Evolución de la inversión en Educación en Argentina entre 2015 y 2021
25 de abril de 2023El presente informe nacional analiza la evolución y tendencias de la inversión pública argentina en educación durante el periodo 2015-2021, contemplando las brechas de financiamiento existentes para alcanzar una educación de calidad en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.
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CLADE junto a otras organizaciones de la sociedad civil celebran disminución de presupuesto en escuelas con fines de lucro
24 de marzo de 2023Desde 2014, la Academia Internacional Bridge (BIA) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) cuenta con menos presupuesto proveniente del Banco Mundial. La cadena, conocida como Nuevas Escuela Globales, son iniciativas con fines de lucro que operan en cuatro países de África y la India y, según varias organizaciones, activistas, académicos/as y relatores/as especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas en situación de pobreza, por lo que consideran que esta desinversión abre camino para defender desde el presupuesto público el derecho humano a la educación.
En el pronunciamiento que suscriben más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil se afirma que “Esta desinversión también sigue al histórico anuncio de la CFI en 2020 de que congelaría todas las inversiones directas e indirectas en escuelas privadas K-12 de pago “en respuesta a las preocupaciones de las partes interesadas externas sobre el impacto de las escuelas privadas en la calidad y el acceso a la educación”. Varias organizaciones, académicos y relatores especiales de la ONU han demostrado cómo estas escuelas profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas más pobres”.
US$13,5 millones para excluir niños y niñas
Desde 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha invertido un total de US$13,5 millones en BIA con la intención de expandirse a otros países. Por ello, en 2019 más de 170 organizaciones de la sociedad civil de 64 países pidieron al Grupo del Banco Mundial que pusiera fin al apoyo a la educación privada con fines de lucro.
Recientemente, la BIA estuvo involucrada en denuncias sobre su mecanismo de rendición de cuentas, que incluyen violaciones de los derechos laborales, abuso sexual infantil que involucra al personal y estudiantes, medidas inadecuadas de salud y seguridad que llevaron a la trágica muerte de un niño y la lesión de otro.
La directora de la oficina de Oxfam Internacional en Washington DC, Nadia Daar, señaló que “Esta es una clara señal de que la CFI se está distanciando aún más de las inversiones que representan riesgos para los niños, las familias y los maestros, y socavan los sistemas de educación pública. La CFI también debería congelar permanentemente las inversiones en educación privada con fines de lucro. Esta desinversión debería ser una llamada de atención para otros financistas de escuelas con fines de lucro dirigidas a comunidades de bajos ingresos. El mensaje es claro: el modelo está roto y es dañino”.
>> Lee el Pronunciamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil
La justicia social solo será posible con un sistema fiscal adecuado
13 de marzo de 2023El avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, demandan una ampliación de recursos destinados a los sistemas públicos educativos cuya consecución puede encaminarse con acciones y medidas creciente de la base impositiva en la región.
Con miras a profundizar los mecanismos de aporte que puede trazar la justicia fiscal al ejercicio de los derechos humanos en la región se comparte el Informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina realizado en el marco del proyecto “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: diagnóstico, participación e incidencia desde América Latina y Caribe” liderado por LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Con el objetivo de visibilizar la agenda conjunta de convergencia entre justicia fiscal y el derecho a la educación se realizó el foro público virtual “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”.
Importancia de la educación como inversión social
La mirada estratégica de la educación como inversión social y no como gasto implica asumir un compromiso con el enfoque de derechos que ponen a los Estados en cuestionamiento por evidenciar las prioridades presupuestarias, y proponer la revisión del proceso de recaudación tributaria, incentivos, deducciones y exenciones. La correlación de fuerzas políticas y su gestión expone diversas preguntas desde la sociedad civil ¿Cuánto se destina a la educación? ¿Qué proporciones se mantienen entre gastos de seguridad y militar frente a la educación y/o la salud? ¿Cómo se definen las prioridades presupuestarias? ¿Qué porcentajes aumentan del endeudamiento público?, entre otras.
La justicia fiscal y la ampliación de la base impositiva son mecanismos para que los Estados establezcan mayor protección y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, pudiendo ser el camino para garantizar mayores recursos para los sistemas públicos educativos, afirmó en las palabras de apertura, Luis Moreno coordinador del área de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindadd y presidente de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (en inglés Global Alliance for Tax Justice).
Durante el foro se mantuvo la idea fuerza que la justicia fiscal viabiliza la posibilidad de recuperación de los recursos perdidos por prácticas tributarias abusivas, y que la medida de incrementar la recaudación de impuestos progresivos así como priorizar los gastos de los presupuestos permitiría a la región multiplicar los recursos disponibles para educación a corto plazo.
Relación virtuosa: derecho humano a la educación y justicia fiscal
El investigador y consultor, Alejandro Mencías señaló durante la presentación del informe, la importancia de “la relación bidireccional virtuosa entre justicia fiscal y derecho humano a la educación” ya que se despliegan a nivel regional posibilidades de fuentes de ingresos para la educación, por lo cual si se activa la voluntad política pudiera facilitar el financiamiento educativo adecuado para América Latina y el Caribe.
El informe subraya que “las diferencias en el ámbito fiscal entre las regiones con mejores desempeños en lo educativo frente a aquellas en peores condiciones contemplan tres aspectos: un Estado como garante del derecho y proveedor principal del servicio público educativo, sistemas fiscales más justos, y más capacidades y responsabilidad a los diferentes niveles de gobierno. Estas características son compartidas por gran parte del mundo desarrollado, pero son ajenas a la realidad de América Latina y de regiones como África y gran parte del Asia”.
“América Latina gasta 3.8 veces menos por estudiante, ocupando el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial” según el informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina, por lo que las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado para que se destine en promedio al menos el 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB) o el 15.6 % del gasto total en educación (UNESCO, 2022).
Los impuestos a bienes y servicios llegan a un 11,2% del Producto Interno Bruto en la región, mientras que los impuestos a la renta y a la propiedad un 6.2% elementos que hacen considerar estos sistemas fiscales como regresivos, es decir, los impuestos recaen sobre la mayoría de la población con gastos corrientes y en condiciones de franca desventaja para quienes concentran ganancias económicas y financieras.
En términos de justicia fiscal debe existir una transformación para que la generación de ingresos provenga de la movilización interna de recursos mediante el recaudo de impuestos de manera progresiva, “lo que significa que quienes más tienen contribuyan más, y que a la vez más personas lo hagan bajo ese principio”.
Más recursos para educación con sistemas fiscales progresivos
La CEPAL en el año 2020 presentó un alerta cuando refirió que en la región un 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB) se perdía por evasión o elusión fiscal, y se estima que el 1% se pierde anualmente por el uso de guaridas fiscales. “Entre ambos valores se pierde lo correspondiente al 160% de lo gastado anualmente en educación, valor que podría ser aún mayor, ya que lo contemplado por el abuso de guaridas fiscales corresponde únicamente a lo referido por los intercambios de información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
La comprensión del sistema tributario en la región es el primer paso para exigir su transformación con enfoque de justicia social. Actualmente, como se ha señalado, los sistemas fiscales son regresivos e cinsuficientes, ya que la mayor proporción de los ingresos proviene de impuestos indirectos. Como lo explica el informe esto se debe a varias razones, entre ellas: “la alta concentración del ingreso y la riqueza que no tributa; los altos niveles de informalidad del mercado laboral; el uso desmedido de guaridas fiscales; las pérdidas por flujos financieros ilícitos; la falsa facturación; y la evasión y elusión tributaria”. Si bien las estimaciones publicadas sobre evasión fiscal y flujos financieros ilícitos a nivel regional son escasas.
Para la región latinoamericana y caribeña invertir adecuadamente en educación es urgente. Por ello se exhorta a aumentar el control de quienes usan el comercio internacional y las guaridas fiscales para alterar y esconder ingresos y riquezas, a fin de obtener los beneficios sociales requeridos para la población como disponer de inversión de recursos para garantizar el derecho a la educación, fomentar la igualdad de género y el desarrollo social.
En el año 2021, la Red de Justicia Fiscal (en inglés Tax Justice Network) denuncia que a nivel mundial se pierden 483 mil millones de dólares por parte de corporaciones y personas que se valen de paraísos fiscales. El 1.4% de pérdida promedio representa alrededor del 31% del promedio que invierten en educación los países a nivel mundial.
La privatización amenaza la garantía a la educación
Maria Ron Balsera, integrante de la Campaña Mundial por la Educación, realizó comentarios al informe recalcando la importancia de exigir como sociedad civil mayores niveles de compromisos políticos de los Estados con el derecho humano a la educación. La especialista afirmó sobre los impuestos indirectos que son “la otra cara de la moneda de la deuda pública es la justicia fiscal” ya que afectan a la población en situación de pobreza. También señaló que es relevante reconsiderar las referencias establecidas por la OCDE, ya que obedecen a la lógica de los países más ricos, privilegiando a sectores de élite y en consecuencia profundizando las exclusiones y desigualdades. Del mismo modo, problematizar la relación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) con muchas de las políticas de recorte social llevando a cabo en los países de la región, incluso generando condiciones de incentivo a medidas privatizadoras.
La Campaña Mundial por la Educación hace un llamado a la fiscalidad progresiva, esto es aumentar la asignación equitativa y con sensibilidad de género de los presupuestos, aumentar el financiamiento público a educación, aumentar el impuesto de las ganancias de empresas y ampliar la participación ciudadana de iniciativas públicas, desde su concepción, monitoreo y ejecución.
No sólo es importante cuánto se invierte, sino cómo se invierte
Daniela Trucco, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL compartió comentarios y refirió el informe Educación en tiempos de pandemia: una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, en el cual se hace referencia a que no sólo es importante cuánto se invierte, sino la manera en que se realiza dicha inversión, además de la distribución del gasto público en los distintos niveles educativos.
La mayoría de los recursos educativos se concentran en gastos corrientes, y en su mayoría destinados a infraestructura, lo cual se hizo más evidente al regreso de la pandemia, y la demanda que significó la readecuación de las estructuras básicas educativas como baños, ventilación, agua potable, entre otras, señaló la especialista. Hablar de la recuperación educativa implica generar debates sobre la inclusión social.
Más y mejor inversión educativa, apuntó la investigadora, señalando que “América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo y debe trabajar en hacerse cargo de las causas estructurales de su desigualdad, entre las que se encuentra el acceso inequitativo a las oportunidades educativas de calidad. En este sentido, es necesario que la financiación educativa siga criterios de equidad horizontal y vertical, es decir, que asegure un mismo trato a estudiantes en condiciones similares y dirija mayores recursos hacia aquellos estudiantes pertenecientes a contextos más vulnerables que cuentan con mayores necesidades y requieren más apoyo”.
Aumentar la inversión en la cartera educativa no debe traducirse en desmedro de otras garantías sociales, al contrario deben fortalecerse en la garantía de los derechos bajo el amparo de los Estados. Dado que las asimetrías y las desigualdades existentes se profundizaron aún más con la crisis económica y sanitaria, se hace urgente la promoción de políticas eficientes, de calidad y más equitativas de distribución de recursos destinados a la educación, atendiendo particularmente al estudiantado en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La integración regional potenciará caminos conjuntos
En el foro participaron María Rosa Martínez, diputada nacional por Buenos Aires de Argentina, José Luis Vargas, especialista en políticas públicas de Perú y Victoria Avendaño, especialista en investigación educativa desde Colombia. Estas intervenciones ratificaron el reconocimiento de espacios de debate que amplíen la información de la población sobre la viabilidad de justicia social desde las políticas tributarias oportunas.
Finalmente, Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE invitó a ampliar la mirada integral y de proceso en la incidencia política que mantenga los compromisos con la garantía de los derechos, entre los que se encuentra el derecho humano a la educación, lo que a su vez amerita interlocuciones sectoriales y superar las fragmentaciones. Al mismo tiempo hizo un llamado a impulsar instancias de integración regionales que faciliten caminos conjuntos para sustentar la movilización y demandas ciudadanas.
También se presentaron informe de países
Paraguay
Colombia
Perú
Guatemala
República Dominicana
Argentina
Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina
6 de marzo de 2023Publicación presenta datos regionales sobre la Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación, que implica movilizar los recursos, a corto plazo, para crear la simbiosis virtuosa entre ambos conceptos a largo plazo.
Las secciones del presente reporte desarrollan la relación bidireccional virtuosa entre justicia fiscal y derecho humano a la educación; despliegan a nivel regional las fuentes de ingresos, los gastos en educación y su comparación con otros rubros, para finalmente dibujar una propuesta destinada a duplicar el financiamiento educativo para América Latina y el Caribe a corto plazo.
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Marcela Browne, CADE: “El Estado debe incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos”
20 de enero de 2023Las empresas multinacionales evaden en Argentina un total de 1.200 millones de dólares anuales operando en paraísos fiscales. Según datos de Tax Justice Network, si se destinara esta cantidad a salarios docentes, se podrían incrementar las remuneraciones en un 45%.
Argentina cuenta con diversos mecanismos que establecen un porcentaje en los presupuestos de las provincias, sin embargo la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) observa en los datos desde 2015 una tendencia general de disminución de la inversión educativa.
Juan Colicigno (JC), de la CADE y del grupo de trabajo de comunicación de la CLADE entrevistó a Marcela Browne (MB), coordinadora de educación de Fundación SES y secretaria de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
Las convergencias entre la educación y la justicia fiscal
JC: ¿Qué es la justicia fiscal y cómo se relaciona con la educación?
MB: La justicia fiscal es un enfoque de derechos que permite la redistribución de ingresos y de riquezas para promover la equidad y la inclusión social. Esta distribución es posible a partir del aporte fiscal que realizan las personas y empresas.
El sistema tributario argentino es sumamente regresivo. Por ejemplo, los bienes personales, que son los impuestos más progresivos, sólo representan el 2% de la recaudación total del Estado Nacional, mientras que el 40% recaudado proviene de impuestos al consumo, que son los más regresivos.
Garantizar el derecho humano a la educación requiere una mayor inversión educativa, que podría lograrse con modificaciones impositivas que permitan una redistribución más equitativa de los recursos.
JC: ¿Cuál debe ser el papel de los gobiernos?
MB: El rol del Estado debe ser incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos y que aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más. Lo cual se volvió aún más relevante en el contexto actual, donde la desigualdad aumenta. La evasión tributaria profundiza las desigualdades sociales y desfinancia al sistema educativo.
Medidas y recomendaciones para la justicia fiscal y educativa
JC: ¿Cuáles son las medidas necesarias?
MB: Es posible alcanzar el objetivo educativo si combatimos la opacidad global tributaria, promoviendo el fin de las guaridas fiscales, la eliminación del secreto bancario y la penalización de la utilización de sociedades offshore (empresa multinacional que debido a la ubicación de sus fuentes de riqueza está sujeta a varias jurisdicciones, con frecuencia utilizadas para evadir normativas fiscales en los países de origen).
Es necesario incorporar más voces a estos debates para plantear las batallas necesarias que fortalecerán la acción coordinada que mejore las condiciones de vida ciudadana, sin apelar a endeudamientos irresponsables o al ajuste irrestricto de los programas sociales con la participación de los gobiernos, congresistas, sindicatos, sector académico, las organizaciones y los movimientos sociales.
JC: ¿Cómo se puede conseguir el presupuesto necesario para garantizar el derecho a la educación?
MB: Las distintas organizaciones que expresamos la necesidad de justicia fiscal aseguramos que, con modificaciones impositivas es posible una redistribución más equitativa de los recursos y acercarse al cumplimiento del derecho universal a la educación.
Proponemos modificaciones para mejorar un 16% el presupuesto educativo nacional anual:
- Incremento del 10% el impuesto a los bienes personales.
- Anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas.
- Reducción del 20% gastos tributarios.
Estudio sobre el financiamiento educativo y la justicia fiscal
La investigación sobre Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para el derecho a la educación de iniciativa de la CLADE en alianza con la Fundación SES, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Latindadd, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe determinó que la educación pública argentina lograría recibir más en su financiamiento anual si las acciones de justicia fiscal fueran realizadas dentro del país. Este proyecto es coordinado por Marcela Browne y Adrián Falco, con la participación de las investigadoras Marisa Álvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco.
¡Felices fiestas! Por un 2023 con una educación transformadora
22 de diciembre de 2022A lo largo de todo este año, caminamos juntas y juntos fortaleciendo la lucha por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.
Muchos fueron los temas y acciones desarrollados por toda nuestra red.
Desde la CLADE deseamos que en el 2023, compartamos con más fuerza y unión, el camino rumbo a la justicia social desde una educación pública, que tenga como pilares el cuidado y la transformación.
Episodio 3: en Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022
Les compartimos una emisión especial con 25 minutos sobre el recuento de lo realizado colectivamente en la CLADE. Sabemos que se han trabajado muchos y diversos temas, sin embargo hemos seleccionado 5 de ellos para recordar las iniciativas en favor del derecho humano a la educación en nuestro continente América Latina y El Caribe.
Hemos compilado una síntesis y testimonios sobre temas como la atención y protección de primera infancia (AEPI), género, educación de personas jóvenes y adultas (EPJA), justicia fiscal y derechos digitales. Indudablemente la XII Asamblea de CLADE también abonó de forma significativa a nuestra marcha institucional como red regional, por lo que también hacemos una paradita celebrando ese proceso que cosechamos en 2022.
Atención y Educación de Primera Infancia (AEPI)
En cuanto a la Atención y Educación de Primera Infancia (AEPI) recordamos como la CLADE acompañó su II Conferencia Mundial y celebró la Declaración Final en tanto que ratificó la garantía de una atención, educación y protección de primera infancia equitativa, inclusiva y de calidad para el período de vida que va desde el nacimiento hasta los ocho años de edad, considerado como primera infancia.
Género
Para aportar al fortalecimiento de estrategias de promoción de igualdad de género y prevención de las violencias en escuelas rurales, se desarrolla el proyecto Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género, así como fomentar la equidad en las escuelas rurales de Haití, Honduras y Nicaragua, iniciativa con el apoyo del Intercambio de Conocimiento e Innovación (KIX).
También se convocó y consolidó el Grupo de Trabajo de Género con esfuerzos formativos y de investigación así como la construcción de la política institucional de género.
Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA)
La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) contó con la VII Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA), proceso en el cual la CLADE se movilizó desde la Plataforma de Redes Regionales construyendo un decálogo de recomendaciones y propuestas, participó de la consulta pública así como de la Consulta que condujo al Marco de Acción de Marrakech que reúne los compromisos de la agenda para los próximos doce años.
Por otra parte, la Campaña Mundial por la Educación impulsó el Caucus Global de Jóvenes y Estudiantes en el cual se congregaron los debates prioritarios desde la mirada juvenil centrada en la defensa del derecho humano a la educación.
Justicia Fiscal
Es indispensable profundizar un proceso de exigencia para sincerar la justicia fiscal, con modificaciones urgentes que permita reconducir los recursos públicos para la consecución del derecho a la educación.
La justicia fiscal y tributaria progresiva encamina la recuperación del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a exoneraciones de grandes corporaciones, lo que equivale al compromiso que deben asumir los Estados para el financiamiento educativo, marcado internacionalmente en al menos 6%.
Derechos digitales
Otro punto clave se refiere a la importancia de la alfabetización digital crítica abordado durante el año 2022 y especialmente en el evento regional que abogó para que el internet sea asumido como un derecho humano y bien común de los pueblos, registrando que como necesidad social amerita la comprensión de complejidades que trastocan el ámbito educativo, como la protección y uso de datos, acceso y conectividad, la concentración monopólica de empresas privatistas, soberanía tecnológica, por nombrar algunas.
XII Asamblea CLADE
Finalmente la XII Asamblea CLADE inició en el mes de octubre, con la realización de cuatro eventos virtuales y culminó en noviembre con un encuentro presencial con la asistencia de más de 70 representaciones de la región, en Tegucigalpa, con el apoyo de Foro Dakar Honduras como anfitrión.
En este encuentro se formalizó la renovación del comité directivo y la declaración final haciendo un llamado a los Estados para que garanticen el financiamiento de la educación pública. El tema central de la asamblea se tituló “Por el derecho a la educación pública: cuidado, transformación y justicia social”, sobre sujetos y condiciones, el sentido de lo público, el sentido de la diversidad y el sentido de la transformación. Compartimos un poema producido por las juventudes de los foros nacionales presentes en la inauguración de la Asamblea.
Muchos temas, procesos, iniciativas, proyectos se desarrollaron en este 2022, ha sido una verdadera ruta apasionante por el derecho humano a la educación la compartimos con un radioarte collage que nos revisita lo transitado.
Declaraciones de Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP); Ana Felicia Torres, coordinadora de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM LAC); Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE; Andrés Ramos, joven integrante de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y participante del Caucus; Adrian Falco, co-Presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) quien participó del webinario: la Educación con justicia fiscal ¿dónde están los recursos para la educación? y Adelaida Entenza, consultora que compartió las reflexiones sobre la brecha digital.
Deseamos que tengan un buen cierre de año 2022, así como una linda oportunidad de seguir tejiendo esfuerzos conjuntos con esperanza y compromiso ético por el derecho humano a la educación tanto en el 2023, como en los años subsiguientes.
Créditos:
Entrevistas, producción e investigación: María Cianci Bastidas
Locución: Juan Colicigno de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) y Thais Iervolino (CLADE)
Musicalización podcast: Anónima Arte y Comunicación.
Canción a Paulo Freire: Davina Guadalupe Ponce Martínez, Ciudad de México, 2021.
Ilustración: Renata Dorea
Voces collage: Gabriela Arrunátegui, Carolina Osorio, Marcos Alcântara, Fellipe Abreu, Lorena Osorio, Mariana Ovalle, Jesús Juárez, Ederson Kornst, Luis Chera. Los niños Daniel Enrique y Marcello Sánchez Cianci.
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
Video: Financiamiento de la educación
13 de diciembre de 2022En el marco de la XII Asamblea CLADE, María Ron Balsera, coordinadora de Alianza y Justicia Fiscal y Educación de ActionAid, hizo una presentación sobre el financiamiento de la educación.
En su video, María Ron Balsera analiza el origen del financiamiento educativo, los cuatro ejes importantes para que un financiamiento educativo garantice el derecho a la educación: presupuesto justo, impuestos, asignaciones en la educación centradas en la equidad, y escrutinio necesario para que el dinero llegue en la práctica.
Al fin de su presentación, ella explica la importancia de garantizar la justicia fiscal. Según ella, la justicia fiscal aumenta la sostenibilidad, la rendición de cuentas democrática, la transparencia, etc.
Mira el video completo:
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Los rostros de la privatización de la educación en Chile
7 de diciembre de 2022Texto basado en la presentación en el panel “El Futuro el Público” 29 de Noviembre 2022, Casa Central Universidad de Chile
La privatización de la educación en Chile implica más que la existencia de escuelas privadas o que éstas sean parte del sistema público recibiendo subvención del Estado.
La privatización de la educación en Chile, dejó atrás la pugna del siglo XX entre la educación pública y la educación religiosa, y tiene más que el escandaloso crecimiento de la matrícula en manos de actores privados – casi el 70% en la educación obligatoria y más de un 85 % en la educación superior. Actualmente la privatización de la educación en Chile, implica una catástrofe mayor.
Según Stephen Ball, la privatización de la educación implica una orientación cada vez más mercantilista, competitiva y consumista en nuestras sociedades. Por eso la privatización de la educación opera encubierta, ocultándose tras una reforma educativa que busca “modernizar” la gestión del Estado, de las escuelas y de los aprendizajes.
La eficacia del sistema educativo en insertar a cada individuo/a a la maquinaria capitalista de turno, es el valor que toma la escuela. Se pregunta Ball ¿es la educación un servicio que se vende a un cliente? Cuesta ya imaginarnos otra cosa. Este reduccionismo mercantil tiene repercusiones en cómo se configura nuestra sociedad, ya que aunque la escuela sea privada, sus efectos siguen siendo públicos. Veamos algunos ejemplos.
En Chile, un pequeño grupo de familias pueden tener a sus hijas e hijos en escuelas privadas de élite, un 7% de la población, mientras que la mayoría se distribuye en escuelas subvencionadas, privadas o municipales, divididas en subsistemas segregados por la capacidad de pago de las familias y/o, la selección que hacen las mismas escuelas. En consecuencia, está la escuela para competir con la privada, la de clase media, la alternativa, las no tan buenas, las técnicas y las no tan malas.
A gusto del consumidor, – o del sostenedor -, así se genera la segregación educativa más alta de la región[i], encubierta en el discurso de la libre elección. La escuela pública que nunca ha cobrado, ni ha seleccionado, “la escuela de todas, todos y todes” se ha convertido paulatinamente en un ghetto, que concentra pobreza y la mayoría de los problemas sociales derivados de la desigualdad neoliberal[ii].
La desesperanza y la rabia que expresa la juventud son reducidas a un síntoma de la crisis de la escuela pública, “la violencia escolar”. Así lo han tratado las autoridades y los medios[iii].
El problema de la escuela pública es la violencia, mientras que la segregación y la desigualdad producida por la privatización queda encubierta. Un estudiante expulsado por manifestarse en su liceo nos relata: “Si ustedes van a una manifestación al liceo no gritan gritos políticos, lo que van a decir es que faltan profesores, falta mesa, faltan insumos, faltan sillas por eso están haciendo barricadas ahora por eso se está movilizando por las weas (sic) más básicas“. La escuela neoliberal al segregar vulnera el derecho a la educación. Lamentablemente para quienes más lo necesitan.
Después de la pandemia la competencia educativa continuó, faltaba tiempo, hay que “apagar incendios”, postular a proyectos, que no baje la matrícula, (porque si baja, baja también la subvención), disminuir la deserción, subir el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE).
La carrera educativa no cesa, es el fundamento de la cultura escolar neoliberal. Por medio de ella el malestar colectivo se disuelve en el sistema educativo y se transforma en malestar individual. La competencia escolar dispersa y multiplica las desigualdades, hace competir un sistema educativo contra otra persona, una escuela con la otra, una estudiante contra el otro, mientras las y los docentes se defienden del malestar estudiantil y de las evaluaciones que imponen las reformas basadas en la Nueva Gestión Pública. Por eso en la escuela neoliberal proliferan los problemas de salud mental. Si antes las y los estudiantes pedían democracia y participación, hoy, además de mejoras infraestructurales, piden contención emocional.
Las estudiantes del emblemático Liceo Carmela Carvajal de Providencia, proponían en su petitorio del 2022 “generar espacios seguros focalizados en la contención, los cuales tengan como fin último lograr una instancia de confianza y diálogo entre la comunidad donde se puedan tratar temas delicados que aquejan al estudiantado.” Agregan que, “en estos espacios deben participar psicólogos, de manera que cumplan el rol de guiar y/o contener en caso de que exista un desborde a causa del impacto que pueden llegar a generar los testimonios.”, más adelante exigen, “espacios de mínimo 10 minutos durante los bloques de 3 horas pedagógicas para ir al baño, despejarse y descansar la mente, ya que debido al estrés y fatiga mental que provocan es difícil concentrarse y entender la materia“.
Tales exigencias se repiten en varios Liceos. Piden atención psicológica, contención emocional, menos exigencias académicas, que la escuela las/los acoja. Ya que en algunos colegios el problema es muy grave, sobre todo en aquellos que son considerados emblemáticos de la competencia educacional. Sólo en la Región Metropolitana las licencias médicas de docentes de escuela públicas aumentaron hasta en un 353% en los últimos 2 años (UDP, 2022). La escuela neoliberal subsumida en la competencia vulnera el derecho en la educación, ya que es una escuela que medicaliza, disuelve el malestar colectivo en enfermedad individual.
En Alto Hospicio la comuna más pobre de Chile, hay solo un Liceo Público, el Liceo Juan Pablo II. Este Liceo es Municipal, es técnico profesional, forma jóvenes en especialidades asociadas a la explotación minera, hoy supera los 1200 estudiantes. Hace 10 años se encuentra administrado, en una alianza público privada por la Minera Collahuasi[iv] y la Fundación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura[v]. Esta última fundación administra 20 liceos públicos y privados en todo Chile, en los cuales se están formando más de 12.000 jóvenes en especialidades ligadas a la explotación minera y agropecuaria, todo esto gracias “al traspaso por parte del Ministerio de Educación de sus atribuciones administrativas a organismos privados ligados al sector productivo.” (SNA Educa).
En la IX región está la escuela rural particular subvencionada San Nicolás de Vilcún, en pleno territorio Mapuche esta escuela particular subvencionada católica, pugna en pleno siglo XXI con la reproducción de la cultura ancestral. La escuela pertenece a la Fundación para el Magisterio de la Araucanía, entidad privada ligada a la Iglesia, que tras el eslogan “Evangelizar y Educar” sostiene más de 170 escuelas entre la X y IX región, casi todas en sectores rurales, muchas en la zona de conflicto con las comunidades ancestrales que protegen ese territorio de la explotación forestal.
Como estas fundaciones hay muchas hoy en Chile, consolidadas en sectores urbanos, rurales, poblaciones, en regiones, son la alternativa a la precarizada educación pública. Belén Educa, Corporación Aprender, Fundación Arturo Irarrazabal, Fundación de la Santa Fe, otras ligadas a la cámara de comercio, de la construcción, muchas financiadas por donaciones del capital rentista y financiero Como el capitalismo mismo, actúan en red, se coordinan, colaboran, comparten recursos, e incluso intervienen, o directamente administran las escuelas del Estado, con proyectos educativos religiosos, de corte empresarial, especialmente diseñados para los sectores populares, para su gobernabilidad y explotación.
Hoy, las fundaciones controlan el territorio educativo, ante el retroceso de lo público y están organizados para defender este control. Lo demostraron en la reciente coyuntura constituyente, donde levantaron una poderosa ofensiva política y mediática en defensa de la libre elección y contra la educación estatal. Sus vocerías provocaban en el debate constituyente “¿Les gustaría que el Estado eligiera la educación para sus hijos? Eso va a ocurrir si se le quita el financiamiento estatal a las fundaciones sin fines de lucro [vi].”
Daniel Rodríguez vocero de Acción Educar en la misma línea señalaba en ese mismo debate “Quienes insistan en desvestir el santo de la educación particular subvencionada, para vestir el santo de la educación pública se quedarán con la desnudez.” Agrega que “(…) garantizada inadecuadamente, esto es sin financiamiento público, la libertad de elección puede terminar en que solo los que tengan recursos, los ricos, puedan elegir la educación que quieren”, por eso prescribe que “No basta con permitir que existan distintos colegios (…) el Estado debe promover la diversidad financiando a las familias que elijan proyectos educativos distintos al estatal”. Termina recalcando que “Hoy más de 2 millones de niños y jóvenes y más de 496.000 estudiantes de la educación superior ejercen estos derechos gracias al apoyo financiero del Estado y sus contribuyentes, privarlos de ellos es un retroceso inaceptable.”
Ambas organizaciones citadas se articulan en defensa de la educación privada, financiadas por el gran empresariado nacional, participaron activamente en el reciente debate constituyente. Nada más que decir, estamos secuestrados por el proyecto educativo empresarial. Con este tipo de influencia, el sentido y los objetivos del sistema educativo están secuestrados por el empresariado. Realmente no se puede elegir, porque la escuela neoliberal se subordina a las necesidades del mercado.
La privatización de la educación en Chile vulnera el derecho a, en y desde la educación[vii]. Segrega al estudiantado más pobre y criminaliza la protesta estudiantil, expulsando y procesando judicialmente a las y los jóvenes que se manifiestan en defensa de la educación pública. Instala proyectos educativos competitivos, que vulneran el bienestar psíquico de los actores educativos, y paulatinamente ha ido entregando el control del sistema educativo a la “iniciativa privada-mercantil”, vulnerando la democracia del sistema, y la soberanía educativa de las comunidades, que sin proyecto educativo con que oponerse, se han terminado acomodando al proyecto educativo religioso-empresarial.
La privatización de la educación en Chile significa la restauración conservadora a través de la producción y reproducción del orden social neoliberal, competencia y desigualdad, esto se implica en múltiples problemáticas en la escuela, como la explotación que viven las/s profesores, la desvalorización de las pedagogía, la precariedad y falta de pertinencia de la alimentación escolar, la desregulación mercantil con que crece la Educación Superior, y sobre todo la ausencia total de propuestas de fortalecimiento de la educación pública. Lo que no se puede hacer porque la educación privada hoy en Chile es un formidable poder político y social en manos de los grupos económicos y religiosos, que se han opuesto y combaten toda iniciativa por reconstruir la educación pública
Esta situación lleva a pensar que la educación privada nunca podrá ser simplemente regulada, sin un proyecto educativo, ni sujeto, ni poder social que se le opongan. Construir este proyecto, este sujeto, este poder, consideramos, es la tarea urgente de las fuerzas que aún creemos en el derecho social a una educación pública, comunitaria y popular.
Referencias
- Ascorra, P., Bilbao, M. Á., Gómez, G., & Morales, M. (2016). Relación entre segregación y convivencia escolar en escuelas chilenas con altos puntajes PISA 2009. Universitas psychologica, 15(1), 15-27.
- González, R. (2017). Segregación educativa en el sistema chileno desde una perspectiva comparada. Santiago, Chile: Centro de Estudios del Ministerio de Educación. Santiago. Chile.
- Petitorio estudiantes Liceo Carmela Carvajal, octubre año 2022
- David Tralma (2022) “La otra cara del regreso a clases: licencias médicas de profesores crecieron hasta un 353% en la Región Metropolitana. “Sitio periodismo Universidad Diego Portales Vergara 340
- Foro por el Derecho a la Educación Pública (2020) Informe sobre Derechos Humanos y Educación. Mesa de Seguimiento FODEP.
[i] Una investigación de hace unos años sobre este tema señala que “se evidencian peores ambientes escolares en las escuelas municipales, de niveles socioeconómicos bajos y no selectivos, donde los estudiantes se sienten estigmatizados y discriminados por variables académicas, familiares y políticas.” (Ascorra , 2016)
[ii] Chile es reconocidamente un país con altos niveles de desigualdad, los cuales se observan en una desigual distribución del ingreso, expresada en altos valores para el índice de Gini. De acuerdo con este indicador, Chile es el país miembro de la OCDE con mayor desigualdad en la distribución de ingresos. (González, 2017)
[iii] Tras la pandemia la crisis en las escuelas públicas se precipitó. Estudiantes secundarios/as salieron a protestar en distintos establecimientos municipales (estatales), protagonistas de esta crisis. La protesta estudiantil ha estado marcada por la acción directa y la violencia política, las estrategias de diálogo se han agotado para muchos/as de las/os estudiantes. La Noticia en prensa es esta “Casos de violencia escolar han aumentado un 21 por ciento en relación con 2019” Radio Cooperativa 17 de Noviembre de 2022.
[iv] La compañía minera Doña Inés de Collahuasi es una sociedad contractual minera cuyos accionistas son las siguientes empresas transnacionales, Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y Japan Collahuasi Resources B.V. (12%).
[v] La Sociedad Nacional de Agricultura es la unión de Gremios de los antiguos latifundistas (fundada en 1838), hoy comprometidos con el agronegocio.
[vi] Ingrid Bohn, Vocera Educación “Libre y Diversa” en defensa de sus propuestas en debate constitucional año 2022.
[vii] Más sobre la triple vulneración al derecho en el sistema educativo ver Anexo1: Entrevista a Camilla Crosso, en el Informe sobre Derechos Humanos y Educación Foro por el Derecho a la Educación Pública año 2020.
