<em>María Guadalupe Ramos Ponce, del CLADEM, expone la realidad regional de violencia contra niñas y mujeres, así como por identidad de género y orientación sexual en la educación</em><!--more--> En el contexto del “<a href=Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realiza del 28 al 30 de mayo en El Salvador, María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Jalisco, México, participó ayer en el panel “Estrategias de transformación hacia una educación promotora de igualdad de género y no violencia”. En su ponencia, destacó que “los conceptos de violencia, derechos humanos y derechos de las mujeres se encuentran estrechamente vinculados; no obstante la universalidad de los derechos humanos en general, las mujeres en lo particular no han gozado esta misma protección”. Según Ponce, en los primeros intentos de visibilizar la violencia de género, se consideró a las mujeres como víctimas en su papel de esposas y madres de familia maltratadas. Se dejaba fuera las múltiples violencias que viven las niñas y mujeres no solo a lo largo de su vida, sino en los diversos entornos en los que se desarrollan, incluyendo la escuela. Sin embargo, en los años 1990, se impulsaron reformas legales en la región y la aprobación de leyes que hoy se conocen como “de primera generación”. En este proceso, de acuerdo con la representante de CLADEM, quedó clara la evolución de los conceptos acerca de la violencia contra las mujeres: de un tema restricto al ámbito doméstico se pasó al reconocimiento pleno de los derechos de las niñas y mujeres a nivel internacional. “Desde entonces se considera la violencia contra las niñas y mujeres como un asunto de derechos humanos, siendo una obligación de los Estados prevenirla, sancionarla y erradicarla”, añadió. Ponce también abordó la cuestión de la violencia contra niñas y mujeres en las escuelas en su intersección con otras formas de discriminación, como por pobreza, orientación sexual, etnia e identidad de género, entre otras. Expuso, asimismo, algunos resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Violencia basada en Orientación Sexual e Identidad de Género en México, un estudio para el que fueron consultadas/os 1.770 estudiantes de secundaria y preparatoria que se reconocieron como LGBTI en todo el país. En la encuesta, el 49.75% de las y los entrevistadas/os afirmó ser víctima de acoso o bullying de manera regular. Según el estudio, la violencia es más común para la comunidad trans que estudia secundaria y preparatoria, ya que el 61% y el 55%, respectivamente, han sido objeto de burlas transfóbicas y agresiones físicas; la cifra para lesbianas es de 43%, y de 40% para homosexuales. Ponce citó también un estudio de UNESCO, en el cual se señala que la violencia LGBTfóbica en la escuela afecta la educación, las perspectivas de empleo y el bienestar de las y los estudiantes. Esta investigación revela que en México el 59% de las y los estudiantes utilizó expresiones homofóbicas en la escuela, cifra mayor que la registrada en otros países de la región, como Guatemala (57%), Perú (56%) y Chile (50%). Por otro lado, el 60% de las y los estudiantes entrevistadas/os dijo que no ha reportado estos incidentes al personal escolar por miedo a sufrir discriminación o verse obligadas/os a “sacarse del clóset” ante sus madres y padres. De las personas que sí reportaron estos incidentes al personal escolar, sólo la mitad tuvo una respuesta positiva de sus maestras/os, lo que muestra que la homofobia también existe entre las y los profesionales de educación. La integrante de CLADEM mencionó igualmente los datos de un estudio del Ministerio de Educación salvadoreño sobre la violencia de género en los espacios educativos del país. Un total de 24 casos de violencia sexual identificados en las 12 escuelas consultadas fue capturado a través de teléfonos celulares. Asimismo, el 10,3% de las y los estudiantes entrevistadas/os dijo conocer la existencia de un caso de abuso sexual o violencia en su escuela. Más de la mitad de los/as estudiantes que afirmaron haber sufrido violencia no continuaron sus estudios. Para concluir su ponencia, Ponce listó algunas propuestas y recomendaciones hacia cambios importantes, considerando que todas estas violencias constituyen un obstáculo para la realización del derecho humano fundamental a la educación de calidad de todas las niñas, niños y jóvenes. Entre sus planteamientos, subrayó la importancia de: hacer el monitoreo permanente de la violencia en establecimientos educativos, incluyendo la violencia basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género; asegurar planes de estudio y materiales educativos inclusivos; promover la presentación de quejas de casos de violencia sexual; y capacitar y apoyar a docentes y al personal que trabaje en la escuela para que combatan las discriminaciones. “Promovamos pues una educación sexual integral con perspectiva de género y de derechos humanos. Una educación así fortalece no solo la promoción de relaciones de género igualitarias, sino que también contribuye para la construcción de Estados democráticos y respetuosos de los derechos humanos”, concluyó.">

¿Cómo la violencia por orientación sexual e identidad de género afecta las y los estudiantes en América Latina y el Caribe?

30 de mayo de 2018

María Guadalupe Ramos Ponce, del CLADEM, expone la realidad regional de violencia contra niñas y mujeres, así como por identidad de género y orientación sexual en la educación (más…)

<em>Se realiza en El Salvador el “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como anfitriona local.</em><!--more--> Entre las actividades del encuentro de ayer (29/5), la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) y la Asociación de Radios Participativas de El Salvador (ARPAS) transmitieron en vivo el
  • regionalizar las políticas y garantizar su interseccionalidad e intersectorialidad;
  • los Estados deben desarrollar estadísticas y datos desagregados sobre la violencia y la desigualdad de género, por ejemplo con la incorporación de datos sobre las personas LGBTIQ y la población migrante entre las informaciones sobre la violencia e igualdad de género en los centros educativos;
  • unificar y articular políticas para la equidad y la igualdad de género que se encuentran dispersas en distintos sectores gubernamentales y documentos;
  • garantizar formación inicial y capacitación para docentes, así como desarrollar currículos desde la perspectiva de la igualdad de género;
  • garantizar presupuesto adecuado y suficiente para las acciones desde el momento en que se planifican las políticas y los proyectos;
  • crear indicadores y líneas de base para evaluar el impacto de cada política y rendir cuentas al respecto a la ciudadanía, utilizando además estas estadísticas en el diseño y planificación de las acciones;
  • desarrollar políticas de Estado sobre la temática, de mediano y largo plazo y con recursos financieros suficientes y sostenibles, garantizados como responsabilidad de los Estados y no condicionados o dependientes de la cooperación internacional;
  • la garantía de una educación laica como elemento fundamental para permitir que se incluya la cuestión de género en las escuelas;
  • la participación de las comunidades educativas en el diseño e implementación de las políticas educativas, y el diálogo con docentes, niñas y niños, adolescentes, y especialmente madres y padres de familia, con miras a superar los mitos acerca de la cuestión de género y la sexualidad.
    • Escuche la grabación del diálogo completo aquí.">

    Encuentro Centroamericano reúne a autoridades para discutir desafíos y estrategias de transformación hacia la igualdad de género

    Se realiza en El Salvador el “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como anfitriona local. (más…)

    Arranca en El Salvador el “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”

    29 de mayo de 2018

    Tuvo inicio ayer (28/5) en San Salvador, El Salvador, el “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realiza entre los días 28 a 30 de mayo, como una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como anfitriona local. (más…)

    En el marco de una nueva conmemoración del <strong>Día Internacional de la Mujer</strong>, recordamos la obligación de los Estados de avanzar hacia la igualdad de género, la construcción de una agenda de derechos y no discriminación, y la responsabilidad de respetar, proteger y promover todos los derechos de las niñas y las mujeres, lo que incluye avanzar hacia la garantía efectiva del derecho a la educación que promueva la igualdad de género, y que ello supone contar con una institucionalidad de género y políticas de igualdad debidamente respaldadas presupuestariamente.<!--more--> Celebramos como un gran avance el fortalecimiento de los marcos internacionales sobre la igualdad de género, con la adopción durante el pasado año por parte del Comité CEDAW de la <a href=Recomendación N° 33 sobre Acceso a la Justicia, que en su apartado D aborda el tema de la educación desde una perspectiva de género, la Recomendación General Nº 35 sobre la violencia por razón de género contra las niñas y las mujeres, y en particular la Recomendación General Nº 36 sobre el derecho a la educación de las niñas y las mujeres, la cual tiene como objetivo garantizar que las disparidades y las desigualdades basadas en formas múltiples e intersectivas de discriminación, que impiden que las niñas y las mujeres disfruten de los derechos dentro y a través de la educación, sean abordadas y finalmente eliminadas. A nivel regional, consideramos como un paso crucial la adopción de la Opinión Consultiva sobre Identidad de Género e Igualdad y no Discriminación a parejas del mismo sexo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 24 de noviembre de 2017. Celebramos también contar con una larga trayectoria en materia de una agenda regional de género, la que ha venido siendo impulsada fuertemente en los últimos 40 años desde diferentes esferas, entre otras la CEPAL, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, ONU Mujeres, la academia y, en particular, por parte de las redes y movimientos feministas y de mujeres. Recordamos, sin embargo, que esta agenda debe hacer frente a los desafíos que se presentan en el contexto de la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 y los nuevos compromisos asumidos por los Estados en materia de educación y de igualdad de género y, en especial, dar respuesta a las crecientes preocupaciones regionales en materia de retrocesos en el campo de los derechos humanos, los derechos de las niñas y las mujeres y la igualdad de género, así como en materia de protección de los derechos de las personas LGBTI. Identificamos como uno de los mayores desafíos y preocupaciones el avance de tendencias conservadoras y fundamentalistas religiosas, invocando la existencia de una supuesta “ideología de género” y llevando adelante movilizaciones y estrategias contra la igualdad de género, la diversidad sexual, el derecho a la identidad de género, rechazando la educación con enfoque de género, la educación laica y la educación sexual integral, lesionando derechos consagrados y llevando adelante campañas de incidencia que promueven regresiones en este campo, incluso en el ámbito judicial, pudiéndose citar varios ejemplos en diversos países de nuestra región. Entre las principales áreas de preocupación planteamos:
    • Currícula educativa y la educación sexual integral. Así por ejemplo en Argentina, habiendo transcurridos once años de la sanción de la Ley Nacional Nro. 26.510 que establece el derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, la ley no tiene aún una aplicación plena. En Brasil, se han experimentado retrocesos en materia de igualdad de género en la nueva Base Nacional Común Curricular, y la no inclusión de la palabra “género” en el Plan Nacional de Educación, así como en planes municipales y departamentales de educación. En Costa Rica, el Programa de Estudio de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral de Educación Diversificada del Ministerio de Educación Pública ha generado rechazo por parte de sectores religiosos, que entienden que este programa promueve la “ideología de género”. En Ecuador, bajo el slogan “Con Mis Hijos No Te Metas” se han estado movilizando y realizando marchas contra iniciativas legislativas vinculadas a la igualdad de género y para que no se incluya el enfoque de género en los currículos educativos. En Perú, se han venido dando fuertes cuestionamientos a la implementación del nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), por incluir el enfoque de género, y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la construcción de la identidad de género y la educación sexual integral. Por su parte en Paraguay, el pasado año, por la Resolución Nº 29.664, se prohíbe “la difusión de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y/o ideología de género en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias”. En Uruguay, el pasado mes de setiembre la Justicia no hizo lugar a una acción de amparo presentada por un conjunto de padres y madres, para que se impidiera la divulgación de la Propuesta Didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria, solicitud que fue desestimada tanto en primera como en segunda instancia por considerarse improcedente.
    • Laicidad de los Estados: el Estado de Derecho y la laicidad se encuentran entrelazados. No puede haber Estado de Derecho sin laicidad. El Estado no puede, bajo la excusa de defender una falsa libertad religiosa, imponer determinadas preferencias y privilegios al credo católico, obligando a las niñas y niños de las escuelas públicas a seguir principios y reglas propias de un culto al que no adhieren ni practican. En Argentina, la provincia de Salta violó derechos al imponer una cátedra religiosa en las escuelas pública. En Brasil,  un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) en el mes de setiembre del año pasado determinó la constitucionalidad de la enseñanza confesional en las escuelas y autorizó el mantenimiento de la educación religiosa.
    • Las resistencias al abordaje de la orientación sexual e identidad de género en el ámbito educativo. En Colombia, la elaboración en el ámbito del Ministerio de Educación de una guía que abordaba el tema de las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela generó en su momento enérgicos cuestionamientos. Asimismo, en el marco del actual proceso electoral en el país, candidatos de partidos de derecha o articulados con grupos confesionales fanáticos han estructurado los mensajes de sus campañas bajo el discurso contrario a la “ideología de género”. En Brasil, desde el ámbito del movimiento “Escola sem Partido”, se han venido promoviendo propuestas normativas orientadas a prohibir que en el ámbito educativo se aborden cuestiones de género y orientación sexual.
    Todo lo anterior supone fortalecer el compromiso desde todas las esferas de la sociedad civil y del poder público por la defensa del derecho de todas y todos a la educación para la igualdad de género y a la educación sexual integral. Una educación que nos permita reflexionar sobre los roles y estereotipos que se asignan a los géneros, y replantear nuestros conceptos de masculinidades y feminilidades, para que sean más sensibles y responsables, y busquen la construcción de sociedades cada vez más inclusivas, pacíficas y democráticas. De hecho, todos los seres humanos debemos aprender a conocer y cuidar de nuestros cuerpos, y eso se debe empezar a trabajar en los jardines de infancia, pues la educación sexual integral también es una herramienta poderosa contra la violencia y el abuso sexual infantil, a partir del espacio de diálogo y la relación de confianza que genera entre docentes y estudiantes. Finalmente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que este año homenajea y destaca el importante papel de las mujeres activistas rurales y urbanas, quienes han contribuido a la transformación de nuestras sociedades y a la conquista de derechos para todas y todos, queremos llamar la atención sobre los niveles de violencia de la que en muchos casos son objeto estas activistas y defensoras de los derechos humanos y la igualdad de género, exhortando a que los Estados le garanticen una protección adecuada e impartan justicia, recordando en esta fecha los dos años del asesinato de la activista por el medio ambiente y lideresa indígena en Honduras, Berta Cáceres. Hoy, 8 de marzo, CLADE, CLADEM y REPEM nos sumamos al Paro Internacional de Mujeres al lado de niñas y mujeres de todo el mundo, por el reconocimiento de nuestros derechos y por todas aquellas mujeres que han luchado para alcanzar los derechos que hoy tenemos. Pinche aquí para descargar este posicionamiento completo en pdf.
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    Posicionamiento público: Por el derecho de todas y todos a la educación para la igualdad de género y a la educación sexual integral

    8 de marzo de 2018

    En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, recordamos la obligación de los Estados de avanzar hacia la igualdad de género, la construcción de una agenda de derechos y no discriminación, y la responsabilidad de respetar, proteger y promover todos los derechos de las niñas y las mujeres, lo que incluye avanzar hacia la garantía efectiva del derecho a la educación que promueva la igualdad de género, y que ello supone contar con una institucionalidad de género y políticas de igualdad debidamente respaldadas presupuestariamente. (más…)

    <em>La misma tiene como objetivo garantizar que las disparidades y las desigualdades basadas en formas múltiples e intersectivas de discriminación, que impiden que las niñas y las mujeres disfruten de los derechos dentro y a través de la educación, sean abordadas y finalmente eliminadas</em><!--more--> La <a href=Recomendación General señala que, en general, las niñas y las mujeres son discriminadas de manera desproporcionada durante el proceso de escolarización en cuanto al acceso, retención, finalización, tratamiento, resultados de aprendizaje y en las elecciones de carrera, lo que resulta en desventaja más allá de la escolarización y el entorno escolar. Entre los factores que impiden que las niñas y mujeres reclamen y disfruten su derecho humano a la educación, se mencionan: las barreras asociadas a los estereotipos de género en los planes de estudio, libros de texto y procesos de enseñanza, la violencia contra las niñas y mujeres dentro y fuera de la escuela, las restricciones estructurales e ideológicas, así como los campos académicos y vocacionales dominados por hombres. De ahí la importancia de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todas las personas y dar cumplimiento a la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptada en el 2015, que incluye metas y objetivos destinados a la eliminación de todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas. Se recuerda a su vez, que el Marco de Acción para la Educación 2030 reconoce que "la igualdad de género está inextricablemente ligada al derecho a la educación”. En base a la interpretación del Artículo 10 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que garantiza el derecho a la educación, el Comité CEDAW realiza una serie de recomendaciones a los Estados desde un enfoque tripartito: los derechos de acceso a la educación, los derechos dentro de la educación y los derechos a través de la educación. El Comité señala que la educación debe ser gratuita y obligatoria desde el nivel preescolar hasta el sistema secundario y progresivamente hasta el nivel terciario, y que la imposición de tasas o los costos adicionales que enfrentan estudiantes que asisten a las escuelas públicas, así como la privatización de la educación, tiene consecuencias negativas específicas para las niñas y las mujeres, en particular de familias más pobres, excluyéndolas de la educación. Cabe destacar que la recomendación hace énfasis en la situación de los grupos desfavorecidos de niñas y mujeres, las que quedan “excluidas de la educación y son marginadas por estar simultáneamente expuestas a la intersección de diferentes formas de discriminación", mencionando: las minorías étnicas y las niñas y mujeres indígenas; las que se encuentran en situación de refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas, desplazadas y migrantes; niñas y mujeres con discapacidad; y lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LBTI). Otro punto importante a resaltar refiere al abuso y violencia sexual en las escuelas o en el camino hacia y desde la escuela y los impactos sobre las niñas y mujeres en su derecho a la educación. Se recomienda promulgar y aplicar leyes, políticas y procedimientos apropiados para prohibir y combatir la violencia contra niñas y mujeres en las instituciones educativas y sus alrededores; e implementar mecanismos de denuncia confidenciales e independientes, realizando investigaciones efectivas y garantizando que las niñas y mujeres afectadas por la violencia en las escuelas tengan acceso efectivo a la justicia y la reparación. En igual sentido, se plantea el diseño y aplicación de currículos obligatorios, que cubran información integral sobre salud y derechos sexuales y reproductivos [siga leyendo]. Los contenidos de esta recomendación han tomado como base la jurisprudencia, así como las observaciones finales y recomendaciones generales existentes, así como las contribuciones de los Estados, de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil y del ámbito académico, entre ellas la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación, en una consulta preliminar realizada por el Comité CEDAW en junio de 2014. Desde CLADE también se estuvo acompañando el proceso. Lea el texto completo de la Recomendación aquí (en inglés).">

    CLADE celebra nueva Recomendación General del Comité CEDAW sobre el derecho a la educación de las niñas y mujeres

    11 de diciembre de 2017

    La misma tiene como objetivo garantizar que las disparidades y las desigualdades basadas en formas múltiples e intersectivas de discriminación, que impiden que las niñas y las mujeres disfruten de los derechos dentro y a través de la educación, sean abordadas y finalmente eliminadas (más…)

    Realizamos en Bolivia la primera edición del Festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!”

    9 de diciembre de 2017

    En el evento, que reunió a activistas, investigadores/as, comunidades educativas y cineastas de seis países de América Latina y el Caribe, se subrayó el rol del arte y la cultura para darle visibilidad a dicha problemática e impulsar procesos educativos y comunicativos para la transformación hacia la igualdad y el respeto a la diferencia (más…)

    Archivo CLADE

    Festival “¡Luces, cámara y educación!” instala discusión sobre la lucha y resistencia de las personas LGBTI

    Evento se cierra con rueda de diálogo sobre las discriminaciones y violencias que afectan las personas LGBTI y de qué manera esta problemática puede enfrentarse desde los ámbitos político, social, cultural y educativo (más…)

    <em>En el marco del <a href=festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!” y de un convenio firmado entre CLADE e ILGALAC, estas dos redes difunden un alerta regional, en que hacen un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expresan su preocupación por las diferentes manifestaciones de retroceso que se vienen dando en nuestra región en lo que hace a la consolidación de una educación con un enfoque de género y diversidad sexual, así como frente a las diferentes manifestaciones de bullying homofóbico, afectando derechos fundamentales y restringiendo el derecho a la educación en condiciones de igualdad y sin discriminación. Observamos que varias expresiones conservadoras y del ámbito religioso intentan deslegitimar y negar el enfoque de género, desconociéndolo como categoría de análisis y categorizándolo como una supuesta “ideología de género”, incidiendo para que el mismo sea eliminado de los marcos legales y políticos, e incluso del ámbito educativo. Observamos así que en Brasil se han retirado los términos “identidad de género” y “orientación sexual” del documento Base Nacional Común Curricular (BNCC). A su vez, sectores conservadores políticos y religiosos lideran la iniciativa llamada Escuelas sin partido, promoviendo proyectos de ley orientados a prohibir en el ámbito educativo el abordaje de ciertas temáticas, entre ellas las cuestiones de género y orientación sexual, y enmascarando sus objetivos bajo la consigna de que la iniciativa se orienta a desalentar el adoctrinamiento ideológico (político, religioso o moral) por parte de docentes en las aulas. Esta iniciativa ya ha sido objeto de un pronunciamiento conjunto por parte de la Relatora Especial para el Derecho Humano a la Educación, el Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión y la Relatora Especial para Libertad de Religión y de Creencia de Naciones Unidas (ONU), exigiendo al gobierno que los proyectos de ley sean revisados y se asegure su conformidad con el marco internacional de los derechos humanos y la Constitución Federal. Estos temas han sido objeto de cuestionamiento y recomendaciones también en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). La elaboración en el ámbito del Ministerio de Educación de una guía que abordaba el tema de las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela dirigida a docentes y que pretendía dar respuesta a un mandato de la Corte Constitucional de Colombia a fin de adecuar los manuales de convivencia escolar a diversidad sexual y no discriminación generó enérgicas resistencias en Colombia. Por su parte, en Panamá se vienen presentando cuestionamientos al proyecto de Ley Nro. 61 sobre educación sexual, actualmente en debate parlamentario; y el Ministerio de Educación continúa haciendo esfuerzos, pese a las presiones y resistencias, para avanzar en el diseño e implementación de guías sobre educación sexual. En Honduras, se advierte un agravamiento del contexto de violencia y discriminación que enfrentan las personas de la comunidad LGBTI. En Paraguay a instancia de grupos conservadores, se retiró la palabra género de la nueva ley contra la violencia hacia las mujeres. En Perú, se han dado fuertes cuestionamientos a la implementación del nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica por incluir el enfoque de género, promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la construcción de la identidad de género y la educación sexual integral, además de haberse desplegado diversas acciones de comunicación y movilización, como por ejemplo la campaña “Con mis hijos no te metas”. Por su parte, asistimos a la reciente derogación parcial por parte del Congreso del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1323 que había introducido una serie de reformas en materia de violencia de género, incluyendo como circunstancia agravante de responsabilidad penal de algunos delitos, cuando tuvieran base en la orientación sexual e identidad de género. En los contextos de protestas estudiantiles, se han dado casos en que el hostigamiento por parte de las fuerzas policiales se agudiza o presenta características especiales, cuando se trata de estudiantes LGBTI, como ha sucedido en Chile y Honduras, por ejemplo. En este contexto de retrocesos, debemos celebrar sin embargo en la esfera internacional la creación el año pasado de un nuevo mecanismo en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, con el nombramiento del primer experto independiente de Naciones Unidas para la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En el ámbito educativo, se destaca la adopción por parte del Ministerio de Educación de Chile de la Circular “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación”, así como el documento “Diálogos Participativos de la Diversidad” y la Guía para el respeto, inclusión y convivencia LGBTI dentro de las escuelas. Finalmente, debemos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que dentro de la prohibición de discriminación por motivos relacionados con la identidad y expresión de género, se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de dicha identidad y garantizar de forma transversal el reconocimiento de la identidad de género en los distintos aspectos de la vida de la persona, y que el Estado debe brindar a cada persona la oportunidad de proyectarse libremente hacia los demás, acorde a su identidad de género y el derecho a ser reconocida en función de dicha identidad. Debemos tener presente a su vez, que en su informe preliminar sobre “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en las Américas” de 2016, la CIDH destacó que la pobreza, discriminación y exclusión que afectan a las personas LGBTI en la región se relacionan con barreras para poder acceder a sistemas educativos seguros y de calidad; y que los Estados tienen la obligación de garantizar políticas de educación especialmente diseñadas para modificar patrones sociales y culturales de conducta, contrarrestar prejuicios y costumbres, y para erradicar prácticas basadas en estereotipos de personas LGBTI que pueden legitimar o exacerbar la violencia por prejuicio, instando a que adopten medidas para garantizar la continuidad de las personas LGBT en los sistemas de educación formal. Y más recientemente la CIDH ha condenado las alarmantes cifras de asesinatos de personas LGBT que han ocurrido en la región en lo que va del año 2017. En tal sentido, hacemos un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región, a rechazar toda acción que promueva la violencia, la discriminación y el no reconocimiento de sus derechos, exigiendo la adopción de las medidas necesarias para garantizar plenamente el derecho a la educación por su especial connotación para reafirmar todo el conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales.">

    En alianza con ILGALAC, denunciamos retrocesos para la consolidación de una educación con enfoque de género y diversidad sexual

    8 de diciembre de 2017

    En el marco del festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!” y de un convenio firmado entre CLADE e ILGALAC, estas dos redes difunden un alerta regional, en que hacen un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región (más…)

    <em>En el marco del <a href=festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!” y de un convenio firmado entre CLADE e ILGALAC, estas dos redes difunden un alerta regional, en que hacen un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expresan su preocupación por las diferentes manifestaciones de retroceso que se vienen dando en nuestra región en lo que hace a la consolidación de una educación con un enfoque de género y diversidad sexual, así como frente a las diferentes manifestaciones de bullying homofóbico, afectando derechos fundamentales y restringiendo el derecho a la educación en condiciones de igualdad y sin discriminación. Observamos que varias expresiones conservadoras y del ámbito religioso intentan deslegitimar y negar el enfoque de género, desconociéndolo como categoría de análisis y categorizándolo como una supuesta “ideología de género”, incidiendo para que el mismo sea eliminado de los marcos legales y políticos, e incluso del ámbito educativo. Observamos así que en Brasil se han retirado los términos “identidad de género” y “orientación sexual” del documento Base Nacional Común Curricular (BNCC). A su vez, sectores conservadores políticos y religiosos lideran la iniciativa llamada Escuelas sin partido, promoviendo proyectos de ley orientados a prohibir en el ámbito educativo el abordaje de ciertas temáticas, entre ellas las cuestiones de género y orientación sexual, y enmascarando sus objetivos bajo la consigna de que la iniciativa se orienta a desalentar el adoctrinamiento ideológico (político, religioso o moral) por parte de docentes en las aulas. Esta iniciativa ya ha sido objeto de un pronunciamiento conjunto por parte de la Relatora Especial para el Derecho Humano a la Educación, el Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión y la Relatora Especial para Libertad de Religión y de Creencia de Naciones Unidas (ONU), exigiendo al gobierno que los proyectos de ley sean revisados y se asegure su conformidad con el marco internacional de los derechos humanos y la Constitución Federal. Estos temas han sido objeto de cuestionamiento y recomendaciones también en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). La elaboración en el ámbito del Ministerio de Educación de una guía que abordaba el tema de las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela dirigida a docentes y que pretendía dar respuesta a un mandato de la Corte Constitucional de Colombia a fin de adecuar los manuales de convivencia escolar a diversidad sexual y no discriminación generó enérgicas resistencias en Colombia. Por su parte, en Panamá se vienen presentando cuestionamientos al proyecto de Ley Nro. 61 sobre educación sexual, actualmente en debate parlamentario; y el Ministerio de Educación continúa haciendo esfuerzos, pese a las presiones y resistencias, para avanzar en el diseño e implementación de guías sobre educación sexual. En Honduras, se advierte un agravamiento del contexto de violencia y discriminación que enfrentan las personas de la comunidad LGBTI. En Paraguay a instancia de grupos conservadores, se retiró la palabra género de la nueva ley contra la violencia hacia las mujeres. En Perú, se han dado fuertes cuestionamientos a la implementación del nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica por incluir el enfoque de género, promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la construcción de la identidad de género y la educación sexual integral, además de haberse desplegado diversas acciones de comunicación y movilización, como por ejemplo la campaña “Con mis hijos no te metas”. Por su parte, asistimos a la reciente derogación parcial por parte del Congreso del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1323 que había introducido una serie de reformas en materia de violencia de género, incluyendo como circunstancia agravante de responsabilidad penal de algunos delitos, cuando tuvieran base en la orientación sexual e identidad de género. En los contextos de protestas estudiantiles, se han dado casos en que el hostigamiento por parte de las fuerzas policiales se agudiza o presenta características especiales, cuando se trata de estudiantes LGBTI, como ha sucedido en Chile y Honduras, por ejemplo. En este contexto de retrocesos, debemos celebrar sin embargo en la esfera internacional la creación el año pasado de un nuevo mecanismo en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, con el nombramiento del primer experto independiente de Naciones Unidas para la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En el ámbito educativo, se destaca la adopción por parte del Ministerio de Educación de Chile de la Circular “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación”, así como el documento “Diálogos Participativos de la Diversidad” y la Guía para el respeto, inclusión y convivencia LGBTI dentro de las escuelas. Finalmente, debemos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que dentro de la prohibición de discriminación por motivos relacionados con la identidad y expresión de género, se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de dicha identidad y garantizar de forma transversal el reconocimiento de la identidad de género en los distintos aspectos de la vida de la persona, y que el Estado debe brindar a cada persona la oportunidad de proyectarse libremente hacia los demás, acorde a su identidad de género y el derecho a ser reconocida en función de dicha identidad. Debemos tener presente a su vez, que en su informe preliminar sobre “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en las Américas” de 2016, la CIDH destacó que la pobreza, discriminación y exclusión que afectan a las personas LGBTI en la región se relacionan con barreras para poder acceder a sistemas educativos seguros y de calidad; y que los Estados tienen la obligación de garantizar políticas de educación especialmente diseñadas para modificar patrones sociales y culturales de conducta, contrarrestar prejuicios y costumbres, y para erradicar prácticas basadas en estereotipos de personas LGBTI que pueden legitimar o exacerbar la violencia por prejuicio, instando a que adopten medidas para garantizar la continuidad de las personas LGBT en los sistemas de educación formal. Y más recientemente la CIDH ha condenado las alarmantes cifras de asesinatos de personas LGBT que han ocurrido en la región en lo que va del año 2017. En tal sentido, hacemos un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región, a rechazar toda acción que promueva la violencia, la discriminación y el no reconocimiento de sus derechos, exigiendo la adopción de las medidas necesarias para garantizar plenamente el derecho a la educación por su especial connotación para reafirmar todo el conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales.">
    En el marco del festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!” y de un convenio firmado entre CLADE e ILGALAC, estas dos redes difunden un alerta regional, en que hacen un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región

    Enfoque de género, diversidad sexual e identidad de género: retrocesos en el ámbito educativo en América Latina y el Caribe

    En el marco del festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!” y de un convenio firmado entre CLADE e ILGALAC, estas dos redes difunden un alerta regional, en que hacen un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región (más…)

    Archivo CLADE

    Muestra de cortos y rueda de diálogos aborda la necesidad de reconocer las diversas identidades de género en la educación

    En la tarde del primer día de actividades del Festival Audiovisual “¡Luces, Cámara y Educación!”, se realizó la segunda muestra de cortos del programa, con el tema “Experiencias inspiradoras de superación y enfrentamiento a las desigualdades y discriminaciones relacionadas a la orientación sexual e identidad de género en la educación”, la cual incluyó la exhibición del documental “Nací para ser Tiffany”, de Nicaragua, premiado del festival en la categoría “Colectivos y organizaciones de derechos humanos”. (más…)

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