Acción para que más de 350 millones de niños y niñas sigan estudiando
Según informaciones de la AME, al menos 630 millones de niños y niñas no asisten a la escuela en países en desarrollo de África, Asia y América Latina y el Caribe. De los 67 países en desarrollo elegibles para recibir los fondos de la AME, 63 han cerrado escuelas en todo su territorio nacional, como respuesta a la pandemia. Esto ha impedido que más de 350 millones de niños y niñas aprendan, además de cortar otros servicios vitales provistos a través de las escuelas, incluyendo atención médica y alimentación escolar nutritiva. El cierre de escuelas, a largo plazo, amenaza los logros de desarrollo obtenidos y puede exponer las niñas y niños con menos recursos a mayores riesgos. “La AME ha actuado rápidamente ante un desafío sin precedentes”, afirmó Serigne Mbaye Thiam, vicepresidenta de la Junta Directiva de la AME. “Estos fondos garantizarán que los países en desarrollo, como Senegal, puedan actuar rápidamente para mitigar el impacto perjudicial del COVID-19 para niños y niñas más vulnerables y mantener la resiliencia de los sistemas educativos”, añadió.¿Cómo utilizar los fondos?
Según la AME, los Ministerios de Educación y los socios locales de educación pueden usar los fondos para garantizar que el aprendizaje continúe, particularmente para los niños y niñas con menos ingresos y más vulnerables, por ejemplo, a través de programas educativos transmitidos por radio y televisión, y la distribución de equipos y libros de texto a los hogares más pobres. Los fondos también pueden ser utilizados para apoyar docentes; asegurar que se incluyan niños y niñas con necesidades especiales y discapacidades; recolectar datos sobre los resultados de aprendizaje; mitigar la pobreza y las barreras de género al aprendizaje, las cuales se profundizan por el shock económico; y asegurar que maestros, maestras y escuelas dispongan de los recursos necesarios, para volver a actuar cuando sea seguro hacerlo. “Estamos avanzando en mitigar los impactos que el cierre de escuelas en los países en desarrollo tendrá para los niños y niñas más vulnerables. La AME se compromete a garantizar que el aprendizaje continúe”, subrayó Alice Albright, directora ejecutiva de la Alianza. Los US$ 250 millones se pusieron a la disposición mediante la reutilización de fondos no comprometidos, con la expectativa de que se requerirán recursos adicionales para ayudar a los países en desarrollo a mantener sus sistemas educativos en la pandemia y apoyar los niños y niñas en situación vulnerable que más sufren con el cierre de las escuelas.Sobre la AME
Actuando en 70 países, la AME es una alianza y fondo internacional que moviliza inversiones, tanto externas como nacionales, para apoyar los gobiernos a construir sistemas educativos más sólidos, en base a datos y evidencia. Sus acciones y recursos contribuyen para el desarrollo e implementación de planes y políticas nacionales de educación de calidad, sentando las bases para sistemas educativos sólidos y creando mejores oportunidades para millones de niños y niñas, sus comunidades y países.">
Alianza Mundial por la Educación anuncia apoyo de US$ 250 millones para el desarrollo de acciones de enfrentamiento al COVID-19
16 de abril de 2020La Alianza Mundial por la Educación (AME) anunció que irá invertir US$250 millones para apoyar los países en desarrollo en mitigar las interrupciones inmediatas y a largo plazo de la educación, causadas por la pandemia COVID-19.
Los recursos contribuirán para mantener el aprendizaje de hasta 355 millones de niños y niñas en un total de 67 países, con énfasis en la garantía del derecho a la educación de niñas y niños de familias con bajos ingresos, quienes sufrirán más los impactos por el cierre de las escuelas. La mayor parte de los países que serán beneficiados está en el continente africano. De América Latina y el Caribe, apenas Haití recibirá recursos.
“La pandemia COVID-19 está creando una emergencia educativa que podría tener efectos devastadores para los niños y niñas de los países en desarrollo”, afirmó Julia Gillard, presidenta de la Junta Directiva de la AME. “A menos que actuemos ahora para apoyar los sistemas educativos, millones de niños y niñas vulnerables, especialmente las niñas más pobres, no podrán retomar su aprendizaje cuando termine esta crisis”.
Acción para que más de 350 millones de niños y niñas sigan estudiando
Según informaciones de la AME, al menos 630 millones de niños y niñas no asisten a la escuela en países en desarrollo de África, Asia y América Latina y el Caribe. De los 67 países en desarrollo elegibles para recibir los fondos de la AME, 63 han cerrado escuelas en todo su territorio nacional, como respuesta a la pandemia. Esto ha impedido que más de 350 millones de niños y niñas aprendan, además de cortar otros servicios vitales provistos a través de las escuelas, incluyendo atención médica y alimentación escolar nutritiva.
El cierre de escuelas, a largo plazo, amenaza los logros de desarrollo obtenidos y puede exponer las niñas y niños con menos recursos a mayores riesgos. “La AME ha actuado rápidamente ante un desafío sin precedentes”, afirmó Serigne Mbaye Thiam, vicepresidenta de la Junta Directiva de la AME. “Estos fondos garantizarán que los países en desarrollo, como Senegal, puedan actuar rápidamente para mitigar el impacto perjudicial del COVID-19 para niños y niñas más vulnerables y mantener la resiliencia de los sistemas educativos”, añadió.
¿Cómo utilizar los fondos?
Según la AME, los Ministerios de Educación y los socios locales de educación pueden usar los fondos para garantizar que el aprendizaje continúe, particularmente para los niños y niñas con menos ingresos y más vulnerables, por ejemplo, a través de programas educativos transmitidos por radio y televisión, y la distribución de equipos y libros de texto a los hogares más pobres.
Los fondos también pueden ser utilizados para apoyar docentes; asegurar que se incluyan niños y niñas con necesidades especiales y discapacidades; recolectar datos sobre los resultados de aprendizaje; mitigar la pobreza y las barreras de género al aprendizaje, las cuales se profundizan por el shock económico; y asegurar que maestros, maestras y escuelas dispongan de los recursos necesarios, para volver a actuar cuando sea seguro hacerlo.
“Estamos avanzando en mitigar los impactos que el cierre de escuelas en los países en desarrollo tendrá para los niños y niñas más vulnerables. La AME se compromete a garantizar que el aprendizaje continúe”, subrayó Alice Albright, directora ejecutiva de la Alianza.
Los US$ 250 millones se pusieron a la disposición mediante la reutilización de fondos no comprometidos, con la expectativa de que se requerirán recursos adicionales para ayudar a los países en desarrollo a mantener sus sistemas educativos en la pandemia y apoyar los niños y niñas en situación vulnerable que más sufren con el cierre de las escuelas.
Sobre la AME
Actuando en 70 países, la AME es una alianza y fondo internacional que moviliza inversiones, tanto externas como nacionales, para apoyar los gobiernos a construir sistemas educativos más sólidos, en base a datos y evidencia.
Sus acciones y recursos contribuyen para el desarrollo e implementación de planes y políticas nacionales de educación de calidad, sentando las bases para sistemas educativos sólidos y creando mejores oportunidades para millones de niños y niñas, sus comunidades y países.
Panel virtual discute los impactos del lucro y de la comercialización en la educación
10 de abril de 2020¿Cómo la cooperación internacional se relaciona con la privatización de la educación? ¿Cuáles son los marcos legales de América Latina y el Caribe que permiten, alientan o prohíben la obtención de ganancias en la educación y a través de ella? ¿Cómo se dan estos fenómenos en los países? (más…)
En decisión histórica, Banco Mundial decide suspender inversiones en escuelas privadas con fines de lucro
9 de abril de 2020La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial ha anunciado un compromiso oficial de congelar las inversiones en escuelas privadas de preprimaria, primaria y secundaria con fines de lucro. (más…)
COVID-19: Para la CLADE, la solidaridad y el financiamiento adecuado de los derechos a la educación, salud y protección social son caminos fundamentales para superar la crisis
25 de marzo de 2020Ante la crisis y el estado de emergencia que se instaló en todo el mundo, debido a la pandemía COVID-19, la CLADE reconoce y valora las directrices de prevención y cuidado con la salud y la vida planteadas por la Organización Mundial de la Salud. Expresamos nuestra solidaridad con las familias que perdieron sus seres queridos debido a la enfermedad, así como a las personas sobrevivientes y afectadas. Igualmente, felicitamos las múltiples iniciativas que impulsa la membresía de la CLADE, así como tantas organizaciones y movimientos de derechos humanos a lo largo y ancho de nuestra América Latina y el Caribe, para asegurar la protección de las comunidades educativas y de sus derechos humanos. Agradecemos profundamente a los y las trabajadores/as de la salud, así como los y las de otras actividades esenciales, que prestan sus trabajos fundamentales, poniendo en riesgo sus vidas. (más…)
Aminta Navarro: "No hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes.[/caption]
En la ocasión, Aminta llamó la atención sobre la importancia del derecho a la protesta social como estrategia fundamental para demandar al Estado una educación de calidad, pública y gratuita para todas y todos. “No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita”, explicó.
Lee la entrevista completa.
¿Existe alguna legislación que aborde el tema de la privatización educativa o del lucro en la educación en Honduras?
Aminta Navarro - No hay legislación tácita. O sea, lo que dice la ley es que el derecho a la educación privada existe, pero el rector es el Ministerio de Educación como representante del Estado. Hay una asociación de instituciones privadas educativas en el país, que actúan desde la educación inicial. De hecho, el Estado sólo te garantiza un año de educación preescolar, siendo los otros años de preescolar ofrecidos por el sector privado. Así mismo, está en manos del sector privado la educación bilingüe, que es altamente cara. Las leyes del país no regulan el lucro, pues no dicen hasta cuánto se puede cobrar en matrículas o mensualidades, lo que hoy se regula por la libre oferta y demanda. Así mismo, los padres y madres son libres para enviar sus hijos e hijas al sistema que quieran: público, privado o privado religioso.¿Usted cree que la legislación nacional fomenta o favorece el lucro en la educación en detrimento de una educación pública y gratuita?
Aminta Navarro - Es ambiguo, pero hay como un claro desprestigio, digamos, de la educación pública, mientras hay una tendencia a destacar las supuestas bondades de la educación privada."Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos"Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos, para mandarlos a la escuela privada, porque esa “tendría mejores profesores y mejor acceso tecnológico, además de ofrecer clases de un segundo idioma”. También hay mecanismos o políticas que excluyen estudiantes que frecuentaban la escuela pública del ingreso a las universidades porque muchas veces el sistema básico público “no responde a las exigencias de la educación superior universitaria”, lo que abre el espacio de la universidad pública para solamente el ingreso de estudiantes que vienen de la escuela privada.
En la práctica, ¿falta regulación a la actuación del sector privado en el país?
Aminta Navarro - Creo que no solamente hay falta de regulación, sino que la ley hondureña posibilita las transferencias de fondo público al sector privado sin fines de lucro. También se establece la renuncia fiscal del sector privado que actúa en el área educativa y las instituciones privadas gozan de exoneración de impuestos. Además, bajo el modelo de centralización del Estado, hay una modalidad de contratación directa por servicios. Entonces el Estado, si quiere, puede contratar un centro educativo privado para la educación de los niños y niñas, que es lo que se hace también con la salud pública, y se llama tercerización de los servicios. Sin embargo, hay un fuerte movimiento de los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación para impedir que se aplique esta normativa.Respecto a la formulación de las legislaciones en su país, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante, o con gran influencia?
Aminta Navarro - Creo que hay toda una cuestión de construcción de imaginarios, que inclusive toma las mismas banderas del movimiento que defiende la educación pública y gratuita, para justificar la privatización. Por ejemplo, el Estado puede decir que, para garantizar el derecho humano a la educación, con calidad y pertinencia, necesita contratar instituciones privadas, las cuales “tienen mejores profesores, más eficientes y que coordinan mejor su trabajo”. Es algo que se dice de manera constante en el país, como que para que la sociedad lo vaya aceptando de alguna forma. Es sutil el mensaje, pero cada vez más te dicen que la educación pública no sirve y que el Estado debe tener resultados, siendo que la gestión por resultados solo te puede garantizar una institución privada.¿Y la privatización en la educación nacional ha aumentado en los últimos años, es una tendencia?
Aminta Navarro - Yo diría que el movimiento de profesores, profesoras, trabajadoras y trabajadores de la salud del país se ha unido y ha logrado, digamos, frenar esta intencionalidad del gobierno. Pero, no quiere decir que las medidas hacia la privatización no se implementarán.La definición 'organizaciones sin fines de lucro' varía según el país. En Honduras, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia a esta nomenclatura?
Aminta Navarro - Hay en el país las fundaciones de empresarios. Son llamadas fundaciones sin fines de lucro, y en ese sentido pueden captar recursos del Estado para desarrollar sus proyectos. Pero, entendemos que estas fundaciones debilitan la sociedad civil que hace un trabajo por la educación pública y gratuita, porque el Estado les transfiere recursos. En el caso de la educación inicial, se les transfiere fondos a fundaciones que no son lucrativas, pero nadie evalúa los resultados de la educación que estos centros ofrecen, o sea, no hay un control por parte del Estado.¿Existen brechas en la legislación actual de Honduras, que estimulen la práctica lucrativa en la educación?
Aminta Navarro - Yo creo que sí. El sistema posibilita la libertad de la educación privada y que el padre o madre es libre para matricular sus hijos e hijas en la educación pública, la privada, o inclusive la religiosa privada. Mientras tanto, se hace todo un desprestigio de la educación pública, con pruebas para medir resultados de aprendizaje, las cuales apuntan a que los niños y niñas del país no saben leer, escribir, ni comprender. Eso sustenta y apoya el sector privado y el lucro en la educación. Hay una oferta [de educación privada] y los padres y madres que pueden pagar por una escuela, aunque no tengan casa, prefieren pagar por la educación de uno o dos hijos, que comprar una casa. En el sistema privado no hay huelgas de docentes y las escuelas privadas suelen ser bien equipadas. Pero, el Estado no equipa, no mejora las condiciones de las escuelas públicas, incluyendo el acceso a la Internet, no cumple [con sus deberes], mientras que la educación privada sí ofrece estas condiciones. Además, lo puede hacer porque no paga impuestos. Son incentivos para el sector privado y el lucro porque, en la medida en que hay más desilusión, desesperanza por la educación pública, más apertura hay para la actuación de empresas con fines de lucro en la educación.Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que deba hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?
Aminta Navarro - En la ley de educación que se aprobó en el 2012, queda reflejada la educación como un derecho humano. Creo que lo que hay es una debilidad del sector educativo y de las condiciones de trabajo de los maestros y maestras de la educación básica inicial."No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes"Así mismo, no tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita. Infelizmente, el sector público no te garantiza la gratuidad.
¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la gratuidad educativa?
Aminta Navarro - Yo creo que, más que presionar por cambios legislativos, la sociedad civil debe exigir la aplicación de la legislación que ya existe para la garantía de la educación pública. En el país, lo que vivimos es una total desaplicación de la justicia y la ley. La norma establece que en el país la educación es pública, gratuita y un derecho humano. La ley fundamental de educación retoma la educación como un derecho fundamental, y además establece que la educación debe darse en español, inglés y que los pueblos originarios tienen derecho a ser educadas/os en su lengua materna, teniendo el español como segunda lengua. Sin embargo, esta legislación no se aplica.¿Y en relación al derecho a la movilización? ¿Usted cree que si las y los estudiantes y profesoras/es tuvieran garantido su derecho a la protesta, la educación estaría mejor?
Aminta Navarro - La Constitución del país sí asegura el derecho a la protesta y que este no puede ser violado. Ya es una garantía constitucional, pero una cosa es lo que dice la constitución y la ley, y otra es la práctica cuando estás en un país y un momento como el nuestro, donde no se cumplen las normas. Estamos en un gobierno centralizador, con limitados esfuerzos democráticos. Incluso, se está discutiendo una propuesta de prohibir a los profesores y profesoras que salgan a las manifestaciones en el país. Eso sería inconstitucional porque estaría violentando el derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República. ">Aminta Navarro: “En la medida en que hay más desesperanza por la educación pública, más se da la apertura para el lucro en la educación”
21 de marzo de 2020La lucha por una educación pública y gratuita, la privatización del sistema educativo, la criminalización y represión contra la protesta social, leyes educativas y la calidad de la educación en Honduras, fueron algunos de los temas abordados durante entrevista de Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a la CLADE. (más…)
Fernanda: "Hay un interés estratégico político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado". Foto: conadu.org.ar[/caption]
Al lado de Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, Fernanda Saforcada elaboró el informe "Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina", el cual analiza las tendencias, los matices e impactos de esta temática para el derecho a la educación, en ámbito regional.
En esta parte del diálogo, Fernanda profundiza en los motivos y consecuencias del proceso de privatización de la educación superior en la región.
“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y también su interés en que no haya más educación”, así explica las intenciones de empresas con fines de lucro, que cada vez más invierten en la educación superior privada, como un negocio.
Lee más a continuación.
La investigación cita la tendencia hacia un borramiento de la frontera entre lo público y lo privado en la región. ¿Puede explicar cómo y por qué se da este proceso?
Fernanda Saforcada - Nosotras hablamos de este borramiento entre lo público y lo privado por algunas cuestiones que emergieron en la investigación. La primera tiene que ver con cómo jurídicamente se deja de hablar de educación pública y educación privada, y se habla de educación en general. Luego, se distingue si la gestión es estatal o particular, como si fuese solamente un tema de gestión. Lo que está por detrás es el interés en hacer parecer que toda la educación es pública, incluso la privada. Esto se observa en todos los niveles educativos y también en la educación superior.“El primer borramiento entre lo público y lo privado se da en cómo jurídica, cultural o simbólicamente, se tiende a desplazar el sentido de lo público, pensando que dentro de lo público hay gestión estatal y gestión privada”En ese sentido, está presente la idea de que lo privado también es público porque estas universidades finalmente sirven o tienen “fines públicos”, “hacen un servicio público” y, por lo tanto, no se pueden pensar como cualquier otra entidad privada. Entonces, el primer borramiento entre lo público y lo privado se da en cómo jurídica, cultural o simbólicamente, se tiende a desplazar el sentido de lo público, pensando que dentro de lo público hay gestión estatal y gestión privada. La segunda cuestión, que va de la mano a la anterior, es el planteamiento de que la distinción público versus privado no tiene sentido, pues dicen que las universidades privadas más tradicionales son iguales a las universidades públicas. Se afirma que lo que habría de distinguirse es si son comerciales o no comerciales, o si son de calidad o no. En algunos países, aparece la distinción entre universidades con y sin fines de lucro. Lo que sostenemos es que estas son distinciones que se pueden hacer, pero que eso no implica dejar de tener presente la distinción entre universidad pública y universidad privada; no implica que tenga valor, y muy importante, en términos de regulación del sistema esta distinción entre público y privado. En la investigación, nos propusimos reconstruir las trayectorias de la privatización en los distintos países, y esto todavía está en proceso, ya que solamente publicamos la primera etapa. Pero, cuando uno mira a esas trayectorias de la privatización, lo que encuentra es que la primera ola de privatización se produce a mediados del siglo pasado y, sobretodo, por la acción de la Iglesia Católica. En esta primera ola, la mayoría de las instituciones privadas que se abren fueron universidades confesionales. Poco tiempo después, en el marco del desarrollismo, se abren algunas universidades privadas con una fuerte orientación técnica, pero pocas. A fines de los 1980 y comienzo de los 1990, aparece la privatización de instituciones. Entonces, vemos que las universidades privadas que surgieron con anterioridad buscan distinguirse de las que aparecen en los 1990. Se plantea que ya no hay sentido en hablar de público o privado, sino que se debe distinguir entre las universidades tradicionales y las nuevas, o entre universidades comerciales y no comerciales, de calidad y sin calidad. Se plantea que las nuevas universidades no tienen calidad.
“Cuando hablamos de privatización, no hablamos solamente en términos económicos, sino también en términos ideológico-políticos. Cuando hablamos de instituciones privadas en materia educativa, superior o básica, no solo se habla en instituciones privadas con interés comercial o económico, sino que muchas veces el interés es prioritariamente ideológico o filosófico-político”Desde nuestra perspectiva, dichas distinciones no quitan la importancia de diferenciar entre lo público y lo privado en términos de la forma cómo se regula el sistema. Cuando hablamos de privatización, no hablamos solamente en términos económicos, sino también en términos ideológico-políticos. Cuando hablamos de instituciones privadas en materia educativa, superior o básica, no solo se habla en instituciones privadas con interés comercial o económico, sino que muchas veces el interés es prioritariamente ideológico o filosófico-político. Por ejemplo, en las universidades confesionales, puede ser que haya una captación de recursos, pero el interés no pasa por el recurso económico, el interés primordial tiene que ver con la formación de subjetividades, acordes a un cierto ideario, doctrinario, ideológico. Entonces, somos muy enfáticas en la importancia de pensar la privatización en esta doble dimensión. Entendemos la privatización como proceso por el cual un sistema, un conjunto de instituciones se orientan al sector privado, o pasan a regirse por el sector privado, ya sea por sus objetivos o por sus formas de funcionamento económico o ideológico-político. En dicha equiparación entre lo público y lo privado, desaparece esta lógica y parece que la diferencia entre público y privado solo tiene que ver con lo comercial y no comercial, o con las formas de financiamiento. Planteamos lo contrario, pues las universidades son privadas porque funcionan de acuerdo a los intereses e ideario de un sector particular. Estas cuestiones, que son de corte más simbólico y político, tienen también una expresión material en el borramiento entre lo público y lo privado, como estrategia. Esta fue la manera que encontraron en muchos países, para redirigir fondos públicos - que históricamente eran invertidos exclusivamente en el sector público universitario - al sector privado. En este siglo, y sobre todo en los últimos cinco o seis años, fondos de investigación que antes solo se otorgaban mediante concursos u otros dispositivos de distribución, a investigadoras/es de universidades o centros de investigación públicos, empiezan a ser distribuidos de acuerdo al criterio de la “calidad” incluyendo sector público y privado. Lo que plantean estas políticas es que lo que importa es la calidad del proyecto de investigación o de los investigadores/as. No se habla sobre público-privado. Cualquier investigador puede concurrir a estos fondos, ya sea de universidad pública o de universidad privada. Lo mismo pasa con las becas para la formación de postgrado, investigación, o sistemas de incentivos a investigadores. Lo que encontramos es que hay una masa de recursos muy sustantiva que antes solo iba al sector público, y que este borramiento entre público y privado, y el desplazamiento a otras lógicas de distinción entre instituciones, habilitan a que una parte sustantiva de esos recursos se dirija al sector privado.
¿Cuáles son las principales diferencias entre los modelos público y privado en la educación universitaria latinoamericana, en materia de acceso, calidad, equidad, inclusión, etc.?
Fernanda Saforcada - Creo que la gran diferencia tiene que ver con lo que construye políticamente uno y otro, incluso más allá de lo que efectivamente se enseñe o se investigue dentro de estas instituciones. La idea misma de lo público - pensado como bien común -. en términos simbólicos y políticos, es bien potente. Me parece que eso es parte de cómo se construye, cultural y simbólicamente, al servicio de otras perspectivas políticas. Cuando empezamos a analizar caso a caso, por supuesto, que uno encuentra muchas contradicciones. En Brasil, el sector público universitario es identificado como de mayor calidad y donde se produce casi la totalidad del conocimiento, en términos de proceso de investigación. Pero, la condición para ingresar a la universidad es la selectividad, aunque haya sido tensionada con las políticas de cupos para personas negras, indígenas y con menos ingresos. O sea, se sigue construyendo la idea de una distinción entre quienes merecen, o no, estar en la universidad pública. Por supuesto, que defendemos la universidad pública, pese a los procesos de selectividad que, desde mi punto de vista, van a contramano del derecho a la educación. Esta es la universidad pública donde existen algunos elementos muy importantes que hacen a lo público, pero además es donde existe la potencia de construir algo distinto. Por eso, la privatización me preocupa más en términos ideológicos y políticos, que en lo económico. Por otro lado, están las universidades de bajo costo, que son un problema en Brasil y Perú, por ejemplo. No es algo que ocurra en todos los países, pero son instituciones que están ofreciendo una formación muy débil en la mayoría de los contextos. En realidad, no les importa la educación, sino el lucro. Captan una cantidad de recursos muy sustantiva y tienen a muchos jóvenes matriculadas/os. Eso les da un poder muy grande en términos de negociar con ámbitos de la política pública y actores de poder. Así, las universidades privadas son actores que cada vez tienen más poder. Nuestra investigación demuestra que la capacidad de incidencia del sector universitario privado en ámbitos de la política pública es notoria. Tienen capacidad de lobby en el poder ejecutivo, en los ministerios, capacidad para buscar las estrategias que les permitan ser parte creciente en los organismos y agencias de la definición de la política. Por ejemplo, si existe un consejo de educación superior, despliegan estrategias para tener cada vez más representantes en este espacio. Tienen capacidad de lobby o de ser directamente parte de los poderes legislativos. Suelen tener congresistas y legisladores propios, inclusive financian campañas políticas para legisladores.La investigación también afirma que hay una disputa respecto a los sentidos de la educación. ¿Qué está en juego?
Fernanda Saforcada - Lo que está en juego es el sentido de la educación. No se puede mirar la privatización universitaria por fuera de la privatización de la educación básica. En estas últimas fases del capitalismo post-Estado de bienestar, hubo una mirada del poder económico sobre la educación como un nicho comercial que no había sido explotado aún. Entonces, a partir de los 1990, hubo una arremetida clara del sector productivo para explotar el potencial de lucro en la educación, una posibilidad de negocio en gran escala, que todavía estaba mayoritariamente en manos de los Estados. Así se pensó en ir avanzando la explotación de este negocio desde los intereses de los países centrales y de las grandes multinacionales y corporaciones, apostando que avanzara el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS o GATS en inglés) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Cuando eso se frena, a fines de los 1990, y no logran que los países abran el sector educación dentro del Acuerdo General de Comercio de Servicios, entonces algunas empresas empiezan a desarrollar estrategias para expandir el negocio sea con sedes locales o con alianzas de empresas transnacionales para la venta de servicios educativos.“Hay un interés estratégico político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado”Por otro lado, en el contexto del neoliberalismo, se construyó la idea de la crisis del Estado y lo privado como la alternativa, de manera que se establecieron las bases simbólicas para la educación privada como salida, lo que implicaba formar otras subjetividades. Ahí hay un interés estratégico político de ciertos sectores de poder económico y político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado, en términos de redireccionarla a otro sentido. Milton Friedman, en su libro “Libertad de Elegir”, decía que “la educación constituye una isla socialista en el mar del mercado”. De alguna manera, lo que estaba planteando era que hay algo de ese modelo educativo público, estatal, orientado en términos de derechos, justicia social e igualdad, que entrañaba lo que él identificaba como socialismo. Realmente no es así, pero en todo caso camina en un sentido social. Hay un texto de Norbert Lechner, que escribió mirando Chile en los 1980, que plantea cómo la contrucción del orden que identificamos como neoliberal implicó una confluencia entre neoliberalismo y neoconservadurismo. La idea de poner el mercado en el centro de lo político y lo social –lo propio del neoliberalismo– fue una estrategia potente para desarticular las lógicas colectivas y de derechos del Estado de bienestar, para poder construir allí un nuevo modelo conservador que restaure el orden, las jerarquías y el control social. El razonamiento tiene lógica, pues, si en los 1990 presenciamos el auge del neoliberalismo, del individualismo y de la libertad del mercado, hoy los gobiernos autoritarios ya no siguen únicamente la lógica neoliberal y del mercado, sino que en estos tiempos vemos cómo ganan terreno políticas y perspectivas propias de una lógica conservadora de control, de jerarquía social, autoridad y orden. En este contexto, para estos sectores conservadores es preciso romper la forma en que históricamente se conformaron los sistemas educativos en los Estados liberales. En los orígenes de los sistemas educativos en el marco de los nacientes Estados liberales, la educación resultaba una herramienta potente para la formación de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, de sujetos que jugaran esas nuevas reglas de juego del Estado liberal. Ese es parte del origen de la idea de educación para todos y todas. Ahora ya no es necesario. Los Estados están instalados. Todas y todos somos partes de este orden social y político, y ya no es indispensable la educación de todas las personas para preservar ese orden. Así, según los sectores neoliberales y neoconservadores, lo que necesitamos ahora, por el contrario, es que la educación deje de alimentar la idea de lo igualitario, del derecho. Para eso, hay que romper con la educación pública, o por lo menos con su definición histórica. Creo que hay que mirar esa progresión histórica para entender por qué este grado de acción e injerencia de ciertos sectores del poder económico y político en la educación y las universidades.
¿Cuáles son los impactos de la privatización de la educación en los sentidos de la educación y para los sujetos de las comunidades educativas?
Fernanda Saforcada - Para las y los docentes, en general, implica formas precarizadas de trabajo. Por lo general, las universidades y escuelas privadas tienden a tener condiciones de trabajo más precarias, inestables, claro con muchas diferencias entre una institución y otra. Para las y los estudiantes, los impactos negativos son muchos, especialmente en lo que toca a las universidades de bajo costo. En Perú, por ejemplo, hay casos de universidades privadas con aranceles muy bajos, pero que un congresista que fue a recorrerlas encontró que, por ejemplo, una de ellas era un edificio de dos aulas, una con piso de tierra y otra con piso hasta la mitad; con un frente que parecía ser un edificio mucho más grande, pero que al entrar era pequeño o que tenían por allí tres profesores para dictar todas las materias de todas las carreras."Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y se resuelve también su interés en que no haya más educación"Hay también universidades que sólo dictan carreras a distancia, que contratan a un profesor para que escriba los módulos una vez y después usan esos módulos. Lo único que tienen es un tutor que, en muchos casos, no tiene formación. En estos casos, lo que hay es realmente una estafa. Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y se resuelve también su interés en que no haya más educación. La educación universitaria también tiene fines político-ideológicos muy claros. Uno puede identificar, por ejemplo, como algunas universidades privadas son las que forman los miembros de los gobiernos de derecha o de los gobiernos que avanzan hacia políticas que, en general, delimitan los derechos en los distintos países. Quienes ocupan estos cargos, en general, vienen de determinadas universidades privadas. Entonces, el hecho de ser instituciones de formación es lo que les da esta capacidad de incidencia e influencia en las políticas públicas. La universidad tiene que ver con la formación de más alto nivel de un sector importante y creciente de nuestras poblaciones. Aquí hay un cuestión política de enorme importancia: ¿a quién responde esta formación? ¿Responde a los intereses de un sector particular y a los intereses del poder económico? ¿Responde a los intereses de la iglesia católica? ¿Responde a lo que democráticamente definimos como bien común?
>>Lee la primera parte de la entrevista:El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado">
Fernanda Saforcada: La privatización educativa se realiza también con fines ideológicos y políticos
15 de marzo de 2020“Hay un interés estratégico y político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y uno de los modos es sacarla del Estado”, explica la investigadora argentina Fernanda Saforcada, en esta segunda parte de una entrevista sobre las tendencias hacia la privatización y mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe.
Al lado de Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, Fernanda Saforcada elaboró el informe “Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina”, el cual analiza las tendencias, los matices e impactos de esta temática para el derecho a la educación, en ámbito regional.
En esta parte del diálogo, Fernanda profundiza en los motivos y consecuencias del proceso de privatización de la educación superior en la región.
“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y también su interés en que no haya más educación”, así explica las intenciones de empresas con fines de lucro, que cada vez más invierten en la educación superior privada, como un negocio.
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Fernanda Saforcada: El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado
2 de marzo de 2020América Latina y el Caribe (AL&C), junto a la Asia Meridional Sur, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación superior. Más del 50% de las matrículas de AL&C están en las universidades privadas. Eso significa que la mayor parte de estudiantes en la región no tiene acceso a la educación superior pública. (más…)
La influencia del sector educativo privado en la educación pública mexicana
17 de febrero de 2020
En diálogo con la CLADE, Mauro Jarquín, tesista de Ciencia Política, ex-consejero estudiantil en la FCPyS y colaborador de medios electrónicos como Insurgencia Magisterial y Otras Voces en Educación, presenta sus observaciones y análisis respecto a las políticas públicas y leyes educativas en México, y en qué medida favorecen la privatización y el lucro en la educación, en detrimento de sistemas educativos públicos y gratuitos.
En esta segunda parte del relato, el investigador analiza cómo las corporaciones empresariales han influenciado las políticas educativas en el país, y cómo la educación ha sido parte de la estrategia de estos grupos para llegar al poder. (más…)
Nueva reforma educativa en México y el lucro en la educación
Se ha completado un año de gestión de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, país que nunca había sido gobernado por un partido públicamente declarado de izquierda. Una de sus primeras acciones en el gobierno fue la promulgación de una reforma educativa, que también completó un año de vigencia.
La reforma, según especialistas y líderes del campo educativo del país, se presentó como un cambio a la reforma anterior, de 2013, impulsada por el ex-presidente Enrique Peña Nieto.
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Según la Plataforma por la Educación, desde la promulgación de la Ley de Promoción de la Inversión en Educación (DL 882), se observa un acelerado crecimiento de instituciones educativas privadas de características muy distintas y con fines de lucro en el país. Su espectro va desde aquellas de bajo costo y mala calidad, hasta las que son de excelente calidad pero a un costo altísimo. La Plataforma insta al MINEDU para que mantenga informada a la población sobre la reglamentación del Decreto, en la que se especificarán los mecanismos para su implementación, señalando con precisión a qué tipo de instituciones educativas privadas afectarán las medidas que disponga. “El MINEDU debe tener muy en cuenta la gran diversidad de escuelas privadas para regular equitativamente su funcionamiento y a la vez frenar el lucro que ha convertido a la educación en una mercancía, siendo un factor más de segregación, de segmentación social. El pronunciamiento demanda velar por la calidad de la educación pública y privada, pero solo una educación pública de calidad podrá detener la migración de las familias a las escuelas privadas al alcance de sus bolsillos, y en búsqueda de una supuesta mejor calidad”, afirma Madeleine Zúñiga. >> Lee aquí el pronunciamiento completo">Perú: Sociedad civil celebra reglamentación de la educación privada
13 de febrero de 2020La Plataforma por la Educación, coalición de la sociedad civil en la cual forma parte la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), publicó un pronunciamiento, a propósito de la emisión del Decreto de Urgencia (DU) nº002 del Ministerio de Educación (MINEDU). El decreto anuncia el cierre de cientos de escuelas ilegales que ofrecían servicios a familias de escasos recursos en el país. (más…)
