Manuel Chavez

Divulgamos mensajes a través de las redes sociales para demostrar el impacto de la justicia tributaria en el financiamiento educativo

10 de julio de 2018

Estas piezas comunicativas fueron lanzadas en el marco de debates internacionales sobre la justicia tributaria y su importancia para la realización de los derechos humanos. Esta es una iniciativa de CLADE, en alianza con Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (más…)

<em>Se realizó del 11 al 14 de junio en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018.</em><!--more--> Este evento, conocido como el más importante del Sistema de Educación Superior de la región, reunió a rectores y rectoras, directores y directoras, académicas/os, docentes, estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a analizar y debatir sobre la situación del sistema educativo superior en la región y delinear un plan de acción para la próxima década, orientado hacia la necesidad de reafirmar el sentido de la educación como bien social, derecho humano y responsabilidad del Estado. La CLADE participó en la Conferencia, representada por Eva Da Porta, docente e investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), y Luis Bonilla-Molina, coordinador internacional de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa. En los debates de la Conferencia, se recordó el legado y el centenario de la reforma universitaria y del <a href=manifiesto de Córdoba y se destacó el rol de las universidades y la academia en la construcción de sociedades más justas, sostenibles e igualitarias. Además, se subrayaron retos como: la preocupación por el avance de la mercantilización de la educación superior y la necesidad de plantear una universidad comprometida con la mejora de la sociedad y que no esté al servicio del mercado y de la generación de ganancias; el reclamo de la centralidad del Estado como garante de derechos y el reconocimiento de la educación superior como parte del derecho a la educación. Asimismo, se establecieron siete simposios participativos, donde se elaboraron objetivos y principios de acción respecto a distintos temas, para su inclusión en la declaración final del evento. Esta declaración, entre otras recomendaciones para las universidades de la región, enfatiza la autonomía universitaria como elemento clave y defiende el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública, gratuita y de amplio acceso. Insta también a los Estados para que promuevan políticas de ampliación de la oferta de educación universitaria, la revisión en profundidad de los procedimientos de acceso al sistema y la generación de políticas de acción afirmativas - en base al género, etnia, clase y capacidades diferentes - para lograr el acceso universal, la permanencia y la titulación, así como el diálogo de saberes y culturas en la educación superior, atendiendo a una formación de calidad con inclusión, diversidad y pertinencia local y regional. “El acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña”, afirma la declaración. Como aporte a este debate, en el contexto de la CRES 2018, la CLADE presentó un posicionamiento en el que se reafirma la educación como un bien público y un derecho humano fundamental ante las pretensiones de sectores empresariales que quieren convertirla en mercancía, y además se defiende el derecho de las y los jóvenes y estudiantes a estar en la vanguardia de las luchas por la renovación universitaria y la transformación de nuestras sociedades. En ese sentido, la CLADE y el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) apoyaron la participación de la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Victoria Valverde, en la Conferencia. Lea también: Luis Bonilla-Molina: "El derecho humano a la Educación Superior está en una nueva encrucijada en América Latina y el Caribe” Eva Da Porta: “La CRES 2018 señaló que la educación superior es parte del derecho humano a la educación y debe ser garantizada por el Estado” Mauricio Chiluisa: “La academia y la universidad deben transformar la realidad de Latinoamérica” Declaración de los sindicatos de educación superior e investigación de la Internacional de la Educación para América Latina en el marco de la CRES 2018  ">

Conferencia Regional de Educación Superior subraya el rol de la universidad pública, gratuita y de amplio acceso en la construcción de sociedades justas, sostenibles e igualitarias​

21 de junio de 2018

Se realizó del 11 al 14 de junio en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018. (más…)

<em>Se realizó la semana pasada en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018, evento que reunió a rectores y rectoras, directores y directoras, académicas/os, docentes, estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a analizar y debatir sobre la situación del sistema educativo superior en la región y delinear un plan de acción para la próxima década.</em> <!--more--> En este marco, entrevistamos a Eva Da Porta, docente e investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, quien acompañó algunos de los debates de la Conferencia y comparte a continuación un balance de los principales retos y avances de la educación superior en la región, que se destacaron durante el evento. <strong>¿En cuáles paneles y actividades de la Conferencia has participado y qué balance haces de estas discusiones?</strong> Participé en la mesa inaugural de la jornada de la CRES, y fue particularmente interesante porque marcó los diversos posicionamientos de la Universidad Nacional de Córdoba, de representantes de la CRES y de UNESCO respecto del lugar de la educación Superior en el contexto actual. Este momento tuvo una clara dimensión política, no solamente en relación a la educación universitaria en América Latina, sino también en lo que toca a la política nacional argentina, donde se evidenció una tensión fuerte con el gobierno del presidente del país Mauricio Macri, que es claramente de corte neoliberal. En este punto, se destacó el posicionamiento del ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Tamarit, quien, respondiendo a una funcionaria de “Cambiemos” que hizo una afirmación muy desafortunada sobre que “no habría que abrir más universidades, porque los pobres no llegan a la universidad”, planteó que si la pobreza es un problema para el acceso a la universidad, lo que hay que resolver es la pobreza, y no cerrar las universidades. Esta apertura estableció el tono político de la Conferencia y contó con la presencia del Ministro de Educación de Argentina, Alejandro Finocchiaro, quien fue silbado por el público y terminó no pudiendo hablar y tratando de fascistas a las y los estudiantes y docentes que lo interpelaban. A su vez, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Oscar Juri, destacó la necesidad de retomar las banderas de la reforma universitaria de Córdoba en el 1918, y durante todo el evento, se relacionó la discusión de la CRES con el aniversario de 100 años de dicha reforma. También se destacó la temática de la interculturalidad y el diálogo de saberes especialmente en el marco de la Conferencia inaugural pronunciada por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos tituladad: “Los dolores que quedan son las libertades que faltan”. En esta ocasión, se profundizó en el contenido del manifiesto de 1918 que planteó la reforma universitaria de Córdoba y se definió claramente el posicionamiento que debe tener la universidad frente al modelo neoliberal, como espacio no solo de resistencia, sino también de proposición política. Su ponencia también señaló claras líneas de trabajo en el sentido de abrir la universidad a los sectores populares excluidos en una perspectiva de diálogo de saberes. Fue el momento más político de la ceremonia inaugural. Luego, participé en mesas referidas a los desafíos de la educación superior frente a las nuevas tecnologías, la democratización del conocimiento, el conocimiento abierto y los desafíos de la cooperación sur-sur para la educación superior. En estos espacios se subrayaron como ejes: la preocupación por el avance de la mercantilización de la educación superior, el reclamo de la centralidad del Estado como garante de derechos y el reconocimiento de la educación superior como parte del derecho a la educación. Asimismo, participé en la dinámica de simposios, donde se trabajaron y se discutieron siete ejes temáticos distintos que deberían constar en la declaración final de la CRES, a partir de documentos trabajados en otras instancias previas por docentes e investigadores. En estos espacios, pudimos analizar los objetivos propuestos y presentar y plantear críticas o la reestructuración de los objetivos previstos para los distintos ejes. Participé particularmente en el simposio sobre la investigación científica y tecnológica y la innovación como motores del desarrollo humano, económico y social para América Latina y el Caribe (simposio/eje de número 5), donde se abordaron temas polémicos respecto de la propiedad del conocimiento, la relación entre empresas y universidades, los avances de la privatización y la defensa del conocimiento como un bien público. <strong>¿Cuál es la importancia de esta Conferencia y qué implicaciones tiene este debate para el movimiento académico y estudiantil-universitario a nivel regional?</strong> La Conferencia fue un espacio significativo de encuentro y posibilidad de intercambio, cooperación y debate sobre el rol de la educación superior hoy. Han sido muy interesantes los espacios donde se pudieron desarrollar discusiones y opiniones contrapuestas en torno a los puntos neurálgicos de esta cuestión y que requieren de la tarea cooperativa para enfrentarlos los problemas mas acusiantes. El evento dejó clara la necesidad de que las universidades se pongan en vínculo con otras universidades y no solamente a nivel de las y los rectoras/es, si no a nivel de facultades, equipos de investigación, redes de docentes y estudiantes. Si bien la figura de las y los rectoras/es de las universidades fue bastante determinante en la conformación de los paneles, hubo también lugar para expertas/os y estas otras instancias de diálogo e intercambio como foros, simposios y mesas, donde también investigadoras/es, estudiantes, docentes, personas provenientes de distintas regiones y de la sociedad civil pudieron participar, planteando sus perspectivas críticas y propuestas. Creo que en este espacio se fue evidenciando que determinados problemas son compartidos y que es necesario trabajar la cooperación sur-sur, como plantea Boaventura, con miras a plantear estrategias para enfrentar las dificultades y desafíos que plantea la realidad de la region. También se reafirmó en los distintos espacios la idea de que la educación superior es parte del derecho humano a la educación y debe ser garantizada por el Estado y ese es un punto muy importante que debe guiar las estrategias compatidas. <strong>¿Cuáles son los principales desafíos y avances de la enseñanza universitaria a nivel regional, según los diálogos de la Conferencia?</strong> El desafío destacado más importante, y que se incluye en el documento final del evento, es el de enfrentar la mercantilización de la educación universitaria, que aparece como una problemática bien marcada de estas últimas décadas. Asimismo, se abordó cuáles son las herramientas con las que contamos hoy y los posicionamientos políticos que hay que asumir para la defensa de la educación como un bien común. Otro desafío subrayado es la demanda por más participación de las mujeres y el reclamo contra el actual tono patriarcal de la universidad. Este eje se filtró en todas las mesas en que participé. Aunque no fue un eje convocante si claramente fue un eje emergente. También se señaló la relevancia de la participación de las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas en reivindicar el reconocimiento de otros modos de producción de conocimiento que no deben ser formateados por el modelo de la universidad tradicional, sino que debe haber un espacio de diálogo. Creo que los tres ejes más significativos a destacarse fueron: la cuestión del financiamiento y la mercantilización de la educación; la cuestión de género; y el diálogo de saberes, así como la necesidad de que la universidad revea sus estrategias y vínculos con las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas que están construyendo sus propias universidades. <strong>¿Cuál es el rol de la academia y la educación superior en la transformación de nuestras sociedades para que sean más justas, sostenibles e igualitarias?</strong> Participantes de la Conferencia enmarcaron que la autonomía universitaria es importante, pero el fin último de las universidades es contribuir con sociedades más justas e igualitarias. Eso me pareció también significativo en el marco de la discusión por la reforma universitaria, donde se valora la autonomía universitaria como un requisito para la democratización y la pluralidad del conocimiento, pero también la necesidad de pensar la universidad inserta en la sociedad con miras a generar transformaciones sociales hacia la igualdad y la construcción de sociedades sostenibles y justas. Este debate fue planteado no solo por expositoras/es, sino también por participantes de la CRES. Respecto del interrogante en torno de la pregunta sobre el rol de la universidad si bien se escucharon algunas voces mas cercanas al mercado o a la rentabilidad, creo que se impuso la reivindicación de su rol social y político en la transformación de las sociedades en busqueda de justicia y de equidad. Si bien su rol tradicional vinculado a la producción del conocimiento estuvo presente en los debates, se indagó acerca de qué se entiende por conocimiento, cómo se produce ese conocimiento y quiénes serían sus destinatarios. La problemática del contexto neoliberal y las tendencias a la privatización y producción de conocimiento útil para generar ganancias también se enfatizó, demostrándose que el modelo neoliberal estimula la construcción de un tipo de conocimiento que pueda ser vendible y mensurable como una mercancía, que de ganancias. Si bien algunas voces estuvieron a favor de esta perspectiva, fue cuestionada en muchos espacios y escenarios de la CRES, y se planteó, no solo la necesidad de contar con instrumentos y estrategias para favorecer el acceso igualitario a la universidad, sino también para garantizar la permanencia y el egreso de la enseñanza superior, así como la posibilidad de que estos conocimientos tengan una utilidad social, más allá de las ganancias que generen, especialmente siendo útiles para aquellos sectores que más necesitan el conocimiento para el desarrollo inclusivo e igualtario. Si bien se plantearon debates, porque había la presencia de universidades privadas, y expositores a favor de un modelo mas de tipo mercantilista creo que el tono dominante fue el reclamo por el reconocimiento del derecho humano a la educación y la necesidad de implementar políticas y estrategias concretas para garantizarlo. Hubo también un reclamo fuerte por el desarrollo de planes estratégicos concretos para favorecer el acceso a la educación, el fortalecimiento de las universidades públicas, las redes de investigadoras/es y de estudiantes, y un conjunto de estrategias concretas de producción de conocimientos, de regulaciones y acuerdos entre las universidades, para la protección de este patrimonio común que es el reconocimiento y la posibilidad del acceso, del transito y del egreso universitario de la mayoría de la población. <strong>¿Cómo garantizar la educación superior como derecho humano fundamental y desde la perspectiva de derechos en un escenario regional con fuertes tendencias a la privatización e instrumentalización de esta etapa de enseñanza?</strong> Creo que en relación al momento político particular que esta atravesando la región, no es menor que en la CRES mayoritariamente se haya reconocido el derecho a la educacón como un derecho fundamental y que se haya planteado como una amenaza para su logro las tendencias privatizadoras y el avance de la lógica mercantil asi como se reconoció el rol central de los estados y de las políticas publicas para su logro. Si bien, como se planteó estas declaraciones no son suficientes y requieren de planificaciones estratégicas, ha sido significativo que el foco de la CRES haya estado allí y no en la discusión sobre la calidad académica u otros temas como la innovación o la internacionalización, que si bien son importantes son consecuencia quizás de esos fundamentos primeros. Asimismo se evidenció la necesidad de un trabajo colaborativo y en red para el desarrollo de estrategias que pueden ir en esa linea y que puedan evaluarse de acá a diez años cuando la nueva CRES se desarrolle y no haya sido solo una cuestión declamada. De hecho, en la CRES 2018, se planteo con claridad la necesidad de contar con instrumentos y planes de acciones concretas para logar esos puntos de acuerdo que se plamaron en la declaración final que reconoce a la eduación superior como un derecho universal, un bien público y un deber de los estados. Ojalá que en esta ocasión no queden esos principios en una mera declaración y se pueda avanzar en el logro y evaluación de los objetivos propuestos que son muy potentes si efectivamente se implementan.

“La CRES 2018 señaló que la educación superior es parte del derecho humano a la educación y debe ser garantizada por el Estado”

19 de junio de 2018

Se realizó la semana pasada en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018, evento que reunió a rectores y rectoras, directores y directoras, académicas/os, docentes, estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a analizar y debatir sobre la situación del sistema educativo superior en la región y delinear un plan de acción para la próxima década.

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<em>Luis Bonilla-Molina en entrevista exclusiva para la CLADE sobre la III Conferencia Regional de Educación Superior, realizada en Córdoba, Argentina</em><!--more--> Organizada por el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC UNESCO) y la Universidad Nacional de Córdoba, se realizó en Córdoba, Argentina, la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES2018). La cita más importante del sector universitario de la década se realizó entre el 11 y el 14 de junio de 2018 en los espacios académicos que hace 100 años fueron escenarios del Grito rebelde de Córdoba y su Manifiesto Liminar. Organizaciones de la sociedad civil miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvieron allí presentes, entre ellas la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, que es también integrante del Consejo de Gobierno del IESALC UNESCO. Luis Bonilla-Molina, coordinador internacional de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, nos concedió una breve entrevista sobre esta importante reunión de los y las universitarios/as en la región. Lea a continuación. <strong>¿En cuáles paneles y actividades de la CRES2018 has participado y que balance haces de estas discusiones?</strong> La CRES2018 es una construcción temática y organizativa en la cual he estado involucrado en los dos últimos años. Primero en su definición conceptual y esquema organizativo en mi condición de presidente del Consejo de Gobierno del IESALC UNESCO (2015-2017) y luego como miembro pleno de esta instancia, desde el 2018. Me correspondió participar activamente en el diseño y sistematización del Foro virtual de la CRES2018 que se desarrolló entre junio y noviembre de 2017, en el cual participaron casi 900 foristas quienes desarrollaron aproximadamente 20.000 interacciones en los siete ejes temáticos de la Conferencia (Vea síntesis de este foro virtual <a href=aquí). En el encuentro central de la CRES2018 se estructuraron los siguientes ejes temáticos a) la Educación Superior como parte del sistema educativo en América Latina y el Caribe; b) la Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina; c) la Educación Superior, internacionalización e integración regional de América Latina y el Caribe; d) el Rol de la Educación Superior de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe; e) la investigación científica y tecnológica y, la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe; f) el papel estratégico de la educación superior en el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe; g) a cien años de la reforma de Córdoba. En mi caso, me correspondió participar en los paneles sobre el rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales en ALC y, coordinar la mesa referida al “impacto de las nuevas tecnologías en la educación superior”. Además, tuve la oportunidad de participar en múltiples encuentros con estudiantes y organizaciones tanto estudiantiles como académicas. ¿Cuál es la importancia de esta Conferencia y que implicaciones tiene este debate para el movimiento académico y estudiantil universitario a nivel regional? La CRES2018 es un movimiento singular de la corriente histórica social universitaria continental. Es la continuación de las reuniones de La Habana, Cuba (1996), y Cartagena, Colombia (2008), que impulsaron la realización de las dos ediciones de la Conferencia Mundial de Educación Superior organizadas por UNESCO y realizadas en París (1998-2008). Quizá abusando de la síntesis, podríamos señalar que mientras la primera Conferencia expresó la especificidad de la mirada Latinoamericana y Caribeña respecto al desembarco del neoliberalismo y la tercera revolución industrial, la segunda expresó la vocación unitaria de las y los universitarias/os de la región en defender la educación universitaria como un bien público y un derecho humano. La CRES2018 se convoca asociada al centenario del más importante hito de la historia universitaria regional como lo fue el movimiento de la Reforma de Córdoba de 1918, en un momento en el cual el neoliberalismo acentúa y reconfigura sus orientaciones para el sector, queriendo impulsar una neo privatización del mundo universitario en el marco de la reestructuración del modo de producción capitalista como resultado de la cuarta revolución industrial. La CRES2018 se realiza en medio de inusitadas iniciativas de los organismos económicos globales para privatizar el conocimiento, virtualizar la enseñanza superior y convertir los contenidos de aprendizaje en simples repositorios en la nube tecnológica, con una lógica de mercancía y mercado. Si bien es cierto que las instituciones universitarias en la región superan el número de las 13000 y en muchos lugares la cobertura alcanza el 50%, también es cierto que esta dinámica se concentra fundamentalmente en cuatro países con una marcada expansión del sector privado de la enseñanza en ALC. La ideología del mercado y la educación superior como mercancía, desembarcaron bajo el discurso de las competencias y ahora tiene un capítulo especial en los rankings universitarios que orientan para la lógica del capital la actividad del sector. Esto afecta las dinámicas académicas y la propia libertad de pensamiento de las y los estudiantes. Por ello, transversalmente en cada uno de los debates de la CRES2018, se expresaron estas tensiones con un protagonismo de profesoras/es y estudiantes en las resistencias contra la imposición de la lógica del mercado en lo universitario. Córdoba 2018 expresa un balance de lo actuado en materia de defensa de la educación universitaria como bien público y derecho humano fundamental, pero nos muestra también retos y desafíos en su sostenimiento que demandan la unidad de todos los actores sociales interesados. La CLADE está llamada a desarrollar una articulación especial en esa dirección en los próximos años. Córdoba también expresó las tensiones que generan las nuevas narrativas del capital interesado en novedosas formas de privatización y mercantilización que en muchos casos apenas si son percibidas y analizadas por quienes construimos alternativas. ¿Cuáles son los principales desafíos para la enseñanza universitaria a nivel regional, según los diálogos de la Conferencia? En la CRES2018 se manifestó una conciencia generalizada respecto a pasar definitivamente de las declaraciones a un plan de acción regional que permita unificar los esfuerzos por una educación pública, gratuita y de calidad comprometida con la transformación regional y la justicia social. Buena parte de la construcción de ciencia, conocimiento y referencia ética regional sigue pasando por el mundo universitario, quedando en evidencia en los debates la necesidad de actualizar sus dinámicas y performance a las nuevas realidades del siglo XXI si queremos seguir teniendo este rol estelar. Desde mi perspectiva el gran desafío está en la actualización de las narrativas de resistencia a la ideología del mercado, para dar cuenta del impacto del mundo tecnológico no solo en la educación como derecho humano, sino en la sociabilidad, el encuentro y la posibilidad de construir juntos el futuro. Son enormes las oportunidades para la educación superior que se abren con el desarrollo tecnológico, pero es urgente prevenir respecto a las pretensiones de sectores del capital global, que no trabajan para usar sus bondades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino para virtualizar el mundo universitario en su totalidad. A muchos sectores progresistas esto les parece una posibilidad remota y no real y tangible en el corto plazo, eso puede afectar estratégicamente la defensa de la educación como derecho humano para aprender a convivir y construir juntos un mundo mejor. Cada momento histórico tiene sus tareas nuevas para estudiantes y profesoras/es comprometidas/os con el cambio social y este no es la excepción. ¿Cuál es el rol de la academia y la educación superior en la transformación de nuestras sociedades para que estas sean más justas, sostenibles e igualitarias? Hace 200 años la segunda revolución industrial anunció mayores niveles de bienestar para la humanidad. Hoy 1300 millones de personas, es decir una séptima parte de la humanidad no tiene acceso a la electricidad. La tercera revolución industrial nos anunció que la internet posibilitaría mayores niveles de democratización de la comunicación y la información, pero hoy solo el 38% de la población tiene acceso a la conectividad y en la región este porcentaje cae brutalmente. Es hora de que la ciencia, la tecnología y el conocimiento sean realmente democratizados y sirvan para alcanzar justicia social en equilibrio con la naturaleza. La universidad no puede ser una fábrica de tituladas/os sin compromiso social ni puede estar ajena a las crecientes desigualdades que está generando el neoliberalismo en el siglo XXI. De allí que el plano ético del mundo universitario y su compromiso con fomentar un pensamiento crítico actualizado estén a la orden del día en la agenda de transformaciones. La universidad tiene que repensarse a sí misma. Por ejemplo, atreverse a pensarse en sus orígenes y procesos ya no como una universidad limitada en la práctica a lo formativo, sino dar el auténtico salto a lo investigativo enraizado con las aspiraciones del movimiento popular como epicentro de su actividad. Debemos romper con los prejuicios anti científicos que esconden la aceptación sumisa a la diferencia y atrevernos a construir otras formas de usar los avances científicos para romper desigualdades y alcanzar una sociedad donde el bienestar se democratice realmente. Debemos atrevernos a interrogarnos respecto a la universidad que requiere el presente en el continente, en clave de superación de la concentración de la riqueza. Tenemos que atrevernos a desafiar el peso de la costumbre, atreviéndonos por ejemplo a pensar si la universidad del presente no debe ser más bien una universidad del territorio que rompa con las franquicias derivadas de universidades nacionales. Los desafíos conceptuales y operativos son múltiples y considero que la CLADE puede jugar un papel estelar en el futuro cercano en la reconfiguración de estos debates. ¿Cómo garantizar la educación superior como derecho humano fundamental y desde la perspectiva de derechos, en un escenario regional con fuertes tendencias a la privatización e instrumentalización de esta etapa de enseñanza? Lo urgente para resistir es actualizar nuestros análisis. Hay una mutación radical del modo de producción capitalista que impactará en el corto plazo al mundo universitario. No es osado pensar que la universidad como espacio de encuentro, sociabilidad y construcción compartida de un destino común está amenazada por “nuevas” formas de aprendizaje centradas en lo cognitivo y no en lo social. La privatización de la segunda década del siglo XXI desarrolla nuevas expresiones y formas que era imposible prever en la década de los noventa del siglo XX. Si usamos argumentos del pasado para enfrentar las ofensivas del presente los esfuerzos en defensa de la educación superior como derecho humano, pueden verse limitadas o resultar insuficientes para enfrentar la mercantilización del presente. Tenemos que romper la “pulsión de fuga” que se expresa en la apelación a viejos análisis y consignas que hoy pueden resultar significantes vacíos si no los actualizamos. Mi gran preocupación reside en la constatación que mientras los intereses centrados en el mercado usan la innovación para impulsar sus iniciativas, buena parte de las resistencias al modelo educativo del mercado se están quedando petrificadas en la tradición. Es urgente asociar tradición con innovación en los análisis y la articulación de iniciativas en defensa de la educación superior como derecho humano.">

“El derecho humano a la Educación Superior está en una nueva encrucijada en América Latina y el Caribe”

Luis Bonilla-Molina en entrevista exclusiva para la CLADE sobre la III Conferencia Regional de Educación Superior, realizada en Córdoba, Argentina (más…)

<em>La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 2018 discutió sobre la situación del sistema educativo en la región y delineó un plan de acción para la próxima década. Para profundizar en los debates que tuvieron lugar en el evento, entrevistamos al participante Mauricio Chiluisa, que es presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador</em> <!--more--> Se realizó del 11 al 14 de junio en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018. Este evento, conocido como el más importante del Sistema de Educación Superior de la región, reunió a rectores y rectoras, directores y directoras, académicas/os, docentes, estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a analizar y debatir sobre la situación del sistema educativo en la región y delinear un plan de acción para la próxima década, orientado hacia la necesidad de reafirmar el sentido de la educación como bien social, derecho humano y responsabilidad del Estado. Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, participó en la Conferencia y concedió una entrevista a la CLADE, en la que presenta algunos de los principales debates del encuentro y su importancia para las luchas del movimiento estudiantil universitario en la región. <strong>¿En cuáles paneles o actividades de la Conferencia has participado y qué balance haces de estas discusiones?</strong> Participé en los paneles sobre el Centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba y los desafíos de la educación universitaria en la actualidad. A la vez, también acompañé el foro organizado por Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) con las distintas federaciones de estudiantes universitarias/os del continente. Consideramos la CRES como un espacio de debate y criticidad frente al sistema educativo, pero creo que hizo falta en la Conferencia tomar en cuenta más a las y los universitarias/os vulnerables y hacer más diálogos con los movimientos estudiantiles. <strong>¿Cuál es la importancia de esta Conferencia y qué implicaciones tiene este debate para el movimiento académico y estudiantil-universitario a nivel regional?</strong> Para el movimiento estudiantil universitario, esta Conferencia es muy importante porque se definen ejes de acción para los próximos diez años en el continente. Consideramos que es un espacio muy importante donde se discuten los principales problemas de la educación universitaria y cómo darles salida. <strong>¿Cuáles son los principales desafíos y avances de la enseñanza universitaria a nivel regional, según los diálogos de la Conferencia?</strong> Los principales aspectos de la Conferencia fueron: la inclusión de la no discriminación, la defensa de la autonomía universitaria y del co-gobierno en las universidades, y el reconocimiento de la lucha del movimiento estudiantil y del derecho a la participación. Como movimiento estudiantil, hemos planteado que se pueda respetar el co-gobierno y se pueda generar un espacio de debate en la Conferencia, para que en estos diálogos exista la defensa del co-gobierno, la equidad de género, la accesibilidad y el libre ingreso a las universidades. <strong>¿Cuál es el rol de la academia y la educación superior en la transformación de nuestras sociedades para que sean más justas, sostenibles e igualitarias?</strong> La universidad no debe estar fuera o excluida de los eventos sociales, políticos o culturales que suceden en los países de la región. La academia y la universidad deben transformar la realidad de Latinoamérica.

CRES 2018: “La academia y la universidad deben transformar la realidad de Latinoamérica”

18 de junio de 2018

La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 2018 discutió sobre la situación del sistema educativo en la región y delineó un plan de acción para la próxima década. Para profundizar en los debates que tuvieron lugar en el evento, entrevistamos al participante Mauricio Chiluisa, que es presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador

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Campanha Nacional pelo Direito à Educação

¿Cuánto cuesta la educación pública de calidad en Brasil?

14 de junio de 2018

Evento organizado por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación presenta indicadores, análisis y reflexiones hacia un financiamiento público adecuado para garantizar que todas y todos tengan una educación de calidad en el país (más…)

Perú: Discuten la justicia tributaria y su relación con el financiamiento educativo

Encuentro en Lima discutió la relación entre la justicia tributaria, la evasión fiscal y la financiación de una educación de calidad en los países de América Latina y el Caribe (más…)

Evento reúne a activistas e investigadoras/es para discutir cómo aumentar la inversión en la educación pública desde la justicia tributaria

11 de junio de 2018

El encuentro tendrá lugar el 12 de junio en Lima, Perú, y contará con la presencia de expertas/os que presentarán hallazgos de estudios más recientes e informaciones relevantes sobre el tema presupuesto público y su relación con la cuestión tributaria y el derecho humano a la educación (más…)

La justicia tributaria como elemento fundamental para asegurar recursos adecuados, suficientes y sostenibles para el derecho humano a la educación fue uno de los temas más destacados durante la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad”, realizada por la Campana Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) el 17 de mayo, en el marco de la <strong>Semana de Acción Mundial por la Educación 2018</strong> y de la iniciativa regional <strong>“¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”</strong>.<!--more--> Como parte del tercer panel del encuentro, con el tema “¿Qué podemos aprender de las experiencias internacionales?”, Adrián Falco, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe hizo una presentación enfocada en señalar los efectos nocivos para el financiamiento de la educación y de otros derechos humanos, que provocan los beneficios y fugas fiscales que favorecen las empresas multinacionales, especialmente en países en desarrollo. “Estas empresas a cambio no dan nada. Prometen crear puestos de trabajo y otros avances en los países, pero eso no sucede finalmente. Lo que sí hacen, es que los países tengan que dejar sus presupuestos públicos en muy baja proporción respecto a lo que conceden en beneficios fiscales”, afirmó. Subrayó, asimismo, que la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe está desarrollando, en alianza con la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), un paquete comunicativo con miras a elaborar y difundir mensajes claros y directos para la ciudadanía, especialmente a través de las redes sociales, que expongan en números el impacto de la cuestión tributaria en el financiamiento de la educación pública en nuestra región. Asimismo, presentó la iniciativa “Paguen lo Justo” que la Alianza Global por Justicia Tributaria, en la cual la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe forma parte, impulsa con miras a demandar justicia tributaria como forma de garantizar recursos para la realización de los derechos humanos en todo el mundo, en alianza con medios de comunicación, redes de justicia fiscal, parlamentarias/os, etc. En el marco de esta campaña pública, se han hecho giras por distintos continentes con el objetivo de dialogar con movimientos y organizaciones sociales de distintos sectores en los países y generar, a partir de estos intercambios, una base crítica y argumentos sólidos para luchar por un mejor financiamiento para la educación y los derechos humanos. La gira de la campaña por América Latina y el Caribe, en los próximos días, incluye visitas a República Dominicana (29 y 30 de mayo), Haití (1º y 2 de junio), Cuba (4 y 5 de junio) y Perú (12 de junio). Falco subrayó, además, la importancia de que la sociedad civil presione por la creación de un organismo intergubernamental - convocado por Naciones Unidas - con el rol de establecer y hacer cumplir normas tributarias mundiales, que detengan los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión de impuestos, así como los incentivos fiscales nocivos, promoviendo a la vez la transparencia y el intercambio entre países en el tema justicia tributaria. En seguida, Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), informó que la brecha estimada en el financiamiento global para garantizar el derecho a la educación de todas y todos es de 39 mil millones de dólares al año. Presentó, además, la arquitectura del financiamiento educativo a nivel mundial y las disputas presentes en este escenario. Señaló que la Comisión de Educación, creada y presidida por Gordon Brown, Enviado Especial de la ONU para la Educación Global y ex primero Ministro del Reino Unido, se ha posicionado en la defensa de tres mecanismos principales para la arquitectura global del financiamiento educativo: la Alianza Mundial por la Educación (GPE, por su acrónimo en inglés); el fondo para educación en contextos de emergencia llamado “Education can not wait” (“La educación no puede esperar”); y el International Finance Facility for Education (IFFed), mecanismo que es propuesto por dicha Comisión y prevé la promoción de préstamos para la implementación de políticas educativas en países de bajos y medianos ingresos, contribuyendo a profundizar y a mantener el endeudamiento y la dependencia de los países a fondos apoyados por donantes, fundaciones empresariales e instituciones financieras, en detrimento del financiamiento público doméstico. En América Latina, el IFFed pretende estar en Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. “El IFFed todavía se está desarrollando, pero es planteado por la Comisión de Educación y otros actores como algo establecido y que debe impulsarse al lado de otros mecanismos de financiación global ya consolidados, como la GPE y el Education can not wait. Desde la CME, queremos romper la idea de que hay un consenso mundial alrededor de estos tres mecanismos como únicas formas de financiamiento educativo a nivel mundial. Tenemos que darle una perspectiva más compleja y amplia al debate sobre el financiamiento educativo en el plan internacional, que va más allá de la cooperación internacional y tome en cuenta el necesario fortalecimiento del financiamiento educativo desde los Estados. En ese sentido, la lucha por justicia tributaria es clave”, afirmó Croso. Alertó, asimismo, para las disputas sobre los sentidos de la educación que están en juego por detrás del debate sobre el financiamiento educativo, ya que, más que apoyar financieramente la educación, dichas instituciones, mecanismos financieros y fondos internacionales articulados al sector privado con fines de lucro imponen agendas educativas economicistas y promueven la deuda pública, en vez de fortalecer y favorecer la sostenibilidad, soberanía e independencia de los países en desarrollo. “Debemos resistir para que se mantengan los compromisos de los Estados con el cumplimiento de una educación gratuita, inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos, según determina la Agenda de Educación 2030, y es clave la articulación entre movimientos y organizaciones sociales que defienden la educación y la justicia tributaria para presionar por el establecimiento de un mecanismo global que promueva la justicia tributaria desde Naciones Unidas”, subrayó. Por otro lado, recordó los logros alcanzados en la Conferencia de financiación para el reabastecimiento de la GPE, realizada en Senegal los días 1º y 2 de febrero de 2018, en la cual países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares para la educación, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares, en el período de 2018 al 2020. A su vez, Javier González, de la Fundación Summa de Chile, destacó que, cuando se habla del financiamiento educativo, más que mirar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se gasta en educación, es importante considerar el monto total de recursos que se asignan a este campo. Compartió, asimismo, que la privatización y las lógicas de mercado presentes en el sistema educativo de Chile y otros países de la región proponen un modelo de búsqueda constante por calidad, en base al estímulo a la competencia entre centros educativos y un “ranking” de escuelas, creado según sus resultados en pruebas estandarizadas aplicadas en larga escala. Enfatizó que, según estudios y consultas al respecto, estas prácticas no han generado impactos positivos sobre la calidad educativa de Chile. “Por lo contrario, estas lógicas han aumentado la desigualdad y segregación entre estudiantes, familias y escuelas en el país”, afirmó. González también destacó que la migración de las clases media y alta de la población chilena para la educación privada, en los últimos años, ha contribuido mucho para la reducción de la base de impuestos en Chile, puesto que estas clases pasaron a defender la reducción de los encargos tributarios y el no pago por ellos. Añadió que es necesario avanzar en la reglamentación y responsabilidad del sector educativo privado, de manera que el Estado le exija el respeto a padrones mínimos de calidad y equidad en la oferta educativa. Defendió, además, que es necesario aumentar y mejorar el gasto público en la educación pública, para que tengamos diversidad de clases sociales y personas al interior de los centros educativos, y no diversidad y competencia entre los centros educativos, según plantea el mercado. A continuación, Daniel Cara, coordinador general de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, compartió algunos retos para la realización del derecho humano a la educación a nivel nacional: garantizar el acceso a la educación pre-primaria al 50% de las niñas y niños de 0 a 3 años del país; incluir 500 mil estudiantes que están fuera de la escuela en la educación primaria, y 1 millón de adolescentes en la secundaria; y cubrir un déficit de cobertura de 13 millones de matrículas en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas y programas de alfabetización. “Son desafíos muy graves, y para superarlos necesitamos financiamiento que posibilite la creación de nuevas matrículas con calidad”, afirmó. En este contexto, la Campaña Nacional desarrolló los mecanismos CAQi (Costo Alumno-Calidad Inicial) y CAQ (Costo Alumno-Calidad), en alianza y diálogo con investigadoras/es, economistas, parlamentarias/os, estudiantes y docentes, entre otros actores, con miras a establecer conceptos e indicadores de financiación educativa de acuerdo a patrones mínimos de calidad, que deberían adoptarse en todas las escuelas públicas del país. En el 2014, la Campaña Nacional logró que se incluyeran los conceptos del CAQi y del CAQ en el Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024. Según el Plan, estos indicadores deberían implementarse hasta julio de 2016, pero esto no se cumplió. “Vivimos un golpe institucional y nuestra democracia está en riesgo desde el impeachment de Dilma Rousseff en el 2016. Habíamos logrado incluir el CAQ y el CAQi en el PNE y aprobar en el parlamento nacional una ley que determina que el 75% de los royalties por la extracción de los campos petrolíferos en la capa pre-salina, recibidos por el gobierno brasileño, debe invertirse en la educación pública, pero el golpe y las medidas regresivas del actual gobierno impidieron la realización de estas conquistas”, explicó. En noviembre de 2016, el presidente Michel Temer anunció la apertura al capital extranjero de la explotación de dichos recursos petrolíferos, hasta entonces restricta a la empresa estatal Petrobras. Se prevé que esta medida disminuirá aún más los recursos que llegan al Ministerio de Educación, ya reducidos debido a la Enmienda Constitucional 95, aprobada por el parlamento nacional en diciembre de 2016, la cual congela los gastos públicos en salud, educación y asistencia social por 20 años. En seguida, José Marcelino de Rezende Pinto, profesor de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto - Universidad de São Paulo (USP) e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, destacó que, para evaluar el esfuerzo de los gobiernos en el financiamiento educativo, y posibilitar un parámetro de comparación entre los Estados, es más importante verificar cuánto se gasta en dólares para cada estudiante al año, pues evaluar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se invierte en educación resulta en un análisis limitado, siendo grandes las diferencias de tamaño entre los PIB de los distintos países. “En el CAQ y el CAQi establecemos un mínimo de inversiones por estudiante necesario, para alcanzar un nivel de calidad educativa adecuado en las escuelas, el cual abarca: salario digno para las y los maestras/os y respeto al piso salarial docente establecido en ley nacional; un número máximo de estudiantes por sala de aula; biblioteca; laboratorio de informática; sala para gremios estudiantiles, etc. Se recuerda también que cada nivel educativo tiene peculiaridades, y por lo tanto los gastos necesarios para cada etapa se diferencian”, explicó. Añadió que, en América Latina y el Caribe, se tributa muy poco a las personas más ricas. “Nuestra Constitución Federal establece una vinculación de recursos para la educación de 18% del presupuesto nacional, y del 25% del presupuesto de las provincias y municipios. Esta asignación es importante, pero no es suficiente ya que la base de impuestos cambia de acuerdo con la economía, mientras que nuestro sistema tributario es injusto”, afirmó. Enfatizó también que son necesarios mayores aportes financieros del gobierno federal a la educación, con miras a reducir las desigualdades entre regiones y entre escuelas municipales y provinciales, y que el Plan Nacional de Educación establece la meta de alcanzar el 10% del PIB en inversiones para la educación, lo que está lejos de lograrse ante los actuales recortes del gasto público implementados por la gestión Temer.

Jornada destaca el rol clave de la justicia tributaria para la garantía de un financiamiento educativo justo

20 de mayo de 2018

La justicia tributaria como elemento fundamental para asegurar recursos adecuados, suficientes y sostenibles para el derecho humano a la educación fue uno de los temas más destacados durante la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad”, realizada por la Campana Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) el 17 de mayo, en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2018 y de la iniciativa regional “¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”. (más…)

Divulgación

Jornada en Argentina discute el financiamiento de la educación en el país y la región

El 17 de mayo tuvo lugar la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad” en Buenos Aires, Argentina

El encuentro, organizado por el Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo (GCFE), en el cual forma parte la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), reunió a diversos actores y expertas/os de la educación en Argentina y otros países de América Latina y el Caribe, para debatir sobre el financiamiento necesario para una educación de calidad y los mecanismos para garantizarlo.

La jornada ocurrió en el contexto de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que este año se celebra con la consigna “¡Cumplan sus compromisos con la educación!”, demandando a los gobiernos que realicen la Agenda de Educación 2030 y rindan cuentas a la ciudadanía al respecto, garantizando la participación de la sociedad civil en el seguimiento a la realización de estas metas educativas.

Se realizaron tres paneles de discusión a lo largo del día, siendo que los dos primeros enfocaron el financiamiento educativo en Argentina, y en el último se compartieron experiencias a nivel regional e internacional.

El primer panel, intitulado Política y financiamiento educativo, discutió el financiamiento educativo al nivel de gobierno (ejecutivo y legislativo), dando a conocer su estado actual. En esta ocasión, José Luís Riccardo y Daniel Filmus, diputados nacionales, presentaron diferentes miradas acerca de la situación del financiamiento educativo en el país, señalando que es necesario presionar por una inversión pública en la educación nacional de como mínimo el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) e instar el gobierno nacional para que cumpla la Ley de Educación Nacional.

A su vez, Diego Guilisasti, de la Asociación Conciencia e integrante del Grupo de Compromiso con el Financiamiento Educativo, apuntó hacia la dificultad en mantener este porcentaje de inversiones, con el fin de la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo y desde una perspectiva integral que profundice la reparación de las desigualdades distributivas entre las provincias. Existen provincias cuya inversión por estudiante es muy inferior a la media nacional, aunque dediquen un gran porcentaje de su presupuesto para la educación.

El siguiente panel, con el tema Aspectos técnicos del financiamiento educativo, presentó los resultados de investigaciones y estudios que analizan el financiamiento educativo nacional. Axel Rivas y Daniela Dborkin, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), presentaron su informe de seguimiento a la ejecución del presupuesto educativo.

El documento confirma lo que se había discutido en el panel anterior: que las políticas educativas actuales no han sido capaces de disminuir la desigualdad entre las regiones argentinas en lo que toca al financiamiento educativo. También se destacó en este debate la cuestión salarial de las y los docentes, siendo que el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que deroga las paritarias docentes, comisiones especiales integradas por representantes sindicales y del gobierno para discutir, entre otras cosas, el salario mínimo de esta categoría profesional.

En ese panel, también se discutió la utilización de los resultados de pruebas estandarizadas de evaluación educativa como base para el desarrollo de políticas y la definición sobre dónde se deben invertir los recursos. Oscar Cetrángolo, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), señaló que es necesario cuidado al abordar y aplicar los resultados de estas pruebas. Subrayó, además, los riesgos para la realización del derecho humano a la educación, en condiciones de igualdad y gratuidad, que implica la decisión de diseñar e implementar políticas educativas en base a estas pruebas, pues sus resultados suelen utilizarse para justificar el discurso de que la escuela pública tiene peor calidad que la privada.

En el cierre del evento, Alberto Croce, Secretario Nacional de la CADE, reiteró lo que había señalado al comenzar la jornada: “Una Educación de Calidad solo es posible con un Presupuesto Educativo de Calidad”.

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