CLADE: articulación plural de organizaciones nacionales, regionales e internacionales por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe
25 de septiembre de 2023Para Laura Gianecchinni, coordinadora programática de la CLADE, uno de los destaques de la iniciativa es su poder de articulación de organizaciones nacionales, regionales e internacionales que luchan por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.
Proposito de la CLADE: articular la sociedad para defender el derecho humano a la educación
“El proposito de crear la CLADE fue articular los diversos actores sociales para defender el derecho humano a la educación que en aquel entonces – así como hoy – estaba en riesgo”, explica la primera coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso. Al coordinar las acciones e iniciativas de la CLADE hasta 2020, Camilla Croso presenta algunos elementos importantes existentes en la lucha de la membresía a lo largo de todos estos años.
Foro Chileno denuncia persecución política
19 de noviembre de 2021“La Fiscalía insiste en imputar un delito que no existe. Denunciamos persecución política contra Magally Avila, quien participa hace años en el FODEP, defendiendo los DDHH [Derechos Humanos] de estudiantes. Exigimos que las manos sangrientas del Estado chileno se aparten de nuestra compañera”, afirma el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), que es uno de los foros miembros de la red CLADE, al publicar nota de repúdio a la violencia estatal que han enfrentado en Chile el 16 de noviembre.
Según el FODEP, Magally Avila, integrante del Comité Ejecutivo del Foro, ha sufrido injustamente del “bloqueo total de circulación con violencia-intimidación-obstáculo” por parte del Estado chileno. “Magaly señala su completa inocencia de los delitos que se le imputan y denuncia valientemente persecución política en su contra por ser activista y defensora de los derechos humanos. (…) A pesar de no existir pruebas para su formalización, la Fiscalía ha insistido en su intención de imputar un delito que no existe, confirmando la denuncia de persecución política y montaje”, afirma la nota.
Persecución política
El contexto de persecución política que viven los y las estudiantes y organizaciones en Chile no es reciente. El año pasado, la CLADE lanzó una publicación sobre la criminalización de jóvenes que relata y analiza casos de persecución en Chile y más tres países: Colombia, Honduras y Nicaragua.
Para debatir el tema, principalmente en el contexto de recrudecimiento de la violencia y criminalización en contra de los y las estudiantes en Chile, como la negación de diálogo por parte de las autoridades, la prisión y el secuestro de jóvenes, el foro organizó, el 15 de noviembre, el evento Alerta Educativa 331 – Libertad a lxs 12: El caso de la Universidad de Concepción (2021).
Mira la grabación del evento:
Chile: Rechazamos cualquier tipo de espionaje y persecución de estudiantes
18 de marzo de 2021A través de la publicación de la página digital Interferencia, vino a público semana pasada el funcionamiento de un grupo de Whatsapp para espiar y delatar a estudiantes movilizadas/os por el derecho a la educación del establecimiento educacional público Internado Nacional Barros Arana (INBA). Ante este contexto, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (Fodep) publicó esta semana un pronunciamiento denunciando tales medidas.
“Rechazamos todo tipo de persecución y criminalización hacia estudiantes, incluyendo este tipo de prácticas, que se suman a las expulsiones arbitrarias, seguimientos, agresiones, y la propia Ley Aula segura que ha legitimado este orden represivo en las escuelas y liceos”, afirmó en pronunciamiento el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (Fodep).
Según el Foro, “sin pudor ni vergüenza, el actual alcalde de Santiago y candidato a la reelección, Felipe Alessandri, encabezaba un grupo de espionaje, delación y represión contra estudiantes del INBA, compuesto por efectivos de Carabineros de alta graduación de la 22° comisaría de Quinta Normal, funcionarios de la Dirección de Educación Municipal de Santiago y directivos y docentes del establecimiento que actuaban concertadamente y usando redes sociales para vigilar y posteriormente sancionar las actividades de dirigentes estudiantiles”.
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>> Escucha la entrevista sobre el caso realizada por ALER
CLADE lanza informe sobre la criminalización de la lucha estudiantil
10 de diciembre de 2020Con el apoyo del fondo Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza hoy (10/12) el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”.
Entre los objetivos del documento está el análisis y la visibilización de la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras.
“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
Para la elaboración del informe se entrevistó a estudiantes de los países mencionados y se analizó su situación como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en esos cuatro países. Además de los casos concretos presentados, la investigación hace un análisis, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de criminalización de estudiantes y movimientos estudiantiles.
El documento también considera la existencia, extensión y singularidades de este fenómeno, así como la profunda afectación que supone no solo para el derecho a la educación, también para otro conjunto de derechos humanos fundamentales. En términos generales, se puede mencionar: impacto en los derechos de participación, libertad de expresión, reunión y asociación; represión y uso excesivo de la fuerza; actuaciones penales infundadas con el fin de paralizar o deslegitimar sus causas; arrestos; imposición de sanciones penales, civiles y administrativas; vigilancia de organizaciones de estudiantes; asesinato de estudiantes. En el ámbito educativo: expulsiones, suspensiones, cancelación de becas u otros beneficios estudiantiles.
Hallazgos y resultados
Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.
En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas; la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.
Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva; usos de violencia física incluyendo, en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.
Consideraciones y recomendaciones
El informe trata de aportar el panorama regional y reafirma la necesidad de fortalecer urgentemente estrategias que ayuden a revertir este fenómeno y contribuyan a garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad educativa, en particular de las y los estudiantes, ofreciendo una serie de recomendaciones generales y otras específicas dirigidas a diferentes ámbitos (ámbito estatal gubernamental, organismos de derechos humanos, medios de comunicación, sociedad civil, y a la comunidad educativa).
Entre las recomendaciones están: la relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género y la articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos.
Informe: “La crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a la educación”
23 de julio de 2020“No hay institución en Chile que realice un seguimiento de las vulneraciones de los derechos humanos en la educación. Las organizaciones de derechos humanos se encuentran precarizadas y no logran dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas y liceos”. Esto afirmaron organizaciones y actores educativos durante el encuentro de la Mesa de Seguimiento de las vulneraciones al Derecho a la Educación, cuyos debates, reflexiones y recomendaciones fueron sistematizados en el informe “Derechos Humanos y Educación”. Mesa Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile, publicado en junio de este año.
Formada por organizaciones como la Red contra la represión a estudiantes y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), la Mesa de Seguimiento a las vulneraciones al Derecho a la Educación tiene el objetivo de monitorear las múltiples vulneraciones del derecho en las comunidades educativas, particularmente después del 18 de octubre de 2019, día del estallido social y posterior revuelta popular en Chile, donde toda forma de protesta social, particularmente en escuelas y liceos, se vio afectada por mayores medidas de represión y persecución.
Con análisis de entrevistas con especialistas y actores educativos, de información de medios de prensa y redes sociales y de datos de la Superintendencia de Educación, el informe afirma que la crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a, en y desde la educación. “A partir de este informe se puede dar cuenta de una vulneración diversa y sistemática desde la institucionalidad que ha impactado transversalmente a las comunidades educativas”, se sostiene en el texto.
El documento también presenta un diagnóstico de que el sistema educativo chileno actúa bajo una lógica autoritaria. “Esto impacta negativamente a las comunidades educativas, ya que no existen espacios de participación en la toma de decisiones en temas fundamentales, tales como: la convivencia escolar, el financiamiento, el currículum, la gestión y administración de un espacio educativo. En consecuencia, no existe una participación efectiva de la comunidad educativa, clave para el ejercicio pleno de un derecho humano fundamental como es la educación”.
>> Informe sobre Derechos Humanos y Educación – Mesa de Seguimiento (2020)
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