Para ello pueden escribir a contacto@otrasvoceseneducacion.org”, afirman los organizadores. 

Según el reporte, en ninguna otra época de la historia fue tan determinante la presión internacional explícita sobre lo nacional en materia educativa. “La normalización y estandarización de las políticas educativas se produce mediante consensos inducidos por el multilateralismo de post guerra fría, formulación de coordenadas mínimas y máximas establecidas por el G-7, fondo monetario internacional y bancas de desarrollo, afianzados a través de la corporativización de la agenda educativa y el financiamiento filantrópico de las multinacionales condicionado por las prioridades del mercado”.

>> Lee el reporte completo

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Privatización educativa: Lineamientos para la educación y proyectos financiados en América Latina y el Caribe

16 de agosto de 2021

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