<em>Con la aprobación de un nuevo marco normativo se reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y se avanza hacia la igualdad</em><span id= La normativa, aprobada el pasado mes de setiembre, incorpora varias modificaciones al Código Civil y establece que toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos, incluyendo a texto expreso “a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad”. Entre otras disposiciones, se destaca la incorporación de la figura y definición de apoyos y salvaguardias, previéndose que toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables y apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlos o designarlos de acuerdo con su libre elección. A su vez, este marco normativo se ve fortalecido por la aprobación más recientemente del Decreto Legislativo Nº 1417 que tiene por objeto establecer disposiciones para promover y fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, a través de medidas específicas que garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales. La normativa estable que la persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el proceso de selección de recursos humanos y en el lugar de trabajo (comprendiendo la adecuación de las metodologías, procedimientos, instrumentos de evaluación y métodos de entrevista, la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, incluyendo la provisión de ayudas técnicas y servicios de apoyo; así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del trabajador con discapacidad); prevé la gratuidad del proceso de evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad; así como el derecho a licencia de las personas con familiares en situación de discapacidad. Con estos avances, que determinan una ampliación de los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad, el país se aproxima más a los estándares y obligaciones internacionales de derechos humanos, en particular al cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En relación a los mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado “reconocer que las personas con discapacidad poseen capacidad jurídica plena es reconocer que son sujetos de derechos en igualdad de condiciones a las personas sin discapacidad y que poseen la facultad de elegir sobre su proyecto de vida. Con esta modificación las personas con discapacidad podrán decidir sobre aspectos fundamentales de su vida tales como si someterse o no tratamientos médicos, casarse o tener hijos; facultad que antes de las modificaciones al Código Civil se veía restringida con la figura de la interdicción y la designación de un curador” Acceda aquí al texto completo del DECRETO LEGISLATIVO QUE RECONOCE Y REGULA LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES (Decreto Legislativo Nº 1384). Información relacionada: Gobierno avanza en la inclusión de las personas con discapacidad">
Con la aprobación de un nuevo marco normativo se reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y se avanza hacia la igualdad

Perú: Avances en el campo de los derechos de las personas con discapacidad

6 de noviembre de 2018

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<em>Una resolución de la Primera Sala de esta corte dispone que este centro educativo y sus autoridades se deben abstener de vulnerar la gratuidad de la educación superior</em> <!--more--> Una <a href=resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, en oportunidad de resolver un recurso de amparo interpuesto por una estudiante a quien la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le había impuesto la obligación de cubrir una cuota en concepto de inscripción, considera que se violó su derecho humano a la educación consagrado en el artículo 3 de la Constitución Federal y el artículo 138 de la Constitución del Estado de Michoacán, así como el principio de progresividad. Señala asimismo que la autonomía universitaria no exime a la Universidad de respetar el derecho a la gratuidad de la educación superior, ya que dicha figura constituye una garantía institucional del derecho a la educación cuya finalidad es maximizarlo, no restringirlo. Además, que en virtud del principio de progresividad, una vez que dicho Estado ha extendido la gratuidad a la educación superior tiene prohibido adoptar medidas regresivas. Finalmente, la resolución dispone que el Gobernador del Estado debe transferir a la Universidad los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación que reciba la reclamante, y que la Universidad y sus autoridades, se deben abstener de vulnerar la gratuidad de la educación superior como mínimo, evitando cobrarle a la reclamante cuotas de inscripción durante su educación superior. Mira aquí la noticia al respecto, que ha sido difundida a través del Canal Judicial. ">

México: “El derecho a la educación debe ser maximizado, no restringido”, afirma Suprema Corte

24 de octubre de 2018

Una resolución de la Primera Sala de esta corte dispone que este centro educativo y sus autoridades se deben abstener de vulnerar la gratuidad de la educación superior

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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México determinó, en su sesión de hoy, que, de acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo “general u ordinario”–sin reglas ni excepciones–, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional.<span id= Al resolver el amparo en revisión 714/2017, los Ministros se pronunciaron respecto a la constitucionalidad de los artículos 33, fracción IV bis y 41, de la Ley General de Educación, así como el artículo 10, fracciones IX y X de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que se refieren a la denominada “educación especial”, y sostuvieron que en el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad. Más bien debe entenderse que existe un sistema educativo regular que es complementado con “herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular” –y no propiamente un sistema de educación especial–, que han sido creadas por el legislador, precisamente, para identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad. Por ello, resolvieron, que las políticas y los recursos encaminados a formular prácticas genuinamente inclusivas deben primar sobre aquellas prácticas que tiendan a la separación, sea temporal o definitiva, de los educandos, atendiendo, entre otras consideraciones, a la discapacidad; para lo cual, progresivamente y hasta el máximo de los recursos posibles, se deberán tomar ajustes razonables, como lo son, entre otros, capacitar a profesores, adaptar las aulas a diferentes necesidades de los educandos y elaborar un plan de estudio que tome en cuenta las diferencias de los alumnos. Consideraron que la escuela ordinaria con orientación inclusiva es la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos, ya que los niños que se educan con sus pares tienen más probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar incluidos en su comunidad. En consecuencia, se declaró inconstitucional la disposición legal que propicia la coexistencia de dos sistemas educativos, uno regular –para todos los alumnos- y otro especial –para las personas con discapacidad-. Finalmente, la Sala destacó que si bien es optativo para el alumno emplear las herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular –como lo son los Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)–, lo cierto es que esa opcionalidad en forma alguna podrá ser pretextada para excluir a los alumnos con discapacidad del sistema educativo regular. Fuente: Suprema Corte de Justicia de México">

México: La exclusión de estudiantes con discapacidad del sistema educativo general es discriminatoria y, por tanto, inconstitucional

3 de octubre de 2018

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México determinó, en su sesión de hoy, que, de acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo “general u ordinario”–sin reglas ni excepciones–, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional.

Al resolver el amparo en revisión 714/2017, los Ministros se pronunciaron respecto a la constitucionalidad de los artículos 33, fracción IV bis y 41, de la Ley General de Educación, así como el artículo 10, fracciones IX y X de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que se refieren a la denominada “educación especial”, y sostuvieron que en el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad.

Más bien debe entenderse que existe un sistema educativo regular que es complementado con “herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular” –y no propiamente un sistema de educación especial–, que han sido creadas por el legislador, precisamente, para identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad.

Por ello, resolvieron, que las políticas y los recursos encaminados a formular prácticas genuinamente inclusivas deben primar sobre aquellas prácticas que tiendan a la separación, sea temporal o definitiva, de los educandos, atendiendo, entre otras consideraciones, a la discapacidad; para lo cual, progresivamente y hasta el máximo de los recursos posibles, se deberán tomar ajustes razonables, como lo son, entre otros, capacitar a profesores, adaptar las aulas a diferentes necesidades de los educandos y elaborar un plan de estudio que tome en cuenta las diferencias de los alumnos.

Consideraron que la escuela ordinaria con orientación inclusiva es la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos, ya que los niños que se educan con sus pares tienen más probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar incluidos en su comunidad.

En consecuencia, se declaró inconstitucional la disposición legal que propicia la coexistencia de dos sistemas educativos, uno regular –para todos los alumnos- y otro especial –para las personas con discapacidad-.

Finalmente, la Sala destacó que si bien es optativo para el alumno emplear las herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular –como lo son los Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)–, lo cierto es que esa opcionalidad en forma alguna podrá ser pretextada para excluir a los alumnos con discapacidad del sistema educativo regular.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de México

6 adolescentes, 3 niños y 3 niñas, celebrando
Miantos

Ecuador: Corte reconoce derechos sexuales y reproductivos de jóvenes

20 de agosto de 2018

La Corte afirma que “dada la trascendencia de estos derechos, se debe poner especial énfasis en dotar a los y las adolescentes, como sujetos especiales de protección, de instrumentos normativos, científicos, educativos, de salud, informativos, que tengan por objeto la construcción de un criterio libre y responsable sobre cómo ejercer su sexualidad y controlar su capacidad reproductiva. Permitiéndoles vivir una adolescencia plena y feliz y garantizando su salud sexual y reproductiva”. (más…)

El Senado colombiano aprobó el 4 de abril la mayoría de los artículos del proyecto de ley 174/2017, de autoría del Ministerio de Educación Nacional, que convierte los créditos educativos en una trampa para el bolsillo de las y los universitarias/os. Esta norma se aplicará a estudiantes e instituciones de educación superior tanto públicas como privadas en los términos que el gobierno reglamente. El punto central del proyecto de ley es transformar el carácter de la deuda que adquirieron las y los futuras/os beneficiarias/os de créditos educativos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), una entidad financiera vinculada al Ministerio de Educación. La deuda estudiantil dejará de ser un déficit bancario para convertirse en tributario, lo que significa que no se extinguirá por insolvencia o muerte de la o del deudora/r, sino que podrá ser heredada por sus hijas/os. En un comunicado público, el senador colombiano Senén Niño (Polo Patriótico) declaró que “este proyecto de ley se constituye en otro atentado contra el derecho fundamental a la educación gratuita en las instituciones oficiales de educación superior, y en una trampa al bolsillo de los colombianos”. De acuerdo al parlamentario, al tratar la educación universitaria en Colombia como un negocio, el proyecto de ley ataca el derecho humano a la educación gratuita en el país. Además, esta medida desmotiva la población con menos ingresos a acceder a la enseñanza superior, por temor a endeudarse. La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que se celebra del 22 al 28 de abril de 2018, se suma a la movilización estudiantil que se opone al proyecto de Ley 174/2017, por considerarlo lesivo para las y los estudiantes, sus familias y las futuras generaciones. “Defendemos la gratuidad y universalidad de la educación, logrando el ingreso pleno y gratuito de la población colombiana al sistema educativo de calidad, público, estatal, desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida; incluyendo la educación de personas jóvenes y adultas y terminando así con el endeudamiento de las familias más empobrecidas con el ICETEX y con los bancos, por causa de la educación”, afirma la CCDE en posicionamiento público lanzado en el contexto de la SAME. En entrevista a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), Cecilia Gómez, integrante de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, manifestó que el proyecto de ley 174 tiene varios aspectos negativos para las/os estudiantes; por una parte, para estudiantes que son de clases populares la deuda es lesiva y atenta contra el derecho humano a la educación. Para Gómez, se abre camino a la privatización de la educación, perdiendo el derecho plural y democrático de acceso. Y por último, si esa deuda no puede ser cubierta por los y las estudiantes son sus familiares quienes tendrían la obligación de pagarla. Lea y escuche también <a href=aquí entrevista sobre el proyecto de Ley 174/2017, realizada por ALER con el senador Senén Niño.">
El punto central del proyecto de ley es transformar el carácter de la deuda que adquirieron las y los futuras/os beneficiarias/os de créditos educativos

Colombia: Avanza la privatización de la educación universitaria

26 de abril de 2018

El Senado colombiano aprobó el 4 de abril la mayoría de los artículos del proyecto de ley 174/2017, de autoría del Ministerio de Educación Nacional, que convierte los créditos educativos en una trampa para el bolsillo de las y los universitarias/os. Esta norma se aplicará a estudiantes e instituciones de educación superior tanto públicas como privadas en los términos que el gobierno reglamente.

El punto central del proyecto de ley es transformar el carácter de la deuda que adquirieron las y los futuras/os beneficiarias/os de créditos educativos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), una entidad financiera vinculada al Ministerio de Educación. La deuda estudiantil dejará de ser un déficit bancario para convertirse en tributario, lo que significa que no se extinguirá por insolvencia o muerte de la o del deudora/r, sino que podrá ser heredada por sus hijas/os.

En un comunicado público, el senador colombiano Senén Niño (Polo Patriótico) declaró que “este proyecto de ley se constituye en otro atentado contra el derecho fundamental a la educación gratuita en las instituciones oficiales de educación superior, y en una trampa al bolsillo de los colombianos”.

De acuerdo al parlamentario, al tratar la educación universitaria en Colombia como un negocio, el proyecto de ley ataca el derecho humano a la educación gratuita en el país. Además, esta medida desmotiva la población con menos ingresos a acceder a la enseñanza superior, por temor a endeudarse.

La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que se celebra del 22 al 28 de abril de 2018, se suma a la movilización estudiantil que se opone al proyecto de Ley 174/2017, por considerarlo lesivo para las y los estudiantes, sus familias y las futuras generaciones.

“Defendemos la gratuidad y universalidad de la educación, logrando el ingreso pleno y gratuito de la población colombiana al sistema educativo de calidad, público, estatal, desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida; incluyendo la educación de personas jóvenes y adultas y terminando así con el endeudamiento de las familias más empobrecidas con el ICETEX y con los bancos, por causa de la educación”, afirma la CCDE en posicionamiento público lanzado en el contexto de la SAME.

En entrevista a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), Cecilia Gómez, integrante de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, manifestó que el proyecto de ley 174 tiene varios aspectos negativos para las/os estudiantes; por una parte, para estudiantes que son de clases populares la deuda es lesiva y atenta contra el derecho humano a la educación. Para Gómez, se abre camino a la privatización de la educación, perdiendo el derecho plural y democrático de acceso. Y por último, si esa deuda no puede ser cubierta por los y las estudiantes son sus familiares quienes tendrían la obligación de pagarla.

Lea y escuche también aquí entrevista sobre el proyecto de Ley 174/2017, realizada por ALER con el senador Senén Niño.

<em>El Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país, impulsó una serie de reuniones y conversatorios de la relatora y de la presidenta de la CME con autoridades, docentes, activistas y estudiantes, con miras a promover la implementación de la Agenda de Educación 2030 en Honduras</em><!--more--> La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry y la coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Camilla Croso, estuvieron la semana pasada en Honduras, con el objetivo de impulsar la plena realización del derecho humano a la educación en el país, subrayando la importancia de la participación de la sociedad civil, especialmente de estudiantes y docentes, en el debate y definición de las políticas educativas y en la resolución pacífica de los conflictos. La jornada tuvo también los propósitos de subrayar la educación para la paz y los derechos humanos como algo clave para superar la violencia de género y otras formas de violencia y discriminación en los centros educativos, y discutir la importancia de la educación no formal para la promoción del derecho a la educación. La agenda de la relatora y de la presidenta de la CME incluyó visitas a dos escuelas públicas, una reunión con siete líderes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), encuentros con el Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, la representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, María Soledad Pozo, y la Ministra de Educación Rutilia Calderón, además de un evento público, con amplia participación de organizaciones sociales, expertas/os, activistas y movimientos sociales de mujeres, personas con discapacidad e indígenas, entre otros, en que se discutieron desafíos y estrategias para la realización del derecho humano a la educación en el país. “Toda esta agenda tuvo un fuerte impacto nacional en lo que toca a pautar los derechos a la educación y a la participación de la sociedad civil en la agenda pública. Asimismo, se pudo promover el fin de la criminalización de la protesta social y una solución dialogada y pacífica para el actual conflicto entre estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras [UNAH]”, afirma sobre la visita Camilla Croso. <strong>Encuentro con la Ministra de Educación -</strong> Durante esta cita, se discutió el plan estratégico nacional para la implementación de la Agenda de Educación 2030, subrayando que es fundamental crear instancias de diálogo y participación permanentes con estudiantes, docentes y representantes de la sociedad civil en el marco del seguimiento a dicha Agenda. Además, se discutieron desafíos centrales para la realización del derecho humano a la educación en Honduras, como la necesidad de: aumentar el financiamiento educativo, de manera a garantizar la gratuidad de la educación, infraestructura escolar adecuada y calidad educativa; definir estrategias para superar la violencia en las escuelas y sus entornos, entre ellas la garantía de seguridad pública y transporte escolar; poner en marcha actividades artísticas, culturales y desportivas en los centros educativos; valorizar la profesión docente, superando la actual falta de profesoras/es y asegurando salarios dignos, formación continua y el derecho a la participación de las y los maestras/os en las tomas de decisiones sobre la política educativa; y superar la criminalización y represión de estudiantes y la actual crisis en la UNAH a través de una resolución dialogada, garantizando y protegiendo el derecho a la educación y libertad de expresión de las y los estudiantes. Sobre este último punto, la relatora Boly Barry emitirá un pronunciamiento dirigido a las autoridades de Honduras para que adopten medidas urgentes en el sentido de garantizar el derecho a a la educación y superar la criminalización y represión de la protesta social en el país. <strong>Llamado de la sociedad civil -</strong> La CLADE, en conjunto con organizaciones y redes de la sociedad civil regionales e internacionales, difunde hoy un llamado urgente a las autoridades de la UNAH para que restablezcan inmediatamente el diálogo con las y los estudiantes de la universidad, como algo fundamental para superar la profunda crisis que se arrastra hace años y que viene agudizándose en los últimos días, con la criminalización de integrantes del movimiento estudiantil. “Apelamos a todas las autoridades del país, en particular al Presidente de la República y al Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, a que puedan intervenir en ese sentido, reconociendo que la actual crisis afecta al conjunto de la población y nación hondureña”, afirma el pronunciamiento conjunto <a href=[léalo completo aquí]. Vea aquí la galeria de fotos de la visita de Boly Barry y Camilla Croso a Honduras">

En visita a Honduras con relatora de la ONU, instamos por la garantía del derecho a la educación y participación en el país

27 de junio de 2017

El Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país, impulsó una serie de reuniones y conversatorios de la relatora y de la presidenta de la CME con autoridades, docentes, activistas y estudiantes, con miras a promover la implementación de la Agenda de Educación 2030 en Honduras (más…)

En alianza con la REPT, realizamos oficina sobre la justiciabilidad del derecho a la educación en Haití

16 de agosto de 2016

La actividad contó con la presencia de más de 40 personas en su mayoría representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil que promueven el derecho a la educación 
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<em>Basada en sentencia de la Corte Constitucional aprobada a fines de julio, la CCDE se pronuncia por el fin a los actos de violencia y discriminación en contra de los derechos de las minorías por su orientación sexual o identidad de género.</em><!--more--> La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) presentó, el 11 de agosto, su pronunciamiento a la opinión pública en relación a la sentencia de la Corte Constitucional con referencia a la Ley 1620 de 2013, la que decretó la implementación de medidas para prevenir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los colegios. La Sentencia T-478, aprobada a fines de julio, planteó que las decisiones de las personas sobre su identidad de género hacen parte del núcleo esencial de su dignidad, libertad y autonomía. La Corte ordenó al Ministerio de Educación Nacional difundir esta sentencia a todas las universidades, instituciones y establecimientos educativos del país, con la creación de un sistema de convivencia escolar en el que se impida todo tipo de discriminación. En relación a eso, la CCDE apoya la revisión de los manuales de convivencia de los colegios en el país, y la eliminación de toda forma de discriminación en la educación. Señalando que las instituciones educativas tienen la obligación de brindar a sus estudiantes un trato acorde con su identidad de género, la Coalición afirma que el Estado tiene el deber de concientizar a la población acerca de la violencia y la discriminación. Lea <a href=aquí el pronunciamiento público completo de la CCDE.">

Colombia: se celebra sentencia en contra de la discriminación por orientación sexual o identidad de género en los colegios

13 de agosto de 2016

Basada en sentencia de la Corte Constitucional aprobada a fines de julio, la CCDE se pronuncia por el fin a los actos de violencia y discriminación en contra de los derechos de las minorías por su orientación sexual o identidad de género. (más…)

<em>En diálogo con autoridades del gobierno y con la sociedad civil, el ex relator señaló que garantizar el derecho a una educación gratuita y accesible para todas las personas es una obligación constitucional del Estado</em><!--more--> <strong>Por Adelaida Entenza, de CLADE</strong> Del 29 al 31 de julio el entonces <a href=Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Kishore Singh, estuvo en Haití, respondiendo a la invitación de la Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) y de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a educación (CLADE), en alianza estratégica con la Oficina de Protección a la Ciudadana (l’Office de Protection du Citoyen - OPC). La visita fue la última en la condición de relator, ya que su mandato terminó el último 31 de julio. El objetivo de las actividades fue establecer un amplio intercambio sobre la situación de este derecho en el país con actores clave del sector público y organizaciones de la sociedad civil, poniendo de relieve la importancia de fortalecer el sistema público de educación, la excesiva proliferación de la educación privada y la necesidad de control y regulación de los actores privados que actúan en el ámbito educativo. Asimismo destacaron en los diálogos los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación, así como el papel de los gobiernos locales y parlamentos en la protección de este derecho. A través de una serie de reuniones, conversatorios y entrevistas, el ex relator subrayó que la educación es un derecho humano fundamental y un bien público que debe ser garantizado para todas las personas en condiciones de igualdad, sin discriminación ni exclusiones de ningún tipo. alt“Los desafíos en el país son inmensos porque el sistema educativo es todavía muy desigual para las élites y para los que viven en condición de pobreza. Estamos hablando de un derecho constitucional, y que por lo tanto debería estar disponible para todos y todas”, dijo. En Haití, cerca del 50% de las niñas y niños en edad escolar obligatoria no están matriculados/as (ONU, 2013). Asimismo, las escuelas públicas constituyen apenas el 12% del total de escuelas existentes, según el censo escolar más reciente (2011). Por otra parte, señaló que garantizar el derecho a una educación gratuita y accesible para todas las personas es una obligación constitucional del Estado, y no hacerlo constituye una violación constante, flagrante e inaceptable de la Constitución, que además es contraria a las obligaciones internacionales asumidas por el país y va contra principios fundamentales como la justicia social y la equidad. “El Estado ha firmado varios pactos internacionales y más recientemente la Agenda de Educación 2030, que se compromete con educación primaria y secundaria de calidad y gratuitas. La cuestión es como extender esa oferta educativa para todos y todas”. Por un lado, enfatizó la importancia de ampliar el sistema público educativo y, de otra parte, en este momento, la urgencia de regular y controlar la educación privada, tanto en los aspectos pedagógicos, cualificación docente, infraestructura escolar, así como en los aspectos administrativos y financieros para que la educación no sea utilizada como objeto de beneficios económicos de los proveedores de educación. “Es urgente que se reglamente el sector privado, comenzando por conocer cuántos son, donde están, y especialmente las tasas que cobran”, dijo. En diálogo con el Ministro de Educación y Formación Profesional (MENFP), Jean Beauvoir Dorsonne, expresó que ningún establecimiento privado debe funcionar sin autorización del Ministerio, en tanto las autoridades gubernamentales deben conocer y tener bajo su control todo lo que se está implementando en materia de educación. Recordó asimismo los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado de Haití en materia del derecho a la educación, así como sobre la exigibilidad de este derecho dado que comporta obligaciones jurídicas y políticas que deben ser respetadas, contando con mecanismos e instancias de protección frente a sus vulneraciones. Espíritu de diálogo y cooperación con actores gubernamentales Con miras a contribuir al desarrollo de la educación pública tanto en el ámbito nacional como en las comunidades locales, destacando la necesidad de avanzar en un financiamiento adecuado y hacia el control de los proveedores privados de educación, algunos compromisos y puntos coincidentes fueron puestos de relieve en las reuniones mantenidas con el Ministro de Educación y Formación Profesional (MENFP), Jean Beauvoir Dorsonne, el Presidente de la Comisión de Educación del Senado, Senador Dipie Chérubin, y el Presidente de La Federación Nacional de Alcaldes, Jules Edouard. En el desarrollo de estos encuentros, el ex relator propuso el abordaje de respuestas jurídicas y de políticas públicas para hacer frente a los problemas y desafíos que enfrenta la educación en el país, respuestas que deben formularse en base a los marcos normativos del derecho a la educación establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos. En el extenso diálogo mantenido con el Ministro de Educación, el ex relator expresó que ningún establecimiento privado debe funcionar sin autorización y subrayó la importancia de adoptar una política nacional para que ningún establecimiento actúe sin ser reconocido por el Ministerio, en tanto las autoridades gubernamentales deben conocer y tener bajo su control todo lo que se está implementando en materia de educación. Por su parte, el Ministro de Educación comentó sobre la difícil situación socio-política que vive el país, reconoció el escenario complicado de la educación y los desafíos presentes, coincidió en la necesidad de iniciar un proceso de control del sector privado de educación y manifestó que tiene la intención de tomar iniciativas en este sentido a pesar de las dificultades existentes. En el intercambio con el Senador Dieupy Cherubin, el ex relator subrayó la responsabilidad de los parlamentos en materia de educación y el rol fundamental que deben asumir en el tema de la privatización. Resaltó que el Estado no debe financiar escuelas privadas y que las mismas deben ser reguladas, mencionando en tal sentido el caso de Singapur como un ejemplo de cómo los Estados pueden regular con eficacia a los proveedores de educación privada. El diálogo también estuvo centrado en el proyecto de ley sobre el Fondo Nacional para la Educación (FNE) y algunas de las modificaciones que se han venido impulsando desde la sociedad civil para que este fondo realmente contribuya a la realización del derecho a la educación pública. Con el Presidente de la Federación Nacional de Alcades de la zona Oeste (Fédération Nationale des Maires et Mairesses de l’Ouest), el diálogo se centró en el rol de las comunidades locales, la descentralización y la responsabilidad de los municipios en materia de educación, así como sus atribuciones según lo prescripto en la Constitución, sus posibilidades de fortalecimiento y la necesidad de desarrollar la educación pública. Diálogo sostenido con las instancias de defensa de los derechos humanos En el encuentro mantenido con Florence Elie, titular de la Oficina de Protección a la Ciudadanía (OPC) y Fritz Jean, el Protector Adjunto, los mismos han expresado su compromiso y deseo de continuar trabajando en articulación con las organizaciones de la sociedad civil, en particular con la REPT, en la promoción y defensa del derecho humano a la educación, así como sobre la posibilidad de elaborar y presentar informes especiales ante el parlamento e instancias internacionales. El ex relator participó también de un encuentro con algunos/as representantes del sistema de Naciones Unidas (UNESCO, UNICEF, ACNUR) con el fin de conocer sobre su trabajo en materia de educación en el país y movilizar el sistema ONU a favor de la educación pública, gratuita y de calidad, quienes a su vez le compartieron al ex relator sobre sus compromisos de apoyar al gobierno en mejorar el sistema educativo. Intercambio sobre la justiciabilidad del derecho a la educación En el marco de la visita, también se realizó el 28 de julio un conversatorio sobre la realidad jurídica y experiencias haitianas en materia de exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación, coordinado por la REPT [sepa más]. Las/os participantes presentaron el contexto de la educación en el país y los inmensos desafíos que atraviesa para su pleno ejercicio en términos de marcos jurídicos, políticos, institucionales, infraestructura, financiación, calidad, así como las implicancias del fenómeno de la privatización de la educación. En diálogo con este contexto, Adelaida Entenza, consultora de la CLADE, compartió un panorama sobre la realidad jurídica y experiencias en materia de exigibilidad y justiciabilidad en el ámbito regional e internacional, su trascendencia, los diversos mecanismos existentes tanto en ámbito de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la realización de informes alternativos, así como sobre la importancia de involucrarse en el seguimiento de las recomendaciones y observaciones que reciben los países desde los órganos de vigilancia de los derechos humanos. Todas estas actividades contaron con la participación de una delegación permanente que acompañó al ex relator, incluyendo los miembros de la REPT Haiti, Yvette Ramírez en representación del Foro Socioeducativo de República Dominicana (FSE), organización miembro de CLADE en este país, y Adelaida Entenza por la coordinación ejecutiva de la CLADE. Algunas repercusiones Como resultados más inmediatos y concretos de la visita de Kishore Singh, puede mencionarse que la Comisión de Educación del Senado ha realizado un encuentro con las organizaciones de la sociedad civil, en el marco del cual se ha acordado trabajar sobre las modificaciones propuestas al Fondo Nacional de Educación (FNE) y la posibilidad de hacer una solicitud de auditoría del FNE ante el Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo, con la participación de la sociedad civil. Asimismo, se acordó crear una comisión de auditoría con la participación de representantes de la sociedad civil para analizar cómo impulsar la Ley de Obligaciones Escolares, que ha sido aprobada pero nunca fue promulgada por el Ejecutivo, así como el tema de la Ley de Educación y el fortalecimiento del trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. La REPT ha intercambiado con la OPC sobre la posibilidad de avanzar en un convenio de colaboración para trabajar por el derecho a la educación y para la elaboración de informes sobre la situación de este derecho que se presentarán ante el parlamento y otras instancias, incluyendo instancias internacionales. La visita ha dejado instalado un ámbito de apertura hacia el trabajo conjunto con miras a fortalecer el derecho a la educación pública, ha determinado el contacto con nuevos actores y ha suscitado un gran interés en el tema de la reglamentación y control de los actores privados que se encuentran actuando en el campo educativo. Noticias que cicularon en los medios de Haití sobre la visita de Kishore Singh al país http://www.protectioncitoyenhaiti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=316:visite-du-rapporteur-special-des-nations-unies-pour-le-droit-humain-a-leducation-dhe-monsieur-kishore-singh-en-haiti-&catid=39:opc-actualites http://haitiinfoplus.com/visite-en-haiti-du-rapporteur-special-des-nations-unies-pour-le-droit-a-leducation-dhe-kishore-singh http://www.icihaiti.com/en/news-18173-icihaiti-politic-un-special-rapporteur-in-mision-in-the-country.html http://www.radiotelevisioncaraibes.com/nouvelles/haiti/le_rapporteur_sp_cial_de_l_onu_kishore_singh_plaide_en_faveur_de.htmlÂÂÂÂÂÂÂÂÂ http://www.negritudefm.com/actualite/visite-en-haiti-du-rapporteur-special-des-nations-unies-pour-le-droit-a-leducation-dhe-kishore-singh http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actu000842.html">

Organizamos visita del ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Kishore Singh, a Haití

25 de junio de 2016

En diálogo con autoridades del gobierno y con la sociedad civil, el ex relator señaló que garantizar el derecho a una educación gratuita y accesible para todas las personas es una obligación constitucional del Estado (más…)

Las Leyes Generales de Educación en América Latina y el Caribe – El derecho como proyecto político

1 de diciembre de 2015

¿En qué medida las leyes generales de educación vigentes en la región promueven la realización del derecho humano a la educación y la consolidación de los Estados como garantes de ese derecho? Este documento se puso como objetivo responder a estas preguntas, a partir de un análisis de cada una de las leyes generales de educación.

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