<em>La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación debatió, juntamente con otras organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, la importancia de los instrumentos de financiación territorial de la educación para los diferentes departamentos y municipios del país.</em><!--more--> El encuentro se realizó el pasado 12 de septiembre, en el Congreso de la República, y fue convocado por el Senador Senén Niño, en conjunto con el Frente Amplio por la Educación y las organizaciones que lo conforman. El evento se abrió con las palabras del Senador Senén Niño, acerca de los propósitos de la convocatoria y de la amplia invitación que se hizo a miembros del Congreso de la República. Luego, intervino Cecilia Gómez, en nombre de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y del Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz (FAXE), resaltando que a las Entidades Territoriales se les exige más eficiencia y calidad en el cubrimiento de la salud, educación, agua potable y saneamiento básico, aunque en los últimos 15 años se les han retirado los principales instrumentos fiscales de financiación. Se ve, dijo, una disminución ostensible del presupuesto que se envía desde el nivel central a las regiones para el cubrimiento de estas obligaciones. Ante este panorama, cabe preguntar qué opciones se pueden plantear desde el Congreso de la República y las organizaciones sociales para hacer frente a los continuos recortes a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados a salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Luego intervino Ilich León Ortiz, con la presentación central del evento: “Sistema General de Participaciones y la Desfinanciación de la Educación Pública”, seguido de un debate sobre la construcción de una agenda común entre las y los participantes del Congreso de la República y organizaciones sociales, con el objetivo de encontrar una salida inmediata a esta problemática. El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para 2018 presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deja ver que los recursos para el SGP decrecen en términos reales un 2,4% frente a los destinados en el 2017. Según el Ministerio de Hacienda, el “presupuesto para 2018 presenta una disminución en términos reales, teniendo en cuenta que, este incremento del 1% respecto al Presupuesto vigente para 2017, es inferior a la inflación esperada para final de dicho año de 3,5%. Es decir, hay una reducción en términos reales” (MinHacienda, boletín 151, 2017). Las entidades territoriales reciben menores recursos por cuenta del recorte al Sistema General de participaciones, los cuales seguirán decreciendo en términos reales año a año. Por otro lado, hacen frente a mayores demandas que son resultado del déficit histórico acumulado en la prestación de los servicios públicos, del crecimiento de la población, y de la particular coyuntura de desaceleración económica que atraviesa el país. El encuentro concluyó con la definición de las siguientes tareas: <ol> <li>Conformar un Frente Mixto Parlamentario y de Organizaciones Sociales hacia la Reforma Constitucional para cambiar las reglas del juego del Sistema General de Participaciones (SGP).</li> <li>Elaborar un texto hacia la Reforma Constitucional, con la fórmula más adecuada del Sistema General de Participaciones, regresando a lo que originalmente se pensó y recuperando los textos de la Constitución Nacional. Realizar una agenda hacia la Reforma constitucional en relación con el SGP.</li> <li>Convocar a una audiencia pública el 2 de noviembre, involucrando Senadoras/es, representantes gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.</li> </ol> Asimismo, para iniciar la elaboración del texto mencionado en el punto 2 anterior, se convoca una reunión de las organizaciones interesadas. Será el día 28 de septiembre, a las 14h30, en el Congreso de la República. Los/as interesados/as deben inscribirse con su nombre completo, número de cédula y organización a la que pertenece a través del correo: <span id=frenteampliaxlaeducacion@gmail.com.">
La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación debatió, juntamente con otras organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, la importancia de los instrumentos de financiación territorial de la educación para los diferentes departamentos y municipios del país.

Organizaciones colombianas se movilizan para defender el fin de los recortes a la educación

13 de septiembre de 2017

La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación debatió, juntamente con otras organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, la importancia de los instrumentos de financiación territorial de la educación para los diferentes departamentos y municipios del país. (más…)

Foto de Aminta Navarro
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Honduras: “Se pone en riesgo la educación pública y se crean condiciones para el avance de la educación privada”

8 de septiembre de 2017

En esta entrevista, el foro Dakar-Honduras, coalición miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación-CLADE, nos aproxima a la realidad de la financiación de la educación pública en el país.

¿El derecho a la gratuidad educativa se realiza actualmente en Honduras? En caso negativo, ¿cuáles son los principales desafíos que impiden su cumplimiento?

El derecho a la educación en los casos de escuelas públicas con entornos violentos se ve amenazado, en el sentido de que el garante de derechos, es decir, el Estado no ha encontrado una forma de garantizar entornos no violentos. La militarización de colegios públicos y escuelas permite que el profesor y el alumno que están en el centro educativo desarrollen la acción de clase, sin embargo, eso va más allá que dar la clase, en tanto el alumno y el maestro tienen que transitar por entornos no seguros para ambos.

¿Qué se debe demandar al Estado, en términos de financiamiento público, para que sea posible garantizar el derecho a la educación pública, equitativa y de calidad para todas y todos en Honduras?

Se le debe demandar una política de Estado, que mire mas allá de los acuerdos o de los mínimos compromisos, que no son vinculantes para el Estado, como la Agenda 2030 y el objetivo 4.

Una financiación nacional que cubra la demanda de educación básica, secundaria y media poniendo atención en esta última, y en la calidad a todos los niveles. Una educación en la que las habilidades de lectura, comprensión de lectura, matemáticas, ciencia y el arte, sea destrezas y conocimientos comprendidos y desarrollados por los estudiantes y maestros.

Una política clara para la financiación de la educación, que va desde el uso de impuestos para la educación de una forma intencionada, y un presupuesto que avanza según el desarrollo de cada nivel educativo, tanto poblacional como en conocimientos y calificación docente, infraestructura y tecnología que facilite al binomio estudiante-profesor desarrollar esa relación de aprendizaje y enseñanza.

Acompañamos los conflictos recientes entre autoridades y estudiantes de la UNAH, que denuncian intentos de privatizar la enseñanza superior en el país. ¿La comercialización de la educación es una amenaza para la plena realización de este derecho en el país? ¿Por qué?

La privatización de la educación tiene asomos en todos los niveles, cuando las madres y padres tienen que cubrir una cuota u aporte en especie para el mantenimiento de los edificios escolares, pagos de conectividad, agua, luz eléctrica donde la hay, proporcionar casi el 80% del complemento de alimentos para la merienda escolar, te indica que la educación básica no es totalmente gratuita es fuertemente subsidiada por madres y padres.

Igualmente, en la educación superior no es totalmente gratis. Se paga matricula, carnet de estudiante, acceso a laboratorios, transporte, vivienda, alimentación y otros, esto ha sido así. Hay intereses en la privatización de la educación superior en Honduras. Es una lucha de las instituciones privadas del país. De hecho, estas universidades privadas funcionan como fundaciones para la educación y no pagan impuestos al Estado por sus ganancias en la venta de servicios educativos.

La Constitución de la República establece que la educación es laica, gratuita, y pública, se recoge este planeamiento en la Ley Fundamental de Educación de los niveles pre-básico, básico y media.

El país no prohíbe la educación privada en ninguno de sus niveles, se deja a libertad de los padres y madres elegir el centro educativo de sus hijos-as, no hay claramente una ley o contrato de transferencia de recursos públicos a centros educativos privados. Dado que existen menos oportunidades en la educación pública, es normal que la población busque la educación privada, que se ha fortalecido al tiempo que la pública se deteriora.

Así, el Estado no está cumpliendo su obligación de ser garante del derecho a la educación pública y gratuita de la población hondureña, cuando se reduce la financiación de la educación o se mantiene un presupuesto limitado que no cubre la demanda para garantizar acceso, calidad, equidad se pone en riesgo la educación publica y se crean condiciones para el avance de la educación privada.

Según Consulta respecto a la gratuidad de la educación en AL&C, que fue lanzada por la CLADE en el 2014, en Honduras, familias y docentes tienen un papel central en la financiación de las escuelas, pues un porcentaje importante de ellas/os tiene que asumir los costos de los útiles escolares, los materiales impresos de clase, uniformes, alimentación escolar, libros de texto, etc. ¿Pueden comentar esta situación y hacer algunas recomendaciones al Estado hondureño en el sentido de superarla?

Por ley, los padres y madres de familia no deberían aportar nada para el desarrollo de la escuela pública. La realidad dice otra cosa, como se expresa en la consulta del 2015 realizada por el Foro Dakar-Honduras.

Es evidente la ausencia de política pública que regule los presupuestos y asegure asignaciones suficientes desde el Estado. al sector educativo. El presupuesto de educación debería ser una prioridad para alcanzar la meta de una Honduras Educada, como dice el Plan de Nación al 2038.

Ante la ausencia de un presupuesto que cubra las necesidades descritas, los padres, madres y maestros se ven en la necesidad de cubrir ellos los materiales, los uniformes, mantenimiento de edificios y transporte. Esto hace difícil la situación para las familias que tienen más de uno o dos hijos en proceso escolar.

Es necesario ampliar el presupuesto para contratar y calificar profesores, así como para contar con infraestructuras dignas; considerar el alza del presupuesto acorde con la demanda de la población estudiantil según el nivel educativo; sensibilizar al sector empresarial  para el pago de sus impuestos, para que la educación pueda ser financiada con recursos propios; enviar el 60% de lo que recauda  el Estado en cobro de tasa de seguridad actualmente (uso de tarjeta de crédito, cuentas de ahorro, cheques, pagos de cheques, se cobra un promedio de 20 centavos de dólar por cada movimiento bancario de un valor aproximado de 43 dólares norteamericanos), al sistema educativo desde el inicial a sistema de educación media, fortaleciendo las capacidades del sector educativo público y la institucionalidad de la secretaría de educación y finanzas.

Consciência.net

Perú: Educación pública entre el derecho humano y la mercancía

4 de septiembre de 2017

Consciência.net
Consciência.net

La educación no ha sido indiferente estas últimas semanas para nadie, como pocas veces suele ocurrir, la agenda política y social se ha reducido a la ya histórica movilización magisterial iniciada por sus bases regionales. Más de 200 mil maestros y maestras en todo el país rompieron esa letanía en que andaban envueltos, en cierta parte, por una clase sindical enquistada en una pobre actitud para defender los intereses del magisterio; pero en gran medida por esa inercia que nos esta afectando a todos, tras 27 años de un modelo económico neoliberal que ha venido destruyendo la incipiente conquista de derechos que intentábamos construir. (más…)

La comunidad educativa de Colombia se moviliza contra los recortes presupuestales

4 de agosto de 2017

Entre las organizaciones y redes participantes de esta iniciativa está la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, que también integra el Frente Amplio por la Educación los Derechos y la Paz (FAXE), juntamente con sindicatos docentes y estudiantiles y otras organizaciones de la sociedad civil.

Con esta acción se quiere hacer hincapié en la educación como un bien público, del cual el Estado es el responsable y el garante. El Derecho Humano a la Educación es único y cubre a toda la población desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, como rezan los tratados internacionales. Se inscribe en una serie de acuerdos internacionales, subscritos por el Estado colombiano, y este Marco de Acuerdos plantea que la educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador. La educación es un poderoso instrumento para erradicar la pobreza, pero para materializar su potencial es necesario destinar los recursos económicos que se requieren para ello.

Eventos recientemente realizados

Como informó la nota publicada anteriormente en la página de la Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación, ya se realizaron importantes actividades de movilización y debate sobre la desfinanciación de la educación pública en el país.

Además, conviene destacar la realización el pasado 20 de septiembre de un foro sobre la situación del financiamiento de la educación superior en el país. El evento fue convocado por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz (FAXE), Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Rebeldía Estudiantil Organizada y otras organizaciones estudiantiles. El encuentro contó con la participación de más de 500 personas, entre estudiantes y docentes de la UPN, y con la presencia del Rector de la UPN.

En la ocasión se presentaron las principales deficiencias del modelo de financiación del sistema universitario estatal colombiano, que no cubre los costos adicionales en los que las universidades incurren, como consecuencia del aumento del número de estudiantes matriculadas/os, ni reconoce los incrementos salariales del profesorado como resultado de la productividad intelectual, que en algunos casos está por encima de la inflación. Además, no se tiene en cuenta la distribución de estudiantes por niveles, es decir, no se diferencia si la o el estudiante es de pregrado o posgrado, ni el programa académico. Tampoco se consideran las inversiones estratégicas en infraestructura física, laboratorios y nuevas tecnologías de la información, que quedan aplazadas porque incrementan la base presupuestal en algunas universidades.

En la semana siguiente, se organizaron varias actividades. En el día 26 de septiembre, se realizó una concentración en la capital para denunciar frente al Congreso de la República la deuda histórica que tiene el gobierno con el presupuesto de la UPN, la UPTC y las demás universidades públicas. En este momento está en debate el presupuesto de 2018 en el Congreso de la República, y se discute la aprobación del decreto que da continuidad al programa “ser pilo paga”, que termina de desfinanciar las Universidades Públicas, en favor de la privatización de la educación superior.

En el día 27 de septiembre, ocurrió una reunión del Foro Nacional por la Financiación de la Educación Pública, convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y que contó con la presencia de congresistas, representantes políticas/os y un candidato presidencial. Tanto en este encuentro, como en otro realizado el día 28 de septiembre en la Biblioteca del Congreso de la República, se debatió la situación del Sistema General de Participaciones y la necesidad de su reforma para garantizar un financiamiento adecuado de la educación pública colombiana. El Sistema General de Participaciones es un mecanismo de financiación de la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico para municipios y departamentos del país.

Este último encuentro constituyó la primera reunión entre organizaciones sociales y funcionarias/os parlamentarias/os para discutir ideas fuerza que permitan avanzar en la iniciativa de un Acto Legislativo de reforma a la Constitución Nacional, referente al Sistema General de Participaciones. Quedaron las siguientes tareas: convocar a Gobernadoras/es y Alcaldes, así como a otros sectores más allá de la educación (salud, medio ambiente, entre otros) para que se unan a esta gran tarea; realizar una campaña de comunicación que permita explicar a la población en general lo que está en juego en esta apuesta; comprometer a los candidatos presidenciales. La próxima reunión se realizará el día 19 de octubre.

Finalmente, es importante mencionar la realización del Congreso Nacional de Estudiantes de Secundaria entre los días 29 de septiembre y 1° de octubre, que tuvo como consigna “Por los derechos de nuestra generación, presupuesto para la paz y la educación”. Estudiantes de secundaria de diferentes regiones del país se encontraron en la ciudad de Neiva, Huila, para discutir acerca de la situación de la educación pública, teniendo como eje central el problema de la financiación.

<em>La movilización sigue hasta el 28 de abril y propone la realización de ruedas de conversación con miras al cese de la política económica de austeridad que se impulsa en el país</em><!--more--> Diversas redes y organizaciones de la sociedad civil brasileña, entre ellas la Campanha Nacional pelo Direito à Educação, miembro de la CLADE en el país, forman parte en la movilización “Derechos valen más, no a los recortes sociales: Por una economía a favor de la vida y contra todas las desigualdades”. La campaña fue lanzada en marzo de este año en el marco del Foro Social Mundial (FSM), realizado en Salvador, Bahía. La movilización es promovida por la <strong>Coalición Anti-austeridad y por la revocación de la Enmienda Constitucional 95 (</strong>la cual fue aprobada por el Congreso Nacional brasileño en el 2016, y congela la inversión pública en áreas como salud y educación por 20 años). Su objetivo es estimular el debate público sobre los impactos negativos de la política económica de austeridad en el cotidiano de la población y articular un conjunto de acciones destinadas a poner fin a los efectos de la Enmienda del Techo de los Gastos Sociales. Nuevas movilizaciones de la Coalición están previstas para junio y septiembre de este año, con miras a influenciar el proceso electoral. Estudios de la Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DhESCA), del Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), Oxfam, Centro para los Derechos Económicos y Sociales, y del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)  demuestran el impacto de la Enmienda en varias áreas sociales, causando grandes retrocesos en la garantía de derechos y haciendo daños a los indicadores sociales del país. El Relator Especial de la ONU para la Extrema Pobreza, Philip Alston, caracterizó la Enmienda Constitucional 95 como una medida drástica que contraría las obligaciones del Estado brasileño en la garantía de los derechos sociales. “Es fundamental formar parte en esta Coalición, pues sólo será posible garantizar la inclusión educativa plena en el país cuando avancemos en la justicia social y se inviertan más recursos en la política educativa y en otras políticas sociales. La Enmienda Constitucional 95 es un gran obstáculo para ello, necesitamos urgentemente revocarla”, afirma Andressa Pellanda, de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Entre las propuestas que plantea la Coalición, se destaca la urgencia de una amplia reforma tributaria progresiva, la cual determine que los sectores más ricos de la sociedad paguen más impuestos que los sectores populares y de clase media. Brasil es conocido por tener uno de los sistemas tributarios más injustos del mundo. Para alimentar el debate público, se ha lanzado un sitio web (<a href=www.direitosvalemmais.org.br) y se han producido vídeos y otros materiales para apoyar las ruedas de conversación. Para saber más sobre esa campaña y cómo participar, acceda a dicha página web y al comunicado de prensa publicado por la Coalición [en portugués].">

Brasil: Coalición de Sociedad Civil lanza movilización nacional por la revocación de techo para los gastos sociales

22 de abril de 2017

La movilización sigue hasta el 28 de abril y propone la realización de ruedas de conversación con miras al cese de la política económica de austeridad que se impulsa en el país (más…)

Más de siete años después de aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado de Haití, la Ley de Tasas Escolares fue sancionada por el presidente del país Jocelerme Privert el 3 de enero de 2017 y publicada en el Diario Oficial <em>Le Moniteur.</em><!--more--> La ley, que fue presentada al parlamento por el Senador Kelly Bastien, reglamenta los pagos de tasas escolares y de actividades extracurriculares, así como la periodicidad del aumento de cobros en las escuelas privadas del país. La nueva norma exige que el pago de tasas escolares se realice en moneda local y prohíbe el cobro de tasas de re-matrícula en las escuelas, limitando el valor del depósito de garantía exigido por los centros educativos privados a no más de 500 gourdes (7,57 dólares). El cobro de tasas escolares en los centros educativos haitianos se destina al pago por el acceso a agua potable, electricidad, materiales educativos, instalaciones higiénicas y deportivas, seguros e inodoros. Además, por determinación de la nueva ley, las escuelas privadas comienzan a pagar impuestos sobre la venta de útiles escolares y uniformes en sus dependencias. En el caso de las actividades extracurriculares, la norma prohíbe a las y los maestras/os dar clases particulares a cualquier estudiante de su sala de aula sin el consentimiento previo de su madre o padre y del consejo pedagógico de la dirección del centro educativo. La Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT), coalición de la sociedad civil miembro de la CLADE en Haití, celebró la publicación de la ley, considerándola una herramienta para proteger a las madres y padres del cobro excesivo de tasas escolares y reducir las barreras de acceso a la educación. En posicionamiento público, la REPT exige que el Estado de Haití, especialmente los Ministerios de la Educación Nacional y de Formación Profesional y Colectividades Territoriales, adopten todas las medidas necesarias para aplicar la Ley de Tasas Escolares, señalando que algunos artículos de la ley requieren actualizaciones y ajustes para conservar su espíritu y evitar su no cumplimiento. La REPT, en conjunto con organizaciones, sindicatos de maestros/as y el movimiento social progresista y popular haitiano, igual que gran parte de la ciudadanía y de aliados nacionales e internacionales, viene incidiendo desde el 2009 y manifestándose por la publicación y vigencia de la Ley sobre Tasas Escolares. Para William Thélusmond, coordinador general de la REPT, otro factor que contribuye para la publicación de la ley después de tantos años, fue <a href=la visita al país del entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a la educación, Kishore Singh, en julio del 2016. Durante las reuniones, entrevistas y conversatorios con actores clave del sector público y organizaciones de la sociedad civil en los cuáles participó, el ex relator destacó la necesidad de control y regulación de los actores privados que actúan en el ámbito educativo. En esa ocasión, un informe sobre la visita de Singh fue publicado, difundido y enviado a distintas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y a organismos importantes del país. En reunión con el ex relator, el presidente de la Comisión de Educación del Senado haitiano se comprometió a pedir al presidente del parlamento que enviara nuevamente la ley sobre tasas escolares aprobada al Presidente de la República para que la sancionara. “Ya era tiempo de tener una ley que detuviera a los dueños y dueñas y directores/as de escuelas privadas en su autonomía de poder sacarle dinero a las familias. Esta nueva ley va en contra del ansia de lucro de la gran mayoría de ellos/as. Hay que seguir movilizándose ya que el sector privado está reaccionando de manera muy fea y va a hacer lo posible para tratar de obstaculizar la implementación de la ley. En conclusión, con esta ley tenemos una nueva herramienta de lucha, lo que es una victoria”, afirma Thélusmond.
Histórico
Desde el 2009, la REPT ha apoyado el proceso de votación de la ley en la Cámara de Diputados y en el Senado. Con este objetivo, ha planeado y realizado actividades de divulgación de la propuesta de ley, como por ejemplo, la elaboración de comunicados, conferencias de prensa, encuentros y diálogos con miembros de organizaciones del sector educativo y de otros sectores como campesinos /as, mujeres y jóvenes. Asimismo, la coalición ha participado en la organización y realización de conferencias sobre el contenido de la propuesta de ley en universidades públicas, particularmente en la escuela de formación de docentes, y ha tomado parte en manifestaciones públicas en las calles con estudiantes en las que ha levantado la bandera de la demanda por la publicación de la ley ya votada en el Parlamento. “La demanda para que la ley sobre tasas escolares fuera sancionada ha estado presente en todas las actividades de la REPT, como un hecho que muestra la mala fe, el desinterés, la hipocresía y el carácter partidario de los presidentes de Haití en favor de la escuela privada. Nunca hemos faltado u olvidado de hablar de esta ley, y eso nos ha parecido muy importante. Mientras tanto, el sector educativo privado impulsaba una contra ofensiva para modificar el contenido de la ley o impedir su publicación”, cuenta Thélusmond. Con informaciones de Radio Televisión Caraíbes">

Sancionada la ley de tasas escolares en Haití

17 de enero de 2017

Más de siete años después de aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado de Haití, la Ley de Tasas Escolares fue sancionada por el presidente del país Jocelerme Privert el 3 de enero de 2017 y publicada en el Diario Oficial Le Moniteur. (más…)

Las declaraciones de los órganos de derechos humanos sobre la educación privada

7 de noviembre de 2016

Documento refleja claramente la tendencia a una proliferación de proveedores de educación del sector privado que no están regulados. La Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otras organizaciones están realizando investigaciones al respecto. Descargue aquí el documento.

Una estudiante secundarista con la bandera de Chile, donde se lee
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Chile: Estudiantes manifiestan su descontento por reforma educativa

26 de octubre de 2016

Estudiantes de secundaria manifiestan su descontento ante la reforma, y defienden que la misma mantendrá el endeudamiento como condición para acceder a la educación superior (más…)

La Campaña Mundial por la Educación (CME) publicó el resumen ejecutivo del informe “Beneficios privados, pérdidas públicas”, en el cual muestra pocas evidencias de que las escuelas privadas de bajo costo sean mejores que las escuelas públicas, mientras sus efectos negativos aumentan, con la creciente presencia de este modelo educativo en países de África y Asia. <strong><a href=Descárguelo aquí.

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“Beneficios privados, pérdidas públicas”: Por qué el estímulo a las escuelas privadas de bajos costos está afectando a la calidad de la educación

21 de octubre de 2016

La Campaña Mundial por la Educación (CME) publicó el resumen ejecutivo del informe “Beneficios privados, pérdidas públicas”, en el cual muestra pocas evidencias de que las escuelas privadas de bajo costo sean mejores que las escuelas públicas, mientras sus efectos negativos aumentan, con la creciente presencia de este modelo educativo en países de África y Asia. Descárguelo aquí.

El 16 de junio de 2016, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, presentó ante el Congreso Nacional una Propuesta de Enmienda a la Constitución Federal (PEC) que determina un límite máximo de gastos públicos en distintos niveles de gestión, bajo el argumento de que es necesario crear un nuevo régimen fiscal frente a la actual crisis financiera del país.<!--more--> Actualmente, el artículo 212 de la Constitución brasileña determina que el gobierno federal debe aplicar en educación, anualmente, nunca menos del 18%, y los estados, el Distrito Federal y los municipios el 25% de los ingresos recaudados en impuestos. Este mecanismo de vinculación de recursos fue una conquista fundamental, que consta en las Constituciones del país desde 1934, y que fue suspendida únicamente durante los períodos dictatoriales. La PEC 241/2016 que quiere instituir un nuevo régimen fiscal, también conocida como la “PEC del techo”, si se aprueba, reducirá fuertemente los recursos que se invierten actualmente en salud y educación, pues determina que el valor máximo para el gasto público en las distintas esferas de gobierno debe condicionarse al valor asignado el año anterior, corregido apenas por la inflación anual, tomando como base el año 2016. Esta regla se aplicará durante los próximos 20 años como mínimo, lo que suspende en la práctica la vinculación mínima de recursos que garantiza la Constitución. La PEC, además, establece que, en caso de que el poder público extrapole el límite máximo de gastos públicos estipulado, estará prohibido de conceder aumento salarial o cualquier otro beneficio a sus servidoras/os públicas/os. Esta prohibición también abarca la creación de nuevos puestos, la apertura de concursos públicos e incluso la estructuración de carreras que impliquen en aumento de gastos. Estas medidas que defiende el actual gobierno interino podrán afectar gravemente las mejorías y la ampliación del acceso que requiere el sistema educativo nacional, y el cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE). Por ejemplo, será imposible crear 3,4 millones de nuevas matrículas en la educación de la primera infancia, 700 mil plazas en la pre-escuela, 500 mil en la enseñanza fundamental, 1,6 millones en la enseñanza media, 14 millones en la alfabetización de personas jóvenes y adultas, 4 millones en la enseñanza técnica y profesional y 2 millones en el nivel superior. Asimismo, será imposible garantizar el pago del piso salarial del magisterio y promover la necesaria valoración de esta carrera profesional, así como implementar el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), que debería ponerse en marcha a partir del 24 de junio de 2016. Según cálculos del profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) João Sicsú, el presupuesto para la educación en el año 2015 fue de 103,8 mil millones de reales (lo equivalente a 30,62 mil millones de dólares). De acuerdo a los límites para el gasto público que establece la PEC 241/2016, el mismo presupuesto hubiera sido de apenas R$31,5 mil millones (9,29 mil millones de dólares), lo que representaría un valor 70% menor. En concreto, si aprobada la nueva regla, habrá una interrupción de un proceso de crecimiento en el gasto educativo. De 2008 hasta hoy, los recursos aplicados en educación aumentaron el 117% por encima de la inflación, y el año pasado superaron en un 28% el mínimo obligatorio estipulado por la Constitución. Ese crecimiento que venía ocurriendo tendría que sostenerse de modo a cumplir la meta del Plan Nacional de Educación que determina destinar el 10% del PIB para la educación hasta el 2024. Además, los recursos que se retirarían de la salud y de la educación con esta PEC se gastarían en el pago de intereses y demás encargos de la deuda pública del gobierno brasileño, beneficiando a los bancos y creedores. Por todas estas razones, rechazamos la actual propuesta del gobierno interino. Son medidas que fragilizan a la democracia, violando el principio de la no regresividad de los derechos humanos, y que aumentarán las actuales desigualdades económicas y sociales, afectando la calidad de vida y la dignidad de la mayoría de la población brasileña. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y las redes, organizaciones sociales y parlamentarias/os que firman este manifiesto apoyan los posicionamientos recientes ya manifestados por la <a href=Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en contra de la PEC 241 y demandan que el Congreso Nacional no apruebe esta propuesta. Además, convocan a toda la comunidad educativa y activistas por el derecho a la educación a que se opongan vehementemente a la PEC 241, con miras a garantizar las conquistas sociales alcanzadas. Firman este manifiesto en conjunto con la CLADE:
Organizaciones y redes sociales
  • Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER);
  • Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE);
  • Campaña Mundial por la Educación (CME);
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL);
  • Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO);
  • Confederación de Trabajadores de la Educación de la Rep. Argentina - CTERA (Sonia Alesso, Secretaria General);Miguel Duhalde, Secretario de Educación);
  • Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL);
  • Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Graciela Morgade, docente);
  • Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE);
  • Foro Mundial de Educación (Secretaria Ejecutiva del Consejo Internacional);
  • Frente Internacional de Comunicadores por la Libertad de Expresión de los Pueblos;
  • Global Initiative for Economic, Social, Cultural Rights;
  • International Council for Adult Education (ICAE);
  • Internacional de la Educación (IE);
  • Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP);
  • Portal Otras Voces;
  • Public Services International (PSI);
  • Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM);
  • Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente (Red Estrado);
  • Red Global/Local por la Calidad Educativa;
  • Right to Education Project (RTE).
Parlamentarias/os
  • Brenda Fraga Gutiérrez, diputada del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en México;
  • Daniel Filmus, Parlamentario del Mercosur por Argentina, Ex Ministro de Educación y Senador Nacional e Investigador del Conicet y Profesor de la UBA;
  • Ivan Valente, Diputado federal de Brasil;
  • Jorge Aguilar Paredes, Diputado Centroamericano en el PARLACEN por el Estado de Honduras;
  • Sebastián Sabini, diputado uruguayo, electo por el Departamento de Canelones.
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Manifiesto contra las propuestas del gobierno interino de Brasil que recortan recursos públicos en salud y educación

24 de junio de 2016

El 16 de junio de 2016, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, presentó ante el Congreso Nacional una Propuesta de Enmienda a la Constitución Federal (PEC) que determina un límite máximo de gastos públicos en distintos niveles de gestión, bajo el argumento de que es necesario crear un nuevo régimen fiscal frente a la actual crisis financiera del país. (más…)

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