¿Cómo llevar a cabo las evaluaciones educativas en plena pandemia?
8 de junio de 2020La actual crisis sanitaria en América Latina y el Caribe provocada por el COVID-19 ha movilizado estudiantes, docentes, gestoras y gestores de la educación, autoridades, activistas y personas estudiosas del área de la educación para construir acciones y políticas públicas que lleven a reducir al máximo los impactos de la pandemia en la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.
Durante el proceso de aislamiento social, escuelas fueron cerradas y, muchas y muchos estudiantes tuvieron que recurrir a la Internet para acceder a los contenidos educativos, contexto que terminó por agravar las disparidades sociales, ya que gran parte del estudiantado no cuenta con infraestructura suficiente para lograr aprender mínimamente a la distancia – Internet de calidad, computadora, ambiente propicio para estudios, etc.
En este escenario, ¿es posible realizar una evaluación educativa justa para todas/os las y los estudiantes? Para empezar a analizar el tema, presentamos dos casos dispares en América Latina y el Caribe: Argentina y Brasil que, a pesar de vecinos, llevan adelante políticas educativas completamente distintas.
Argentina
Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno argentino, desde la llegada del COVID-19 a su país, ha tomado las más estrictas decisiones para contener el avance del virus: distanciamiento social, apoyo financiero a poblaciones en situación de vulnerabilidad y cierre de instituciones privadas y públicas, como las escuelas, entre otras.
En el campo educativo, la respuesta a la crisis sanitaria en Argentina fue casi que instantánea. “Como toda emergencia tuvo su momento de caos creativo, de distribución de contenidos y tareas que poco a poco intenta ordenarse, a través de políticas públicas con un Ministerio de Educación activo y articulador de consensos, con las jurisdicciones, organizaciones sociales y sindicales”, dijo Marcela Browne, de la Fundación SES y miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
Según la activista, el actual contexto de educación en el hogar, atravesado por las desigualdades, con por lo menos un 50% de niñas y niños en situación de pobreza, con una gran diversidad de realidades educativas y la falta de conectividad y equipos tecnológicos, apunta hacia enormes desafíos. “En este tiempo, hay experiencias educativas interesantísimas, ventanas que se abrieron y es necesario sistematizar y evaluar para seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, hay circunstancias muy difíciles donde la prioridad ha sido resolver el derecho a la alimentación, el acceso al agua, entre otros, y las tareas escolares aún no llegaron o no se les pudo dar respuesta”, afirmó Marcela Browne.
“Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”
En este sentido, seguir con el mismo proceso de evaluación educativa y acreditación de contenidos, como si no hubiera pandemia, podría agudizar aún más las desigualdades educativas que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello, el Consejo Federal de Educación de Argentina decidió en mayo, de forma unánime, que en el territorio nacional en este contexto de excepcionalidad, la evaluación será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a las y los estudiantes y a las familias.
De esta manera, la evaluación de estudiantes en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso.
“La posibilidad de evaluación y acreditación de contenidos sería un camino de profundización de la exclusión educativa. Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”, añadió la integrante de la CADE.
Brasil
El gobierno brasileño, por otro lado, se ha negado a seguir las recomendaciones de la OMS, como el aislamiento social para contener la crisis sanitaria. “En un momento en que Brasil es reconocido como el principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra”, afirmó la CLADE en nota publicada la semana pasada.
Esta política negacionista no fue diferente en términos de educación: el gobierno brasileño se niega a hacer cualquier tipo de cambio en relación a las evaluaciones educativas, ya que desde el principio de la crisis sanitaria en el país, ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020.
“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”
Hubo fuerte presión de organizaciones, redes y movimientos sociales, entre ellos la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), exigiendo al Ministerio de Educación la suspensión del calendario previsto para el Examen Nacional de la Secundaria (Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM), la evaluación educativa más relevante para la etapa secundaria en el país, cuya realización permite que las y los estudiantes puedan ingresar a la universidad pública. El Congreso Nacional de Brasil también se manifestó a favor de la suspensión de la prueba. Solo después de estas expresiones de la población y del parlamento, el gobierno decidió posponer la realización de la evaluación, que estaba prevista para noviembre.
“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”, manifestó la CNDE en entrevista al periódico O Globo.
La Campaña, al lado de otros movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación pública en el país, luchan para que el examen nacional se suspenda de manera definitiva.
“No basta que el gobierno federal imponga una nueva fecha simplemente para disminuir el debate alrededor del tema. Por lo contrario, el diálogo con las Secretarías de Educación, consejos, entidades de clase, representaciones estudiantiles, municipales y estaduales, y organizaciones y movimientos de la sociedad civil es una medida que se impone en un escenario de incertidumbre generalizada y que es exigida por la Constitución Federal”, afirman la CNDE y otras organizaciones en demanda al Tribunal Regional Federal por la suspensión del ENEM.
Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil
Con el compromiso de contribuir a la garantía del derecho a la participación de forma significativa, democrática, sistemática, amplia, diversa y sostenida, la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil es el espacio encargado de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda de Desarrollo 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que trabajen por la justicia social, económica y ambiental pueden integrar el mecanismo. La CLADE desde el año 2019 hace parte de la Mesa de Vinculación del Mecanismo, como suplente del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT). El GEACT es uno de los 20 grupos que integran el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil. Discute específicamente acciones de seguimiento a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido al derecho humano a la educación, en la región. ">Organizaciones y redes de América Latina y el Caribe instan por la realización de la Agenda 2030 ante la CEPAL
22 de mayo de 2020“Si previamente las políticas neoliberales adoptadas por la mayoría de los países de nuestra región impedían el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ahora, ante la pandemia del COVID-19, se evidencia aún más la urgencia de un cambio radical en la acción de los gobiernos y la puesta en marcha de un pacto mundial por la implementación de nuevos modelos de desarrollo, que garanticen la realización de los derechos humanos y la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030”, afirman en declaración cientos de redes y organizaciones de la región, entre ellas la CLADE, que participan en el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y ante el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que impulsa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La declaración – divulgada este 18 de mayo en el marco del conversatorio en línea “El Valor de la Agenda 2030 en tiempos del COVID-19”, que la CEPAL ha convocado para dialogar con la sociedad civil sobre la temática -, se presenta también en el contexto de una campaña de sensibilización y movilización que impulsa el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de la región. La iniciativa se dedica a resaltar el valor y la vigencia de la Agenda de Desarrollo 2030, y además exigir el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil, para enfrentar de manera conjunta la pandemia.
Ante la suspensión de la realización presencial de la edición 2020 del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, debido a la crisis sanitaria, el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil viene impulsando una serie de diálogos y acciones de incidencia de manera virtual. Uno de los resultados de dichas movilizaciones ha sido la invitación para que integrantes de la Mesa de Vinculación del Mecanismo participaran en conversatorio de la CEPAL.
En la oportunidad, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dialogó con Marita González y Ricardo Baruch, miembros de la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil, y con Javier Surasky, coordinador del Área de Gobernanza para el Desarrollo del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI).
El encuentro reunió a 210 organizaciones, redes, movimientos y colectivos de sociedad civil, entre ellos varios de los miembros de la CLADE. Sus objetivos fueron: presentar y analizar los escenarios económicos y sociales de la crisis COVID-19 en la región; abordar y analizar la validez de la Agenda 2030 y sus ODS para la región en este nuevo contexto; recabar las demandas y propuestas de la sociedad civil y promover el debate e intercambio de ideas sobre el futuro de la región, luego de la pandemia.
Durante la reunión, Alicia Bárcena, subrayó el compromiso impostergable de la región con la implementación de la Agenda 2030 y destacó que “armonizar la planificación para el logro de los ODS con los planes de emergencia ante el COVID-19 es una meta que solamente podremos lograr juntos, todos los actores del desarrollo sostenible”.
Haciendo referencia a la Declaración Dos Monólogos no Hacen un Diálogo, presentada por la sociedad civil en la edición del 2019 del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, Alicia Bárcena afirmó: “No queremos dos monólogos, sino un diálogo. Debemos promover este diálogo con los países de la región, con los gobiernos, las empresas y todos los sectores de la sociedad civil”. En tal sentido, ella se comprometió a facilitar la interlocución entre la sociedad civil y los gobiernos desde el espacio multilateral de la CEPAL. La secretaria aún presentó el Portal de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDG Gateway) y el nuevo Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, que trae informaciones sobre el impacto socioeconómico de la pandemia en la región.
Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil
Con el compromiso de contribuir a la garantía del derecho a la participación de forma significativa, democrática, sistemática, amplia, diversa y sostenida, la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil es el espacio encargado de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda de Desarrollo 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que trabajen por la justicia social, económica y ambiental pueden integrar el mecanismo. La CLADE desde el año 2019 hace parte de la Mesa de Vinculación del Mecanismo, como suplente del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT). El GEACT es uno de los 20 grupos que integran el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil. Discute específicamente acciones de seguimiento a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido al derecho humano a la educación, en la región.
Ecuador: Comunidad educativa rechaza medidas económicas que afectan la educación
8 de mayo de 2020El Contrato Social por la Educación (CSE) divulga una nota pública, en la que demanda acciones para mitigar los impactos a la educación de la crisis económica y sanitaria en el contexto del COVID-19.
La nota fue publicada días después que el Ministerio de Finanzas comunicó la reducción de 98 millones de dólares del financiamiento público para la educación superior en el país, decisión que afectará directamente al empleo de docentes y a la supresión de 42 mil becas adjudicadas a estudiantes de sectores de bajos recursos. La medida es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas.
“Este paquete de medidas contra la educación – sin sustento ni información suficiente – viola expresas disposiciones constitucionales que prohíben usar fondos públicos destinados a salud y educación para otros fines, incluso en estados de excepción. Prohíbe igualmente restar asignaciones presupuestarias a las universidades. Las medidas ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la educación, del cual el Estado es su garante ante la sociedad nacional e internacional. Atenta además contra el derecho a la vida de grandes capas de la sociedad”, dice la nota.
Para contener retrocesos al derecho a la educación en Ecuador, el CSE plantea:
- Solicitar al presidente del país dejar sin efecto las afectaciones contra la educación por atentar a disposiciones legales, derechos de estudiantes y docentes y compromisos emitidos;
- Exigir al Ministro de Finanzas información integral sobre los recortes a todos los sectores, especialmente salud y educación. E identificar de forma urgente fuentes alternas de financiamiento;
- Exhortar a la Ministra de Educación a canalizar sus esfuerzos para preservar las plazas docentes y la permanencia de estudiantes en el sistema;
- Invitar a la sociedad civil, docentes, estudiantes, Ministerio de Educación, academia, empresas y cooperación a constituir un colectivo multidisciplinario que diseñe desde ahora el modelo y las estrategias de educación para las nuevas condiciones que enfrentará el país en el corto plazo.
>> Posicionamiento del CSE completo.
Coronavirus en Brasil: organizaciones demandan al Supremo Tribunal la inmediata suspensión de la limitación de gastos para educación y salud
20 de marzo de 2020Organizaciones que actúan en defensa de los derechos humanos en Brasil presentaron, el último 18 de marzo, una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima del país, por la suspensión inmediata de la Emenda Constitucional 95 de 2016 (EC 95/2016), que limita los gastos públicos en educación, salud, asistencia social y otros derechos. La motivación tiene carácter emergencial, ya que la pandemia del COVID-19 (coronavirus) pone en riesgo el funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS). Así mismo, la suspensión de las clases presenciales en el sistema público de educación, como forma de mitigar la transmisión del virus, acompañada de la interrupción de la oferta de alimentación escolar, ha expuesto niños, niñas y adolescentes de familias con menos ingresos a la miseria y al hambre. (más…)
>> Lee+ ¿Cómo está el financiamiento educativo en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?
Así, insta también por la inclusión educativa, prestando especial atención a las personas con discapacidades y a las poblaciones indígenas del país, muchas veces excluidas de los sistemas escolares. “Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos y todas”, subraya el Colectivo. Además, se compromete a velar por la calidad educativa, para la cual es necesario aumentar los insumos dedicados a la educación, así como fortalecer los procesos y mecanismos de seguimiento y evaluación de los progresos alcanzados. “Velaremos también para que los docentes y los educadores estén empoderados, sean debidamente contratados, reciban una buena formación, estén cualificados profesionalmente, motivados y apoyados dentro de sistemas que dispongan los recursos suficientes”, afirma la nota. Ante el actual contexto mundial de cambios climáticos, nuevas tecnologías e inestabilidades políticas, el CETT también reafirmó públicamente su compromiso en seguir presionando por el desarrollo de sistemas de educación que ofrezcan mejores respuestas a dicha coyuntura y a las necesidades de niñas, niños, jóvenes y personas adultas, mayores, desplazadas y refugiadas. Lee aquí la nota pública del Colectivo.">Guatemala: Sociedad civil se moviliza por el cumplimiento de la Agenda 2030
30 de enero de 2020Celebrando el Día Internacional de la Educación, el último 24 de enero, el Colectivo de Educación para Todas y Todos (CETT), miembro de la CLADE en Guatemala, lanzó una declaración pública en la que reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en el país. (más…)
“10 años para alcanzar el ODS 4” será el tema de la SAME 2020
23 de enero de 2020Con el tema “10 años para alcanzar el ODS 4”, se celebrará del 26 de abril al 2 de mayo de 2020, la próxima edición de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación (SAME). Una vez más, los miembros de la Campaña Mundial por la Educación (CME), estudiantes, activistas, maestras, maestros y otras/os integrantes de la comunidad educativa internacional, se reunirán en debates, marchas, reflexiones y otros eventos y actividades, con el objetivo de defender la garantía del derecho humano a la educación y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), referido a la educación, de la Agenda de Desarrollo 2030. (más…)
Brasil: descumplimiento del Plan Nacional de Educación
“Para garantizar parámetros mínimos de calidad para el derecho humano a la educación en Brasil, se necesitan nuevas inversiones en el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) de aproximadamente U$ 12 mil millones por año, valor que significa apenas un 0,9% del PIB brasileño”, subraya la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) en informe enviado a las Naciones Unidas. Según la campaña, se observa como gran retroceso en el país el no cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE) por el gobierno nacional. Resultado de un proceso de construcción democrática con amplia participación popular, el Plan es la principal política educativa del país, y establece metas y acciones para que se cumplan durante sus 10 años de vigencia, de 2014 a 2024. Una de las metas es la ampliación del financiamiento público para la educación, hasta llegar al 7% del PIB en el 5º año de vigencia del PNE y al 10% del PIB en el final del decenio. Este aumento de recursos haría posible implementar el Costo Alumno Calidad Inicial y el Costo Alumno Calidad (CAQi y CAQ), indicadores que calculan la inversión financiera necesaria por estudiante al año, en cada etapa y modalidad de la educación básica pública, para garantizar el acceso a la educación de calidad para todas y todos. Según el informe de la CNDE, solamente el 0,6% de las escuelas brasileñas atienden a los indicadores de calidad previstos en el CAQi. La CNDE recomienda la creación de un nuevo Fundeb para que el país pueda alcanzar las metas y estratégias de su Plan Nacional de Educación y cumplir el ODS 4, objetivo referido a la educación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030."Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación"El actual Fundeb es un fondo para la educación compuesto por recursos de los impuestos y complementado por el gobierno federal. Sin embargo, su vigencia termina en el 2020 y el desafío, según la Campaña Nacional, es asegurar la adopción de un nuevo fondo, con implementación permanente, que cuente con recursos adecuados para la aplicación del CAQ/CAQi y el cumplimiento de todas las metas y estratégias del PNE. “Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, siguiendo las observaciones presentadas por el CRC [Comité de los Derechos del Niño de la ONU], en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación - Ley 13.005/2014 -, aún en situaciones de crisis económicas o inestabilidad política, centralizando esfuerzos en la meta 20 que establece la implementación del CAQi/CAQ, y en la aprobación de un nuevo Fundeb con mayor complementación de recursos por parte de la Unión, fortaleciendo así la educación básica pública”, recomendó la Campaña Nacional en su informe a la ONU.
Chile: privatización de la educación
El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile presentó cinco problemáticas principales respecto al financiamiento educativo en el país, en su informe a las Naciones Unidas:- el gasto en educación como porcentaje del PIB en el 2016 fue del 5,35% (Banco Mundial) y no llega al valor recomendado por la UNESCO.
- en Chile, se financia con la misma preferencia la educación pública y la particular subvencionada y esto se realiza por medio de una subvención básica por estudiante que asiste a clases, lo que genera una competencia entre las escuelas por captar matrícula.
- Chile se ha caracterizado por un aumento sostenido de la participación de entidades privadas en la oferta de la educación, en detrimento de las públicas, lo que ha generado el surgimiento de distintos tipos de sostenedores que buscan el lucro con los recursos que perciben de las familias y del Estado, existiendo incluso holdings educacionales organizados para tal efecto. “La consecuencia directa es que si las condiciones de base del sistema educativo son una mayoritaria participación de privados, los aumentos en los recursos en educación van subsecuentemente a beneficiar mayoritariamente a estos sectores privados, aumentando aún más sus ganancias y la segregación en el sistema chileno”, dice el informe.
- Las políticas implementadas en los últimos años, principalmente para la gratuidad de la Educación Superior, la Ley de Inclusión y la Nueva Educación Pública, no garantizan el trato preferente del Estado a las instituciones públicas, dejándolas en peores condiciones, al mismo tiempo en que permiten y fomentan la proliferación de entidades privadas y no alteran significativamente la estructura de financiamiento de la educación en Chile.
- No se han observado cambios relevantes en los últimos años que apunten a un monitoreo transparente y público de los presupuestos. Tampoco se ha creado una plataforma donde se realice de manera más democrática y participativa esta fiscalización, considerando la opinión de los distintos actores del sistema educativo.
El Salvador: Sin cambios
Según el informe de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), no se observaron cambios relevantes en el financiamiento de la educación pública en El Salvador, en los últimos años. “La asignación del PIB para la educación es del 3.7%. Actualmente el presupuesto es de 930 millones de dólares anuales”, afirmó la Red. Desde el 2014, RESALDE impulsa la campaña “6% Sí, por la educación”, demandando la inversión de al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, para universalizar la educación desde la primera infancia hasta la universidad. En el marco de la campaña, RESALDE ha intercedido ante alcaldes, Ministerio de Educación e integrantes de la Asamblea Legislativa nacional, para instarlos a priorizar la educación en los presupuestos y políticas. La red dialogó especialmente con integrantes de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa nacional, que apoyó fuertemente la campaña, lo que le motivó a elaborar y proponer un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación, que establece el aumento progresivo de recursos para la educación, hasta alcanzar el 6% del PIB. En el informe presentado por la Red a la ONU, se destaca que el “Anteproyecto de Ley especial para el financiamiento de la educación” infelizmente quedó archivado luego de ser presentado a la Casa Presidencial, y hasta hoy no fue enviado a la Asamblea Legislativa para que sea discutido. >> Lee+ Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidadGuatemala: U$ 28 millones a menos para la Educación
Según el informe elaborado por el Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, el Estado guatemalteco deja de invertir aproximadamente 22 mil millones de quetzales (U$ 28 millones) por año a la educación del país. “La ley Nacional de Educación decreto 12-91 plantea que es necesario invertir el 7% del Producto Interno Bruto de Guatemala, esto debería ser 35 mil millones de quetzales (U$ 45 millones) aproximadamente. Sin embargo, la inversión actual en educación es de 13 mil millones de quetzales (U$ 17 millones)”, subraya el informe">¿Cómo está el financiamiento educativo en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?
8 de enero de 2020Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran que los gobiernos de estos países no cumplen las leyes de financiamiento educativo, afectando de manera negativa a la calidad de la educación en ámbito nacional. Además, en el caso de Chile, hay una fuerte tendencia hacia la privatización de la educación.
Los documentos fueron presentados ante el último Foro Político de Alto Nivel de la ONU (julio de 2019), donde se revisó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4, referido a la educación.
A continuación, lee más informaciones sobre cada uno de dichos países. (más…)
La lucha por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe en el 2019
21 de diciembre de 2019El aniversario de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, manifestaciones para defender la educación pública y gratuita, riesgos de retroceso para los derechos humanos, diálogos sobre el derecho a la educación en los diferentes países, entre otros hechos y luchas, caracterizaron el año de 2019.
Fue un año más, en que la CLADE y sus miembros dedicaron acciones, esfuerzos y proyectos para defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado.
En esta retrospectiva, retomamos las principales actividades y reflexiones de la CLADE y sus miembros durante este año. ¡Buena lectura!
Organizaciones de la sociedad civil demandan medidas urgentes para el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030
18 de diciembre de 2019La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participó en la 9ª Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030 (CCNGO, por su acrónimo en inglés), realizada en Túnez del 2 al 4 de diciembre. Organizado por la UNESCO, el encuentro reunió a centenas de redes y organizaciones de la sociedad civil que defienden el derecho humano a la educación en todo el mundo. (más…)
Primera infancia
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Angela Rucker[/caption]
La educación y el cuidado en la primera infancia son un derecho humano fundamental que debe ser asegurado para todas las personas, sin discriminaciones, desde el nacimiento. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, todos los niños y niñas tienen derecho a desarrollar todo su potencial en todas las circunstancias y momentos de su vida, en cualquier parte del mundo.
Por ello, no se debe fragmentar la noción de infancia, sino que actuar dentro de un enfoque de derechos humanos y reconocer que los niños y niñas son sujetos de derechos desde el nacimiento. Reconocer que la educación es un derecho humano desde el nacimiento implica reconocer que su disfrute tiene valor en sí mismo y debe darse por la condición humana de los niños y niñas.
Sin embargo, ese reconocimiento está lejos de volverse realidad en nuestra región. Durante el diálogo virtual “30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: La primera infancia en diálogo”, se llamó la atención para los desafíos y obstáculos pendientes para que la educación en la primera infancia se reconozca y realice como un derecho humano en América Latina y el Caribe.
Según las y los especialistas que participaron en el diálogo, las políticas para la educación y el cuidado en la primera infancia todavía se encuentran fragmentadas y dispersas, en la región. “Hay distintos enfoques dependiendo de la edad, de cero a tres años, y después en la etapa obligatoria – de cuatro a seis años – y en la etapa siguiente: la primaria. Hay una fragmentación etaria”, destacó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE.
Añadió que es necesario que las políticas de educación y cuidado para la primera infancia sigan una misma lógica y tengan una coherencia entre sí. “Eso implica un enfoque integral de la primera infancia desde el nacimiento hasta los ocho años, enfatizando su valor inherente”, explicó.
>> Lee+ El reconocimiento de derechos de la primera infancia vive una disputa ideológica, metodológica e institucional
Educación a lo largo de la vida
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Katie Von/Franklin Reyes[/caption]
Más allá de la educación de niños y niñas, la CLADE defiende como un derecho humano fundamental el acceso a la educación a lo largo de la vida para todas las personas, lo que incluye la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA).
Respecto a la EPJA, persisten importantes desafíos a nivel regional y demandas educativas aún no contempladas de diversos sectores de la población, como las comunidades indígenas, población rural, personas privadas de libertad, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Asimismo, sigue pendiente que los Estados respondan a un adecuado nivel de financiamiento, cobertura, calidad, pertinencia, inclusión y participación en esta modalidad educativa.
Según datos del Informe Mundial sobre Aprendizaje y Educación de Adultos de UNESCO (2016), en todo el mundo, aún hay alrededor de 758 millones de personas adultas, entre ellas 115 millones de entre 15 y 24 años de edad, que aún no lograron leer ni escribir adecuadamente. El informe también revela que en América Latina y el Caribe 32 millones de personas adultas son analfabetas.
Para la CLADE, la existencia de tantas personas sin competencias básicas de lectura y escritura en la región es preocupante, por ello considera que la EPJA debe ser una prioridad en las agendas políticas de la región, en base a los compromisos asumidos internacionalmente por los Estados en esta temática, y para que se pueda lograr la realización de un desarrollo sostenible.
“La EPJA debe de ser entendida como el componente básico de la educación a lo largo de la vida y comprende todos los procesos educativos formales, no formales e informales para que las personas puedan desarrollar sus capacidades para la vida y el trabajo”, afirma la Campaña en su publicación “No Dejar a Nadie Atrás: El rol central de la EPJA en la implementación de la Agenda 2030”.
>> Lee+ Día Mundial de la Alfabetización: La EPJA debe ser una prioridad en las agendas políticas de la región
Educación emancipadora y garante de derechos
Desde niños y niñas, a personas jóvenes y adultas, la CLADE defiende que todas y todos tengan acceso a una educación emancipadora, orientada a los propósitos de los derechos humanos, a la construcción de la paz, de ciudadanías activas, críticas y participativas, al fortalecimiento de nuestras democracias, a la colectividad y a la superación de las desigualdades y discriminaciones.
Según la publicación de la CLADE intitulada Educar para la libertad: Por una educación emancipadora y garante de derechos, la perspectiva de la garantía de los derechos humanos y la libertad requiere todavía consolidarse en políticas públicas, currículos y prácticas educativas.
La Campaña destaca que el derecho a la educación, en su concepción más plena, tiene el rol de garantizar la apropiación y producción de la cultura y de los valores democráticos, con el objetivo de promover la ciudadanía, y asegurar que los centros educativos sean espacios de respeto y realización de los derechos humanos, así como ámbitos para la formación en derechos humanos y desde la perspectiva de derechos.
En nuestra región, esta concepción se ve amenazada por el actual ascenso de las denominadas “escuelas seguras”, las cuales proponen la militarización de la educación. Representan otros obstáculos para una educación democrática, la falta de participación de la comunidad educativa, especialmente estudiantes y docentes, en la toma de decisiones sobre las políticas educativas, así como la criminalización y represión contra las personas movilizadas para defender el derecho a la educación.
“Subrayamos que una educación emancipadora debe promover la realización de una vida digna, reconociendo las singularidades, diversidades y distintas cosmovisiones de los pueblos, y a la vez debe impulsarse desde una gestión educativa democrática y la participación activa de la comunidad educativa en la definición de los planes políticos-pedagógicos”, afirma la CLADE.
>> Lee más: Educar para la libertad: Por una educación emancipadora y garante de derechos
>> Ingresa a la página web de la movilización “Educar para la Libertad”">
La educación es un derecho humano que debe ser garantizado desde el nacimiento y a lo largo de la vida
10 de diciembre de 2019“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, afirma el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy, 10 de diciembre, este tratado cumple 71 años, marcando las celebraciones del Día Internacional de los Derechos Humanos. (más…)
