Según Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, estas propuestas de reforma no responden a la demanda de las/los estudiantes y de la sociedad civil por un sistema educacional público, gratuito y de calidad. “El proyecto mantiene el actual sistema educativo de mercado, que permite la transferencia de dinero público a grupos privados”, afirma. La reforma, que fue una de las promesas de la campaña electoral de la presidenta Michelle Bachelet en 2015, se elaboró en base a la exigencia de cambiar la estructura del sistema educativo de Chile, que es una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, y favorece la concesión de subvenciones públicas a las escuelas privadas y la oferta de “vouchers” para que las familias puedan matricular sus hijas/os en estas instituciones. Sin embargo, según Bachelet, con la actual desaceleración de la economía chilena, los cambios propuestos para el sistema educativo chileno se quedan vinculados al crecimiento económico del país. Con ello, afirma que apenas se podría financiar la enseñanza gratuita y universal para todas los y las estudiantes de los tres quintiles más pobres del país. Sin embargo, la reforma educativa se debería proponer responder a las demandas que motivaron las movilizaciones de estudiantes de secundaria en 2006 – la llamada Revolución Pingüina-, así como a las reivindicaciones por la “desmunicipalización de la educación”, que garantizaría una distribución de recursos públicos más igualitaria entre distintas regiones y escuelas del país, la gratuidad de la educación superior universitaria y otras exigencias del movimiento estudiantil de secundaria, organizado en las movilizaciones de 2011. El conjunto de reformas comprometidas por el actual gobierno se inició con una ley que establece la prohibición de la selección de estudiantes en escuelas privadas subvencionadas por el Estado, así como el fin de la financiación escolar compartida entre fondos públicos y las familias y el cese de la ganancia de las/os propietarias/os de las instituciones privadas. Así se planteaba detener el incremento de la segregación escolar producto de la falta de regulación estatal existente previamente, logrando así una mayor participación del Estado en la fiscalización del sector y garantizando el acceso a la educación de las/los estudiantes de bajos ingresos. Sin embargo, Patricio Véjar afirma que el proyecto de reforma parcial al sistema escolar presentado por el gobierno nacional y aprobado por la Cámara de Diputados no es el mismo que Bachelet defendía durante la campaña electoral. “Aunque prohíba la creación de instituciones educativas con fines de lucro, el retiro de utilidades de manera encubierta y la selección de estudiantes, y además termine con el aporte económico de las familias, con miras a garantizar una mejor distribución de recursos para la educación entre los distintos espacios que componen la segregación territorial que afecta a las ciudades y regiones del país, el nuevo plan consolida la existencia de formas de participación privada en este sector, como por ejemplo el arrendamiento encubierto de instituciones educativas públicas para entes privados. A la vez, el proyecto de ley que crea un Sistema de Educación Pública sólo hace cambios cosméticos al sistema público actualmente en funcionamiento, manteniendo la figura de los sostenedores municipales, pero agrupados para disminuir una de las situaciones más perniciosas, como es la incapacidad de los municipios pobres de hacerse cargo de sus colegios. La reforma en discusión en el parlamento no prevé la expansión de la red pública ni la modificación del mecanismo individual de financiamiento, que es el corazón de la educación de mercado, como ha sostenido invariablemente el movimiento social por la educación”. Histórico – Hace tres meses se impulsan grandes manifestaciones en defensa del derecho a la educación en Chile, las cuales han sido fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado. El 21 de abril, tuvo lugar la primera marcha nacional de 2016, que fue convocada de forma conjunta por varias organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarias/os, así como trabajadoras/es de distintas universidades. A esta marcha siguieron movilizaciones menores, motivadas por distintas demandas, que van desde la denuncia de acosos sexuales en las instituciones educativas, hasta la resistencia al autoritarismo en el interior de estos centros. Asimismo, este año se observó como un fenómeno nuevo la adhesión de las universidades privadas a las manifestaciones por el derecho a la educación. La segunda marcha nacional del año fue convocada por la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CoNES) y tuvo lugar el 5 de mayo. En la ocasión, las/os manifestantes fueron cercadas/os y reprimidas/os por Carabineras/os que buscaban contener las protestas. Una tercera marcha nacional fue convocada para el 11 de mayo, en una iniciativa conjunta de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y la CoNES, que logró reunir a más de 80.000 personas en Santiago. El 21 de mayo, tuvo lugar el anuncio de la Cuenta Pública por Bachelet, el discurso anual en que la presidencia rinde cuentas de su gestión. En esta ocasión, la presidenta abordó la reforma educativa, enfatizando que mantendrá las subvenciones públicas a colegios privados, lo que nuevamente despertó la “ofensiva estudiantil”, con la toma de liceos y facultades. A partir de este momento, varias marchas se han impulsado en todo el país, como forma de protesta por más recursos para la educación pública y gratuita para todas las personas. El 24 de mayo, estudiantes irrumpieron en el palacio presidencial de La Moneda, burlando a la seguridad, y entregaron una carta simbólica a Bachelet en la que se leía: “Notifíquese: Fracasaron”, en referencia a que al intento de reforma educativa que impulsa el gobierno no tuvo éxito. La policía las/los desalojó a empujones, arrastrando a varias/os de ellas/os por el suelo. Según informes de la policía, diez personas han sido detenidas en esta ocasión. Sin embargo, la violencia y la represión de la policía chilena no impidieron el seguimiento de las manifestaciones populares. Desde el primer de julio, estudiantes universitarias/os ocupan el Paseo Bulnes, en el centro de Santiago de Chile, donde se organizan en una asamblea abierta. El objetivo de la ocupación es darle visibilidad a la demanda por una educación pública y gratuita, y además llamar otras personas y sectores sociales a que se sumen a la ocupación y a la realización de debates, que vayan configurando una plataforma de demandas transversales de los distintos movimientos sociales. El 5 de julio, miles de universitarias/os iniciaron una marcha hacia el Ministerio de Educación. Sin embargo, poco después del inicio de la protesta, la policía antidisturbios intervino, lanzando gases lacrimógenos y cañones de agua contra las/los manifestantes. El último balance informado por la policía reporta 140 detenidas/os en distintas localidades de la capital chilena. De acuerdo con el último balance entregado por las fuerzas de seguridad, se indica que entre las/os detenidos, hay 82 hombres y 18 mujeres adultas, además de 40 personas menores de edad. Esta manifestación se realizó en la misma fecha que empezó a tramitar en el Parlamento Nacional un proyecto de reforma de la educación superior, presentado por el gobierno de Bachelet, que es igualmente rechazado por estudiantes, rectoras/es universitarios y sectores políticos. El proyecto presentado comprende la gratuidad sólo para estudiantes de bajos ingresos, en un país que tiene una de las enseñanzas más caras del mundo, con costos cinco veces mayores que la media de los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).">

Chile: Estudiantes se manifiestan en contra de la reforma educativa que suspende la expansión de la red pública y aumenta la participación privada en la educación

12 de julio de 2016

Descontentas/os con los proyectos de reforma educativa actualmente en trámite en la Cámara de Diputados, que ignora la mayoría de las demandas del movimiento estudiantil, las/los estudiantes chilenas/os llevan a cabo protestas en todo el país, exigiendo una educación pública, gratuita y de calidad (más…)

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Adolescentes y jóvenes fuera de la escuela – las demandas para una enseñanza secundaria garante de derechos en América Latina y el Caribe

21 de junio de 2016

El documento reflexiona sobre los múltiples factores que hacen que las y los adolescentes y jóvenes abandonen la escuela, y presenta recomendaciones a las autoridades públicas, buscando estimular el debate sobre el tema con la comunidad educativa

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Esta reforma además establece exámenes de ambición y vocacionales para ingresar a determinadas carreras, y la expulsión de estudiantes con bajo nivel académico, sin estudios previos por parte de las autoridades universitarias de los factores que hayan generado esta situación. “Las normas académicas responden a la llamada IV Reforma Universitaria, la cual está llena de contradicciones y responde a intereses de mercado, excluyendo directamente a las/os estudiantes de la UNAH y favoreciendo y fortaleciendo las universidades privadas”, afirma el estudiante de Sociología de la UNAH, Merlin Aguirre. En las protestas de ahora, las/os estudiantes también denuncian la creciente criminalización del movimiento estudiantil en el país, donde el 7 de junio de 2016, las autoridades universitarias presentaron al Ministerio Público solicitudes de orden de captura contra seis estudiantes acusadas/os del delito de usurpación de bien público. Cinco de ellos ya habían sido objeto de otros procesos penales por su participación en protestas el 2015 y 2014, y fueron expulsados de la UNAH en 2014: Cesario Padilla, Dayanara Elizabeth Castillo, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Armando Velázquez. Con la ayuda de una barra de abogadas/os y de organizaciones de derechos humanos del país, estas/os estudiantes pudieron revertir la acusación, de manera que se puso término definitivo al proceso. Sin embargo, con ese nuevo juicio, dichas/os estudiantes no podrán defenderse en libertad, sino que irán a la cárcel si las autoridades universitarias no desisten de su denuncia ante el Ministerio Público. Además, cuatro de las/os acusadas/os afirman que no estaban en la ciudad de Tegucigalpa durante las protestas de este año, las cuales se abordan en la denuncia: Sergio Luis Ulloa Rivera estaba haciendo su práctica profesional en la ciudad de Santa Bárbara, Dayanara Elizabeth Castillo estudia actualmente en Costa Rica, Cesario Padilla ya egresó de la carrera de Periodismo en la UNAH y actualmente trabaja en una organización periodística y de derechos humanos, y Alejandro Félix Padilla Figueroa no era estudiante, sino un periodista y defensor de derechos humanos que cubría las manifestaciones. La acusada Dayanara pertenece a la comunidad LGBTI+ y también fue expulsada de la Universidad en 2014, cuando sufrió persecución, detención ilegal, y hostigamiento por su orientación sexual y por participar en la lucha estudiantil, lo que la obligó a irse al exilio en Costa Rica el 2015. Según el estudiante de Sociología de la UNAH, Merlin Aguirre, esta orden de captura responde a un proceso iniciado el año pasado, durante las protestas que ya se impulsaban contra las mismas normas académicas, y la denuncia que sigue contra las/os estudiantes se formula en base a informaciones antiguas y defasadas, que ya no pueden utilizarse como pruebas. “Esto pone al descubierto que tanto las autoridades universitarias como del Ministerio Público están trabajando de forma arbitraria e ilegal, pues están acusando a estudiantes sin ningún tipo de prueba contundente y bajo argumentos no probatorios”, afirma el estudiante. Asimismo, el 12 de junio, el Consejo Universitario de la UNAH emitió un oficio en que reafirma la posición de la institución en seguir con la aplicación de las nuevas normas académicas, pese a la oposición de las/os estudiantes [lea el documento completo aquí]. A su vez, el 14 de junio, las autoridades universitarias emitieron un nuevo comunicado, en que justifican la punición de estas/os estudiantes y las denuncias en su contra, y demuestran el cierre a cualquier negociación. Mientras tanto, los medios hegemónicos del país impulsan una fuerte campaña de desprestigio al Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), haciendo a la población creer que se trata de una manifestación política y patrocinada por partidos de izquierda del país, como el Partido Libre. “Tanto las autoridades universitarias como los medios de comunicación insisten que el MEU tiene una ‘agenda política partidaria’ y no una agenda académica de lucha, esto con el fin de dividir, desmovilizar, desacreditar y desprestigiar al MEU, pero no han podido lograr su fin. Al contrario, cada día que pasa se suman más estudiantes a la lucha, con un nuevo discurso y conciencia de la problemática de la UNAH”. Según Merlin Aguirre, el movimiento estudiantil está luchando por el derecho humano a la educación y por mejores condiciones académicas-pedagógicas, y no está a servicio de ningún partido político. El estudiante denuncia también que el lunes, 13 de junio, cerca de 15 personas, algunas de ellas integrantes del Frente Estudiantil “Fuerza Universitaria Revolucionaria” (FUR) incitadas por las autoridades de la universidad, entraron a la Ciudad Universitaria armadas con palos y cadenas, provocando violencia física y verbal contra las/os integrantes del MEU. El MEU, movimiento que impulsa las protestas contras la nuevas normas académicas en el país, se posicionó públicamente para denunciar esta acción del Frente Estudiantil, declarando que la misma tuvo la intención de desmoralizar y desmovilizar la lucha de las/os estudiantes en defensa de la universidad pública. Nuevos procesos judiciales – El 15 de junio, cinco estudiantes de la UNAH en Valle de Sula también fueron citados a comparecer en audiencias judiciales, acusados por el delito de usurpación de bien público. Los cinco acusados son: Abner Ariel Santos Cárcamo, Marco Tulio Rubí Callejas, Bryan Daniel Ochoa Villanueva, José Ariel Amaya y Saúl Obed Córdova. Tras una audiencia a la que fueron convocados los acusados, el juez a cargo dictaminó medidas sustitutivas para cuatro de los cinco estudiantes que son objeto de la denuncia, los cuales comparecieron a la audiencia. Se desconoce hasta el momento si lo mismo se aplicará para el estudiante que se excusó de presentarse al Juicio [sepa más]. Dos días después, otras/os estudiantes que ocupaban la UNAH-VS fueron desalojadas/os por órdenes judiciales. Para no confrontar a las fuerzas represoras del Estado, estas/os manifestantes decidieron entregar las instalaciones pacíficamente [sepa más]. Hoy [20 de junio], las/os estudiantes se volvieron a tomar las instalaciones de la UNAH decididas/os a quedarse hasta que las autoridades llamen a diálogo. Además de las instalaciones de la UNAH Valle de Sula, se encuentran ocupadas por las y los estudiantes: el Centro Universitario Regional del Centro (CURC), el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) y el Centro Universitario Regional Nor Oriental (CURNO). Acciones de resistencia y solidaridad – El Sindicato de Docentes de la UNAH (SIDUNAH) y el Sindicato de Trabajadoras/es de la Universidad se han sumado a las protestas, exigiendo que las autoridades universitarias dialoguen con la comunidad educativa y retiren su pedido de captura y penalización judicial contra las/os seis estudiantes. El 17 de junio, inclusive, el Sindicato de Docentes de la UNAH interpuso una denuncia ante el Ministerio Público para demandar a las autoridades universitarias de la UNAH por abuso de autoridad. A su vez, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) emitió un posicionamiento en que rechaza la criminalización de la protesta social en Honduras y exige la derogación de las nuevas normas académicas. “Invitamos a las autoridades universitarias, al gobierno y al pueblo hondureño a construir juntos la universidad que queremos”, afirma el comunicado [lea aquí]. Distintas organizaciones que defienden los derechos humanos en Honduras también enviaron una comunicación a distintas Relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, al Embajador de la Unión Europea en el país, a la Amnistía Internacional y al Frontline Defenders, en que expresan su preocupación por los hechos recientes, que violentan el derecho a la protesta pública y a la libertad de expresión, a través de la criminalización de estudiantes movilizadas/os en defensa del derecho a la educación. “A partir de 2014, el Estado, a través de la Rectoría de la UNAH, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Agencia Técnica de Investigación Criminal, ha venido criminalizando a las/os estudiantes, comenzando con la acusación del alumno de pedagogía Rommel Darío Morán, por el delito de Sedición y Manifestaciones Ilícitas. Este estudiante además fue torturado por varios policías al momento de su detención”, afirman en el comunicado. Según el documento, entre diciembre de 2014 y enero de 2015, 17 estudiantes fueron sancionadas/os con expulsión de la UNAH por ejercer su derecho a la protesta pública. Después de estas expulsiones, en julio y agosto de 2015, 26 estudiantes fueron criminalizadas/os por el delito de usurpación de bien público, debido a que participaron en la toma de instalaciones de la UNAH como forma de protesta. De estas/os 26 estudiantes, cuatro permanecen acusadas/os, con medidas cautelares sustitutivas de presentarse periódicamente ante el Juez de Letras del Penal. El comunicado denuncia además que, en las protestas, la violencia policial ha sido desmedida, con varios/as estudiantes lesionados/os y la acción desproporcional de un agente de seguridad del Estado que disparó su arma de fuego contra las/os estudiantes. “Solicitamos la atención ante esta situación, antes de que se produzcan hechos más lamentables”, concluye el documento. En respuesta a esta denuncia, el 14 de junio, la UNAH difundió un comunicado en que afirma que algunos organismos de derechos humanos han protegido y defendido “personas encapuchadas que hacen uso de la fuerza y la violencia para imponer sus criterios”. “Estos encapuchados han impedido que otros estudiantes, la mayoría, continúen con el desarrollo de las actividades académicas conducentes a avanzar en el plan estudios de su carrera. La defensoría que ejercen estas organizaciones hacen que el vandalismo y la destrucción de bienes de la institución queden en la impunidad, protegiendo no los derechos de estas personas, sino el vandalismo y destrucción que provocan”, afirma el documento [léalo aquí]. Las organizaciones que defienden los derechos humanos divulgaron un nuevo posicionamiento público, en que llaman a la rectora de la UNAH a parar sus declaraciones estigmatizantes contra defensoras/es de derechos humanos y a terminar con la criminalización de la protesta social en la universidad [lea aquí la respuesta completa]. La Coalición contra la impunidad, que reúne a más de 40 organizaciones sociales de Honduras también difundió un posicionamiento público en que exige el cese a la criminalización en contra de las y los estudiantes de la UNAH, y además exhorta a las autoridades universitarias a que busquen una resolución a este conflicto a través del diálogo con la representación estudiantil [lea el documento aquí]. Oiga a continuación la noticia sobre las protestas en Honduras, que se difundió en el programa Contacto Sur, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), emisión matutina del 17 de junio de 2016. El reportaje es de José Peraza desde Radio Progreso en Honduras. ">

Honduras: Protestas contra normas académicas siguen en la UNAH, resultando en la criminalización de organizaciones sociales y defensoras/es de derechos humanos

20 de junio de 2016

Pese a que el 1º de junio de 2016 agentes antimotines del Estado hayan realizado el desalojo violento de la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa, que era ocupada por estudiantes movilizadas/os en contra de las nuevas normas académicas adoptadas por el Consejo Universitario, las/os manifestantes no desistieron de su lucha. (más…)

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Colombia: Estudiantes de secundaria denuncian que son perseguidas/os y amenazadas/os por su participación en movilizaciones sociales

15 de junio de 2016

La Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (ANDES), organización gremial de estudiantes de esta etapa educativa en Colombia, denuncia que sus miembros son perseguidas/os, amedrentadas/os y amenazadas/os en la ciudad de Pereira (más…)

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Asimismo, ANDES denuncia que, en el marco de los preparativos de las movilizaciones estudiantiles en conmemoración del día del estudiante combativo en la esa ciudad, que tuvo lugar el 8 de junio, hubo casos de persecución e intimidación de líderes estudiantiles por parte de la fuerza pública, que fue a las instituciones educativas, para averiguar el nombre de las/os estudiantes que estaban impulsando las protestas. Por ejemplo, una persona que se identificó como policía, pero en traje civil, se acercó al líder estudiantil William Henao del Colegio Técnico Superior, en las afueras de esta institución educativa, intimidándolo. En esa ocasión, le hizo algunas preguntas sobre la organización de las movilizaciones estudiantiles que se estaban planificando. El 5 de junio, el líder estudiantil Miguel Sierra, del Colegio Luis Carlos Gonzalez, recibió de un número desconocido a través del aplicativo Whatsapp una serie de mensajes amenazadores en los que se expresaban frases como “Sé dónde vive, sé quién es su familia, no se atreva a salir”. En este contexto preocupante, ANDES le exige al Gobierno Nacional, entre otras demandas, que se garantice el derecho a la vida y la integridad física y psicológica de quienes ejercen su derecho constitucional de organización y lucha por derechos. “Frente a los anteriores hechos, instamos a la comunidad nacional e internacional, defensores de los DDHH [derechos humanos], a que se pronuncien en favor de la defensa de los derechos civiles y políticos que tenemos todas y todos las/os colombianas/os, que luchamos por mayor bienestar para nuestras comunidades; a que insten al gobierno municipal, regional y nacional a tomar las medidas  necesarias para que garanticen el respeto de los DDHH y la vida de quienes optamos por la organización gremial al interior de los colegios del país y la exigencia de nuestros derechos mediante la movilización social, sin que esto sea causante de persecución, estigmatización y amenaza”, dice la Asociación en comunicado público. Lea la denuncia completa aquí.">

Colombia: Estudiantes de secundaria denuncian que son perseguidas/os y amenazadas/os por su participación en movilizaciones sociales

La Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (ANDES), organización gremial de estudiantes de esta etapa educativa en Colombia, denuncia que sus miembros son perseguidas/os, amedrentadas/os y amenazadas/os en la ciudad de Pereira (más…)

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Por una educación pública y de calidad en América Latina y el Caribe: estudiantes y docentes se movilizan para defender este derecho

27 de mayo de 2016

Le hemos dado seguimiento a masivas manifestaciones de estudiantes y maestras/os en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay, que tienen como demanda común un mayor financiamiento para la educación pública y la garantía de su gratuidad y calidad (más…)

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Adolescentes y jóvenes fuera de la escuela – las demandas para una enseñanza secundaria garante de derechos en América Latina y el Caribe

18 de mayo de 2016

El documento reflexiona sobre los múltiples factores que hacen que las y los adolescentes y jóvenes abandonen la escuela, y presenta recomendaciones a las autoridades públicas, buscando estimular el debate sobre el tema con la comunidad educativa

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Paraguay: Foro por el Derecho a la Educación expresa solidaridad y apoyo a reivindicaciones de estudiantes

1 de mayo de 2016

Desde septiembre del 2015, estudiantes del sector universitario y del secundario de Paraguay se manifiestan en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad; a través de la toma de varios colegios, demandan que se garantice el derecho a la educación como un bien público y exigen la destitución de la actual Ministra de Educación, así como la implementación de un verdadero cambio en el sistema educativo (más…)

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Haití: Unión Nacional de Normalistas presenta propuestas para la transformación política, económica y social del país

14 de marzo de 2016

En comunicado, la organización afirma que, ante el actual momento de transición política en el país, la educación debe ser considerada como una prioridad del gobierno, reteniendo inversiones del 35% del presupuesto nacional (más…)

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aquí.">

Cartilla reflexiona sobre prevención y superación de la violencia de género en las escuelas

3 de marzo de 2016

La CLADE considera que el ámbito educativo formal y no formal debe ser espacio de reeducación de las relaciones de género, de transformación de las relaciones entre hombres y mujeres, niños y niñas, de deconstrucción de estereotipos y de un replanteo de las masculinidades, buscando la construcción de sociedades cada vez más democráticas, inclusivas y promotoras de la paz, la igualdad de género y la diversidad. (más…)

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