Foro Chileno denuncia persecución política
19 de noviembre de 2021“La Fiscalía insiste en imputar un delito que no existe. Denunciamos persecución política contra Magally Avila, quien participa hace años en el FODEP, defendiendo los DDHH [Derechos Humanos] de estudiantes. Exigimos que las manos sangrientas del Estado chileno se aparten de nuestra compañera”, afirma el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), que es uno de los foros miembros de la red CLADE, al publicar nota de repúdio a la violencia estatal que han enfrentado en Chile el 16 de noviembre.
Según el FODEP, Magally Avila, integrante del Comité Ejecutivo del Foro, ha sufrido injustamente del “bloqueo total de circulación con violencia-intimidación-obstáculo” por parte del Estado chileno. “Magaly señala su completa inocencia de los delitos que se le imputan y denuncia valientemente persecución política en su contra por ser activista y defensora de los derechos humanos. (…) A pesar de no existir pruebas para su formalización, la Fiscalía ha insistido en su intención de imputar un delito que no existe, confirmando la denuncia de persecución política y montaje”, afirma la nota.
Persecución política
El contexto de persecución política que viven los y las estudiantes y organizaciones en Chile no es reciente. El año pasado, la CLADE lanzó una publicación sobre la criminalización de jóvenes que relata y analiza casos de persecución en Chile y más tres países: Colombia, Honduras y Nicaragua.
Para debatir el tema, principalmente en el contexto de recrudecimiento de la violencia y criminalización en contra de los y las estudiantes en Chile, como la negación de diálogo por parte de las autoridades, la prisión y el secuestro de jóvenes, el foro organizó, el 15 de noviembre, el evento Alerta Educativa 331 – Libertad a lxs 12: El caso de la Universidad de Concepción (2021).
Mira la grabación del evento:
Chile: Estudiantes de la Universidad de Concepción protestan contra criminalización y represión de jóvenes manifestantes
22 de octubre de 2021El último martes [19 de octubre], cuando se conmemoraron dos años del inicio de las revueltas sociales en Chile, estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción impulsaron manifestaciones durante los días 18 y 19 de octubre, a las cuales se sumaron en torno de 40 carreras, con el objetivo de recordar el comienzo del estallido social en el país, y presentar un pliego de demandas a la rectoría, entre ellas la retirada de una querella judicial contra 12 jóvenes, por su participación en protestas sociales.
“Entre fines de 2019 e inicios de 2020, se llevó a cabo una jornada extensa de protestas en Chile. En el caso particular de Concepción, entre enero y marzo de 2020, tuvieron lugar situaciones en el espacio de la universidad, en donde a mediados del año se interpuso una demanda por la fiscalía, en la cual la universidad actuó como querellante contra 12 jóvenes, que pasan por un proceso de prisión política. Es una situación compleja para las familias, ya que había una cantidad de jóvenes que era menor de edad en aquel momento en que fueron detenidos y cuando empezó el proceso. Hemos estado organizados en contra de esa querella”, afirma Jocelyn Campos, estudiante de Administración Pública y Ciencias Políticas, vocera de la toma de la rectoría de la Universidad de Concepción.
“Dentro de lo que significó esta fecha y, en línea de esta conmemoración, decidimos hacer esta acción más directa que fue tomarnos la rectoría de la Universidad de Concepción porque, con anterioridad, ya se había señalado a la rectoría nuestra demanda para que retiren la querella que presentaron en el 2020, y culminó en la detención de 12 jóvenes que se manifestaron en Concepción en el marco del estallido social”, explicó Felipe Herrera, representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (UdeC) y también vocero del movimiento.
Además de exigir la retirada de dicha querella, se buscó con la toma de la rectoría presionar por la realización de una reunión entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes presos y de sus familias.
“Tomamos la rectoría a las 8h de la mañana del 19 de octubre, y ya antes de las 9h habíamos tenido contacto con la rectoría, señalando que podríamos conformar una reunión como voceros del movimiento, con el rector y otros representantes de la rectoría. Hubo esa reunión, en la cual el rector aceptó tener un encuentro con representantes y familiares de los 12 jóvenes. Luego, con el atendimiento de esta primera demanda, se decidió retirar la toma”, agregó Felipe Herrera.
El encuentro entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes y sus familias se había agendado inicialmente para esta tarde (a las 15h, hora de Chile, en la casa de la rectoría), y estaba prevista en este contexto una concentración a las afueras de la rectoría para apoyar a que se retire la querella contra los 12 jóvenes. Sin embargo, la última información recibida es la de que esta reunión fue suspendida y todavía no tiene nueva fecha.
Represión y violencia
Además del caso de criminalización mencionado, hay denuncias de que carabineros actuaron de forma ilegal, amenazadora y represiva contra estudiantes movilizadas/os en la toma de la rectoría, haciéndoles inclusive control ilegal de identidad.
Según el medio Resumen, “dos jóvenes fueron detenidos ilegalmente al interior de la Universidad de Concepción y permanecieron secuestrados durante horas, por lo que fue interpuesto un recurso de amparo inmediatamente ante la gravedad de los hechos, que recuerdan la forma de actuar en dictadura y que viola flagrantemente la autonomía universitaria”.
“Como estudiantes organizadxs observamos la reanudación de las conversaciones entre las autoridades de la UdeC y los familiares de los 12 de forma positiva, e instamos a la comunidad a estar expectantes en la concreción de este acuerdo. Pero, a pesar de ello, no nos podemos quedar al margen de la situación de amedrentamiento que vivimos por parte de Carabineros y rechazamos cualquier acción que busque reprimir la protesta y lucha de quienes buscan una sociedad más justa e igualitaria”, afirman las y los estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción, en posicionamiento.
>> Lee aquí el comunicado completo.
>> Escucha noticiero producido sobre este caso, por ALER.
“Alerta por una Colombia en paz: exigimos un alto a la militarización y el respeto a la protesta social”
4 de mayo de 2021Garantías y libertades democráticas constitucionales a la movilización y la protesta; desmilitarización de las ciudades; el fortalecimiento de una masiva vacunación y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad y salud son algunas de las demandas que la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación presenta en su pronunciamiento recién publicado.
Firmado por más de 20 organizaciones y redes de la sociedad civil nacionales e internacionales, el comunicado también denuncia el Estado Colombiano por los casos de represión contra los y las manifestantes que llevan seis días de protestas en las principales ciudades y campos del país, especialmente en oposición a las reformas tributaria y de salud que impulsa el gobierno nacional. La represión violenta de las protestas ha resultado en 21 personas asesinadas, 208 heridas, 18 con mutilación por lesiones oculares, 10 casos de violencia sexual y violencias basadas en género, al menos 503 personas detenidas y 42 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros/as independientes.
“Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos (DDHH), como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes”, dice el posicionamiento.
Lee el comunicado completo:
COMUNICADO A LA OPICIÓN PÚBLICA
ALERTA POR UNA COLOMBIA EN PAZ, EXIGIMOS UN ALTO A LA MILITARIZACIÓN Y RESPETO A LA PROTESTA SOCIAL
Desde el 28 de abril el pueblo colombiano se está movilizando en el gran Paro Nacional frente a la Reforma Tributaria, que pretendía incrementar los impuestos a la población más empobrecida, precarizando aún más la vida de la ciudadanía en medio de la actual crisis sanitaria por Covid-19; otras causas de la movilización han sido el hartazgo frente a la corrupción, la violación de los derechos humanos elementales, las políticas extractivistas, el desempleo, el incremento de la pobreza y del hambre, la privatización y pésima atención de la salud, que se evidencia con mayor fuerza en la pandemia, los recortes presupuestales a los programas sociales incluidas la educación y la salud, los asesinatos a líderes y lideresas sociales y el abuso del poder.
En Colombia, durante este gobierno los niños, niñas y jóvenes también han sido víctimas de distintas estrategias de deshumanización por parte de grupos armados ilegales y del Estado mismo. Las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía colombiana, hacen parte del legítimo derecho a defender los derechos humanos, y el derecho a la reunión y manifestación pública, consagrados en el artículo 37 de la Constitución Política Nacional. En ese sentido, el uso desmedido de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública es inaceptable.
En medio de las manifestaciones, entre el 28 de abril y el 10 de mayo se han presentado los siguientes casos de vulneración de los derechos humanos por parte de la fuerza pública del Estado colombiano hacia los y las manifestantes en las principales ciudades y campos, que según la organización “Defender la Libertad Asunto de Todas”, han dejado a 52 personas asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 489 personas heridas, 33 por lesiones oculares, 48 personas lesionadas por armas de fuego, 15 víctimas de violencias basadas en género, 435 personas presuntamente desaparecidas, 69 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros independientes , 1365 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a torturas y o a tratos crueles e inhumanos, 709 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
El Comité Nacional de Paro manifiesta su decisión y orientación de seguir en el paro y la movilización nacional levantando como objetivos centrales para este momento: Garantías y Libertades Democráticas, garantías constitucionales a la movilización y a la protesta.
Desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables. Y, así mismo, el desmonte del ESMAD.
Negociación con el Comité Nacional de Paro y con las organizaciones del Pliego de emergencia así resumido:
1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y el fortalecimiento de una masiva vacunación.
2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.
3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes, empleo con derechos y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad, salud y vacunación contra el COVID – 19 a toda la comunidad educativa del país.
5. No a la discriminación por razones de género, diversidad sexual y étnica y
6. No a las privatizaciones de los bienes públicos y la derogatoria del decreto 1174. Además, detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y las aspersiones aéreas con glifosato; y el retiro de la fuerza pública, ESMAD y GOES de las movilizaciones sociales.
Por ello, como organizaciones de la sociedad civil solicitamos al Estado colombiano adoptar de manera urgente medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales se encuentran en grave riesgo por los hechos anteriormente descritos.
Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes y servir de garantes en la negociación del pliego arriba descrito.
¡POR EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA!
4/5/2021
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Apoyan y acompañan esta declaración:
- Action Aid
- Agencia Pressenza
- Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
- Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC) – Colombia
- Asociación Tierra de Esperanza
- Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
- Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)
- Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
- Campaña Lationamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
- Campaña Mundial por la Educación (CME)
- Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE)
- Campaña por el Derecho a la Educación de México (CADEM)
- Coalición Panameña por el Derecho a la Educación
- Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala
- Contrato Social por la Educación en el Ecuador
- COPROBA – Argentina
- Educare – Argentina
- Federación Internacional Fe y Alegría
- Foro por el Derecho a la Educación Publica de Chile
- Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (Fodeve)
- Fraternidad Franciscana Sembradores de la Palabra
- Fundacion SES
- Fundación VOZ
- Instituto Edesio Passos
- Jovenes Solidarios
- Liderezas de Suba
- Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Sudamérica
- Mujeres Indígenas de Pueblo Tolupan
- Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina (OMEP-Latinoamérica)
- Oxfam
- Psinergia
- Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) Haití
- Red Estrado Colombia
- Red Global/Glocal por la calidad educativa
- Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM) – Colectivo Nacional de Colombia
- Natalia Cogliati
- Susana Papale
- Luz Marina Peña
- Diego Arévalo Ligarda
- Isabel Moyano Rojas
Chile: Rechazamos cualquier tipo de espionaje y persecución de estudiantes
18 de marzo de 2021A través de la publicación de la página digital Interferencia, vino a público semana pasada el funcionamiento de un grupo de Whatsapp para espiar y delatar a estudiantes movilizadas/os por el derecho a la educación del establecimiento educacional público Internado Nacional Barros Arana (INBA). Ante este contexto, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (Fodep) publicó esta semana un pronunciamiento denunciando tales medidas.
“Rechazamos todo tipo de persecución y criminalización hacia estudiantes, incluyendo este tipo de prácticas, que se suman a las expulsiones arbitrarias, seguimientos, agresiones, y la propia Ley Aula segura que ha legitimado este orden represivo en las escuelas y liceos”, afirmó en pronunciamiento el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (Fodep).
Según el Foro, “sin pudor ni vergüenza, el actual alcalde de Santiago y candidato a la reelección, Felipe Alessandri, encabezaba un grupo de espionaje, delación y represión contra estudiantes del INBA, compuesto por efectivos de Carabineros de alta graduación de la 22° comisaría de Quinta Normal, funcionarios de la Dirección de Educación Municipal de Santiago y directivos y docentes del establecimiento que actuaban concertadamente y usando redes sociales para vigilar y posteriormente sancionar las actividades de dirigentes estudiantiles”.
>> Lee la nota completa
>> Escucha la entrevista sobre el caso realizada por ALER
CLADE lanza informe sobre la criminalización de la lucha estudiantil
10 de diciembre de 2020Con el apoyo del fondo Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza hoy (10/12) el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”.
Entre los objetivos del documento está el análisis y la visibilización de la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras.
“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
Para la elaboración del informe se entrevistó a estudiantes de los países mencionados y se analizó su situación como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en esos cuatro países. Además de los casos concretos presentados, la investigación hace un análisis, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de criminalización de estudiantes y movimientos estudiantiles.
El documento también considera la existencia, extensión y singularidades de este fenómeno, así como la profunda afectación que supone no solo para el derecho a la educación, también para otro conjunto de derechos humanos fundamentales. En términos generales, se puede mencionar: impacto en los derechos de participación, libertad de expresión, reunión y asociación; represión y uso excesivo de la fuerza; actuaciones penales infundadas con el fin de paralizar o deslegitimar sus causas; arrestos; imposición de sanciones penales, civiles y administrativas; vigilancia de organizaciones de estudiantes; asesinato de estudiantes. En el ámbito educativo: expulsiones, suspensiones, cancelación de becas u otros beneficios estudiantiles.
Hallazgos y resultados
Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.
En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas; la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.
Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva; usos de violencia física incluyendo, en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.
Consideraciones y recomendaciones
El informe trata de aportar el panorama regional y reafirma la necesidad de fortalecer urgentemente estrategias que ayuden a revertir este fenómeno y contribuyan a garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad educativa, en particular de las y los estudiantes, ofreciendo una serie de recomendaciones generales y otras específicas dirigidas a diferentes ámbitos (ámbito estatal gubernamental, organismos de derechos humanos, medios de comunicación, sociedad civil, y a la comunidad educativa).
Entre las recomendaciones están: la relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género y la articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos.
Haití: Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití denuncia persecución y represión a sindicatos docentes
8 de octubre de 2020“La REPT condena enérgicamente la persecución y represión de docentes y sindicatos de docentes y los actos de brutalidad policial contra estudiantes que protestan para exigir que el Estado respete sus derechos”, afirma en una carta pública la Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití (REPT).
En el documento, que fue publicado el 16 de septiembre, REPT también denuncia actos de brutalidad policial perpetrados contra estudiantes durante las movilizaciones para exigir el respeto de sus derechos.
“Las demandas de los sindicatos de profesores y estudiantes son justas. La Constitución reconoce que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden manifestarse por sus demandas y garantiza que el Estado haitiano escuche su voz y respete sus derechos. Es un abuso, una violación de los derechos humanos y de su integridad cuando la policía les impide manifestarse. La policía debe proteger y servir en lugar de reprimir”, señala la REPT.
La organización también cuestiona el motivo por el cual las autoridades no están pensando en solucionar el problema en lugar de promoverlo. “¿Por qué no buscar un compromiso con los sindicatos para que los profesores puedan ir a trabajar? ¿Por qué el estado obliga a los y las estudiantes a manifestarse en las calles para exigir maestros y maestras en las aulas? Esto demuestra que estamos en un país que no se rige por un sistema educativo cada vez más distorsionado y que necesita un respiro”.
Sistema educativo
La REPT llama la atención de las autoridades sobre el mal funcionamiento del sistema educativo. “Hoy, se ve al ministerio pidiendo a las escuelas que ‘salven’ un año escolar en solo dos meses, mientras que otra categoría de escuelas ya ha comenzado el nuevo año escolar 2020-2021. Esto muestra claramente que el sistema educativo no tiene realmente un compromiso con la igualdad, tampoco con la equidad”, se afirma en el documento.
La carta pública también demanda al Estado haitiano un sistema educativo público y gratuito más amplio, visto que más del 80 por ciento de los niños, niñas y jóvenes están en las escuelas privadas, según el informe del censo realizado por el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (MENFP).
“Debe haber un compromiso claro para desarrollar escuelas públicas con buenos planes de estudio, buenos maestros y maestras y buenas condiciones de trabajo y de vida, buenos materiales e infraestructura. Una vez más, la REPT hace un llamado al MENFP a hacer lo necesario para facilitar las negociaciones con los sindicatos de docentes. El Estado tiene la responsabilidad de negociar para que la situación no se deteriore más, para que los niños y niñas puedan sentarse en clase con los docentes a aprender”, se afirma en la carta.
>> Lee la carta publicada por la REPT (versión en francés)
Informe: “La crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a la educación”
23 de julio de 2020“No hay institución en Chile que realice un seguimiento de las vulneraciones de los derechos humanos en la educación. Las organizaciones de derechos humanos se encuentran precarizadas y no logran dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas y liceos”. Esto afirmaron organizaciones y actores educativos durante el encuentro de la Mesa de Seguimiento de las vulneraciones al Derecho a la Educación, cuyos debates, reflexiones y recomendaciones fueron sistematizados en el informe “Derechos Humanos y Educación”. Mesa Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile, publicado en junio de este año.
Formada por organizaciones como la Red contra la represión a estudiantes y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), la Mesa de Seguimiento a las vulneraciones al Derecho a la Educación tiene el objetivo de monitorear las múltiples vulneraciones del derecho en las comunidades educativas, particularmente después del 18 de octubre de 2019, día del estallido social y posterior revuelta popular en Chile, donde toda forma de protesta social, particularmente en escuelas y liceos, se vio afectada por mayores medidas de represión y persecución.
Con análisis de entrevistas con especialistas y actores educativos, de información de medios de prensa y redes sociales y de datos de la Superintendencia de Educación, el informe afirma que la crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a, en y desde la educación. “A partir de este informe se puede dar cuenta de una vulneración diversa y sistemática desde la institucionalidad que ha impactado transversalmente a las comunidades educativas”, se sostiene en el texto.
El documento también presenta un diagnóstico de que el sistema educativo chileno actúa bajo una lógica autoritaria. “Esto impacta negativamente a las comunidades educativas, ya que no existen espacios de participación en la toma de decisiones en temas fundamentales, tales como: la convivencia escolar, el financiamiento, el currículum, la gestión y administración de un espacio educativo. En consecuencia, no existe una participación efectiva de la comunidad educativa, clave para el ejercicio pleno de un derecho humano fundamental como es la educación”.
>> Informe sobre Derechos Humanos y Educación – Mesa de Seguimiento (2020)
Aminta Navarro: "No hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes.[/caption]
En la ocasión, Aminta llamó la atención sobre la importancia del derecho a la protesta social como estrategia fundamental para demandar al Estado una educación de calidad, pública y gratuita para todas y todos. “No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita”, explicó.
Lee la entrevista completa.
¿Existe alguna legislación que aborde el tema de la privatización educativa o del lucro en la educación en Honduras?
Aminta Navarro - No hay legislación tácita. O sea, lo que dice la ley es que el derecho a la educación privada existe, pero el rector es el Ministerio de Educación como representante del Estado. Hay una asociación de instituciones privadas educativas en el país, que actúan desde la educación inicial. De hecho, el Estado sólo te garantiza un año de educación preescolar, siendo los otros años de preescolar ofrecidos por el sector privado. Así mismo, está en manos del sector privado la educación bilingüe, que es altamente cara. Las leyes del país no regulan el lucro, pues no dicen hasta cuánto se puede cobrar en matrículas o mensualidades, lo que hoy se regula por la libre oferta y demanda. Así mismo, los padres y madres son libres para enviar sus hijos e hijas al sistema que quieran: público, privado o privado religioso.¿Usted cree que la legislación nacional fomenta o favorece el lucro en la educación en detrimento de una educación pública y gratuita?
Aminta Navarro - Es ambiguo, pero hay como un claro desprestigio, digamos, de la educación pública, mientras hay una tendencia a destacar las supuestas bondades de la educación privada."Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos"Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos, para mandarlos a la escuela privada, porque esa “tendría mejores profesores y mejor acceso tecnológico, además de ofrecer clases de un segundo idioma”. También hay mecanismos o políticas que excluyen estudiantes que frecuentaban la escuela pública del ingreso a las universidades porque muchas veces el sistema básico público “no responde a las exigencias de la educación superior universitaria”, lo que abre el espacio de la universidad pública para solamente el ingreso de estudiantes que vienen de la escuela privada.
En la práctica, ¿falta regulación a la actuación del sector privado en el país?
Aminta Navarro - Creo que no solamente hay falta de regulación, sino que la ley hondureña posibilita las transferencias de fondo público al sector privado sin fines de lucro. También se establece la renuncia fiscal del sector privado que actúa en el área educativa y las instituciones privadas gozan de exoneración de impuestos. Además, bajo el modelo de centralización del Estado, hay una modalidad de contratación directa por servicios. Entonces el Estado, si quiere, puede contratar un centro educativo privado para la educación de los niños y niñas, que es lo que se hace también con la salud pública, y se llama tercerización de los servicios. Sin embargo, hay un fuerte movimiento de los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación para impedir que se aplique esta normativa.Respecto a la formulación de las legislaciones en su país, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante, o con gran influencia?
Aminta Navarro - Creo que hay toda una cuestión de construcción de imaginarios, que inclusive toma las mismas banderas del movimiento que defiende la educación pública y gratuita, para justificar la privatización. Por ejemplo, el Estado puede decir que, para garantizar el derecho humano a la educación, con calidad y pertinencia, necesita contratar instituciones privadas, las cuales “tienen mejores profesores, más eficientes y que coordinan mejor su trabajo”. Es algo que se dice de manera constante en el país, como que para que la sociedad lo vaya aceptando de alguna forma. Es sutil el mensaje, pero cada vez más te dicen que la educación pública no sirve y que el Estado debe tener resultados, siendo que la gestión por resultados solo te puede garantizar una institución privada.¿Y la privatización en la educación nacional ha aumentado en los últimos años, es una tendencia?
Aminta Navarro - Yo diría que el movimiento de profesores, profesoras, trabajadoras y trabajadores de la salud del país se ha unido y ha logrado, digamos, frenar esta intencionalidad del gobierno. Pero, no quiere decir que las medidas hacia la privatización no se implementarán.La definición 'organizaciones sin fines de lucro' varía según el país. En Honduras, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia a esta nomenclatura?
Aminta Navarro - Hay en el país las fundaciones de empresarios. Son llamadas fundaciones sin fines de lucro, y en ese sentido pueden captar recursos del Estado para desarrollar sus proyectos. Pero, entendemos que estas fundaciones debilitan la sociedad civil que hace un trabajo por la educación pública y gratuita, porque el Estado les transfiere recursos. En el caso de la educación inicial, se les transfiere fondos a fundaciones que no son lucrativas, pero nadie evalúa los resultados de la educación que estos centros ofrecen, o sea, no hay un control por parte del Estado.¿Existen brechas en la legislación actual de Honduras, que estimulen la práctica lucrativa en la educación?
Aminta Navarro - Yo creo que sí. El sistema posibilita la libertad de la educación privada y que el padre o madre es libre para matricular sus hijos e hijas en la educación pública, la privada, o inclusive la religiosa privada. Mientras tanto, se hace todo un desprestigio de la educación pública, con pruebas para medir resultados de aprendizaje, las cuales apuntan a que los niños y niñas del país no saben leer, escribir, ni comprender. Eso sustenta y apoya el sector privado y el lucro en la educación. Hay una oferta [de educación privada] y los padres y madres que pueden pagar por una escuela, aunque no tengan casa, prefieren pagar por la educación de uno o dos hijos, que comprar una casa. En el sistema privado no hay huelgas de docentes y las escuelas privadas suelen ser bien equipadas. Pero, el Estado no equipa, no mejora las condiciones de las escuelas públicas, incluyendo el acceso a la Internet, no cumple [con sus deberes], mientras que la educación privada sí ofrece estas condiciones. Además, lo puede hacer porque no paga impuestos. Son incentivos para el sector privado y el lucro porque, en la medida en que hay más desilusión, desesperanza por la educación pública, más apertura hay para la actuación de empresas con fines de lucro en la educación.Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que deba hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?
Aminta Navarro - En la ley de educación que se aprobó en el 2012, queda reflejada la educación como un derecho humano. Creo que lo que hay es una debilidad del sector educativo y de las condiciones de trabajo de los maestros y maestras de la educación básica inicial."No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes"Así mismo, no tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita. Infelizmente, el sector público no te garantiza la gratuidad.
¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la gratuidad educativa?
Aminta Navarro - Yo creo que, más que presionar por cambios legislativos, la sociedad civil debe exigir la aplicación de la legislación que ya existe para la garantía de la educación pública. En el país, lo que vivimos es una total desaplicación de la justicia y la ley. La norma establece que en el país la educación es pública, gratuita y un derecho humano. La ley fundamental de educación retoma la educación como un derecho fundamental, y además establece que la educación debe darse en español, inglés y que los pueblos originarios tienen derecho a ser educadas/os en su lengua materna, teniendo el español como segunda lengua. Sin embargo, esta legislación no se aplica.¿Y en relación al derecho a la movilización? ¿Usted cree que si las y los estudiantes y profesoras/es tuvieran garantido su derecho a la protesta, la educación estaría mejor?
Aminta Navarro - La Constitución del país sí asegura el derecho a la protesta y que este no puede ser violado. Ya es una garantía constitucional, pero una cosa es lo que dice la constitución y la ley, y otra es la práctica cuando estás en un país y un momento como el nuestro, donde no se cumplen las normas. Estamos en un gobierno centralizador, con limitados esfuerzos democráticos. Incluso, se está discutiendo una propuesta de prohibir a los profesores y profesoras que salgan a las manifestaciones en el país. Eso sería inconstitucional porque estaría violentando el derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República. ">Aminta Navarro: “En la medida en que hay más desesperanza por la educación pública, más se da la apertura para el lucro en la educación”
21 de marzo de 2020La lucha por una educación pública y gratuita, la privatización del sistema educativo, la criminalización y represión contra la protesta social, leyes educativas y la calidad de la educación en Honduras, fueron algunos de los temas abordados durante entrevista de Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a la CLADE. (más…)
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"La PSU se ha convertido en un instrumento evaluativo clave de la mantención del modelo educativo chileno neoliberal, por su rol en la segregación social y económica de la población chilena"Asimismo, el FODEP subraya su apoyo a las y los integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), organización miembro del foro, que durante años ha protagonizado movilizaciones para defender el derecho a la educación en Chile, al lado de otras organizaciones. La ACES y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) rechazan fuertemente la forma de evaluación propuesta por el gobierno, por considerar que profundiza las desigualdades en el sector educativo. “La PSU se ha convertido en un instrumento evaluativo clave de la mantención del modelo educativo chileno neoliberal, por su rol en la segregación social y económica de la población chilena. Por ello, no vacilamos en rechazar la intensa represión sufrida por los y las estudiantes que se opusieron valientemente a una nueva aplicación de la prueba en todo el país”, afirma el FODEP en su nota pública.
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El Foro también rechaza los intentos de reformas en la educación nacional, realizados tras las manifestaciones estudiantiles de 2015 y 2017, clasificándolos como algo puramente cosmético y que vende una falsa gratuidad. En el marco de las nuevas protestas por la educación, que ocurren desde el 18 del pasado octubre, se insta por la real superación de la desigualdad educativa y de la involución social en Chile. El FODEP afirma: “No a la criminalización de los y las dirigentes secundarias de ACES y de todos las y los jóvenes, apoderadas/os y profesoras/es que se han movilizado en rechazo a la prueba que segrega. Exigimos al Estado y los organismos correspondientes la protección para sus vidas y de su integridad, no queremos más hostigamientos y amenazas, arriba los y las que luchan por una educación pública comunitaria, inclusiva, gratuita y plurinacional para todas y todos en todos sus niveles, incluida la Educación Superior”. >> Lee la declaración completa, firmada por la CLADE. Para adherir al posicionamiento, haz clic aquí.">Chile: Estudiantes luchan contra barreras para ingresar a la educación universitaria
9 de enero de 2020Tuvo lugar en Chile, los días 6 y 7 de enero, la Prueba de Selección Universitaria (PSU), un test estandarizado escrito para el proceso de admisión a la educación universitaria, como ocurre anualmente en el país desde el 2003. Sin embargo, este año la evaluación fue objeto de grandes protestas estudiantiles, y cerca de 160 centros educativos fueron ocupados en todo el Chile contra la realización de la PSU. (más…)
- La negación del derecho a la educación para la mayoría de la población juvenil, al disminuir permanentemente los recursos destinados a la educación pública, principalmente universitaria y técnica laboral, y entregarlos a las universidades privadas.
- Un plan sistemático de exterminio contra líderes sociales y comunidades indígenas.
- El creciente desempleo, principalmente entre la franja más joven de la población.
- Una reforma tributaria que ha incrementado los impuestos de manera desmedida para la población colombiana en favor de las empresas.
- Una reforma laboral que disminuye el salario mínimo en un 35% para la franja más jóven, y deja por fuera a la mayoría de la población de la posibilidad de pensionarse, mediante una mayor privatización de los aportes obligatorios de las trabajadoras y los trabajadores para su pensión.
- Un sistema de salud privatizado y fracasado.
- Una gigantesca corrupción gubernamental, que merma los recursos para los programas sociales.
- La liberación de gravámenes para grandes grupos económicos y transnacionales, bajo el supuesto argumento de que así se “genera” empleo, y el aumento de los mismos para la ciudadanía en general.
- La creación de un holding de empresas privadas para manejar los recursos públicos, entre otros, los de salud, pensiones y educación.
Represión contra las protestas
Pese a la característica pacífica de las protestas, el Estado colombiano las ha reprimido fuertemente, resultando en 6 personas asesinadas en la última semana. Entre ellos, Juan David Rojas, de 15 años, que cursaba grado séptimo en el Colégio Alfonso López Michelsen, víctima de una bala perdida, y Dilan Cruz, de 18 años, que fue gravemente herido por un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que usaba una arma no convencional (prohibida por Naciones Unidas).“En resumen, la ciudadanía se moviliza en contra de las políticas neoliberales que han generado mucha insatisfacción entre los países de la región"Cruz falleció el 25 de noviembre, justo el día que recibiría su diploma de bachiller. Como muchos otros estudiantes, soñaba con acceder a la educación superior, pero no logró conseguir un préstamo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) para poder acceder a la universidad. Otra tragedia derivada de la situación de represión en Colombia fue la muerte del soldado Brandon Cely Páez. En un video que se conoció en redes sociales, el soldado anunció que se quitaría la vida tras sufrir matoneo por parte de sus compañeros. Afirmó que fue estigmatizado por apoyar el paro y denunciar falencias en la institución. >> Lee+ Colombia: Corte Constitucional tutela el derecho a la libertad de expresión y educación en al ámbito universitario Según Cecilia Gómez, una medida extraordinaria instaurada por el gobierno ha sido el toque de queda en Bogotá. El último viernes, 22 de noviembre, se decretó el toque de queda, el primero desde el 1977, cuando un gran paro nacional contra el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen derivó en violentos disturbios que dejaron una decena de muertos y miles de heridos.
Próximos pasos
Las marchas en Colombia siguen sin previsión de término. El Comité Nacional de Paro (Duque no ha querido dialogar con el Comité de Paro), en reunión el miércoles 27 de noviembre, hizo un llamado a que las personas y organizaciones movilizadas, a que no participen en conversaciones con el gobierno de manera aislada, sino que exijan las negociaciones directas entre el gobierno y el Comité.
Hay actividades de incidencia programadas hasta el 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, contando con cacerolazos, asambleas cívicas y conciertos, además de manifestaciones populares en las calles y plazas del país.">
¿Por qué la población de Colombia ha tomado las calles?
29 de noviembre de 2019Hace una semana, desde el 21 de noviembre, la población de Colombia ha tomado las calles del país. Estas marchas pacíficas se han caracterizado por la creatividad, la alegría, el arte, el baile y por llegar a todos los rincones de las ciudades y los campos. (más…)
