La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile realizaron el 27 de junio un diálogo virtual, para compartir experiencias de educación popular, bajo gestión social o comunitaria; y los retos de la lucha contra el lucro en la educación en ámbito regional. Acompañaron el debate cerca de 30 activistas y educadoras/es de Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador y Argentina. En el encuentro, compartieron sus experiencias de educación y lucha: Fernando Anderlic, Director de Fe y Alegría en Argentina; Juan González, miembro del Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile; y Nahuel Casademunt, del Centro de Estudio del Sindicato Nacional de Trabajadores/as de la Educación Popular de Gestión Social de Argentina. El diálogo fue moderado por Marcela Browne, de la CADE.<!--more--> “Un bachillerato popular o una escuela organizada por el movimiento campesino no es lo mismo que un emprendimiento privado o una empresa con intereses de lucro en la educación. Tenemos que diferenciar los intereses, situaciones de educadoras y educadores, así como los proyectos educativos. Queremos traer a la discusión las experiencias de educación comunitaria, popular o de gestión social que promueven una educación emancipadora y quieren ampliar el derecho y acceso a la educación, sin intereses de lucro”, afirmó Marcela Browne en la apertura del diálogo. En su intervención, Fernando Anderlic presentó la experiencia del movimiento de educación popular Fe y Alegría, que actúa hace 23 años en Argentina. “Tenemos presencia en asentamientos y barrios donde no hay escuelas públicas o las más cercanas no atienden las necesidades locales. Son 26 centros educativos gestionados por la comunidad que ofrecen enseñanza primaria, secundaria y técnica gratuita, en convenio con gobiernos, cooperación internacional y organizaciones de barrios y de ámbito nacional”, relató. Añadió que, las educadoras y los educadores, así como las familias involucradas en el proyecto, actúan sin fines de lucro y con miras a que estos centros sean espacios para la transformación social y personal, proponiendo la reunión de la comunidad alrededor del debate y planteamiento de demandas y soluciones conjuntas. Juan González, del Foro por el Derecho a la Educación Pública, hizo un recorrido histórico de la presencia de actores privados en la educación chilena. Contó que, desde el 1925, en la Constitución de Chile, se prevé la libertad de enseñanza y se le da más peso que al derecho humano a la educación. Según González, con el golpe militar en el país, se usó este principio de la libertad de enseñanza para permitir la liberalización del sistema educativo y la concentración de la educación en la iniciativa privada. “Casi el 70% de las matrículas en Chile está en manos de privados y de un mercado educativo que segrega y genera competencia. La subvención estatal se paga a las escuelas privadas por la cantidad de estudiantes que tengan, lo que profundiza las desigualdades”, afirmó. Añadió que es fundamental diferenciar los proyectos educativos impulsados por la sociedad civil, sin fines de lucro, de aquellos llevados adelante por grandes empresas con intereses económicos y extractivistas. A su vez, Nahuel Casademunt presentó su experiencia como educador en un bachillerato popular de secundaria que atiende a personas jóvenes y adultas en Argentina, y su trabajo en la construcción de una herramienta gremial, vinculada a organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Esta herramienta tiene por objetivos: visibilizar proyectos educativos populares y sociales que plantean una educación emancipadora, e impulsar la reglamentación de estas experiencias para que puedan ser preservadas y replicadas, desde un marco normativo que permita reconocer, valorar y mantener las trabajadoras y los trabajadores que actúan en tales proyectos, garantizando a la vez sus derechos. Comentó que, por la Ley Nacional de Educación de Argentina, de 2006, se establece la existencia de escuelas bajo diferentes tipos de gestión: estatales, privadas y sociales-cooperativas o asociadas. “Planteamos que, así como el Estado y empresas pueden hoy gestionar la educación, como movimientos sociales también tengamos este derecho, con reconocimiento y apoyo del Estado”. En el diálogo, se destacaron como retos: reconocer y garantizar los derechos de las trabajadoras y trabajadores que actúan en la educación de gestión social o comunitaria; apoyar y reglamentar las experiencias transformadoras de educación popular de gestión social, sin dejar de priorizar la lucha por el fortalecimiento de la educación pública y gratuita para todas y todos, como responsabilidad de los Estados; disputar los imaginarios y narrativas que se difunden a través de los grandes medios de comunicación, contrarrestando miradas que estigmatizan la educación pública y favorecen la privatización; plantear desde la sociedad civil la existencia de alianzas público-comunitarias y modelos de gestión comunitaria de educación en cooperación con los Estados; presionar para que el Estado garantice el derecho a la educación pública y gratuita en la primera infancia, y se haga cargo de supervisar el funcionamiento de guarderías comunitarias para que actúen con calidad, ofreciendo a la vez formación y apoyo a las educadoras y educadores que trabajan en tales centros educativos. Durante el encuentro, también se señalaron los riegos para el derecho humano a la educación que representan la actuación de grandes conglomerados de educación privada con fines de lucro y su interferencia en las políticas educativas, desde alianzas público-privadas con los gobiernos; y los efectos negativos de convenios firmados entre los Estados y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que para conceder préstamos a los países, imponen como condición la inversión en modelos educativos que no respetan la igualdad, diversidad y gratuidad.
En diálogo virtual, se compartieron experiencias de educación popular, bajo gestión social o comunitaria; y los retos de la lucha contra el lucro en la educación en ámbito regional

Puentes del Sur: Organizaciones de Argentina y Chile dialogan sobre experiencias de educación popular

5 de julio de 2019

La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile realizaron el 27 de junio un diálogo virtual, para compartir experiencias de educación popular, bajo gestión social o comunitaria; y los retos de la lucha contra el lucro en la educación en ámbito regional. Acompañaron el debate cerca de 30 activistas y educadoras/es de Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador y Argentina.

En el encuentro, compartieron sus experiencias de educación y lucha: Fernando Anderlic, Director de Fe y Alegría en Argentina; Juan González, miembro del Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile; y Nahuel Casademunt, del Centro de Estudio del Sindicato Nacional de Trabajadores/as de la Educación Popular de Gestión Social de Argentina. El diálogo fue moderado por Marcela Browne, de la CADE. (más…)

El número de personas privadas de libertad en <a href=Uruguay que desean cursas una carrera universitaria aumenta a cada año. Así lo señaló el Pro Rector de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la UDELAR, Dr. Juan Cristina, al Semanario Búsqueda, indicando que en el 2016 apenas cuatro personas se encontraban registradas para cursar alguna de las carreras de la Universidad de la República (UDELAR), mientras que en el 2017 aumentaron a 45, y en el 2018 hubo un centenar de preinscripciones. Este año la cifra de aspirantes a cursar estudios universitarios alcanzó las 200 personas. Las carreras sociales y humanísticas son las más demandadas por las personas privadas de libertad. Psicología, Derecho, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas están entre las opciones más requeridas por las personas reclusas. La Universidad toma más de 60 exámenes por semestre en las cárceles. En términos porcentuales, las mujeres privadas de libertad son quienes más se apuntan a estudiar carreras terciarias - un 15% del total de personas reclusas inscriptas en la UDELAR-, y representan un 4% de la población carcelaria. Entre las dificultades y desafíos presentes para la población carcelaria, se encuentran: un panorama no homogéneo entre las diferentes facultades respecto de la educación en cárceles (modalidad de enseñanza, diversidad de criterios, trámites administrativos, documentación requerida, etc.), así como las dificultades que enfrentan las personas privadas de libertad en la obtención de autorización para salidas transitorias por estudio. Para superar algunas de estas dificultades, se ha previsto la elaboración de un protocolo de actuación entre la UDELAR y el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior con miras a homogeneizar criterios y otorgar mejores condiciones y acceso a la educación terciaria por parte de la población privada de libertad. Por su parte, los primeros días del pasado mes de abril se ha firmado un convenio entre la UDELAR y el Centro Ceibal, por el cual se donaron “60 laptops que serán utilizadas por estudiantes universitarios privados de libertad en distintas unidades de reclusión”. La iniciativa surgió de la falta de condiciones para acceder a materiales de estudio, lo que dotará de una nueva herramienta a estudiantes para contribuir al avance de sus estudios.
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Con informaciones de UDELAR, BUSQUEDA y SUBRAYADO">
Este año, la cifra de personas privadas de libertad que aspiran cursar estudios universitarios alcanzó a 200 en el país

Uruguay: Aumenta el número de personas privadas de libertad que aspiran cursar carreras universitarias

26 de mayo de 2019

El número de personas privadas de libertad en Uruguay que desean cursas una carrera universitaria aumenta a cada año. Así lo señaló el Pro Rector de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la UDELAR, Dr. Juan Cristina, al Semanario Búsqueda, indicando que en el 2016 apenas cuatro personas se encontraban registradas para cursar alguna de las carreras de la Universidad de la República (UDELAR), mientras que en el 2017 aumentaron a 45, y en el 2018 hubo un centenar de preinscripciones. Este año la cifra de aspirantes a cursar estudios universitarios alcanzó las 200 personas. (más…)

Brazos y manos de una mujer más grande, vestida con una blusa azul, escribiendo en un cuaderno.
Foto: RawPixel

¡Descarga 4 documentos de la CLADE sobre la Educación de Personas Jóvenes y Adultas!

3 de abril de 2019

En América Latina y el Caribe, millones de estudiantes están en la EPJA; te invitamos a escuchar las voces de estas personas, así como de docentes y especialistas en esta modalidad educativa, a través de nuestras consultas y documentos (más…)

Imagen del blog de Campaña en Defensa del Legado de Paulo Freire, donde se ve una fotografia de él y las palabras
Imagen del blog de Campaña en Defensa del Legado de Paulo Freire

Campaña en Defensa del Legado de Paulo Freire

2 de marzo de 2019

Blog desde el que se comparte el Manifiesto de la Campaña en Defensa del Legado de Paulo Freire. También se pueden encontrar contenidos sobre la EPJA y diversas actividades que se realizan en América Latina y el Caribe. Entérate sobre el Legado de Paulo Freire y más.

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Imagen con las palabras Revisión a Medio Termino de la CONFINTEA VI, con una fotografia de una mujer y su niño.
Imagen con las palabras Revisión a Medio Termino de la CONFINTEA VI

Revisión a Medio Termino de la CONFINTEA VI

24 de enero de 2019

La Revisión a Medio Termino de la CONFINTEA VI, publicada por el CEAAL, trata del compromiso de realizar el seguimiento a las políticas educativas de personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe, desde el Marco de Acción de Belém.

El movimiento de educadores y educadoras populares defiende y promueve el derecho a la educación transformadora. Eso porque lo ve como medida esencial para el desarrollo de actores sociales y políticos.

 

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<span style= Pasados tres años de la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible - 2015) y cumpliendo más de ocho años de existencia del Marco de Acción de Belém (2009), instrumentos clave de la lucha por los derechos humanos y la garantía del derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sigue reiterando la relevancia de fortalecer el derecho a la EPJA a nivel nacional, regional e internacional. La CLADE - en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil - publicó un documento que presenta la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, y para la plena implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando, a la vez, su especial compromiso con el ODS 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. El documento afirma que es clara la interrelación y esencialidad de la EPJA en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible asociados al combate de la pobreza y al hambre, a los temas alimentarios y la nutrición, la agricultura sostenible, la vida sana y al bienestar en todas las edades (ODS 1, 2, 3). Asimismo, señala la contribución de la EPJA en todos aquellos objetivos asociados a las diversas dimensiones de la sostenibilidad (ODS 6, 7, 11, 12, 13, 15), al empleo (ODS 8), a la reducción de las desigualdades y a la promoción de sociedades más pacíficas e inclusivas, así como al acceso a la justicia (ODS 10 y 16). Lea el documento completo (español) Lea el documento completo (inglés)">
CLADE, en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil, publicó un documento que presenta la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales

Garantizar la Educación de Personas Jóvenes y Adultas para promover los otros derechos humanos fundamentales

7 de diciembre de 2018

Pasados tres años de la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible – 2015) y cumpliendo más de ocho años de existencia del Marco de Acción de Belém (2009), instrumentos clave de la lucha por los derechos humanos y la garantía del derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sigue reiterando la relevancia de fortalecer el derecho a la EPJA a nivel nacional, regional e internacional.

La CLADE – en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil – publicó un documento que presenta la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, y para la plena implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando, a la vez, su especial compromiso con el ODS 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

El documento afirma que es clara la interrelación y esencialidad de la EPJA en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible asociados al combate de la pobreza y al hambre, a los temas alimentarios y la nutrición, la agricultura sostenible, la vida sana y al bienestar en todas las edades (ODS 1, 2, 3). Asimismo, señala la contribución de la EPJA en todos aquellos objetivos asociados a las diversas dimensiones de la sostenibilidad (ODS 6, 7, 11, 12, 13, 15), al empleo (ODS 8), a la reducción de las desigualdades y a la promoción de sociedades más pacíficas e inclusivas, así como al acceso a la justicia (ODS 10 y 16).

Lea el documento completo (español)

Lea el documento completo (inglés)

<span style=Este noviembre se recuerda el cumplimiento de tres años de la adopción del Marco de Acción para la Educación 2030, que desarrolla principios y establece estrategias para la implementación del Objetivo 4 (ODS 4), referido a la educación, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). ----
Sobre el Marco de Acción Dicho Marco de Acción fue adoptado en noviembre de 2015 en la 38ª Conferencia General de la UNESCO en París, Francia, ocasión en la que además se publicó la Recomendación sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (RAEA), documento normativo que profundiza los compromisos asumidos por los Estados en el ODS 4, para la garantía del derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas (EPJA).
---- En este contexto, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) reafirma que el aprendizaje y la educación de personas adultas deben ser una prioridad en las agendas políticas de América Latina y el Caribe, en base a los compromisos asumidos internacionalmente por los Estados en esta temática y para que se pueda lograr la realización de todos los ODS. Señala, en ese sentido, que es necesario superar los bajos presupuestos para la EPJA actualmente existentes, así como las tendencias regresivas y los desafíos en el campo de la educación a nivel regional. Con miras a dar una amplia difusión y como recordatorio de los compromisos asumidos en el campo de la EPJA, CLADE ha preparado un documento en el que se destacan las principales orientaciones y recomendaciones contenidas en la RAEA, el que será enviado a las autoridades educativas de los países de nuestra región.  La Recomendación sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (RAEA) de UNESCO afirma que la EPJA debe de ser entendida como el componente básico de la educación a lo largo de la vida y comprende todos los procesos educativos formales, no formales e informales para que las personas puedan desarrollar sus capacidades para la vida y el trabajo. La alfabetización y el desarrollo de habilidades básicas, la formación continua y el desarrollo profesional, así como las oportunidades de educación y aprendizaje para la ciudadanía activa, deben ser aspectos sustanciales del aprendizaje y la educación de personas jóvenes y adultas, según la RAEA. También se refuerza en el documento la contribución de la EPJA para el ejercicio de otros derechos económicos, políticos, sociales y culturales. De acuerdo a la recomendación, esta modalidad educativa debe cumplir los criterios esenciales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad para promover derechos y oportunidades en condiciones de igualdad, para todas las personas.  

¿Cómo la EPJA contribuye al desarrollo sostenible?

La RAEA subraya el rol central de la EPJA para lograr el desarrollo sostenible y establece 6 puntos de transformación que esta modalidad educativa puede y debe promover, desde políticas y prácticas implementadas por los Estados: 1. Capacidad de las personas para pensar de forma crítica y actuar con autonomía y sentido de responsabilidad; 2. Formación de las personas para afrontar y configurar las evoluciones que se producen en la economía y en el mundo laboral; 3. Contribución para una sociedad del aprendizaje, en la que cada individuo tenga la oportunidad de aprender y participar con plenitud en procesos de desarrollo sostenible, aumentando la solidaridad entre personas y comunidades; 4. Promoción de la coexistencia pacífica y los derechos humanos; 5. Fomento a la resiliencia en las personas adultas jóvenes y mayores; 6. Sensibilización de la opinión pública acerca de la protección del medio ambiente.  

Pasos para garantizar la EPJA como un derecho humano

La recomendación de UNESCO también establece orientaciones a los Estados para que garanticen la educación de personas jóvenes y adultas como un derecho humano, desde el enfoque y la prioridad de 5 ejes principales: Política: elaboración de políticas integrales; fortalecimiento o creación de foros interministeriales para articular diferentes sectores; promoción de la participación de todos los actores interesados (parlamentarias/os, autoridades públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, entre otros); desarrollo de estructuras y mecanismos adecuados para la elaboración de políticas; sensibilización a la opinión pública, etc. Gobernanza: fortalecimiento y creación de estructuras de cooperación y procesos participativos, abarcando los diferentes niveles (local, nacional, regional e internacional); mecanismos, instituciones y procesos eficaces, transparentes, responsables y democráticos; fomento a alianzas entre múltiples partes interesadas; elaboración de políticas y programas, velando por la representación y participación adecuadas de las partes interesadas, a fin de garantizar una gobernanza democrática que responda a las necesidades de todas las educandas y educandos, en particular las personas menos favorecidas. Financiación: movilizar, presupuestar y asignar recursos financieros suficientes para el aprendizaje y la educación de personas adultas, según las prioridades sociales de cada Estado y en base al uso de los recursos disponibles de manera sostenible, eficaz, eficiente, democrática y responsable; priorizar la inversión en alfabetización, así como al aprendizaje y la educación de personas adultas de forma continuada. Participación, equidad e inclusión: promover la participación, la inclusión y la equidad, a fin de que ninguna persona quede excluida de este campo de la educación; respetar la pluralidad cultural y otras formas de diversidad, no tolerando ningún tipo de discriminación (por razones de edad, sexo, origen étnico, condición migratoria, lengua, religión, discapacidad, enfermedad, origen rural, identidad, orientación sexual, pobreza, desplazamiento, encarcelamiento, vocación o profesión, entre otras); adoptar medidas para mejorar el acceso al aprendizaje de calidad por parte de los grupos desfavorecidos o vulnerables, etc.

Calidad: establecimiento de mecanismos y/o estructuras que utilicen normas y criterios de calidad adecuados y revisados periódicamente; medidas de seguimiento y evaluación; recopilación y análisis de datos (desglosados de forma oportuna y fiable); atención a la pertinencia, la equidad, la eficacia y la eficiencia del aprendizaje y la educación de personas adultas, etc.

 Lea el documento completo aquí

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La educación de personas jóvenes y adultas debe ser una prioridad para alcanzar el desarrollo sostenible

28 de noviembre de 2018

Este noviembre se recuerda el cumplimiento de tres años de la adopción del Marco de Acción para la Educación 2030, que desarrolla principios y establece estrategias para la implementación del Objetivo 4 (ODS 4), referido a la educación, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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Sobre el Marco de Acción
Dicho Marco de Acción fue adoptado en noviembre de 2015 en la 38ª Conferencia General de la UNESCO en París, Francia, ocasión en la que además se publicó la Recomendación sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (RAEA), documento normativo que profundiza los compromisos asumidos por los Estados en el ODS 4, para la garantía del derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas (EPJA).

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En este contexto, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) reafirma que el aprendizaje y la educación de personas adultas deben ser una prioridad en las agendas políticas de América Latina y el Caribe, en base a los compromisos asumidos internacionalmente por los Estados en esta temática y para que se pueda lograr la realización de todos los ODS.

Señala, en ese sentido, que es necesario superar los bajos presupuestos para la EPJA actualmente existentes, así como las tendencias regresivas y los desafíos en el campo de la educación a nivel regional.

Con miras a dar una amplia difusión y como recordatorio de los compromisos asumidos en el campo de la EPJA, CLADE ha preparado un documento en el que se destacan las principales orientaciones y recomendaciones contenidas en la RAEA, el que será enviado a las autoridades educativas de los países de nuestra región. 

La Recomendación sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (RAEA) de UNESCO afirma que la EPJA debe de ser entendida como el componente básico de la educación a lo largo de la vida y comprende todos los procesos educativos formales, no formales e informales para que las personas puedan desarrollar sus capacidades para la vida y el trabajo. La alfabetización y el desarrollo de habilidades básicas, la formación continua y el desarrollo profesional, así como las oportunidades de educación y aprendizaje para la ciudadanía activa, deben ser aspectos sustanciales del aprendizaje y la educación de personas jóvenes y adultas, según la RAEA.

También se refuerza en el documento la contribución de la EPJA para el ejercicio de otros derechos económicos, políticos, sociales y culturales. De acuerdo a la recomendación, esta modalidad educativa debe cumplir los criterios esenciales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad para promover derechos y oportunidades en condiciones de igualdad, para todas las personas.  


¿Cómo la EPJA contribuye al desarrollo sostenible?

La RAEA subraya el rol central de la EPJA para lograr el desarrollo sostenible y establece 6 puntos de transformación que esta modalidad educativa puede y debe promover, desde políticas y prácticas implementadas por los Estados:

1. Capacidad de las personas para pensar de forma crítica y actuar con autonomía y sentido de responsabilidad;

2. Formación de las personas para afrontar y configurar las evoluciones que se producen en la economía y en el mundo laboral;

3. Contribución para una sociedad del aprendizaje, en la que cada individuo tenga la oportunidad de aprender y participar con plenitud en procesos de desarrollo sostenible, aumentando la solidaridad entre personas y comunidades;

4. Promoción de la coexistencia pacífica y los derechos humanos;

5. Fomento a la resiliencia en las personas adultas jóvenes y mayores;

6. Sensibilización de la opinión pública acerca de la protección del medio ambiente.

 

Pasos para garantizar la EPJA como un derecho humano

La recomendación de UNESCO también establece orientaciones a los Estados para que garanticen la educación de personas jóvenes y adultas como un derecho humano, desde el enfoque y la prioridad de 5 ejes principales:

Política: elaboración de políticas integrales; fortalecimiento o creación de foros interministeriales para articular diferentes sectores; promoción de la participación de todos los actores interesados (parlamentarias/os, autoridades públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, entre otros); desarrollo de estructuras y mecanismos adecuados para la elaboración de políticas; sensibilización a la opinión pública, etc.

Gobernanza: fortalecimiento y creación de estructuras de cooperación y procesos participativos, abarcando los diferentes niveles (local, nacional, regional e internacional); mecanismos, instituciones y procesos eficaces, transparentes, responsables y democráticos; fomento a alianzas entre múltiples partes interesadas; elaboración de políticas y programas, velando por la representación y participación adecuadas de las partes interesadas, a fin de garantizar una gobernanza democrática que responda a las necesidades de todas las educandas y educandos, en particular las personas menos favorecidas.

Financiación: movilizar, presupuestar y asignar recursos financieros suficientes para el aprendizaje y la educación de personas adultas, según las prioridades sociales de cada Estado y en base al uso de los recursos disponibles de manera sostenible, eficaz, eficiente, democrática y responsable; priorizar la inversión en alfabetización, así como al aprendizaje y la educación de personas adultas de forma continuada.

Participación, equidad e inclusión: promover la participación, la inclusión y la equidad, a fin de que ninguna persona quede excluida de este campo de la educación; respetar la pluralidad cultural y otras formas de diversidad, no tolerando ningún tipo de discriminación (por razones de edad, sexo, origen étnico, condición migratoria, lengua, religión, discapacidad, enfermedad, origen rural, identidad, orientación sexual, pobreza, desplazamiento, encarcelamiento, vocación o profesión, entre otras); adoptar medidas para mejorar el acceso al aprendizaje de calidad por parte de los grupos desfavorecidos o vulnerables, etc.

Calidad: establecimiento de mecanismos y/o estructuras que utilicen normas y criterios de calidad adecuados y revisados periódicamente; medidas de seguimiento y evaluación; recopilación y análisis de datos (desglosados de forma oportuna y fiable); atención a la pertinencia, la equidad, la eficacia y la eficiencia del aprendizaje y la educación de personas adultas, etc.

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Os Sujeitos da EJA nas Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos

5 de septiembre de 2018

O trabalho refere-se ao estado do conhecimento das produções científicas sobre sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil. O problema de pesquisa foi: quais os principais fundamentos teórico-metodológicos presentes nas produções resultantes das pesquisas no campo da Educação de Jovens e Adultos no Brasil que versam sobre os sujeitos estudantes? A coleta de dados utilizou os descritores: sujeitos+EJA, identidade+EJA e sociabilidade+EJA

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História da educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil: breves reflexões

La Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Brasil se originó más como un producto para la lucha contra la miseria social que el desarrollo real. Es una consecuencia de los males de sistema escolar público regular y las precarias condiciones de vida de gran parte de la población brasileña, que terminó interfiriendo en el logro de la escolarización a un tiempo apropiado.

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Reflexões sobre a área de aprofundamento da educação de jovens e adultos no Curso de Pedagogia do campus I da UFPB

En las consideraciones finales se presentan reflexiones que ayudan a pensar sobre la labor docente y que a pesar de las dificultades, la labor de este profesional en la EJA es de suma importancia, considerando que en esta área faltan profesionales específicos y que se valora este grupo de personas que necesitan apoyo diferenciado.

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