* Esta síntesis ha sido elaborada tomando como base los contenidos de la relatoría de la reunión realizada por la consultora Ariadna Reyes Ávila
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Diálogo de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil en torno a los desafíos para la educación
18 de diciembre de 2020Con la participación de integrantes de seis países de la región (Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay, el pasado jueves 8 de octubre tuvo lugar un nuevo encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe para dialogar en torno a la situación actual de la región y acciones futuras*.
La primera parte del evento se centró en un amplio intercambio sobre el escenario regional y una mirada sobre las particularidades y desafíos presentes en algunos de los países de la región (algunos de los cuales enfrentan crisis políticas y/o institucionales, cambios de gobierno, procesos electorales en proceso o realizados recientemente), poniendo en destaque los retos y desafíos que se presentan para la educación en el marco de la crisis sanitaria en curso (COVID-19).
Se señaló que, además de poner de relieve las vulnerabilidades preexistentes, la pandemia ha desatado niveles de incertidumbre sin precedentes; impactos generalizados sobre el conjunto de derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales); graves efectos económicos y sociales marcados por la profundización de la pobreza, exclusión social y las desigualdades.
Además, ha dejado al descubierto la fragilidad de las estructuras estatales para hacer frente a la crisis sanitaria (sistemas de salud, protección social y educación); ha favorecido el incremento de la violencia, del trabajo infantil y del trabajo doméstico de niños, niñas y adolescentes. Este escenario está acompañado, en algunos casos, con la adopción de marcos normativos y presupuestarios que suponen (de forma explícita o implícita) regresiones en materia de derechos y políticas sociales, o políticas públicas que resultan insuficientes; acuerdos con los organismos multilaterales bajo condiciones que afectarán los presupuestos de salud y educación; emergencia de tendencias conservadoras que han ido sumando discriminaciones y desigualdades hacia los sectores históricamente excluidos o los derechos de las poblaciones LGBTI; restricciones a la protesta y criminalización de reivindicaciones de la ciudadanía, considerando además un escenario de movilización reducida, también como consecuencia de la emergencia sanitaria.
En lo que respecta al derecho a la educación, se intercambió sobre los profundos impactos desencadenados por la suspensión de las actividades presenciales y el cierre de las instituciones educativas (conllevando la clausura del año escolar, como en el caso de Bolivia, o la incertidumbre en cuanto a la conclusión de los ciclos escolares en otros países), implicancias en el logro de aprendizajes y rezago en todos los niveles educativos; impactos en la vida de estudiantes incluso en el ámbito familiar (como incremento de la violencia, en particular la violencia de género), discriminaciones a sectores más vulnerables, a niñas, mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad; profundas desigualdades entre el ámbito urbano y rural; falta de cobertura de internet, brechas de acceso a las tecnologías y plataformas virtuales (herramientas y redes digitales) afectando a niñas, niños y adolescentes en zonas rurales y zonas urbanas más empobrecidas; el aumento de las brechas entre estudiantes que asisten a establecimientos privados y quienes asisten a establecimientos públicos, la exacerbación del trabajo de cuidado humano y reproductivo y de apoyo a la labor educativa en las mujeres; aumento de estudiantes en los sistemas públicos por el cierre de los establecimientos privados y la dificultad de los mismos para hacer frente este incremento.
A su vez, la alerta por la implementación de políticas públicas y/o marcos normativos que imponen modificaciones para el campo de la educación, suponen retrocesos en torno a la participación social en el sistema educativo y/o propician avances hacia la privatización, imponen una reducción o congelamiento de presupuesto educativo, reducción o supresión de horas docentes, abren espacio a tendencias conservadoras (proyectos de educación sexual desde perspectivas confesionales).
La segunda parte del encuentro se centró en las líneas de acción y proyecciones de la Red Mixta, en particular avanzar en un plan de trabajo bajo tres ejes prioritarios: reactivación del proceso de animación de la Red; creación de Grupos de Trabajo Temáticos (Primera Infancia, Financiamiento y privatización y Criminalización de las comunidades educativas) y profundización de las articulaciones de la Red Mixta. Como acciones prioritarias para el 2020, el fortalecimiento de los aspectos comunicacionales de la Red y realizar una recopilación de las modificaciones normativas que supongan implicancias para el campo del derecho a la educación ya sea porque suponen retrocesos o porque se orientan a fortalecer y garantizar más plenamente este derecho en el marco de la pandemia (medidas inspiradoras y/o los desafíos más presentes y urgentes en la materia).
Como propuesta a mediano plazo, queda planteada la posibilidad de realizar un análisis regional que coloque el énfasis en las buenas prácticas que la sociedad civil y algunos estados han promovido en el contexto COVID-19. A su vez, y como parte del eje de fortalecimiento comunicacional, se propone revisar la cobertura mediática que se viene realizando a los temas educativos en el contexto de la crisis sanitaria (tendencias, brechas, prácticas innovativas, ver cómo los medios participan o no en la educación virtual o en la educación por medios; movilización de la opinión pública, entre otras cuestiones).
* Esta síntesis ha sido elaborada tomando como base los contenidos de la relatoría de la reunión realizada por la consultora Ariadna Reyes Ávila
CLADE rechaza resolución del gobierno boliviano que clausura el año escolar en el país
6 de agosto de 2020Ante el anuncio del gobierno transitorio del Estado Plurinacional de Bolivia el último domingo, 2 de agosto, de dar por finalizado el ciclo escolar 2020 en todos los niveles y modalidades del sistema educativo del país, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) publicó hoy, 5 de agosto, un pronunciamiento en rechazo de esta medida gubernamental.
Para la CLADE, la medida constituye una violación del derecho a la educación y de otros derechos fundamentales de casi tres millones de estudiantes, y tiende a profundizar las desigualdades y discriminaciones ya presentes en el país, impactando especialmente a los grupos más vulnerables, como niñas y niños más pequeños, adolescentes, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, campesinas y campesinos, así como amplifica las desigualdades entre los sistemas educativos público y privado.
CLADE: “Momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”
El posicionamiento respalda el pronunciamiento de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), publicado ayer, que exige la derogación de la resolución y exhorta al gobierno transitorio a asumir su rol de garante del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de Bolivia, en consecución de la Constitución Política del Estado.
En el documento, la CLADE recuerda que “momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”.
Para la Campaña Boliviana, las consecuencias más preocupantes de la medida serán el rezago educativo, la deserción escolar, la ruptura de la continuidad de los estudios, la exclusión social y la discriminación. En su pronunciamiento, la CBDE demanda que el Ministerio de Educación del país convoque a todas las organizaciones y sectores sociales educativos para consensuar y asumir de manera responsable y urgente un Plan de Contingencia Educativa, exigido desde el inicio de la pandemia.
>> Pronunciamiento Público – Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
>> Pronunciamiento Público – Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
Con informaciones de Ação Educativa.">
Brasil: Tribunal decidió que la prohibición del abordaje de género en la educación es inconstitucional
29 de abril de 2020El pasado viernes, 24 de abril, el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima de Brasil, decidió que la prohibición del tratamiento a cuestiones relacionadas a género y sexualidad en las escuelas del país es inconstitucional. (más…)
La influencia del sector educativo privado en la educación pública mexicana
17 de febrero de 2020
En diálogo con la CLADE, Mauro Jarquín, tesista de Ciencia Política, ex-consejero estudiantil en la FCPyS y colaborador de medios electrónicos como Insurgencia Magisterial y Otras Voces en Educación, presenta sus observaciones y análisis respecto a las políticas públicas y leyes educativas en México, y en qué medida favorecen la privatización y el lucro en la educación, en detrimento de sistemas educativos públicos y gratuitos.
En esta segunda parte del relato, el investigador analiza cómo las corporaciones empresariales han influenciado las políticas educativas en el país, y cómo la educación ha sido parte de la estrategia de estos grupos para llegar al poder. (más…)
Nueva reforma educativa en México y el lucro en la educación
Se ha completado un año de gestión de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, país que nunca había sido gobernado por un partido públicamente declarado de izquierda. Una de sus primeras acciones en el gobierno fue la promulgación de una reforma educativa, que también completó un año de vigencia.
La reforma, según especialistas y líderes del campo educativo del país, se presentó como un cambio a la reforma anterior, de 2013, impulsada por el ex-presidente Enrique Peña Nieto.
La lucha por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe en el 2019
21 de diciembre de 2019El aniversario de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, manifestaciones para defender la educación pública y gratuita, riesgos de retroceso para los derechos humanos, diálogos sobre el derecho a la educación en los diferentes países, entre otros hechos y luchas, caracterizaron el año de 2019.
Fue un año más, en que la CLADE y sus miembros dedicaron acciones, esfuerzos y proyectos para defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado.
En esta retrospectiva, retomamos las principales actividades y reflexiones de la CLADE y sus miembros durante este año. ¡Buena lectura!
Parlatino apoya protocolo para análisis de los presupuestos educativos, desarrollado por CLADE y CECC-SICA
14 de noviembre de 2019Culminó el último viernes (8 de noviembre) la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) fue invitada a participar en el evento, que tuvo lugar en Lima, Perú, representada en la oportunidad por Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE). (más…)
El presidente del Comité de los Derechos del Niño, Luis Ernesto Pedernera; y la relatora sobre los derechos de la niñez y presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, en el Congreso[/caption]
En su ponencia durante el evento, Pedernera señaló el valor de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU (CDN) como tratado universal de protección de los derechos humanos ratificado por 196 Estados, y destacó que su contenido debe hacerse carne en la vida concreta y en la realización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la región.
Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a que los Estados Unidos finalmente ratifiquen la Convención, pues este es el único país de la Organización de Estados Americanos (OEA) que todavía no ha firmado el tratado. “Como sé que hay aquí representantes de Estados Unidos, me permito recordarles el llamado que hicimos al país para que ratifique el tratado y, de esta forma, la convención se convierta en el primer instrumento universal de protección de los derechos humanos”, enfatizó bajo aplausos de la audiencia.
Pedernera también recordó la importancia de que los Estados de la región firmen los tres protocolos opcionales relativos a la Convención, en los temas participación de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados; enfrentamiento a la trata y prostitución de NNA; y la posibilidad de presentación de peticiones y denuncias de personas o grupos de personas en contra de los Estados, debido a la violación de derechos. De la OEA, 12 Estados de América Latina y el Caribe firmaron este último protocolo.
Igualmente, señaló que es necesario que los Estados que ya firmaron la Convención y los protocolos respondan a su responsabilidad de presentar informes sobre su cumplimiento en los plazos estipulados, solicitando asesoría técnica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, si así necesiten. “La calidad de los informes, infelizmente, ha sido débil”, dijo el presidente.
>>Lee+ Violencia contra la niñez es tema de III Foro Panamericano de Organizaciones de la Sociedad Civil
A la vez, también ilustró la importancia del tercer protocolo facultativo, que permite la presentación individual y colectiva de quejas contra los Estados por casos de violación, comentando que 16 niñas y niños, entre ellas/os la estudiante y activista sueca, Greta Thunberg, presentaron al Comité de los Derechos del Niño (CDN), en el marco de la última Asamblea General de la ONU, la denuncia de que se está violando su derecho a vivir en un ambiente sano. Abordó como otra recomendación que los Estados cumplan sus compromisos financieros con la ONU, pues el sistema hoy se encuentra sin recursos, lo que amenaza el multilateralismo y la protección de los derechos humanos en ámbito internacional. “Hay una crisis económica en Naciones Unidas que afecta su funcionamiento. Casi no se realizó la última sesión del Comité de Derechos del Niño por falta de recursos”, lamentó.Posibilidades de participación para la sociedad civil
Pedernera también hizo un llamado a la sociedad civil para que se sume y haga presión a sus Estados por la realización de los derechos de la niñez, ante los siguientes procesos:- El CDN elabora un nuevo comentario general sobre los derechos de la niñez y la adolescencia en el entorno digital. Se está en fase de consulta con los Estados sobre la temática y el Comité está abierto a recibir recomendaciones y aportes desde la sociedad civil;
- El septiembre del 2020 el CDN realizará un debate general sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en la vida familiar;
- De cara al aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, el CDN hizo un llamado a los Estados que firmaron este tratado para que presenten compromisos claros y promesas renovadas para su cumplimiento hasta el 20 de noviembre. De la OEA, hasta el momento, apenas Chile, Ecuador y Canadá contestaron. En ese contexto, el presidente hizo un llamado a que la sociedad civil inste sus gobiernos a atender este llamado y a divulgar públicamente sus compromisos con la realización de la Convención y la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.
Por la participación y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes
A su vez, la presidenta de la CIDH destacó que se deben reconocer a las y los estudiantes, niñas, niños y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos, y que es urgente garantizar sistemas integrales de protección de la niñez y adolescencia, que respondan a desde la prevención de violaciones, hasta la atención especial para determinados grupos en situación vulnerable, y que articulen diferentes niveles de gobierno, inclusive las localidades. También señaló que se necesitan más inversiones financieras en los derechos de la infancia, haciendo llegar los recursos a quienes más necesitan, y que desde las políticas se deben abordar las desigualdades, la violencias, las discriminaciones, la exclusión, la criminalización, la inseguridad y represión contra NNA, por su condición de discapacidad, diversidad cultural, género, raza, etnia, etc. “La condición de migración es una circunstancia que hoy lleva a múltiples violaciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que dejan sus hogares”, ejemplificó.“Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y deben ejercerlos por si mismos, de manera que desarrollen una autonomía progresiva para reivindicar y ejercer sus derechos y deberes”En ese sentido, comentó que desde la CIDH se está impulsando un mecanismo transnacional para abordar la protección de los derechos de las personas migrantes, y reafirmó el compromiso de la Comisión en actuar contra la represión y criminalización de estudiantes, niñas, niños y adolescentes que se encuentran organizados para defender sus derechos. Además, recordó la importancia de la Convención de los Derechos del Niño y de los Congresos Panamericanos para impulsar la protección y garantía de derechos para NNA. “Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y deben ejercerlos por si mismos, de manera que desarrollen una autonomía progresiva para reivindicar y ejercer sus derechos y deberes”, explicó. En ese sentido también reforzó que es necesario un mayor compromiso de los Estados en pasar del texto de la Convención a la práctica, y que además de sistemas de protección de derechos, se deben asegurar a las niñas, niños y adolescentes mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de estos derechos. “Debemos buscar en nuestras acciones y políticas para la infancia y la adolescencia, su desarrollo integral en las diferentes esferas de la vida humana, lo que incluye su derecho a la participación y a ser vistos como sujetos, con una ciudadanía constructiva y preparada para intervenir en las políticas públicas y las comunidades. Se construye la ciudadanía desde la infancia”.
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Añadió que se debe avanzar en eliminar totalmente la permisión al castigo corporal de niñas, niños y adolescentes en algunos países, y que los Estados deben atender al llamado de las y los adolescentes y jóvenes por la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, y por una educación sexual integral que les permita desarrollar su sexualidad de manera sana y responsable. Afirmó también que, de ningún modo, se debe permitir la regresividad en los derechos humanos en los países. “Eso incluye no disminuir la edad mínima para la responsabilidad penal de adolescentes, ni reducir la inversión de recursos financieros en los derechos de la infancia y adolescencia”.
Mira la grabación del panel:
https://www.facebook.com/ICBFColombia/videos/1381307245355302/">“La Convención es un instrumento moral universal contra la injusticia que vivían las niñas y niños del mundo”
7 de noviembre de 2019De cara al aniversario de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN), que se celebrará el 20 de noviembre, el presidente del Comité de los Derechos del Niño, que se hace cargo del seguimiento a este tratado, Luis Ernesto Pedernera; y la relatora sobre los derechos de la niñez y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, presentaron reflexiones sobre avances y desafíos para que se cumpla la Convención. (más…)
Perú: Se aprueba Política de Igualdad de Género y Corte Suprema decide a favor de currículo escolar con perspectiva de género
9 de abril de 2019La última semana fue de importantes logros para la igualdad de género en el Perú. Por una parte, el gobierno del país publicó el Decreto Supremo N° 008-2019, que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género. Por otro lado, la Corte Suprema de Perú declaró, en última instancia, que una demanda de acción popular que había sido interpuesta por grupos conservadores, contra el enfoque de género en el currículo nacional de educación básica, es “infundada en todos sus extremos”. (más…)
Colombia: Corte Constitucional tutela el derecho a la libertad de expresión y educación en al ámbito universitario
2 de abril de 2019En la sentencia se señala que los procedimientos sancionatorios no pueden afectar otros derechos como la libertad de expresión, el debido proceso y la educación (más…)
