"Existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas"¿Existe alguna legislación nacional que prohíbe o restringe el lucro en la educación? Camille Chalmers: Por supuesto, existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales, han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas. Existe también el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado por el gobierno haitiano, y por lo tanto, tiene fuerza de ley. Este pacto ofrece provisiones para avanzar hacia la prohibición del lucro en actividades educativas, y hacia la previsión del acceso universal libre y equitativo a los servicios educativos.
¿Cómo se da el lucro en la educación de Haití? Camille Chalmers: La privatización de la educación aquí hace parte de un plan global neoliberal, que ya avanzó bastante. Hay una ley nacional [la llamada Ley de Tasas Escolares] que fue publicada recientemente, y trata de regular el aumento de los gastos reclamados a las y los estudiantes por el sector privado, pero todavía no se está aplicando realmente esta norma. Sin embargo, la ley abre posibilidad para la creación de reglamentos interesantes en términos de prohibir el lucro en la educación. El proyecto de la Ley de Tasas Escolares quedó 10 años en el parlamento, hasta que finalmente la ley fue publicada, hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización.
Respecto a la definición de las legislaciones en Haití, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante? Camille Chalmers: Los actores más importantes en este sentido, en la coyuntura actual, son los sindicatos de profesores y educadores, que tienen un peso importante en la lucha democrática global y, cuando están debidamente informados y sensibilizados, pueden jugar un papel determinante en la presión sobre el Estado y la Asamblea Legislativa.
¿Qué actores han sido los responsables por impulsar el lucro en la educación en Haití? Camille Chalmers: El gobierno, la USAID, que es muy activa y apoya la asociación de escuelas privadas, y sobretodo las escuelas religiosas, protestantes. La asociación de directores de escuelas privadas y también este frente de educadores protestantes tienen mucho financiamiento directo del gobierno de Estados Unidos, de la USAID. Estos actores están presionando hacia la privatización de la educación y para mantener el estado negativo que tenemos en este momento.
La definición de 'organizaciones sin fines de lucro' varía según el país, siendo a menudo un nombramiento jurídico establecido por las propias organizaciones. En Haití, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia en relación a su nomenclatura?
"Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía"Camille Chalmers: En Haití no existe una ley general sobre asociaciones que permitiría definir muy claramente qué es un organismo sin fines de lucro. Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía. Lo que existe son textos legislativos antiguos que fueron adoptados durante la dictadura de [François ] Duvalier, y son represivas. No son aplicables porque fueron adoptadas en un contexto legal totalmente distinto al que tenemos ahora. Hay, entonces, una situación de vacío legal, donde realmente no se define lo que es un organismo sin fines de lucro.
Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿qué ajustes o mejoras se debería hacer para consolidar la educación como un derecho humano fundamental? Camille Chalmers: Es una lucha que tenemos que impulsar. La Asamblea actual es una legislatura muy reaccionaria y conservadora, controlada por el gobierno y el PHTK [Haitian Tèt Kale - partido político], que no tiene ninguna sensibilidad social y no está de acuerdo en aplicar medidas para la universalización del acceso a la educación. Como estamos en un período de crisis política profunda y de crisis institucional, que probablemente deben retrasar el proceso electoral para la próxima legislatura, esperamos que mientras tanto surjan organismos más sensibles a este tipo de cuestiones. Nos mantenemos en la lucha contra la orientación neoliberal y contra la privatización de los servicios básicos y también contra el hecho de que están quitando cada vez más las competencias del Estado para transferirlas al sector privado. Es una lucha que llevamos a cabo hace muchos años, y que seguiremos impulsando. Por supuesto, aprovecharemos la transición política para enfatizar estas demandas.
"Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento"¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la educación pública y gratuita? Camille Chalmers: Creo que hay que hacer una campaña global, que abarque la sensibilización de la opinión pública, pero también otros aspectos. En Haití, la gente cree mucho en la educación e invierte mucho en este derecho. Más del 60% de los ingresos educativos es asegurado por la gente directamente. Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento. Hay también todo un trabajo a hacer directamente con las organizaciones gremiales del sector educativo. Pensando en los sindicatos de los profesores y también en algunas asociaciones de directores de escuelas, creo que hay todo un trabajo por hacer con ellos directamente, para darle legitimidad a los nuevos instrumentos legales que permiten asegurar un acceso universal a la educación pública de calidad.
¿Le gustaría añadir otras informaciones? Camille Chalmers: Es importante modificar los compromisos internacionales firmados por el Estado haitiano, los cuales a veces condicionan e impulsan la mercantilización de la educación pública. Por ejemplo, el acuerdo que la Unión Europea acaba de firmar con Haití tiene provisiones muy estrictas sobre lo que llaman de servicios educativos, y favorece la tramitación de las transnacionales europeas en la educación nacional, sobretodo en el campo de la investigación y la educación superior. Así, es muy importante que tengamos en la tradición política que se abre la posibilidad de modificar los compromisos tomados, para realmente generar las condiciones favorables a la creación de un plan educativo nacional global, autónomo y soberano, pero también para limitar todo lo que se haga contra la soberanía del país.
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Camille Chalmers: “Gobierno, USAID y escuelas religiosas son los principales actores de la privatización educativa en Haití”
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En Haití, país donde el 84% del sistema educativo es formado por escuelas privadas, defender una educación pública y gratuita para todas las personas es uno de los retos más grandes en la lucha por la realización de los derechos humanos en el ámbito nacional.
La CLADE conversó con Camille Chalmers, uno de los representantes de esta lucha, para conocer mejor cómo se da la mercantilización y el lucro en la educación haitiana y cómo la sociedad civil ha resistido a este proceso.
Camille Chalmers es profesor representante de la Plataforma para un Desarrollo Alternativo (PAPDA) e integrante de la red Jubileo Sur/Américas. Durante el diálogo, Camille Chalmers expuso la vulnerabilidad en relación a las leyes y la reglamentación existentes en el país, respecto al sistema educativo privado.
“Hay una ley, cuyo proyecto quedó 10 años en el parlamento, y que fue publicada hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización”, explicó.
Lee a continuación la entrevista completa. (más…)
¿Existe alguna legislación en Perú que aborde específicamente el tema de la privatización educativa y del lucro en la educación?
Ricardo Cuenca: Sí, existe el Decreto Legislativo 882, publicado en el año 1996. Ese decreto permite efectivamente el lucro en la educación, tanto en la educación básica como en la educación superior.¿En general, cómo la legislación peruana trata el tema?
Ricardo Cuenca: En general, las leyes son ambiguas, salvo el decreto 882 que sí, promueve el lucro. Lo que hacen es mostrar alguna facilidad para la existencia de un sistema privado de educación. Digamos, las leyes, en general, reconocen la oferta privada, aunque no directamente el lucro. Sobre todo en el caso de la educación superior, lo que tenemos es una diversidad de oferta privada: hay tanto la oferta privada sin fines de lucro, como la oferta privada que sí tiene lucro.¿Cuál es la situación en Perú, respecto a la mercantilización de la educación?
Ricardo Cuenca: El nivel de mercantilización en la educación de Perú es más o menos especial entre los otros países. Primero, porque no hay ninguna subvención del Estado hacia lo privado. Es decir, el sistema es puramente privado, y las familias no reciben ningún subsidio público, ningún bono, como por ejemplo en el caso chileno, sino que lo que el gobierno hace es solamente estimular que exista un sistema paralelo al sistema público. Lo que sucede es que no hay ninguna regulación directa del sector privado, sino que se concentra la regulación en lo público y se deja que lo privado vaya avanzando con las leyes del mercado, digamos. Hay opciones que se están tomando ahora en los nuevos reglamentos, que todavía no se aprobaron, para regular la oferta privada en las escuelas, y lo que sigue será la regulación de la oferta privada en las universidades. Pero, son cosas nuevas que todavía no se implementan.¿Cómo se han desarrollado las leyes que se refieren a la educación privada en el país?
Ricardo Cuenca: La elaboración de la legislación sobre educación superior ha estado más o menos concentrada en un trabajo conjunto entre el gobierno, las federaciones privadas y los gremios privados de las universidades. En educación básica, esto es menos fácil de suceder, pero también han participado en las discusiones algunas empresas que, por ejemplo, tienen cadenas de escuelas y quisieron entrar en el debate, para no ver afectados sus propios intereses. Así como hay estas grandes cadenas o consorcios de escuelas privadas, hay también las escuelas privadas muy pequeñitas, de bajo costo, que son la mayoría en el país y que no han tenido ninguna participación directa en los debates sobre legislación. Aunque no haya estudios muy claros, hay muchas evidencias, todavía no están bien ordenadas, de que muchas de estas escuelas pequeñitas son de propiedad de profesores que son directores también."El caso peruano es particular en términos de ser más sincero con su sistema, cosa que no significa que esté bien, pero por lo menos es más transparente en el asunto. Se dice “si tú vas a lucrar, tienes estas normas, y lo vas a lucrar en esas normas”
¿Existen brechas en la legislación actual que permitan el lucro en la educación, o estimulen la práctica lucrativa en este campo?
Ricardo Cuenca: No hay mucho, pero no porque no existan, sino porque hay estos múltiples caminos que tiene la oferta privada para funcionar. Entonces, los proveedores privados que tienen claramente fines de lucro están normados y están regulados como empresas. Por lo tanto, la brecha no es tan grande como aquella para organizaciones privadas que no tienen fines de lucro. El caso peruano es particular en términos de ser más sincero con su sistema, cosa que no significa que esté bien, pero por lo menos es más transparente en el asunto. Se dice “si tú vas a lucrar, tienes estas normas, y lo vas a lucrar en esas normas”.Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que debería hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?
Ricardo Cuenca: Creo que hay que hacer una mayor regulación, sobre todo, de las escuelas privadas de bajo costo, una regulación fundamentalmente de calidad, porque lo que estamos viendo es que las matrículas en las escuelas privadas, sobre todo en primaria, vienen creciendo. Hasta poco, se veía que eso solamente sucedía en las grandes ciudades, pero yo acabo de terminar un estudio en el que se demuestra que, en las pequeñas y medianas ciudades, está subiendo mucho el nivel de matrículas en el sector privado.Lo que están haciendo es decir: “déjame funcionar porque el Estado no está presente”, lo que es una trampa.Entonces, si no tenemos ningún tipo de regulación, vamos a tener problemas. La calidad de empleo de los profesores que actúan en el sector privado es mucho peor que en el servicio público, y eso trae como consecuencia, entre otras cosas, una calidad de servicio mala. Lo que están haciendo es decir: “déjame funcionar porque el Estado no está presente”, lo que es una trampa. Entonces, a la hora de regular mejor la oferta privada, con los reglamentos propios, el Estado podrá ofrecer la escuela pública de otra manera. Creo que es importante esta combinación, porque me parece imposible que la oferta privada en el Perú desaparezca, a esta altura. El nivel de matrículas en el sector privado es grande, y el Estado no tiene la capacidad para absorber toda la demanda. Allí está el problema, y hay que pensar en cómo darle respuesta.
¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la educación pública y gratuita para todas y todos?
Aunque tengamos discursos mucho más potentes, no se trata de solo decir ‘estoy en contra de la mercantilización’, sino que hay que presentar con datos los resultados negativos del lucro en la educación.Ricardo Cuenca: Les recomiendo reivindicar cambios legislativos, y además acumular toda la información que exista. Hoy se muestra una gran heterogeneidad de calidad en la oferta privada y, como a veces la oferta pública es mejor que la privada, hay que reunir la mayor cantidad de información posible, para validar las argumentaciones contra la mercantilización. Aunque tengamos discursos mucho más potentes, no se trata de solo decir ‘estoy en contra de la mercantilización’, sino que hay que presentar con datos los resultados negativos del lucro en la educación. Entonces, es importante desarrollar estudios sobre la calidad, oferta, segregación escolar, estudios sobre las desigualdades educativas que analicen la relación público-privado en la educación, y nos permitan reunir argumentos buenos que puedan transformarse en acciones de lobby para modificar la ley.
¿Le gustaría añadir algún otro comentario?
Ricardo Cuenca: Me parece que el ejercicio de mirar la ley, junto con la investigación de base, es un asunto fundamental porque, si solo miramos la legislación, no estoy muy seguro de que podamos avanzar. El mejor ejemplo es el de Perú, donde la muy buena idea de armar una legislación progresista, con la participación de padres y madres de familia, y de toda la sociedad, en el debate sobre educación, terminó siendo la manera como el movimiento conservador “Con mis hijos no te metas” presentó una demanda judicial contra el Estado peruano, por la retirada del enfoque de género del currículo escolar. El Tribunal Constitucional le negó la demanda pero, si hubiese sido solo un tema legislativo, podríamos haber tenido un problema mayor. ">Ricardo Cuenca: “Hay que presentar con datos los resultados negativos del lucro en la educación”
21 de enero de 2020
“El nivel de mercantilización en la educación de Perú es más o menos especial entre los otros países. Primero, porque no hay ninguna subvención del Estado hacia lo privado. Es decir, el sistema es puramente privado, y las familias no reciben ningún subsidio, ningún bono”, analiza el investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y profesor principal del departamento de educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Ricardo Cuenca, en entrevista a la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Cuenca aborda las principales características de la educación peruana en relación a leyes nacionales que corroboran la privatización y el lucro de este derecho. Lee el diálogo a continuación. (más…)
La PSU, 3%, y el Sentido Común Neoliberal
13 de enero de 2020Parece increíble, Piñera, la ministra Cubillos y la UNICEF en Chile, parecen estar de acuerdo. ¡La ACES vulneró el derecho a la educación cuando boicoteo la prueba de Selección Universitaria! El gobierno se fue en picada contra la ACES en defensa de los “perjudicados” por esta acción. Amenazó con querellas, sanciones varias y las penas del infierno a lso que llamaron a boicotear el proceso. La UNICEF en Chile, calificó como una “vulneración al derecho de la educación, la suspensión del proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria”, condenando los hechos de “violencia” que obligaron a suspenderla. La campaña de criminalización desplegada contra la ACES, se basa en esto. Ellas/os habrían vulnerado el derecho a la educación. Acuerdo transversal del mal. ¿Qué nos quieren decir? (más…)
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"La PSU se ha convertido en un instrumento evaluativo clave de la mantención del modelo educativo chileno neoliberal, por su rol en la segregación social y económica de la población chilena"Asimismo, el FODEP subraya su apoyo a las y los integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), organización miembro del foro, que durante años ha protagonizado movilizaciones para defender el derecho a la educación en Chile, al lado de otras organizaciones. La ACES y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) rechazan fuertemente la forma de evaluación propuesta por el gobierno, por considerar que profundiza las desigualdades en el sector educativo. “La PSU se ha convertido en un instrumento evaluativo clave de la mantención del modelo educativo chileno neoliberal, por su rol en la segregación social y económica de la población chilena. Por ello, no vacilamos en rechazar la intensa represión sufrida por los y las estudiantes que se opusieron valientemente a una nueva aplicación de la prueba en todo el país”, afirma el FODEP en su nota pública.
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El Foro también rechaza los intentos de reformas en la educación nacional, realizados tras las manifestaciones estudiantiles de 2015 y 2017, clasificándolos como algo puramente cosmético y que vende una falsa gratuidad. En el marco de las nuevas protestas por la educación, que ocurren desde el 18 del pasado octubre, se insta por la real superación de la desigualdad educativa y de la involución social en Chile. El FODEP afirma: “No a la criminalización de los y las dirigentes secundarias de ACES y de todos las y los jóvenes, apoderadas/os y profesoras/es que se han movilizado en rechazo a la prueba que segrega. Exigimos al Estado y los organismos correspondientes la protección para sus vidas y de su integridad, no queremos más hostigamientos y amenazas, arriba los y las que luchan por una educación pública comunitaria, inclusiva, gratuita y plurinacional para todas y todos en todos sus niveles, incluida la Educación Superior”. >> Lee la declaración completa, firmada por la CLADE. Para adherir al posicionamiento, haz clic aquí.">Chile: Estudiantes luchan contra barreras para ingresar a la educación universitaria
9 de enero de 2020Tuvo lugar en Chile, los días 6 y 7 de enero, la Prueba de Selección Universitaria (PSU), un test estandarizado escrito para el proceso de admisión a la educación universitaria, como ocurre anualmente en el país desde el 2003. Sin embargo, este año la evaluación fue objeto de grandes protestas estudiantiles, y cerca de 160 centros educativos fueron ocupados en todo el Chile contra la realización de la PSU. (más…)
Brasil: descumplimiento del Plan Nacional de Educación
“Para garantizar parámetros mínimos de calidad para el derecho humano a la educación en Brasil, se necesitan nuevas inversiones en el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) de aproximadamente U$ 12 mil millones por año, valor que significa apenas un 0,9% del PIB brasileño”, subraya la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) en informe enviado a las Naciones Unidas. Según la campaña, se observa como gran retroceso en el país el no cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE) por el gobierno nacional. Resultado de un proceso de construcción democrática con amplia participación popular, el Plan es la principal política educativa del país, y establece metas y acciones para que se cumplan durante sus 10 años de vigencia, de 2014 a 2024. Una de las metas es la ampliación del financiamiento público para la educación, hasta llegar al 7% del PIB en el 5º año de vigencia del PNE y al 10% del PIB en el final del decenio. Este aumento de recursos haría posible implementar el Costo Alumno Calidad Inicial y el Costo Alumno Calidad (CAQi y CAQ), indicadores que calculan la inversión financiera necesaria por estudiante al año, en cada etapa y modalidad de la educación básica pública, para garantizar el acceso a la educación de calidad para todas y todos. Según el informe de la CNDE, solamente el 0,6% de las escuelas brasileñas atienden a los indicadores de calidad previstos en el CAQi. La CNDE recomienda la creación de un nuevo Fundeb para que el país pueda alcanzar las metas y estratégias de su Plan Nacional de Educación y cumplir el ODS 4, objetivo referido a la educación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030."Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación"El actual Fundeb es un fondo para la educación compuesto por recursos de los impuestos y complementado por el gobierno federal. Sin embargo, su vigencia termina en el 2020 y el desafío, según la Campaña Nacional, es asegurar la adopción de un nuevo fondo, con implementación permanente, que cuente con recursos adecuados para la aplicación del CAQ/CAQi y el cumplimiento de todas las metas y estratégias del PNE. “Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, siguiendo las observaciones presentadas por el CRC [Comité de los Derechos del Niño de la ONU], en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación - Ley 13.005/2014 -, aún en situaciones de crisis económicas o inestabilidad política, centralizando esfuerzos en la meta 20 que establece la implementación del CAQi/CAQ, y en la aprobación de un nuevo Fundeb con mayor complementación de recursos por parte de la Unión, fortaleciendo así la educación básica pública”, recomendó la Campaña Nacional en su informe a la ONU.
Chile: privatización de la educación
El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile presentó cinco problemáticas principales respecto al financiamiento educativo en el país, en su informe a las Naciones Unidas:- el gasto en educación como porcentaje del PIB en el 2016 fue del 5,35% (Banco Mundial) y no llega al valor recomendado por la UNESCO.
- en Chile, se financia con la misma preferencia la educación pública y la particular subvencionada y esto se realiza por medio de una subvención básica por estudiante que asiste a clases, lo que genera una competencia entre las escuelas por captar matrícula.
- Chile se ha caracterizado por un aumento sostenido de la participación de entidades privadas en la oferta de la educación, en detrimento de las públicas, lo que ha generado el surgimiento de distintos tipos de sostenedores que buscan el lucro con los recursos que perciben de las familias y del Estado, existiendo incluso holdings educacionales organizados para tal efecto. “La consecuencia directa es que si las condiciones de base del sistema educativo son una mayoritaria participación de privados, los aumentos en los recursos en educación van subsecuentemente a beneficiar mayoritariamente a estos sectores privados, aumentando aún más sus ganancias y la segregación en el sistema chileno”, dice el informe.
- Las políticas implementadas en los últimos años, principalmente para la gratuidad de la Educación Superior, la Ley de Inclusión y la Nueva Educación Pública, no garantizan el trato preferente del Estado a las instituciones públicas, dejándolas en peores condiciones, al mismo tiempo en que permiten y fomentan la proliferación de entidades privadas y no alteran significativamente la estructura de financiamiento de la educación en Chile.
- No se han observado cambios relevantes en los últimos años que apunten a un monitoreo transparente y público de los presupuestos. Tampoco se ha creado una plataforma donde se realice de manera más democrática y participativa esta fiscalización, considerando la opinión de los distintos actores del sistema educativo.
El Salvador: Sin cambios
Según el informe de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), no se observaron cambios relevantes en el financiamiento de la educación pública en El Salvador, en los últimos años. “La asignación del PIB para la educación es del 3.7%. Actualmente el presupuesto es de 930 millones de dólares anuales”, afirmó la Red. Desde el 2014, RESALDE impulsa la campaña “6% Sí, por la educación”, demandando la inversión de al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, para universalizar la educación desde la primera infancia hasta la universidad. En el marco de la campaña, RESALDE ha intercedido ante alcaldes, Ministerio de Educación e integrantes de la Asamblea Legislativa nacional, para instarlos a priorizar la educación en los presupuestos y políticas. La red dialogó especialmente con integrantes de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa nacional, que apoyó fuertemente la campaña, lo que le motivó a elaborar y proponer un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación, que establece el aumento progresivo de recursos para la educación, hasta alcanzar el 6% del PIB. En el informe presentado por la Red a la ONU, se destaca que el “Anteproyecto de Ley especial para el financiamiento de la educación” infelizmente quedó archivado luego de ser presentado a la Casa Presidencial, y hasta hoy no fue enviado a la Asamblea Legislativa para que sea discutido. >> Lee+ Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidadGuatemala: U$ 28 millones a menos para la Educación
Según el informe elaborado por el Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, el Estado guatemalteco deja de invertir aproximadamente 22 mil millones de quetzales (U$ 28 millones) por año a la educación del país. “La ley Nacional de Educación decreto 12-91 plantea que es necesario invertir el 7% del Producto Interno Bruto de Guatemala, esto debería ser 35 mil millones de quetzales (U$ 45 millones) aproximadamente. Sin embargo, la inversión actual en educación es de 13 mil millones de quetzales (U$ 17 millones)”, subraya el informe">¿Cómo está el financiamiento educativo en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?
8 de enero de 2020Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran que los gobiernos de estos países no cumplen las leyes de financiamiento educativo, afectando de manera negativa a la calidad de la educación en ámbito nacional. Además, en el caso de Chile, hay una fuerte tendencia hacia la privatización de la educación.
Los documentos fueron presentados ante el último Foro Político de Alto Nivel de la ONU (julio de 2019), donde se revisó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4, referido a la educación.
A continuación, lee más informaciones sobre cada uno de dichos países. (más…)
La lucha por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe en el 2019
21 de diciembre de 2019El aniversario de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, manifestaciones para defender la educación pública y gratuita, riesgos de retroceso para los derechos humanos, diálogos sobre el derecho a la educación en los diferentes países, entre otros hechos y luchas, caracterizaron el año de 2019.
Fue un año más, en que la CLADE y sus miembros dedicaron acciones, esfuerzos y proyectos para defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado.
En esta retrospectiva, retomamos las principales actividades y reflexiones de la CLADE y sus miembros durante este año. ¡Buena lectura!
Brasil por la defensa del Fundeb con más inversión
17 de diciembre de 2019Desde el 2007, cuando fue creado y reglamentado, el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación (Fundeb) es la manera por la cual Unión, estados y municipalidades en Brasil financian la educación pública.
Después de más de diez años de vigencia, el Fundeb está en riesgo. En fines de 2020 termina la vigencia del fondo, y todavía no se definió una propuesta adecuada para su renovación.
El contexto de incertidumbre y riesgos para la educación pública brasileña culminó en disputas sociales. De un lado están el gobierno y el grupo liderado por empresarios del área educativa en el país, llamado “Todos pela Educação (TPE)”, que defiende un aumento de 6% en el complemento de recursos concedido por la Unión a los estados (del actual 9% para el 15% de complementación). Según el grupo, el problema de la financiación educativa está en la distribución y no en el monto de recursos.
De otro lado, están más de 200 organizaciones y movimientos sociales liderados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), que defiende el 40% de complementación por parte de la Unión a los estados, para que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas de Brasil tengan acceso a una educación de calidad.
La Campaña también defiende que se aplique el Costo Alumno Calidad (CAQ) y el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), mecanismos desarrollados por la coalición que calculan la inversión adecuada por estudiante, para que todas y todos tengan acceso a la educación básica con calidad. Este mecanismo considera las diferentes etapas y modalidades educativas, y además considera los costos de mantenimiento.
En el artículo intitulado “El empresariado y el financiamiento de la educación: ¡que nostalgia de Salvador Arena!”, publicado por José Marcelino Rezende Pinto, investigador y profesor de la Universidad de São Paulo (USP) y miembro de la CNDE, se analiza la influencia del empresariado brasileño, representado por el grupo “Todos pela Educação”, en el financiamiento educativo nacional.
“Ignorar 1.5 millones de niñas, niños y jóvenes de 4 a 17 años que, obligatoriamente, deberían estar matriculadas/os en las escuelas, y que no están, no nos parece correcto. Tampoco es correcto desconsiderar 1.3 millón de niños y niñas de 0 a 3 años que deberán frecuentar las guarderías hasta el 2024, como determina en Plan Nacional de Educación (PNE)”, se afirma en el artículo.
Según el profesor José Marcelino, “lo que impresiona en la posición del TPE es una clara dirección a favor de la tesis tan repetida por los economistas ‘del mercado’ de que la cuestión central en educación es la eficiencia y no la necesidad de más recursos”. “Ya dije, y lo repito, estas mismas personas matriculan sus hijos en escuelas privadas cuya mensualidad es el doble, o el triple del gasto anual de un estudiante en la red pública”, añadió.
De acuerdo al investigador, la cuestión central del financiamiento de la educación en Brasil no es la ineficiencia, sino la baja participación de la Unión en la financiación, lo que genera desigualdad y bajo gasto por estudiante. “En el caso del Fundeb, el complemento de la Unión es de apenas el 9% del total de recursos del fondo. Cuanto más grande es la recesión, menos recursos el gobierno federal aporta al fondo. (…) Aumentar la contribución federal al Fundeb del 0,2% del PIB para el 0,8% (en 10 años), como la Cámara de Diputados y el Senado pretenden, corresponde a menos del 10% del pago de tasas y encargos de la deuda previstos en el Proyecto de Ley Presupuestaria de 2020”, afirma en su artículo.
>> Lee el artículo completo, en portugués
Nicaragua: Agenda para Transformar la Educación del País
El FEDH- IPN se creó en el contexto de las elecciones generales de Nicaragua de 1996, cuando distintas organizaciones se unieron para diseñar una propuesta de Agenda Educativa Nacional. Desde entonces, en cada elección nacional o municipal, la coalición se moviliza para crear una agenda que dialogue con las necesidades de la población. Ese proceso resultaría, 21 años más tarde, en el lanzamiento de la “Agenda para Transformar la Educación del País”, una propuesta construida por FEDH-IPN, en alianza con Fe y Alegría Nicaragua y el Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana (IDEUCA), con el objetivo de promover la mejora de la educación del país. La elaboración de la Agenda contribuyó a la reflexión crítica y propositiva sobre la situación de la educación nacional, motivando la amplia participación de diversos sectores sociales, con el propósito de ampliar los niveles de responsabilidad social en las transformaciones educativas que requiere el país, e invitando al Ministerio de Educación (MINED) a ser parte de la propuesta. Se impulsó un proceso de consulta a docentes, estudiantes, madres y padres, en distintas partes del país, con miras a invitarlas/os a reflexionar y plantear qué era necesario para mejorar la educación. El documento se centra en la educación en sus etapas inicial, básica, media, de personas adultas, especial y técnica, así como en la formación docente. Con 21 ejes temáticos, incluye asimismo elementos oriundos de investigaciones sobre la realidad educativa del país. Como la elaboración de la Agenda se impulsó en alianza con otras organizaciones y en diálogo con comunidades educativas, su proceso ha fortalecido la capacidad de convocatoria y liderazgo del FEDH-IPN. La iniciativa también permitió a las organizaciones impulsoras tratar temáticas que normalmente no se abordan en el debate sobre la política educativa en el país, y tener conocimiento de desafíos importantes de la educación nacional, posibilitando la sistematización y la visibilidad pública de esas pendencias y retos. “Esta agenda fue muy importante principalmente porque contó con actores-clave de Nicaragua que trabajan en el tema Educación; actores como por ejemplo desde la academia, las universidades, centros de pensamiento, así como docentes de escuelas comunitarias, movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema Educación. Igualmente, se contó con la participación del grupo de la Costa Caribe”, cuenta Edgar Palacios, técnico de Educación del FEDH-IPN.Ecuador: Agenda Ciudadana por la Educación
Para que el derecho humano a la educación (DHE) fuera cumplido independientemente del resultado de las últimas elecciones presidenciales en Ecuador, el Contrato Social por la Educación (CSE), en alianza con otras 16 organizaciones nacionales de la sociedad civil, articuladas en la plataforma denominada Mesa de Convergencia, creó la “Agenda Ciudadana por la Educación”, la cual durante las elecciones fue firmada públicamente por candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional. “Previamente a las elecciones, observábamos la persistencia de problemas estructurales de calidad en la educación, con la aplicación de un modelo educativo homogeneizador, cuyo instrumento más visible era la aplicación de un sistema de evaluación estandarizado”, afirmó el entonces coordinador nacional del CSE, Milton Luna. Para contrarrestar esta tendencia de las políticas y proponer alternativas para la garantía de una educación transformadora y de calidad, desde la perspectiva de derechos humanos, el CSE, como parte de la Mesa de Convergencia, elaboró durante tres años un conjunto de propuestas, a partir del desarrollo de una investigación colectiva y en diálogo con distintos sectores sociales, entre ellos los grupos de población marginalizados, pueblos indígenas, ambientalistas y comunidades rurales. Se buscó recoger sus perspectivas sobre los temas que deberían priorizarse en las políticas educativas del país. El contenido de la Agenda Ciudadana aborda distintos aspectos. Plantea, entre otras medidas: el aumento de la inversión en educación y la calidad del gasto; mayor participación de la sociedad civil en el debate y la definición de políticas públicas; elaboración e implementación de un proyecto educativo en base a los compromisos asumidos por el Estado en la Agenda de Educación 2030; y evaluación educativa para el mejoramiento de la formación de estudiantes – y no para su control o sanción –, así como para mejorar las condiciones de trabajo de las/los docentes, equipos administrativos y directivos. Con la victoria de Lenin Moreno, el CSE ha iniciado una nueva fase de incidencia política, presionando el presidente para que cumpla los compromisos, y cobrando respuestas sobre las prioridades educativas presentadas en el debate electoral: la atención a las comunidades y escuelas rurales; la evaluación del Plan Nacional de Educación; la renovación del Sistema Nacional de Evaluación con miras a superar su mirada excluyente y basada en el mérito; y el acceso libre a las universidades. El resultado más significativo de la acción de incidencia fue la aceptación del gobierno de reabrir las escuelas rurales que se habían cerrado y el trazado conjunto (entre gobierno y organizaciones indígenas) de una hoja de ruta para la reestructuración y el fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el país, con la participación de las comunidades y organizaciones indígenas del Ecuador. Sin embargo, ante los acontecimientos recientes en el Ecuador, en particular el Estado de Excepción, el Toque de Queda y el proceso de militarización decretado por el gobierno nacional como respuesta a la movilización social que expresa su inconformidad ante medidas económicas - como el aumento del precio de los combustibles y un acuerdo de Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras - , este proceso de incidencia y diálogo entre organizaciones, movimientos sociales y el gobierno está amenazado. En nota pública divulgada el 13 de octubre, la CLADE presentó su solidaridad y apoyo a los movimientos sociales que luchan por el mantenimiento de sus derechos en el país. “Nos solidarizamos con el pueblo ecuatoriano y su legítimo derecho a la protesta y libertad de expresión y rechazamos el uso excesivo de la fuerza en contra los y las manifestantes, tal como denunció la Defensoría del Pueblo de Ecuador, quien ha informado sobre personas fallecidas, heridas y graves situaciones de arbitrariedades, detenciones y violencia de la fuerza pública, incluso en contra de estudiantes. Rechazamos los actos vandálicos que han tenido lugar de forma aislada y que buscan deslegitimar la protesta y movilización social y exhortamos a la no criminalización, ni estigmatización de las organizaciones indígenas, campesinas, de trabajadores/as y estudiantes que se han movilizado, siendo el Estado el primero en implementar su garantía de protección y de exigencia especialmente a los medios de comunicación”, afirma el posicionamiento de CLADE.[caption id="attachment_11304" align="alignleft" width="254"]
Foto: Misterio_Henry[/caption]
La incidencia política por el derecho humano a la educación
Además de Ecuador y Nicaragua, la Clade reunió más 11 experiencias de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización de sus miembros en diferentes países, así como relatos de iniciativas que se impulsaron a nivel regional, para defender la educación como un derecho humano. >> Descargue el documento ">Nicaragua y Ecuador: Agendas educativas para garantizar el derecho a la educación
8 de noviembre de 2019Una de las acciones que foros nacionales miembros de la CLADE vienen utilizando para presionar y presentar propuestas por la garantía del derecho a la educación es la elaboración participativa de agendas educativas y su presentación a gobiernos y candidatos a la presidencia de sus países. Desde la construcción de estas agendas, han actuado de forma propositiva y constructiva, presentando lineamientos, demandas y planteamientos, con el objetivo de contribuir con la realización de políticas que aseguren una educación pública, gratuita, transformadora y de calidad para todas las personas. (más…)
Provincia argentina implementa Verificación Técnica Escolar
31 de octubre de 2019La Legislatura de Misiones, provincia de la Región Nordeste de Argentina, aprobó la Ley que implementa la Verificación Técnica Escolar (VET), que tiene el objetivo de realizar un control periódico de la infraestructura escolar, para proteger y resguardar a la comunidad educativa. (más…)
Cambio cultural
Según Najat Maalla M'jid, representante especial del Secretario General de la ONU sobre la violencia contra la niñez, desde la creación de la Convención, se ha avanzado en marcos legales y políticas, producción de datos y evidencia, pero es necesario un mayor compromiso político de los gobiernos y autoridades en todos lo niveles, y desde el más alto nivel de las políticas, para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y para superar la violencia contra la infancia y la adolescencia. “Se necesitan más financiamiento y datos desagregados sobre el cumplimiento de los derechos que tengan calidad y sean fiables. Se necesitan políticas desde un enfoque multisectorial y que alcancen a los niños, niñas y adolescentes que más necesitan”, dijo. La experta señaló como desafíos importantes de la actualidad: la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, la situación de violencia contra niñas, niños y adolescentes refugiadas/os y migrantes, el reclutamiento de adolescentes y jóvenes por pandillas y grupos criminosos, la falta de acceso a la justicia, la corrupción y la impunidad. “No es solo un tema de cambiar leyes, es cambiar la cultura, la mente de las familias sobre cómo disciplinar de manera positiva a los niños y las niñas. Es necesario fortalecer los roles de la sociedad civil para presionar y vigilar por los cambios, avances y políticas. Se necesita articular diferentes actores, sectores y niveles de gobierno para garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo con la articulación entre salud, educación, protección de las familias, etc.”, subrayó.Convención de los Derechos del Niño como un tema central del currículo de educación básica
Victor Giorgi, director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) también defendió que, más allá de la creación de leyes, es necesario un cambio cultural para que los derechos de las niñas y niños sean garantizados. Afirmó que es necesario cuestionar el lugar que tienen los niños, niñas y adolescentes en los procesos decisorios de las organizaciones de la sociedad civil, e instó por el fortalecimiento de una sociedad civil comprometida con los derechos humanos, que actúe de forma coordinada, desde una mirada estratégica y de capacidad propositiva. “Se necesitan conocimiento, interpretación y aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. El contenido de la Convención debería ser un tema central del currículo de educación básica, para que las niñas, niños y adolescentes se apropien de estos derechos y los exijan. Además, se necesita formación de las personas adultas que trabajan con la infancia y la adolescencia, para que respeten estos derechos y aseguren la convivencia intergeneracional y la participación de las niñas, niños y adolescentes”, destacó. Giorgi también señaló algunos desafíos y amenazas para la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en la región, como: la violencia de Estado y las violencias cotidianas e invisibilizadas contra niñas, niños y adolescentes; el discurso de la seguridad y sus efectos en términos de criminalización y represión contra niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza y vulnerabilidad; políticas que argumentan ser necesario disminuir el rol de los Estados y recortar recursos públicos en derechos sociales; y los fundamentalismos religiosos que contribuyen para profundizar la discriminación. “Es necesario incrementar la inversión en los derechos de la infancia, desde los presupuestos de los Estados, de la cooperación internacional y de la OEA [Organización de Estados Americanos]”, añadió.Falta de datos y transparencia sobre la situación de niños, niñas y adolescentes
La gerente de Programas de la organización Child Rights Connect, Ilaria Paolazzi, presentó el rol de su organización en acompañar la presentación de informes por los Estados al Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CDN), y hacer incidencia ante relatores especiales de la ONU y Consejos de Derechos Humanos, para hacer que se cumplan los derechos de las niñas y niños. Afirmó que faltan informes desde la sociedad civil, conducidos por las niñas, niños y adolescentes, que aborden la situación de sus derechos. Señaló como otro desafío el cierre de espacios de participación de la sociedad civil en las políticas públicas en diferentes países y contextos. “Los Estados fueron invitados por el Comité de los Derechos del Niño a presentar propuestas concretas para poner en práctica la CDN, hasta el 20 de noviembre. De la OEA, apenas Canadá, Chile y Ecuador respondieron hasta ahora. Unicef también ha solicitado estos compromisos; 14 Estados de la región respondieron, pero no hay información pública al respecto”, explicó. Además, la representante de Child Rights Connect apuntó como desafíos para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes: la trata y explotación, la violencia contra niñas, niños y adolescentes en situación de calle, la violencia sexual y doméstica, el castigo y la punición corporal, y la violencia contra niñas, niños y adolescentes que son defensores de derechos humanos.Sobre el congreso
El Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes es uno de los tres órganos que integran el IIN (junto al Consejo Directivo y la Dirección General), y su objetivo es promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre los Estados miembros del Sistema Interamericano. Desde el año 1916, los Congresos Panamericanos han sido instancias de diálogo, reflexión y comunicación, en las que se hacen visibles los diversos niveles alcanzados por los países americanos en el desarrollo de sus políticas hacia la niñez y la adolescencia. En esta edición del Congreso, se abordan como ejes centrales: la superación de la violencia contra la niñez y la adolescencia, la participación de las niñas, niños y adolescentes, y sistemas integrales de protección y garantía de derechos para la niñez y la adolescencia.">Violencia contra la niñez es tema de III Foro Panamericano de Organizaciones de la Sociedad Civil
30 de octubre de 2019La persistencia de una mirada patriarcal y adultocéntrica en la sociedad; niños y niñas que siguen siendo vistos como personas que “van a ser” y no que “están siendo” y la naturalización de la violencia de las personas adultas contra las niñas, niños y adolescentes fueron algunos de los puntos que se destacaron en un balance y debate respecto a los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, realizado este lunes (28) durante un panel de alto nivel, que reunió a autoridades y sociedad civil en Cartagena, Colombia. (más…)
