Organizaciones de todo el mundo debaten el rol de la sociedad civil en la respuesta educativa a la crisis causada por el COVID-19
28 de julio de 2020El próximo miércoles (29/7), a las 9:00 a.m. (GMT-3), la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030 (CCNGO, por su acrónimo en inglés) realizará una reunión virtual sobre el rol de la sociedad civil en la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), referido a la educación, en el contexto de crisis causada por el COVID-19.
El objetivo es definir una estrategia común para el trabajo de las organizaciones en educación, centrada en el acceso, las desigualdades de aprendizaje y la reducción de la financiación.
En este contexto, el encuentro también buscará analizar las siguientes interrogantes: ¿Cómo ha respondido la sociedad civil a la crisis, cuáles fueron las fortalezas y debilidades de esa respuesta? ¿Qué nuevas realidades desafían a las organizaciones en los últimos seis meses? ¿Cómo han trabajado durante la pandemia? ¿Cómo defienden y trabajan las organizaciones dentro de sus redes y más allá?
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participará del encuentro. Blanca Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, representará a la CLADE en el panel “Perspectivas de África, Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa y América del Norte, América Latina y el Caribe y sector transversal”. Mercedes Mayol Lassalle, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), organización que también es parte de la membresía de la CLADE, hará su presentación en la parte final de la reunión, durante las conclusiones y observaciones finales.
>> Para participar del encuentro, haz clic aquí.
Relatora de la ONU: ninguna medida temporal responderá al fracaso en la construcción de sistemas educativos fuertes
27 de julio de 2020“El fracaso anterior en la construcción de sistemas educativos fuertes y resistentes y en la lucha contra las desigualdades arraigadas ha abierto la puerta a un impacto dramático en los y las más vulnerables y marginados/as, a lo que ninguna medida temporal adoptada a toda prisa podría haber respondido completamente”, afirma la relatora especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, Koumbou Boly Barry, en su informe “Right to education: impact of the COVID-19 crisis on the right to education; concerns, challenges and opportunities” (Impacto de la crisis de COVID-19 en el derecho a la educación; preocupaciones, desafíos y oportunidades).
En este informe, la relatora especial analiza los temas que considera más urgentes desde una perspectiva de derechos humanos. “Actuar dentro de un marco de derechos humanos es crucial para garantizar que las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia no pongan en peligro el derecho a la educación y no aumenten el sufrimiento de los y las más marginados/as”, afirma.
Boly Barry también presenta en su informe una serie de recomendaciones para mitigar los impactos de la pandemia en la educación. En particular, se debe realizar una evaluación exhaustiva para determinar, en cada contexto local, la dinámica que condujo a una mayor discriminación en el disfrute del derecho a la educación durante la crisis. Se debe incluir un análisis de las crecientes desigualdades debido a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia; una investigación sobre la sostenibilidad de los modelos económicos y financieros detrás de los sistemas educativos, incluida la consecuencia del escaso financiamiento de las instituciones educativas públicas; un análisis del papel de los actores privados en la educación; una evaluación de la adecuación de la protección social brindada a los y las trabajadores/as de la educación, incluso en el sector privado; y una revisión de la falta de cooperación entre las administraciones de los Estados, las instituciones educativas, los y las docentes, los y las estudiantes, los padres, las madres y las comunidades.
Además, la relatora subraya que el despliegue de la enseñanza a distancia en línea (junto con la radio y la televisión) solo debe considerarse una solución temporal destinada a abordar una crisis. “La digitalización de la educación nunca debería reemplazar la escolarización en el lugar de trabajo con los y las docentes, y la llegada masiva de actores privados a través de la tecnología digital debería considerarse como un peligro importante para los sistemas educativos y el derecho a la educación para todos y todas a largo plazo”, afirma. Para Boly Barry, es necesario que se realice un debate exhaustivo sobre el lugar que se debe dar al aprendizaje en el futuro, teniendo en cuenta no solo las posibles oportunidades sino también el efecto nocivo que las pantallas tienen sobre los niños, las niñas y los jóvenes, incluido su derecho a la salud y la educación.
Mira la grabación de la presentación de Boly Barry en la sesión de la ONU sobre el informe, con subtítulos en portugués:
>> Informe “Right to education: impact of the COVID-19 crisis on the right to education; concerns, challenges and opportunities”
Apertura de los centros escolares: seis meses después del cierre
Construir un plan de inversiones en educación, desarrollar metodologías para repensar la escuela y priorizar a los estudiantes y profesionales de la educación más vulnerables son algunas de las propuestas presentadas en el documento “Apertura de los centros escolares en septiembre, medio año después”, publicado este mes por la organización Educo.
Bajo la perspectiva de que la educación es un derecho que habilita todos los demás derechos, el documento contiene las reflexiones de la organización desde el bagaje de su experiencia y desde las opiniones de otros sectores educativos, de entidades sociales, de profesionales de la educación y de la administración pública, e incluye además las visiones e ilustraciones de niños, niñas y adolescentes.
La publicación también presenta un análisis sobre el sistema educativo en el contexto de crisis sanitaria en España. Según la Educo, el cierre de las escuelas no solo impactó el aprendizaje sino que también amplió la desigualdad educativa.
“Mientras que algunos alumnos encuentran entre la escuela y la familia una variedad de estilos de socialización, de espacios educativos y de acompañamiento, para otros la suspensión de las clases conlleva la desaparición de oportunidades de aprendizaje en el ámbito escolar, que difícilmente pueden compensar en los ámbitos no formales”.
>> Publicación: “Apertura de los centros escolares en septiembre, medio año después”
Brasil: reclaman más recursos para escuelas, estudiantes y docentes
21 de julio de 2020Con el hashtag #FundebpraValer, a través de las redes sociales, estudiantes, docentes, activistas, educadoras y educadores y todos y todas quienes luchan por garantizar el derecho a la educación en Brasil reclaman a los políticos del país que se vote en el Congreso el texto del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb) presentado por la diputada y profesora Dorinha, sin modificaciones.
La movilización brasileña se da en el marco de la votación del nuevo Fundeb en la Cámara de Diputados, ya que el plazo de vigencia del fondo actual termina en diciembre de este año.
La falta de definición de una propuesta adecuada para la renovación del fondo ha generado un contexto de incertidumbre y riesgos para la educación pública brasileña, que culminó en disputas sociales. Por ello, más de 200 organizaciones y movimientos sociales, liderados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), defienden que se aplique el Costo Alumno Calidad (CAQ) y el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), mecanismos desarrollados por la coalición que calculan la inversión adecuada por estudiante, para que todas y todos tengan acceso a la educación básica de calidad. Este mecanismo considera las diferentes etapas y modalidades educativas, y además tiene en cuenta los costos de mantenimiento.
“Este texto presentado por la profesora Dorinha amplía la complementación de recursos de la Unión, garantiza las condiciones de calidad a través del Costo Alumno Calidad y la valoración de los profesionales de Educación a través de la distribución de un sistema híbrido que no desestabiliza las redes [educativas], fortaleciendo [la construcción de] un sistema más equitativo”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora de la CNDE, en un video.
Especialistas reclaman un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe
17 de julio de 202044 millones de personas sin empleo, 230 millones de personas en situación de pobreza y 96 millones viviendo en condiciones de pobreza extrema. Ese fue el escenario presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al analizar los impactos de la pandemia en la región.
Bárcena expuso en el evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020 (HLPF, por sus siglas en inglés), que se desarrolló virtualmente en julio y se denomina “La Agenda 2030 en el nuevo contexto global y regional: escenarios y proyecciones para América Latina y el Caribe en la crisis actual”. El evento fue organizado el 10 de julio por la CEPAL y la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La secretaria ejecutiva de la CEPAL instó los Estados a garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia con respeto a los derechos humanos y con base en una gobernanza democrática, y subrayó la importancia de extender el apoyo financiero a los países de ingreso medio a través de mayor liquidez (derechos especiales de giro), financiamiento concesional y alivio a la deuda, especialmente a los países del Caribe. “Debemos avanzar hacia una mayor integración regional frente a una geografía económica global distinta”, subrayó.
Junto a Alicia Bárcena también participó del evento Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en nombre del Mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda 2030 y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Laura Giannecchini: “Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”
Para Laura Giannecchini, la pandemia del COVID-19 desnudó y profundizó tendencias que la CLADE y otras organizaciones y movimientos sociales habían observado en la región, como el estancamiento o regresión económica, el aumento de la pobreza y de las desigualdades, el debilitamiento de los sistemas públicos de educación, salud y protección social, y el crecimiento de tendencias autoritarias.
“Creemos que esta crisis sanitaria, que es también económica, social y política, pone en evidencia la urgencia de un cambio radical en la acción de nuestros gobiernos, camino a la adopción de nuevos modelos de desarrollo. Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”, afirmó.
En su exposición, elaborada a partir de reflexiones colectivas que tuvieron lugar en el Marco del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil y que culminaron el la declaración “América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030, lanzada en mayo del 2020″, Giannecchini destacó la importancia de realizar ocho cambios para mitigar los impactos de la crisis a la hora de garantizar los derechos humanos. Entre ellos están: la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos, incorporando a los movimientos sociales, colectivos de la sociedad civil y poblaciones históricamente excluidas del debate y de la toma de decisión en las políticas públicas; la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de educación, salud y protección social; la contención del avance de los fundamentalismos religiosos en los espacios políticos, que niegan evidencias científicas, fomentando el odio y dificultando la implementación de políticas con perspectiva de derechos; y el establecimiento de un compromiso financiero, político y normativo de largo plazo, y de cooperación internacional, para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030.
“Consideramos que es hora de establecer un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Un pacto de desarrollo inclusivo, que coloque a las personas en el centro, e inste a los Estados a la acción, de manera que podamos salir de esta pandemia con nuevos paradigmas, basados en la solidaridad, la felicidad y en el bienestar de todas y todos”, subrayó.
Además de Bárcena y Giannecchini, intervinieron en el evento el embajador Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU; Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica; Luz Keila Gramajo Vílchez, secretaria de Planificación de Guatemala; y Markova Concepción Jaramillo, comisionada presidencial para el Examen Nacional Voluntario y representante permanente designada de Panamá ante la ONU. Participaron también Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y Rochelle Whyte, asesora técnica superior del director general del Instituto de Planificación de Jamaica.
Mira la grabación del panel con la exposición de todos los participantes:
Foro Político de Alto Nivel: ¿Qué impactos está teniendo la pandemia del COVID-19 en la educación a nivel mundial?
13 de julio de 2020En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2020, el Grupo de Educación y Academia (Education and Academia Stakeholder Group – EASG por su acrónimo en inglés) realizó el 9 de julio el evento online: “Educación: el camino para la transformación durante y después de la crisis”. El grupo compone la estructura de participación de la sociedad civil en los debates sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Naciones Unidas. El encuentro, que contó con más de 75 participantes, buscó discutir cómo la pandemia del COVID-19 viene impactando en la educación a nivel mundial.
Según el último balance de la UNESCO, al menos 850 millones de niños, niñas y jóvenes tuvieron sus clases suspendidas en más de cien países debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para combatir el brote del nuevo coronavirus. En ese contexto, las y los participantes fueron invitados e invitadas a reflexionar sobre la necesidad de una acción acelerada para volver a garantizar el derecho a la educación a todas y todos.
Refaat Sabbah, presidente de la Campaña Mundial por la Educación, destacó que, en momentos de crisis, la educación, especialmente de los grupos más vulnerables e históricamente excluidos, tiende a ser descuidada. Utilizando el argumento de que es necesario priorizar la salud, la economía y otros factores, muchas veces los gobiernos recortan los presupuestos educativos. En cambio, Sabbah defendió que las escuelas deben de ser entendidas como espacios de realización de derechos y por ende deben ser aún más protegidas en momentos de crisis.
Igualmente, subrayó que la reapertura de las escuelas requerirá un abordaje holístico, que cuente especialmente con la participación de los distintos actores de las comunidades educativas –docentes, estudiantes, madres y padres y toda la comunidad- y que en ese sentido, será fundamental una acción de incidencia política coordinada a nivel mundial desde la sociedad civil para que las autoridades escuchen una voz unificada y robusta, que presione por la realización del derecho a la educación y por la comprensión de que la educación puede contribuir para superar la crisis.
Según Reem Rabah, representante del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE), entre los grupos más impactados por la pandemia están las personas jóvenes y adultas. La crisis obligó a muchos gobiernos a migrar la oferta educativa formal para modalidades de educación a distancia, pero la educación no formal de personas adultas está siendo casi completamente ignorada por los Estados, destacó. Para Rabah, la educación de adultos debería ser una prioridad, ya que es urgente garantizar ese derecho a las personas que no pudieron tener acceso a la educación en la edad adecuada, para que ahora más que nunca aprendan a resistir a los procesos de crisis, a ser resilientes, a construir capacidades para aumentar su empleabilidad y actuar en sociedades democráticas. Asimismo destacó que el desarrollo sostenible no podrá ser alcanzado sin asegurar el derecho a la educación y que particularmente la educación de personas adultas tiene un impacto muy positivo en los indicadores de salud, lo que es clave en el contexto de la pandemia.
Robert Napier, de la Unión Europea de Estudiantes (ESU), a su vez, ponderó que la educación formal también ha sido altamente impactada por la pandemia, incluso en los países en desarrollo. Un estudio organizado por ESU con 17 mil estudiantes mostró que el 90% de ellos no tenía computadoras disponibles para estudiar y que solamente el 40% tenía acceso adecuado a internet. En ese contexto, Napier destacó la necesidad de reforzar los sistemas educativos públicos, con inclusión y equidad, además de asegurar el involucramiento de las y los estudiantes en la toma de decisiones sobre su educación. Y ponderó que, si la pandemia impone múltiples desafíos para la educación, es también una oportunidad para que, al retornar a la normalidad, se construyan sistema educativos más sostenibles, equitativos e inclusivos, desde la educación en la primera infancia hasta la educación terciaria.
En ese mismo sentido, Katarina Popovic, del ICAE, afirmó que es fundamental encontrar buenos ejemplos, incluso de oferta de educación en derechos humanos y para la ciudadanía en momentos de crisis, para presentar a los gobiernos como vías posibles, porque luego el retorno a las escuelas tendrá que lidiar con la agudización de las desigualdades.
Al final del encuentro, Marcela Browne, de la Fundación SES y de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, leyó un discurso enviado por Pablo Gentili, del Ministerio de Educación argentino, quien había confirmado su participación pero tuvo dificultades para conectarse. Gentili reconoce que la pandemia está impactando en el aumento de las desigualdades y que la enseñanza se está desarrollando en condiciones muy precarias. Aseguró que, para superar las antiguas y las nuevas dificultades, será clave desarrollar políticas públicas centradas en las familias y en la construcción de sistemas de protección de derechos justos y democráticos. Igualmente alertó que el proceso de reapertura de las escuelas es mucho más complejo que el cierre de los centros educativos, lo que implicará un compromiso de largo plazo y una mayor inversión en los sistemas públicos educativos, garantizando mejores condiciones de trabajo a las y los docentes.
Foro Político de Alto Nivel de la ONU revisará los Objetivos de Desarrollo Sostenible de seis países de América Latina y el Caribe
7 de julio de 2020Hoy, 7 de julio, tiene inicio la edición 2020 del Foro Político de Alto Nivel de la ONU (HLPF por su acrónimo en inglés), principal mecanismo de revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el cual evalúa las medidas que han sido tomada por los gobiernos para que la Agenda 2030 se cumpla. Respecto a la región de América Latina y el Caribe, el HLPF analizará el status de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sus respectivas metas, en seis países: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Perú.
Con duración de dos semanas, de 7 a 16 de julio, esta edición del Foro tiene como tema general “Acción acelerada y caminos transformadores: realizando la década de acción y entrega para el desarrollo sostenible”, ya que faltan diez años para el plazo final de cumplimiento de los ODS.
Por causa de la crisis sanitaria del COVID-19, esta edición del HLPF tendrá lugar esencialmente de manera virtual. En la primera semana se realizará el llamado debate general y luego comienzan las Revisiones Voluntarias Nacionales. Se puede seguir el evento a través de la WebTv de las Naciones Unidas:
- Revisiones de Ecuador y Honduras: día 10/7, a las 2 p.m. de NYC
- Revisiones Argentina, Costa Rica, Panamá y Perú: día 10/7, a las 2 p.m. de NYC
Eventos paralelos
En el contexto del HLPF, organizaciones internacionales, regionales y sociedad civil invitan para diálogos paralelos virtuales. Compartimos información sobre algunos de estos eventos a continuación:
Asimismo, por ocasión del HLPF, hay diversos eventos virtuales paralelos en las próximas dos semanas (una extensa lista disponible aquí – y en estos eventos hay que registrarse separadamente según cada link indicado), entre ellos están:
Educación: El camino para la transformación durante y después de una crisis
Organiza: Education & Academia Stakeholder Group (EASG)
Fecha: 9 de Julio de 2020
Hora: 8:00 – 9:00 (hora NY)
Registro del evento
Educación post COVID-19: Nuevas realidades para la educación impactada por el COVID-19 – Reconstruyendo imperativos de resiliencia e inclusión para promover el ODS 4
Organiza: Comité Directivo de la Educación 2030
Fecha: 9 de Julio de 2020
Hora: 8:00 – 9:00 EST / 14:00 – 15h00 CET
Registro del evento
Más información sobre el evento
Twitter: @Education2030UN #ActingTogether4education
Apertura de la formación sobre los ODS: Aprendizajes y formación para la implementación de los ODSs en la era COVID-19
Organiza: UNDESA y UNITAR
Fecha: 7 de julio de 2020.
Hora: 9:00 – 10:30 am (NY time).
El evento tendrá la participación de Madeleine Zúñiga.
Registro del evento
Década de Acción: Incidencia Intergeneracional y Multisectorial para Alcanzar los ODS en una era del COVID-19 (con participación de Alicia Bárcena de CEPAL)
Organiza: Millennials Movement, UN Major Group of Children and Youths y LAC Civil Society Engagement Mechanism.
Fecha: 8 de julio de 2020
Hora: 17:00 p- 18:30 (Hora de Nueva York)
Registro del evento
Hashtags: #HeyMillennials #HLPF2020 #SideEvent #LAC2030 #Youth2030
Idioma: Inglés
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto global y regional: escenarios y proyecciones en la crisis actual (con participación de mecanismo de participación de CEPAL)
Nombre: CEPAL y Misión permanente de México
Fecha: 10 de Julio de 2020
Hora: 8:00 – 9:00 (hora NY)
Más información sobre el evento
GEM 2020: Menos del 10% de los países tienen leyes que ayudan a garantizar la plena inclusión en la educación
23 de junio de 2020La UNESCO lanzó hoy, 23 de junio, el Informe GEM 2020 (sigla en inglés para Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo). De acuerdo al documento, se observó una exacerbación de la exclusión durante la pandemia del COVID-19, y se estima que alrededor del 40% de los países de ingresos bajos y medio-bajos no ha apoyado como debería a estudiantes en situación de discriminación y vulnerabilidad, durante el cierre de las escuelas.
El informe muestra que, a nivel mundial, las dimensiones de discriminación por motivos de género, lejanía, riqueza, discapacidad, etnia, idioma, migración, desplazamiento, encarcelamiento, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión y otras creencias y actitudes niegan a muchas y muchos estudiantes el derecho a una educación de calidad.
Así mismo, hace un llamado a que los países amplíen su definición de la inclusión, que a menudo no abarca a todos los grupos marginados, y que, al contrario, apunta a algunos de ellos, como si la inclusión pudiera llegar a un grupo a la vez.
Los datos muestran que los sistemas educativos muchas veces no tienen en cuenta las necesidades diversas de las y los estudiantes, y varios países todavía practican la segregación en la educación, lo que refuerza los estereotipos, la discriminación y la alienación. Por ejemplo, las leyes de una cuarta parte de los países exigen que los niños y las niñas con discapacidades se eduquen en entornos separados del sistema regular de enseñanza, cifra que se eleva a más del 40% en América Latina y el Caribe.
Sobre el GEM
El GEM, cada año, evalúa el progreso de los países hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) sobre educación y sus diez metas, así como los avances y desafíos pendientes respecto a otras metas relacionadas con la educación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta edición, el GEM se enfoca en la inclusión en la educación, llamando la atención para las personas excluidas de los sistemas educativos.
“El Informe está motivado por la referencia explícita a la inclusión de la Declaración de Incheon de 2015, y el llamado a garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa en la formulación del ODS 4, el objetivo global para la educación. Nos recuerda que, no importa qué argumento pueda construirse en sentido contrario, tenemos un imperativo moral para garantizar que se cumpla el derecho de todos a una educación adecuada de alta calidad”, explica la organización en su página web.
El documento también explora los desafíos que impiden alcanzar esta visión de la educación y señala ejemplos concretos de políticas de países que lograron abordarlos exitosamente. Estos incluyen diferentes interpretaciones de la palabra inclusión, la falta de apoyo para las y los docentes, la ausencia de datos sobre las personas excluidas de la educación, infraestructura inapropiada, la persistencia de sistemas paralelos y escuelas especiales, la falta de voluntad política y apoyo comunitario, el financiamiento no dirigido, una gobernanza descoordinada, leyes incompatibles entre sí, y políticas que no se aplican plenamente.
>> informe GEM 2020 (disponible en inglés)
>> Resumen del informe en español
La educación de las personas con discapacidad en la región
Dialogando con el Informe GEM 2020, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta la consulta regional “El derecho a la educación de las personas con discapacidad. ¿Cómo estamos en América Latina y el Caribe?.
Lanzada en abril de este año, la publicación resulta de una consulta virtual que buscó colaborar con el seguimiento e implementación, en América Latina y el Caribe, del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. La iniciativa tomó como base la Observación General número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, adoptada en el 2016, e involucró a organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, estudiantes, docentes, gestoras y gestores, así como familiares de las personas con discapacidad.
Fueron recopiladas en línea 216 respuestas, entre organizaciones de la sociedad civil, universidades, docentes, estudiantes y familiares de personas con discapacidad de 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
“Una barrera central a superarse es la concepción misma del derecho a una educación inclusiva y cómo este se realiza. El hecho de que el 97% hayan afirmado que observan alguna forma de discriminación contra las personas con discapacidad en los sistemas educativos de su país es muy significativo, lo que demanda acciones inmediatas y potentes que miren a cambios de actitudes, superación de prejuicios y estereotipos en nuestras sociedades”, recomienda el informe de la CLADE.
La consulta está disponible para descargar de manera gratuita en este enlace y a través de esta página web con recursos de accesibilidad. También se pone a la disposición un sumario ejecutivo del estudio en los idiomas español e inglés.
Con informaciones de Blog de la Educación Mundial
Colombia: Presión de organizaciones impide la suspensión de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el país
Días después de que la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) publicó pronunciamiento que denunciaba la Directiva 05 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia por suspender la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) hasta que la crisis sanitaria por el COVID-19 termine, el gobierno colombiano modificó la medida y aseguró que la modalidad educativa deberá ser tratada con prioridad.
“Esta petición contó con el respaldo de más de 900 firmas de personas a nivel nacional e internacional. Como respuesta a esta denuncia, el Ministerio de Educación emite la Directiva 014, de 12 de junio de 2020, (…) que deja un mensaje bien claro de quienes son los responsables y cómo queda la EPJA en el contexto de la pandemia, garantizando la finalización de todos los ciclos de educación de jóvenes y adultos, para que todos los estudiantes puedan culminar sus estudios”, afirma el más reciente pronunciamiento de la Coalición, publicado el 20 de junio.
Comunicación, incidencia política y formación
Las acciones que resultaron en la garantía de la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas para este año en el país han sido fortalecidas desde el año pasado con un encuentro sobre la EPJA, que reunió cerca de cien personas. “Esa participación permitió visibilizar un poco más la situación de la EPJA en Bogotá, la capital colombiana, y también en muchas regiones del país”, explica la coordinadora de la Coalición, María Elena Urbano.
Publicación “Por una Educación de Personas Jóvenes y Adultas Emancipadora y Garante de Derechos”, que sistematiza las reflexiones y los diálogos del encuentro realizado en el 2019
Además de darle visibilidad a dicha modalidad educativa, según María Elena Urbano, el encuentro del año pasado permitió consolidar un grupo dinamizador de acciones de formación y comunicación sobre la EPJA. “Identificamos a una temática para hacerle frente al deterioro en que se encuentran los programas de EPJA y hemos fortalecido este proceso a través de acciones de formación”, explica.
Con relación a la comunicación, la Coalición ha iniciado una campaña de visibilización de la modalidad llamada “Los Rostros de la EPJA”. “Son diferentes personas, entre docentes y estudiantes, que acceden a los diferentes modelos de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas y hacen relatos sobre sus experiencias, sus metas, sueños y, sobretodo, sobre lo que sería la educación de calidad para ellas”, explica Andrés Ramos, responsable por el área comunicativa en la Coalición.
Mira uno de los videos:
https://www.facebook.com/CoalicionEducacionColombia/videos/1734972246651361/
Diversidad e importancia de la EPJA
Según el Tercer Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE III, 2016), en el mundo suman actualmente 758 millones de personas adultas –incluyendo a 115 millones de personas entre 15 y 24 años– que no saben leer o escribir adecuadamente, siendo que dos tercios de esta cifra son mujeres. En América Latina y el Caribe, 36 millones de personas jóvenes y adultas con 15 años o más son consideradas analfabetas (UIS UNESCO, datos 2010), lo que representa un 9% de la población de esta edad.
“El promedio regional se ha alterado poco en los últimos años, lo que muestra que los avances son todavía insuficientes. Si se considera el analfabetismo funcional, entendido como la falta de habilidades y competencias requeridas por las personas para los distintos contextos de la vida, esta cifra crecería significativamente”, explica la publicación “No Dejar a nadie atrás: El rol central de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la implementación de la Agenda 2030”, publicada en el 2018 por la CLADE.
La realidad de la EPJA en Colombia no es diferente del promedio regional. Según la secretaria técnica y responsable por las acciones referentes a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la Coalición, Blanca Cecilia Gómez, todavía no hay en Colombia una política pública para la EPJA suficientemente fortalecida.
“Desde la Coalición siempre hemos tenido una preocupación por el derecho a la educación en general, pero sobretodo en las partes menos reconocidas por el Estado y una de ellas es la EPJA. Todavía no existe una política pública de EPJA en Colombia y por eso nos hemos metido con fuerza para tratar de que el Estado la reconozca dentro del derecho a la educación”, afirmó.
A su vez, María Elena Urbano explica que las desigualdades en Colombia refuerzan la importancia de luchar por el derecho a la EPJA. “El hecho de luchar por el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas es una apuesta porque aquí hay poblaciones vistas como de ‘primera’, ‘segunda’ y ‘tercera’ categorías. Hay que luchar mucho contra la discriminación y, sobretodo, entender que esa lucha es un acto muy humano por la igualdad. Hay que pelear por el derecho a la educación en cualquier momento de la vida”, enfatizó.
Según Blanca Cecilia Gómez, no hay una única forma de EPJA en Colombia. “Hay la educación nocturna que se hace en los colegios públicos, pero también tenemos educación en los territorios, educación indígena, educación rural, educación con jóvenes excluidos de la escuela, educación comunitaria, educación dirigida a población discapacitada, educación en las cárceles, etc”, explicó.
Para la activista, las personas que entran a esta modalidad de educación, desde el inicio, tienen violado su derecho a la educación, sea por cuestiones de pobreza, falta de acceso por distancia de la escuela, entre otras. “Esta educación se convierte en vital para poder mejorar sus condiciones de vida. Hay varios casos de personas para quienes el hecho de poder estar en esta educación es como su última posibilidad para poder mejorar sus condiciones de vida y poder acceder a estudios superiores técnicos o profesionales. Por eso esa educación es clave para garantizar los derechos y hay que respaldarla”, subrayó.
10 hechos que no sabías sobre el trabajo infantil
11 de junio de 2020En 2020 continuamos trabajando para eliminar el trabajo infantil y promover el trabajo decente para los jóvenes. Como un firme defensor de nuestro trabajo, como ya sabrán sobre este tema, sin embargo, empoderemos a nosotros mismos con más conocimiento y unámonos a la lucha con una determinación más fuerte para ganar.
A continuación hay 10 datos que debe saber:
1. No todo el trabajo infantil es trabajo infantil
La participación de los niños en un trabajo que no afecta su salud y desarrollo personal o interfiere con su escolaridad, generalmente se considera algo positivo; como ayudar a sus padres en el hogar, ayudar en un negocio familiar o ganar dinero de bolsillo fuera del horario escolar y durante las vacaciones escolares.
El “trabajo infantil” a menudo se define como el trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, que es perjudicial para el desarrollo físico y mental e interfiere con su escolaridad, y por lo tanto debe ser eliminado.
2. 152 millones de niños se dedican al trabajo infantil
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que aproximadamente 152 millones de niños de 5 a 17 años se dedican al trabajo infantil. Se encuentran en situaciones o condiciones peligrosas, trabajando en minas, con productos químicos y pesticidas en la agricultura, o con maquinaria peligrosa. Trabajan como trabajadoras domésticas en hogares, talleres y plantaciones. En casi todas las regiones, los niños y las niñas tienen la misma probabilidad de estar involucrados en el trabajo infantil, y las niñas tienen muchas más probabilidades de estar involucradas en el trabajo doméstico.
Lea más sobre trabajo infantil
3. El trabajo infantil perpetúa el ciclo de pobreza
La evidencia apunta a un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, y el trabajo infantil perpetúa la pobreza de generación en generación al mantener a los hijos de los pobres fuera de la escuela y limitar sus perspectivas de movilidad social ascendente. Esta reducción del capital humano se ha relacionado con el lento crecimiento económico y el desarrollo social.
4. La mayor prevalencia del trabajo infantil se encuentra en el sector agrícola
Según las estimaciones de la OIT, el 70% del trabajo infantil existe en el sector agrícola. Gran parte del trabajo que realizan los niños en la agricultura no es apropiado para su edad, es probable que sea peligroso o interfiera con la educación de los niños. Por ejemplo, un niño menor de la edad mínima para trabajar que es contratado para pastorear ganado, un niño que aplica pesticidas y un niño que trabaja toda la noche en un barco de pesca y está demasiado cansado para ir a la escuela al día siguiente, todos serían considerados niños. labor.
Conozca más sobre estimaciones de trabajo infantil
5. La educación es clave para acabar con el trabajo infantil
Cuando las escuelas ofrecen comidas, transporte y capacitación ocupacional, abolir los aranceles de matrícula y eliminar los costos adicionales para los padres, como uniformes y libros; los niños pueden dejar de participar en el trabajo infantil. A través de la educación, padres e hijos se vuelven más conscientes de sus beneficios y del daño que puede causar el trabajo infantil. El acceso a la educación ayuda a reducir la pobreza, una de las causas fundamentales del trabajo infantil. Una inyección de $ 39 mil millones podría proporcionar educación preescolar, primaria y secundaria de calidad a todos los niños para 2030.
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6. El trabajo infantil está en declive
El trabajo infantil es prevenible y está al alcance de nuestra eliminación. El número de niños involucrados en trabajo infantil ha disminuido en un tercio desde 2000. Global March trabaja con gobiernos, la sociedad civil, las comunidades y las empresas para abogar contra el trabajo infantil, apoyando acciones para fortalecer los sistemas de educación y protección infantil para mejorar el acceso a la calidad de educación y eliminar el trabajo infantil, junto con la creación e implementación de leyes robustas, de niveles inferiores a superiores.
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7. El mundo está comprometido a acabar con el trabajo infantil
En 2015, los estados miembros de la ONU adoptaron 17 Objetivos Globales para el desarrollo sostenible, incluida la Meta 8.7 para poner fin a todas las formas de trabajo infantil para 2025. La eliminación del trabajo infantil ayudará a abordar la pobreza, fortalecer las economías e influir positivamente en los sistemas de educación, salud y protección en todo el mundo. Para lograr este objetivo, Global March está trabajando de la mano con sus miembros y socios globales, incluso a través de una alianza global llamada ‘Alianza 8.7’ para terminar con el trabajo infantil para 2025.
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8. Las empresas tienen un papel vital en la erradicación del trabajo infantil
El sector privado tiene un papel crucial que desempeñar en la eliminación del trabajo infantil, que incluye el establecimiento de cadenas de suministro y prácticas comerciales libres de trabajo infantil, proporcionar trabajo decente para los trabajadores jóvenes y garantizar la protección y seguridad de los niños. Las empresas deben adoptar un enfoque proactivo al evaluar los riesgos de prevalencia del trabajo infantil en sus cadenas de suministro y trabajar para remediar y prevenir el trabajo infantil si se encuentra. Las empresas pueden adoptar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos para respetar y apoyar los derechos del niño .
9. Las comunidades pueden hacer la diferencia
El trabajo infantil comienza y termina en las comunidades. Global March apoya a las comunidades a cambiar su aceptación cultural del trabajo infantil, además de empoderarlas para que hagan realidad sus derechos mediante la sensibilización, el acceso a servicios de protección, la construcción de estructuras democráticas, el retiro de los niños del trabajo y la inscripción en la escuela; junto con el diseño de estrategias y programas para proporcionar medios de vida alternativos y sostenibles a las familias.
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10. Puedes marcar la diferencia ahora
Hay muchas maneras de unirse a la lucha contra el trabajo infantil, desde convertirse en un consumidor ético hasta ayudarnos a empoderar a las comunidades y enviar a los niños a la escuela y apoyar las actividades de defensa de Global March con gobiernos y empresas para abordar el problema en su origen. Cada niño merece cada oportunidad, pase lo que pase.
Done hoy para ayudarnos a avanzar en nuestra causa conjunta